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miércoles, 20 de julio de 2022

Educación emocional o la conversión de los sujetos en 'empresas de sí' (Teresa García Gómez para eldiariodelaeducacion.com)

Artículo de Teresa García Gómez para eldiariodelaeducacion.com

  • Las prácticas mayoritarias que se están incorporando cada vez más en las aulas: cursos de educación emocional, de inteligencia emocional, coachingmindfulness, autoayuda, etc., contribuyen, de hecho, a una mayor psicologización de los problemas educativos y a su individualización, encubriendo las desigualdades y buscando soluciones individuales ante problemas que son contextuales y estructurales y obviando el papel que tiene en ellos la cultura escolar.
18 julio, 2022

Las políticas educativas (leyes, planes de formación del profesorado, etc.) incorporaron hace ya algunos años la “gestión emocional” como principio pedagógico. Las emociones, como si de una empresa se tratara, se dirigen, se organizan, se manejan, se administran, se orientan y con las que se realizan las diligencias oportunas para el logro de un proyecto. Este proyecto es el bienestar propio para el logro de la felicidad. Así nos lo hacen ver las propuestas y las prácticas mayoritarias que se están incorporando cada vez más en las aulas de los diferentes niveles educativos: cursos de educación emocional, de inteligencia emocional, coaching, mindfulness, autoayuda, etc. y que están siendo muy bien acogidas tanto por el alumnado como por el profesorado y por quienes se ven implicados indirectamente en ellas, como las familias y la comunidad educativa. Esta buena acogida, en gran parte, se debe: a) al empleo de un lenguaje fácilmente comprensible y de un discurso que apela al sentido común —quién no desea el bienestar de las personas o quién duda de que las técnicas de concentración y relajación ayudan a centrarse en la tarea en una sociedad acelerada y sobre-estimulada—; b) a la introducción de actividades y juegos divertidos que rompen con la rutina del trabajo escolar y relajan el clima de las aulas; y c) al ofrecimiento de una serie de técnicas que se convierten en recetas fácilmente aplicables. Son prácticas amables que parten de la idea de que el bienestar propio está en el interior de cada persona, por ello invitan a mirarse, escucharse, sentirse, indagarse y encontrarse para conocer el verdadero yo, puesto que lograr el bienestar propio es una cuestión individual, depende de uno mismo, de nuestra actitud y voluntad.

Dichas prácticas proporcionan una serie de herramientas para gestionar y controlar las emociones, clasificándolas y considerándolas en sí mismas como positivas y negativas no para atender a los hechos que las provocan y analizarlos críticamente en los contextos en los que se producen, sino para potenciar las primeras y evitar las segundas, que en el caso de no conseguirlo se diagnosticará con algún trastorno y, por tanto, tratable. Hecho que explicaría el aumento de síndromes y el número de personas diagnosticadas con alguno de ellos en estos últimos años.

Por otra parte, el conjunto de prácticas que vienen realizándose en educación emocional, inteligencia emocional, coaching y mindfulness van dirigidas al autocontrol, a la autorregulación, al autoconocimiento, al autodescubrimiento, a la autodeterminación, a la autosuficiencia, al autocultivo, a la autoconciencia y a la autorresponsabilización para el logro de los deseos y objetivos propios, convirtiendo al sujeto en empresa de sí, él es su propio proyecto, invirtiendo tiempo y esfuerzo en el desarrollo de una serie de habilidades, a través del entrenamiento constante, que formarán el capital humano para el futuro desempeño laboral. Es el entrenamiento en la institución educativa del gobierno de sí, del autogobierno, ajustando así, voluntariamente, la conducta y las expectativas a las prácticas y demandas de esta y en un futuro a las del mercado laboral sin que sea necesaria la imposición o la coacción. Es la formación de la subjetividad neoliberal, alimentando el yo, que está íntimamente ligada a la competencia del espíritu emprendedor. Es aprender a ser, un ser sujeto neoliberal o neosujeto, como lo denominan Laval y Dardot en su libro La nueva razón del mundo.

Colocan al sujeto como responsable de su estado y éxito académico, y, por ello, la mirada y la acción siempre recaen sobre él, obviando los contextos escolar, familiar, socioeconómico, político y cultural.

Prácticas que, además y como consecuencia de todo lo anterior, tal y como declaran sus defensores, tienen también como finalidad resolver problemas en el aula, previniendo o tratando estados de ansiedad, depresión y estrés, etc., y mejorar el aprendizaje y el rendimiento académico. Estos objetivos evidencian la idea de la que parten: dichos estados y el éxito escolar se deben a factores psicológicos e individuales. De ahí que coloquen al sujeto como responsable de los mismos, y, por ello, la mirada y la acción siempre recaen sobre él, obviando los contextos escolar, familiar, socioeconómico, político y cultural; en definitiva, desconsiderando las condiciones materiales de existencia de los individuos. Sirva de ejemplo las declaraciones, recogidas en un vídeo, que alumnado y profesorado de educación secundaria realizan para promocionar los supuestos beneficios del mindfulness en el aula en una conferencia dirigida a futuros y futuras docentes. Una profesora manifiesta que es muy estresante trabajar con treinta estudiantes en una clase con la competitividad que existe entre ellos y la ansiedad y el estrés que les genera los exámenes. Por otro lado, una alumna expresa haber sentido tristeza, mucha presión y estrés por las calificaciones al depender de estas su futuro. Ante los síntomas que se manifiestan en el sujeto, donde claramente la causa está en los requerimientos de las políticas educativas, en las prácticas realizadas en los centros escolares, en las expectativas familiares, etc., se recurre a la enseñanza de una serie de técnicas para la gestión del mundo afectivo y emocional con el objeto de que cada uno florezca y crezca para una mayor eficacia y rendimiento. Solo es cuestión de ejercitar una serie de habilidades para el bienestar propio, que cada persona trabaje “su interior”, sin un cuestionamiento de las circunstancias y situaciones que están produciendo dichos síntomas, como es un sistema de evaluación segregador y competitivo no centrado en la valoración de los aprendizajes sino más en la clasificación, diferenciación y jerarquización del alumnado, o para el establecimiento de rankings, o un currículum sobrecargado de contenidos que se tienen que memorizar. Y si el propio bienestar no se consigue, la responsabilidad siempre será del sujeto, pues es este quien no está gestionado bien sus sentimientos y emociones o no ha ejercitado lo suficiente ni de manera continuada; entrenamiento que, por otra parte, nunca tendrá fin porque no actúa sobre el origen de los problemas, los cuales son estructurales y no personales.

Estas acciones están contribuyendo a una mayor psicologización de los problemas educativos y a una individualización de estos, encubriendo las desigualdades y promoviendo el conformismo y la adaptación de los sujetos a las circunstancias y situaciones, buscando soluciones individuales ante problemas que son contextuales y estructurales y obviando el papel que tiene en ellos la cultura escolar.

La expansión de esta psicología para la gestión emocional en los contextos educativos tiene otras consecuencias. Entre ellas, genera una falsa conciencia al dirigir la mirada al interior ante los distintos problemas, al yo, y los problemas educativos no son de carácter psicológico, sino políticos, socioeconómicos y pedagógicos, tales como el escaso presupuesto destinado a la educación pública; la condiciones laborales del profesorado; el currículum academicista; las prácticas organizativas y de enseñanza excluyentes y reproductoras de las desigualdades sociales en relación a los géneros, la clase social y la cultura; etc.

Asimismo, refuerza y mantiene la separación de lo emocional y lo intelectual, la falsa idea de que sentimos con el corazón y pensamos con la cabeza, de ahí que prioricen las emociones. Estas en sí mismas no permitirán al alumnado entender las problemáticas de nuestro tiempo y a las que se deben enfrentar y cómo les afecta según el grupo social de origen al que pertenece si no se realizan procesos de reflexión y análisis que nos conduzcan a comprender y a buscar los modos de cómo las instituciones escolares deben abordarlas en el desarrollo de un trabajo educativo y no psicológico.

Por otra parte, implica que las instituciones educativas renuncien al desarrollo de una verdadera función educativa, una educación crítica, al apostar por una educación terapéutica y abandonar el campo de la pedagogía y de la didáctica para dar más espacio a este tipo de psicología en la educación, lo que implica renunciar a un proyecto común, no solo de escuela sino como sociedad.

Es necesario salir de uno mismo para comprender el malestar docente y el malestar del alumnado y actuar sobre las causas que los originan. Solo así se podrá contribuir a los cambios que se necesitan emprender en lo propios contextos escolares para que sus prácticas favorezcan a la democracia y a la justicia, haciendo efectivo el derecho real a la educación, no solo como acceso a las instituciones formativas sino en los mismos procesos de enseñanza-aprendizaje que en ellas se desarrollan, garantizando la equidad educativa.

domingo, 12 de diciembre de 2021

¿La meritocracia son los padres? Cómo el sistema educativo falla a las clases bajas frente a las altas (Pau Rodríguez y Victòria Oliveres para ELDIARIO.ES)

 ELDIARIO.ES publica esta noticia


El día que Mónica Martínez-Bravo, economista e hija del barrio obrero de la Prosperitat, en Barcelona, tuvo la oportunidad de pronunciar un discurso frente a un puñado de colegas y familiares, en ocasión del premio Banco Sabadell que le acababan de otorgar, decidió que hablaría de la igualdad de oportunidades. Ella, de familia humilde y doctorada por la prestigiosa universidad norteamericana MIT, parecía la prueba de que el éxito no entiende de clases sociales, sino solamente de esfuerzo y talento. Pero sus palabras fueron directas a las grietas de este relato. 


"Hay tantos instantes en mi trayectoria donde el camino se podría haber torcido que no creo que pueda considerarse representativa", leyó en la ceremonia, celebrada el 26 de septiembre en Oviedo. "A pesar del espectacular crecimiento económico español durante las últimas décadas y del acceso generalizado a la educación pública, la movilidad social sigue siendo limitada", alegó.

Producto de la escuela y de la universidad públicas, y de unos progenitores que le inculcaron la importancia de formarse, Martínez-Bravo reconoce el valor de los estudios para labrarse un futuro mejor, pero por su entorno sabe que no todo el mundo lo tiene igual de fácil en este camino, más arduo y lleno de barreras para quienes proceden de familias desfavorecidas. "No quería que mi caso se entendiese como la prueba de que existe la meritocracia", se reafirma hoy. 


El de la meritocracia es un debate recurrente en España y en todo el mundo. ¿Se ordena nuestra sociedad única y exclusivamente en base a las capacidades y calificaciones de la ciudadanía? La discusión aflora constantemente, desde el plano educativo, con el reciente ejemplo del decreto de evaluaciones de la ESO y Bachillerato, hasta el empresarial, con el nombramiento de Marta Ortega, hija de Amancio, como presidenta de Inditex.


Un ascensor con múltiples averías

La realidad de la movilidad social, sin embargo, es mucho más compleja. La literatura científica ha demostrado desde hace décadas que el nivel social y económico de las familias, reducido a veces a su código postal, es un factor clave para predecir el desempeño educativo de los hijos. Pero, aun así, los expertos consultados se muestran muy cautos a la hora de decidir si la sociedad española es o no meritocrática. "La meritocracia existe, pero está averiada. La sociología lleva años observando en la trastienda de este ideal y ha comprobado que parte de él es un decorado", sostiene José Saturnino Martínez García, sociólogo especializado en desigualdades educativas y ahora director de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa. 


Lucas Gortázar, director de investigación de 'Economic Policy & Political Economy’ de Esade, y Rafael Merino, sociólogo del Grupo de Investigación en Educación y Trabajo de la UAB, se expresan en términos parecidos. "La meritocracia es una promesa que es importante mantener, pero que está parcialmente incumplida", dice el primero. "Hace 200 años nadie de clase baja accedía a la educación superior y ahora son millones de personas", abunda. Y advierte el segundo: "A los hijos de clase baja les compensa llegar a la universidad, esto es clarísimo. Hacer un discurso de que estudiar no sirve para nada es falso y es clasista".


