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sábado, 8 de mayo de 2021

Sobre la formación inicial del profesorado y el mal llamado MIR docente (Fernando Trujillo para eldiariodelaeducacion.com)

 Artículo de Fernando Trujillo para eldiariodelaeducacion.com (07/05/2021)

  • En lugar de intentar tener la mejor formación inicial posible para todas las etapas del sistema educativo, queremos intervenir por la vía rápida depositando en el individuo que oposita toda la responsabilidad de la mejora del sistema pero sin hacer un diseño sostenible que garantice la calidad global de la formación del profesorado tras la creación del MIR docente. Además, no hay presupuesto que sostenga a este MIR, no hay red de centros que lo acoja, no hay tutores que estén formados para desarrollarlo ni estructura administrativa que pueda gestionarlo, dado que este MIR quedaría fuera del ámbito de las universidades y dentro del área de actuación de unas Consejerías de Educación.

“No hay nada más difícil de emprender, ni más dudoso de hacer triunfar, ni más peligroso de manejar, que el introducir nuevas leyes.”

Nicolás Maquiavelo. El Príncipe.

Tenemos nueva ley de educación. Como se espera de todo nuevo texto legal, la LOMLOE comienza definiendo cuáles son los problemas y los retos de nuestros sistema educativo y después plantea las soluciones que legisladoras y legisladores creen más adecuadas en cada momento.

Uno de los retos de la educación es la propia profesión docente. Por eso la disposición adicional séptima de la LOMLOE establece la obligación que se autoimpone el Gobierno de redactar una normativa sobre el desarrollo de la profesión docente. Así dice esta disposición adicional:

A fin de que el sistema educativo pueda afrontar en mejores condiciones los nuevos retos demandados por la sociedad e impulsar el desarrollo de la profesión docente, el Gobierno, consultadas las comunidades autónomas y los representantes del profesorado, presentará, en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta Ley, una propuesta normativa que regule, entre otros aspectos, la formación inicial y permanente, el acceso y el desarrollo profesional docente.

Según algunas noticias aparecidas en prensa, uno de los documentos fundamentales que inspiran al Ministerio de Educación y Formación Profesional para esta nueva normativa es un documento firmado por la Conferencia de Decanos y Decanas de Centros con Títulos de Magisterio y Educación. Así lo reflejó en 2018 El País (https://elpais.com/politica/2018/02/04/actualidad/1517767356_114700.html) y la noticia volvía a reaparecer en los medios poco antes del confinamiento, en febrero de 2020 (https://www.ideal.es/economia/trabajo/mir-educativo-nuevos-profesores-practica-tutelada-20200220131847-nt.html).

Esta Conferencia, en la cual se reúnen los gestores de las facultades de educación, se pronunció en 2017 mediante un documento titulado “Bases para establecer una carrera profesional”, documento que representa la opinión cualificada de los decanos y las decanas – aunque no, desafortunadamente, la voz de los docentes de sus facultades puesto que no se articuló ningún procedimiento democrático de debate sobre estas Bases más allá del trabajo de la propia Conferencia.

No obstante, la propuesta de la Conferencia es una propuesta global que plantea muchas claves interesantes que deben ser tomadas en consideración. Destacamos aquí algunas de las propuestas:

• Acceso a los grados de Magisterio y Máster de Secundaria

◦ Definir criterios y pruebas específicas de entrada a los estudios.

◦ Establecer y planificar de forma global el acceso a las Facultades de Educación.

• Formación inicial del profesorado

◦ Aumentar el coeficiente de experimentalidad de los títulos de grado y máster.

◦ Garantizar el carácter formativo del Practicum.

◦ Revisión y alineamiento de las menciones con las especialidades docentes de los cuerpos de profesorado.

◦ Revisión comparada de los planes de estudio de todas las universidades.

◦ Flexibilización de los mecanismos de actualización de los planes de estudio.

◦ Creación de grupos de trabajo estables entre las facultades y las Consejerías de Educación.

En todo caso, la propuesta estrella de este documento es “la implantación de un sistema de acceso a la profesión docente” y los decanos y las decanas de educación afirman que el MIR es el referente para esta propuesta pues constituiría la “contratación del profesorado en prácticas en términos equivalentes a los MIR Medicina”. Es más se dice explícitamente que “se analizó el modelo y la implementación del MIR de Medicina con la ayuda de un representante de la Conferencia de decanos/as de Medicina”, lo cual derivó en la consolidación de esta propuesta como el MIR docente – aunque supongo que antes de firmar esto los decanos y las decanas no hablaron con Vicente Baos (2020), quien afirma con rotundidad que “los médicos que acaban el MIR solo tienen oportunidades de trabajos temporales e inestables”.

Para no dilatar lo inevitable, diré con claridad cuál es mi opinión respecto al documento de Bases: los decanos y las decanas de facultades de educación ponen su confianza en la mejora de la carrera profesional en cuestiones fundamentalmente ajenas a sus propias facultades. En este sentido, desde la publicación de este documento me ha llamado la atención que los decanos y las decanas de las Facultades de Educación invierten mucho más espacio y esfuerzo en describir aquello que ocurre antes o después del paso por las facultades (el acceso, la incorporación a la profesión y la formación permanente) o a cuestiones laborales de su profesorado (interinidad del profesorado, la figura del profesor asociado y la figura del profesor vinculado en Educación), que indudablemente también deben ser resueltas, antes que a analizar y hacer propuestas acerca de aquello que ocurre dentro de sus facultades.

En concreto, por ejemplo, me parece significativo el poco espacio que se dedica a una comparación evidente entre los Grados de Educación Infantil y Primaria y el Máster de formación del profesorado de Educación Secundaria, comparación esta que en mi opinión debería ser analizada como paso previo a cualquier propuesta de innovación radical y potencialmente disruptiva como el MIR docente: me refiero a las diferencias en las prácticas en centros educativos entre los mencionados Grados y el Máster.

Así, Mequè Edo, Sílvia Blanch y Carme Armengol, de la Universitat Autònoma de Barcelona, analizaron la implantación del Grado de Educación Infantil de la Universitat Autònoma de Barcelona entre 2009 y 2014. En su investigación destacan que “la valoración inicial del diseño de los prácticums es muy positiva”.

En concreto, estas autoras afirman que “la secuencia y los instrumentos formativos son valorados muy positivamente por los alumnos que cursan estos estudios y también, de forma consistente, por los maestros que los acogen en sus centros durante los periodos de prácticas”; entre otras cuestiones porque “el diseño permite alargar la estancia en el tiempo para planificar proyectos y poder ver el progreso de los niños y niñas a lo largo del semestre, así como periodos escolares diferentes, como el inicio de curso, final de curso, etc.”. Por ello, la investigación concluye que:

en este sentido, desde la facultad se entiende que los diferentes prácticums son las asignaturas más importantes del grado porque permiten al alumnado acercar y poner en práctica de forma significativa su rol como maestros y los conocimientos aprendidos. A su vez, el prácticum permite desplegar las competencias profesionales relacionadas con actitudes inter e intra personales necesarias para trabajar con criaturas y difíciles de practicar en las aulas de la universidad.

En términos similares pero unos años más tarde, Pablo Cortés González, Blas González Alba y Daniela Padua Arcos (2020) analizaron la opinión de los estudiantes del Grado de Educación Primaria de las Universidades de Málaga y Almería en relación con el Prácticum. De su análisis se extrae que:

el periodo de prácticas permite al alumnado confrontar su formación, experiencias, conocimiento, habilidades, competencias… con la realidad escolar experimentada. Este ejercicio de autorreflexión facilita la reconfiguración y deconstrucción de su identidad docente; el aula donde se desarrolla el prácticum es un espacio para comprender aplicando la teoría, para aprender completando la teoría y para aprender contrastando la teoría.

Así pues, ¿cuáles son las claves de este prácticum aparentemente exitoso de los Grados de Educación Infantil y Primaria? La investigación señala dos claves fundamentales: su diseño prolongado a lo largo de todo el grado y la tutorización del mismo. El diseño permite que en cada curso del grado (aunque en algunas universidades, el prácticum se concentra en los dos últimos cursos) se realice una aproximación al aula, en la cual se pueden contrastar los conocimientos y competencias desarrollados durante el tiempo de aprendizaje en la facultad además de observar distintos momentos de la vida escolar e incluso desarrollar proyectos de innovación educativa o investigación que después puedan visibilizarse a través del Trabajo Fin de Grado.

Así mismo, la tutorización del prácticum cuenta con la doble implicación de los tutores académicos (docentes universitarios) y tutores profesionales (docentes de Educación Infantil o Primaria, según el grado que se curse), un tándem con mucho potencial cuando funciona bien. En este sentido, Tejada-Fernández, Carvalho-Dias y Ruiz-Bueno (2017) señalan que en la coordinación y el proceso de tutorización existe margen de mejora aunque no dejan de destacar que:

el Prácticum es un tiempo y espacio de gran significación y relevancia para los futuros maestros que proporciona un conocimiento profesional de la realidad educativa en un determinado contexto real mediante la inmersión en su actividad laboral futura.

Por otro lado, Rocío Serrano Rodríguez y Alfonso Pontes Pedrajas analizaron las opiniones de 353 estudiantes sobre el Máster Formación del Profesorado de Enseñanza Secundaria de la Universidad de Córdoba. Entre sus conclusiones, destaca que:

se pudo constatar que tras finalizar su periodo de formación inicial docente, el alumnado atribuye un nivel de desarrollo moderado a los objetivos globales de la formación inicial docente y un nivel un poco más bajo a las competencias generales del máster; es decir, nuestros alumnos adoptan un papel crítico y a la vez constructivo.

