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domingo, 16 de noviembre de 2025

Huelga General Universitaria 26 y 27N ¡Convocatorias!: Piquetes, pasacalles, Uni en la Calle, Comida-> 26N: 15:30 h. CONCENTRACIÓN (Consejería Educación). 27N -> 18 h., MANIFESTACIÓN (Atocha-Sol)


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viernes, 14 de noviembre de 2025

26 y 27-11-2025: Huelga General Universitaria. Impulsa: Coordinadora de las Plataformas en Defensa de las 6 Universidades Públicas Madrileñas

 




Desde las 6 Plataformas por la Pública (UAH, UAM, UC3M, UCM, UPM, URJC) agradecemos a los sindicatos que apoyan y dan cobertura a nuestra #Huelga2627N, y seguimos llamando a todos los agentes a empujar desde los consensos y asambleas de nuestras plataformas unitarias   👇🏾


▶️ 💚 🔥 Las organizaciones sindicales CCOO, CGT, CNT y UGT hemos emitido un comunicado conjunto en el que respaldamos y damos cobertura legal a la Huelga General Universitaria convocada para los días 26 y 27 de noviembre, impulsada por la Coordinadora de las Plataformas en Defensa de las 6 Universidades Públicas Madrileñas.


Esta huelga es fruto del trabajo y la unidad entre trabajadoras y estudiantes para defender una universidad pública, gratuita, crítica y al servicio de la sociedad, frente a la LESUC y a las políticas de asfixia presupuestaria que amenazan nuestras condiciones laborales y el futuro de las universidades públicas madrileñas.


Si no hay respiro para las universidades públicas, no habrá paz para quienes nos asfixian.


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domingo, 24 de enero de 2021

Las estrellas solo se ven en la oscuridad (Agustín Moreno para CUARTOPODER.ES)

 Reproducimos este artículo de Agustín Moreno publicado en CUARTOPODER.ES


  • "Cuando todo estaba oscuro fueron los trabajadores y trabajadoras normales y corrientes quienes nos ayudaron a sobrevivir en tiempos de pandemia"
  • "Los ricos y grandes empresarios quieren volver a la anormalidad anterior, a aplicar las viejas mentiras neoliberales basadas en la explotación, la especulación y el negocio"
  • "Hemos empezado a recuperar el principio sagrado de la solidaridad, que en tiempos de crisis es más importante que el dinero"
Siempre parece imposible hasta que se hace”

Nelson Mandela, (después de ganar la batalla al Big Pharma con los genéricos para el VIH)




Es importante empezar el nuevo año haciendo una recapitulación de un año tan difícil como 2020. Intentar responder a una pregunta crucial que yo mismo me hacía en plena crisis sanitaria¿hemos aprendido algo de la pandemia? y que no parece que tenga una respuesta positiva a la luz de los acontecimientos posteriores. Ayuda en la reflexión, el recomendable ensayo del sociólogo y político de la izquierda belga, Peter Mertens: Los olvidados (Editorial Atrapasueños, Madrid 2020). Sigamos su ejercicio de pedagogía para razonar sobre qué nos está pasando y qué hacer.

Que un hombre se coma un animal exótico en un rincón del mundo y cien días después media humanidad esté confinada, demuestra lo interconectados que estamos y lo vulnerables que somos. Un virus microscópico ha golpeado al planeta como si fuera un meteorito. A estas alturas, hay cien millones de contagiados, más de dos millones de muertes y un 90% de los países del mundo sufren un serio retroceso en su economía, mucho mayor que el Gran Crack de 1929.

cuando la estructura de esta civilización se venía abajo como un castillo de cartas, aparecen los sanitarios, el personal de los cuidados, de la limpieza, los trabajadores de los supermercados, del transporte y la seguridad, el profesorado, los empleados públicos, los repartidores, los trabajadores de las fábricas y del campo… y hacen que todo vuelva funcionar.

Cuando todo estaba oscuro fueron los trabajadores y trabajadoras normales y corrientes quienes nos ayudaron a sobrevivir en tiempos de pandemia. Como dice Mertens: “Las estrellas solo se ven en la oscuridad”. Sin ellos nadie nos curaría, ni cuidaría, ni tendríamos qué comer, no estaríamos a salvo. La población ha tomado conciencia del carácter esencial de su trabajo, como expresaban los aplausos al personal sanitario.

