"Las pensiones no corren peligro si no se saquea el sistema" (Ana Martín y Agustín Moreno en cuartopoder.es)

Agustín Moreno nos envía su último artículo publicado el 26 de diciembre en cuartopoder.es

• "Hay una obscena campaña de miedo sobre el futuro del sistema público de pensiones que busca su recorte y privatización a través de planes y fondos privados"

• "Las pensiones contributivas se financian exclusivamente con cotizaciones sociales pero, de ser necesario, deben ser garantizadas con todos los ingresos del Estado"

• "La Seguridad Social tendría superávit si solo tuviera que pagar las prestaciones contributivas cuyo derecho ha sido generado por cotizaciones sociales"

Ana Martín Arahuetes, es inspectora de Trabajo y Seguridad Social; y Agustín Moreno, es profesor de Historia.

Hay una obscena campaña de miedo sobre el futuro del sistema público de pensiones que busca su recorte y privatización a través de planes y fondos privados. Para ello se tiene que mantener y ocultar el saqueo al que se viene sometiendo al sistema adjudicándole la financiación de partidas sociales que no deberían pagarse a cargo del presupuesto de la Seguridad Social.

Veamos. El presupuesto de la Seguridad Social se nutre fundamentalmente de las cotizaciones sociales y le corresponde el pago de las pensiones contributivas previstas, cuando se producen las contingencias de jubilación  y/o  incapacidad en sus diferentes grados. Es evidente que para garantizar las pensiones es necesario aumentar los ingresos de las cotizaciones sociales.

Para ello se precisa no solo mayor, sino también mejor contratación (control del abuso indebido de los contratos a tiempo parcial, adopción de medidas contra la precariedad y la temporalidad); incremento de salarios; y derogación de las medidas más perniciosas de las últimas reformas laborales (sobre todo la de 2012). Es también urgente la lucha contra el fraude en materia de cotización, entre otros el exceso de horas extras sin control y la situación de los falsos autónomos, así como acabar con la infracotización, estableciendo para ello todos los mecanismos y medidas legales necesarias.

Sin embargo, hay una cuestión fundamental de la que apenas se habla: la separación de fuentes en cuanto a la financiación del Sistema de Seguridad Social y la verificación o no de su cumplimiento. Y esta es la clave.

Los Pactos de Toledo de 1995 recogían como primera recomendación la separación de fuentes y patrimonios. Esto es, se configuraban dos presupuestos distintos, el del Estado y el de la Seguridad Social, con una aportación finalista del Estado a la Seguridad Social. Dicha aportación debía ser expresamente dedicada a la financiación de la asistencia sanitaria, las pensiones no contributivas de invalidez y jubilación, los servicios sociales (IMSERSO), los complementos para mínimos de las pensiones y las prestaciones familiares reguladas en la Ley General de Seguridad Social.

Expresamente delimitadas ambas fuentes y patrimonios, a la Seguridad Social corresponde en exclusiva el pago de las pensiones en el nivel contributivo, como ya quedo dicho.

Para garantizarlas es obligado mejorar la gestión y administración de todo el sistema (recomendación que también figuraba en el Pacto de Toledo) y que la lucha contra la infracotización sea real y efectiva. Pero, sobre todo, que no se cargue al Sistema de Seguridad Social con pagos que exceden, no competen y deberían estar al margen de su concepto y finalidad.

Así, corresponderían a los Presupuestos Generales del Estado y NO al Presupuesto de la Seguridad Social, entre otros, los siguientes gastos:

Medidas de Fomento de Empleo: desde las bonificaciones y reducciones de la cuota empresarial de los contratos, hasta tarifas planas para empresas y/o autónomos, o los incrementos de pensión por prolongación de la vida laboral después de los 65 años.

Políticas de Igualdad de Género: prestaciones de Maternidad/Paternidad, Bonificación y Cotizaciones del RETA por conciliación de la vida familiar y laboral; contrato de Interinidad por maternidad,  o excedencia por cuidado de hijos y familiares; reducción  de cuotas por riesgo durante el embarazo; el incremento al 100% de la cotización durante los dos primeros años  en los supuestos de guarda legal o cuidado directo de un familiar; bonificación en la jubilación por maternidad e incremento de la pensión para madres con 2 o más hijos

Políticas de Empleo para Discapacitados: bonificaciones y reducciones en las cuotas de Seguridad Social.

Tesorería de la Seguridad Social: coste de personal y mantenimiento, con cargo al presupuesto de la Seguridad Social, en lugar de a los PGE, como ocurre con el resto de los Ministerios y Organismos de la Administración Central del Estado

Igualmente procedería ser objeto de debate si las pensiones de viudedad y las de orfandad deberían ir a cargo del Sistema de Seguridad Social. O, si por el contrario, deberían ser a cargo de los PGE, al igual que las Pensiones no contributivas, en coherencia con el hecho de que la Seguridad Social en su modalidad contributiva tiene un ámbito profesional y se financia exclusivamente a través de trabajadores y empresarios, mientras que en la modalidad  no contributiva  o asistencial  es de ámbito  universal y se financia a cargo de las aportaciones  de los PGE.

En definitiva, se deben apoyar todas las políticas sociales que emprenda el Estado. Pero en ningún caso deben ser sufragadas, ni siquiera en parte, con las cotizaciones sociales abonadas por trabajadores y empresarios, cuya única finalidad es el mantenimiento del Sistema de Seguridad Social y asegurar las pensiones públicas legalmente determinadas;  máxime cuando los trabajadores, también como ciudadanos, contribuimos a la efectividad de los PGE a través de la  correspondiente tributación.

Las pensiones son una prioridad social y económica (participan del consumo, del crecimiento de la actividad y en el PIB). Su defensa es una cuestión política: las pensiones contributivas se financian exclusivamente con cotizaciones sociales pero, de ser necesario, deben ser garantizadas con todos los ingresos del Estado. Hay que recordar que las pensiones en España son menos generosas que en la Unión Europa, que nuestro gasto en ellas es muy inferior a  la mayoría de los países de Europa Occidental, y que la presión fiscal española se sitúa 8 puntos por debajo de la media de los países de la Unión Europea.

