Derecho a la vida (Manuel Menor)

Detrás de todo acto político está el derecho a la vida 

Nos lo recuerda todos los días cuanto tiene importancia: la electricidad, la pandemia, la educación de los hijos, todo. 

Fue en 1789, cuando en la Revolución Francesa, cuando el “derecho a la vida”, pasó a estar explícitamente en las grandes declaraciones de la convivencia entre humanos como asunto político nuclear. 

La humanidad de todos 

No es que antes fuera un páramo absoluto, pues desde el Código de Hammurabi en Babilonia, 1800 años a. C., hay constancia de la preocupación por comportamientos sociales que empezaron a estar fijados por escrito en igualdad para todos. En torno a cuatro siglos más tarde, el Decálogo de Moisés (Éxodo, 20 y Deuteronomio, 5) los señaló para la organización sociopolítica de los israelitas, y el cristianismo los concretó –entre los años 80-90 d.C.- en torno al “amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo” (Mateo, 22, 36-40). La posterior cristianización del Imperio romano entre el siglo cuarto y quinto hizo que ese bagaje fuera principal de la cultura europea y occidental en los siglos siguientes, incluso como referente de lo humano frente a otras culturas. Con los descubrimientos geográficos a partir del siglo XV, la amplitud de lo humano hubo de de ser reconfigurada, pues se había reducido de manera estrechamente etnocéntrica y patriarcal con el ensimismamiento feudal; como ha estudiado Fernando Álvarez-Uría, los primeros brotes de esa apertura en El reconocimiento de la humanidad tuvieron lugar en los albores del Humanismo renacentista; acabarían eclosionando en la revolución de los colonos americanos contra los ingleses y, muy pronto, en París. 

Aquella floración fue amarga; mientras los privilegiados del Antiguo Régimen se aprestaron a conservar sus privilegios en lo posible, cuantos desde los estratos sociales hasta entonces inferiores -en particular los burgueses-  pudieron trepar en el ascenso social y económico ayudaron a mantener a salvo aquellos intereses, mientras los pobres y asalariados del trabajo se asociaron más vivamente para defender su derecho a la vida. Desde entonces, el genéricamente denominado “movimiento obrero” –nutrido de influencias incluso religiosas- fue sobre todo desde 1848 su brazo en la pelea social y política, mientras el poderoso grupo de los percentiles económicos más altos se reforzó en la conservación del pasado.  

La igualdad del derecho a vivir 

Esta es la raíz de la gran dificultad, después de esa fecha, para ampliar un poco más el derecho en igualdad a la vida. En el momento actual, ahí seguimos los humanos en esa pelea que, en los países democráticos, se traduce en la configuración de un conjunto de derechos sociales, nunca del todo satisfechos por la pugna subyacente: unos  deseando ampliarlos y otros tratando de recortarlos. En el caso de España, en estos días se muestra en bastantes frentes; la pandemia de la que no logramos salir lo muestra claramente y el salario mínimo, la sanidad, la educación de los hijos, la energía eléctrica o el gas, se suman de manera muy destacada a las urgencias de cuanto define la mayor pobreza de muchos o la creciente riqueza de unos pocos a cuenta de los “medios de producción”, imprescindibles para atender las necesidades humanas –empezando por las más básicas-, y que siempre han sido y serán escasos. De cómo seamos capaces de conciliar una moderada satisfacción de todos, depende el entendimiento colectivo y el orgullo de sentirse a gusto en esta sociedad, en la que el pasado pesa mucho. 

Detrás de este permanente conflicto, siempre ha habido una soterrada lucha por la “propiedad” de los bienes capaces de solucionar los problemas y necesidades, y  hasta muy entrado el siglo XIX, estuvo acompañada por una fuerte tendencia a sostener como inviolable, y hasta sagrado, el derecho de propiedad privada; pero también crecieron los partidarios de coartarla, sobre todo desde que en el último tercio de ese siglo, para evitar males mayores, empezaron a limitarse los omnímodos derechos que conllevaba ser propietario. Sobre esa base se crearon las primeras leyes sociales que, después de la segunda Guerra Mundial, configuraron el “Estado de Bienestar”, es decir, un abanico de coberturas para todos soportadas por leyes e instituciones del Estado. Hasta entonces – y en diverso grado según países- estas formas limitadoras de la propiedad, que habían sido variadas -y  a veces con fondo religioso- nunca habían estado generalizadas como obligación; no eran exigibles, por tanto, ante un Tribunal hasta muy entrado el siglo pasado. 

El “Bien general” 

Hoy, la pugna de fondo ahí sigue. Las declaraciones de ayer por parte del llamado Foro Nuclear , junto con algunas de preguntas en el control parlamentario en la mañana del día 15 de este mes, documentan fehacientemente que esa lucha básica por el derecho a la vida, con unos mínimos de igualdad, sigue latente y no se soluciona con alivios. Solo consensos democráticos hacen viable encontrarle una solución; la Sanidad y la Escuela pública, y cuanto presupuestamos atender con dignidad cada año, son un ejemplo de que es posible, a sabiendas de inconformismos y, sobre todo, de que de no hacerlo todos perderemos mucho más. 

A esta conclusión llegó Bismarck en la Alemania de los años ochenta del siglo XIX; a la misma llegaron cuantos, a partir de 1902 sobre todo, apoyaron en nuestro país el seguro de accidentes de trabajo,  el primer derecho social en nuestro país. Cien años más tarde, los neoliberales de turno, desde Reagan a Thatcher -imitados por el ala más cerrada del Partido Popular y no frenados por la fracción  conservadora de la socialdemocracia-, han vuelto a las esencias del liberalismo clásico del siglo XIX; todas las limitaciones, recortes y silencios que unos y otros pactan, deciden y consienten -junto a las broncas para teatralizarlo en público-, degradan el derecho de todos a la vida, y se saltan lo que dice el art. 128 de la CE78 sobre la predominancia que debe tener “el bien general” en las decisiones a tomar en este conflicto permanente. De igual que se trate de salarios mínimos, la luz eléctrica, prevenciones y cautelas sobre la pandemia, servicios sanitarios, y dignidad que deba tener la educación de todos o la atención a los mayores. A los de abajo en los percentiles económicos –como si sus vidas valiesen menos- hay siempre quienes les están diciendo: cállense, tengan paciencia, que bastante les hemos dado. Dicho de otro modo, que lo que estos días sigue en riesgo es el interés general de todos y cun particular de unos u otros.es por derecho y no por devocimos minante endo: c abajo en los percentiles econbre todo, apoyaron eáles han de ser sus componentes por derecho, no por voluntarista devoción caritativa o benéfica de alguien.

Manuel Menor Currás

Madrid, 15.09.2021.

La respuesta constitucional al veto parental (Javier Pérez Royo en eldiario.es)

Artículo de Javier Pérez Royo en eldiario.es

• En la Constitución hay un artículo con el que se puede responder de manera adecuada al disparate que el veto parental supone: el artículo 161.2. De él se ha hecho uso en una gran cantidad de ocasiones. Y en este caso está plenamente justificado.

20/01/2020 

El disparate que el veto parental supone tiene que ser detenido primero y anulado después. Para eso es, justamente, para lo que está el artículo 161.2 en la Constitución, que dice así: "El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses".

El artículo 161.2 CE es, por un lado, un "privilegio procesal" del que el Gobierno de la Nación puede hacer uso cuando interpone un recurso de inconstitucionalidad contra una ley de una Comunidad Autónoma, pero es también, por otro, una vía autónoma mediante la cual el Gobierno puede reaccionar frente a normas o actos sin fuerza de ley, "disposiciones o resoluciones", de una Comunidad Autónoma que entiende que lesionan valores o derechos reconocidos en la Constitución. Este es el caso del veto parental.