Pero a partir de ahí, la pregunta es si España es más o menos meritocrática que el resto de países de su entorno y si se puede identificar dónde falla el sistema, el educativo y el laboral, a la hora de garantizar igualdad real de oportunidades. Y por qué. 


Los investigadores advierten de que en el acceso al mercado laboral no existen apenas datos para evaluarlo. Pero en el sistema educativo hay unos cuantos indicadores, desde el menor acceso de las familias vulnerables a la educación infantil hasta el mayor abandono prematuro de los jóvenes de clase baja. Pero quizás el dato más sangrante es el de la repetición escolar, un fenómeno en el que España es campeona del mundo desarrollado. "La tasa de repetición se ceba con los más vulnerables más que en ningún otro país", constata Gortázar. 




La mitad –el 48,8%– de los alumnos pobres repiten curso en algún momento de su escolarización. Entre los ricos, la tasa es del 8,9%. Pero no es solamente esto. Incluso cuando dos adolescentes tienen exactamente el mismo nivel de competencias de matemáticas o de lengua, el de clase baja tiene cuatro veces más probabilidades de no pasar de curso que el de clase alta, según los resultados de PISA 2018 analizados por Save The Children (un indicador que se ha reducido respecto a los datos de 2015). 


¿Cómo es posible que esto ocurra? Además, todo parece indicar que sucede algo parecido con el abandono prematuro, que es del 3,6% entre aquellos que tienen madres universitarias y del 20% entre los que son hijos de progenitores solo con Secundaria.


Hay varias razones. Una de ellas tiene que ver con lo que Martínez García denomina "la cultura escolar". "Por ejemplo, en la disciplina, en la forma de hablar o de vestir [de los alumnos de clase baja], que no acaba de encajar con la idea de buen estudiante", esgrime Martínez García. También puede influir si uno recala en centros más conflictivos y segregados, donde el entorno a veces no anima a seguir estudiando.


Pero sobre todo tiene que ver con la capacidad de la clase medias y altas de sortear esta barrera. De evitar que sus hijos repitan. "Tienen más mecanismos para presionar a la escuela", revela Gortázar. Los padres y madres saben cómo convencer al tutor porque ellos ya pasaron antes por el instituto y saben cómo funciona. Y también pueden pagarle al hijo unas clases de refuerzo si hace falta.




Sobre este debate, el sociólogo César Rendueles publicó recientemente Contra la igualdad de oportunidades. En una entrevista en elDiario.es defendía la tesis de que el concepto de meritocracia no favorece la movilidad social, sino más bien lo contrario: legitima los privilegios de las clases adineradas, que son las que tienen el camino más despejado en los estudios y en el mundo laboral.


Los recursos de las familias, tabla de salvación

La capacidad de apoyo de las familias es decisiva para entender la falta de igualdad real de oportunidades. Martínez-Bravo lo recuerda en su paso por la universidad pública. "Yo tenía que trabajar algunos fines de semana y veranos en la cocina de un hospital, mientras otros compañeros de clase estaban haciendo prácticas en empresas de los conocidos de sus padres", afirma. Son diferencias, opina, que "no cambian radicalmente" los itinerarios, pero sí influyen. "Ni yo acabaré en un supermercado ni tú de CEO de Facebook, pero es una suma", dice.


En este sentido, la premiada tesis del joven sociólogo Carlos J. Gil Hernández, publicada en 2020 (Cracking meritocracy from the starting gate), analizaba –entre otros– los datos del sistema educativo alemán, que tiene la particularidad de separar en distintos itinerarios a los alumnos a la temprana edad de 10 años. Y descubría que, incluso a esas etapas, los niños de clase alta tenían más probabilidades de insertarse en la trayectoria académica –la considerada como mejor– incluso a igualdad de competencias y conocimientos que los de familias más pobres.


Su trabajo citaba también el estudio, ya en 1968, de William Sewell y Vimal Shah, que detectó esa brecha en el acceso a la universidad. Hace medio siglo, el 58% de los niños americanos con bajo coeficiente intelectual y padres formados accedían a hacer una carrera, mientras el porcentaje para los hijos de familias sin estudios era del 9,3%. 


Quienes trataron de radiografiar algo parecido fueron los sociólogos Fabrizio Bernardi y Héctor Cebolla en un estudio publicado en 2014. A partir de una encuesta del CIS a la población nacida con posterioridad a 1976, analizaron sus respuestas sobre las notas que recordaban haber obtenido en su día en clase y si cursaron o no posteriormente estudios superiores. 


Entre los hijos de trabajadores manuales de baja calificación que recordaban haber sacado buena nota, el 75% cursó estudios superiores, un porcentaje que superaba el 95% en las capas altas de la sociedad. En el otro extremo, con los que habían sacado malos resultados, poco más del 10% de los de clase trabajadora hacía el salto a los estudios superiores, mientas que entre los altos directivos eran más del 65% (no así entre capas medias, donde el porcentaje quedaba por debajo del 50%). Pese a tener el mismo nivel académico, la brecha era más que notable.




Nuevamente, el gráfico muestra que los hijos de clase alta pueden corregir a menudo su falta de nivel. Es lo que Martínez García denomina el 'efecto Froilán'. "En cualquier familia de clase media o baja, él no hubiese acabado la ESO. Pero lo mandaron a Estados Unidos pagando miles de euros, volvió con el Bachillerato acabado e ingresó en una universidad americana en Madrid", detalla. En términos sociológicos es una anécdota, matiza, pero sirve para comprender la existencia de este "suelo de cristal".


Pero la encuesta muestra también otra cara de esta misma realidad, como recuerda su autor Héctor Cebolla, y es que las notas escolares importan. Y mucho. Un muy buen estudiante hijo de trabajador manual tiene más probabilidades de acceder a estudios superiores que los de buena familia que sacan malas notas o incluso regulares. El problema, de nuevo, es que el acceso a estos méritos, a las notas excelentes, es más difícil para los de entorno desfavorecido. 


"La meritocracia, como todo en la vida, está obstaculizada por las desigualdades tempranas que se manifiestan ya desde la forma en que la gente cría a sus hijos", sostiene este doctor por la Universidad de Oxford especializado en desigualdades educativas. Solo el 25% del rendimiento escolar se explica por el efecto de la escuela, argumenta este sociólogo, que ocupa actualmente el cargo de director general de Innovación y Estrategia Social en el Ayuntamiento de Madrid. Añade en este sentido que la forma de corregir las desigualdades educativas es eliminar las de carácter social. "Si el sistema educativo finlandés absorbe menos desigualdad que el español es porque el país es menos desigual", argumenta.




Pese a ello, Merino, de la UAB, no solo sostiene que la escuela sí tiene un efecto determinante, sino que defiende que la existencia de centros educativos segregados es uno de los factores "clave" para entender los fallos de la igualdad de oportunidades. "Estas escuelas acaban bajando el nivel de exigencia, porque les cuesta más gestionar las clases, y para mí este es el origen del problema", valora. En estos centros, que suelen ser mayoritariamente públicos, "se genera un círculo bastante vicioso, en el que el entorno de los jóvenes tiene pocas expectativas y la escuela o el instituto las refuerzan", añade. Y concluye que ninguna Administración educativa está llevando a cabo políticas ambiciosas para corregirlo.


Los factores que operan en el mercado laboral

Al salir del sistema educativo y académico, el rastro de la meritocracia es mucho más complicado de seguir a partir de los datos. Saber cómo influye el origen social a la hora de lograr los mejores contratos, de convencer a tus jefes y de poder escalar lo más rápido a los puestos directivos es complicado de cuantificar. Los expertos consultados advierten de la importancia de los contactos que uno tenga para entrar en determinados empleos. Pero operan otros factores, como las habilidades sociales o el miedo al fracaso, que de nuevo favorecen a quienes tienen más y perjudican a quienes tienen menos. 


Sobre esto opina la economista e investigadora ICREA Caterina Calsamiglia. "Esta idea de que el error forma parte del aprendizaje es un lujo. Eso lo dicen los que están suficientemente tranquilos y confiados de que el sistema les permitirá corregirlo o fracasar temporalmente", expresa, en referencia, sobre todo, al entorno laboral. "Igual que decir que el fracaso forma parte del progreso y que es necesario para triunfar". 


Montar una empresa y no tener éxito no tiene el mismo coste para quien sabe que sus padres le van a rescatar que para quien puede acabar desahuciado. Pero no hacen falta casos tan extremos. Dejar el trabajo durante un año para cursar un master o para estudiar inglés y mejorar el currículum puede ser otro ejemplo. En las transiciones educativas, esta "aversión al riesgo" está estudiada, observa Merino. Los jóvenes de bajo nivel socioeconómico suelen optar por carreras más cortas y que creen más accesibles y con salidas laborales claras. "El coste que supone mantener años de formación en términos relativos es mucho más grande para la gente de clase baja, con lo que muchos aseguran el tiro", resume Merino, que aun así añade para el análisis que la opción mayoritaria para el perfil de buenos alumnos de familia humilde cuando acaban la ESO sigue siendo cursar el Bachillerato.


Para Gortázar, de hecho, el análisis sobre la meritocracia en España debe ir "inequívocamente unido al funcionamiento del mercado laboral", a si permite o no la movilidad. Y aquí ve necesario destacar el problema del elevado paro estructural, unido a una "alta temporalidad", que hace que se cree una bolsa de "perdedores del sistema". "Si tienes un país donde todo el mundo accede a estudios medios y superiores, no hay trabajadores de tercera, sino, como mucho, de segunda y de primera", sostiene, y añade la ausencia de una apuesta por la FP como una de las causas. Calsamiglia, por su parte, también argumenta que las sociedades con menos diferencias sociales y salariales tienden a ser más meritocráticas.


"Los países con mejor ascensor social, como los del norte de Europa, son los menos desiguales. Porque si no hay grandes diferencias, los padres de clase alta se relajan, porque ya les parece bien que su hijo acabe en un puesto u otro. Pero si las diferencias son enormes y hay que seleccionar a ganadores y perdedores, entonces es más difícil que exista el ascenso social, porque las familias favorecidas van a aprovechar su poder para asegurase de que sus descendientes no caigan", resume esta economista. 

sábado, 4 de septiembre de 2021

La reforma universitaria apuesta por la discriminación positiva para sumar mujeres a la docencia y la investigación (Daniel Sánchez Caballero para ELDIARIO.ES)

 ELDIARIO.ES publica esta información

Veinte años después, España va a reformar la Universidad. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes en primera lectura el anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), con lo que el Gobierno da el primer paso para aprobar esta ley, que aún debe pasar un largo trámite.

El texto presentado por el ministro Manuel Castells incluye medidas nuevas y otras ya aprobadas a lo largo de la legislatura en distintos reales decretos. La ley tiene cuatro objetivos, según ha desgranado el responsable de Universidades en rueda de prensa tras el Consejo y se lee en las primeras páginas del borrador: "impulsar una Universidad de calidad, accesible, equitativa e internacionalizada"; "promover una Universidad productora de conocimiento, que esté al servicio de la sociedad y contribuya al desarrollo económico sostenible"; "garantizar que los recursos humanos y financieros del sistema universitario son adecuados y suficientes"; y "asegurar una Universidad autónoma, democrática y participativa, que constituya un espacio de libertad, de debate cultural y de desarrollo personal".

Más concretamente, la futura LOSU pretende –modificaciones en el Parlamento mediante– acabar o al menos paliar la precariedad docente que asola a la Universidad, establece medidas de discriminación positiva para favorecer el acceso de las mujeres a las plazas (también de los hombres, si están en minoría en un departamento concreto), se busca aumentar la calidad docente, mejorar la financiación de los centros de manera estable o modificar los requisitos para ser rector, entre otras medidas.

