¿Vale todo? (Manuel Menor)

En lo que hacemos y decimos no todo vale 

La ética colectiva, el sentido social de la propiedad o la protección de los menores no pueden ser cuestionados sin oscurecer la convivencia. 

Los ruidos del año que acaba de empezar parecen ir en la línea de que no se pierda la tradición bien asentada de repetir lo mismo de siempre, con más intención de que se conserve, que con ansia de enmendar algo en las desgracias de este presente. En lo que atañe a lo que en público ocupa a los medios, lo que traslucen muchos asuntos que nos atañen a todos, y que afectan al sentido de la convivencia, es una voluntad reiterada. 

El fin y los medios 

Se ha podido ver a propósito del protagonismo del tenis en los días previos al torneo de Australia. Hemos podido hacernos una idea del desajuste que puede haber entre tener gran popularidad, fama y dinero, con los comportamientos que corresponde observar al común de los mortales. En general, salvo los muy forofos del raro patriotismo de este chico servio de nacimiento, y monegasco para lo que le conviene, a la gente de a pie le ha gustado la reacción del Gobierno australiano disponiendo que estaba obligado, como cualquiera que quisiera moverse libremente por el país, a cumplir las normas protectoras frente al coronavirus. Lo curioso, llamativo y provocador vino a continuación a cuenta del alcalde de Madrid quien, aprovechando el boom suscitado en la prensa por el servio-monegasco, ha intentado llevar el agua a su molino sin objeción moral alguna; a fin de hacer crecer la “libertad a la madrileña”, le vendría bien la presencia de este tenista en un evento abrileño para atraer la atención mundial. Desde la Edad Media, era vox populi, a partir del comportamiento de algunos frailes con sus campesinos a la hora de cobrar las rentas del feudo, que “todo era bueno para el convento”. Esta consigna es la que, igualmente, parecen haber adoptado algunos irresponsables al cuestionar, partidistamente, cómo se esté gestionando la protección de menores al margen de si se hace bien o mal. 

En otro lance no menos glorioso, ya no con motivo de las granjas y sus tamaños, producciones y problemas ambientales –que todavía nos hará ver más fotografías de prometedores representantes públicos ante una vaca-, sino tras otra cuestión de importancia como la vivienda, se ha vuelto a ver, después del informe supuestamente “neutral” del Consejo General del Poder Judicial, como algunos de estos políticos volvieron a mencionar que se atentaba contra la propiedad privada. Invocar el “sesgo ideológico” para referirse como un absoluto sacralizado a la privacidad de los bienes, es regresar directamente al siglo XIX, a antes de la primera ley de expropiación, primer gran atentado de los tiempos contemporáneos contra la intangibilidad que entonces revestía este constructo,  como preceptuaba la Economía clásica. Da la impresión, al oírlo o leerlo –sin meterse en los intríngulis de la semántica que en estos asuntos suelen esgrimir algunos ilustres representantes del ámbito judicial-, que les gustaría retrotraer hacia la primera mitad de ese siglo la evolución democrática; no les importaría dejar atrás las primeras leyes e instituciones sociales –las que dieron fuerza al Estado Social-, como garantía y motor de estas políticas cívicas; tampoco las de más tarde, después de 1945, que configuraron en Europa el  Estado de Bienestar, que tanta protección proporcionó a las clases asalariadas en general. Es decir, cuando sentencian y tratan de sentar doctrina, pastorean a un amplio sector de votantes para que presione a sus representantes  en el Congreso de Diputados y traten de imponer un criterio contrario a lo que ha sido el avance social de los europeos, y de los españoles en particular. Parece que les encante tener un Estado disminuido como no sea para extraer de él jugosas ganancias. 

Función social de la propiedad 

Ni siquiera en la Edad Media, en pleno siglo XIII, tendrían cabida algunos de estos eminentes instigadores de la vida política. Ni Santo Tomás de Aquino se lo hubiera tolerado; en su tesis sobre el “uso de las cosas” (Summa Theologiae. IIª. IIae,. Q. 32, a.6) decía que “a nadie se manda socorrer a los demás con lo necesario para sus usos personales o de los suyos; ni siquiera a dar a otro lo que él mismo necesita “, pero cuando se ha atendido suficientemente a la necesidad y al decoro, es un deber socorrer a los indigentes con lo que sobra…, son estos deberes de justicia”. 

Para enmendar su afán, debieran rememorar que, cuando el káiser Guillermo I anunció el 17 de noviembre de 1881 el pionero programa alemán “de seguridad social” –que enseguida tuvo eco en los demás países europeos- se trataba de grantizar no solamente “el bien positivo de los obreros”, sino, ante todo, el orden social colectivo”; no era una cuestión estrictamente de clase, sino provechosa para todos, que el Estado se implicara –en detrimento de la absolutización de las  ganancias privadas- en la asistencia sanitaria, accidentes laborales, innvalidez y pensiones: la paz y “seguridad social” iba en ello. Este proteccionismo frente a los peligros del mercado autorregulador, incluso tuvo eco  en Cánovas del Castillo ideológicamente más avanzado  que muchos de los que, proclamándose herederos suyos, hablan alto en instituciones actuales. Alguna vez más ha aparecido en esta columna esto que dijo en la inauguración del curso 1890-91, del Ateneo madrileño: “El sentimiento de la caridad y sus similares no son ya suficientes por sí solos para atender las exigencias del día. Necesítase, por lo menos, una organización supletoria de la iniciativa individual que emane de los grandes poderes sociales”.  Cánovas venía a consensuar la necesidad de que la Política económica estuviera atenta a lo que hay más allá de la propiedad individual ayudando a generarla. 

Quienes hayan leído el Informe FOESSA-22, recién publicado, tienen a mano una acreditada encuesta realizada entre siete mil familias con necesidades, muy bien conocidas por el trato que con ellas tienen los asistentes sociales de Cáritas. Una lectura cuidadosa hará ver ver hasta qué punto estas voces ruidosas que exaltan el egoísmo individual tienen algo meritorio que decir para que cuidemos el imprescindible egoísmo colectivo. De cómo seamos capaces de atender a los que más lo necesitan, más dependerá que merezca la pena el supuesto pacto común que representa la CE78, la cual tiene, por cierto, entre sus derechos ciudadanos los propios de un Estado Social, y en el art. 33.2 dejó establecido que atendiéramos “la función social” del derecho de propiedad.  

Madrid, 19.01.2022

Manolo Menor

Los diseños curriculares como pretexto (Manuel Menor)

Publicamos el nuevo artículo de Manuel Menor Currás:

Hablar o escribir sobre este asunto no siempre es signo de querer los mejores valores sociales para la escuela de todos

Es habitual, sobre todo en redes sociales, no dar cuenta de diversos prejuicios que se aceptan como dogma inamovible al verter opiniones. Montaigne decía que solemos sorprendernos de lo que no coincide con nuestras credulidades y que, incluso después de ver que algo no es como habíamos imaginado, nos cuesta cambiar. Es muy frecuente, además, sobreentender que nuestra idea es la mejor para resolver una cuestión y que, si no es con nuestra postura, son otros los que ciegan el camino de la verdad. El problema es que, con tal actitud, lo que puedan pensar o decir los demás no merece consideración alguna.

Los selectos

Que hay opiniones y opiniones no es difícil de ver en asuntos educativos y, por supuesto, a propósito de currículos como los que se están desarrollando para la LOMLOE. Lo llamativo, desde los años noventa para acá, es que abundan las ocupadas en la gracieta más que en el análisis, lanzadas por supuestos cazadores sorprendidos por “novedades” –un nombre de mercería hasta hace poco- muy repetitivas de lo mismo, pues siempre tienden a ridiculIzar aspectos de la transversalidad educativa como la equidad democrática y otras afines. Dan a entender, de este modo, que las actitudes sociales a cuidar son competencia educadora de las familias y, por tanto, si el sistema educativo trata de ocuparse de ellas sería una intromisión indebida. Siguen en la estela de muchos padres que, en los años 20, no querían que sus hijas fueran a la escuela porque, si no era para escribir a un posible novio no elegido por los padres, ¿para qué querían saber escribir? No es raro por ello que, no hace mucho, más de un problema haya generado la Geología en un centro educativo por no coincidir sus dataciones con las de la lectura literal del Génesis que hacía el catequista de Religión. A este paso, con tanta gente para la que estos asuntos son intangibles y, además, “cuestión parental”, las escuelas tal como se quisieron con la Ilustración sobrarán.