Pero no son suficientes esos aplausos y el agradecimiento. Eso no llena las neveras, no asegura el empleo, no mejora sus condiciones de trabajo. Se mantiene una gran brecha entre la escasa consideración laboral de muchos de los trabajos (bajos salarios, precariedad…) y su importancia social real. Por eso tienen que plantarse. Un ejemplo, fue la protesta de las batas blancas en el mes de mayo, cuando la primera ministra belga Sophie Wilmès fue de visita al hospital Saint-Pierre de Bruselas. El personal sanitario, uno a uno, se fue girando a su paso y le dieron la espalda. Un acto de protesta de gran simbolismo porque, como dicen los sanitarios, “los políticos nos dan la espalda constantemente cuando les pedimos ayuda".

No han sido los especuladores financieros, los consultores, los charlatanes de todo tipo los que han hecho que las cosas funcionen, han sido aquellos desde hace tiempo no sabíamos quiénes eran y que antes llamábamos clase obrera. La pandemia ha puesto en evidencia que los trabajadores existen y son imprescindibles, que son los héroes en la crisis sanitaria, aunque el capitalismo les trate como si fueran chusma.


Pero, como dice Owen Jones, es evidente que el coronavirus es una cuestión de clase. Ello se ha dejado de ver en las condiciones del confinamiento en las viviendas, la capacidad de atender a los niños, los riesgos obligados a asumir, el tipo de garantías de seguridad en el trabajo, la protección social, etc. No hay ninguna duda de que la pandemia se alimenta cuando las condiciones de vida y de trabajo son terribles.

Ello produjo auténticas revueltas, como la de los metalúrgicos italianos, en huelga para garantizar la seguridad y no ser carne de cañón. No hay que olvidar que los neoliberales más conspicuos se oponían a parar la producción para que “el remedio no fuera peor que la enfermedad” (Trump); consideraban que “no había lugar en el debate sobre el covid para las emociones (…) y que las flores marchitas se podan, quizá unos meses antes” (Marianne Zwagerman); o que el 99% de la población no se iba a sacrificar por el 1% (Ayuso).

Pero los ricos y grandes empresarios quieren volver a la anormalidad anterior, a aplicar las viejas mentiras neoliberales basadas en la explotación, la especulación y el negocio. Volver al “no hay dinero para” las pensiones, los servicios públicos, los salarios y condiciones de trabajo dignas, para luchar contra la pobreza. No hay que olvidar la cita de Marx de que “El Estado es el comité ejecutivo de la burguesía”, algo que habrá recordado la izquierda en el Gobierno de coalición en España. Y que estará presente a la hora de participar en las ayudas del Fondo de Recuperación de la Unión Europea y las condiciones que se pretenderán imponer. ¿Por qué se tienen que aceptar recortes sociales o la degradación del mercado de trabajo para recibir estos fondos? Lo lógico sería aplicar limitaciones para recibir ayudas del Estado a las empresas que evaden impuestos, que contaminan, que deterioran las condiciones del empleo, que reparten dividendos, que discriminan a las mujeres… Ahora bien, todo es una relación de fuerzas.

Pero un gigante, la clase trabajadora, ha despertado. Los trabajadores que habían desaparecido como sujeto histórico han vuelto. Han mantenido el país en marcha y ahora deben recuperar su orgullo, la conciencia de su carácter indispensable, la confianza en sus propias fuerzas. Y, para ganarse el respeto, deben luchar. De lo contrario, los héroes de hoy, serán olvidados mañana si no se organizan y se movilizan para cambiar las cosas. Hoy tienen la autoridad que emana de sus actos: haber sacado adelante el país en unos momentos muy difíciles.

Los sindicatos también se deben levantar y ser capaces de resetearse para recuperar prestigio y la confianza de los trabajadores de toda condición. La defensa del empleo digno y de calidad pasa por derogar las últimas reformas laborales; una protección social adecuada supone mejorar las pensiones y no admitir ningún tipo de recorte; fortalecer servicios esenciales como la sanidad y la educación pública exige más inversión; otro modelo productivo y más democracia en las empresas es un horizonte estratégico. Han anunciado movilizaciones para febrero, ojalá vayan en serio, porque ése es el camino.