Estos son los datos. En los Presupuestos de la Seguridad Social para 2019, se estimaban unos ingresos de 123.584 millones de euros por cotizaciones sociales. De ellos, 76.277 millones de euros se gastarían en pagar jubilaciones contributivas y 12.913,8 millones en pensiones de invalidez, que sumados al gasto en incapacidad temporal dejaría un sobrante de unos 16.000  millones de euros al año, ajustable en función del grado de ejecución de los ingresos y gastos.

Dicho de otra manera: la Seguridad Social tendría superávit si solo tuviera que pagar las prestaciones contributivas cuyo derecho ha sido generado por cotizaciones sociales. De esta forma se daría exacto cumplimiento a la separación de fuentes y patrimonios, fruto de los Pactos de Toledo y se alejaría del horizonte ese fantasma de “quiebra del sistema de seguridad social”, tan falso como reiteradamente aireado por intereses espurios, ajenos y contrarios a los trabajadores. Este es un reto inaplazable del nuevo Gobierno progresista.

El sistema de prácticas en la universidad, pendiente del fallo de una jueza sobre becarios utilizados como trabajadores en la Autónoma de Madrid (Daniel Sánchez Caballero en eldiariodelaeducacion.com)

Artículo de Daniel Sánchez Caballero en eldiariodelaeducacion.com

La Seguridad Social acusa a la UAM de utilizar a 284 becarios como empleados que realizan labores estructurales y exige que cotice por ellos como trabajadores.

El juicio que podría cambiar la manera en la que las universidades ofrecen prácticas a sus estudiantes ha quedado visto para sentencia. La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) ha demandado a la Universidad Autónoma de Madrid por utilizar a 284 estudiantes becarios como trabajadores sin cotizar por ello. La universidad niega el carácter laboral de esa relación, aunque automáticamente clausuró el programa a la espera de la resolución judicial.

El juzgado nº 7 de lo Social de Madrid ha celebrado este martes la vista tras la que tendrá que decidir si los 284 becarios que realizaban prácticas extracurriculares (no vinculantes para sus grados) en distintos servicios de la Universidad Autónoma de Madrid son trabajadores o no.

Los estudiantes, técnicamente codemandados, pero que en realidad están en el lado de la Seguridad Social, son los clásicos becarios de la universidad: ejercían en las diferentes bibliotecas del campus, en los servicios de atención al estudiante, el servicio de Cartografía o gestionando las ayudas económicas a distintos programas.

La Seguridad Social mantiene que estos 284 estudiantes son trabajadores. Que cubrían puestos estructurales en la universidad necesarios para su funcionamiento diario y que no han obtenido ningún rédito formativo con estas prácticas. En definitiva, que la institución echaba mano de becarios para ahorrar en trabajadores.

Junto a la decena de abogados que defienden a los estudiantes, estos han explicado que sin su labor muchos de los servicios en los que estos ejercen no podrían mantenerse en toda su amplitud (de hecho, tanto la universidad como los exbecarios han ratificado que se han cerrado servicios, como los de atención al estudiante, y reducido el horario de otros, como las bibliotecas, tras la clausura del programa de becas), que realizaban exactamente las mismas labores que sus compañeros funcionarios, que muchos centros había tantos trabajadores como becarios y que no tenían en su inmensa mayoría relación alguna con los estudios que cursaban.

Los abogados de la universidad han defendido que sí hay formación, en este caso la genérica que contemplan todos los planes de estudio (trabajar en equipo, aprender el uso de TICs, etc.), y que la denuncia de los inspectores de Trabajo es demasiado genérica porque solo refieren tres casos en el acta levantada y 48 entrevistas en total, cuando su propio funcionamiento les obliga a hablar con cada uno de los afectados.

De fondo, a la espera del fallo de la jueza, está todo el sistema de prácticas que las universidades pueden ofrecer a sus estudiantes, el rol que pueden ejercer y el alcance de las mismas. La UAM clausuró su programa de prácticas nada más levantarse el acta por parte de la Inspección de Trabajo, pero es la única universidad (pública, al menos) que lo ha hecho. Las demás mantienen el programa.

En lo particular, los 284 becarios afectados podrían recibir una compensación económica de la universidad si la jueza da la razón a la Seguridad Social (la diferencia entre los 300 euros que recibían por su labor y lo que les correspondiera si les declara trabajadores, unos miles de euros según cada caso) y, de propina, la incorporación a su vida laboral de los meses que hayan trabajado.

Cabe aclarar que este juicio afecta a las llamadas prácticas extracurriculares, aquellas en principio no vinculadas directamente con los planes de estudio que curse cada estudiante. Estas en cuestión, a diferencia de las curriculares, no son obligatorias.

¿A quién benefician más las prácticas?

«¿Las prácticas redundaban en el beneficio del estudiante y su formación o en beneficio de la universidad?», se ha preguntado durante la sesión Ismael Sánchez, abogado de medio centenar de los estudiantes. No era retórica la cuestión, los letrados de la Seguridad Social y los de los becarios, de la mano en el caso, tenían su respuesta clara.

«Las prácticas, curriculares o extracurriculares, no pueden desvincularse de la formación previa», ha sostenido Concepción Valdés Tejera, abogada de la Tesorería de la Seguridad Social. La letrada ha defendido que «la actividad [que realizaban los estudiantes], fundamentalmente de carácter administrativo y desconectada de la formación, no redunda en la adquisición de competencias» que establece el Real Decreto 592/2014 que regula este tipo de prácticas. «Se han cubierto puestos de trabajo», ha asegurado.

Diego Redondo, letrado de la defensa de varios estudiantes, ha ahondado en este argumento: «No tenían flexibilidad horaria, muchos fichaban, algunos tenían que recuperar horas, eran servicios estructurales y en ocasiones hay estudiantes que fueron contratados laboralmente durante las vacaciones para realizar la misma labor que hacían durante la beca. Al caer las becas, se ha contratado personal [para hacer estas funciones], eso determina una relación laboral». Algunos testimonios de exbecarios durante la vista le han dado la razón.