Es más, se indica lo siguiente: “Hay que considerar como una deficiencia del proceso formativo el hecho de que el objetivo menos valorado corresponda al desarrollo de vínculos de colaboración con otros profesionales del ámbito educativo (38.8 por ciento). Será necesario, por tanto, revisar el desarrollo de la fase práctica en centros docentes para tratar de superar este problema”, es decir, “las competencias que no se han desarrollado de forma suficiente, según el alumnado, apuntan, en algunos casos, a aspectos prácticos que son importantes para la formación docente y que están muy relacionados con la actividad real del profesor en el aula. Los futuros docentes manifiestan, por tanto, la necesidad de desarrollar una formación más instrumental y ligada esencialmente a la práctica educativa, que les permita dar respuesta a las demandas y situaciones que se viven actualmente en las aulas de los centros educativos.”

Precisamente, Francisco Imbernón (2019) critica no sólo la escasa presencia de las prácticas en centro sino el carácter marginal de estas, indicando que “la alternativa es pivotar sobre la práctica educativa y, a partir de ella, generar un proceso curricular más adecuado al contexto”. En concreto, Imbernón plantea que:

un nuevo currículum de formación inicial se tendría que basar más en la práctica y más adecuado al siglo XXI.Tendría que haber una mayor coordinación entre el profesorado y asignaturas, una selección del profesorado que imparte docencia en el máster, así como el alumnado que accede, una selección cuidadosa de los centros de prácticas y de los tutores, compensando su trabajo.

En un sentido muy similar, Escudero Muñoz, Campillo Díaz y Sáez Carreras (2019) revisan en profundidad la génesis, el sentido, la estructura y la implementación del Máster de formación inicial del profesorado de educación secundaria y sus conclusiones incitan a la reflexión y a la acción:

En las investigaciones que venimos citando, los temas más frecuentes se refieren a la escasez del tiempo (60 créditos ECTS) y la distribución de los mismos por trimestres y asignaturas; la imposibilidad de ir más allá de un barniz superficial en los temas tratados; la falta de evaluación auténtica de las competencias formuladas (suponiendo que fueron bien entendidas y enfocadas); la ausencia de colaboración y coordinación docente, denunciada por el profesorado y todavía más por el alumnado, que también se queja de la repetición de contenidos en asignaturas diferentes; la conexión muy mejorable con los IES y el descuido de la formación de Tutores; la constatación de que las prácticas en los centros, así como los TFM, no han contribuido según lo deseable a propiciar relaciones apreciables entre la teoría y la práctica ni, tampoco, promover renovación pedagógica.

En concreto, sobre el prácticum del Máster de formación inicial del profesorado de Educación Secundaria, Pilar Gil-Molina, Alex Ibáñez-Etxeberria, Silvia Arribas y Joana Jaureguizar (2018) destacan que la valoración del alumnado de este período de prácticas en centros es positiva pero que “(un) posible aspecto a considerar sería la duración del período de prácticas, ya que ésta parece ser claramente insuficiente para el alumnado, pero no así para el profesorado. Esta reclamación del alumnado en cuanto a ampliar la duración del Prácticum parece ser coincidente con la encontrada por otros estudios.”

Es decir, tenemos, por un lado, unos grados de Educación Infantil y Primaria que cuentan con un total de 44 créditos de prácticas de enseñanza, distribuidos por las universidades a lo largo de los cuatro cursos del Grado, y que cuentan, en general, con una buena valoración. Por otro lado, contamos con un Máster de 60 créditos en total que cuenta con un prácticum de 16 créditos europeos, que las universidades distribuyen entre prácticas en centros y TFM; así, la UGR dedica 10 créditos a prácticas y 6 a TFM; Universidad Complutense de Madrid, 12 en prácticas y 6 en TFM; Universidad Autónoma de Barcelona, 14 en prácticas y 6 en TFM; Universidad de Valencia, 10 en prácticas y 6 en TFM.

En mi opinión, este es el dilema: por un lado, tenemos una formación inicial del profesorado que cuenta en Infantil y Primaria con un número de créditos prácticos suficiente – aunque que no acaba de resolver eficazmente la relación entre teoría y práctica en la docencia impartida en las Facultades de Educación; por otro lado, tenemos un Máster de formación del profesorado de Educación Secundaria que ni cuenta con unas prácticas suficientes ni, mucho menos, con una buena relación entre teoría y práctica en su desarrollo, por no mencionar la masificación que se ha generado en este máster, que imposibilita cualquier aproximación de calidad a procesos serios de formación del profesorado.

Es decir, tenemos problemas estructurales en la formación inicial, como parecen demostrar las investigaciones. Sin embargo, la solución a nuestros problemas propuesta por los decanos y decanas de las facultades de educación y aparentemente asumida por buena parte de la clase política es el MIR docente, una innovación radical, de la cual no tenemos experiencia previa alguna en educación, cuyo coste no ha sido calculado de manera convincente ni se ha hablado de qué presupuesto lo sostendría para que no acabara siendo una vía de contratación precaria para el profesorado interino residente.

¿Es esto razonable? En mi opinión, no lo es. Debemos intervenir, primero, sobre nuestra formación inicial de manera seria, revisando en profundidad los planes de estudio de los Grados de Educación Infantil y Primaria para que respondan a la realidad de la escuela, no a los intereses profesionales de los departamentos de las distintas universidades; y, por otro lado, actuar con contundencia en el Máster de formación del profesorado de educación secundaria, entre otras cuestiones puliendo el acceso al mismo y aumentando los créditos de prácticas en centros, para lo cual incluso se puede extender el Máster a un segundo año, si así se gana en calidad para la formación y el desarrollo de competencias profesionales.

Entonces, ¿caeremos hipnotizados ante los cantos de sirena que comparan la medicina y la educación, siempre en perjuicio de esta última, y que pretenden asimilar a docentes con médicos y otros profesionales de la salud por la vía de urgencia del MIR? Me temo que cabe esa posibilidad.

En lugar de intentar tener la mejor formación inicial posible para todas las etapas del sistema educativo, queremos intervenir por la vía rápida depositando en el individuo que oposita toda la responsabilidad de la mejora del sistema pero sin hacer un diseño sostenible que garantice la calidad global de la formación del profesorado tras la creación del MIR docente. Además, no hay presupuesto que sostenga a este MIR, no hay red de centros que lo acoja, no hay tutores que estén formados para desarrollarlo ni estructura administrativa que pueda gestionarlo, dado que este MIR quedaría fuera del ámbito de las universidades y dentro del área de actuación de unas Consejerías de Educación muy al límite en cuanto a personal técnico cualificado; todo esto, además, sin atender a las llamadas de atención que nos hablan de precarización y de problemas en el propio MIR sanitario.

Así pues, o nos ponemos a pensar seriamente qué tenemos y cómo lo mejoramos o lo más probable es que acabemos manteniendo una mala formación inicial y creando, además, un chapucero MIR docente: un gran paso para la educación de nuestro país en la vía de la calidad, sin lugar a dudas.

Cierro, por ello, con otra cita de Maquiavelo por si inspira a nuestros legisladores y legisladoras: “Así pasa en las cosas del Estado: los males que nacen en él, cuando se los descubre a tiempo, lo que sólo es dado al hombre sagaz, se los cura pronto; pero ya no tienen remedio cuando, por no haberlos advertido, se los deja crecer hasta el punto de que todo el mundo los ve.” ¿Miraremos hacia otro lado en relación con la formación inicial, distraídos por el MIR docente y sus encantos, o pondremos remedio a lo que tenemos ya construido y que reclama nuestra atención? Sigan atentos a sus pantallas que en breve tendremos la respuesta.

Referencias

  • Cortes González, P., González Alba, B., & Padua Arcos, D. (2020). Visiones del alumnado y el sentido del prácticum en educación primaria. Revista interuniversitaria de formación del profesorado, 34(2), 275-298.
  • Edo, M., Blanch, S., & Asparó, C. A. (2015). El grado de educación infantil de la UAB, apostando por el prácticum. Tendencias pedagógicas, (26), 109-130.
  • Escudero Muñoz, J. M., Campillo Díaz, M., y Sáez Carreras, J. (2019). El Máster de Formación Inicial del Profesorado de Educación Secundaria: revisión, balances y propuestas de mejora. Profesorado, Revista de Currículum y Formación del Profesorado, 23(3), 165-188.
  • Gil-Molina, P., Ibáñez-Etxeberria, A., Arribas, S., & Jaureguizar, J. (2018). El Prácticum del MFPS: Valoraciones del alumnado y del profesorado-tutor. Profesorado, Revista de Currículum y Formación del Profesorado, 22(1), 369-392.
  • Imbernón, F. (2019). La formación del profesorado de secundaria. La eterna pesadilla. Profesorado. Revista de Curriculum y Formación del Profesorado, 2019, vol. 23, num. 3 (2019), p. 151-163.
  • Serrano Rodríguez, R., & Pontes Pedrajas, A. (2015). Nivel de desarrollo de las competencias y objetivos generales del Máster Formación del Profesorado de Enseñanza Secundaria. Perfiles educativos, 37(150), 39-55.
  • Tejada-Fernández, J., Carvalho-Dias, M. L., & Ruiz-Bueno, C. (2017). El prácticum en la formación de maestros: percepciones de los protagonistas. Magis, revista internacional de Investigación en Educación, 9(19), 91-114.

jueves, 27 de febrero de 2020

"Cambios epidérmicos para ser docente" (Manuel Menor Currás)


Nuestro compañero Manuel Menor comparte con tod@s este análisis


Anuncian nuevos protocolos para ser profesor universitario y, también, para los candidatos a profesores o maestros en los niveles escolares.