Por tratarse de un tema que afecta de manera inmediata al ejercicio del derecho a la educación tal como está reconocido en el artículo 27 de la Constitución, así como por la lesión que puede provocar en dicho ejercicio tanto a los alumnos como a los profesores, es sumamente apropiado que la impugnación se produzca directamente ante el Tribunal Constitucional (TC). Además de la suspensión automática de la disposición o resolución recurrida, que impide que se puedan producir esas lesiones en el ejercicio de un derecho fundamental tan "fundamental" como éste, la interposición del recurso a través de esta vía obliga a la Comunidad Autónoma a tener que argumentar sin dilación ante el Tribunal Constitucional en qué interpretación del artículo 27 de la Constitución descansa la decisión de incorporar el veto parental a su sistema educativo al mismo tiempo que proporciona la posibilidad de solicitar del TC el levantamiento de la suspensión de la misma.

La utilización de la vía prevista en el artículo 161.2 CE tendría la doble ventaja de que, obligaría, por un lado, al Estado a explicar a la opinión pública a través del escrito de impugnación de la resolución recurrida ante el TC por qué considera incompatible con la Constitución el veto parental y, permitiría, por otro, que la Comunidad Autónoma explicara a esa misma opinión pública por qué la razón constitucional está de su parte y no de la del Estado. La Comunidad Autónoma no quedaría inerme ante la actuación del Estado. En un plazo de cinco meses se dispondría de una respuesta del TC, que, en un caso como este, sería prácticamente la definitiva. No es previsible que el TC prolongara la suspensión de la disposición o resolución recurrida argumentando que necesita más tiempo para pronunciarse sobre el fondo del asunto.

Con la mera interposición del recurso constitucionalmente argumentado por parte del Estado y contra argumentado por parte de la Comunidad Autónoma estoy seguro de que dejaríamos el terreno en el que ahora mismo se está produciendo el debate, si es que se puede llamar debate a lo que estamos asistiendo. ¿Hay alguien que piense que lo que está diciendo Pablo Casado estos días en radios y televisiones sería capaz de decirlo ante el TC? Abascal es posible que fuera capaz de decirlo, pero ¿Pablo Casado también?

La impugnación de la resolución de la Comunidad de Murcia por la vía del artículo 161.2 CE estoy convencido de que pondría fin a la polémica de manera inmediata, porque me resulta difícil imaginar que los defensores del veto parental pudieran argumentar en términos constitucionales la compatibilidad del mismo con el derecho a la educación. Con el veto parental se puede hacer agitación política, pero no argumentación constitucional.

En el terreno de la agitación política su eficacia resulta indiscutible. Hace días que no se habla de otra cosa. En el de la argumentación constitucional pienso que carece por completo de ella. Por eso es importante que el Gobierno cambie el terreno de juego. La batalla del veto parental no debe librarse en el ámbito de la agitación política, sino en el del procedimiento de naturaleza constitucional ante el máximo intérprete de la Constitución. Esto únicamente lo puede hacer el Gobierno de la Nación. En mi opinión, debe hacerlo.

De Vox se puede esperar que tenga la temeridad de intentar justificar ante el TC el veto parental, pero ¿también del PP?, que, en última instancia, es quien tendría que sostener el peso de la argumentación, ya que no es Vox, sino el PP, quien preside el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Murcia. La disposición o resolución que introduzca el veto de los padres no llevará la firma de Vox, sino la del PP y Ciudadanos, que forman el Gobierno de coalición de la Comunidad.

El Gobierno debería situar al PP frente a su responsabilidad como partido de gobierno. De Murcia y de otras Comunidades Autónomas, de tal manera que fuera visible para todos los ciudadanos del Estado, y no solamente para los de Murcia, de qué manera interpreta la Constitución en materia tan sensible como es el derecho a la educación un partido que no se cansa de autocalificarse de "constitucionalista".

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Firma: No al Pin Parental

ASFAGALEM y No te prives han iniciado esta petición dirigida a Gobierno de la Región de Murcia

El Pin Parental que se ha implantado en la Región de Murcia y pretende extenderse a otras regiones es un atentado contra los derechos de los menores. Esta medida, aprobada por VOX, Ciudadanos y PP en la Región de Murcia, permite a los padres a no autorizar actividades 
complementarias incluidas en el currículo escolar.

Esta medida contradice la Constitución, las leyes educativas y se carga por completo la autonomía de los centros y la libertad de cátedra de los docentes.

Nadie tiene derecho a educar a sus hijos en el odio hacia la diversidad, en el machismo, la xenofobia y en multitud de lacras sociales que se intentan combatir mediante la educación. Nuestras leyes establecen unos valores comunes para la convivencia que no son objetables. El Pin Parental atenta contra todas aquellas personas que valoran la igualdad y la diversidad como principios democráticos básicos para la convivencia. Sobre todo atenta contra los derechos del menor de recibir una educación basada en el respeto y la tolerancia. Por ello le pedimos al Gobierno Regional de Murcia que retire esta medida antes de que cause más daño a nuestra sociedad.

Firma ahora esta petición para que el mensaje a todos los grupos políticos sea alto y claro: ni en Murcia, ni en ninguna comunidad, se puede confundir libertad de elección con LGTBifobia. Hagamos que el grito sea unánime para evitar este atropello constitucional: el pin parental es un atentado contra los derechos de los menores.

Puedes firmar aquí.

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"La libertad de elección de colegio" (F. Javier Merchán Iglesias para EL DIARIO DE SEVILLA)

Reproducimos este artículo publicado en la Tribuna del DIARIODESEVILLA.ES

El Tribunal Constitucional ha dictaminado que de la Carta Magna no se desprende que los gobiernos hayan de subvencionar a los centros privados

En pleno proceso de escolarización para el próximo curso, viene a cuento el recurrente tema de la libertad de las familias para elegir el centro educativo en el que quieren que se formen sus hijos. Si bien el actual Gobierno de la Junta no pone todavía en marcha ninguna medida nueva, es de sobra conocido que los tres partidos que le apoyan son firmes partidarios de caminar por esa senda en cuanto ello les sea posible. Mirando la literalidad del asunto, en principio, parece una obviedad, pues efectivamente a nadie se le niega ese derecho. Entonces, ¿por qué algo tan evidente genera tanta controversia? El problema es que detrás de las palabras se esconden significados y consecuencias prácticas que se soslayan con la simplificación del mensaje. De lo que estamos hablando no es exactamente de que las familias tengan libertad para elegir el tipo de educación y colegio que quieren para sus hijos, sino de que el estado financie su decisión. Obsérvese al respecto que no hay tal polémica cuando se opta por centros privados no subvencionados. Ni siquiera se discute cuando se trata de centros públicos, pues se asume que resulta materialmente imposible conseguir plaza en cualquier colegio que se desee. Lo que realmente se reclama es el aumento de plazas escolares en los centros privados financiados con fondos públicos (los centros concertados) y, por tanto, mayores subvenciones a este tipo de enseñanza.

Bajo el enunciado del derecho a la libre elección de centro, el discurso en el que se apoya la política de promoción de la financiación pública de los centros privados tiene uno de los núcleos argumentales en su interpretación de algunos apartados del artículo 27 de la Constitución. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha dictaminado que de la Carta Magna no se desprende que los gobiernos hayan de subvencionar a los centros privados; es decir, el derecho a la libre elección de centros (que nadie discute) no obliga a su financiación, porque como afirma en su sentencia al respecto, "los recursos públicos no han de acudir, incondicionalmente, allá donde vayan las preferencias individuales". La Constitución dejó este asunto a la acción de los gobiernos, de manera que la relación entre conceptos como derecho a la elección de centro y financiación de la enseñanza privada es confusa e interesada, pero carece de apoyo en el texto constitucional. De hecho, fue una ley del gobierno de Felipe González -la LODE- la que en 1985 estableció el sistema de conciertos.