Puede que la formulación oficial de algunos ítems en los currículos escolares últimos no sea la más literaria, pero no por ello carece de sentido que hagan explícito que, por ejemplo desde Matemáticas, se puedan tratar, al hilo de sus saberes instructivos, otros propiamente educadores y evitar, de paso, que esta área sea un punto negro para segregar alumnado. Es lástima que siga habiendo personas que consideren de buena educación ser indiferentes a que haya un 40% de alumnos y alumnas que, sea cual sea lo que les enseñen y cómo se haga, siempre irán bien; tal vez piensen que sus hijos o hijas ya nacieron para ese lugar privilegiado de la campana de Gauss y que así les mantienen en el ranking de los selectos, al margen de todos los demás.

No obstante, un sistema educativo que se precie de democrático tiene obligación de ocuparse también del otro 60%, si no es injusto y no tiene sentido que exista para privilegiar a una minoría. Quienes sostienen como fundamento educador ese tipo de selección –tan dependiente del capital cultural familiar en que se nace- suelen dar por supuesto que lo que hay que enseñar y el cómo hacerlo es lo de siempre. Ni les importa qué deba hacer el sistema para remediar la desigualdad de partida, ni la movilidad que la historia educativa haya tenido; en su esquema mental, todas las variaciones que ha habido desde el siglo XIII son un retroceso, porque cada vez ha sido más difícil invocar la unicidad de la verdad y no seguir tratando de dominar la inteligencia de los demás. Si se vieran en el brete de tener quea actualizar su relato, el constitucionalismo de su punto de vista no pasaría de lo que la Constitución de Cádiz anunció en el art. 366: “En todos los pueblos de la Monarquía se establecerán escuelas de primeras letras, en las que se enseñará a los niños a leer, escribir y contar, y el catecismo de la religión católica, que comprenderá también una breve exposición de las obligaciones civiles”.

La campana de Gauss

Y tal vez fuera así si no hubiera habido desde entonces excesivo sufrimiento inútil, del que Goya fue buen testimonio, que Castelao imitó señalando el paso de Atila por Galicia. Antes de hablar del currículo, los aprendices de brujo debieran saber que el propio concepto de “currículum escolar” obligatorio es un constructo con una historia corta, de los años setenta a noventa para acá, en que pretendió dejar fuera de juego otros más antiguos como “programa” o “examen”; sin cambiar nada real en las aulas –pues durante muchos años se siguió haciendo casi lo mismo-, se impuso en la jerga junto al de “evaluación”. Y parecido sucedió -desde mediados los años sesenta- con términos que, al compás de la tecnocracia de los planes de Desarrollo, explicitaron conexiones latentes de la educación con la economía productiva; algunos, de signo taylorista, como “trabajo por “objetivos” y “proyectos”, otros de aire más propiamente neoliberal, como trabajo por “competencias” y similares, que centraron la eficiencia no en “educar”, sino en el logro del “capital humano” más apropiado para la competencia, como dejó bien explícito la LOMCE (2013). Esta es la inclinación más afinada del sistema sobre la que no cabe el cachondeo, pues propicia la selección y el pasotismo sobre la parte baja de la campana de Gauss, esa enorme cantidad de alumnado que aunque repita no titula y es carne de cañón para la uberización de la precariedad laboral.

De estas cuestiones –y de otras igualmente reales que generan contradicciones hiperrealistas- los opinadores propicios a la burla nada hablan. Si bien se mira, no inventan nada; en los años sesenta cuando apareció Acevedo ocupándose del Despiste nacional, en la onda ética de lo que había hecho en “la cárcel de papel “de La Codorniz, o Luís Díaz Jiménez con sus Antologías del disparate, todavía en los ochenta –a poco de la Ley General de Educación de Villar Palasí-, tenía gracia reírse…, pero para llorar, porque había por medio un déficit escolar de tal calibre que los Pactos de la Moncloa no tuvieron más remedio que certificar en 1977 la dificultad de varios cientos de miles de menores de 14 años para estar escolarizados; aquellos contrastes eran el oxímoron de la retórica educativa de 40 años. Ahora, en vez de tanto jolgorio, cuando la escolarizacíón es total merece la pena preguntarse, como hace Rafael Feito: ¿Qué hace una escuela como tú en un siglo como este? (Catarata: 2020), e igual interés tienen estudios relativamente recientes de Carmen Rodríguez sobre Políticas educativas en un mundo global (Octaedro: 2019) y Políticas educativas y justicia social (2013). Proporcionan información relevante para tener criterio sobre la buena dirección que debiera tener el currículo del alumnado y, al tiempo, si la formación que hayan de tener quienes se encarguen de los procesos educativos en las aulas, es la adecuada o si sigue siendo para llorar.

El desdén

Por eso es penoso que quienes desdeñan las exigencias de una enseñanza democrática actual traten de divertirse con estos asuntos. A partir de prejuicios decimonónicos sobreentienden que los derechos humanos no tienen por qué estar en la escuela y, como afirma Javier González, un joven investigador de Murcia, nada objetan a que la educación todavía siga, en 2021, “configurada como un servicio público impropio, como un servicio público de segunda categoría”, cuando su otra red, privada y concertada, “no está legalmente obligada a escolarizar en zonas de difícil cobertura (como el medio rural), y en la práctica consigue evadirse en muchos casos de su obligación legal de escolarizar al alumnado con dificultades o bajo nivel socioeconómico”. Ni siquiera en los chistes más agrios casa bien que uno de cada tres críos y crías esté en riesgo de pobreza; ¿Cuántos más deberán estar al alcance de diseñadores de currículos educativos en que dé igual una cultura escolar trasnochada, para que dé más risa?

MMC (Madrid: 24.11.2021)

Virginia Eubanks: "Si no los diseñamos para inclinarse hacia la justicia social, los algoritmos ampliarán las brechas sociales" (eldiario.es)

Entrevista de Carlos del Castillo a Virginia Eubanks (Profesora de Ciencia Política) para eldiario.es

• "La historia que nos contamos a nosotros mismos sobre la neutralidad de la tecnología es peligrosa y no es empírica", avisa Virginia Eubanks, autora de 'La automatización de la desigualdad'

• — La ingeniera de 28 años que le explicó al rey cómo funciona la inteligencia artificial

12 de mayo de 2021

"En su célebre novela 1984, George Orwell se equivocó en una cosa. El Gran Hermano no nos observa como individuos, sino colectivo. La mayoría de las personas somos objeto de control digital como integrantes de grupos sociales, no a título individual", avisa Virginia Eubanks, profesora de Ciencia Política de la Universidad de Albany (Nueva York). "Todos habitamos en este nuevo régimen de datos digitales, pero no todos lo experimentamos de igual modo", añade.

En esta entrevista con elDiario.es, Eubanks relata cómo estos sistemas pueden basarse en injusticias para atrapar a las personas a las que evalúan en un círculo de castigos y disciplina moral. Ella misma pasó por ese proceso cuando su marido sufrió un robo y una paliza de muerte justo después de cambiar de seguro médico. Los algoritmos congelaron todos los pagos durante meses, dejándoles con una enorme deuda. "Lo que hizo soportable mi experiencia familiar fue el acceso a la información, el uso discrecional del tiempo y la determinación personal que la gente de la clase media a menudo da por sentados. Yo sabía lo suficiente sobre la toma de decisiones algorítmica como para sospechar de inmediato que nos habían marcado para investigarnos por fraude", explica.