La judicialización de la vida política prosigue tan alegre. Siempre hay algún motivo a mano para intentar parar el tiempo y los problemas y, de paso, no adentrarse en los que atañen de continuo a la vida ciudadana. Distraer al personal con andanzas ante la Judicatura puede dar la impresión de gran preocupación cuando solo es una estafa al tratamiento serio de los asuntos. Si es cuestión de incompetencia o de seguir una vieja tradición es opinable, pero muchas veces, en el transcurso de este último mes, ha dado la impresión de que sea una conjunción de ambos ingredientes.

Judializaciones rentables

Debe ser productivo para que todo siga más o menos con el mismo tono amorfo y desajustado. Y más cuando cuando un paralelo enfado exagerado propicia la épica  patriótica ante las cámaras. El Ejecutivo, entretanto, mientras trata de responder retrasa lo que urge decidir y, al hacerlo, adopta medidas que procuren no enfadar mucho. Juega por la banda y no centra nunca el balón. Todo se va dilatando, entrelazan jugadas que parecen de gran calado, pero que tan solo son retoques de apariencia.

La falta de juego en profundidad es muy probable que siga siendo la tónica de la  Legislatura. España no puede ser de unos contra otros. Debe ser de todos y para todos”, decía el Rey el día tres de febrero, al inicio y, teóricamente, estaría bien que fuera así. La secuencia táctica del juego parlamentario lo dirá. No han pasado ni los 100 días ritualmente preceptivos para que la confianza haya podido acreditarse, pero también es verdad lo que hace algún tiempo confesaba Ángel Gabilondo, que lo que no se hace en los primeros compases, en los últimos –a él le pilló en abril de 2009- ya se hace más difícilmente o queda sin hacer. Aquel “pacto educativo” que casi iba a ser posible, y que Mario Bedera (PSOE) y Sandra Moneo (PP) tuvieron a punto, se vino abajo mostrando que, en política, ser de palabra es muy complicado si se avecinan unas elecciones con poca expectativa.

Los asociados
De las varias decisiones que en políticas educativas se pueden tomar entre tantas que reclaman atención, en Universidades parecen haberse inclinado por poner orden en la contratación de “asociados”. Y en lo que atañe a los niveles escolares, parece que quieren empezar atendiendo a algo concerniente a la selección del profesorado. Consistiría en tutorar durante un año a los candidatos preseleccionados para ser profesores o maestros. Las dos medidas son interesantes por tratar problemas concretos. Pero se pueden quedar en nada si no van acompañados de una  revisión a fondo del contexto, aunque puedan dar mucho juego para parrafear en tertulias y en medios como si fuese algo trascendental por sí mismo.

Hay un punto en que las dos medidas se complementan aunque pertenezcan a dos ministerios actualmente independientes. Entre la mala aplicación en 2009 del EEES –habitualmente conocido como Plan Bolonia-, y la depresión que la Universidad pública experimentó con los recortes que el pretexto de la crisis económica aumentó desde 2011, la proporción de profesorado universitario mal pagado ha ido en aumento, los asociados y sus tipologías variopintas han ido supliendo carencias y, en muchos departamentos, no se cumplen los mínimos de rigor. Evitar que prosiga la degradación es caminar en la dirección acertada de consolidar un sistema educativo atractivo para elevar el nivel cultural medio de la sociedad y, en particular, el de quienes vayan a ser docentes en los niveles escolares.

Pensar que estos serán mejores porque sean capaces de superar unas determinadas oposiciones con currículos heredados de hace dos siglos y que, a continuación, vayan a trabajar como deba hacerse en aulas del siglo XXI es poco serio. Si han visto en la Universidad profesores obsoletos y desganados, rutinarios o pagados de su autoritarismo como signo de saber, salvo excepciones eso repetirán cuando les toque ejercer. Porque no hay docencia que no haya sido aprendida, y creerán que lo que Paulo Freire ya criticaba como “educación bancaria” es la mejor manera de enseñar, aunque en realidad sea una deformación del buen sentido de la enseñanza. Atajar, pues, este apaño de asociados que en realidad son como siervos de la gleba, puede ser un paso en la buena dirección. Pero solo un paso, que solo tendrá sentido si se está en disposición de dar los que hacen falta para que sea coherente esta decisión.

Tutores de prácticas
La otra medida anunciada, si bien se mira, poco añade a lo que ya era preceptivo desde finales de los años sesenta y que en 2006 se estimó transitorio y no lo fue. El año de prácticas ha estado ahí durante todos estos años, más que el CAP, envejecido antes de nacer y preceptivo para dar el primer paso para ser profesor. Ese año de prácticas era obligatorio para consolidar la oposición. Ahora, al parecer, se va a cuidar de que la tutoría de ese año sea efectiva y que su evaluación sea decisiva para dar plaza definitiva a un candidato o candidata. Si así logra ser algo habremos avanzado, pero a ver qué pasa en cada Autonomía. En la de Madrid, por ejemplo, cuando se planteó el practicum  de los másteres que empezaron a ser preceptivos en 2009, podía apuntarse cualquiera y de modo muy ramplón: les daba igual. Como les da igual hartar a los candidatos con largos años de interinaje… o ni siquiera. Si de eficacia se trata, habrá que ver de dónde salen tutores que merezcan la pena, con qué centros educativos se cuenta, los criterios con que se escoge a unos y otros y cómo se les estimula. En modo alguno será indiferente el tipo de centro a donde vaya a parar el candidato a profesor o maestro, porque quien educa no es un individuo, sino el ambiente perceptible en el centro educativo elegido. Todo candidato a docente ha de percibir como un deber y no como una voluntariedad aleatoria que es convocado a ser buen educador y buen docente.

¿Y de lo demás?
También en esta asunto la medida anunciada solo es un pequeño aspecto de la indispensable formación de los docentes. Antes de ella, están el paso por la Universidad y por el máster correspondiente y está el proceso de selección mediante oposición o algún otro sistema, dos pasos que actualmente son ampliamente mejorables. Como está el saber si en la red privada y concertada los procesos y criterios a seguir van a ser iguales que los que se propugnan para la red pública.  Y está, en el itinerario profesional de todo docente, la exigencia y garantía de continuidad formativa e investigadora a lo largo del ciclo laboral. Igual que está el siempre demandado Estatuto de la Función Docente, tantas veces reclamado y ninguna atendido. En fin, están muchas cuestiones colaterales que debieran decirse cuanto antes, porque, si no, el riesgo de ramplonería irá en aumento. No habrá buenos sustitutos para los más de 800.000 docentes existentes en el sistema educativo español –sin contar los de niveles universitarios. Los posibles candidatos que merezcan la pena no optarán por algo que no esté reconocido socialmente y que solo tenga como función reproducir lo que ya hay. Hasta la fecha, poco o nada hemos oído sino palabras al respecto. Como otros muchos asuntos que se aventuran más costosos, que puede que vayan quedando ad kalendas graecas. Veremos.

domingo, 23 de febrero de 2020

Celaá entierra el criterio Wert: las becas se otorgarán en función de la necesidad económica y no de las notas (Daniel Sánchez Caballero para ELDIARIO.ES)

ELDIARIO.ES publica esta noticia

El Gobierno se ha propuesto eliminar los requisitos académicos que impuso el exministro Wert para obtener y mantener las becas universitarias. Según el anuncio realizado este jueves en el Congreso por la ministra de Educación, Isabel Celaá, el nuevo programa de ayudas al estudio rebajará gradualmente de nuevo hasta el 5 –en un periodo de tiempo sin especificar– la nota necesaria para obtener una beca.

El PP había elevado la nota media necesaria para obtener y mantener las ayudas, en algunos casos hasta el 6,5, lo que estaba provocando que miles de estudiantes no tuvieran acceso o se vieran obligados a devolver becas concedidas porque el sistema no contemplaba atenuantes según los casos personales, como por ejemplo tener que trabajar durante la carrera porque las becas son insuficientes. Las ayudas más cuantiosas, correspondientes al umbral 1 de renta, oscilan entre los 2.250 euros anuales y los 4.124 si incluyen cambio de residencia.

"Vamos a llevar a cabo un profundo cambio en el sistema de becas", ha explicado Celaá en la Comisión de Educación durante el desglose de sus planes para la legislatura. Entre las modificaciones que incluirá el ministerio también está la reducción "sustancial" o eliminación de las cuantías variables –que se otorgaban mediante una compleja fórmula que tenía en cuenta el rendimiento propio y el de los demás estudiantes–, el aumento gradual de la cuantía fija, la modificación de los umbrales de renta para acceder a las diferentes ayudas y un aumento de 30 millones en la partida.

Durante su comparecencia, la ministra también ha informado de que la ley que sustituirá a la LOMCE será la primera que el Gobierno de coalición apruebe en el Consejo de Ministros, que modificará la formación inicial y continua de los docentes (incluyendo la instauración de un año de prácticas para los nuevos profesores) y que creará un instituto dedicado a diseñar los nuevos currículums, que serán más competenciales y menos memorísticos.
Las broncas por las becas

En los últimos años la cuestión de las becas se había enfriado a base de hechos consumados, pero durante los primeros meses del mandato del exministro José Ignacio Wert fue uno de los principales campos de batalla de la política educativa y causa de grandes broncas en el Congreso, principalmente con el PSOE.