Más allá de los aspectos jurídicos de la cuestión, el tema tiene otras derivadas que son dignas de atención. La inmensa mayoría de los centros concertados son centros regidos por instituciones religiosas (en torno a un 70%), es decir, centros que se autodefinen por el legítimo propósito de educar a niños y jóvenes bajo el prisma de la doctrina católica y que, para ello, reciben la correspondiente subvención de la Administración pública. Por otra parte, se da la circunstancia también de que la gran mayoría de esos centros atienden a un segmento muy definido de la población, pues, generalmente en las grandes ciudades, se ubican en zonas habitadas por clases altas y medias -en las que el estado ha hecho dejación de su responsabilidad sobre la escolarización- y que son difícilmente accesibles para otros sectores de la población. De manera que cuando, en nombre de la libertad de elección de colegio, se reclama el aumento de las plazas concertadas (incluso su ampliación a la enseñanza no obligatoria), se está pidiendo que fluyan más recursos para un tipo de educación (generalmente la de carácter religioso) y para un determinado grupo de la población.

Así pues, el debate sobre la libertad de elección de colegio no es lo que parece. Nadie niega ese derecho. En el fondo subyace una discusión que viene de lejos acerca del papel del Estado y de otras instancias -particularmente la Iglesia- en la formación de niños y jóvenes; y se discute también acerca de si tiene sentido contemplar en la práctica un régimen particular de escolarización para una determinada parte de la población. Hubo un tiempo en España en el que el sistema público de enseñanza tenía un carácter subsidiario y meramente asistencial respecto a la enseñanza privada (las escuelas de pobres y las escuelas de pago), precisamente lo que algunos temen es que, por la vía de la extensión de los conciertos escolares, volvamos a esa situación.

La cuestión (Manuel Menor)

La atención social es la gran cuestión subyacente

Prosigue la perspectiva de intemperie para 2019, salvo que el voto de los ciudadanos sea más proclive a  la hegemonía del bien común sobre el privado.

Una reciente sentencia del TSJM frente a una demanda sobre la recién inaugurada medida municipal que restringe el tráfico automovilístico en Madrid Centro, arguye que "existe un indudable interés público en la aplicación inmediata de las normas que la componen". Según este tribunal, los querellantes, el PP y Comunidad de Madrid, no detallan en qué consistan los prejuicios que calificaban de irreparables si se aplicaba esta norma; “una mera invocación genérica" no es suficiente. Por otra parte, no serían procedentes “medidas cautelares” en contra salvo que las consecuencias derivadas del proceso resultaran “irreparables”. No sucediendo así, aplicarlas sería “un enjuiciamiento sobre el fondo del proceso".

Esta sentencia tiene indudable interés en el terreno de las políticas educativas, por la similitud de posibles conflictos entre  bien general e intereses individuales. Una de las pugnas que protagoniza la posible reforma de la LOMCE es la relativa a una supuesta “demanda social” (art. 109.2), el motivo en que se apoyaría la “libertad de elección de centros” potenciando su libre creación con concierto de por medio. Esa supuesta “demanda social” es proclive a fragmentar el sistema educativo por razones ajenas a los derechos fundamentales de los ciudadanos, soportando asimismo particularidades que, a gusto de los consumidores y bajo amparo de dinero público, facilitaría el negocio privado de la educación. Esta hábil maniobra que Wert introdujo en la ley orgánica todavía vigente, faculta la interpretación neoliberal del derecho universal a la educación lesiva para una educación igual de todos los españoles.

La versión neoliberal

Si hubiera dudas, José Luis Pazos ha mostrado en ¡No nos callarán! la interpretación práctica que, con sus decisiones sistémicas, haya dado  la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid a esa presunta “demanda social” y a su tutelada libertad de negocio educativo. Ese abanico de medidas ha facilitado que su sistema educativo fuera cambiando de signo –cada vez más favorable al subsistema privado y privado-concertado- a cuenta de detraer recursos a su parte pública, dificultando innecesariamente que pueda haber un sistema de cohesión compartido por toda la población en nombre de supuestos idearios particulares. No es casual, además, que cuando algunas de estas decisiones han sido recurridas y ganadas ante los tribunales, hayan tenido poco recorrido efectivo; qué destino aguarde a algunos de los implicados en diversas investigaciones judiciales sobre corrupción está por ver. Después de 9 años, a la Gürtel le falta mucho por decir en sus conexiones con políticas educativas, igual que al caso Lezo y al de los usos y abusos a que –según indicios-  haya sido sometida la “Agencia Informática y de Comunicaciones de la Comunidad de Madrid” para presuntamente pagar a proveedores del PP.

Entre 2010 y 2014, sobre todo, muchos gestores de la autonomía madrileña favorecieron los intereses privados con el pretexto de servir a los intereses públicos. No solo en Educación, sino también en Sanidad y, entre otras  actividades, las de la sociedad pública de Arrendamientos y Promociones, donde –¿para ahorrar?- se vendieron edificios céntricos a compradores con los que se había estipulado que se les alquilarían para sede de diversos organismos. La misma técnica, por otra parte, del “capitalismo extractivo” que se ha empleado en más de 100 solares municipales para instalar colegios concertados de entidades amigas.

Los exégetas

En este contexto, se puede entender mejor buena parte del cabreo constante que teatralizan Casado y Rivera respecto ante los posibles aciertos que pueda tener la gestión de Sánchez en Cataluña y en otros frentes políticos. Estando por medio los Presupuestos, protestan por no poder gestionarlos ellos y su clientela. También es más inteligible el sermonario de Aznar cuando se erige en hacedor de la constitucionalidad de los demás sin mirarse a sí mismo, su trayectoria y la de sus dilectos seguidores. Este exclusivo sentido patrimonialista, aplicado al artículo 27 y a cómo deba ser la educación de los españoles, transpiran quienes proclaman que la pretensión de Isabel Celáa con el anteproyecto que presentará en enero al Congreso de Diputados, es “una ley contra la enseñanza y contra el país”.

Borroso 2019

La discordancia entre el bien común y el muy estrictamente privado hace recordar cómo casi siempre media en nuestras opiniones una bruma de historia difícil de compartir. A un símbolo tan importante como el de la Navidad le sucede igual: sin dejarse seducir por sus versiones más pegajosas, no solo contiene interpretaciones enfrentadas, sino que ejemplifica desajustes en que nuestro propio pasado de lo actual nos resulta  borroso y deformado. Mircea Cartarescu,  en el prólogo  de su gran trilogía, Cegador, cuenta cómo “el vivaz y absurdo hoy” versa “sobre la tensión y la falta de entendimiento entre mi mente de ahora, la de hace un instante y la de hace diez años; sobre su interacción, sobre la injerencia de una en la imaginería y las emociones de la otra. […] ¡Cuanta fascinación por la ruina y la putrefacción!”. Bueno sería terminar 2018 con la ambición de que tanto manoseo, y tanta fascinación por un pasado desigual como está aflorando, no sea lo más deseable para un venturoso 2019.

Manuel Menor Currás

Madrid, 23.12.2018

Doctrina con dinero público (Cristina Fallarás en lamarea.com)

Artículo de Cristina Fallarás publicado en lamarea.com

• El Estado dedica más de 5.000 millones de euros anuales a los centros privados católicos, cuya enseñanza contradice la ciencia y la igualdad.

• El nuevo Gobierno anuncia que la asignatura de Religión dejará de computar para la nota.

La niña llamada Carolina S. F. estudia Primaria en un colegio concertado del madrileño distrito de Moncloa-Aravaca. Entre los libros que carga en la mochila, uno titulado El regalo de la creación, de la Editorial SM. Dicho volumen arranca así: “Vivimos en un mundo maravilloso que es creación de Dios. Es muy importante que las personas lo cuidemos y vivamos en él sin estropearlo”. En una primera ojeada, no queda claro si se trata de un manual para el alumnado o para los docentes. De lo que no cabe duda es de que, ya desde el principio, muestra su encontronazo con la base científica del conocimiento. Para la cría que vuelve a casa con la mochila cargada, la Creación será obra de alguien llamado Dios, y que por supuesto nada tiene que ver ni con la evolución ni con el saber desarrollado en los últimos siglos. Dos páginas después, el librillo reproduce el arranque del Génesis, y lo anuncia: “El Génesis es el primer libro de la Biblia. En él podemos leer que Dios creó el universo y todos los seres vivos que existen”. Las siglas de la editorial SM vienen de Santa María, grupo nacido en 1937 a partir de un núcleo de sacerdotes marianistas.