"Las universidades se rigen por una ley orgánica de hace 20 años, siendo que ha habido grandes cambios en el mundo y además dos grandes crisis económicas que han golpeado a las universidades públicas", ha justificado Castells la necesidad de esta norma. Y, poniéndose quizá la venda antes de la herida, ha añadido que la ley "respeta escrupulosamente las competencias autonómicas y la autonomía de las universidades".

Precariedad laboral

No es el primer objetivo de la ley –si es que los cuatro objetivos tienen un orden de prioridad–, pero probablemente esté entre los más urgentes. El ministro Castells es consciente de la precariedad que campa por muchos campus en los últimos años. Fue el primer titular que dio cuando tomó posesión del cargo y lo reitera habitualmente. "Las limitaciones presupuestarias y las tasas de reposición (...) han provocado situaciones de precarización, un excesivo envejecimiento de las plantillas y otras disfunciones que, en conjunto, han aumentado las desigualdades sociales y han puesto en riesgo la sostenibilidad, el acceso igualitario y la calidad del sistema universitario", admite la nota de prensa que ha enviado el ministerio este martes.

La situación es que más de la mitad de las universidades incumple la ley en materia de contrataciones por exceso de personal temporal. La figura del profesor asociado, docentes a cinco euros la hora, se ha exprimido hasta alcanzar el 40% en algunos centros ante la imposibilidad de contratar profesores de pleno derecho. De media, uno de cada tres docentes universitarios tiene uno de estos contratos.

Para corregir esta situación, la nueva LOSU reduce del actual 40% al 20% el máximo de contratos temporales que puede tener una universidad a la vez que aumenta del 51% al 55% el porcentaje de funcionarios. Para los asociados con el título de doctor y cinco años de relación con su universidad se reservará el 15% de las plazas convocadas. Los que no tengan la tesis leída podrán acceder a unos contratos de Profesor Contratado No Doctor.

El texto trata de poner coto a los conocidos como "falsos asociados" (esos profesores que no tienen otra actividad profesional, como en teoría exige la ley) exigiendo que puedan acreditar tener otro trabajo y poniendo un límite a su práctica docente en el caso de que lo pierdan. Se trata de esta manera de evitar que haya personas que tengan la docencia con un contrato de profesor asociado como forma principal de vida, algo para lo que estos contratos no están pensados y que sucede habitualmente ahora.
Profesor distinguido, una nueva figura

La LOSU crea una nueva figura universitaria, la del Profesor Distinguido. Por esta figura, las universidades podrán "contratar bajo esta modalidad a docentes e investigadoras e investigadores, tanto españoles como extranjeros, que estén desarrollando su carrera académica o investigadora en el extranjero, y cuya excelencia científica, tecnológica, humanística o artística sea reconocida internacionalmente".

Este tipo de contrato que suena similar al del profesor visitante, otro coladero de docentes durante las crisis por tener un carácter discrecional. Para estos, la nueva ley se limita a estipular que puedan "contribuir significativamente al desempeño del departamento o facultad", y pone un año como duración máxima de sus contratos (ahora son dos). Los Distinguidos podrán estar entre uno y tres (excepcionalmente cuatro).

Además, el ministerio crea unas figuras laborales equivalentes al profesor ayudante doctor, titular y catedrático, a las que se accederá por concurso público.
La endogamia

Además, el borrador pretende combatir la endogamia imperante en los campus (más del 70% del profesorado trabaja en la misma universidad en la que leyó la tesis) cambiando las comisiones de selecciones que otorgan las plazas que salen a concurso: se invertirán las mayorías para que haya más personal ajeno a la universidad, que será elegido por sorteo a partir de una bolsa.

Para reforzar esta lucha contra la endogamia, el anteproyecto también contempla que cada convocatoria de plazas que realicen las universidades "deberá ser publicada en el Boletín Oficial del Estado, en el diario oficial de la Comunidad Autónoma correspondiente, así como en una base de datos pública de concursos de personal docente e investigador del Ministerio de Universidades" para que todas las personas interesadas puedan presentarse a esa plaza. Actualmente se dan casos en los que no se publicita una plaza más allá del tablón de anuncios de la Facultad en cuestión para evitar que se presente mucha gente.

Una financiación mínima

Uno de los aspectos clave de la ley. Las dos crisis económicas que ha pasado España (y el mundo) en lo que va de siglo ha dejado a la Universidad temblando. La propia ley recoge algunos datos al respecto: entre 2009 y 2018, el gasto en educación universitaria se redujo un 10%, el doble que el gasto general educativo y tres veces más que el gasto en educación no universitaria. La media de la inversión en educación universitaria osciló en dicho período entre un 0,8% y un 0,9% del PIB, pese a que determinadas comunidades autónomas tuvieron una inversión mayor.

El ministerio fija ahora en la ley que el gasto público para la financiación del sistema universitario debe ser como mínimo del 1% del PIB en los próximos diez años, dentro del compromiso global del Gobierno de que el gasto educativo total alcance el 5%. Ambas cifras sufren en la comparación con el entorno: la media europea en educación universitaria está en el 1,22% del PIB y aunque la general está hoy en el 4,7%, los países nórdicos, referentes educativos europeos, rozan el 7%.

Además, el texto da respuesta, en principio, a una de las reivindicaciones de los rectores: una financiación a medio plazo que no dependa de los vaivenes políticos o financieros. "Se establece la programación plurianual de sus presupuestos mediante un modelo que debe incluir tres ejes: la financiación estructural, que garantice recursos suficientes para los gastos corrientes; la financiación por objetivos, en función del cumplimiento de determinados hitos de carácter estratégico; y la financiación por necesidades singulares, que cubra gastos en los que incurren algunas universidades por sus características específicas, como la insularidad, la dispersión territorial y su presencia en el medio rural", describe el texto.
Acción positiva para la mujer

Uno de los aspectos en los que más ha insistido Castells durante la rueda de prensa y que aparece a lo largo de todo el texto: "La construcción de una Universidad equitativa impregna el contenido de toda la Ley, en particular, en lo referido al principio de no discriminación por cualquier circunstancia y a la igualdad de derechos entre mujeres y hombres".

Fuente: Ministerio de Educación

Made with Flourish

En concreto, la ley recuerda que las universidades deben tener unidades de igualdad y planes de igualdad de género en política universitaria y en recursos humanos, así como un protocolo contra el acoso sexual (algunas de estas medidas ya eran obligatorias). También se establece la creación de un registro retributivo de todo el personal para "identificar y combatir la brecha salarial".
Más adelante, el artículo 52 establece que "se podrá establecer medidas de acción positiva en los concursos de acceso a plazas de personal docente e investigador funcionario y contratado para favorecer el acceso de las mujeres", aunque en el siguiente punto del mismo artículo abre el arco y explica que "se podrá establecer reservas y preferencias en las condiciones de contratación de modo que, en igualdad de condiciones de idoneidad, tengan preferencia para ser contratadas las personas del sexo menos representado en el cuerpo docente o categoría de que se trate". La ley solo menciona específicamente a las mujeres, pero abre la puerta a un tratamiento positivo para hombres según las circunstancias.

El texto también estipula que "en el ámbito de la investigación, se impulsará la reducción de las diferencias de género en las vocaciones científicas y se promoverán proyectos científicos con perspectiva de género, así como la paridad en los equipos de investigación y el aumento de mujeres como investigadoras principales". A este respecto, la ANECA, la agencia evaluadora de la calidad del sistema, realizó hace unos meses un proyecto piloto sobre sexenios de transferencia que confirmó la brecha de género que existe en este campo.

En este mismo sentido, con la nueva LOSE "se asegura la composición equilibrada entre mujeres y hombres de las comisiones de evaluación o selección".

Fomentar la calidad docente

"Es una contradicción de que paguen por enseñar pero promocionen por investigar", ha observado Castells durante la rueda de prensa, en alusión a que en teoría la principal ocupación del personal docente investigador (PDI) es dar clase, pero obtiene mejoras en su estatus laboral investigando a través de los sexenios investigadores. En la docencia solo se tiene en cuenta la acumulación de años a través de los quinquenios, que se traducen en pequeños pluses económicos, pero nada más.

La LOSU –esto ya lo había adelantado hace meses el ministro– quiere reforzar el perfil docente de muchos trabajadores universitarios, para lo que incluye la creación de un sexenio docente, e incluye la evaluación de los méritos docentes, además de los investigadores, a la hora de otorgar las acreditaciones imprescindibles para ejercer. Para la regulación de estas acreditaciones el borrador se remite a un futuro real decreto aún inexistente.
Los estudios

El Ministerio ha destacado que la tasa de abandono de los estudiantes es "elevada", alcanzando el 21%. Además, ha señalado Castells, solo uno de cada tres universitarios (36%) finaliza sus estudios en el tiempo teóricamente asignado a sus programas. Para mejorar estos datos, y la empleabilidad de los estudiantes, el anteproyecto de LOSU consolida la estructura de grado-máster-doctorado y regula la posibilidad de que las dos primeras etapas puedan incluir una mención dual (que el proyecto formativo se complemente en otra entidad, sea una empresa o una organización social, entre otras) o que se puedan ofrecer grados "con itinerario abierto" para cursar asignaturas de otros títulos oficiales del mismo ámbito de conocimiento, según establece el artículo 10.

También, como parte de la estrategia de internacionalización de las universidades, se anima a los centros a "la creación de títulos y programas conjuntos [con universidades extranjeras y a] la elaboración de títulos y programas conjuntos que incorporen el uso de idiomas extranjeros".
Los profesores titulares podrán ser rectores

Una de las principales novedades de la reforma, tenga más o menos efecto real: la nueva LOSU eliminará el actual requisito de ser catedrático para llegar al rectorado de una universidad. Castells cambia el rango por méritos, según él mismo ha explicado. Si la norma se aprueba sin cambios en este apartado, para ser rector será necesario ser funcionario y sumar tres sexenios de investigación, tres quinquenios de docencia y "cuatro años de experiencia de gestión universitaria en un cargo unipersonal". Los mandatos durarán seis años improrrogables, lo cual también es nuevo.

Además, se establecen dos sistemas de elección a rector entre los que tendrá que elegir el claustro de cada centro. El primero es el actual, elecciones mediante. El segundo, nuevo, "en el caso de que así lo recojan los estatutos de la universidad, esta podrá contar con un órgano específico de elección del Rector o Rectora", según se lee en el documento. El artículo 28 del texto elabora después que este órgano tendrá un 50% de PDI, 10% de estudiantado, 10% de personal técnico o de gestión y administración de servicios y un 30% de "personas externas a la universidad de reconocido prestigio académico, cultural, social, empresarial o institucional locales, nacionales o internacionales".

El proceso de selección se parece a uno laboral. "El procedimiento de elección implicará un concurso abierto en el que se valorará el currículum, incluidos méritos académicos, de investigación, de gestión y profesionales, y el proyecto institucional de universidad que presenten los candidatos o candidatas, además de la realización de las correspondientes entrevistas", especifica el texto. Harán falta la mitad más uno de los votos en primera votación o mayoría simple entre dos candidatos en segunda.
La investigación

Que las universidades investiguen es una de las obsesiones del ministro, que a menudo repite que "sin investigación no hay universidad". Para ello, asienta en la LOSU lo que ya introdujo en su real decreto de creación de centros, y cada universidad deberá dedicar a la I+D+i al menos el 5% de su presupuesto. También obligará al profesorado a realizar la triple función que se le supone: docencia, investigación y transferencia de conocimiento. Esto se logrará estableciendo horquillas mínimas y máximas del régimen de dedicación docente del profesorado.