Eubanks (EEUU, 1972) ha pasado las últimas dos décadas analizando como mira ese Gran Hermano digital a cada uno de esos grupos sociales. Su conclusión fue La automatización de la desigualdad (Capitán Swing), publicada por primera vez en 2018 pero traducida ahora al castellano, una de las obras clave para entender cómo los sistemas de decisión algorítmica pueden convertirse en "herramientas de tecnología avanzada para supervisar y castigar a los pobres".

Aunque recalca las diferencias entre EEUU y Europa sobre cómo se han implantado los algoritmos en los procesos estatales, adelanta la necesidad de globalizar la conversación sobre los problemas de estos sistemas y derribar la apariencia de neutralidad con la que a menudo se imponen. "Tenemos que ayudarnos mutuamente a identificar lo que podría ir mal y también a compartir estrategias sobre cómo resistirlo".

¿Cómo empezó a investigar cómo afecta la digitalización a la desigualdad?

Empecé con el movimiento de los Centros Tecnológicos Comunitarios en Estados Unidos a finales de los 90. La idea era básicamente que el acceso a la tecnología era una cuestión de justicia social muy importante. Pensábamos que uno de los problemas clave que los pobres y la gente de color en los Estados Unidos iban a enfrentar era la brecha digital, la idea de que la gente rica obtiene la tecnología primero y otras personas pueden quedar atrás. Con esta mentalidad empecé a trabajar en una comunidad de mujeres en mi ciudad natal, alrededor de 90 mujeres pobres de clase trabajadora que vivían en una especie de vivienda colectiva. Hicimos todo tipo de proyectos que trataban de salvar la brecha en el acceso a la tecnología, pero alrededor de un año después algunas de esas mujeres de la comunidad me sentó y me dijo: Virginia, nos gustas mucho, eres muy dulce, pero tus preguntas son estúpidas y no tienen nada que ver con nuestras vidas.

Para mí fue como ¡oh!, ok. Así que si lo estoy entendiendo mal, ¿cómo lo hacemos mejor? Y lo que me dijeron es que esta suposición de que no había tecnología en sus vidas era un error. La tecnología era absolutamente omnipresente. Pero las interacciones que tenían con ella tendían a ser explotadoras y extractivas, peligrosas. Me contaron que los lugares donde normalmente entraban en contacto con la tecnología es en el sistema de justicia penal y en la vigilancia digital en sus barrios. Lo que me dijeron cambió la dirección de mi vida, porque desde entonces me centré en averiguar cuál es la relación entre la tecnología y los servicios públicos. Resultó ser un tema realmente muy importante y fascinante, pero también aterrador y en gran medida ignorado.

Una de las advertencias del libro es que las sociedades pueden volverse más desiguales a medida que se digitalizan y se añaden nuevos métodos de decisión automática, aunque tienda a pensarse lo contrario.

Sí. Lo que he visto en mi investigación sobre la automatización de la desigualdad ha sido que, a menos que los diseñemos explícitamente para inclinarse hacia la justicia social, los algoritmos sólo ampliarán las brechas sociales que ya tenemos. Por otro lado está ese otro tipo de pensamiento mágico en la mente de muchos diseñadores y administradores de programas de que la tecnología será, de forma natural, más eficiente, más justa, menos sesgada. Que hay algo en la tecnología digital que la hace simplemente más objetiva y justa, internamente, por sí misma. Y eso no es cierto.

La historia que nos contamos a nosotros mismos sobre la neutralidad de la tecnología es peligrosa y no es empírica. Encubre toda una serie de prácticas malignas, agitando una pantalla frente a nosotros desde la que se toman decisiones muy políticas pero alegando que es solo un proceso administrativo, matemático. En el peor de los casos, todas estas herramientas nos permiten evitar decisiones políticas realmente importantes que tenemos que tomar o conversaciones políticas que tenemos que tener.

¿Cómo actúan esos algoritmos de la desigualdad, en la práctica?

Te pongo un ejemplo concreto. Una de las familias con las que trabajé muy estrechamente en la elaboración del libro vivía en Indiana. Sophie, la persona a la que dedico el libro, es en realidad Sophie Stripes. Cuando la conocí tenía 13 años y parálisis cerebral. Le habían cancelado el seguro médico cuando tenía seis años porque ella, con seis años, no cooperó para establecer su elegibilidad para el programa.

Lo que sucedió en Indiana es que construyeron un sistema automático para sustituir a los trabajadores sociales que decidían quienes podían acceder a esas ayudas. Pero era un sistema muy rígido, inflexible. La familia Stripes se olvidó de firmar un formulario y perdió su seguro sanitario. En ese año le ocurrió a más de un millón de personas en el estado de Indiana. La gente recibía avisos sobre su falta de cooperación con el programa, pero estos solo decían que había un error. No decían cuál era el error, lo que ponía toda la presión de averiguar qué estaba fallando sobre los hombros de las familias más vulnerables del estado. Así que, básicamente, tuvieron que convertirse en sus propios trabajadores sociales y solucionar los problemas por sí mismos. 

Esa es una de las formas clásicas de la que funcionan estos sistemas: automatizando los procesos de elegibilidad para un programa de ayudas. A menudo esto oculta el hecho de que se han tomado una serie de decisiones políticas sobre quiénes merecen la ayuda, cómo tendrán que demostrarlo y qué tipo de ayuda necesitan.

¿Las personas afectadas detectaban que esos métodos de decisión eran injustos? ¿O pensaban que como la decisión había sido tomada por un algoritmo, por una máquina debía haber otras personas que necesitaban más esas ayudas?

Eso es interesante. En mi investigación, al hablar con las familias afectadas por estos sistemas pude ver tenían algunas conjeturas realmente buenas sobre lo que estaba sucediendo.

¿O sea que eran más bien los políticos y los organismos públicos los que los utilizaban para evitar tomar decisiones difíciles? 

Sí, exacto. Hay dos maneras de que eso ocurra. Una es la austeridad, la idea de que no hay suficiente para todos y que es necesario tomar estas decisiones difíciles sobre quién merece apoyo y quién no. Eso es una posición política, pero a menudo los algoritmos sirven para convertirlo en una especie de matemática moral.

En Estados Unidos, además, la situación es diferente a la europea en cuanto al estado del bienestar. Aquí [por EEUU] existe la creencia de que si eres pobre, quizás es porque has tomado una serie de malas decisiones con las que los demás no estamos de acuerdo. Tenemos este sistema loco que cree que no podemos dar a todos un nivel básico de dignidad humana. Pero eso no es empíricamente cierto. Podríamos desarrollar un marco universal de derechos humanos que protegiera a la gente mucho mejor de lo que lo estamos haciendo. Por eso hacemos una especie de populismo moral sobre si eres lo suficientemente bueno, como persona pobre, para recibir ayuda. O si por el contrario eres una mala persona pobre. Juzgar eso es la otra idea que está incorporada en todos estos sistemas, incluso cuando no es su intención.

¿Cómo se puede evitar que se implementen sistemas como estos? 

Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? [ríe]

En el libro propone un juramento hipocrático para los diseñadores, científicos de datos, etc. para que cuando participen en este tipo de desarrollos respeten una serie de valores éticos. 

Un aspecto interesante al escribir un libro es que congela tu pensamiento en un momento determinado. Mi forma de afrontar el problema ha cambiado desde la publicación del libro. Sigo manteniendo que la conversación sobre la ética de la inteligencia artificial es útil, pero creo que centrarse sólo en los códigos éticos para los diseñadores no nos va a llevar a donde tenemos que ir. Es solo una pieza del rompecabezas. 

Para los casos que he estudiado en profundidad, creo que hay varias cosas que tienen que suceder para cambiar la forma en que estos sistemas funcionan. Una es que tenemos que cambiar las historias que contamos sobre lo que es ser pobre, quién es pobre, por qué es pobre.