Y, claro, que hay alternativas. Peter Martens recurre al Green New Deal de Bernie Sanders y de Alexandria Ocasio-Cortez, inspirado en el New Deal con el que Roosevelt hizo frente a la Gran Depresión de los años treinta. Hace propuestas para afrontar las dos crisis: la económica y la climática. A través de un plan europeo de reconstrucción basado en inversiones públicas para que la transición ecológica y digital no quede en manos privadas. Se estructura en cuatro ejes estratégicos: la energía, el transporte, la transición digital y la sanidad. Creando grandes consorcios públicos europeos y apostando por un impuesto europeo sobre el patrimonio. Le da un nombre cargado de significado: Plan Prometeo, porque de eso se trata, de dar el fuego a la ciudadanía para que no tengan que inclinarse, para que lo usen para cubrir sus necesidades, y para que sea un fuego interior que los permita pensar, soñar y osar.

Pero el camino no será fácil, porque también advierte de la aparición de monstruos, como la ultraderecha y nuevas formas de autoritarismo. Con el discurso ramplón de “Nuestra gente primero”, los que siembran el odio forman parte del problema y no de la solución. No hay que olvidar que el fascismo ha sido el recurso utilizado por las élites cuando ven en peligro sus intereses.



Con la pandemia hemos pasado del vivir de uno en uno, a necesitarnos los unos a los otros. Por ello, una cosa es evitar el contacto físico y otra el social. Y aunque la distancia física hay que mantenerla a metro y medio mientras dure la pandemia, no debe haber un milímetro de distancia social, porque eso significa interiorización y derrota. Hemos empezado a recuperar el principio sagrado de la solidaridad, que en tiempos de crisis es más importante que el dinero. No debemos olvidar ni dejar atrás nada ni a nadie. El futuro les pertenece a los que hacen que el mundo gire.

martes, 16 de junio de 2020

El TSJ de Madrid decidirá si la Universidad Carlos III se ahorró puestos de trabajo encargando sus labores a 570 becarios

Artículo de Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es

  • La universidad defiende en el juicio el carácter formativo de sus becas mientras la Inspección de Trabajo y los estudiantes sostienen que su labor era imprescindible para el centro, que restringió servicios y contrató personal tras echar a los becarios

16/06/2020

¿Qué se considera un trabajador para una empresa o administración? Cuando un becario de universidad aprende las competencias propias de su puesto, la beca, formativamente, ¿sigue teniendo sentido? ¿Es cuadrar una caja y cerrar una oficina labor de un becario? ¿Son estructurales unos empleados si, al dejar de estar, el servicio que atendían se ve forzado a restringir sus horarios?

Estas cuestiones y otras similares tienen que resolver las magistradas de la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que este miércoles han asistido a la primera y única sesión del juicio de la Inspección de Trabajo contra la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) por el supuesto uso fraudulento de becarios como empleados estructurales.

Por la sala han pasado a declarar exbecarios, funcionarios de la universidad y de la inspección, según han relatado fuentes presentes en el juicio, cerrado al público general por motivos sanitarios. Estudiantes como Adrián han relatado a las juezas cómo en sus oficinas había más becarios que trabajadores, cómo él mismo formó a su sucesor o que su oficina tuvo que contratar a una empleada laboral y restringir su horario de atención al público cuando él se marchó.

Sus defensas han tratado de probar que existe la relación laboral; los letrados de la UC3M apuntaban el carácter formativo de las becas. Un funcionario de la universidad ha dado la razón a los estudiantes; el director de una biblioteca, a la Carlos III. La inspectora que levantó el acta a la universidad se ha ratificado en la relación laboral entre los estudiantes y la UC3M.

Javier Galán, abogado de CNT-AIT en representación de algunos exbecarios, explica que la línea de argumentación de los estudiantes para probar la relación laboral es que han estado realizando "un trabajo completamente necesario e imprescindible para la universidad. El 99% de los becarios, según la inspectora, estaba en lo que se denominan 'servicios' de la Carlos III. No existía formación".