El PP cambió el sistema de becas al poco de acceder al poder. Entre acusaciones cruzadas de mentir (porque cada partido calculaba el gasto en becas de una manera distinta) el exministro Wert sacó adelante un programa que por primera vez trataba de ajustar las partidas iniciales a las finales (históricamente el dinero que se dedicaba a becas era muy superior al presupuestado) pero que también introdujo ciertos requisitos académicos que los estudiantes debían cumplir para obtener primero y mantener después las ayudas.

Los principales cambios que introdujo Wert fue elevar la nota exigida para obtener una beca de matrícula, aunque luego se volvió a rebajar hasta el simple aprobado. Para optar a las ayudas económicas directas en el primer curso subió hasta el 6,5 la nota media de la Secundaria. Para los siguientes cursos estableció la obligatoriedad de haber aprobado entre un 85% y un 100% de los créditos del curso anterior o entre un 65% y un 85%, pero con un 6 o 6,5 de media (los requisitos varían según la rama del grado estudiado, la horquilla alta para las ciencias de la salud y las sociales y humanidades, la baja para las ciencias y enseñanzas técnicas).

También dividió la beca en dos cuantías: una fija, igual para todos en función de la renta, y otra variable, que cambiaba según el presupuesto disponible y las notas obtenidas y que se calculaba con una compleja fórmula matemática. La creación de esta cuantía variable tuvo el efecto inmediato de que los estudiantes no sabían hasta prácticamente acabado el curso cuál sería su ayuda total. También modificó los umbrales de renta que marcan quién tiene derecho a ayudas y cuánto corresponde a quién en función del umbral en el que se ubique.

El resultado del cambio fue que, como presumía el Gobierno entonces, subió el número de becarios (más ligado, probablemente, a la caída de las rentas por la crisis, lo que permitió a más familias entrar en los umbrales establecidos), pero cayó la cuantía media de las becas en unos 300 euros anuales porque la cacareada subida de las partidas realmente no fue tal: simplemente se presupuestaba la cantidad que se iba a gastar y que sí era la mayor presupuestada nunca, pero seguía siendo inferior a lo que Gobiernos anteriores acababan gastando aunque no figurara de inicio.
Más de 45.000 estudiantes sin su beca

La introducción de los requisitos académicos cumplió su función: la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) denunció la semana pasada con dureza que el sistema de becas es regresivo, que está pensado "para ahorrar" y que "los requisitos académicos están actuando como un factor excluyente para más de 45.000 alumnos que, cumpliendo las condiciones económicas para acceder y permanecer en la condición de becario", no obtienen las ayudas.

Otros sí las obtuvieron, pero vieron cómo el Ministerio de Educación les pedía que las devolvieran por no haber cumplido. Entre el curso 2012-2013 y el 2017-2018 el Ejecutivo exigió a 135.000 estudiantes de Bachillerato en adelante que retornaran las ayudas, medida con la que recaudó 160 millones de euros.

El departamento de Celaá se ha propuesto acabar con este tipo de situaciones. La ministra informó el jueves en el Congreso de que suprimirá estos requisitos académicos para volver al 5 (un aprobado) como única condición académica en todos los supuestos para las becas. Para las no universitarias se bajará al 5 con carácter inmediato. Para las universitarias, la parte destinada a cubrir la matrícula también volverá al simple aprobado y con las ayudas directas el compromiso es el mismo: rebajar al 5 lo necesario para obtener la parte fija y reducir "de manera sustancial" o directamente eliminar la cuantía variable, elevando en paralelo la fija.

La reforma del sistema se completará con una revisión de los umbrales de renta establecidos para obtener una ayuda, que el PP modificó también en su momento y que han sido tachados de poco progresivos. Actualmente hay tres umbrales que además varían en función de los miembros de la familia. Para un hogar tipo de cuatro miembros el umbral 1 es de 13.909 euros anuales, el 2 salta hasta los 36.421 y el 3 apenas varía, 38.831 euros anuales.

Además, Educación quiere "tener en cuenta la compatibilidad de las becas y ayudas con la vida laboral, flexibilizando las opciones que permitan compaginar estudio y trabajo para reducir el abandono".
Prácticas docentes

Celaá también ha anunciado medidas específicas para los docentes. La ministra, que ya ha comentado en ocasiones que quiere establecer algo parecido a un MIR (DIR lo llama ella, cambiando la "m" de médico por la "d" de docente), ha explicado que se cambiará la formación inicial universitaria y que los nuevos profesores tendrán que hacer un curso de prácticas, aunque no ha especificado si será remunerado o no, y tampoco si será para todos, solo para los de la pública o solo para los que aprueben una oposición.

El actual sistema ya contempla unas prácticas, pero son más cortas y de facto no se hacen ni nadie las controla.

Por último, Educación quiere revisar los currículums de las asignaturas en la nueva ley. La ministra ha anunciado la creación de un organismo que los diseñe. La idea del ministerio es hacerlos "menos memorísticos" y más competenciales. Si la idea es reducir la cantidad de contenidos para aumentar la calidad, los docentes, que siempre se quejan de lo inabarcables que son los currículos, probablemente lo agradecerán.

lunes, 22 de abril de 2019

Agustín Moreno, profesor jubilado: "El ascensor social se está rompiendo y así es difícil motivar a los alumnos" (por Daniel Sánchez Caballero para ELDIARIO.ES)

Publicamos la entrevista que han realizado al compañero Agustín Moreno en ELDIARIO.ES

Agustín Moreno se hizo 'famoso' el día que se retiró. Profesor de Secundaria, por las redes empezó a circular un vídeo en el que sus alumnos le hicieron un pasillo y le dedicaron una ovación. A un profesor. Le dejó totalmente descolocado. "En la escuela te dejas la piel porque trabajas con personas y tienes que valorarlas y preocuparte, no son papeles. Por encima de todo lo demás: afecto. Ellos lo notan", responde cuando se le pregunta por el secreto de su éxito como docente. Antes de eso ya acumulaba una trayectoria como miembro destacado de la Marea Verde y activista. Todavía antes fue sindicalista (miembro muy destacado de CC OO durante años) y no es ingeniero por un curso que el franquismo le impidió aprobar por sus ideas, cuenta. Pero la jubilación no ha sido el retiro para Moreno. Da conferencias, escribe en prensa y se presta a alzar su voz en favor de la educación pública siempre que se le da oportunidad. También vuelve de cuando en cuando a su antiguo instituto a echar una mano.

¿Cuál es su diagnóstico sobre la educación?


Tiene cuatro problemas serios. Uno es el abandono escolar temprano, que está en el 18%, pero llegó a estar en el 30%. Y se ha reducido no como consecuencia de una mayor inversión educativa o de una mejora de las políticas educativas, si no como efecto de la crisis económica y la reducción de las salidas laborales. Es un tema grave, porque con este nivel de abandono, ocho puntos por encima de la media europea, supone un aumento de las posibilidades del fracaso laboral y con ello del fracaso en vida. Esto tiene que ver con el segundo problema, la escasa inversión educativa. Estamos en el 4% del PIB con el compromiso con la UE de bajar al 3,8%, cuando el suelo en Europa está en el 5% y los países punteros tienen el 7%. El tercer problema es la existencia de una doble red, pública y privada, bien sea pura o sostenida con fondos públicos, que genera desigualdad, segregación, falta de cohesión social y limita la igualdad de posibilidades. El cuarto problema es la existencia de una legislación no consensuada que no permite abordar los problemas de fondo de la educación. La LOMCE se saca con una mayoría absoluta, pero episódica, del PP, sin consenso con otras fuerzas. Es una ley que fomenta el proceso de privatización, la segregación escolar temprana con los itinerarios, introduce las reválidas como una carrera de vallas que dificulta el proceso escolar, resta democracia interna y potencia la presencia de la religión en la escuela, que es un anacronismo. Habría que derogarla.
Si fuera presidente, ¿por dónde empezaría a cambiar la educación?
Como me siento un poco incómodo con esa posición, hablaré como si fuera asesor del presidente. Creo que para que una sociedad avance tiene que acertar en sus prioridades. Una idea de progreso que piense en el bien de todos tiene una serie de ejes decisivos: la apuesta estratégica de la educación como palanca de transformación y cambio social es clave. Esto debería asumirlo la clase política española si queremos que haya un salto en desarrollo, en humanidad, en términos de civilización. Esta apuesta es la que asegura la equidad, que es más importante que la igualdad de oportunidades: es dar más a quién más lo necesita.
¿Qué es apostar por la educación?
Es asegurar el éxito escolar de todo el alumnado. Es una educación que ayude en la formación de una ciudadanía activa, solidaria, crítica. Tenemos que preguntarnos continuamente para qué queremos educar. Si no lo hacemos, nos podemos equivocar y en vez de ir en una dirección de progreso ir en la contraria. En esa reflexión sobre la finalidad de la educación está la clave: si es transformadora al servicio del bien común o si es para las élites, segregadora, clasista y entendida como negocio.
Me ha explicado una idea general, un paraguas bajo el que operar. ¿Medidas concretas?
La primera tendría que ser la reversión inmediata de los recortes. El PSOE tenía que haber derogado los recortes inmediatamente después de la moción. Tenía que haber hecho como hizo Zapatero con las tropas de Irak, retirarlas inmediatamente. Si no, no lo haces. Es lo que ha pasado.Se aprobó una moción en el Congreso, pero va a haber cuatro elecciones antes de que entren en vigor a principio de curso y es probable que ni vea la luz. No se ha apreciado ninguna mejora en los centros educativos después de la moción de censura. Muchas palabras, promesas, pero al final vamos a las elecciones con los hechos: las ratios se mantienen igual, el recorte en profesorado y atención a la diversidad, el horario lectivo amplio que impide la innovación pedagógica, la sustitución con la diligencia necesaria de las bajas, el recorte de becas... La segunda medida sería la derogación de la ley, que significaría eliminar las reválidas definitivamente, recuperar los programas de diversificación... Significaría suprimir los cuartos de la ESO aplicados, que no dan acceso al Bachillerato. Significaría que la FP Básica pueda dar acceso a un título, que ahora es una vía muerta. Significaría sacar la Religión de la escuela, en el currículo y el horario, lo actual es absurdo. Significaría que vaya acompañada de la prioridad en la escolarización en lo público y se acompañe de una financiación que asegure un mínimo del 5% del PIB y vaya a un objetivo del 7%. La educación de calidad cuesta dinero. También es atender la diversidad en la población. La última idea sería la apuesta por una red pública única, que supone ir gradualmente ir eliminando la educación privada sostenida con fondos públicos.