Carolina es una del más del millón (1.073.165) de alumnas y alumnos que cursa la asignatura de Religión en España en Primaria. En Secundaria son 537.876; en Bachillerato, 129.639; y en Educación Infantil, 423.194 escolares. En total, más de dos millones (2.163.874) en los niveles no universitarios, la inmensa mayoría, religión católica. A todos ellos les cuenta las calificaciones de esta materia en la nota media de final de curso. Hace unos días, la nueva ministra de Educación, Isabel Celaá, anunció que dejará de computar para la nota, tanto para la media como para la beca. “Propongo la creación de una asignatura obligatoria de valores cívicos y éticos, centrada en el tratamiento y análisis de los derechos humanos y de las virtudes cívico-democráticas”, afirmó en el Congreso, donde enumeró algunas medidas con las que el nuevo gobierno de Pedro Sánchez pretende revertir la Lomce, conocida como ley Wert.

Mientras tanto, observemos estos datos: entre los docentes financiados con fondos públicos, 3 son judíos, 48 son musulmanes, 235 son evangelistas y 16.500 son católicos. En cifras: el coste de los docentes católicos a las arcas públicas es de 600 millones de euros mientras el de los evangélicos es de 5,5 y el de los musulmanes, de 1,2 millones.

La Constitución Española afirma en su artículo 16 que ninguna confesión tendrá carácter estatal. Sin embargo, las relaciones entre el Estado y la jerarquía católica desdicen dicha pauta, y de hecho se rigen por los acuerdos con la Santa Sede de 1979, que tienen rango de acuerdo internacional y que, muy al contrario de corregirse, se han ido afianzando y ampliando a lo largo de la democracia.

Según datos de Europa Laica, la asociación erudita en el tema, el Estado español aporta a las arcas de la Iglesia católica, a través de subvenciones directas y exención de tributos, más de 11.000 millones de euros anuales –la Conferencia Episcopal asegura a La Marea que no dispone de esos datos–. De ellos, cerca de la mitad –5.010 millones– están destinados a capítulos relacionados con la educación. A los 600 millones de euros consignados a profesorado de Religión en el Estado y las comunidades autónomas, hay que sumar más de 4.400 millones en financiación de centros privados concertados de ideario católico y otros 10 millones en convenios con consejerías de Educación.

De todas las partidas en las que se pueden dividir los más de 11.000 millones públicos que van a la Iglesia católica, el de Educación es el mayor con diferencia. Le siguen los capítulos referentes a la obra social y asistencial y a las exenciones y bonificaciones tributarias, cada uno de ellos con 2.000 millones, menos de la mitad de lo destinado a educación. Sirva lo anterior de argumento difícilmente refutable para afirmar que el Estado español, en la actualidad, realiza el mayor esfuerzo en afianzar la doctrina católica en la educación de los escolares no universitarios. Dicho esfuerzo crea, de forma evidentemente voluntaria, unas élites educativas ligadas a la educación privada concertada, que se encuentran en asociación indudable con la doctrina católica.

“La educación requiere una revolución que transcienda la escuela de la era analógica y que se inserte en el racionalismo crítico de la era digital, pero aspirando a una escuela no elitista sino igualitaria y emancipadora”, explica el presidente de Europa Laica, Antonio Movellán.

La insistencia de Movellán en que la educación no sea elitista ni fomente las desigualdades se basa en una de las evidencias de la escuela concertada en España. En sus palabras: “Un sector importante de las clases urbanas adineradas lleva a sus hijos e hijas a los colegios católicos o concertados confiando en que el no mezclarse con niños de otras clases sociales les encauzará hacia un camino de éxito social o, por lo menos, de no fracaso. Por eso la enseñanza concertada se ha expandido en las zonas urbanas de mayor nivel de renta y también en las regiones más ricas. No es tanto la calidad educativa de estos centros como la concentración de un alumnado de un nivel social similar y alejado del ‘diluvio general’. En las zonas urbanas y en las grandes áreas metropolitanas es la escuela pública la que tiene que enfrentar los problemas del alumnado con necesidades especiales, la inmigración más reciente etc. Es una segregación educativa que es funcional en el ámbito de la segregación social”.

Así pues, el fomento de la educación concertada en centros católicos no tiene una finalidad de calidad educativa, sino de creación de élites económicas y sociales, de establecimiento de mecanismos de identificación, o sea, de fomento y perpetuación de las desigualdades.

En cuanto a la lucha de los partidos políticos en España para revertir todo lo anteriormente dicho, Movellán es tajante: “Hoy son pocos los partidos que se declaran a favor de una escuela pública, única y laica. Más bien todos han asumido la escuela neoliberal, la libertad de educación, etc… Esa idea de la escuela como lugar de emancipación social se ha perdido ya que no se aspira a una sociedad igualitaria”. No obstante, Izquierda Unida lleva años exigiendo el fin de los conciertos educativos, que en la práctica viene a referirse al fin de las mil millonarias subvenciones a la educación católica.

En opinión de la dirigente de IU Loles Dolz, dos son las vertientes principales de la presencia de la Iglesia católica en la educación española. Por un lado, “la amplísima red de centros católicos privados concertados”. O sea, de centros de educación católica y titularidad privada que reciben miles de millones de las arcas públicas. Por otra parte, destaca “la existencia de la Religión católica en el currículo escolar como materia de oferta obligada en todos los niveles educativos, desde Educación Infantil hasta la Secundaria postobligatoria, impartida además por catequistas que pagamos todos, aunque son impuestos por los correspondientes obispados”.

Esto significa, en su opinión, que “el Estado español, constitucionalmente aconfesional, financia con fondos públicos y promueve el adoctrinamiento religioso en el ámbito escolar desde la más tierna infancia, atentando así contra los derechos de niñas y niños a que se respete su ‘libertad de pensamiento, de conciencia y de religión’ (art. 14.1 de la Convención de Derechos del Niño) y contra la libertad de conciencia en general”. Pero no se queda ahí: “Significa también otorgar a la Iglesia católica el privilegio de difundir y perpetuar su ideología particular a cargo del contribuyente. Todo ello sin contar con el pingüe negocio que para la patronal católica supone su extensa red de centros concertados, mayoritariamente implantada en zonas urbanas, lo que les permite seleccionar a su alumnado y hacer caja con cuotas voluntarias que han de abonar las familias, aunque sus hijos e hijas cursen enseñanzas concertadas, es decir, financiadas íntegramente con recursos públicos”.

Subvenciones y ley de igualdad

Todo lo anterior revela su verdadero peso si se tiene en cuenta que, durante esto que llamamos crisis, el recorte en la enseñanza pública ha resultado brutal, con cerca de 28.000 profesores despedidos y 9.500 millones de euros menos. Paralelamente, la enseñanza privada concertada ha alcanzado máximos históricos, pasando de 5.500 millones de euros hace ocho años a la partida de 7.000 millones actuales. De ellos, 5.000 millones van a parar a los centros de educación católica.

Más allá de lo anteriormente citado, cabría deducir que la Educación impartida en centros privados católicos –y que afecta a más de dos millones de niños y niñas en España– podría resultar ilegal conla Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres en la mano. En su artículo 23, bajo el título “La educación para la igualdad de mujeres y hombres”, se lee: “Asimismo, el sistema educativo incluirá, dentro de sus principios de calidad, la eliminación de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y el fomento de la igualdad plena entre unas y otros”. Eso afecta directamente, tal y como indica su artículo 35 (Subvenciones públicas), a las subvenciones del Estado.