Los abogados de la Universidad Autónoma, del bufete Sagardoy (el mismo que está defendiendo a Deliveroo en un caso que en el fondo es similar: el uso por parte de grandes empresas de personal externo para labores propias), han defendido que «la generalidad del acta impide que tenga presunción de veracidad».

La UAM también ha defendido que las prácticas, al ser extracurriculares y no parte del plan de estudios, no tienen por qué necesariamente ir ligadas a la formación específica de cada estudiante y que sí ofrecen una formación generalista también presente en los planes de estudio de cualquier asignatura, como trabajar en equipo, implementar la capacidad de emprendimiento, la autonomía, conocer le mercado laboral o formarse en el uso de las TIC (tecnologías de la información y la comunicación).

Competencias genéricas o específicas

A este respecto, una de las claves para dirimir si la relación UAM-becarios era laboral o no, el Real Decreto, que regula las prácticas en la Universidad, sí alude al carácter formativo de las mismas, exige un plan formativo que en la mayoría de los casos de la UAM no existía o no recibieron los estudiantes y, en cuanto a las alegaciones de la universidad, explica que «los objetivos se establecerán considerando las competencias básicas, genéricas y/o específicas que debe adquirir el estudiante».

A ese «y/o» se aferra la universidad para defender la validez de sus prácticas. La TGSS y los abogados de las defensas sostienen que estas prácticas «claramente» deben contener formación específica y que no era el caso.

Los abogados de la universidad han criticado que los tres inspectores de trabajo que visitaron el centro en dos ocasiones no se hayan entrevistado con todos los becarios pese a que un folleto interno de la Seguridad Social explique que así ha de hacerse en demandas colectivas. El inspector de Trabajo que ha comparecido en la sesión ha explicado que hicieron sondeos al 73% de los becarios y se entrevistaron con 48 de ellos, con lo que consideraron que disponían de material más que suficiente para levantar el acta.

Durante la sesión se ha escuchado también a algunos de los estudiantes demandados. Una de ellas trabajaba en la biblioteca de Humanidades siendo estudiante de Derecho. Otra, en la Oficina de Prácticas Curriculares de la Facultad de Económicas cuando estudiaba Gestión Aeronaútica y el tercero realizaba gestiones relacionadas con proyectos de investigación en la Escuela Politécnica (este último fue contratado tras la beca para realizar la misma función durante dos meses) siendo estudiante de un máster en Arqueología y Patrimonio.

Entre los tres que han declarado, además de muchos otros presentes como público en una sala pequeña pero llena, han pintado un panorama en el que realizaban si no las mismas casi iguales labores que los funcionarios presentes en sus destinos, que en ocasiones no tenían siquiera supervisión o que trabajan solos y que en ningún caso (entre esos tres) tenían relación alguna con sus estudios.

También ha pasado por la sala de vistas uno de los tres inspectores de trabajo que realizó las visitas y levantó el acta, Miguel Ángel Ibáñez. El empleado del Ministerio ha sostenido que «las formaciones eran de escasa entidad, apenas 20 o 40 minutos en ocasiones», que la universidad «requería de los becarios no para mantener el servicio en sí, pero sí para mantenerlo tantas horas abierto» y que «el programa formativo es básico para una beca».

Ya solo queda que la jueza dicte sentencia. La batalla se prevé larga sea cual sea el sentido del fallo. Los abogados de los estudiantes, enfrentados a la universidad, han explicado a este diario que recurrirán si es necesario y la UAM ya lo ha hecho en algún caso paralelo en el que alguno de estos estudiantes ha denunciado a la universidad por su cuenta y ganado. Además, los abogados están contratados para llevar el proceso hasta el Supremo, si hiciera falta. Hay varios de estos procesos individuales abiertos, que se han paralizado ahora a la espera de este fallo tras la demanda colectiva.

La inspección de Trabajo ya ha traído consecuencias

El juicio que se ha celebrado este martes puede poner en cuestión todo el sistema de becarios de la Universidad española, según fuentes jurídicas y de la universidad. La inspección de la Seguridad Social sobre el uso que la Universidad Autónoma de Madrid realiza de los becarios dio pie a toda una campaña en los campus, que ha tenido continuación en varios campus, entre ellos los de la Universidad Pompeu Fabra y la Politècnica de Catalunya.

El Ministerio de Trabajo confirmó a este diario que la campaña se está llevando a cabo, y aunque detectó que la universidad es un sector en el que se dan casos de fraude de empleo de estudiantes como trabajadores, matiza que no existe «una incidencia particularmente alta» de falsos becarios respecto a otros ámbitos laborales.

Pero la situación llevó al Gobierno a actuar. A la espera del resultado del juicio celebrado este martes, ya ha habido consecuencias, aunque aún no se han implementado. El pasado 29 de diciembre, el Gobierno aprobó una norma por la que todos los becarios universitarios, sean de prácticas curriculares o extracurriculares, deberán cotizar a la Seguridad Social. Y asunto resuelto. No del todo en realidad, porque ante el revuelo montado en universidades y empresas ante la ambigüedad del decreto que ponía en marcha estas prácticas (¿quién iba a pagar esa cotización, universidad o empresa de destino?) la norma ha quedado en suspenso de momento.

Esta noticia ha sido publicada en eldiario.es

El Gobierno estudia bonificar la cotización de los becarios y que la Seguridad Social realice las gestiones administrativas (Daniel Sánchez Caballero en eldiario.es)

Artículo de Daniel Sánchez Caballero en eldiario.es

• El Ejecutivo quiere que todos los estudiantes de FP y Universidad que realicen prácticas académicas externas, curriculares o no, coticen a la Seguridad Social

• La CRUE, algunos empresarios y casi toda la oposición política advierten de que esta medida podría echar para atrás a muchas compañías y retraer de esta manera la oferta de prácticas para los estudiantes

• Trabajo estudia ahora bonificar las cotizaciones y que la Seguridad Social se haga cargo de las gestiones administrativas, dos de los principales escollos para implementar la medida

El Gobierno está dispuesto a poner de su parte en su pretensión de que todos los becarios de FP y la Universidad coticen a la Seguridad Social. Tras una reunión este miércoles entre los ministerios de Trabajo (impulsor de la medida), Universidades (afectado) y la CRUE (Conferencia de Rectores de Universidades Españolas), el Ejecutivo se ha mostrado dispuesto a bonificar la cotización para que no tenga coste ni para la empresa de destino del alumno (se calculaba en unos 50 euros por mes de práctica por ser un contrato de formación) ni para la administración educativa que lo acoge.