Agustín Moreno, exprofesor de Secundaria, miembro de la Marea Verde y antiguo sindicalista.
La educación concertada, uno de los grandes melones. ¿Cómo eliminaría la red privada sostenida con fondos públicos?
Revertiendo los conciertos de aquellos que no garantizan la gratuidad, que es ilegal, y después de aquellos que discriminan. Y no la segregación por sexo, que es lo más llamativo porque es muy reaccionario, pero son pocos centros. El problema gordo es la segregación socioeconómica. España está a la cabeza en Europa y se da una cierta aporofobia: que mis hijos no se mezclen con pobres o hijos de inmigrantes. Un Estado no puede potenciar esto. Es mejor para la calidad educativa que haya mezcla social. En términos macros, la mezcla social y la diversidad como valor; en términos concretos, los grupos heterogéneos en las clases está demostrado que funcionan mucho mejor que los homogéneos. Es un anacronismo lo que sucede aquí y está creado por los privilegios de la Iglesia católica, que no renuncia a adoctrinar en valores retardatarios para la humanidad como la posición que tiene sobre la eutanasia, el aborto o la identidad sexual.
Otro de los grandes temas es el profesorado. De cuando en cuando se leen exabruptos culpándoles del bajo nivel educativo, etc. ¿Hay necesidad de mejorar el sistema de acceso y formación o cree que son injustificados?
Hay una campaña malintencionada políticamente de meterse con los profesores para justificar los recortes, que es una política torpe. Ni la peor empresa privada trata tan mal a sus profesionales como lo ha hecho la Comunidad de Madrid, por ejemplo, con Aguirre y Figar. Y tiene menos sentido cuando sí tienen el reconocimiento social: entre los colectivos más reconocidos en las encuestas aparecen el profesor de la pública junto a médicos y científicos. Es un trabajo vocacional, en la pública el ingreso está sometido a una exigencia importante y el nivel y compromiso es muy alto. Prueba de ello es que se ha evitado su impacto negativo en la educación del recorte de 9.000 millones de euros gracias al esfuerzo, compromiso y dedicación del profesorado, que lo ha hecho sobre su cansancio, su fatiga y su estrés. Y lo hace a partir de una actitud ética que me parece fundamental: trabajamos con personas y no podemos hacerlo peor porque haya recortes. Algún día habrá que reconocérselo, porque se han dejado la piel.
Usted estuvo en la subcomisión que negoció un pacto educativo hace unos meses. ¿Qué vio? ¿Cree que hubo alguna intención real de alcanzar un pacto?
Fue una mera diversión del Partido Popular. El PP aprobó solo la LOMCE con el rechazo del resto de grupos. En las elecciones de 2016, cuando se preveía un cambio político y se dinamita aquel mundo de control unipartidista de mayoría absoluta, hubo varios acuerdos en el Congreso pidiendo la paralización y derogación de la LOMCE, y se inventaron la subcomisión del pacto educativo.
A nivel formativo, ¿cree que nos estamos olvidando un poco de las personas y pensando demasiado en los futuros trabajadores como denuncian algunas voces?
La educación es acompañar en el desarrollo, ser capaces de facilitar un ambiente en el que cada persona saque toda su potencialidad y esté motivado, algo por cierto cada vez más complicado. No son tiempos fáciles para la motivación educativa. Se está rompiendo ese principio que en otros momentos funcionaba, aunque fuese un poco imaginario, del ascensor social. El último cuarto del siglo XX supuso una socialización muy importante de la universidad y ahora se está perdiendo. El famoso decreto de recortes que el PSOE tenía que haber derogado significó expulsar a 70.000 universitarios por la subida de las tasas. Antes te decían: estudia, está reconocido, tendrás un trabajo, formarás una familia. Ahora el mercado de trabajo está tan degradado que ves licenciados con trabajos basura, temporales, de falsos autónomos aunque los llamen emprendedores, que han cogido las maletas y se han ido fuera. Unido esto a estímulos externos como la sociedad de consumo, se está creando una juventud neoliberal presa de los impulsos consumistas más feroces. Hay que recuperar la esencia de lo que es la educación como enriquecimiento personal, como desarrollo, como ser social, solidario, que intenta mejorarse a sí mismo y mejorar lo demás. Y eso se hace individualmente, pero sobre todo de manera colectiva. No hay cambio ni transformación social que no sea colectiva.

domingo, 7 de abril de 2019

Casado propone "reforzar" la inspección educativa y "darle competencias sancionadoras ante el adoctrinamiento" (ELDIARIO.ES)

Reproducimos esta información de EL DIARIO



El presidente del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado, ha abogado en materia educación por "reforzar la inspección y además darle competencias sancionadoras". "Si hay algún colegio está adoctrinando a nuestros hijos, la inspección podrá denunciarlo y actuar contra ese funcionario y contra ese colegio; se acabó lo de jugar con nuestros hijos para proyectos políticos ideológicos, sectarios", ha apuntado en Salamanca.

Casado ha dado a conocer las líneas programáticas de los 'populares' en materia educativa, en un mitin en el Teatro de la Plaza de Santa Teresa de Salamanca, que se ha llenado y que ha contado con las intervenciones del presidente del PP en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, la número tres al Congreso por Madrid, Edurne Uriarte, el presidente provincial, Javier Iglesias, y el cabeza de lista a la Cámara Baja por Salamanca, José Antonio Bermúdez de Castro.

Sobre sus compromisos en educación, el candidato a La Moncloa ha comenzado con su defensa de la "libertad de elección" y acabar así "con las zonas, con los códigos postales", y que "cada familia lleve al niño al colegio que quiera".

A continuación, Pablo Casado ha defendido las pruebas para los alumnos al final de cada ciclo y que en Bachillerato sea "vinculante", y "garantizar que el castellano sea lengua vehicular en toda España". También, en su intervención en Salamanca, ha apostado por unas "materias troncales" que "se estudien en todas las zonas" y reforzar los conocimientos de humanidades junto a las matemáticas, la tecnología, la ciencia y la ingeniería.

Casado ha continuado con su apoyo al bilingüismo en inglés y la "educación en libertad" con su defensa de la concertada y la especial para las personas con algún tipo de discapacidad si así lo quieren; además de su respaldo a la educación rural, para "dar facilidades" a las familias y que se queden en sus pueblos si así lo desean.

En el apartado de "prestigiar la profesión docente", ha reseñado que "un país se mide por la calidad de su profesorado" y ha mostrado su respaldo a que "en España haya un Mir educativo para seleccionar a los mejores".

Finalmente, además de recordar su apuesta por la "conciliación", ha subrayado el interés por la formación dual, "prestigiar" la Formación Profesional dual y que las empresas traten de "participar en el desarrollo" también de los alumnos en la etapa universitaria.

domingo, 31 de marzo de 2019

Casado reivindica el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos y apuesta por una nueva reforma educativa (ELDIARIO.ES)

ELDIARIO.ES publica esta noticia

Casado ha insistido en que esta cuestión será una prioridad para él en caso de acceder a la Moncloa tras las elecciones generales del 28 de abril y ha remarcado que los cambios que se impulsen deberán ir siempre acompañados de la libertad de elección de los progenitores.
El líder 'popular' ha apostado por un nuevo modelo educativo en el que prime la evaluación pública del Estado y en el que exista un MIR de educación a nivel nacional, acompañado de medidas como un mayor refuerzo a la Formación Profesional Dual.
Asimismo, ha destacado la necesidad de conducir el sistema hacia un modelo en que no existan barreras lingüísticas y en el que en las comunidades autónomas en general prime un sistema de bilingüismo, si bien ha dicho que en aquellas en las que existan otras lenguas habrá que apostar por el trilingüismo.
Por otro lado, ha explicado que su proyecto incluiría una inspección educativa contra el adoctrinamiento y, todo, con el objetivo de acabar con las reformas emprendidas por el PSOE y que, según ha dicho, han conducido al "fracaso".
Ante el debate existente en torno a la pervivencia de los centros especiales, Pablo Casado ha sostenido que es necesario que, también en este campo educativo prime la libertad de los padres para elegir el modelo en el que quieren que sus hijos cursen estudios .
Finalmente, el presidente nacional del Partido Popular ha defendido esa misma libertad ante la posibilidad de decantarse por el ámbito concertado.

martes, 20 de febrero de 2018

La derecha española contra la escuela pública (Antón Losada en eldiario.es)

Artículo de Antón Losada publicado en eldiario.es
  • Tras sobrevivir a los recortes y a la precarización de los docentes, la escuela pública soporta una nueva oleada de acoso y abuso por parte de la vieja y la nueva derecha
  • El problema real que afronta hoy la escuela pública en España es el soportar haber vuelto a las cifras de inversión de los años ochenta
Antón Losada

Como es tradición cuando gobierna la derecha en España, continúa el bullying contra la escuela pública. Tras sobrevivir a los recortes indiscriminados y al bulto, a la pérdida de más de cien mil profesionales, a la precarización de los nuevos docentes y el no reemplazo de cuantos se jubilaron, a una estrategia sostenida de deterioro, descapitalización y desmantelamiento del sistema público y a un ministro ignorante e incompetente como lo fue José Ignacio Wert, hoy felizmente retirado en Paris a su costa y la mía, la escuela pública soporta de nuevo otra oleada de acoso y abuso por parte de la vieja y la nueva derecha; seguramente muy indignadas al constatar que, pese a su empeño, los niños de la pública siguen saliendo bastante mejor formados que en sus carísimos colegios privados.