Por ejemplo en Estados Unidos existe la narrativa de que la pobreza solo le ocurre a un pequeño porcentaje de personas, de manera probablemente patológica. Eso tampoco es cierto. Si estudias el ciclo de vida de la gente en EEUU ves que el 51% de las personas estará por debajo del umbral de la pobreza en algún momento de su vida. Es como si estuviéramos tratando el embarazo como si fuera una enfermedad, como una discapacidad. ¡Es sólo algo que le sucede a más del 40% de la población! No es una enfermedad, sino una experiencia que muchas personas tienen. Creo en el poder de las historias para ayudarnos a contar la realidad. Y creo que cambiar las historias que nos contamos sobre la desigualdad y también sobre los procesos de automatización es una parte muy importante de la solución.

Una de esas narrativas que pide derribar es ese determinismo sobre la tecnología: un algoritmo por sí solo no cambiará estructuras que llevan décadas establecidas.

Está integrado en su ADN. Funcionan con datos históricos. Se entrenan con datos históricos. Se integran e implementan en sistemas que ya existen. Están construidos por seres humanos que tienen como ideas la historia y su propia experiencia. 

Pero muchas veces los tratamos como si fueran ese monolito de 2001: Una odisea en el espacio que viene a revolucionar la evolución. A menudo pensamos en estas tecnologías como si vinieran de la nada, aterrizaran en un terreno vacío y lo cambiaran todo. Y es mucho más complicado que eso. Nuestros sistemas técnicos son manifestaciones físicas de las estructuras sociales en las que ya vivimos, a menos que los diseñemos explícitamente para hacer otra cosa. Profundizan el statu quo si no los construimos para hacer para hacer algo más.

Uno de los motivos por los que pienso que esta narrativa es peligrosa es porque crea un espacio emocional, intelectual entre las personas que los diseñan y los implementan y las personas que los padecen. En el libro lo llamo anulación de la empatía. El libro trata de sistemas técnicos complejos, pero lo escribí a partir de la experiencia de las personas que se ven afectadas por ellos porque quiero que la gente, cuando tenga estas conversaciones abstractas y conceptuales sobre la inteligencia artificial y la ética, vea ese espacio. Que recuerde que sus decisiones afectan a personas reales y están teniendo efectos realmente horribles para importantes comunidades de clase trabajadora.

A pesar de ser muy local, los resultados de su investigación han dado la vuelta al mundo. ¿Cree que conviene internacionalizar el debate sobre los algoritmos? 

Sí, hay dos cosas que en mi opinión son muy necesarias. Una es escuchar las voces de las personas que se ven afectadas directamente por estos sistemas, como decía. La otra cosa es globalizar la conversación sobre ellos, porque ciertamente las empresas y los gobiernos sí que están hablando entre sí, así que los que nos vamos a ver afectados también tenemos que hablar entre nosotros.

El contexto de cada país importa a la hora de saber cómo va a tolerar la gente la implantación de estos sistemas, por supuesto. Pero también hay otros patrones. A menudo la gente que desarrolla esta tecnología la ofrece por todo el mundo. Uno de los casos que estudié, un sistema de predicción que se suponía que podía adivinar si los hijos de una familia serían víctimas de abuso o negligencia en el futuro, fue desarrollado por una empresa de Nueva Zelanda. Trataron de implantarla allí, pero rechazaron su herramienta y se fueron al condado de Allegheny, en Pittsburgh, que fue donde se la compraron. Pero si Pittsburgh la hubiera rechazado, se habrían ido a Kenia. Y si no, habrían aparecido en Togo. Tenemos que ayudarnos mutuamente a identificar lo que podría ir mal y también a compartir estrategias sobre cómo resistirlo.

La década perdida en el sistema educativo: de aquellos recortes, esta brecha (Daniel Sánchez Caballero para ELDIARIO.ES)

 Publicamos este reportaje de ELDIARIO.ES

Ha tenido que desatarse una pandemia para que quedara al descubierto lo que algunos ya venían advirtiendo desde hace tiempo: España es un país de grandes desigualdades socioeconómicas. Y, en el campo de la Educación, ha tenido que ser la escuela pública la que diera la voz de alarma: nuestro sistema educativo, la mejor herramienta –en teoría– de compensación social, no está llegando a todos.

El cierre de los centros educativos en marzo llevó a los periódicos y telediarios casos como el de la familia de Fali, vecina de un barrio humilde del sur de Madrid: cinco miembros conviviendo en 30 metros cuadrados y con un solo punto de acceso al mundo virtual; un móvil que padre e hijo usan por turnos para cumplir con sus respectivas obligaciones. En el caso del pequeño, este dispositivo se convirtió durante el estado de alarma en su única ventana a la educación.

Esta brecha digital no es anecdótica, sino un síntoma más de la brecha social que sigue dejando atrás a los estudiantes que más recursos y atención merecen. La familia de Fali, además, pertenece a la etnia gitana, una minoría especialmente vulnerable en el que el 79% de los hogares no tiene ordenador en casa y el 89% sufre pobreza infantil, según el Secretariado Gitano. Para Guadalupe Jover, profesora de Secundaria en un instituto de la sierra oeste de Madrid, es precisamente esta brecha social contra la que la escuela pública debería ser el más potente mecanismo corrector.

"Cuando hablamos de escuela pública, hablamos principalmente de justicia social y de cohesión social. Entendemos la justicia social como el mecanismo fundamental de reparación de desigualdades. La escuela pública debe favorecer las políticas de equidad, dar más a quien menos tiene. Cuando nos referimos a la cohesión social, hablamos de que cada aula debería ser un reflejo de la heterogeneidad social. Del origen geográfico y cultural, de las creencias religiosas o no... Y eso, hoy, no se da", argumenta.

Para entender la situación actual, hay que remontarse al menos a 2009 y, sobre todo, al 2012, cuando el Gobierno de Rajoy aprobó el Real Decreto 14/2012 que imponía unos recortes sin precedentes en nuestra democracia. Ese año, al calor de la crisis que empezó en 2008, la escuela pública recibió un golpe del que todavía no se ha repuesto. En 2020, cuando por fin estaba el sistema empezando a reparar aquel estropicio diez años después, asumiendo una larga década perdida, ha llegado el coronavirus y se ha hecho evidente para la población en general –quienes trabajan dentro del campo de la Educación ya lo tenían claro– que los recortes no salen gratis.

"La caída de las becas, las ratios, el desmantelamiento de las plantillas y los departamentos de orientación, que proveen de orientación psicológica, pero también median entre niños, han dejado a los más vulnerables desatendidos", explica la profesora Jover. "Se ha ido procediendo a la voladura de todo lo relacionado con las políticas de equidad".

Educación pública en España / Fuentes: Ministerio de Educación y Eurostat

Historia de un tijeretazo

España, a diferencia de otros países de su entorno, decidió afrontar la gran recesión de la década de 2010 recortando en servicios públicos. Se quitaron fondos a la sanidad y a la educación pública en toda su extensión, desde Infantil hasta la Universidad. El gasto total en Educación todavía no se ha recuperado: pasó de un máximo histórico en 2009 de 53.895 millones de euros a 44.789 millones en 2014, una caída del 16,9%. El pasado curso, la partida fue de 50.807 millones, aún por debajo de la que había en 2008, según datos oficiales del Ministerio de Educación.

El descenso en los fondos se tradujo, entre otras cosas, en un empeoramiento de las condiciones laborales de los docentes. Los profesores, esos privilegiados, pagaron su parte de la crisis. Como colectivo, se calcula que desaparecieron unas 30.000 plazas. Los profesionales de refuerzo y apoyo educativo se llevaron el peor golpe: Pedagogos Terapeutas (PT) y especialistas en Audición y Lenguaje (AL) desaparecieron de los centros. A nivel individual, todos los docentes sufrieron recortes salariales (desapareció la paga extra y se congelaron los salarios) y hubo un empeoramiento generalizado de sus condiciones laborales. Los interinos perdieron derechos adquiridos, como que se les pagaran las vacaciones de verano. Los trabajadores con medias jornadas –con sus medios salarios– casi se duplicaron, pasando del 5% al 9%. Además, puesto que había menos profesores para el mismo alumnado, a los docentes se les aumentaron las horas lectivas.