La Seguridad Social, por su parte, "ha manifestado su disposición" a realizar las gestiones administrativas necesarias para el alta de los becarios, según han informado la CRUE y el Ministerio de Universidades tras la cita.

Estos son dos de los principales principales problemas que los organismos afectados habían señalado a la hora de aplicar la disposición adicional quinta del Real Decreto 28/2018, que establece la citada obligatoriedad de que todos los estudiantes que realicen prácticas académicas externas coticen a la Seguridad Social a falta del desarrollo normativo que especifique quién debe pagar la cotización, si el empresario o la administración educativa ("sería un problema para los dos", admitió ayer el Ministerio de Educación) o si se bonifica el pago.

Según le comunicaron los rectores al Gobierno y opinaron también distintos responsables de centros de FP, estas dos circunstancias, el coste económico y el engorro administrativo de gestionar las altas, podían hacer que algunas empresas se echaran para atrás en su colaboración con las universidades e institutos de FP., poniendo en peligro

La intención del Gobierno con esta norma es que todos los alumnos de FP de grado Medio o grado Superior y todos los estudiantes universitarios que realizan prácticas (los becarios) sean dados de alta en la Seguridad Social. Será de aplicación para todas las prácticas, sean curriculares (y por tanto obligatorias para titular, como sucede en Magisterio) o extracurriculares, remuneradas o no. La medida afectaría a unos 720.000 becarios y un número indeterminado de universitarios (el número total de matriculados supera el millón, pero no todos realizan prácticas cada año). Solo para los de FP la recaudación estimada sería de unos 100 millones de euros al año.

Actualmente, con carácter general, las becas no remuneradas no cotizan a la seguridad social. Son las becas remuneradas las que sí cotizan, pero no lo hacen todas por igual. Si estas prácticas académicas externas son curriculares, esto es, parte de los estudios y por tanto obligatorias para obtener el título, como Magisterio, están bonificadas al 100%. Si son extracurriculares, o sea voluntarias y fuera de los planes de estudios, se paga la cotización.

La medida, impulsada por el Ministerio de Trabajo, no parece haber caído demasiado bien tampoco en el Ministerio de Educación. La ministra del ramo, Isabel Celaá, echó ayer balones fuera durante una comparecencia ad hoc en el Congreso. Celaá vino a explicar que era cosa de Trabajo, que ella no podía ofrecer más información acerca de quién iba a pagar las cotizaciones y que, si la cotización suponía un problema para la oferta de prácticas, "mostraría en contra".

Casi toda la oposición se mostró en contra de esta medida, excepto Unidos Podemos, que la ve necesaria para fortalecer la seguridad y cobertura de los becarios en centros ajenos. El PP y Ciudadanos acusaron al Ejecutivo de tener afán recaudatorio (que Trabajo niega ahora con su propuesta de estudiar bonificar las cotizaciones) y de querer maquillar las (decrecientes) cifras de afiliación a la Seguridad Social. ERC, PNV y el PDeCat no rechazaron la medida per se, pero sí advirtieron de ese posible efecto colateral de la bajada de oferta de prácticas.

Trabajo ha anunciado que tendrá listo un primer desarrollo de la normativa que especificará los pormenores de la norma y a finales de febrero habrá otra reunión.

Con una tasa de paro juvenil del 55,48%, muchos jóvenes se agarran a ser becarios... Y Wert quiere decretar que no coticen por sus prácticas

EL DIARIO.ES: José Ignacio Wert, el 'amigo' de los becarios

"Me he dejado el trabajo final de grado para poder ser becaria un año más", admite Laura Villar, estudiante de Periodismo y Comunicación Audiovisual de la Universidad Carlos III de Madrid. Pronto cumplirá 25 años y lamenta ampliar su formación otro curso, pero cree que es su mejor opción. "No te cogen si no es como becaria; yo tengo un Ciclo de Grado Superior en Realización y no me han llamado de ninguna productora de las decenas en las que eché mi currículo", dice.

El Ministerio de Educación está trabajando en un decreto que prevé modificar las condiciones de los miles de universitarios en prácticas de formación, también denominados becarios, y que llevará al Consejo de Ministros en los próximos meses. De momento, ya ha encontrado el respaldo del Consejo de Estado, según adelantó Infolibre.

Desde la reforma de las pensiones de 2011 aprobada por el Gobierno socialista, las empresas están obligadas a dar de alta en la Seguridad Social a los estudiantes beneficiarios de prácticas remuneradas, "lo que no supone ni 40 euros al mes para los contratantes", afirma Enrique Martín, de Comisiones Obreras.

Sin embargo, la postura del ministro de Educación, José Ignacio Wert, "desde un primer momento, es que las prácticas curriculares no coticen y las extra curriculares sí", afirman fuentes de su cartera. Las prácticas en empresas pueden formar parte de los planes de estudios de las carreras universitarias, ciclos formativos y otros estudios (como una asignatura más de su programa), o pueden ser ajenas a los currículos.

Como Laura, Diego (nombre ficticio) también amplió voluntariamente sus estudios para optar a un puesto de redactor en prácticas, en un periódico nacional. En su caso, suspendió adrede una asignatura. "Lo que supone que después pagas una segunda matrícula, que es mucho más cara", apunta.

Los periodos de prácticas están pensados como una experiencia temporal que contribuya a la formación de los alumnos y a su conexión con el mundo laboral. Sin embargo, la tasa de un55,48% de desempleo juvenil provoca que esta opción sea apurada al máximo por muchos estudiantes ante la falta de oportunidades.  