Es decir, que sería difícilmente subvencionable la educación que recibe la niña llamada Carolina S. F., que vuelve del cole con El regalo de la Creación en la mochila. ¿Por qué? Porque dicha educación le enseña que la mujer nace de la costilla del hombre. Que esa mujer, llamada Eva, ofrece una manzana al macho, y que por su culpa, ese acto se convierte en castigo de la humanidad. Ella es culpable. Una educación que, además, le adoctrina en que el ejemplo a seguir y venerar es el de la virginidad, o sea que la Virgen –mujer sin atributos sexuales, sin derecho al placer y aun así madre– es su modelo de vida y crecimiento.

La citada Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres añade, además, en su artículo 24, que la Administración procederá a la “eliminación y el rechazo de los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación entre mujeres y hombres, con especial consideración a ello en los libros de texto y materiales educativos”.

En declaraciones recientes a esta periodista, el magistrado Joaquim Bosch, en nombre de Jueces para la Democracia, admite: “Está claro que hay una contradicción entre las normas que impiden subvencionar a organismos que favorezcan la desigualdad y las subvenciones a la Iglesia católica”. O lo que es lo mismo, que los fondos que el Estado español destina a la enseñanza privada de orientación católica, más de 5.000 millones de euros al año, se encuentran en manifiesta contradicción con las más básicas normas de igualdad que nuestra sociedad requiere y dicta.

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Los datos utilizados en este artículo proceden del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, de la organización Europa Laica, del sindicato CCOO y de Izquierda Unida.

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¡Ayve! Las políticas sociales: esa es otra

Las manifestaciones de los pensionistas y las huelgas de las mujeres el día ocho suspenden a este Gobierno. Los pactos que propone parecen cosa de señoritos, no muy bien criados

Quienes dicen que la etapa que les ha tocado vivir es la mejor de la historia, simplemente por ser lo último de la aventura humana, tienen en este momento serios problemas para demostrarlo. Prueba de ello es, entre otras muchos motivos, que nadie les librará de apandar con un presente pleno de incertidumbres y decisiones no menos  inciertas.

Los pactos supervisados por el PIB

            Tampoco es que los líderes sociales, religiosos o políticos sean fiables como guías. Contrastar lo que dicen y lo que hacen genera confusión. Y para prestar atención solamente a lo que dicen, más vale hacer caso a lo que Ivo Andric, premio Nóbel de Literatura en 1961, nos advirtió en una de sus mejores novelas, Un puente sobre el Drina: “A partir del momento en que un gobierno experimenta la necesidad de prometer a sus súbditos, por medio de anuncios, la paz y la prosperidad, hay que mantenerse alerta y esperar que suceda todo lo contrario”.

            En estos días, hay tres grandes pactos que publicita mucho el actual Gobierno ahora que, según su hoja de ruta hay que centrarse en “lo social”. Si para los problemas que arrastra Cataluña está quedando muy estrecha la limitación que impone el Código Penal, en esta tríada de anhelos de pacto puede que se quede tan corto como inalcanzable. Lo rutinario de ocuparse de estos asuntos para subir y bajar en la parrilla de los informativos parece obedecer, no a convencimiento de obligación, sino a motivos ajenos al significado más denotativo de la acepción “pacto”, propios de milongas de distracción alegórica.

            Da igual que se hable del pacto contra la violencia de género, como el pacto que se busca en asuntos educativos, del pacto de Toledo o de cualquier otro. La percepción siempre es de parche tardío y en momento inadecuado, en que el múltiple entrecruzamiento de desatenciones habidas  frente a ”lo social” produce que la atención real a la gente –especialmente a la más necesitada de la protección del Estado- pase a segundo plano y, casi siempre siga siendo escasa cuando no inexistente. Lo que plenamente cumple el hablar de supuestos “pactos” es que pretende acallar voces discrepantes que leyes como la de Seguridad Nacional de 2015 o el Código Penal no logran frenar.

            Lo cierto es que, mientras se habla de pactos –la creación de la Subcomisión parlamentaria por la educación ya lleva casi un año y cuarto “trabajando” desde el día uno de diciembre de 2016-, hay abundante materia publicitaria para mentar cuestiones más o menos pertinentes que vayan llevando el fondo de los litigios a irrelevancias epidérmicas que dejen su núcleo duro intacto. Mientras se sostiene la atención sobre alguna expectativa de arreglo, lo urgente se come a lo necesario. En esta Legislatura, la continua decisión mediática de poner en primer plano unos supuestos resultados macroeconómicos magníficamente destacados sobre la incuria y descontrol que –según nos ponen como referente paralelo- han llevado a cabo despilfarradores gobiernos, anteriores a 2011, nos está educando en la paciencia desmovilizadora. Ese trofeo del PIB ha sido el talismán para eludir, no sólo las acusaciones de malversación y marrullerías con los presupuestos públicos, sino también reclamaciones como la que estos días pasados han hecho los pensionistas de toda España: “no hemos crecido lo suficiente”, han proclamado.

 ¿Política económica o Economía política?

“Lo social” viene de lejos en nuestra historia de limitaciones. Para entender qué significa exactamente, baste recordar qué diferencias haya habido entre “vivienda social” y otras viviendas en que ese significado sea imposible. En esa larga secuencia destaca el momento en que se dejó de hablar de la pobreza, en general, a que pasara a primer plano la producida por unas relaciones laborales completamente desreguladas. Fue en 1901 cuando apareció una primera ley “social” en España, la que trató de proteger a accidentados laborales. Salarios, horarios, condiciones de trabajo, atención a la infancia, a los derechos femeninos, retiros y pensiones, Sanidad y Educación –y otras muchas prestaciones- fueron entrando con retraso en nuestro país y, a lo que se está viendo, tardaremos en ver que lo conseguido desde entonces, si no empeora, cubra los déficits de nuestra tardía adopción del gran pacto europeo por un Estado de Bienestar.

            El momento actual –con pactos y peor sin pactos- recuerda mucho aspectos anteriores a aquella primera ley “social” española. La continua referencia a un supuesto “crecimiento económico” inexcusable es una nueva versión de lo que hasta entonces era pretexto absolutamente dogmático: la Economía política y  su sacralizada atención a la propiedad privada; las políticas económicas no existían propiamente, las competencias de un “Estado mínimo” –atento casi exclusivamente al orden público- hacían que incluso la beneficencia, o modo de atender a los problemas habituales de la pobreza, dependiera del Ministerio del Interior o de Orden Público , como también fue llamado. Las erosiones que las erosiones a la atención de “lo social” no son de exclusiva responsabilidad de este Gobierno, pero sí es responsable de estarlas acelerando al tiempo que estimula privatizaciones de servicios y prestaciones. El prestigio de la subjetividad individual crece y, reducida la atención a “lo social” el campo está quedando plenamente abierto de nuevo a que cada ciudadano se apañe como pueda: evidentemente sin confundirse de lo que a cada cual corresponda según sus medios económicos y culturales.

¿Y Lisístrata?

            Es en este terreno precisamente donde adquiere relevancia la celebración, el próximo día ocho, del Día Internacional de la Mujer Trabajadora que la ONU estableció en 1975 y que, en esta ocasión, por haberse declarado aquí huelga de mujeres, hace recordar el juramento que la Lisístrata de Aristófanes exigió hacer a sus compañeras en el año 411 a. C. Este día ocho no llega a tanto, pero va de lo mismo, porque  esto de los “días de” -como lo de los “pactos” para una u otra cosa que propone este Gobierno- suele requerir nuestra atención hacia algo que no existe o que, de existir, tuviera una existencia corta de recorrido y vergonzante a la razón por haber olvidado el cuidado de los “derechos inherentes” a los seres humanos por haber nacido para ser dueños de sí mismos y no que la concentración de recursos en unos pocos ponga en riesgo la dignidad de vida de la gran mayoría. Eso que se proclamó ya en 1789 como precepto  y que las Constituciones democráticas suelen decir entre sus grandes principios rectores es lo que se trata de recordar como si los humanos –y en especial los varones- fuéramos mayoritariamente presos de Alzheimer.