La peculiaridad de la respuesta española a la crisis es que mientras el sistema público sufría los recortes, las escuelas concertadas apenas los notaron. Si entre 2008 y 2018 el sistema público ha perdido un 5,8% de financiación, los centros de "iniciativa social" –ese término amable que engloba a empresarios e Iglesia, dueña de dos tercios de los colegios de gestión privada que reciben fondos del Estado– rebotaron tras un pequeño descenso inicial, para acabar ganado un 11,6% de fondos.

Escuela de ricos, escuela de pobres

Si la escuela pública es –debería ser– equidad y justicia social, la concertada y la privada representan, en la mayoría de los casos y con nobles excepciones, la segregación. Los estudios más recientes sobre esta cuestión apuntan todos una tendencia inequívoca. De acuerdo con el informe Diferencias Educativas Regionales 2000-2016, de la Fundación BBVA y el Instituto Ivie de investigaciones educativas, el reparto de alumnos sigue en España una lógica muy clara en función de la titularidad de los centros. Hay una escuela para ricos y otra para pobres: los públicos asumen "casi en exclusiva" la formación de estudiantes que provienen de entornos socioeconómicos menos favorables; mientras que los privados, tengan o no concierto, apenas reciben al alumnado de extracción humilde. En cifras: la escuela pública tiene un 60% de estudiantes de entornos medios y un 33% con pocos recursos. En la privada estos datos son el 27,1% y el 7,5%, respectivamente, con un 65,4% de alumnado privilegiado. 

Frente a este escenario general donde se repiten ciertos patrones en la distribución de los estudiantes según su origen socioeconómico, cabe también apuntar que, en la España de las autonomías, las realidades educativas difieren por comunidades. Así, cuanto más rica es una región, más escuela concertada tiene: País Vasco, Madrid, Navarra y Catalunya son, por ese orden, las que más porcentaje de alumnos tienen en la concertada y más porcentaje de su gasto educativo público dedican a estos centros.

¿Por qué es esta una cuestión crucial en lo tocante a las desigualdades educativas? Porque los entornos influyen de manera decisiva en el aprendizaje de los alumnos y alumnas. "Son claramente relevantes para sus resultados educativos, tanto en término de competencias alcanzadas como del ritmo de avance de los estudios", escriben los investigadores de la Fundación BBVA y el Instituto Ivie. Los círculos viciosos.

FUENTES: Ministerio de Educación y Formación Profesional y Eurostat.

"Libertad" vs. "beneficio"

En Orcasitas, al sur de Madrid, Fali y su familia son el reflejo de las consecuencias de estas dinámicas. Al cerrar los colegios por la pandemia, la falta de recursos de la familia mostró su lado más implacable. Cuando la tarea empezó a llegar en forma de enlaces y adjuntos en correos electrónicos, el niño, que comparte el único móvil familiar con el padre, se empezó a quedar atrás; la situación se ha visto subsanada, en parte, por la dedicación y compromiso del cuerpo docente que lo atiende este curso. Los profesores han realizado jornadas interminables, con disponibilidad 24/7 para llegar a todos sus alumnos y tratar de minimizar el impacto del confinamiento entre los más vulnerables.

"No tenemos internet en casa y no me llegaban los emails. Conseguí contactar con la maestra para que me los mandara por Whatsapp, utilizando el móvil con los datos de prepago", cuenta la madre de la familia. "Y así hemos estado. Todos los otros chicos tenían tabletas o impresoras, según contaban las madres en el grupo. Y da mucha impotencia ver que tu hijo no cuenta con esos medios, que no está al nivel de los demás, y te preguntas por qué la vida te ha golpeado así".

El de la familia de Fali puede parecer quizá un caso extremo en el que se junta todo: una familia con muy pocos recursos, perteneciente a una minoría étnica cuya plena inclusión en el sistema educativo nacional sigue pendiente, y vecina de la Comunidad de Madrid, una de las regiones que más ha apostado y ha favorecido a la escuela concertada de toda España. (Esperanza Aguirre, la presidenta regional que puso en marcha el sistema que hoy rige en la comunidad, argumentaría para defender su apuesta por la concertada que el artículo 27 de la Constitución ampara la libre elección de las familias a la hora de elegir la educación de sus hijos).

Enrique Díez, profesor de la Universidad de Castilla y León y responsable de Educación de IU, cree que donde dicen "libertad" se refieren a "beneficio". "Lo privado siempre introduce un elemento fundamental: piensa en el beneficio de quien invierte. Nadie invierte en un centro educativo si no quiere un beneficio. La Iglesia, que tiene el 63% de lo concertado, dice que no hace negocio. Yo digo: no hace negocio económico, hace negocio ideológico".

La Universidad no es ajena

Si alguien sabe de beneficio económico en la educación son las universidades privadas. Solo entre 23 de ellas, de las 37 existentes actualmente, ganaron 1.700 millones de euros en el curso 2018-2019, con una rentabilidad media del 9,4%. La educación superior no ha sido ajena al proceso privatizador del sector vivido en España, que se ha dado casi en paralelo al de las etapas obligatorias.

En los últimos meses, el sector universitario privado español ha vivido el desembarco de fondos de inversión internacionales, que han adquirido los campus madrileños de la Universidad Europea o la Alfonso X El Sabio por 1.100 y 770 millones de euros, respetivamente. La educación obligatoria también ha vivido este proceso con la compra de algunos privados, ejemplificados en el caso de los colegios Laude: adquiridos entre 2006 y 2014 por los fondos Dinamia y N+1, fueron revendidos a International School Partnership ese año por entre 35 y 45 millones de euros, según se publicó en prensa. A día de hoy, Colegios Laude S. L. Tiene una facturación anual de 46,8 millones de euros y un resultado de explotación de 3,6 millones.

Históricamente, en el país habían existido cuatro centros privados universitarios: Deusto, la Pontificia de Comillas, la Pontifica de Salamanca y la Universidad de Navarra. Hasta que llegó la LOU del PP en 2001 y empezaron a multiplicarse. A principios de los 90, apenas surgieron unos pocos nuevos. En 1995 eran siete; para 2004, habían aumentado hasta 22. Diez años más tarde, pasaron a ser 33. La aprobación por parte del Gobierno de Aznar de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) incluyó dos decretos que regulaban, por primera vez, los requisitos que debían tener los centros privados de nueva creación. Con un marco legal que los igualaba a las universidades públicas en su capacidad de expedir títulos superiores, estos empezaron a proliferar.

Paso a paso, el sistema fue impulsando a la privada. La reforma del espacio europeo de educación superior (el plan Bolonia), que se implantó en España en 2007, dotó a los másteres de una importancia casi similar a los grados. Además, entre 2008 y 2015 la crisis se llevó por delante el 20% de los ingresos totales de las universidades, según el Observatorio del Sistema Universitario catalán. Para compensar esta caída de la financiación estatal, se subieron las tasas públicas un 31% de media, de modo que los precios, al menos para las familias, se acercaron a los de las universidades privadas.

En paralelo a este proceso, el ministro José Ignacio Wert cambió el sistema de becas: introdujo los requisitos académicos a la hora de obtener una ayuda, rebajó la cuantía de los importes que se concedían y estableció un umbral máximo de renta para obtener una beca íntegra tan bajo (una familia de cuatro miembros con ingresos superiores a 13.909 euros anuales quedaría fuera) que muchos estudiantes se quedaron sin ayuda o, habiéndola conseguido, tuvieron que devolverla porque no conseguían cumplir con las notas mínimas exigidas. El resultado fue que decenas de miles de jóvenes (los rectores calcularon que unos 40.000) tuvieron que dejar sus estudios. 