Qué implica la cotización 

"La cotización de los estudiantes en prácticas se consiguió gracias al acuerdo de sindicatos y empresarios, para ayudar a las carreras de cotización de aquellas personas en situación más precaria", explica Enrique Martín. Desde el sindicato son conscientes de que estos contratos son la vía de empleabilidad de muchos estudiantes a día de hoy y la cotización en la Seguridad Social supone un reconocimiento de su trabajo y derechos: "No tienen derecho a la prestación por desempleo pero sí cuenta de cara a su futura jubilación, y ante casos de invalidez y enfermedad".

El Ministerio ha transmitido a CCOO que su postura se justifica por un "alto coste". "No son ni 40 euros, no es un alto coste. Educación se respalda en la petición de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) de que esta cantidad puede desincentivar el número de empresas ofertantes de plazas de prácticas, pero no nos parece cierto", afirma Martín.

El reponsable sindical recuerda que este coste ni siquiera lo asume sólo la empresa. "Son 34,72 euros al mes a cargo de las empresas y 6,09 a cargo de los becarios", recoge una nota informativa de CCOO. Además, se trata de un gasto deducible, con lo que el coste real para los contratantes se sitúa en torno a los 25 euros al mes, calculan. 

"En mi caso, prefiero cotizar porque, de algún modo, todo lo que hemos trabajado queda reflejado en algún sitio", opina Diego a sus 26 años. Por el momento, es parte del equipo de comunicación de una empresa, gracias a un contrato en prácticas de seis meses, pero antes ha escrito para tres periódicos diferentes de tirada nacional. En total, acumula contratos de este tipo desde 2012, que suman más de un año cotizado. Un periodo significativo para el cálculo de su jubilación, que cada vez requiere más años para cobrar el 100% de la pensión.

En el caso de Laura, sus prácticas en una televisión local en el plan de estudios del ciclo formativo y su trabajo como montadora en una serie de televisión, gracias a la asignatura de prácticas de su carrera, son ajenos a la Seguridad Social porque no recibió por ellos ninguna contraprestación económica.

"No hay obligación para que los becarios cobren, pero si lo hacen, deben cotizar", afirma Enrique Martín. El problema es que no se puede saber el número total de becarios en España ni cuál es el porcentaje de los que cobran y de aquellos que no reciben contraprestación, debido a la inexistencia de un registro oficial. Con todo, el sindicato calcula que hay unos 70.000 jóvenes con contratos de prácticas remunerados. "Creemos que la empresa que paga a sus becarios no va a dejar de hacerlo por 40 euros al mes", dice Martín.

La cotización de los becarios, a pesar de pequeña cuantía que alegan los sindicatos, ya había sido objeto de debate tiempo atrás. Apenas unos meses después de la aprobación de la reforma de las pensiones, el mismo Gobierno dirigido por José Luis Rodríguez Zapatero intentó anular lo aprobado en la ley a través de un decreto. La norma fue más tarde tumbada por el Tribunal Supremo tras una demanda presentada por CCOO. "Excluía de la cotización a aquellos beneficiarios de "unas prácticas externas universitarias", una restricción aún más amplia que la que propone Wert", cuenta Martín. Durante la vigencia del decreto, se redujeron a casi la mitad las 40.000 altas que se habían registrado.

"Los becarios no deben sustituir a un trabajador"

Por otro lado, la cotización supone un modo de control para las empresas. La Seguridad Social tiene constancia de las contrataciones de becarios, que deberían recibir una formación y tener unas condiciones especiales fruto de su condición. "Lo que pasa es que muchas veces, hacemos el trabajo de un empleado más" –critica Diego– "No es que no quiera trabajar tanto, sino que me gustaría que se me reconociese en el sueldo y en el contrato".

"Las prácticas académicas no pueden ser utilizadas por las empresas como un puesto de trabajo más, eso es fraude", recuerda Enrique Martín. Laura y Diego se alegran de haber tenido un primer contacto con sus profesiones a través de las prácticas, pero consideran que debería ser una experiencia temporal. Laura tiene claro que las próximas prácticas que acepte serán remuneradas: "Ya tengo casi 25 años y todavía tengo que pedir dinero a mis padres hasta para salir a tomar algo. Con esta edad y trabajando, te da cosilla".

A veces, las prácticas permiten dar el salto a un puesto más estable. Victoria P. (23 años) consiguió un contrato de trabajo en una empresa tras seis meses como becaria, que convalidó por una asignatura optativa. En su caso, una compañía de logística y transporte le ofreció un puesto temporal de otro semestre en el departamento financiero de la empresa.

Esta estudiante de Administración y Dirección de Empresas también pasó un año más en la universidad de lo previsto en su plan de estudios. "Me quedó una asignatura y tampoco me puse las pilas para sacarla, porque así podía seguir siendo becaria y ampliando mi experiencia en el currículo". Antes había trabajado en una entidad bancaria, con lo que en total suma un año de prácticas en su carrera. Con la reforma que propone Wert, en la Seguridad Social sólo tendrían constancia de la mitad.

En septiembre, Diego se enfrentará de nuevo a la finalización de su periodo de prácticas y no prevé que lo contraten. Sin embargo, va a cerrar su expediente. "No puedo eternizar la carrera para siempre". ¿Alternativas? "Me iré al extranjero a estudiar algún idioma o trabajaré en alguna tienda de ropa o algo similar para poder mantenerme en Madrid y seguir buscando de lo mío", dice. 

#WertDimisión: el peor Ministro de Educación ahora quiere eliminar el derecho de los becarios universitarios a cotizar a la Seguridad Social

@virmor86 nos envía esta noticia

EL BOLETÍN.COM: Nuevo ataque de Wert a los becarios: quiere que dejen de cotizar a la Seguridad Social

José Ignacio Wert parece querer dar un paso más en su política de 'ataques' a los estudiantes. Al menos así lo denuncia CCOO, que afirma que el Ministerio de Educación está intentando sacar adelante un Real Decreto con el que “excluir a una parte de los becarios universitarios del derecho a cotizar” cuando realicen prácticas extracurriculares. En una nota, el sindicato señala que ese es un derecho adquirido en la reforma de la Seguridad Social que se acometió en 2011 y recuerda al ministro que elTribunal Supremo ya 'tumbó' su anterior intento de “limitar este derecho”.