            Este día ocho trata de recordar y exigir –y todo presagia que vaya a ser  más potente que otros años- que las mujeres trabajadoras existen desde siempre –desde que la cadera de Eva, como José Enrique Campillo, fue fundamental para la evolución humana-  y, por supuesto, desde antes de que las más burguesas y leídas empezaran a plantear, a finales del XIX, la urgencia de liberarse de los corsés físicos y de los que una educación paternalista las ceñía estrictamente a un papel social y político minorizado subsidiario de los hombres. Pero no solo es eso, también que en la lucha por los derechos sociales y políticos estuvieron codo con codo con ellos como cosa natural y sin que, muchas veces, ellos se lo tuvieran en cuenta. El éxito de tantas largas peleas inacabadas casi siempre ha sido peor para ellas. Incluso en los países donde se hace retórica política con que se les reconocen sus derechos, siguen existiendo serias distancias en múltiples campos, justificadas incluso con explicaciones tan peregrinas como las que había antes de que, sobre su ser y naturaleza, se proclamaban abiertamente desde púlpitos y cátedras.

            Es penoso que, en una sociedad en que su saber y cuidados son indispensables para ser más rica e inclusiva, falte tanto por sufrir y seguir clamando atención para que sus demandas de igualdad no sean concesiones graciosas sino derechos a dejar de exigir porque se cumplen.  Por citar una de tantas causas por las que el día ocho todavía Lisístrata reclamaría huelga, ahí está la LOMCE, con su separación de niños y niñas subvencionada, mientras el presidente de la CECE (Confederación Española de Centro de Enseñanza) sostenía, todavía no hace un año, que “es positivo que haya una pluralidad de modelos para elegir porque es algo que enriquece el panorama educativo y aporta pluralidad”.

            Si la LOMCE es la última aplicación de lo que manda el artículo 27 de la Constitución, más parece que este Gobierno, en vez de un pacto educativo que mejore el sistema educativo o los otros sistemas de prestaciones sociales, nos esté proponiendo acelerar el paso hacia los tiempos anteriores a 1789. Deben creer que ha habido algún desvarío de la humanidad desde entonces y que les corresponde la santa misión de hacernos regresar a tiempos de tal bonanza que ser mujer, si no se tuviera riqueza –y aún así- era causa de desconsideración manifiesta cuando no de desprecio. La diferencia biológica conllevaba segregación social ante la preeminencia de los varones, que, en caso  de la realeza sigue manteniendo nuestra Constitución actual. Y la LOMCE faculta a colegios –subvencionados con el erario público- que la misoginia de sus clientes se prolongue y extienda entre la gente bien. Alargan la prohibición que en los institutos públicos actualmente denominados de Secundaria había regido desde  1939 y que Pepe Segovia (q.e.p.d) desterrara en 1983.

            El género de sexo que nos da la naturaleza o no tener iguales creencias religiosas, color y rasgos muy aceptados por la tribu han sido razones que, si, además se era pobre -es decir, sin rentas para vivir- o asalariado dependiente de otros para subsistir, podían determinar que la vida fuera un calvario, un “valle de lágrimas”, como rezaba una de las más repetidas invocaciones piadosas desde el siglo XII. No había lugar para derechos humanos compartidos y menos a escala universal. ¿Qué hubiera pasado, pues, si nuestros antepasados –ellos y ellas- se hubieran callado y no hubieran protestado nunca? ¿De qué van quienes proponen pactos oportunistas y ralentizadores para acallar a quienes seguirán clamando por sus derechos? ¿Y si la la sentencia de Ivo Andric fuese cierta, qué consideración merecerán de los demás ciudadanos y ciudadanas estos chicos y chicas con sus palmeros?

Manuel Menor Currás

Madrid, 04.03.2018.

Black Friday educativo (Manuel Menor)

Manuel Menor nos envía su último artículo:

Es la época de la baratura mental. También se avecina un Black Friday educativo

La idea es afianzar lo que hay, con la apariencia de moderno. Que la mayoría esté contenta con una escolarización de rebajas, mientras un tercio poblacional  presume de selecto.

La mercadotecnia sabe cómo hacer que todo parezca bonito, bueno y barato. Observar, padecer o participar de lleno en la fiebre compradora enseña mucho al respecto. Conviene aprender pronto esa lección, pues todo el año será un Black Friday continuado, una especie de orgía inacabable del comprar. Independientemente de si merece la pena o es indispensable lo que compramos, allá iremos en aglomeración para no ser infelices y, además, porque de este modo haremos crecer mucho –eso han vendido ya- los puestos de trabajo. Por este camino –y sin advertir que lo de la lechera era un cuento de luctuoso final-, pronto nos harán saber que no hay otro modo de acabar con el paro laboral: como si todo fuera cosa de aumentar ligeramente el promedio de 230 euros de promedio de gasto que estiman gastaremos los españoles en esta compulsiva fiesta comercial.

Como cuando Claudio Moyano

No suelen contar, para que no dudemos de tantos beneficios inefables, la explotación laboral que conlleva la mayoría de estos nuevos “trabajos”, su estricta precariedad y condiciones contractuales a menudo fraudulentas, inadvertidas por las  inspecciones de Trabajo y por los bien engrasados resortes mediáticos encargados de dejar en la nebulosa del incienso los salarios traspapelados en temporalidades que no se pagan y que hay que trabajar.  Sin embargo, como andamos de neolenguajes, y entre tanta modernidad denominativa no conviene perder el sentido, vaya por delante que no todo es adelanto. A menudo, puede ser una barbaridad lo que, en medio del glamour advenedizo de  una motivación exótica, nos pueden querer colar, ya sea con el Thanksgiving, el Black Friday, el Cyber Monday o con la intensa devoción que por un pacto educativo le ha entrado a este ministro de Educación y de otras variopintas competencias. Tantas son y tan al servicio de lo que haya de decir como Portavoz del Gobierno, que -en medio de tanta adaptabilidad a las pautas americanas-, recuerda al que fuera Ministro de Fomento en el siglo XIX, el zamorano Claudio Moyano, de quien lleva nombre la primera ley general relevante en la educación española.

En un reciente acto  en la Universidad de Valladolid, -donde había sido rector Don Claudio-, se le alabó especialmente esta ley de 1857 y, como en muchas otras ocasiones en que se le menciona, se obvió decir que anticipó la irrelevancia que se daría a los asuntos educativos en las instancias políticas. Aquel Ministerio de Fomento era un conglomerado constituido a cuenta de  competencias de otras instituciones del absolutismo, cuando Fernando VII estaba casi en las últimas, en la pretensión de que enjalbegara de urgente modernización la cerrada tosquedad que mostraba el Estado. Desde su sede  en el palacio que había sido  de la Inquisición,  Fomento trató de racionalizar  y proteger “todos los intereses legítimos  y los agentes inmediatos de la prosperidad”, pero con límites y condicionantes tales  que el papel asignado a los asuntos educativos fue prácticamente nulo.  Mesonero Romanos lo deja traslucir en Memorias de un setentón e, incluso, en su Manual de Madrid. Por otro lado, si el Estado de la segunda mitad del siglo XIX apenas se preocupó de las tasas de analfabetismo existente, ya se había condicionado a sí mismo en el terreno de la instrucción con las cesiones de soberanía que había hecho al Vaticano en el Concordato de 1851. La famosa ley educativa -además de no ir acompañada de presupuesto económico- dejó campo abierto a la iniciativa privada y, particularmente, a las asociaciones y órdenes religiosas, como estudió Yvonne Turin en 1963. Y también alentó la fiebre legislativa alternante y contraria que se puso de moda enseguida: baste recordar que nuestro primer ministro de Educación en 1900, García Álix, en apenas seis meses que duró en el cargo –otra constante de la época-, emitió 308 decretos que muy pronto iban a ser sustituidos por otros y que, cuando su sucesor pretendió regular en igualdad de mérito variables como la “libertad de centros”, el intento fue cortado con todo tipo de querellas y otras modalidades belicosas. Es en ese contexto de una legislación condicionada e indecisa en el que la historia  de la Instiución Libre de Enseñanza, su nacimiento en 1876 y buena parte de sus desventuras tuvieron su raíz. E igual cabe decir de los intentos de la II República por la dignificación de la enseñanza pública, depurados y –como dijo Ibáñez Martín en la inauguración del curso 1940-41- “amputados con energía”, pues de “envenadores del alma popular” se trataba, según ya había escrito José María Pemán en 1936. De ahí que nada de la actual estructura del sistema educativo establecido en 1978 sea gratuito, ni que tampoco sea casual Méndez de Vigo en la c/ Alcalá, 34.