De aquellas apuestas, estas pérdidas

Muchos expertos explican estos movimientos rebobinando hasta 1989. A finales del siglo pasado, tras ocho años de Ronald Reagan y diez de Margaret Thatcher, el mundo vivió un cambio de paradigma. El lobby empresarial europeo publicó entonces el informe Educación y Competencia en Europa, que incluía la siguiente afirmación: "La educación y la formación (…) se consideran inversiones estratégicas vitales para el éxito futuro empresarial".

Los grandes grupos de presión recogieron el guante y se pusieron en marcha. En 1998, Glenn R. Jones, presidente de Coca-Cola, comentaría tras un encuentro mundial de la Global Alliance for Transnational Education: "Desde el punto de vista del empresario, la enseñanza constituye uno de los mercados más vastos y de mayor crecimiento".

Los docentes pagaron su parte de la crisis: menos salarios y peores condiciones laborales. Olmo Calvo

Especialmente clarificador resulta un escrito de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), un ente hoy convertido en referente sobre políticas educativas para los Gobiernos gracias a su examen PISA. En 1996 la OCDE ya era consciente de la dualidad del nuevo mercado laboral que estaba gestándose: las empresas no iban a necesitar tantos trabajadores con formación. Pero entendió también que esta no era una idea fácil de vender, así que uno de sus analistas, Chistian Morrison, sugirió: "Si se les disminuyen los gastos de funcionamiento a las escuelas y universidades, hay que procurar que no se disminuya la cantidad de servicio, aún a riesgo de que la calidad baje (…). Sería peligroso restringir el número de alumnos matriculados. Las familias reaccionarán violentamente si no se matricula a sus hijos, pero no lo harán frente a una bajada gradual de la calidad de la enseñanza y la escuela puede progresiva y puntualmente obtener una contribución económica de las familias o suprimir alguna actividad. Esto se hace primero en una escuela, luego en otra, pero no en la de al lado, de manera que se evita el descontento generalizado de la población".

Justamente debido a la implantación del estado de alarma para atajar la primera ola de la pandemia, la presencia de grandes multinacionales en el sector educativo a todos los niveles se ha acelerado y se ha hecho aún más tangible. Google, Microsoft o HP han entrado en casi todas las aulas al hacerse virtuales como un remedio urgente al cierre de los centros educativos sobrevenido en marzo. Llamativo es, de nuevo, el caso de Madrid. La plataforma de la Consejería que debía articular la enseñanza a distancia, EducaMadrid, se colapsó prácticamente el primer día del confinamiento en primavera, dejando a los centros sin alternativas reales: o acudían al mercado (Google Suite ha estado entre las favoritas) o no había manera de dar clase a distancia. Esta cuestión trae aparejada un debate sobre la privacidad y la gestión de datos aún incipiente. Hasta ahora, las plataformas de las grandes tecnológicas se han utilizado como herramienta complementaria para la docencia, el uso masivo quizá obligue a prestar más atención a lo que se está haciendo. 

Normalidad concertada (Manuel Menor)

Empezamos a saber cómo es “la normalidad”

Dependerá mucho del nivel de voz de cada cual; los colegios concertados continuarán siendo oídos, para no ser “segregados” en las ayudas.

Contaba García Márquez, para que el lector se hiciera cargo de lo repetitivo de muchas pautas que nos condicionan, que en Macondo –la ciudad más literaria de Cien años de soledad-,  “llovió cuatro años, once meses y dos días”. Algo más intenso, por lo reiterativa que era la lluvia en que desenvolvía Cela su Mazurca para dos muertos, era aquel Ourense rural de sus ancestros en las cercanías de Oseira, donde  no le iban a la zaga unos protagonistas que parecían más gente alucinada que real.

Jaque mate

Vivimos ahora en un mes de julio que, con lo recurrente que es hablar de cuanto esté pasando desde que la OMS declaró la pandemia mundial a causa de la Covid-19, no parece sino alucinación lo que acontece. Y más amenaza serlo desde que el uno de junio empezó a cambiar el signo de la cuarentena y, tras la desescalada, vuelven los rebrotes en comunidades como Cataluña y Aragón  o que los ingleses hayan decretado limitaciones a quienes se muevan entre España y Gran Bretaña. Los miedos andan sueltos, mientras la apelación de las autoridades a “la responsabilidad” olvida que el ejercicio del poder tiene momentos agrios como tener que adoptar decisiones que no van al gusto de todos.

 Resolver en coyunturas complejas no es fácil; los jugadores de ajedrez saben que hay muchas así en el tablero, cuando piezas principales son acosadas por la táctica del adversario.  Pero también es cierto que, no es exactamente un panorama aséptico el que se desarrolla delante de nuestros ojos, ante los que se mueven  personas y lobbys que, sabedores de su peso, cuando tienen problemas como los que encadena esta Covid-19-, se saltan la cola. Si se sigue la pista a las medidas o ayudas que se han facilitado a determinados colectivos, y se las compara con los lloros y quejas que han mostrado, antes y después de sus apelaciones a las instancias gubernamentales, puede verse lo obsceno que puede ser el juego del poder real, incluso en un país democrático.

Lo imprescindible

Quienes tratan con asuntos del pasado no dejan de asombrase con estas repeticiones, en que  una y otra vez la clave es, casi siempre, que alguien tiene poder para que se haga saber cómo hacer pasar por imprescindible e insoslayable cualquier embeleco, por encima incluso de lo que de verdad sea necesario y urgente. Baste una mención a esta técnica trilera que, en definitiva, trata de detraer recursos públicos para una parte, más o menos significativa –pero privada- de la sociedad.

En el territorio de las políticas educativas, que ha tenido cabida en los acuerdos de “reconstrucción” post-Covid-19, se había acordado destinar una importante cantidad de recursos a la enseñanza pública, pero pronto hubo voces que reclamaron “igualdad” de trato para la concertada han sido atendidas y, para “no segregar” o, como dijo el presidente de una de las asociaciones habituales en este tipo de reclamaciones en pro de la enseñanza privada –católica por más señas-, porque “la opinión pública no está por la escuela única”. Después de lo cual, según titulaba El Pais este pasado día 21 de julio: “PSOE, Podemos y ERC cambian de postura y proponen que la escuela concertada no quede excluida de las ayudas del Gobierno para el coronavirus”.

La Historia de la Educación en España tiene constancia explícita del origen de los “colegios concertados”: qué son, cómo eran antes de 1985 y quiénes los acunaron siempre, incluso en la crisis de 2008, en que creció su ayuda mientras le recortaban sensiblemente el presupuesto a la red pública. El papel principal que en esta historia ha tenido siempre la jerarquía eclesiástica, aprovechando coyunturas problemáticas de la vida política es principal: el Concordato de 1851, el de 1953 o los Acuerdos de 1979 lo expresan claro. Más misterioso es que, sin ley o decreto que haya puesto en cuestión su presencia pública, la Iglesia se haya posicionado cada vez mejor  en el sistema educativo español, aunque el número de creyentes practicantes siga acelerando su mengua cuantitativa desde los años setenta.

Lo raro

Resulta extraño, por tanto, el fervoroso favor de este Gobierno, que parece repetir el de Zapatero respecto al IRPF. Y más extraño cuando tiene personas conocedoras del absoluto predominio que, en este terreno, tuvieron durante los años franquistas; cómo colaron en el Ministerio de educación a sus mejores peones -desde Pemán hasta Méndez de Vigo, pasando por los ínclitos de toda la etapa franquista de 1ª y 2ª ola-; cómo han controlado los presupuestos educativos y el BOE casi siempre; cómo lograron infinitas subvenciones para colegios de una u otra categoría desde 1941 y, sobre todo, 1953 -con la “función social” que les eximía del 50% de los impuestos de entonces y les facilitaba créditos muy cómodos-  y que la LGE de 1970 repetía de nuevo; cómo tuvieron el reconocimiento de la LODE para sus  colegios; o, entre otras muchas situaciones, han contado con neoliberalismo conservador de Esperanza Aguirre desde 2003.