Tal y como indica la organización sindical, el departamento que dirige Wert, “extralimitándose en sus competencias, está impulsando por segunda vez un Real Decreto que afecta a los estudiantes en materia de Seguridad Social”. Con él, dice CCOO, quiere limitar el derecho a cotizar a los universitarios que realizan prácticas en empresas durante sus estudios, a los que comúnmente se conoce como becarios, a pesar de que fue reconocido hace años en la reforma de la Seguridad Social.

CCOO recuerda que el derecho a cotizar de los becarios es una de las medidas incluidas en la reforma de las pensiones de 2011 pactada por sindicatos y empresarios, y que se adoptó “para ayudar a completar las carreras de cotización de un colectivo que generalmente ve retrasada su incorporación al mercado laboral como consecuencia del tiempo dedicado a su formación”.

“Suprimir este derecho significará ahondar más en la precariedad de los más de 1,6 millones de estudiantes universitarios”, ha criticado el sindicato, que carga contra el ministro de Educación por hacer “oídos sordos” a la sentencia del Tribunal Supremo del 28 de junio de 2013, en la que “daba la razón a la demanda interpuesta por CCOO y anulaba la limitación que establecía el RD 1707/2011 para la cotización de las prácticas externas universitarias”.

Tal y como dice la organización sindical, “la consecuencia de esta sentencia fue la de triplicar el número de becarios en alta en la Seguridad Social en apenas unos meses; cifra que no ha dejado de crecer desde entonces y que actualmente se aproxima a los 70.000 jóvenes”, por lo que exige a Wert que “respete este nuevo derecho nacido del acuerdo entre sindicatos y empresarios”.

Prácticas extracurriculares

Según CCOO, en esta ocasión Educación “pretende excluir del derecho a cotización a los estudiantes que realicen prácticas académicas externas curriculares, aunque éstas cumplan los requisitos establecidos en la Ley 27/2011 de reforma de la Seguridad Social pactada por sindicatos y empresarios, lo que puede afectar al derecho de cotización de decenas de miles de estudiantes”.

El Ministerio, denuncia el sindicato, pretende “trasladar la responsabilidad a los rectores universitarios y a injustificados temores sobre el impacto de este nuevo derecho en la oferta de becas curriculares existente”, y afirma que no es “defendible” ninguna objeción sobre el coste de la cotización, ya que “es de tan solo 34,72 euros brutos/mes a cargo de las empresas y de 6,09 euros/mes a cargo de los becarios”. Y “para las empresas además es un gasto deducible, con lo que el coste real para ellas se sitúa en torno a los 25 euros mes”, concluye CCOO.

La presión de la Iglesia consigue que la prestación de servicios de educación de los centros concertados y privados esté exenta de cotización a la Seguridad Social

EL CONFIDENCIAL.COM: Báñez exime a los colegios privados del decreto sobre el pago en especie

Por la campana, a apenas tres días de expirar el plazo que obliga a aplicar el real decreto-ley por el cual empresas y trabajadores tienen que cotizar por las retribuciones en especie que hasta la fecha están exentas de tributar, el Gobierno ha decidido eximir a los colegios privados y concertados de tener que pasar por la ventanilla de la Seguridad Social. Así aparece en el Reglamento promovido por la ministra de Empleo, Fátima Báñez, que persigue recaudar 900 millones de euros con una medida que afecta al bolsillo de empresarios y empleados.Esta norma se refiere sólo a las matriculaciones. 

Según consta en el documento con fecha 22 de mayo al que ha tenido acceso El Confidencial, la ministra ha dictaminado sólo una excepción a la modificación del artículo 109 de la Ley General de Seguridad Social, cuyo objetivo final es ingresar más para hacer sostenible el sistema de cobertura médica y pensiones. Una normativa mediante la cual el Gobierno incluye en la base de cotización todas las retribuciones en especie.

O lo que es lo mismo, que cualquier gratificación recibida, ya sean vales de comida, cheques de guardería o clases de idiomas, se considere como salario. En consecuencia, las empresas están obligadas a cotizar a la Seguridad Social el 30,9% y a los empleados, el 6,35 % por estos conceptos, entre los que también se incluyen los seguros médicos.

La única excepción a la redacción de los nuevos conceptos retributivos que conforman la base de cotización al Régimen de la Seguridad Social es la que se va a aplicar a la enseñanza privada y la concertada. La redacción del artículo detalla que, como prerrogativa, “cuando se trate de la prestación del servicio de educación infantil, primaria, secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional hasta su grado medio por centros educativos autorizados, a los hijos de sus empleados, con carácter gratuito o por precio inferior al normal de mercado, su valoración vendrá determinada por el coste marginal que suponga para la empresa la prestación de tal servicio”.

La dispensa ha sido un balón de oxígeno a gran parte de las empresas que dirigen colegios privados o concertados, algunos de los cuales habían advertido de su inviabilidad si tenían que asumir más costes sociales. La mayoría de las mejoras sociales que los trabajadores de este sector tienen reconocidas por convenio son retribuciones en especie que estaban exentas de cotizar. Entre ellas destacan la escolaridad gratuita de los hijos de los empleados, el comedor y transporte y los seguros de accidentes y responsabilidad civil.

La Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (Acade), la principal patronal de la educación privada no subvencionada, señaló meses atrás que al sector le habría supuesto desembolsar 300 millones de euros,un sobrecoste totalmente desproporcionado respecto a otros. Los responsables de una de las mayores cadenas de colegios bilingües de España señalan que “la norma publicada en diciembre iba a incrementar los costes de cotización a la Seguridad Social de manera significativa”, un gasto adicional que “la compañía no sería capaz de compensar con el incremento en resultados operativos”. Al tener créditos pendientes por la compra a los anteriores dueños, esta empresa se vería avocada al concurso de acreedores.

Según distintas fuentes, la presión de algunas de las más importantes congregaciones religiosas, dueñas de los principales colegios privados de España, ha conseguido paralizar la aplicación de la nueva tributación de la remuneración en especie. Una de las asociaciones con más interés en el sector es el Opus Dei, que gestiona 34 colegios (20 de ellos concertados), además de la vinculación con la Universidad de Navarra y la escuela de negocios IESE.