Un consenso de Black Fryday

No hacía falta, pues, la aparente modernidad de un Black Friday en Educación, que es lo que parece vaya a ser el texto consensuado que en abril –o algo antes- le hagan llegar los partidos a este ministro como propuesta de  Pacto  en que apoyar una nueva ley. Sería la 12ª, un signo claro de que el supuesto pacto residenciado en el art. 27 de la Constitución tiene muchos agujeros en demasiados aspectos. Sin tanta alharaca, y si hubieran analizado en detalle las razones de la falta de consenso que persiste en  los asuntos educativos, hubieran advertido que allí se dieron por válidas -por desigualdad de peso específico de los firmantes y cuando también aquí estaban en marcha los Acuerdos con el Vaticano-, una serie de pautas que son las causantes de muchas de las carencias existentes. No de todas, desde luego, pero sí de bastantes y muy significativas. El argumento de la tradición, reafirmado por estos 40 años últimos , a lo que se ve tiene vocación de futuro en la estructura educativa española. Durante mucho tiempo una cosa fue “ir al colegio” y otra muy diferente “ir a la escuela”, y ahora parece volver a imponerse  –en lenguaje democrático extraño- que una cosa siga siendo ir a la escuela pública y otra muy distinta el enviar los niños y niñas –separados, incluso- a colegios concertados o privados. Y ya se verá cómo se cuenta que todo se ha de seguir haciendo a cuenta del mismo erario público.

 El problema es que, si la tradición vale en determinadas asociaciones como argumento doctrinal de cohesión y de fe, en cuestión de políticas educativas democráticas lo único que cabe invocar es la racionalidad contable, justa y equitativa,. Si de un único sistema educativo hablamos, no son inteligibles privilegios que adulteren la responsabilidad del Estado en la defensa y protección de los derechos de sus ciudadanos, ni tampoco que este haga dejación de su neutralidad doctrinal al menos en lo que atañe a la estricta red de enseñanza pública. Lo que está tratando de reafirmarse en este momento, sin embargo -y que habría de evitarse- es que estos derechos continuaran solapados en un  discriminatorio Black Friday educativo, en que los más se contenten con ir a unas rebajas y los muy pocos –cada vez más selectos, por más segregados del resto- traten de sostener a toda costa un certificado de excelencia por una vía de la diferencia que, a ser posible, lleve el marchamo religioso en los primeros años escolares y, a continuación -si Dios lo quisiere-, mediante  Universidades y MBAs de indiscutido posicionamiento en el top socio-económico. Un pacto con tales supuestos es un mal apaño que pronto volverá a ser objeto de recriminaciones de todo tipo. Como tantas otras veces en el pasado, volverá a ser algo provisional, demostrativo de que la Educación sigue siendo asunto irrelevante  en la política española.

De “envidias igualitarias”

Los tiempos convulsos en que vivimos son propicios a la pérdida del seny o del sentidiño, que dicen en Galicia, cuando de asuntos importantes se trata.  Algún ilustre político ya hizo notar hace años, cuando se iniciaba en el arte de la impasibilidad y en la técnica de los “hilillos de chapapopte”, que para  mantenerse en el inestable candelabro valía argüir, cuando de derechos derechos sociales se tratara, con la “envidia igualitaria” de los otros, “este gran mal”. Ahora mismo, y tal vez por ello, hipócrita parece celebrar el día internacional contra la violencia de género si también esta aspiración se introduce en ese constructo negacionista, causante de tantos desastres en nuestro mundo: 55 asesinatos ya van este año, amén de nueve menores de edad por este capítulo. Las manifestaciones del día 25 han mostrado cifras muy altas en todo el mundo y a muchos les vale como excusa. Cuando se acuerdan de que es urgente poner remedio, apelan a lo bien que vendría una buena educación. La mencionan, plantean un protocolo –que les sirva de salvoconducto irresponsable- y la dejan en el mismo vacío de cuidados.

Cuando tan bien decían que iba la recuperación económica, sin embargo, nos han recriminado que seamos el estado europeo en que más ha crecido la desigualdad. Todo un récord de excelencia democrática. Raro es, igualmente, que este año el Informe PISA-2015 –tal como lo han traducido los medios- no haya destacado que el sistema educativo español sea de los más igualitarios si se tiene en cuenta el nivel socioeconómico del país. ¿Es que sería peligrosa esa línea de actuación? ¿Y no  resulta extraño que sea preciso este informe de la OCDE para decir algo que todo profesor ha visto desde hace años ante sus ojos de continuo: que las chicas suelen ser más colaborativas que los chicos en asuntos como la resolución de problemas, pero que también podrían destacarse en otros muchos aspectos escolares?

En suma, esta nebulosa no debiera impedir ver que el Black Friday de la educación española no es nuevo. Está en marcha desde hace tiempo y sólo falta la oportunidad para que se oficialice su flexible adaptabilidad a lo moderno. Una educación altruista es más costosa y, sobre todo, no agrada a quienes lamentarían que el sistema educativo pudiera ser un efectivo instrumento  inclusivo, equitativo y de calidad.

Lo simbólico (Manuel Menor Currás)

Manuel Menor nos envía su último artículo:

Lo simbólico es muy importante en nuestras vidas: nos expresamos por símbolos

Empezando por la facultad de hablar, que no es lo mismo que dar voces: “Sólo el hombre entre los animales –decía Aristóteles- posee la palabra”.

Tras la declaración de Carmen Forcadell en el Supremo se ha puesto el foco en lo “simbólico”. Lo que le oyó el juez Pablo Llarena el pasado día diez acerca del valor de la declaración del Parlament y del Govern, mostrando que era consciente de su nulo valor jurídico efectivo, sirvió  para que las cautelas que le impuso fueran menores que las que en la Audiencia se habían ordenado para otros actores de este “procés”. Y, al tiempo, valió para imaginar una ligera distensión en el rumbo que había tomado todo lo relacionado con este engorro. Creer que fuera estrategia provisional o propósito firme en la vuelta a la legalidad constitucional, el futuro lo dirá. Entretanto, no debiera obviarse qué sea lo simbólico, algo cuya entidad está muy alejada de lo puramente etéreo y espiritual.

La violencia simbólica

La conocen muy bien las mujeres -mejor que la mayoría de los hombres- a causa de violencias que siguen sufriendo, incluso con la muerte, como documenta asiduamente la prensa. En estos casos, generalmente alguien del género masculino ha pretendido hacer prevalecer un dominio absoluto basado en unos supuestos derechos que le confirieran, sobre todo, supremacía. Casi siempre se trata de algún varón que cree sentirse obligado a ejercer de macho dominante ante situaciones de desacuerdo. Esta conducta suele estar asociada a pautas culturales de un entorno propicio a una jerarquización de roles opuestos al reconocimiento de derechos y libertades de los demás en igualdad. En la práctica, se traduce en desatención y desprecio a los otros, sobre todo si concurren diferencias de cualquier tipo como pretexto de clasificación, dominio y violencia. Incluso en los supuestos espacios del conocimiento universitarios puede acontecer, Y en los no menos relevantes de carácter religioso, por chocante que pueda parecer a Monseñor Munilla. Tales hábitos demostrativos, con su secuela de sometimiento y humillación del más débil, suelen entrar por los poros desde antes de nacer, en  climas de poco afecto familiar; a muchos profesores y maestros ya les es dado verlos crecidos cuando tienen delante casos de bullying y ciberbullying.