Tras semanas de poner en duda la calidad y la competencia de nuestros maestros con la milonga del MIR para docentes el ministro Méndez de Vigo, un lamentable ejemplo de las limitaciones de nuestro sistema educativo para conseguir que un alumno se desenvuelva con naturalidad en todas las lenguas oficiales y sepa decir algo tan básico e institucional como “Generalitat” o “Xunta de Galicia”, ha lanzado la enésima disputa sobre la enseñanza en castellano.

El gobierno sabe de sobra que no existe el supuesto derecho de los padres a elegir el idioma en que se escolariza a sus hijos. Igual que no se existe, afortunadamente, el derecho a elegir qué se les enseña en ciencias o en historia; para eso están los profesionales y la administración. Las leyes y las sentencias solo amparan el derecho a aprender y dominar todas las lenguas oficiales. Por eso el gobierno no toma medida alguna para amparar un derecho que sabe que no existe, porque sabe que no puede. Se limita a usar la lengua para cuestionar por enésima vez el modelo de escuela pública, su calidad y su capacidad; pese a que no existe un solo dato veraz que acredite ni los problemas de los alumnos para manejarse en castellano, ni el supuesto adoctrinamiento que sufren. Al contrario, Catalunya se sitúa claramente por encima de la media en todos los indicadores.

Al debate se han sumado rápidamente Ciudadanos, siempre listos para recordarnos como nuestras madres que ellos ya nos lo habían avisado, y la derecha del PSOE, siempre lista para acudir en defensa de la unidad de España. Barones como los presidentes de Aragón, La Mancha o Extremadura han mostrado su preocupación por los niños en las escuelas catalanas, aunque seguramente les deba preocupar aún más que, tras décadas de gobiernos socialistas, sus administraciones no hayan logrado que sus indicadores educativos sigan por debajo de la media estatal.

Nuestros resultados educativos están muy por encima de lo que invertimos, siete de cada diez padres eligen educación pública o concertada antes que privada, en Europa se disputan a nuestros graduados. El problema real que afronta hoy la escuela pública en España es el soportar haber vuelto a las cifras de inversión de los años ochenta. En eso tiene razón Mariano Rajoy cuando habla de volver al pasado. Al decirlo le ha debido traicionar subconsciente.


sábado, 17 de febrero de 2018

El MIR docente de Méndez de Vigo genera el rechazo de la comunidad educativa (por Francisco Javier Huete para EL SALTO DIARIO)

Reproducimos este artículo de ELSALTODIARIO.COM



En pleno debate sobre el Pacto por la Educación, el Ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo se ha sacado de la manga una propuesta que ha sorprendido, por ser inesperada, a toda la comunidad educativa. Se trata de una reforma del sistema de acceso a la enseñanza pública para el profesorado. Una especie de MIR aplicado a este colectivo.

El conocido como MIR educativo incluiría, según la propuesta de Educación, una prueba teórica y un período de prácticas de dos años que las personas aspirantes a un puesto como docente tendrían que realizar además de la formación previa, incluyendo el grado y el máster, así como el proceso del concurso-oposición que existe en la actualidad. Esta medida propuesta por el Gobierno, que aumentaría los trámites necesarios para acceder a un puesto en la docencia, ha hecho saltar las alarmas en la comunidad educativa.

Almudena Gómez, secretaria general de la federación de enseñanza del sindicato CGT, considera que “hasta que no demos estabilidad a un colectivo que está muy explotado y que tiene un agravio comparativo en todo momento comparado con los funcionarios de carrera, abrir una tercera vía de acceso a la función pública es un poco incoherente”.

Además, en un momento en el que, tras varias sentencias judiciales, el personal docente interino está luchando por una seguridad laboral, esta modificación ha generado mucha incertidumbre entre estos profesionales. “Todavía no sabemos qué impacto tendría”, aclara Gómez, “pero sería como un tercer grupo que podría crear desavenencias con el profesorado interino, que está buscando ahora una estabilidad que no tiene”.



Para Gómez, esta propuesta supone “una manera de segregar porque siempre están hablando de coger a los más excelentes, a los más preparados, a los que mejores notas sacan, pero eso va asociado a un gasto económico que deja discriminada a la gente que no tiene recursos”.

“La calidad en educación se mejora con mayores recursos, con profesionales con una estabilidad en la plantilla”, reivindica la sindicalista, que cree que existen aspectos de mejora más urgentes como las elevadas ratios de alumnado por clase. “Estamos pidiendo en educación que, por favor, se reviertan los recortes y estamos trabajando en unas situaciones bastante negativas. Lo del MIR educativo es como empezar la casa por el tejado. Es incoherente la propuesta que lanza Méndez de Vigo”, asegura.

PACTO POR LA EDUCACIÓN




Con la propuesta del MIR educativo, Méndez de Vigo ha conseguido centrar toda la atención en este tema. Pero hay aspectos del Pacto por la Educación que preocupan más a la comunidad educativa. Gómez reclama “la retirada de la LOMCE, porque es una Ley segregadora, es una Ley que favorece la mercantilización por las empresas de los chavales y chavalas, es una Ley que ha hecho mucho daño y es una Ley que se ha impuesto por el Partido Popular sin contar con la comunidad educativa en ningún momento”. También cree que es imprescindible rebajar las ratios de alumnado por clase, porque “hay aulas que están sobrepasando la ratio por encima de la ley”.


El profesorado también entiende que una forma de mejorar el acceso a las plazas docentes pasa por “más experiencia en el aula, pero no como lo plantean en el MIR”, dice Gómez. El portavoz de la Confederación de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza (STEs-i), Salvador Benavent, también considera que “se debería establecer un sistema que se basara más en la práctica docente, porque la capacidad ya viene determinada por la formación inicial”, pero la falta de definición de la propuesta también genera sospechas. “Hay varias propuestas y no es lo mismo el MIR educativo que propone un partido político u otro”, explica.
“La precariedad que ya existe con las interinidades y las sustituciones se va a ver mucho más agudizada con la figura del docente en prácticas



“Del MIR lo que nos preocupa, por cómo se está presentando por los partidos políticos, es que el personal que acceda a hacer las prácticas educativas en los centros de enseñanza pueda utilizarse como mano de obra barata”, cuenta Benavent, que recuerda que “el ministro Wert ya quiso poner en marcha la figura de los profesores becarios, gente recién titulada que pudiera incorporarse para hacer prácticas en los centros educativos, pero con un sueldo irrisorio”.

Para Benavent esta propuesta no tiene sentido porque “no debería haber, en ningún caso, un MIR si no hay una reforma de la formación inicial. La práctica docente en los centros no se hará bien si las bases de la formación inicial no se reforman también”.
PRIMERO EL PSOE, DESPUÉS EL PP



“No es una propuesta nueva”, señala el portavoz de STEs-i. “Ya desde hace casi año y medio el Ministerio lo propuso. El PSOE también lo propuso. De hecho, la primera propuesta parte de Rubalcaba”, añade. En cualquier caso, Benavent defiende que cualquier modificación de este tipo “tiene que negociarse, evidentemente con las organizaciones sindicales” y considera que “no es serio lo que se está haciendo y estamos en guardia porque esto puede llevar a una precarización más del profesorado”.

Una de las grandes dudas que queda por despejar sobre la propuesta del MIR educativo es a qué profesorado afectará. “A la hora de demostrar la capacidad hay un doble rasero”, denuncia Benavent. “En la escuela pública, tal como está ahora diseñado el ingreso del profesorado, hay que pasar por un concurso-oposición y hay que demostrar que se es capaz, mientras que en la escuela privada y la concertada el que contrata es el centro y contrata a dedo o con su propio método. El MIR, si se concibe de alguna manera, debería ser necesario para cualquier ejercicio educativo, tanto en la privada como en la pública”, aclara.
“Hagamos primero lo que se tiene que hacer, que es conseguir un pacto democrático que garantice la calidad de la educación pública, que es lo fundamental”



El MIR educativo “es una maniobra para endurecer y precarizar aún más la función docente”, dice Fernando Arribas, padre de alumnos de instituto y miembro de la asociación Yo estudié en la pública. Alerta de las posibles consecuencias de esta medida. “Se trataría de un endurecimiento del acceso, además con el peligro que supone una figura de un docente en prácticas durante dos años que, posiblemente, tendrá un salario totalmente precario, si es que lo tiene, porque en principio no se ha definido”.