Después de tantas loas a la “memoria” es raro que en este Gobierno nadie quiera acordarse de aquella postguerra victoriosa, en que además de la depuración de maestros y profesores, redujeron a prácticamente uno por provincia el número de institutos en toda España, con cambio de nombre incluido en muchos. En fin, es muy extraño que no se tome en consideración el dinero que esta gente ha recibido: los enormes  recursos que tuvieron, desde primera hora de aquel Régimen, para construir y reconstruir seminarios y conventos entre otros bienes patrimoniales, tantos que Carrero Blanco llegó a cifrar en 300.000.000.000 de pesetas de la época aquella inversión societaria; y a esa cantidad se han de sumar los subsidios recibidos tras los Acuerdos de 1979 y 2005.

En un mundo tan plural como el actual, no es fácilmente inteligible  que, en medio del panorama creado por la COVID-19, el Estado se siga arrogando como algo “fundamental”  la protección espiritual de sus ciudadanos mediante privilegios para una creencia, de la que es bien sabido que los colegios concertados –privados en definitiva- son una extensión privilegiada suya, orientada primordialmente a una selección social con finalidad doctrinaria. Que en este “Gobierno de progreso” no lo quieran ver, más que cuestión de escaños, lo es de redaños para que lo imprescindible no se coma  lo necesario. Gil de Zárate, uno de los hombres que mejor conocía España, ya dejó escrito en 1855 que: “La cuestión de enseñanza es cuestión de poder […]. Entregar la enseñanza al clero, es querer que se formen hombres para el clero y no para el Estado [.....] es hacer soberano al que no debe serlo [....]. Trátase de quién ha de dominar a la sociedad: el gobierno o el clero”.

( Anque non digan nada na tele,                                    (Aunque no diga nada la tele,

nembargantes chove,                                                         sin embargo llueve,

non para de chover                                                      no para de llover.

¡Pobres dos pobres!)                                                         ¡Pobres de los pobres!)

Manuel Menor Currás

Madrid,28.07.2020

"DESABER" (Manuel Menor)

Renqueamos entre “lo nuevo” y las reformas

Hemos llegado a un punto en que dudamos, porque estamos en fase de decidir si seguir adelante o permanecer quietos, como si fuese posible.

Es la indeterminación entre un arre! y un xó! que un nervioso campesino gallego lanzaba a su burro, parado en un charco del camino. Una de las varias razones de la indefinición en que nos encontramos es “lo nuevo”, la otra las reformas.

Lo nuevo

Esta dirección del movimiento social tiene a su vez muchas vertientes. Cada cual tiene su modelo predominante al respecto, sin que ninguno domine todavía y algunos sean menguantes. Si hacemos caso al ruido que meten, empieza a tomar cuerpo de nuevo el modelo de los que proponen una bien jerarquizada sociedad,  bajo una racionalidad “natural”. Quién lo diría; invocan tanto la libertad de movimientos -y de mercado- que confían en que el COVID-19 haya hecho una buena labor de selección darwinista, como si estuviera delimitando en cada barrio a los mejor dotados para sobrevivir en los próximos meses de incertidumbre si hiciera falta salir a codazos adelante, pase lo que pase. De momento, tratan de imponer sus caceroleras sonoridades en muchas zonas urbanas por encima de cualquier aplauso a quienes estén siendo responsables en sus puestos de trabajo sanitarios o de cualquier otra índole

Les acompañan en esta peregrinación hacia un nuevo concierto social los que  presionan y empujan a los alcaldes y concejales con la importancia trascendental de la cultura del bar y la terracita. Invocan que son muchísimas familias las que viven de que las demás tomen cañas, y que muchas madres no duermen si sus hijos o hijas, después de haber hecho un máster, no son contratados para servir a tanta humanidad sedienta. Como si el gran futuro de España dependiera estratégicamente de que creciera el número de camareros dispuestos a ser contratados en precario, y de que todo el suelo urbano esté disponible para tanto emprendedor incomprendido.

Nadie se queda atrás en las demandas que tanto florecen en esta desventurada primavera. En algún “Ministerio de la Abundancia” como el de Orwell en 1984,  debe haber ya alguien encargado de anotar los gremios afectados por la situación creada por esta desgraciada pandemia. No paran de aparecer cada día quienes, paseándose con mascarillas de diseño,  temen quedar al borde de la subsistencia o del racionamiento en los próximos meses; todo el que sabe que intuye que tiene a su lado un grupo de colegas en similares circunstancias a la suya, enseguida esgrime un informe de agravios que los responsables de Hacienda  han de atender con preferencia por su “desplome”.

Y ahí van detrás como locos apocalípticos algunos líderes espabilados, queriendo comandar esa desaforada necesidad de levantar cabeza por encima de otros que pugnan por lo mismo. Toda crispación es poca; no paran de levantar cualquier tipo de liebre con tal de que pueda ser objeto de caza placentera. En esta pelea, ya puede distinguirse a los que todo les vale, una cosa y la contraria, con tal de ver  si todos nos pegamos un trompazo para venir enseguida a “salvarnos”. “Objetivo común” y “cogobernanza” no figuraban en su gramática de Primeras Letras. En medio, están los muertos; les guardaremos luto colectivo unos días, sin que –en pleno siglo XXI- sepamos exactamente sus cifras; para que se diga que las estadísticas no tienen nada que ver con el dolor.

En este inmenso barullo también están cuantos ciudadanos sigan vivos sin saber si interesan mucho a alguien. No se extrañe nadie de que en esta búsqueda de la nueva sociedad que traiga “la nueva normalidad” consumista, muchos no sepan a qué carta quedarse cuando la poética de los más gritones embauca a muchos. No es la primera vez que sucede: ¡Atención a cuantos invoquen “lo nuevo”!  Eso pregonaba el que en Navarra era conocido como el  “Cura azul”, director de la revista Jerarquía,  de corta duración y objeto de culto falangista; y eso adelantó uno de los hombres que más determinaron la política educativa “nacional” desde aquel 18 de julio: José Pemartín, autor de un libro programático: Qué es “Lo nuevo”. La “realidad” la estaban creando ellos con su propaganda.

Las reformas

Como otras que han sido, las reformas que vienen aprovecharán las crisis para imponer los intereses hegemónicos, casi nunca coincidentes con los de la mayoría de los ciudadanos si hacemos caso a los estudios serios de otras etapas críticas de la humanidad. En este momento, cuando algunas de las vías de arreglo de los desastres que ha causado esta COVID-19 solo pueden venir de Bruselas, asistiremos a decisiones condicionadas por pertenecer nuestra estructura económica al universo periférico. El centro, marcado desde el Banco Central Europeo y sus brazos en Berlín, Bruselas y Estrasburgo, se abre a prestar ayuda económica a lo que vaya a ser la “reconstrucción económica”, que enseguida tomará el centro de la vida política. Pero nadie regala nada; la cuestión es la contrapartida de “las reformas” a que hayamos de comprometernos a cambio.

 En qué vaya a consistir apretarse el cinturón y a quienes corresponda hacerlo prioritariamente será el gran debate que nos espera; cuánta precariedad estemos dispuestos a suprimir o cuánta estemos en fase de aumentar, con más pobreza, más precariedad y, en definitiva, menos justicia distributiva, es lo que está en juego. La gran cuestión será saber  quién paga y quién se sigue llevando la parte más sustantiva  de la renta que seamos capaces de generar en medio de tantos problemas, ya visibles en los puntos  donde se distribuye comida a los más necesitados.