Ahondando en este concepto, el artículo 58 del texto establece que en las convocatorias de plazas "las universidades reservarán, en cómputo anual, un mínimo del 15% del total de plazas que oferten para los cuerpos docentes de Universidad y el profesorado contratado permanente, para la incorporación de personal investigador doctor que haya finalizado programas de excelencia, autonómicos, nacionales e internacionales, y que hayan obtenido el certificado I3".

viernes, 16 de julio de 2021

Los otros estudiantes sobresalientes o cuando el mérito no solo está en la nota (Pau Rodríguez para ELDIARIO.ES)

 Reproducimos este artículo de ELDIARIO.ES


La excelencia académica, encarnada históricamente en los mejores alumnos de Selectividad, eclipsa otras trayectorias destacadas: desde los que se reenganchan tras abandonar a los que hacen posible la convivencia. Estas son sus historias

Durante años ha sido una suerte de ritual mediático. Salen las notas de las pruebas de acceso a la Universidad y las teles y periódicos corren a entrevistar a aquellos jóvenes que han sacado la mejor calificación de su comunidad, de su provincia… El 9,8, el 9,9. Desde que la Selectividad pasó a ser la EBAU, con su fase voluntaria y sus ponderaciones, la tradición ha perdido algo de fuerza, pero sigue vigente. Es el merecido momento de fama de los alumnos excelentes, el aplauso social a unas trayectorias que rozan la perfección. Pero, ¿son estas las únicas que merecen una portada?


¿Qué debería cotizar mejor en el mercado de los reconocimientos públicos? ¿Un alumno que saca un 10 en Bachillerato como lo viene haciendo desde que tiene conciencia académica o uno que obtiene un notable tras repetir curso, abandonar y luego reengancharse? ¿Tiene el mismo mérito sacar buena nota con o sin el apoyo de la familia? ¿O sin hablar bien el idioma? ¿Es mejor estudiante quien brilla en las calificaciones o quien logra ser referente para los que vienen detrás?



Una vez más, es el viejo –y sobre todo falso– dilema entre la excelencia y la equidad. Ambos perfiles son valiosos para un sistema educativo que sienta cada año a más de 200.000 alumnos frente a los exámenes de acceso a la universidad en toda España, pero que tiene en el abandono prematuro, la segregación o el acoso escolar sus principales asignaturas pendientes.

ElDiario.es ha charlado durante el mes de junio, antes y después de los exámenes, con seis jóvenes que son un ejemplo de estos méritos alternativos. Completaron el Bachillerato tras unos itinerarios formativos con más obstáculos que el resto. Han sido el orgullo de sus tutores. La mayoría son los primeros de su familia que se sentarán en un aula universitaria. Y coinciden también en otro denominador común: muchos han sufrido episodios recientes de ansiedad, algo cada vez más extendido en una generación que ya veía con inquietud su futuro incluso antes de que llegase la COVID-19.
Con los apuntes bajo el mostrador

En septiembre de 2019, cuando Andrea Lozano decidió probar suerte en Bachillerato tras haber abandonado los estudios años antes, el despertador empezó a sonar en su casa de Granollers a las 5.30 horas. A las 6.50 cogía el tren para llegar a tiempo el Instituto Pablo Ruiz Picasso, de Barcelona, donde cursaba la rama de Artístico. Hacía solo cinco horas de clase, no seis como el resto, porque tenía que volver a coger el ferrocarril para llegar a tiempo para su turno en la fábrica Bimbo, a las 15.00. Allí trabajaba hasta las 23.00. "Al menos me quedaba al lado de casa", explica. Al tener su puesto de empleo en el mostrador, aprovechaba cuando no había clientes para estudiar para los exámenes.

Andrea ha concluido el Bachillerato con un 6,44 y ha obtenido un 6,9 en la EBAU –solo se presentó a una de las asignaturas específicas–, lo que le valdrá para entrar en Filología Hispánica en la Universitat de Barcelona (UB). "Me esperaba peor nota, pero estoy contenta. Estoy satisfecha porque lo he hecho a pesar de que todos me dijeron que no podría", se desahogaba esta joven de 21 años, en referencia sobre todo a su antiguo instituto, sentada sobre uno de los pupitres de su aula del Pablo Ruiz Picasso. Aquí, añade, le pusieron "muchas más facilidades" para compaginar estudios y trabajo y sacarse el título.

A un verano de por medio de iniciar el curso universitario, Andrea explica que nunca fue una buena estudiante. No al menos según los cánones tradicionales. "Lo de memorizar y luego expulsarlo todo siempre me costó mucho", reconoce.

En tercero de la ESO, le hicieron repetir curso, una medida muy habitual en España –el 28% repite en algún momento, una tasa muy por encima de la media europea–. A ella, aquello la hundió. "Soy muy tímida y perder mi grupo de gente me generó mucha ansiedad. Desde entonces he sufrido agorafobia y ataques de pánico", lamenta. A partir de ese año, lo único que deseó fue acabar, marcharse del instituto. "Así que cuando me saqué la ESO con un cinco pelado, me fui", relata esta estudiante.

En los años sucesivos, Andrea trabajó en fábricas, de comercial, en tiendas… Y pasó sin demasiado interés por un grado de Formación Profesional (FP) de Peluquería. Tampoco ayudó que en casa –madre limpiadora de hospital jubilada, padre transportista– no sobrase el dinero. Había que trabajar sí o sí. Hasta que un día su novia, con una vida académica mucho más programada, la convenció para retomar los estudios. Optó por el Bachillerato Artístico porque siempre le apasionó dibujar, explica. Le permite plasmar en sus obras sus miedos.

En su primer trimestre de Bachillerato, que compaginó con el trabajo, suspendió media docena de asignaturas. Pero poco a poco logró mejorar. Ahora, echando la vista atrás, concluye: "Lo que te puedan decir los profesores, que son quienes te evalúan y a quien deberías admirar, genera muchas expectativas. Como te lo diría: para mí la repetición fue demasiado".
Problemas en casa de un futuro médico

Nicolás Moya, alumno del Instituto María Guerrero de Collado Villalba, en Madrid, tampoco pensó que pudiese sacarse el Bachillerato como ha hecho –y con un 8,6–, pero es que hubo un tiempo en que ni siquiera se veía con el título de la ESO. Nacido en Chile y crecido en una familia con muchos problemas, durante su etapa en Secundaria faltaba a clase varios días a la semana. "Llegué a acumular 150 ausencias en un año. Cuando iba a los exámenes aprobaba, pero suspendía por las faltas", explica. En Segundo de ESO repitió curso y ya entonces le recomendaron que optase por hacer una FP Básica.

"Pensé en mi futuro y me dije que era lo mejor, que no tenía opción", rememora este joven de 19 años. Pese a la indiferencia con la que entró en este itinerario, Nicolás tiene un buen recuerdo de la FP y de sus profesores. No quiere desmerecer un tipo de formación que precisamente necesita todavía un impulso en España. "Me fue bien. Y no es que no me gustara, pero empecé a darme cuenta de que lo que a mí me interesaba era la Física, y que por lo tanto tenía que intentar el Bachillerato”, explica. Antes de dar el salto le pidió libros y apuntes de Matemáticas y otras materias clave a una amiga suya y empezó a estudiar por su cuenta.

Así comenzó ya con buenas notas en Física y Química, pero con unos suspensos en Lengua en Primero que ha ido corrigiendo hasta alcanzar al final de la etapa el notable. "El salto ha sido bastante grande”, celebra.

Por el camino, decidió que lo que quería hacer era Medicina. Pero el destino le reservó todavía un último sobresalto antes de la EBAU. Debido a la desatención que sufrió durante años en casa, nunca tramitaron sus papeles de residencia, y se encontró en mayo con que no aceptaban su solicitud para hacer las pruebas. "Me desmotivé muchísimo, dejé de estudiar", recuerda. Pero con la ayuda de su tutora escribió una carta a la Administración y al final le dejaron presentarse a la espera de resolver su situación administrativa.

Ha sacado todo un 11,94. No le da para entrar en Medicina, por eso explica que buscará una FP vinculada a este ámbito y quizás lo vuelva a intentar más adelante.
Un referente para las más pequeñas

La vida escolar de Saray Díaz Jiménez y Maroua Hamaden, de 17 y 18 años respectivamente, tiene muchos puntos en común. No solo porque han cursado el Bachillerato en el instituto público Gran Vía de Alicante, sino porque pese a ser académicamente excelentes también sintieron en algún momento de su trayectoria que no iban a poder. Que no estarían a la altura. Pero acabadas las clases, a punto de dar el salto a la universidad, ahora también comparten haber charlado hace unas semanas con el conseller de Educación de la Comunidad Valenciana, Vicent Marzà, por haberse convertido en lo más parecido a un referente para los demás alumnos de su centro. Sobre todo las chicas que empiezan la ESO y que son gitanas, como Saray, o árabes, como Maroua.




"En el instituto hay chicas que van diciendo que quieren estudiar como yo o como Saray. La verdad es que es satisfactorio, pero resulta un poco extraño", reconoce Maroua, a la que se le intuye una sonrisa al otro lado del teléfono. Del global de Bachillerato ha obtenido un 9 y de la EBAU, un 10,62, con lo que si todo va bien –dice– podrá cursar el doble grado de Derecho y Administración y Dirección de Empresas (DADE) en la Universidad de Alicante.

Maoura llegó a los 13 años a España desde Argelia con su hermana, para juntarse con su padre y su madre, que habían emigrado antes para buscar trabajo. En su país cursaba Segundo, pero la bajaron a Primero de la ESO y estuvo inicialmente en el programa de acogida. "Yo era una buena estudiante, pero tenía mucho miedo de no estar a la altura. Saqué algunas malas notas, pero cuando vi que empezaba a rendir bien en Matemáticas, donde no se necesita tanto el idioma, me di cuenta de que era eso", explica.

A Saray, por su parte, perteneciente a ese 2% de jóvenes gitanos que va a la universidad, el bache le llegó más tarde. Fue por culpa de la pandemia. Se murieron dos familiares suyos y especialmente la muerte de una tía de su padre la afectó mucho. A mediados de marzo tuvo que ingresar en el hospital porque se le habían adormecido las piernas. "No me las sentía. Mis padres se asustaron mucho, pero ya en el hospital me dijeron que había sido una crisis de ansiedad", explica. "Supongo que lo tenía acumulado", añade.

Perdió una semana de clases y, explica, se llegó a plantear si debía acabar el curso. Pero tuvo la suerte de tener a una familia detrás que la apoyó, algo que no siempre pasa en un colectivo como el gitano, inmerso a menudo en contextos de pobreza que lo dificultan. En el caso de Saray, no es la primera de la familia que cursará estudios superiores. "En mi entorno nunca he visto a familias que les digan a sus hijos que no estudien, de estos casos ya quedan pocos, pero sí que es cierto que ves a muchos compañeros caer porque les falta el respaldo en casa", expone. Con un 11.06 de la EBAU, Saray cursará el grado Educación Infantil.
La mediadora del Instituto Vallvera

A Dounia Bounouh, de 18 años, también se la puede considerar un modelo a seguir. De hecho, lo ha sido literalmente con su participación en el Fòrum d’Estudiants de Salt (Girona), un foro de estudiantes que precisamente se dedica a dar charlas a alumnos sobre las posibilidades en la educación superior de los hijos e hijas de este municipio, uno de los más pobres y con más inmigración de la provincia.

Como estudiante, ella se define a si misma como una "hormiguita". La nota que le ha quedado tras la Selectividad es un 8. "Siempre he ido avanzando poco a poco hasta llegar a arriba del todo. No he destacado por mis notas, pero tampoco he sido mala estudiante", resume. No obstante, sus profesores destacan de ella un elemento que difícilmente puede aparecer en un expediente académico: ha sido una de las alumnas que durante más tiempo –cuatro años– ha integrado la unidad de mediación del instituto, clave para evitar conflictos en un centro con más de 1.000 alumnos.