Más allá de la formación del profesorado, que Arribas considera que es buena, “la calidad de la educación mejorará cuando se reduzcan las ratios; cuando se reponga todo el personal que se ha suprimido en los departamentos de orientación y que atiende las necesidades educativas especiales de muchísimos alumnos que, hoy por hoy, no están cubiertas; cuando se aumente la inversión en educación, que está por debajo de la media europea, y cuando haya una mejor atención a la diversidad. Eso son realmente mejoras en la calidad educativa”, explica.
PRECARIEDAD AGUDIZADA



Uno de los aspectos de esta propuesta por los que Arribas se muestra preocupado es que “la precariedad que ya existe con las interinidades y las sustituciones se va a ver mucho más agudizada con la figura del docente en prácticas porque seguramente venga a sustituir a ese profesorado con esa inestabilidad”.

Aunque Méndez de Vigo defiende que este nuevo sistema prestigiaría la profesión docente, Arribas no comparte esta opinión. “El prestigio de la función docente pasa, primero porque no se desprestigie al docente por parte de la administración”, asegura, y critica que “hace cuatro años, en la Comunidad de Madrid, la exconsejera de Educación, Lucía Figar, ahora imputada por el caso Púnica, llamaba vagos a los docentes”.

Para Arribas “es necesaria una inversión. Si esa inversión no se cubre y se trata de realizar este MIR a coste cero prácticamente nos vamos a encontrar con que, si vamos a meter al profesorado en prácticas durante dos años con sueldos míseros absolutamente precarios, ese profesorado no va a trabajar en unas condiciones agradables”.

“Cuando se lanza una propuesta de este tipo se sabe con certeza que va a atraer la atención de toda la comunidad educativa, va a crear ese barullo informativo y, sin embargo, seguimos con las aulas atestadas de alumnado, con los departamentos de orientación trabajando bajo mínimos y, realmente, se desvía la atención”, critica Arribas.

Además advierte de que “es algo muy perjudicial y denigrante para la función docente, porque al final la conclusión que se puede sacar por parte de las familias es que hay que mejorar la formación del profesorado porque esta formación no es buena. Y sí que es buena, lo que pasa es que hay que contar con los medios necesarios para que el docente desarrolle todas las posibilidades que tiene dentro de las aulas”.

Leticia Cardenal, presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA), atribuye esta propuesta al desconocimiento del Ministerio porque “no saben mucho lo que tienen que hacer y hacen estas ocurrencias que, desde luego, dejan mucho que desear” y creen que, en realidad, se trata de “una cortina de humo para no hablar de otros muchos temas”.

Cardenal no cree que el Pacto de Estado por la Educación en el que se incluye esta propuesta del Ministro vaya a llegar a aprobarse nunca. “Han tardado un año en elaborar un guión de quince puntos y ahora pretenden en cuatro meses desarrollar un borrador de Ley”, dice.
SIN LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Una de las principales reivindicaciones de CEAPA en este proceso es que se escuche también la voz de las familias en las decisiones relacionadas con la educación. De hecho, ha pedido que se incluya un punto en el pacto que “aborde la participación de las familias en la comunidad educativa”.

Cardenal cree que, antes de aprobar una medida como el MIR educativo, el ministro “tendría que sentarse a negociar con los sindicatos y la comunidad educativa y, entre todos, poner sobre la mesa propuestas de mejora pero, desde luego, él solo con su gabinete de técnicos no puede hacerlo”.

También los sindicatos coinciden en que falta diálogo por parte de Educación. Gómez asegura que “la mejor forma de prestigiar la profesión docente es entablar un diálogo con la comunidad educativa” y denuncia que “hay una subcomisión trabajando. Está llamando a algunas organizaciones y asociaciones pero no está teniendo debates ni diálogos con toda la comunidad educativa”.

Esa subcomisión ha sido la única relación de las familias con el Ministerio para la elaboración del Plan por la Educación. Cardenal cuenta: “Nos hemos ceñido a participar en la subcomisión durante 25 minutos, hemos expuesto nuestro tema y luego ahí se ha quedado. No se nos ha vuelto a dar la oportunidad de participar”.

“El pacto educativo tiene que tener en cuenta siempre a la comunidad educativa”, reclama también Benavent, que rechaza un pacto que sea “solamente político” y exige un pacto educativo que “tiene que ser también social, tiene que oír a la comunidad educativa. Primero hay que saber cuál es la educación que se quiere, cuál va a ser la nueva ley educativa que, por supuesto, tiene que tener a la escuela pública como eje vertebrador de la enseñanza”.

“Si no se cambia la ley educativa que tenemos ahora la profesión docente tampoco puede mejorar”, explica Benavent. Por eso, pide que “hagamos primero lo que se tiene que hacer, que es conseguir un pacto democrático que garantice la calidad de la educación pública, que es lo fundamental y, si eso se consigue, pasaríamos a hablar de otras cosas, entre ellas, el MIR educativo. Para llegar hasta ahí, es fundamental que el Ministerio retire los recortes que están sacrificando la educación”.

Méndez de Vigo espera que el MIR educativo esté en vigor el curso 2019-2020 (20MINUTOS)

Publicamos esta información que encontramos en 20MINUTOS.ES 



El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha asegurado este lunes que para el próximo curso escolar 2018-2019 el MIR educativo "seguro que no" funcionará y ha confiado en que "para el otro ya esté en vigor".

En declaraciones a RNE, el titular de Educación ha señalado que el calendario en el que se mueven es el acordado en el pacto de investidura entre el PP y Ciudadanos, puesto que la propuesta de un MIR en educación era uno de los puntos de ese acuerdo.

El también portavoz del Gobierno ha recordado que dicho calendario pasaba por la creación de una subcomisión en el Congreso, "que ha hecho un buen trabajo y en la que han comparecido 82 personas", y que en estos momentos se encuentra en fase de redacción de las propuestas.


Méndez de Vigo se ha mostrado confiado de que las recomendaciones de esa subcomisión sean aprobadas en el pleno de la Cámara baja "con amplio consenso" el próximo mayo, y ha dicho que a partir de ahí corresponde a su departamento hacer "la propuesta legislativa".

El ministro ha subrayado que el MIR educativo "es una buena cosa" que ha recibido "un amplio consenso" en las comparecencias de la subcomisión.

"Me parece que esto es colocar a los docentes en el centro de la reforma educativa y si contamos con ellos la reforma educativa tendrá éxito", ha concluido.
"Preocupación" sindical

Ante lo declarado por Méndez de Vigo, diversos sindicatos de docentes han expresado su "preocupación". A la puerta del Congreso, a donde han acudido a entregar un documento sobre las medidas que deben incluirse en un pacto por la educación, CC OO, UGT y STES se han mostrado "preocupados" porque se está hablando de un MIR educativo y no de un Estatuto Docente que es el que debe incluir, a su juicio, todo lo relacionado con los docentes.

"Hay que abordar el debate del modelo de la profesión docente del siglo XXI", pero hablar del MIR educativo es "una cosa descontextualizada", ha dicho el secretario general de la Enseñanza de CC OO, Francisco García.

"EL MIR educativo lo vemos con muchísima prevención e inicialmente casi con rechazo", ha apostillado García, que ha recordado que desde que en 2007 se discutió por primera vez el Estatuto Docente se está hablando de una regulación de la profesión docente.

"Es otra ocurrencia del ministro, al que se le ha estado acusando de inacción, con razón, porque no ejercía como ministro de Educación, pero ha surgido una nueva estrella en el mundo educativo desde que se celebró la Conferencia de Educación del PP" y se anunció en ella el MIR educativo, ha resaltado desde UGT Maribel Loranca.

Para Loranca, la propuesta de Méndez de Vigo es "extemporánea" y "mucho más compleja" de lo que se habla. Al afectar a las condiciones laborales debe ser presentada en la Mesa de Negociación entre los sindicatos y Educación, ha añadido.

"Se anuncian decisiones sin contar en absoluto con la comunidad educativa" y el MIR es un tema que vemos "muy peligroso", ha sostenido asimismo José Ramón Merino, de STES. Se anuncia cuando está "sin aclarar o definir" el tema de las oposiciones de dentro de tres o cuatro meses y con las que "se pueden quedar en la calle decenas de miles de interinos", ha añadido.

domingo, 11 de febrero de 2018

Simbolismos (Manuel Menor)

Manuel Menor nos envía su último artículo:


El sistema educativo español simboliza y reproduce las asimetrías sociales

En vez de arreglarlo, Méndez de Vigo mantiene esa simbología al cargar sobre profesores y maestros escolares toda la responsabilidad democratizadora. El resultado seguirá teniendo un gran déficit emancipador. 

Alguna vez tenía que pasar. La tentación de sacarle más jugo a las palabras del que realmente tienen. Descoyuntar su sentido habitual, hasta que expresen lo que, en discordancia con los demás, queremos que signifiquen. Llevarlas al terreno de nuestra conveniencia. Son hábitos sofistas trufados de escasa voluntad para remover los problemas con soluciones pertinentes. Shopenhauer  les dedicó un  tratado inconcluso, Dialéctica erística o el arte de tener razón (1864) y, también, en versión más informal –e incluso insolente-, muchas anotaciones a lo largo de su vida que alguien recopiló hace unos quince años bajo el título: El arte de insultar.

Sofismas y lealtad
 Las 38 estratagemas que señala el filósofo en el primero de estos libros son altamente recomendables para cuantos quieran reducir su responsabilidad cuando no tengan voluntad de acuerdo o, como sucede con el supuesto “pacto educativo” en que tanto afán ha puesto Méndez de Vigo desde que heredó a Wert, al querer que todo siga como estableció en la LOMCE. Por lo que se sabe acerca de cómo se gestó esta ley -para restablecer lo que había querido Pilar del Castillo en la etapa escurialense  de Aznar y el tirón nacionalcatólico-, asistimos estos días a un bisado de aquel amago de consenso con que entretuvieron a Gabilondo.

