Artículo de Alicia Alonso para El Diario de la Educación
8-5-2026
¿De dónde surge el problema?De la disonancia entre las aportaciones del conjunto de las ciencias sobre qué es la infancia, y la jurisprudencia para asegurar su cumplimiento, con la realidad que vivimos en el primer ciclo de educación infantil.
El concepto tradicional de infancia, minusvalorada respecto al mundo adulto porque se entendía como proyectos de personas, fue evolucionando a lo largo del siglo XX hasta que, en 1989, la Convención de los Derechos del Niño le dio su valor real. Declaró que era el bien más preciado que la sociedad tenía, que esa infancia era, además, sujeto de derechos inalienables e interactivos desde el comienzo de la vida; no es posible satisfacer un derecho, por ejemplo a la educación en casa y/o en una institución, si no hay políticas laborales (salarios adecuados y bajas materno-parentales), sanitarias (cuidado del desarrollo y prevención y trato de enfermedades) o sociales (solución habitacional y ayudas suficientes) que confluyan. Por ello declara que su interés superior ha de estar por encima de cualquier otro, haciendo responsables a las personas adultas de posibilitar que ejerzan esos derechos, y empieza por los estados firmantes que, legislando en consonancia, están obligados a velar por que quienes cuidan a esa infancia (familias, instituciones, …) puedan facilitar que realice sus derechos, tanto en la familia como en las instituciones.
La jurisprudencia derivada, prescriptiva igualmente para los estados firmantes, añade que la primera infancia, hasta los ocho años, es el primer periodo, y esencial para la realización de esos derechos “porque este tiempo es la base de la salud mental y psíquica y del desarrollo de aptitudes”, lo que requiere una protección especial. Su personalidad, cuerpo y sistema nervioso se están conformando en este primer eslabón y el nivel óptimo de suspotencialidades, las que tiene derecho a desarrollar, dependerá del tipo de interacción con las demás personas y con el medio que les ofrecemos. Se resalta, especialmente, que “los bebés y los niños muy pequeños tienen los mismos derechos que los demás niños a que se atienda a su interés superior” (Artículo 44, O.G. nº14 del Comité de los derechos del niño). Pero, dada su mayor vulnerabilidad y dependencia que no incapacidad, necesitan construir vínculos de calidad que requieren una alta disponibilidad adulta, lo que es imprescindible para que descubran el mundo y se abran a él desde la seguridad necesaria, con curiosidad, desenvoltura y bienestar.
Parecía que leyes como la Ley General de Ordenación del Sistema Educativo, la LOGSE de 1990, iba a determinar la realización de derechos infantiles, en el sentido pedido por la Convención, al incorporar el derecho a la educación institucional, también desde el comienzo de la vida. Nacía así, incluida en el Sistema general, la etapa de Educación Infantil, única pero dividida en dos ciclos, hasta los tres años el primero y desde ahí a los seis el segundo.
Fue muy importante, pero faltaba mucho por lograr, en especial en el primer ciclo, precisamente el más vulnerable. Estas edades estaban enormemente dispersas en diferentes tipos de centros, reglados y sin reglar, dependientes de administraciones varias, con un rosario de titulaciones profesionales interviniendo, con un abanico de diferentes derechos laborales, todos muy precarios, o su inexistencia.
Tras 16 años y en lugar de mejorar, con la LOE de 2006 se institucionalizó el abandono de este primer ciclo por parte del estado, que dejó su regulación absoluta en manos de las Comunidades (18 territorios). Esto lo discriminaba, junto a la Formación Profesional, al no darles unos mínimos comunes de enseñanzas y requisitos de centros, como si ocurría con el resto de etapas.
El malestar a que dio lugar en su sector profesional fue reforzado por las lesivas condiciones en que una gran parte de las Comunidades legislaron sus propios y diversos requisitos mínimos: con currículos, o incluso sin ellos, con ratios demasiado elevadas y diferenciadas, exigencias de espacios y titulación diversas, igual ocurría con las condiciones laborales que, en todo caso, eran malas. Profesionales de la educación infantil empezamos a movilizarnos reivindicando la reincorporación del primer ciclo al sistema educativo general en 2006. En 2007 constituimos la Plataforma de Educación Infantil Estatal 06, que siguió luchado por esta y otras peticiones para que se tratara a la etapa, al menos, con el mismo respeto que al resto.