El reglamento al detalle

El nuevo reglamento indica que, "a efectos de su inclusión en la base de cotización, se considerará remuneración la totalidad de las percepciones recibidas por los trabajadores, en dinero o en especie y ya retribuyan el trabajo efectivo o los períodos de descanso computables como de trabajo”. En este sentido, añade que “constituyen percepciones en especie la utilización, consumo u obtención, para fines particulares, de bienes, derechos o servicios de forma gratuita o por precio inferior al normal de mercado, aun cuando no supongan un gasto real para quien las conceda”.

Además, expone que cuando el empresario entregue al trabajador importes en metálico, vales o cheques de cualquier tipo para que este adquiera bienes, derechos o servicios, “la percepción económica y el importe del vale o cheque recibido por el trabajador, que tendrá la consideración de percepción dineraria, se valorarán por la totalidad de su importe”. Los empleados de banca, que suelen disfrutar también de préstamos a un interés muy inferior al de mercado, también tendrán que tributar por la diferencia del interés pagado y el de referencia, habitualmente el Euribor.

Por su parte,  tendrán también la consideración de percepción dineraria el importe de las acciones o participaciones entregadas por los empresarios a sus trabajadores; el de las primas o cuotas satisfechas a entidades aseguradoras para la cobertura de los empleados; el de las contribuciones satisfechas a planes de pensiones, y el de las mejoras de las prestaciones de Seguridad Social.

Únicamente no se computarán en la base de cotización los conceptos relacionados con los gastos de manutención y estancia, así como los de locomoción, cuando correspondan a desplazamientos del empleado fuera de su centro habitual de trabajo para realizar la misma labor en lugar distinto.

Sube el paro en la Administración Pública, Educación y Sanidad: 15.067 afiliados menos a la Seguridad Social en lo que va de año

EUROPAPRESS.ES: Administración, Sanidad y Educación pierden 15.000 afiliados en el primer trimestre

 La Administración pública, educación y actividades sanitarias y servicios sociales perdieron en conjunto 15.067 afiliados a la Seguridad Social en el primer trimestre del año, según ha destacado este martes la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F).

   El sindicato afirma que, pese a la subida generalizada de ocupados en el mes de marzo, la situación sigue siendo "muy preocupante", pues las bajas al sistema (41.647 en el primer trimestre) continúan superando las altas (26.580).

   "Esto es un indicador de la sangría de empleo que se está produciendo en las diferentes administraciones y, en concreto, en educación y sanidad, con una proporción 80-20 entre sector público y privado", ha denunciado.

   CSI-F ha alertado, especialmente, de la caída interanual de la afiliación registrada en marzo en las actividades sanitarias, con 173.098 ocupados menos (-12%). De hecho, subraya, es el sector donde más ha descendido la afiliación, por delante incluso de la construcción (-154.923 ocupados) y la industria manufacturera (-103.446).

   El sindicato ha criticado el "progresivo deterioro" de los servicios públicos, al tiempo que ha avisado de que la congelación de la Oferta de Empleo Público está generando la entrada de la empresa privada en puestos hasta ahora reservados a empleados públicos.

Interinos y personal laboral también tendrán derecho a 4 días sin descuento por incapacidad temporal

Hemos recibido esta información de CC.OO.:

Finalmente, y después de la presión de CCOO con la carta que enviamos a RRHH y la fuerte insistencia sobre este tema en la reunión técnica de la pasada semana, la Administración ha rectificado y aplica el no descuento de 4 días al año para ausencias justificadas por enfermedad al personal dependiente de la Seguridad Social (personal interino y personal laboral). Os adjuntamos las nuevas instrucciones que se han mandado a los centros sobre este tema donde aparece que pueden presentar justificante médico en lugar de parte de IT para justificar las ausencias de menos de 4 días y acogerse al no descuento los 4 primeros días al año que se presente dicho justificante.

Pincha en el siguiente enlace:


http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/menu.do?Tu_Sector:Ensenanza_Publica:Noticias_y_novedades:482709

Un saludo cordial
Secretaría de Enseñanza Pública no Universitaria de la FREM


Consulta aquí la atualización realizada por la Comunidad de Madrid:

http://www.feccoo-madrid.org/comunes/recursos/15708/1598370-Accede_al_documento_con_las_nuevas_Instrucciones.pdf

"Regalito de Navidad" para los funcionarios: cotizarán por una paga extra que no cobrarán

EL PAÍS.COM: Los funcionarios cotizarán por la paga extra de diciembre que no cobrarán


Los funcionarios cotizarán por la paga extraordinaria de Navidad que el Gobierno ha decidido suspender, según confirman fuentes del Ministerio de Hacienda.

Los empleados públicos que cotizan por clases pasivas verán minoradas sus nóminas un 3,6% por la cotización a la Seguridad Social de la paga extra de Navidad como si la hubieran cobrado. Hacienda recuerda que esta paga extra está suspendida solo para este año y reitera su compromiso en compensarla en el ejercicio 2015.

Fuentes de Hacienda precisan que en el decreto que contenía el paquete de medidas para atajar el déficit público que recogía la supresión de la nómina extraordinaria de diciembre de 2012 no incluía ninguna modificación respecto a lo que dispone la Ley de Clases Pasivas del Estado en su artículo 23, que obliga a estos trabajadores a cotizar por las catorce pagas.

Los afectados por esta medida, que supone la pérdida de la paga extra y una reducción en la nómina por la cotización de esta, son aquellos empleado públicos que cotizan en el régimen de clases pasivas, esto es, la práctica totalidad de los empleados de la Administración General del Estado, del Ejército, de la Justicia o de la Agencia Tributaria, que suponen alrededor de 900.000 personas, según cálculos de sindicatos de funcionarios CSI-F. CSI-F

Desde el sindicato que dirige Miguel Borra, se asegura que por el efecto de esta doble imposición los funcionarios que cotizan por clases pasivas "cobrarán en diciembre incluso menos que en noviembre". Por esta razón, desde CSI-F ya se ha trasladado la queja al Ministerio de Hacienda para que reconsidere esta doble imposición, pero que el Gobierno no lo contempla. Además, el sindicato avisa de que la cotización del mes de diciembre de 2012 no va a tener reflejo en la futura pensión de jubilación de estos funcionarios.