"El gran objetivo de la mediación siempre era evitar esa frase del 'nos vemos fuera a las 15.00'", explica Dounia. El enunciado que anticipa las peleas callejeras desde hace décadas. En más de una ocasión tuvo que reconducir peleas físicas hacia espacios de diálogo. "Es complicado, por decirlo de alguna forma, pero lo principal era que no se repitiese el problema", describe. Esta joven tiene muy claro que sin un clima amable, que ahogue las hostilidades, de nada sirve a menudo tener grandes docentes o proyectos pedagógicos. "Un instituto puede llegar a ser un sitio insoportable; si pierdes el punto de partida, que es la convivencia, es imposible hablar, imposible aprender", argumenta.
El bloqueo frente a los exámenes

A Rubén Cortés, de 18 años, nunca le han ido mal los estudios. Más bien al contrario. De pequeño en Primaria, le diagnosticaron Trastorno del Espectro Autista (TEA), un síndrome que le dificulta la socialización con los compañeros, pero que no le ha impedido sacar excelentes a menudo. "Sobre todo en algunas materias, como por ejemplo Matemáticas, creo que incluso me ha beneficiado, porque tengo más capacidad analítica", contempla este estudiante.

Pero uno de los grandes inconvenientes que tiene es que se bloquea en los exámenes. Y en un sistema educativo en el que todavía hay que enfrentarse a decenas de ellos cada año, sobre todo a medida que uno se hace mayor, esto puede ser un problema importante. "Me colapso, no se por qué. Me cuesta concentrarme hasta el punto de que tengo que dejar de hacerlo", explica. Más de una vez ha tenido que aplazarlos de un día para otro debido a este motivo.

Días antes de la EBAU, sus profesores del Institut Can Mas, en Ripollet (Barcelona), comentaban: "Si logra no colapsarse, será un éxito". Y así lo vivió él. A los alumnos con TEA, de hecho, se les permiten 30 minutos más para finalizar. Y Rubén explicaba tras los exámenes que había estado "mucho más relajado que en los exámenes de Bachillerato". Pero la nota le ha dejado no ya descolocado, sino convencido de que ha habido un error. El día que salieron las calificaciones atendió a este diario por teléfono y explicó que estaba en el instituto convencido para pedir revisión. Le dieron un suspenso en todas las materias, con una nota máxima de 4,5, incluso en aquellas que son su talismán. "Alguien tiene que haberse equivocado", insistía, consciente de que una prueba puede ir peor de lo que uno se imagina, pero no tanto ni en todas las asignaturas. Ahora confía en que se resuelva.

martes, 29 de junio de 2021

Mascarillas (Manuel Menor)

 Otras mascarillas tras la COVID-19

¿El esfuerzo de los docentes y sanitarios en los meses de pandemia volverá a ningunearse con decisiones que  propicien su precariedad? 

El solsticio de verano es una posición del Hemisferio Norte respecto al Sol en que proliferan los rituales festivos, las hogueras de San Juan y el recuerdo de tradiciones milenarias que tratan de reconciliarnos con una armonía de la Naturaleza que no controlamos. Este año, en muchos lugares esta tradición ha tenido restricciones a causa de la pandemia, por más que acaba de cesar la obligatoriedad de las mascarillas en espacios exteriores y la cifra de vacunados supera los 15 millones. Por fortuna, el descontrol de la Naturaleza ha hecho que invocáramos más a la Ciencia; el que “inventen ellos” parecía reivindicar como propia  la contemplación, pero este año se ha reclamado una inversión sistemática para depender menos de los inventos que la ignorancia no remedia; las vacunas de la Covid-19 lo han evidenciado. 

Este San Juan nos ha evidenciado también un gran desajuste con el pacto constitucional que venía rigiendo la convivencia. De hacer caso a lo declarado por los indultados del procés, es muy probable que haya servido de poco la generosidad de este Gobierno para un “diálogo” fructífero y tranquilo. Y de atender a los tres sectores de derechas que se sientan en el Congreso, a las quejas ante los tribunales,  a la prensa amarilla, y al número que montan quienes alegan  sentirse humillados y ofendidos, parece que  el panorama político se inclina hacia la frustración. A este amplio grupo de supuestos afectados, no les vale que la cúpula empresarial, la prensa internacional más influyente o la Comisión Episcopal, hayan bendecido el expectante cambio que podrían derivarse de estos indultos. Se sienten –dicen- traicionados por un Gobierno que no tendría otra aspiración que vivir en la Moncloa, e igual que los “acusicas”, que a la mínima se “chivan” al maestro para preservar su intangibilidad, han ido a Bruselas a decir que estos chicos que gobiernan en España son tramposos de origen y merecen ser castigados no dándoles, por ejemplo, el dinero de la recuperación pospandémica. 

No se acuerdan de la leña que han echado al fuego y se hacen los indignados sin reconocer que no tienen alternativa para un conflicto tan serio. Es curioso, por otro lado, que para pintarlo, tanto los benevolentes como los indignados han recurrido al lenguaje religioso. Estos días vuelan por los aires palabras de perdón, “acto de fe”, “indulgencia plenaria”, caridad cristiana, diálogo o concordia, e Iceta dijo en el Congreso preferir el Nuevo Testamento, el del perdón. Esta recreación simbólica de la cultura hegemónica en la confesionalidad proporciona un marco recurrente para explicarse, aunque de poco valdrá si su antropología subyacente no avanza más allá; argumentos para el anatema y para el perdón no faltan en ese círculo de lo religioso, donde siempre ha habido de todo, incluso en algunas de las parábolas neotestamentarias. No debiera olvidarse que, siguiendo la dureza veterotestamentaria, judíos llegados a Palestina en 1947 no han cesado en la intolerancia en ese área;  y tampoco, que cuanto menos entendimiento mostraron nuestros antepasados, más tuvo que dibujar Castelao a Atila paseándose por Galicia en los años 30 del siglo xx, igual que Goya a comienzos del siglo xix, en un supuesto panorama de menor secularidad que el actual.

 Café para todos

Parece, pues, que haya que espabilar y no quedarse en el inmovilismo de las metáforas; la interpretación de la “unidad de España” requiere para su “utilidad pública” una flexibilidad que no tiene el nominalismo a que se la quiere reducir. Habrá que modernizar, en lealtad  con el entendimiento colectivo, ese bagaje sentimental, tan apto para no entendernos, empezando por reconocer que, incluso para los mínimos acordados en la CE78, hubo fuertes desavenencias y que, entre lo que más guerra dio, estuvo el “café para todos” de Manuel ClaveroArévalo, con  una descentralización administrativa de la territorialidad peninsular,  pretextada en la igualdad y la solidaridad, dos actitudes difíciles de aprender.

Aquellos tiempos de la Transición no fueron unánimes, pero fueron vitales para una evolución acorde con las necesidades de la convivencia y la modernidad. Desde 1978 tenemos un  modelo de Estado descentralizado que reparte los recursos para ejercer competencias en ámbitos de gran importancia para los ciudadanos, entre que sobresalen la Sanidad, la Educación o la atención a unos servicios en que tiene creciente relevancia la Dependencia de los mayores. El ejercicio diferencial de prestaciones rige desde entonces, pero una interpretación rígida del Título viii, sobre “la organización territorial del Estado”, propicia el conflicto comparativo, que no es seguro pueda evitarse del todo con fórmulas más federales, confederales o como quieran denominarse. 

En Educación, en particular, tampoco ha sido fácil el intento de armonizar un café homologable para todos; pesan las tensiones sociales, no todas de igual dimensión en cada territorio, como también lo hace el influjo diferencial de los interesados en una educación democrática y democratizadora. Las competencias educativas que, desde los años noventa, se fueron extendiendo a todas las Comunidades son formalmente las mismas, pero su desarrollo es muy distinto en unas u otras, además de que tampoco con la descentralización tienen todos necesariamente la educación que se les debe en derecho. La simetría formal se traduce a menudo en  resoluciones y resultados muy diferentes en cuanto a equidad de atención a los niños y niñas; al final, desde el valor que los ciudadanos atribuyen a la teórica proximidad de un servicio fundamental para su bienestar, pueden estarse fortaleciendo las brechas de la desigualdad: desiguales recursos, desigual atención a las necesidades reales, desigual eficiencia, y desiguales valores convivenciales a desarrollar en los centros.   

Lo legal y lo justo

Si el ejercicio competencial no es homologable en equidad, de poco nos vale que -contando solamente los diez últimos años- hayamos conseguido que la expresión “plan de estudios” aparezca 54.231 veces en el BOE, o que “interés píblico” sea mencionado 8.374 veces; no vamos a ningún lado  si en ese afán administrativista por el “dominio público” y las “concesiones”, los elásticos decretos-ley no cuidan los mimbres del bien común y la verdadera utilidad de cuanto concierne a todos. Un signo de que la precariedad democrática puede ser –como está mostrando la Covid-19- tanta o más solapada que en las viejas políticas centralistas, es que las actuales no sean homologables en equidad, como muestran reiteradamente todos los informes educativos, las reclamaciones de los sindicatos y las de las AMPAS. Una vez descubierto con la Covid-19 que la fortaleza que hayamos tenido para superar sus graves problemas ha dependido de un Estado reconvertido al  keynesianismo, mal va a casar que, en nombre de la libertad, volvamos a políticas obsesionadas por los recortes y privatizaciones, como ya se aventura en algunas comunidades para el curso entrante. Si el ejemplo dado por docentes y sanitarios en estos meses pasados se vuelve a ningunear con precariedad para los más pobres, muy grave se pondrá la cohesión unitaria. 

Está trazado el camino a recorrer y, como muestra la cuestión catalana, no va a ser fácil continuar todos unidos; 2.030 veces  ha contabilizado Eva Belmonte la palabra “indulto” en el BOE, y son muchas más las amnistías e indultos que tenemos que hacer con cuanto no hemos sabido gestionar con más respeto a las diferencias en una unidad que ha de reinventarse cada día. No son pequeños, además, los inconvenientes que ponen cuantos pelean por sostener distancias inaceptables, como pretende Orbánen Hungría en cuestiones de homofobia y educación, o sus homólogos en algunas autonomías españolas. Educar directamente para sostener la diferencia como problema ni es democrático ni inteligente: ponerse la mascarilla de lo natural para violentar la biodiversidad humana nos deshumaniza.

Manuel Menor Currás

Madrid, 26.06.2021

miércoles, 28 de abril de 2021

Solo Turquía segrega más a su alumnado pobre que la Comunidad de Madrid en toda la OCDE (Daniel Sánchez Caballero para ELDIARIO.ES)

 Reproducimos esta información de ELDIARIO.ES



Un informe de Save the Children y Esade asegura que "las políticas educativas juegan un papel esencial en la segregación escolar" y señalan los elementos que caracterizan las políticas educativas madrileñas; España es el tercer país más segregador entre los desarrollados pese a que hay regiones, como Catalunya, que la han reducido en los últimos años

Si Madrid fuera un país, solo Turquía segregaría más a su alumnado en función de su origen socioeconómico. Dicho de otra manera: la región que preside Isabel Díaz Ayuso separa (o agrupa) a su alumnado según su clase social más que ninguna otra en toda España y está entre las que más lo hacen de todo el mundo desarrollado, según el estudio elaborado por Save the Children y Esade. El informe, titulado Diversidad y libertad, reducir la segregación escolar respetando la capacidad de elección de centro, deja una pista de las posibles razones tras este dato: "Las políticas educativas juegan un papel esencial en la segregación escolar".