No quedan lejos tampoco las fórmulas escénicas que entre Cataluña y Bruselas se han estado intercambiando para representar ante una cansada ciudadanía un acto cumbre de investidura. La propuesta de presidencia “simbólica” no deja de ser un ensayo chusco de la exageración de las tesis democráticas, del uso abusivo de  la mutación de una controversia y, sobre todo, la argumentatio ad hominem, además de peticiones de principio y retorcimiento del sentido de las palabras. Pero tal cúmulo de prácticas, fruto de la desconexión con la realidad, está haciendo que cunda la segunda de las artes prefiguradas por el filósofo alemán: el insulto, la enemistad y el enfrentamiento en vano, a causa del desgarrón en la lealtad debida.

Simbología LOMCE
 Extraño es, sin embargo, que, habiendo resultado disparatada esta pretensión de duplicar la presidencia catalana, no sean calificadas similarmente otras traslaciones de lo simbólico al corpus legislativo común.  común Quienes hayan seguido los cambios normativos en el ámbito educativo, aunque solo sea de Wert a Méndez de Vigo, habrán advertido cómo han objetivado ambos -de modo menos desabrido el segundo- su muy privada simbolización de la educación de todos en una ley y recursos concretos. No consta, a cambio, que se hayan arrepentido en modo alguno de la violencia –no sólo simbólica- infligida a la igualdad de la ciudadanía –originaria de su poder político- y, asimismo, al cumplimiento de este derecho reconocido en el art. 27 de la Constitución.

Pocas muestras hay, pese a ello, de que –de modo distinto a lo que detecta el CIS respecto a la corrupción o Cataluña- los ciudadanos se lamenten mucho de este desaguisado que, de 2010 para acá, va crecientemente acelerado. Si en 2015, el barómetro del CIS situaba a la educación con un 9,5% de personas preocupadas por sus situación, en octubre de 2017, solo preocupaba al 8,4%. Verdad es que hay grupos conscientes, algunos preocupados por las políticas educativas, pero en el  conjunto de la sociedad  solo son un “grano de arena”. Quienes como el Colectivo Infancia tienen la firme convicción de que la democracia educativa solo es homologable si, alcanzada la escolarización –mal reconocida todavía para la etapa 0-6 años-, se compromete a eliminar todo ingrediente que –por muy asentado que esté en hábitos, pautas o creencias culturales- impida todo tipo de segregación; sin esa transformación no contribuirá a la convivencia sana de todos. En un panorama cansino y con Administraciones hostiles, estas plataformas cívicas tienen gran mérito por su constancia en exigir una organización del sistema educativo netamente inclusiva. Muchos han vivido en carne propia –desde antes de la Constitución- cómo todas esas situaciones ambientales han servido para invisibilizar normas y  estructuras segregadoras. Y siguen viendo cómo la LOMCE da cobertura a muchas que ya eran excluyentes en aquel pasado.

¿Exclusión simbólica?
“La calidad” y el “nivel” han sido razones –no sólo simbólicas- para que las zonas más débiles –barrios periféricos, zonas rurales o económicamente más deprimidas- hayan sido excluidas del derecho al conocimiento o, una vez escolarizadas -hasta los 14 años desde 1970, y hasta los 16 en 1990-, hayan topado con pretextos limitadores del alcance democratizador de esa escolaridad ampliada. Al lado de reacciones hostiles a estas decisiones, en muchos centros –y al margen de contadas actuaciones valientes de algunos enseñantes-  los modos de enseñar y educar, la organización y las  burocracias continuaron manteniendo lejos del valor del saber a grandes proporciones de estudiantes. Ese fracaso, solo comparable al que, en la etapa franquista, fue escandaloso -y más en lo tocante a la educación de mujeres- hace especialmente emotivas las despedidas de algunos profesores al inicio de su jubilación: son pérdida importante y de incierto recambio.

Lo tremendo no es solo que el simbolismo de la distinción entre colegio o escuela publica –con lo que implica de diferencia clasista- venga de más atrás, del propio siglo XIX en que, con legislación muy asimétrica  y nulo presupuesto para atender al común popular, el analfabetismo solo empezó a ser algo cuestionado cuando se extendió el voto “universal” masculino en 1890.  Lo más llamativo es que, antes de que la LOMCE fuera votada en 2013, el actual embajador ante la OCDE adujera  en el borrador de anteproyecto de esta ley –como justificación natural de la diferenciación que promovía en el alumnado- que
“todos los estudiantes poseen talento, pero la naturaleza de este talento difiere entre ellos, por lo que el sistema educativo debe contar con los mecanismos necesarios para reconocerlos y potenciarlos […] hacia las trayectorias más adecuadas”.

Esta dura consideración inicial –ajena a desigualdades socioeconómicas y de toda índole-, edulcorada luego, mostraba la senda que articularía  el tipo de alumnos, profesores y centros que hoy promueve la LOMCE. Examinada la eficiencia competitiva del emprendimiento que promueve y cómo deberá ser la elección de centro, los itinerarios, las evaluaciones externas y las pruebas de selectividad, la educación diferenciada de niños y niñas o el papel de la Religión, se explicitan los valores –más que simbólicos- que  pretende imponer en esta sociedad después de haber equiparado jurídicamente el status de los centros públicos y privados, como si fuera el mejor modo democrático de cumplir con el art. 27.

No menos desolador es lo que el empeño en hacer respirar realidad a esta simbología ha acarreado. Los recursos económicos han sido reducidos desde 2009 hasta un punto en que solo tenemos detrás a los países más pobres de Europa. Sólo en los cinco primeros meses de Gobierno de Rajoy, los recortes casi llegaron a los 5.000 millones de Euros. La Educación pagaba el déficit en aquel momento y no se nota que haya recobrado el nivel que tenía: respecto al PIB, seguimos bajando en este año, pese a la supuesta bondad que se atribuye a la producción desde hace algún tiempo. El programa simbólico de sociedad que explicita la LOMCE, se ha corporeizado con la crisis, que ha proporcionado el pretexto de ejecutar un proyecto preestablecido de desmantelamiento de la escuela pública y la creciente exclusión de un tercio de la población en edad escolar. Casi somos campeones de un ranking muy dudoso: ser uno de los países de la UE que más segrega con su sistema educativo, y tener en la Comunidad de Madrid uno de los modelos de segregación más eficaces, donde se ensaya con más fervor la inspiración privatizadora que estimulan la OCDE y el FMI. La derivada de este sueño –con repercusiones más que simbólicas- es que quien más sufre sus efectos es el  el 80% del alumnado con dificultades que se concentra en los centros públicos, donde los recortes han suprimido más profesorado  y han eliminando casi todos los instrumentos que había para dar alguna cobertura a la igualdad. Es decir, que, como señala Agustín Moreno, es en las zonas de mayor dificultad socioeconómica–las de la clase obrera estrictamente tal- donde más están repercutiendo esta política educativa de selección, que “convierte en espejismo la igualdad de oportunidades”

Hacia un inmovilismo más que simbólico
Y mientras el paradigma de la LOMCE sigue ahí como símbolo de inmóvil democratización social, Méndez de Vigo está a punto de culminar su particular contribución a fortalecerla de sentido con unas cuantas medidas que, asemejando un pacto, induzcan a pensar que tanto la simbología invocada para hacerla como  su realización han cambiado sin que sea preciso remover sus elementos estructurales de segregación más significativos. Mientras tanto, el papel de la Religión, la divisoria entre privada y pública, el abaratamiento y la externalización de muchos elementos organizativos o curriculares y, posiblemente, una carrera docente desmotivada, además de la segregación de género, siguen siendo muestras principales de violencia simbólica en el leal cumplimiento de los dos derechos principales recogidos en el artículo 27: universalidad y libertad educativas.

Sobre una aparente apertura del sistema –con una escolarización homogénea low cost-, se privilegia una cada vez más exclusiva cualificación integral, capaz de emancipar a los ciudadanos. Esa es la tendencia que el heredero de Wert puede, en líneas generales, acabar potenciando con su aportación estrella de MIR educativo, mientras el individualismo crece exponencialmente y otras violencias nada simbólicas –como las que siguen sufriendo las mujeres o muchísimos niños- se agolpan en nuestros telediarios en una manipuladora escalada mediática proclive a la resignación , pero  sin recursos para su atención debida.

Nada que ver, en todo caso, con la urgencia existente de contrarrestar el relato del prestigio que acumulan la simbología de la excelencia, el emprendimiento y la competitividad que, desde la infancia, se está mercantilizando al calor de la LOMCE, cuando es más apremiante una democratización del saber reflexivo y de la honestidad intelectual  que limite los riesgos del narcisismo creciente. ¿Será posible preparar a tiempo un número suficiente de profesores y maestros que prestigien a fondo todo el sistema educativo haciéndolo relevante en la democratización de esta sociedad? Más parece que siga habiendo motivos para seguir alerta ante lo que, en 1712, escribieron  Jonathan Swift y J. Arbuthnot en El arte de la mentira política:
            “No existe ningún derecho a la verdad política: el pueblo no tiene derecho alguno      a pretender ser instruido en la verdad de la práctica de gobierno, como tampoco lo              tiene a pretender poseer grandes patrimonios, tierras o casas señoriales”. Además, “los niños nada pueden pretender en esta materia, de ahí que rara vez se les cuenten verdades”.

TEMAS: Pacto social de Educación. Democratización de la educación. Educación infantil. Segregación/Inclusión. Recortes. LOMCE. MIR educativo.

Manuel Menor Currás
Madrid, 11.02.2018