Fruto de la lucha en estos años, logramos que en 2020 una nueva ley de educación, la LOMLOE, integrara de nuevo a este primer ciclo en el Sistema Educativo General, lo que incluía la definición estatal de mínimos comunes de enseñanzas y de centros. También se explicitó que todos los centros que acogiesen a niños y niñas de estas edades hubiesen de cumplir estos requisitos comunes para ser autorizados, y que dependiesen exclusivamente de administraciones educativas (modificación del Art. 14.2, 14.5y 14.7 de LOE).
El Real Decreto 95 de “Enseñanzas”, que desarrollaba este aspecto, llegó en 2022. Pero aún estamos esperando, casi seis años después, el de “Requisitos de Centros” en relación con titulaciones exigidas, apoyos, espacios y ratios, imprescindible para proteger con mínimos comunes a todo el estado. Mínimo supone la base que ninguna comunidad puede empeorar, pero que sí puede mejorar.
¿Cómo está hoy el problema?
Al no haber regulación estatal, se mantiene en vigor una enorme variabilidad de Decretos autonómicos, con una realidad muy precaria de sus profesionales y muy lesiva para los derechos de las criaturas y sus familias.
Voy a centrarme en aspectos inasumibles que se mantienen:
Primero, unas ratios inhumanas que hacen muy difícil la atención educativa individualizada, la que requieren momentos como el cambio de pañal, la comida, el seguimiento sostenedor del juego o una labor preventiva e inclusiva con las criaturas y con las familias. Es decir, dificulta extraordinariamente la construcción de ese vínculo seguro que, aunque secundario respecto al familiar, es también imprescindible porque, en ausencia del primero en la escuela, uno nuevo ha de llenar ese espacio.
Y es que las ratios, con sus diferencias territoriales, siguena años luz de lo recomendado por el Consejo de Europa. Sufrimos una media de entre 6 a 8 bebés por profesional, Europa establece 4; de 12 a 14 criaturas entre 1 y 2 años, Europa fija 6; de 16 a 20 criaturas de 2 a 3 años, Europa fija 8. Y ello por no contar la enorme diversidad en las aulas mixtas, figura organizadora recurrente en las zonas menos pobladas. A esto se suma un número de apoyos de personal en las aulas altamente insuficiente y muy variado según comunidades, sin reducciones por la incorporación de alumnado con necesidades educativas especiales en muchos territorios y con la escasa ayuda posible de una atención temprana también desbordada, que no puede llegar a realizar muchas de sus funciones por insuficiencia dotacional humana y material. La necesaria pareja educativa es casi inexistente, cuando no está tergiversada.
En segundo lugar, se suman espacios inadecuados junto a horarios extenuantes para muchas criaturas que pasan más de 8 horas en los centros, más que un horario laboral estándar adulto diario, sin descanso en julio como sí tiene el segundo ciclo, y sin aire acondicionado en los centros para que puedan soportarse las altas temperaturas de los meses de verano.
En tercer lugar, es obsceno el mal trato continuado administrativo a sus profesionales. Con una alta variación de apoyos según comunidades, condiciones laborales y titulaciones que intervienen, también inferiores a la de Técnico en Educación Infantil. Sus profesionales no se consideran docentes, incluso en las escuelas de gestión directa son personal administrativo cuando, sin embargo, se les exige la misma gran carga burocrática que al resto de etapas, sin que se contemplen tiempos dentro de su horario laboral para realizarla.
Los salarios son sangrantes a cambio de una tarea de hiper-responsabilidad. Hay quienes cobran menos del salario mínimo interprofesional gracias a triquiñuelas varias; la mayor parte del personal apenas supera los 1200 a 1500 euros brutos, con una media de entre 1090 a 1100 netos, que aprobó la patronal con los sindicatos mayoritarios FSIE, UGT y USO en el vergonzoso XIII Convenio Estatal de la privada el 5 de marzo de 2025. CCOO rehusó firmar por considerar que perpetuaba la precariedad laboral del sector.