Los sociólogos críticos como Pierre Bourdieu la tuvieron muy en cuenta cuando analizaron con minuciosidad de qué vaya La dominación masculina o, más propiamente, la violencia simbólica. Entre dominadores y dominados, es decir, en las relaciones de poder asimétricas, hay siempre valores implícitos, soterrados y subyacentes, que han predispuesto las mentalidades y los afectos para que parezca “natural” lo que solo es un hábito de imposición arbitraria de la fuerza. Favorecen esta violencia simbólica las diferencias de tipo fisiológico, físico, cultural, del color de la piel, la religión o la ley y, no menos, la lengua de nacimiento, las costumbres más nimias y las tradiciones que cada cual quiera arrogarse como distintivas, aunque casi nunca lo sean, pero que pueden valer para alardear y tratar de sostener la distinción. En algunos de estos estudios, se aprecia bien cómo algunas culturas de lo simbólico puede ser tan dañinas y perversas como la pura violencia física. Están en su base generadora, son capaces de dominar las voluntades -sobre todo, desde la perspectiva de lo que está bien visto o mal visto por los demás del grupo- y van más allá de las puras leyes de la moralidad básica. Esta dependencia suele formar parte también de los mecanismos utilizados por distintos tipos de sectas para la adhesión de sus adeptos, y más próximamente, fundamenta no pocas leyes rectoras de la publicidad a fin de lograr nuestra fidelidad.

La única manera de sobreponerse a esta sibilina manera en que casi solo los científicos sensatos de la paleontología y antropología distinguen lo natural de lo cultural, es una buena y digna educación. Aristóteles ya reclamaba (Política, 8.1) su necesidad si se quería la unidad de la POLIS. Razonaba que el fin de toda ciudad es único y, por ello, “es evidente que necesariamente será única y la misma la educación de todos”; el “cuidado por ella ha de ser común y no privado -proseguía- pues el entrenamiento en los asuntos de la comunidad ha de ser comunitario. Ninguno de los ciudadanos se pertenece a sí mismo, sino todos a la ciudad”. A quien le parezca exagerado, entienda que la pugna por los Derechos Humanos y Sociales es hoy inexcusable en la continuidad de esa política humanizadora. Si no se quiere que la pasividad domine -que es lo que todo poder hegemónico anhela de continuo-, ese referente orientador de la educación y cultura es el único modo de alentar el crecimiento humano. La ignorancia desarma las posibilidades de resistencia y facilita el trabajo a la fuerza bruta. El propio Aristóteles sostenía que “cada régimen suele preservar su constitución política originaria”. Es propio del régimen oligárquico tratar de preservarse, y no todo es democracia porque lleve ese nombre. 

Pero en Educación también suele darse gato por liebre.  Por eso los más críticos alertaron acerca de cómo es a menudo muestra  de la violencia simbólica. Un topos socorrido en los estudios de los años setenta acerca del sistema educativo en EEUU o en Francia –que todavía hoy sirven de referencia-, fue el de la “reproducción” que, desde diferenciales oportunidades  para los estudios y la cultura, sitúa a los herederos de unos u otros grupos en posiciones bien diferenciadas. Los estudiosos de la equidad educativa, como José Saturnino, nos han hecho recordarlo reiteradas veces cuando, por ejemplo, hablan del capital cultural diferencial de partida y que a muchos les distanciará siempre. Los profesores que investigan lo que sucede en sus aulas conocen mejor que nadie esas distancias iniciales en algo tan básico y simbólico como el uso del lenguaje. El manejo  que muestran los alumnos de su riqueza de significados y complejidad de matices, puede marcar distancias de más del 50%. Con los ritmos burocráticos de la escolarización, si no se atiende a ese diferencial inicial, la mecánica aplicación homogénea del sistema hará que aumente y se haga insalvable.

¡Cuidado con lo simbólico!

Existe, pues, una leve variante de lo “simbólico”. Complementa lo anterior y se refiere más a lo metafórico, alusivo a otra realidad. En este aspecto, el sistema educativo expresaría –simbolizaría- el valor que le confiere una determinada sociedad. Por ello reclama atención cuidadosa si se quiere que las políticas educativas expresen el lado más positivo del ser humano, sus aspiraciones más dignificadoras en igualdad democrática. De no ser así, el retrato que refleja, lejos de ser indiferente, mostrará las violencias que impregnan el tejido social. ¡Cuidado con lo simbólico, porque su realismo expresivo es pródigo en contradicciones de nuestras políticas educativas! Si tan alta es la consideración verbal que suelen dedicarle las instancias oficiales a la educación, no se entienden, por ejemplo, gran parte de los mecanismos normativos existentes, encaminados a sostener inmóviles las asimetrías de base del alumnado. Serán legales, pero no es la mejor formulación que debiera tener el art. 27 de la Constitución a día de hoy.

Menos se entiende que a Montoro le haya parecido inaceptable la inversión del Ayuntamiento madrileño en el SAMUR o en escuelas infantiles. Lo que la Constitución establece respecto al derecho universal a la educación estaría mejor protegido si exigiera a Cifuentes o a sus compañeros de Gobierno los cumplimientos básicos que, más allá de la escolarización, conlleva una enseñanza digna en igualdad para todos. En línea con lo que preconizaba Aristóteles, la construcción de sociedades democráticas más justas y equitativas requiere establecer fuertes vínculos entre educación y ciudadanía que no olviden la existencia de connotaciones socioeconómicas y políticas, amén de herencias históricas  conformadoras de esos hábitos culturales profundamente limitadores cuando son portadores de aquella violencia simbólica de que se hablaba más arriba. En ese punto de confluencia de lo invisible simbólico con la visibilidad de actitudes reales que encuentran cobijo en el BOE y en otros Boletines oficiales, cobran especial relevancia  las múltiples razones que Jurjo Torres señalaba en 2006 para explicar la desmotivación del profesorado escolar y que, en buena medida, están también en la de muchos alumnos. Los lazos de las culturas escolares con la sociedad no son tan distintos de los que subyacen a los hábitos que de continuo se renuevan en el pluriforme juego de las relaciones humanas.

En consecuencia, aun suponiendo que la alusión de Forcadell valiera de poco, en la cuestión catalana lo simbólico está urgido de otros gestos políticos en que el realismo y las renuncias se encaucen al mejor fin. También es un buen pretexto para observar en qué medida las simbologías expresadas en la LOMCE como norma estrella, defienden bien la obligación del Estado de promover la universalización del derecho a la Educación sin desdoro de lo que signifique hoy que sea igualmente digna para todos. Como complemento -nada simbólico de ese análisis-, ahí está el modelo Cifuentes –continuidad del modelo Aguirre-Fígar- manteniendo en precario a la enseñanza pública mientras apunta 1000 millones para la privada y concertada en los presupuestos del año próximo. Y por si hubiera dudas acerca de que lo simbólico y lo real no se entrecruzan,  el nuevo giro que está tomando el supuesto pacto “político” –que no social- de la Subcomisión parlamentaria es un buen paradigma. Los urgidos por adivinar la buena ventura que de ahí vaya a salir,  pronto podrán advertir cómo algunas de las más significativas diferencias simbólicas y reales –vigentes en el sistema educativo de este país-  siguen vivas. ¡A dónde iríamos a parar, si no!

Manuel Menor Currás

Madrid, 13.11.2017