Lo único claro es que vamos a tener mucho que aprender todavía. En este momento en que las palabras demagógicas ya vuelan para intentar convencer a los más incautos con el sentido cambiado que tienen en el habla común, lo que mejor podemos hacer es lo que recomendaba Antonio Machado a través de Juan de Mairena: “repensar lo pensado, <desaber lo sabido> y dudar de su propia duda, que es el único modo de empezar a creer algo”.

Manuel Menor Currás

Madrid, 27.05.2020 

¿Pactos de la Moncloa? (Manuel Menor)

Con o sin Moncloa, sí debiera haber un gran pacto

Que llegue a hacerse será complicado. Pero sería un buen modo de afrontar lo que vendrá después de esta cuarentena.

La referencia a los Pactos de la Moncloa, en 1977, ha saltado este viernes a la palestra política con cierto entusiasmo y corremos el riesgo de volver a la taumaturgia para resolver problemas serios. Esa mención podría hacer errónea la perspectiva de una necesaria concertación.

¿Pacto de la Moncloa hoy?
Las circunstancias no son las mismas, el escenario es muy diferente y el mensaje que el conjunto de partidos emite no parece que vaya a favorecer algo similar. No da la sensación de que el Gobierno se haya asegurado antes de lanzar la idea, de que tuviera suficiente respaldo social fuera de su propio ámbito. Y entre los partidos de la derecha -fundamentales para apoyar la idea-, hay quien no parece haberse enterado todavía de qué va este problema y sus consecuencias; hay quien si le dieran presencia mediática más intensa tal vez cedería; y hay quienes toda esta historia, desde hace ya más de un mes, le es campo propicio para su mensaje milenarista, en términos de hace ochenta años. Nadie parece muy propicio en ese entorno a facilitarle al Gobierno que acuda a Europa este jueves con una fuerte unidad interna. Tampoco parecen dispuestos a facilitarle una especie de lavado de culpas y fallos en la gestión de los pasos dados en días pasados. Todos debieran entender, y el primero el grupo gobernante, que el trabajo que hay por delante no es de un partido o dos tan solo, sino que requiere connivencia de base en todos.

Alguien debiera explicar a los ciudadanos, además, que lo de 1977 no fue un arréglalo gratuito; conllevó sacrificios generales a los que deberemos prepararnos. Por ejemplo, incremento impositivo y limitación de salarios; intervencionismo para derivar atención y recursos hacia lo prioritario; y, por supuesto, delimitación de objetivos sociales y económicos preferentes para su rentabilidad. Algo similar sucede con las referencias que estos día se hacen a un nuevo Plan Marshall, conexo en parte a lo que en 1945 supuso el lanzamiento en Europa de lo que se entendió -hasta la Caída del Muro de Berlín en noviembre de 1991- como “Estado de Bienestar”. El neoliberalismo y el neoconservadurismo pelearon a muerte con él desde los años ochenta; aquellos “treinta años gloriosos” –que se estudian en el Bachillerato francés- fueron el sueño de los españoles de a pie, pero, cuando llegamos a la mesa europea en enero de 1986, ya estaban retirando el mantel.

¿Solidaridad o justicia distributiva?
¡Ojalá que con un enclaustramiento como el que tenemos, todos hubiéramos decidido esforzarnos en la misma dirección! Algunas reflexiones que circulan por las Redes estos días parece que quisieran convertirnos a un fantástico espiritualiso virtuoso, una utopía de tantas como se han imaginado desde antes de Erasmo. Cada cual es muy libre de idear el mundo como le plazca, pero la democracia es laica y, como tal, no le sobra la moral de los creyentes pero no basta. Si no se traduce en acuerdos y pactos concretos de obligación igual para todos, de poco vale- Bienvenidas sean todas las buenas intenciones, pero según el viejo refrán –muy de cristiandad política- de buenas intenciones está empedrado el infierno.

Está de moda en algunos medios el recurso a las buenas obras de algunos gremios o trabajos, como si los aplausos que a las ocho recorren la geografía española ya sanaran deficiencias serias. Y suena manipulador que, al lado de tan merecidos reconocimientos –por las carencias que algunos profesionales son capaces de suplir-, con la presunta ejemplaridad de algunos filántropos de mayor o menor riqueza demostrada en Forbes, se trate de provocar el olvido de las patologías estructurales que tenemos. La supuesta calidad de estos no depende de la moralidad individual de nadie; por mucho que nos enfrasquemos en dilucidar el altísimo valor moral de unas personas determinadas poco avanzaremos en la calidad general, y menos si esos filántropos no tienen responsabilidad directa.

Vaya por delante que es de agradecer que, en momentos cruciales, los responsables de algunos ámbitos laborales sean competentes y estén en su puesto cuando los ciudadanos los necesitan. Y que también puede estar muy bien que haya personas que, en situaciones de necesidad, se sientan compelidas por la solidaridad, la caridad o cualquier razón moral para ayudar a los demás. No hay por qué poner pegas a que puedan crecer los donantes a las ONGs, especialmente las que pasan controles homologados de transparencia. Pero todo eso no puede ocultar que una sociedad fuerte y bien trabada no se construye solo con estos voluntarismos, sino con estructuras bien dotadas por los presupuestos públicos progresivos de todos y una gestión democrática, en que el objetivo común no se pierde de vista o no sea trampa para negocios, privilegios y corrupciones particulares.

¿Política económica o Economía política?
No vamos arreglar el pasado, pero enseña realismo en estos asuntos, que permita construir futuro. Hubo caridad a lo largo de toda la Historia europea, sobre todo, a partir del siglo IV, y también sucedió que, en el siglo XVIII, cuando la generosidad de los más pudientes –reyes y eclesiásticos incluidos- era deficiente, surgieron “filántropos” y “benefactores” y que hasta el Estado asumió labores de beneficencia. Nuestra Real Academia de Ciencias Morales y Políticas (RACMP) premió una Memoria de la todavía joven Concepción Arenal que, en 1861, invocaba que todo hacía falta, “beneficencia, filantropía y caridad”, para tanta pobreza como había. Se empezaba a plantear, además, que la pobreza que preocupaba era la del proletariado urbano –del que se ocultaban carencias salariales y sociales-, al que se “cuestionaba” porque empezaba a exigir otro orden político y social más equitativo para una sociedad aburguesada.

Algunos de aquellos académicos empezaron a plantear que había que crear un “estado social”, con instituciones y derechos garantizados por el Estado. En 1890, el propio Cánovas, habló directamente de que con caridad era imposible y que ya era hora de pasar de la “Economía política a la Política económica”. Unos ocho años antes, Bismarck ya había iniciado -para una Alemania recientemente unificada en torno a Prusia- un corpus legislativo con obligaciones mutualizadas entre empresarios y Estado en áreas de sanidad, educación, vivienda y jubilaciones. Muy pronto, uno de los académicos de la RACMP se preguntaría -cuando aquí empezó un lento cambio de paradigma en la políticas social- cuándo tenían razón: si antes, cuando no admitían la intervención del Estado en la sacrosanta propiedad privada o ahora, en que empezaba a haber alguna ley contraria a la economía clásica.

El debate del pacto
Esa es la urgencia y no el ver si nos llueve del cielo alguna solución mágica, gratuita y bien intencionada. Hay un gran debate al que tendremos que ajustarnos, Estamos en una situación excepcional y, a todas luces, muchas cosas en nuestras vidas no serán como antes. Estemos o no contentos de cómo nos haya ido en este trance: ¿qué Estado de todos queremos construir después de esta situación excepcional? No podemos dar por supuesto que la bondad d algunos hace, por sí misma, el bien de todos. Lo que se oye y ve estos días no deja ver que en qué estemos dispuestos a ceder y perder. Y eso es precisamente un pacto social: cesión mutua, para que todos ganemos en fuerza; eso es la democracia. ¡Ánimo, que falta un poco menos: con el esfuerzo de todos será posible!

Manuel Menor Currás
Madrid, 07.04.2020