Esta afirmación cobra todo el sentido cuando se piensa en Madrid y se cotejan sus políticas con los elementos que, según este informe, influyen en aumentar la segregación: financiación de los centros, las cuotas de la escuela concertada, los baremos para elegir colegio o instituto, la matrícula viva o la zonificación escolar son algunos de los elementos que se señalan como decisorios. Y de ahí las grandes diferencias entre comunidades autónomas que señala el informe, elaborado a partir de datos de los exámenes internacionales PISA y TIMSS.


A España como conjunto no le va mucho mejor, en parte por los datos madrileños, que tiran de la media hacia arriba. El país es el tercero de la OCDE que más segrega, superado solo por Lituania y Turquía, añade el texto. En el otro extremo de Madrid destacan, por su menor segregación, La Rioja y Cantabria, con cifras que se quedan en la mitad de las madrileñas. También sobresale el trabajo de regiones como estas dos mencionadas o Catalunya y Asturias, que han conseguido reducir su segregación desde 2015. En Madrid, la tierra de la libertad de elección, ha subido tanto en Primaria como en Secundaria. Los pobres están cada vez más con otros pobres y los ricos, cada vez más con otros ricos.

Esta segregación no es anecdótica, dicen los autores del informe, sino que "se ha convertido en un problema cada vez mayor para la calidad, equidad y libertad de educación en España". Tampoco ha caído del cielo o simplemente se da de manera más o menos natural, por ejemplo por el mero hecho de que la distribución geográfica de la población ya la agrupa por nivel socioeconómico (barrios pudientes, barrios humildes).

El texto, elaborado por Álvaro Ferrer, especialista en equidad educativa de Save the Children, y Lucas Gortazar, director de Investigación de Esade EcPol, no se limita a describir la situación. También defienden los autores que la capacidad de elegir centro debe estar incluida en el concepto "libertad educativa", si bien añaden que para ello esa posibilidad de elección debe ser real y no sostenerse solo sobre el papel como ahora, y proponen ocho medidas para que sea posible. Algunas de ellas son: aumentar la discriminación positiva a grupos socioeconómicos en la admisión; abordar la matriculación del alumnado que se incorpora durante el curso; dotar a los centros [concertados] de financiación suficiente y control para evitar el pago de cuotas; y mejorar la oferta escolar de centros públicos, entre otras.

Este informe confirma los datos de otro, de febrero de 2018, que ya señalaba a Madrid entre las regiones más segregadoras de Europa.
La foto fija

El informe analiza la segregación en la escuela a partir de dos variables, la etapa escolar y el origen del alumnado. Y concluye que es mayor en Primaria que en Secundaria y que se da más por clase social que por origen geográfico. Casi huelga decir que Madrid lidera la segregación socioeconómica tanto en Primaria como en Secundaria, aunque queda a mitad de tabla en la que mide las diferencias por lugar de nacimiento del alumno (inmigrantes versus nacidos en el país).

En Primaria y en función del nivel socioeconómico, Madrid segrega al nivel de Lituania y por encima de España como conjunto, pero también de Francia, Chile o Portugal. Por encima solo está Turquía en todo el mundo desarrollado. El índice de Gorard en este caso, que mide la "uniformidad" del sistema, arroja un resultado de casi 0.35 para la región dirigida por Díaz Ayuso. Dicho de otra manera, el 35% de los alumnos que pertenecen al 25% más pobre de la sociedad (se ha elegido esta medida como podía haber sido cualquier otra) tendrían que cambiar de centro para que la representatividad de este colectivo concreto fuera la misma en los colegios que en la sociedad. El dato ha subido (empeorado) desde 2015, cuando estaba en 0,30.

España como país presenta un dato algo mejor, con una segregación de 0,32. Sin embargo, no le sirve mucho para bajar en esta clasificación. Nuestro país es el tercero que más segrega en Primaria, a un nivel similar al de los vecinos franceses, pero más alto que Portugal, por ejemplo, o Italia. Con los países nórdicos, en los puestos de honor de la tabla, es difícil compararse (ver gráfico).Segregación en Primaria en España y en Madrid.

En Secundaria, la estadística deja a España prácticamente en la media de la OCDE, rozando un índice de Gorard del 0,30. También a Madrid. En este caso, destacan los autores del informe, llama más la atención la amplia diferencia entre regiones, con Madrid y el País Vasco a la cabeza (correlación o causalidad, son las dos regiones que más escuela concertada tienen) y La Rioja y Cantabria a la cola. En esta etapa sobresale, al contrario que en Primaria, que la media nacional ha bajado en los últimos años (menos segregación), impulsada por la caída de Catalunya, Asturias, Canarias, Cantabria y La Rioja (ver gráfico). Como sucede en Primaria, la segregación no aumenta en función de la nacionalidad de origen del alumnado (a nivel nacional, sí ocurre en autonomías como Andalucía o Euskadi). No es, parecen apuntar esto datos, la nacionalidad; es el dinero.Segregación en Secundaria.
"Más allá de la estructura residencial"

¿Por qué se da esta segregación? ¿Cuánta culpa tiene la existencia de la red concertada, como a menudo se señala? ¿Y la mera división de los municipios en barrios más o menos acomodados? "Distintos estudios muestran que más allá de la estructura residencial de ciudades y regiones y de la doble red pública-concertada, las políticas educativas juegan un papel esencial en la segregación escolar", responde el informe.

Ferrer explica que lo primero es que el debate público está pervertido. "Creemos que en el debate que se está teniendo sobre la libertad hay que compatibilizar dos ideas: se habla de la libertad de elección de centro, un derecho reconocido, pero también debe hablarse de la libertad que da a niños y niñas tener las mismas posibilidades de elegir qué van a hacer con su vida", argumenta. Libertad de elección de centro, sí, dicen Ferrer y Gortazar. Libertad de elegir uno mismo y que la vida no elija por uno porque no ha tenido las mismas oportunidades debido a que el sistema educativo, teórico garante de ello, no ejerce, también.

Y el problema, continúa este experto, es que muchas familias realmente no eligen. "Las familias con menor nivel socioeconómico o de origen extranjero tienen menos acceso a información, porque tienen menos red social", arranca Ferrer. "Las familias autóctonas o de nivel socioeconómico más alto recurren a amigos o conocidos, también tienen menos preocupaciones en su vida como para poder dedicarle más tiempo a conocer sus centros, etc.", continúa. Además, "las familias de nivel socioeconómico más bajo priorizan la cercanía porque la lejanía tiene un coste en transporte y en conciliación. También las cuotas que se cobran en la mayoría de los centros concertados [y algunos públicos], que impiden que sean accesibles para todas las familias".
La discriminación positiva suma

Llegados a este punto, los autores del informe proponen soluciones que, en su opinión, servirían para simultáneamente "reducir la segregación escolar y respetar (e, incluso, para las más vulnerables, ampliar) la capacidad de elección de las familias". Según explica Ferrer, todas estas medidas se han probado ya en algún sitio (de España o fuera) con éxito. En cualquier caso, añade, se ofrece una batería de medidas y se anima a las administraciones a "experimentar".

La primera propuesta y quizá la más llamativa es "aumentar la discriminación positiva a grupos socioeconómicos en los baremos de admisión". España, y esto es una cuestión algo particular, no apuesta estrictamente por la zonificación escolar, explica el informe. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, hay un distrito único en toda la región. Pero, como se ha explicado anteriormente, no todas las familias tienen la misma capacidad de elección real. "En la medida en que las familias con menor nivel socioeconómico se benefician menos de la elección, tiene sentido discriminarlos positivamente en la admisión y no premiar a familias de renta alta, como se hace en algunas comunidades", escriben los investigadores.

Ferrer explica el caso de la Comunidad de Madrid. El Decreto de Libertad de Elección de 2013 introdujo un cambio en los baremos de admisión al reducir el peso de la renta como criterio e introducir el punto extra por ser familiar de antiguo alumno, junto a otro punto a discreción de la dirección del centro. "Ese fue el factor que contribuyó al aumento de la segregación por nivel socioeconómico y origen migrante y no la introducción del distrito único", aseguran los autores. Para remediarlo proponen aumentar el peso de los criterios socioeconómicos y eliminar el punto extra por antiguos alumnos o los discrecionales, que algunos centros han utilizado para favorecer a las rentas más altas.
La 'matrícula viva'

Otra propuesta de Save the Children y Esade pasa por modificar la llamada 'matrícula viva', la matriculación de alumnado –normalmente extranjero– que se produce con el curso ya en marcha y que tiende a desfavorecer a los colegios con mayor concentración de alumnado vulnerable, como demuestran los datos de Catalunya. La solución es sencilla en este caso: "Un uso inteligente de reservas de plaza y aumentos y reducciones de ratio permite gestionar equilibradamente la matrícula viva".

Una tercera propuesta atañe a la financiación de los centros, explica Ferrer. "Tanto en términos de abordar la correcta financiación de la escuela concertada como una financiación más aplicada a la situación del alumnado", sostiene. Respecto a lo primero, opinan los autores, una ajustada financiación de la escuela concertada supondría que se dejarían de cobrar las cuotas, excluyentes, y en cualquier caso se vigilaría que así fuera. Las cuotas también suelen resultar en que la infrafinanciación se convierte en sobrefinanciación, permitiendo a estos centros un aumento de recursos que se destina "a mejoras de la calidad o la diferenciación de la misma oferta escolar en un contexto de casi-mercado educativo".

Respecto a la financiación, el informe sostiene que una escuela pública con una financiación por centro más dirigida y menos generalista es capaz de reducir la segregación. "En el Reino Unido se da más recursos a los centros con más alumnado vulnerable en la escuela pública. Se ha reducido la segregación gracias a esta financiación más equitativa", ilustra Ferrer.

Además de estas, los autores proponen implementar en los centros sistemas de dobles listas de espera que discriminen por nivel socioeconómico y adjudiquen plazas en función de las vacantes; organizar (mejorar) la oferta escolar del sistema público para que sea más atractivo (comedores, aula matinal, jornada compacta); sustituir el actual mecanismo de asignación de plazas; e impulsar la red de oficinas de escolarización, información y acompañamiento para que todas las familias tengan las mismas condiciones a la hora de elegir su centro.

¿Hay alguna de estas medidas más importantes, con mejores resultados que las otras? "El problema de la segregación es muy complejo", responde Ferrer. "Por eso ofrecemos varias soluciones y animamos a las administraciones a experimentar, a probar y ver cuáles funcionan mejor. Pero todas han sido implementadas en algún sitio, de España o el extranjero, y está demostrado que funcionan", cierra.

martes, 16 de febrero de 2021

La LOMLOE: ¿un avance hacia la inclusión educativa? (Asociación Cultural Candela)

Asociación Cultural Candela publica este análisis

La LOMLOE ha traído consigo múltiples reacciones a favor y en contra, pero es infrecuente encontrar en ellas de forma transparente el diagnóstico del que parten y sus presupuestos ideológicos, es decir, el modelo de sociedad al que aspiran. Nosotros tomamos como referencia una sociedad que persigue, de forma prioritaria, lograr altos niveles de equidad social y educativa garantizando el derecho a una educación inclusiva y de calidad para toda la población sin excepción.

Esta aspiración se fundamenta jurídicamente en la Constitución Española, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, ambas proclamadas por Naciones Unidas y ratificadas por el Estado español. De acuerdo con ellas, todas las personas tienen derecho a educarse en escuelas comunes y a recibir en estas los apoyos y ajustes razonables que necesiten. También partimos de un planteamiento claro respecto a la libertad educativa, que consideramos irrenunciable y a nuestro juicio consiste en que el origen y el contexto social de la niña y el niño no restrinjan sus opciones vitales. Es función ineludible del sistema educativo promover contextos educativos adecuados y con recursos suficientes para todo el alumnado, así como eliminar las barreras económicas, sociales y culturales en el acceso a los centros, garantizando la libertad de pensamiento.