El personal de escuelas públicas de gestión directa, aunque con mejor status, es cada vez menor porque la privatización de la gestión avanza espectacularmente; por ejemplo, de las 393 Escuelas infantiles públicas de Madrid, solo 57 son de gestión directa, y de ellas solo 2 corresponden al ayuntamiento de Madrid. Su salario oscila entre los 1300 y 1800 euros brutos según comunidades, igualmente muy inferior al del resto de docentes; a pesar de que también es discriminatorio, la petición de reversión hacia la gestión pública de los centros de titularidad privada ha sido un lema reivindicativo constante porque sus condiciones laborales son notoriamente mejores.
Así no puede darse un cuidado educativo individualizado cálido y de calidad, como lo definen las compañeras asturianas, el que requiere poner en el centro el interés superior del menor.
El primer ciclo se ha desvirtuado sistemáticamente al seguir siendo discriminado del resto con todas estas actuaciones. De ellas deriva, en la práctica, el malentendido concepto de conciliación, que viene de la mano encubierta del de “guardería”, vinculado a la antigua concepción de la infancia que solo precisaba “guarda y custodia”, tan obsoleto como el de asilo para las personas mayores, pero sin que se haya erradicado como este.
Es preciso recordar que conciliar la vida laboral y familiar, aunque es un tema altamente necesario, es un concepto empresarial que requiere para su realización políticas sociales y laborales que la faciliten, no un horario abrumador para criaturas institucionalizadas que tienen derecho y necesidad de construir una relación suficiente y segura con su entorno familiar. No se da a los cachorros humanos lo que hoy en día se reconoce para otros mamíferos: su necesidad primera de construir un vínculo de apego seguro.
¿Qué se está haciendo para resolver?
En esta situación desde hace casi cuatro años, y en especial durante la negociación de ese aciago XIII Convenio, se va gestando la Plataforma Laboral de Educación Infantil (PLEI); un nuevo movimiento reivindicativo de educadoras y educadores infantiles que, harto de que les impidan realizar su trabajo con la calidad que requiere, intentan revertir la precarización del cuidado educativo que despliegan cada día con niños y niñas de cero a tres años, nuestro bien más preciado.
P.L.E.I., mayoritariamente femenina porque es la situación del sector con un 97’4% de mujeres, ha sabido aunar las necesidades directas de la infancia con las laborales que revierten sobre ella. Por ello ha arraigado con fuerza entre las y los profesionales del sector. La plataforma agradece los posibles apoyos de sindicatos mayoritarios, pero mantiene su independencia y organización asamblearia y busca la unidad con otros movimientos educativos y de base para lograr sus fines. Ha conseguido el acuerdo de toda la comunidad escolar con sus demandas, así como el de muchos otros sectores que entienden su situación límite.
P.L.E.I. ha dicho “basta” al maltrato institucional que supone las ratios inasumibles, los salarios y condiciones laborales humillantes y discriminatorias. Pero también denuncian el desconocimiento y falta de valoración social de su trabajo, así como el sobre-esfuerzo mental y físico que se les ha venido exigiendo.
Así emprendieron un camino de lucha difícil y muy trabajosa a la que han incorporado a las familias al saber explicarles que con sus reivindicaciones defienden el bienestar de sus hijos e hijas.
El movimiento fue precedido por la huelga de 2 meses de las educadoras de escuelas infantiles navarras en 2022, cuyas peticiones eran semejantes. En la primavera de 2025, cuando nace P.L.E.I., están en huelga las compañeras de Baleares durante 2 meses también y Asturias hace una huelga de tres días en noviembre de 2025.
P.L.E.I. hace concentraciones y se va sumando, en el año de su fundación, a las huelgas por la escuela pública que denuncian la situación y empiezan a divulgarla en prensa y en redes, de modo que una marea amarilla está llenando todo. Realizan, en diciembre, jornadas educativas en el Congreso de los diputados en defensa de los derechos de la infancia y de unas condiciones laborales dignas para dar al primer ciclo. Se entrevistan con todos los partidos políticos y administraciones educativas, sociales y laborales que quieren recibirlas para exponerles sus reivindicaciones y llevan a la Asamblea de Madrid en febrero de este año 2026, a través de Sumar y PSOE, una Propuesta No de Ley con la petición de bajada de ratios y mejora de condiciones laborales.