Por otro lado, CSI-F también ha alegado ante Hacienda que en relación con la supresión de la paga extraordinaria del mes de diciembre, debe tenerse en cuenta que hasta el 15 de julio de 2012, fecha de entrada en vigor del Real Decreto antidéficit, todos los empleados públicos han devengado el derecho a percibir la paga extra en las condiciones previstas en los Presupuestos de 2012. "En consecuencia, debe abonarse la parte correspondiente a la paga extraordinaria hasta esa fecha 15 de julio", solicitan, más aún cuando, según aseguran, "este criterio se ha seguido con aquellos empleados públicos que finalizaron la relación de servicios o su contrato antes del 15 de julio, a los que se les ha abonado la parte proporcional de la paga corresondiente".

En la misma dirección, la Defensora de Pueblo, Soledad Becerril, ha recomendado que la supresión de esta paga comience a aplicarse en el momento en que se publicó el Real Decreto Ley al considerar que una parte de la paga suprimida correspondería a un trabajo ya realizado. Por ahora, el Gobierno se ha comprometido a compensar más adelante la paga extra detraída en 2012, pero aún no fijado una fecha. Por otro lado, los empleados del sector público recuperarán las pagas extras, pero mantendrán congelado el salario en 2013, según les trasladó hace aproximadamente un mes este el Gobierno a los sindicatos de la función pública durante la reunión de la Mesa General de la Negociación en las Administraciones Públicas.

Evidencia de los recortes: La educación pública pierde 132.713 afiliados entre abril y septiembre

ANTENA 3.COM: La educación pública pierde 132.713 afiliados entre abril y septiembre

La afiliación a la Seguridad Social en los sectores de Administración Pública, Educación y Sanidad se redujo en 220.472 personas entre enero y septiembre, según datos difundidos por CSI-F a partir de las estadísticas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

El sindicato resaltó sobre todo la pérdida de afiliados en la Educación, el sector donde más se está notando la destrucción de empleo, con 132.713 afiliados menos entre abril y septiembre.

Según CSI-F, el sector de Administración Pública es ya, proporcionalmente, el tercer sector con una mayor pérdida de afiliados, por detrás de la construcción y las industrias extractivas.

El presidente de CSI-F, Miguel Borra, exigió hoy al Gobierno y a las comunidades autónomas, reunidas hoy en la Conferencia de Presidentes, "que pongan freno a la sangría de pérdida de empleos en el sector público".

"Hay que aplicar un torniquete a la sangría de empleo en el sector público, porque los servicios que reciben los ciudadanos son hoy, en el contexto de esta crisis, más necesarios que nunca", destacó.

Borra teme que "detrás de esta pérdida de empleo público se encuentre una de las condiciones encubiertas del futuro rescate a España".

Información sobre descuentos en bajas médicas (Incapacidad Temporal) y dónde acudir en caso de Urgencia vital

Desde CC.OO. nos piden difusión para esta información:

"La semana pasada han enviado a los Centros una circular con información relativa a las novedades en la regulación de la prestación económica en situación de incapacidad temporal.

En el Real Decreto 20/2012 de 14 de Julio de Medidas Urgentes para garantizar la estabilidad presupuestaria, fijaba la fecha del 15 de octubre para su aplicación". 

Recordamos el TE INFORMA que se remitió en su momento.

Desde CC.OO nos dan también información sobre dónde acudir cuando se produzca una “URGENCIA VITAL” y el RD 20/2012 (en la pág. 22 del pdf está subrayado)

            

 








Puedes descargar:
Real Decreto 20/2012 de 14 de Julio de Medidas Urgentes
TE INFORMA Descuento bajas (también en http://www.feccoo-madrid.org/comunes/recursos/15708/1440613-Hoja_informativa_recortes._julio_2012.pdf)
Dónde acudir cuando se produzca una “URGENCIA VITAL” (3 páginas)

Estadísticas de interinidad basadas en afiliación seguridad social: 1 de cada 5 trabajadores en educación en Madrid y Cataluña es dado de baja en agosto

Al leer esto
http://mareaverdemadrid.blogspot.com.es/2012/09/el-paro-se-ceba-con-los-profesores.html

Con casi 45.000 afiliados menos a la Seguridad Social (7.000 más que el mismo mes del año anterior), el sector de la enseñanza ha sido el que más destrucción de empleo ha sufrido durante el mes de agosto. La explicación, según los sindicatos, hay que buscarla en los miles de profesores interinos que este año fueron despedidos el 30 de junio y no el 31 de agosto como venía siendo habitual.

Me he puesto a buscar datos

Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Informe de Afiliación de Agosto 2012

Página 23 del pdf, los datos de educación confirman lo que se dice de unos 45000 afiliados menos (44.585 exactamente). Lo que me parece más relevante es que eso es una bajada el 7,20 % del total de los afiliados en educación (574.594), lo que diciéndolo de manera rápida y redondeando sería, que en el global de toda España, "1 de cada 10 trabajadores en educación es interino y es dado de baja en agosto"

Pero eso no es todo: los datos se pueden consultar desglosados por provincia y mes: para ver las variaciones hay que coger dos meses y restarlos, lo que es sencillo porque se pueden descargar como hoja de cálculo

Afiliados medios mes por provincias y secciones de actividad

Incluyo la hoja de cálculo y se ve como ese 1 de cada 10 se convierte en 1 de cada 5 en Madrid y Cataluña, lo que es todavía más relevante, porque tienen redondeando el 40% del profesorado de España, así que para que la media sea del 7,2 % en España, la tasa de interinidad y bajas en verano en el resto de España es muchísimo menor, y lo de Madrid y Cataluña es especialmente sangrante.

ADJUNTOS

 VariacionesAfiliacionSectorEducacion-Julio-Agosto-2012.xls

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Publicado por hunk en docentesconeducacion.es