En relación con nuestro diagnóstico, existe una abrumadora evidencia empírica de que los principales problemas de nuestra educación son, primero, que demasiados niños y niñas no alcanzan los objetivos básicos; segundo, que existen barreras, y por tanto discriminación, en el acceso y la permanencia en los centros ordinarios; y tercero, que estos procesos se manifiestan de forma particularmente intensa entre la infancia más vulnerable. El sistema educativo español tiene un grave problema de segregación, exclusión e inequidad que afecta no solo a la calidad de nuestra educación, sino a la de nuestra sociedad en su conjunto. La raíz de estas deficiencias está en una arquitectura del sistema que posibilita y, en ocasiones, potencia de forma sistemática la vulneración del derecho a la educación.

Nuestra valoración de la LOMLOE, por tanto, dependerá de en qué medida consideramos que será capaz de combatir estos problemas. Sin embargo, somos conscientes de que la capacidad para cambiar la realidad de una Ley Orgánica dependerá de los Reales Decretos de desarrollo y, en todo caso, siempre será limitada en un Estado en el que la competencia educativa reside en las propias Comunidades Autónomas.


Medidas contra la segregación y la inequidad

Un aspecto clave de la Ley es que trata de dar prioridad al derecho a la educación sobre otros intereses privados de carácter económico e ideológico e incluye el enfoque de derechos de la infancia entre los principios rectores del sistema. En coherencia con ellos, se indica que “las Administraciones públicas garantizarán el derecho a la educación, el acceso en condiciones de igualdad y no discriminación y la libertad de elección de centro por padres, madres o tutores legales y atenderán a una adecuada y equilibrada distribución entre los centros escolares del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Asimismo, velarán para evitar la segregación del alumnado por razones socioeconómicas o de otra naturaleza”. Esta declaración de principios, irrenunciable desde la perspectiva de un sistema educativo plenamente democrático y alineado con la legislación de rango superior, condensa las cuestiones que más ruido han generado durante la tramitación de la Ley.

 Las barreras económicas de acceso a los centros

La LOMLOE establece medidas para reducir los privilegios que detentan algunos grupos sociales en la educación sostenida con fondos públicos. Entre ellas, algunas dirigidas a mitigar las barreras económicas de acceso a los centros que suponen una discriminación por motivos socioeconómicos. A lo establecido en el artículo 88 que prohibía a los centros imponer aportaciones económicas, se añade lo siguiente: “Las actividades complementarias que se consideren necesarias para el desarrollo del currículo deberán programarse y realizarse de forma que no supongan discriminación por motivos económicos. Las actividades complementarias que tengan carácter estable no podrán formar parte del horario escolar del centro (artículo 88.1)”, y “se establecerán medidas para que la situación socioeconómica del alumnado no suponga una barrera para el acceso a las actividades complementarias y los servicios escolares. Las Administraciones educativas supervisarán el cumplimiento por parte de los centros educativos del presente artículo (artículo 88.2)”. Estos añadidos son un aspecto positivo, pero es ineludible un desarrollo legislativo que defina y asegure:

  • Instrumentos eficaces de supervisión a los centros.
  • Sanciones concretas en aquellos casos en los que se vulnere la Ley, que deben incorporar la retirada de conciertos.

La Ley muestra de forma implícita la voluntad de incrementar la financiación de los centros concertados para que garanticen la gratuidad de la educación, un planteamiento que asume que en la actualidad no reciben suficiente dinero para ello. Con este fin, se establece la creación de “una comisión, en la que participarán las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en el ámbito de la enseñanza privada concertada, para el estudio de la cuantía de los módulos de concierto que valore el coste total de la impartición de las enseñanzas en condiciones de gratuidad”. Al respecto, consideramos necesarias dos medidas:

  • Establecer una nueva financiación de la educación privada concertada solo cuando se aseguren los procesos necesarios para garantizar el derecho a la educación en todos los centros sostenidos con fondos públicos.
  • Incorporar a esta comisión la participación de otros agentes, en particular aquellos representantes de la administración, las familias y los sindicatos de la enseñanza pública, red que sí presta sus servicios en las condiciones que se pretenden alcanzar para los centros privados concertados.

La promoción de la escuela pública

La LOMLOE incorpora cambios significativos para promover la escuela de titularidad pública, pero mantiene elementos de la LOMCE que suponen un claro retroceso. En la nueva Ley se indica que las Administraciones “programarán la oferta educativa de modo que garanticen la existencia de plazas públicas suficientes, especialmente en zonas de nueva población” (artículo 109.1 y 109.2), así como “promoverán un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública” (artículo 109.5). Al mismo tiempo, se elimina la alusión de la LOMCE a la “demanda social” como elemento de referencia para la programación y se añade el fomento de la escolarización de proximidad como criterio de preferencia para establecer conciertos (artículo 116.2). No obstante, resulta un error incomprensible que la LOMLOE haya mantenido el añadido de la LOMCE que amplió la duración mínima de los conciertos, fijándola en 6 años para Primaria y en 4 años para el resto, porque coloca a la red pública en una posición de mayor vulnerabilidad ante el cierre de unidades en eventuales escenarios de descenso de la demanda escolar.

La promoción de los centros de titularidad pública es un imperativo desde el punto de vista democrático y de la equidad educativa. Sin embargo, la ley no establece medidas concretas para avanzar de manera efectiva hacia una mayor presencia de estos centros, particularmente en aquellas regiones que han manifestado su oposición frontal a la LOMLOE. El problema de segregación que sufre nuestro sistema educativo muestra la ineficacia de la normativa sobre conciertos educativos (LODE 1985 y RD. 2377/85 Reglamento de normas básicas sobre Conciertos Educativos) que fija los requisitos y el control de los mismos desde hace décadas y evidencia la necesidad de un marco estatal mucho más exigente, así como unos mecanismos más eficientes para sancionar los incumplimientos.

Por estas razones, observamos necesario incorporar las siguientes medidas:

  • Fijar a nivel estatal un nuevo reglamento de conciertos educativos mucho más riguroso con el fin de asegurar que la financiación pública se destine a garantizar el derecho a la educación y no a promover prácticas excluyentes y segregadoras que lo conculcan, y por el que se creen mecanismos de fiscalización, sanción y, en su caso, rescisión de los conciertos de forma unilateral. Ejemplos como el blindaje de los conciertos durante diez años, como es intención del gobierno de la Comunidad de Madrid, en la práctica supone que en escenarios de descenso de la natalidad y, por tanto, de descenso de la demanda escolar, las unidades que se cerrarán prioritariamente serán las de la educación pública.
  • Establecer y promover un proceso claro y transparente por el cual los centros concertados que lo deseen y cumplan una serie de requisitos puedan transformarse en centros públicos en todo el estado.

  • La segregación escolar

    La Ley incorpora medidas para evitar y/o corregir la segregación del alumnado. Al artículo 84 de la LOMCE se añade que “se dispondrán las medidas necesarias para evitar la segregación del alumnado por motivos socioeconómicos o de otra naturaleza” y que “en ningún caso habrá discriminación por discapacidad, edad, enfermedad, orientación sexual o identidad de género”. La LOMCE no explicitaba estas condiciones de forma expresa, aunque ambas normas sí comparten la alusión a la discriminación “por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

    Asimismo, la LOMLOE elimina la parte de la LOMCE que indicaba que “no constituye discriminación la admisión de alumnos y alumnas o la organización de la enseñanza diferenciadas por sexos”, y que “En ningún caso la elección de la educación diferenciada por sexos podrá implicar para las familias, alumnos y alumnas y centros correspondientes un trato menos favorable, ni una desventaja, a la hora de suscribir conciertos”. Esta formulación de la LOMCE respondía a las demandas de grupos ultracatólicos y resultaba incompatible con la no discriminación, la coeducación y la persecución de una educación inclusiva y de calidad, y no tenía cabida en una sociedad moderna y democrática.

    Por primera vez se plantean medidas para evitar la segregación socioeconómica y promover una adecuada y equilibrada escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo (artículo 87.1). “Para ello, establecerán una proporción equilibrada del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que deba ser escolarizado en cada uno de los centros públicos y privados concertados y garantizarán los recursos personales y económicos necesarios a los centros para ofrecer dicho apoyo”. Asimismo, se adoptarán medidas cuando se concentre una elevada proporción de alumnado de tales características en un centro educativo que irán dirigidas a garantizar el derecho a la educación en condiciones de igualdad de todos los alumnos y alumnas.

    Como novedad, se reservarán plazas para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo hasta el final del período de preinscripción y matrículas, que se podrán mantener hasta el inicio del curso escolar. Asimismo, se autorizará (hasta este momento, no era obligatoria esta autorización) un incremento de hasta un diez por ciento del número máximo de alumnos y alumnas por aula en los centros públicos y privados concertados, bien para atender necesidades inmediatas de escolarización del alumnado de incorporación tardía, traslado familiar o acogimiento (artículo 87.2). Estas medidas son necesarias para frenar los efectos de la “matrícula viva” en la concentración de alumnado vulnerable que se han demostrado empíricamente. Como en otras cuestiones, el detalle deberá desarrollarse en normas venideras: cuántas plazas se reservarán, cómo se decidirá a qué centros irá este alumnado, etc.

    Por otro lado, en relación con la normativa de admisión, la LOMLOE incorpora la intención de que las áreas de escolarización o influencia se determinen “de modo que permitan garantizar la aplicación efectiva de los criterios prioritarios de proximidad al domicilio y cubran en lo posible una población socialmente heterogénea” (artículo 86.1).

    Estas novedades constituyen un avance indudable, pero dejan en el aire algunas cuestiones fundamentales que pueden provocar que las intenciones queden en un brindis al sol. Por ello consideramos necesario avanzar en las siguientes cuestiones:

    • Especificar por ley qué es una escolarización equilibrada.
    • Concretar las medidas y los recursos que irán destinados a los centros cuando exista una concentración excesiva de alumnado vulnerable.
    • Definir los criterios para el diseño de las áreas de influencia.

    Si estos aspectos no alcanzan mayor concreción, aquellos gobiernos regionales que no crean en la lucha contra la segregación escolar podrán seguir haciendo dejadez de funciones, tal y como ha sucedido en el pasado a pesar de que la propia LOMCE y las normas anteriores expresaban la necesidad de perseguir la mencionada “distribución equilibrada” de este alumnado.

    De forma significativa, se añade que “En ningún caso las características propias de un centro o de su oferta educativa, tales como las derivadas del hecho de que el centro imparta enseñanzas plurilingües, de que hubiera tenido reconocida una especialización curricular o hubiera participado en una acción destinada a fomentar la calidad, podrán suponer modificación de los criterios de admisión” (artículo 86.1). Queda por conocer cuáles son las implicaciones prácticas de estos añadidos. Por otro lado, la Ley no pone coto a la segregación académica que se produce dentro de los centros, como la que se practica de forma habitual en los institutos con programa bilingüe de algunas comunidades autónomas.

    En relación con las comisiones u órganos de garantías de admisión, la LOMLOE mantiene la laxitud de la LOMCE al indicar que “podrán” constituirse. Como novedad, estas comisiones supervisarán especialmente las normas “relativas a evitar la segregación del alumnado por motivos socioeconómicos o de otra naturaleza, y propondrán a las Administraciones educativas las medidas que estimen adecuadas” y velarán de forma particular “por la presencia equilibrada del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo o que se encuentre en situación socioeconómica desfavorecida entre los centros sostenidos con fondos públicos de su ámbito de actuación” (artículo 86.2). La composición de estos órganos no varía sustancialmente respecto a lo anterior. Si bien estas modificaciones son positivas, resulta decepcionante que se deje abierta la posibilidad de no crear estos órganos. En cualquier caso, entendemos que será necesario desarrollar una norma que regule y concrete su composición y funcionamiento. A nuestro juicio, los desarrollos de esta Ley deberían incorporar las siguientes medidas:

    • Establecer un diseño transparente de la oferta educativa. Ello implica fijar criterios claros y comunes para el cierre y apertura de aulas de un curso para el siguiente.
    • Diseñar la oferta educativa bajo criterios de equidad y con el objetivo de lograr una distribución equilibrada del alumnado. Para ello, es necesario evitar el cierre de aulas en los centros más inclusivos, que serán aquellos que contengan un mayor porcentaje de alumnado vulnerable.
    • Diseñar una oferta unificada para centros sostenidos con fondos públicos.