Cuando las compañeras de Asturias hacen de nuevo una huelga en febrero de este año 2026, P.L.E.I., con una enorme valentía, empieza a gestar en Madrid la actual huelga indefinida que, respaldada por CGT, comienza el 7 de abril y aún está en vigor con un seguimiento y apoyo masivo que muestra la fuerza del movimiento.
Hacen un “manifiesto” en la creencia de que “otra educación es posible y empieza antes de dar los primeros pasos” … puntualizando que “No se trata solo de cuidados, ni de guardar a la más tierna infancia: hablamos de vínculos, aprendizajes, bienestar y derechos”.
Piden
- Bajada de ratios, pareja educativa y aumento de apoyos en una red pública y de gestión directa que revierta su privatización.
- Menos burocracia administrativa, pero con tiempo dentro de la jornada laboral para construir buenos proyectos educativos en Escuelas Infantiles Públicas, de titularidad y gestión, que puedan dar servicio universal y gratuito al ciclo, con recursos y en espacios adecuados; sin meter el ciclo “a cajón” en colegios de infantil y primaria que no están preparados para acoger a la infancia de estas edades, a sus profesionales y a sus familias.
- Subidas salariales dignas y sensibilización social de la importancia de su trabajo en el presente de la infancia.
- Equipos profesionales estables, garantizados por condiciones laborales que lo permitan y posibiliten el adecuado sostén y acompañamiento “a las criaturas y familias en el proceso de aprendizaje, desarrollo y crianza respetuosa”.
- Ampliación de la red de atención temprana para que pueda apoyar, con la eficacia necesaria, el desarrollo integral de todas las criaturas que lo precisen por cualquiera de sus condiciones vinculadas a necesidades específicas de apoyo educativo, Para que también pueda apoyar a las familias y al equipo profesional de la escuela
Su última propuesta, además de mantener la huelga indefinida hasta el logro de sus aspiraciones, es la convocatoria de una huelga del primer ciclo de la Educación Infantil en toda España este 7 de mayo, huelga que recibe un masivo apoyo social.
Afirman que es por todo lo anteriormente expuesto que “reivindicamos y exigimos a las administraciones públicas que se hagan cargo de los derechos de la infancia y de las familias, siguiendo las directrices de la Unión Europea y que creen más plazas públicas que garanticen el acceso y el sano desarrollo del menor. Pero no a costa de la precariedad laboral de sus trabajadoras y de sus familias. La solución no consiste en la privatización del servicio, pasa por una mayor inversión que ponga en valor la importancia de este ciclo educativo y le dote de los recursos tanto materiales como humanos” a los que tiene derecho según la Convención de los Derechos del Niño, la que España tiene el deber de cumplir desde sus diversas administraciones territoriales estatales, autonómicas y municipales.
Apoyo y deseo éxito a PLEI, cuyas componentes cuidan educando lo más precioso que tenemos, ese primer ciclo de niños y niñas. Y es que tienen derecho absoluto a iniciar su recorrido vital con la calidad y calidez necesarias, la base imprescindible para una buena vida futura según todo el conocimiento científico y jurídico que tenemos.
Esto obliga a las administraciones y pasa, además, por la drástica mejora de las condiciones laborales de sus profesionales para que deje de ser realidad la declaración que Kofi Annan, secretario general de Naciones Unidas, hizo hace ya más de 25 años:
La primera infancia, de 0 a 3 años, debe ser la prioridad absoluta de los gobiernos responsables, plasmada en leyes, programas y recursos. No obstante, estos son los años en los cuales reciben menos atención y es una tragedia para los menores y los países. La inversión en esta fase garantiza un desarrollo integral y equidad. (2001: Informe de UNICEF).
Psicopedagoga, maestra y formadora de educación infantil y primaria
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