    Establecer un porcentaje máximo de alumnado vulnerable por centro para todo el estado, así como un plazo para reducirlo a través de medidas contra la segregación.

    La equidad en la distribución de recursos

    La Ley establece que las Administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para actuar de forma preventiva con el alumnado en situación de vulnerabilidad socioeducativa con objeto de favorecer su éxito escolar (artículo 81.1). Por primera vez, se indica expresamente que “En aquellos centros escolares, zonas geográficas o entornos sociales en los cuales exista concentración de alumnado en situación de vulnerabilidad socioeducativa, las Administraciones educativas desarrollarán iniciativas para compensar esta situación” (Artículo 81.2). De nuevo la norma deja al arbitrio de las administraciones territoriales las normas concretas y, por tanto, también su efectividad en la lucha contra las desigualdades educativas. Desde nuestro punto de vista debería priorizarse el aumento de recursos docentes en los propios centros durante el horario lectivo, en lugar de externalizar programas destinados a este fin.

    ¿Un nuevo paradigma de atención a la diversidad basado en la accesibilidad universal?

    La LOMLOE afirma con mucha razón que los conceptos de calidad y equidad son indisociables si queremos garantizar el derecho a la educación de toda la población. Sin embargo, esta afirmación debería desembocar de forma mucho más ambiciosa en un nuevo paradigma de atención a la diversidad que supere la dualidad de un modelo pensado para el alumnado estándar pero aderezado con ciertas adaptaciones para el alumnado denominado eufemísticamente “con necesidades”. En nuestra opinión, se necesita un sistema diseñado para todas las personas desde el principio, con una apuesta mucho más clara por la accesibilidad universal desde su propio diseño y en todas sus facetas: gratuidad real de la educación, accesibilidad física, accesibilidad cognitiva y la eliminación de cualquier elemento que pueda suponer una barrera para el acceso, para la convivencia o para el aprendizaje de cualquier persona en las aulas comunes.


    Confundir la educación inclusiva, que es un derecho reconocido por España desde 2008, con un “principio fundamental” (art.4.3) es un error conceptual que genera demasiadas contradicciones internas en la redacción de la Ley y da lugar a incoherencias como someter la aplicación del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) solo a las ocasiones en las que “tal diversidad lo requiera” (art.4.3). Esto demuestra que se sigue asimilando diversidad a excepcionalidad y que no se comprende bien que el DUA es un planteamiento general que busca la accesibilidad de todas las personas desde la propia fase de planificación de la enseñanza. Recordemos que el DUA se basa en enriquecer y diversificar siempre de antemano los canales de presentación de los contenidos, los modos de interactuar con las actividades y los mecanismos a través de los cuales las personas se motivan y comprometen con las tareas para facilitar el aprendizaje de toda la diversidad del alumnado en una misma situación didáctica. En el mismo sentido, todas las alusiones a la inclusión educativa, a la eliminación de barreras y a la provisión de ajustes razonables que se hacen en el articulado, siendo positivas, quedan en el alero porque no se han enmarcado en la definición clara del derecho a la educación inclusiva, es decir, el derecho de todas las personas a educarse en aulas comunes contando con todos los ajustes y recursos necesarios y, por ende, la obligación de las administraciones a garantizarlo.

    Como aspecto positivo, el artículo 6 el texto realiza una declaración muy acertada cuando señala que el currículo “en ningún caso podrá suponer una barrera que genere abandono escolar, o impida el acceso y disfrute del derecho a la educación”, pero no apunta cómo se debe conseguir este modelo de currículo accesible para todos, con lo que de nuevo deja una cuestión de importancia nuclear abierta y al albur de los Reales Decretos venideros y de las futuras normativas regionales. No obstante, la desaparición de los estándares de aprendizaje como elemento constitutivo del currículo es un hecho muy destacable y sí supone una claro avance hacia un currículo más personalizado huyendo de planteamientos curriculares cerrados y homogeneizadores. Para favorecer la inclusión y la equidad es imprescindible que las subsiguientes normas de desarrollo curricular establecieran un currículo más flexible, centrado en las competencias, basado en los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje y con margen para que los centros educativos puedan concretarlo y aplicar planes educativos lo más personalizados posible.

    También es una buena noticia que la nueva ley reconozca como referentes de evaluación para el alumnado con necesidades educativas especiales sus adaptaciones curriculares individuales (ACI) sin que esto pueda impedirles promocionar o titular como sucedía hasta ahora de forma absolutamente injustificable. Sabemos que si alcanzásemos un currículo realmente personalizado para todo el alumnado las ACI no serían tan necesarias, pero en la situación actual la eliminación de la barrera administrativa que impide titular con una ACI favorecerá el acceso al mercado laboral y la continuidad en los estudios de muchas personas que hasta ahora veían truncado su camino a pesar de haber superado los requisitos que les fijaba la administración. Por su parte, el artículo 74 vuelve a poner de manifiesto las contradicciones de esta norma con respecto a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y todos los informes de la ONU, porque sigue perpetuando un sistema de educación especial para algunas personas separándolas del sistema general.

    En cuanto al proceso de valoración de las necesidades, la LOMLOE debería haber establecido de forma mucho más clara una cláusula de no rechazo del alumnado con necesidades educativas especiales por parte del sistema educativo ordinario como prescriben los informes de la ONU. En cambio, utiliza una fórmula más ambigua cuando dice que “serán preceptivamente oídos e informados los padres, madres o tutores legales del alumnado. Las Administraciones educativas regularán los procedimientos que permitan resolver las discrepancias que puedan surgir, siempre teniendo en cuenta el interés superior del menor y la voluntad de las familias que muestren su preferencia por el régimen más inclusivo” (artículo 74.2). En este punto es muy importante señalar que la opinión de las familias y su decisión sobre el régimen de escolarización de su hijo o hija siempre estarán condicionadas por los recursos de los que disponga en la práctica el centro ordinario, así como por la disposición del centro a acogerlos. Por ello, hablar de libre elección es una falacia si no se dota a los centros ordinarios de los recursos adecuados, algo absolutamente imperativo ya que la denegación de ajustes razonables en la escuela común constituye un delito.

    En distintos puntos de la Ley se habla de ajustes de la ratio en función de las necesidades de los centros para atender a la diversidad, algo que aplaudimos. No obstante, este ajuste ponderado necesita mayor concreción y habría que sumarle otro descenso lineal generalizado que no se produce en esta Ley. Así mismo, hay que matizar que para alcanzar una educación inclusiva de calidad no solo es necesario reducir el número de alumnos y alumnas en cada aula, sino también aumentar el número de docentes que puede atender a un aula de forma simultánea facilitando el mayor número de horas posible prácticas tan eficaces para la inclusión como la docencia compartida. En este sentido, es muy positivo que la Ley establezca mecanismos de apoyo y que lo haga de forma prescriptiva, pero por el momento no define recursos concretos. Si una norma posterior no establece unos mínimos, el ajuste de ratios y otros mecanismos podrían realizarse de forma insuficiente por las Comunidades Autónomas o, sencillamente, no producirse.

    La disposición adicional cuarta establece que se desarrollará un plan “(…) para que, en el plazo de diez años (…) los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Las Administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios”. En definitiva, la disposición adicional cuarta señala el camino correcto como ya lo hiciera la Declaración de Salamanca de 1994 o el Real Decreto 696 de 1995, pero sigue sin avanzar.

    Por todo ello, pensamos que la Ley debería haber incluido las siguientes medidas:

    • Una referencia clara e inequívoca a la educación inclusiva de todas las personas como un derecho, y no como un principio, según está contemplado en el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
    • Una cláusula de no rechazo clara que evite la segregación directa del alumnado que es obligado a abandonar el sistema general de educación en contra de su derecho y de la opinión de sus familias.
    • Los elementos básicos y la dotación mínima del plan estatal de educación inclusiva que aborde la transformación profunda del sistema educativo en términos de diseño universal. Este plan debe establecer una dotación de recursos suficiente para la atención temprana, la formación del profesorado, el diseño curricular flexible y personalizado, la accesibilidad en todas su vertientes, la dotación de plantillas multidisciplinares y la transición a la vida independiente como aspectos prioritarios.

    Dudas en torno a la financiación

    En relación con los recursos, la Ley prevé alcanzar un mínimo de inversión del 5% del Producto Interior Bruto en un plazo de dos años desde su aprobación (artículo 155 y disposición adicional octava). Este compromiso, si bien resulta una mejora en relación con la financiación precedente, resulta insuficiente porque fija los recursos del sistema en función de un indicador independiente de los objetivos reales de inversión, es decir, sin tener en cuenta los recursos que necesita cada estudiante para que se garantice su derecho a una educación de calidad. Desde nuestro punto de vista, sería necesario:

    • Establecer una financiación mínima por estudiante, junto con otros indicadores de suelo de recursos (como la ratio máxima de alumnos por docente). Ello contribuiría a la tan necesaria corrección de las diferencias territoriales en financiación educativa.
    • Definir plazos máximos para que todo el alumnado alcance los recursos fijados en el punto anterior.

    Conclusiones

    La LOMLOE supone un avance en el camino hacia la garantía del derecho a la educación inclusiva. No obstante, hay aspectos preocupantes que reducen nuestro optimismo:

    1. En relación con la segregación escolar se revierten algunos de los aspectos más dañinos de la LOMCE, pero se echan en falta medidas específicas que materialicen la reducción de la concentración de alumnado según origen socioeconómico.
    2. Se abordan algunas de las incongruencias y efectos perversos de la financiación pública de la educación privada, pero falta contundencia y ambición para ampliar y mejorar la escuela de titularidad pública.
    3. Por primera vez una Ley Orgánica educativa reconoce la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como normativa de rango superior, pero no termina de alinearse totalmente ni con su espíritu, ni con sus prescripciones más directas; así como tampoco resuelve decididamente las recomendaciones del informe de la ONU que condenó a España en 2018 por mantener un sistema educativo paralelo y segregador para las personas con discapacidad. La LOMLOE sigue anclada en un modelo de atención a la diversidad fundamentado en el paradigma de la integración y, aunque abre algunas puertas, no alcanza plenamente el paradigma de la inclusión basado en la accesibilidad universal. En nuestra opinión, se ha perdido la oportunidad de incluir en el texto de la Ley un plan estatal de educación inclusiva sólido.
    4. Finalmente, la Ley deja abierta en exceso una de las principales cuestiones: definir los mecanismos institucionales y los recursos necesarios para garantizar que la norma se cumpla en todo el territorio nacional, tanto a través de medios suficientes como evitando la dejación de funciones de las Comunidades Autónomas o de los gobiernos centrales venideros.

    En síntesis, se trata de una norma necesaria porque abre puertas en cuestiones fundamentales que no se habían abordado. Sin embargo, en demasiadas ocasiones se queda en el umbral cuando debería haberlo atravesado, lo que ofrece un escenario de incertidumbre sobre sus efectos. En estas circunstancias comienza un periodo político decisivo que debería dar paso a un sistema educativo de mayor calidad, equidad y justicia social.


    Rescoldos. Revista de Diálogo Social. 2021 (42).