La defensa de la Carlos III, contratada al bufete especializado en falsos autónomos Sagardoy por 80.000 euros pese a que el centro tiene servicio jurídico propio, ha basado su argumentación en que el plan Bolonia, que rige en los campus, introduce una nueva forma de dar clase e impartir conocimientos, según ha contado el letrado Galán (este diario ha contactado con el bufete, que no ha contestado la petición). Ya no se trata de que los alumnos tengan conocimientos, sino las famosas competencias. Y aquí, según este razonamiento, entran estas becas, que ofrecen formación en competencias transversales como trabajar en equipo, relacionarse con otros, etc. destinadas a la "empleabilidad".

570 becarios en cuatro años

La Inspección de Trabajo denunció a la Universidad Carlos III de Madrid, diseminada por varios municipios al sur de la capital, por el uso fraudulento de hasta 570 becarios en cuatro años. El organismo de control laboral, que visitó los campus en el último trimestres de 2019, cree que el centro utilizó estas becas para cubrir puestos de trabajo estructurales que deberían estar atendidos por empleados.

Estas becas son las llamadas extracurriculares, sin relación con los estudios que cursa un alumno y se suelen desarrollar en centros de las universidades, como bibliotecas, las aulas de informática o los servicios de atención a estudiantes o profesores, por ejemplo. Existen (o existían, al menos) en casi todos los campus. Se calcula que hay unos 7.000 estudiantes cursándolas en España. La denuncia de la Inspección de Trabajo se enmarca en una campaña del organismo público contra el uso fraudulento de becarios en las universidades españolas como espacio especialmente sensible a estas prácticas. Se esperan más sentencias en los próximos meses.

De momento, la Inspección pide 1,5 millones de euros a la Carlos III en concepto de costes salariales con carácter retroactivo. La UC3M clausuró su programa de becas extracurriculares tras las visitas de las inspectoras y despidió a los becarios mientras se aclara la cuestión, aunque defiende que actuó bajo la legalidad vigente.

Los estudiantes reaccionaron demandando a la universidad a través de CCOO y CNT por despido injustificado y exigiendo las diferencias salariales entre lo que ellos cobraban y lo que ganan los funcionarios que están en los puestos con los que Trabajo les asimila a ellos. También solicitan la indemnización por despido. RUGE, la organización juvenil de UGT, calcula que la Carlos III se ha ahorrado 8.000 euros al año por cada puesto de trabajo que ocupaba un estudiante.

Los estudiantes tienen dos precedentes bastante recientes y contradictorios a los que mirar. El juicio contra la UC3M no es el primero que sufre una universidad por utilizar becarios como empleados. En el lado negativo (para los estudiantes y Trabajo), la UAM, también en Madrid, tuvo el suyo propio el año pasado y lo ganó. En el positivo, otro exbecario de la UC3M denunció por su cuenta a la universidad cuando le despidieron y ganó, juicio recurrido que está a la espera de la resolución de esta causa general.

Cinco becarios, un trabajador

A las puertas del juzgado, Laura, Jorge y Adrián esperaban para entrar a declarar en el juicio como testigos. Finalmente solo lo ha hecho Adrián porque la defensa de la universidad ha considerado que eran testigos con intereses porque eran becarios en el momento de la inspección.

"Yo trabajaba en el Centro de Orientación". Jorge explica lo que la jueza no oirá. "Llevábamos la gestión del gimnasio, hacíamos el tour de bienvenida a los nuevos alumnos... Éramos cinco becarios y un funcionario. Cuando nos echaron, tuvieron que meter a otra persona y redujeron los horarios de atención".

El caso de Adrián, que sí ha tenido la oportunidad de declarar en la sesión, es similar. Él es el estudiante que ya le ha ganado un juicio a la UC3M. Pasó cinco años también en el Centro de Orientación hasta que cumplió las horas máximas que permite la universidad, 1.800 en total. "Esa es la cantidad de horas anuales de un trabajador a tiempo completo, parece excesivo si de lo que se trata es de formar", opina el abogado Galán.

Adrián ha explicado que como en su puesto solo había un funcionario, los estudiantes tenían llaves de la oficina y cerraban por la tarde, además de hacer caja o cerrar la oficina. Tampoco recibió formación alguna. "En mi caso, las dos primeras veces me dijeron cuál era mi puesto y qué vendíamos. En las siguientes ya no me contaron nada y en las últimas era yo el que hacía esa formación a otros becarios", ha contado. En su caso concreto, cuando le echaron contrataron a una laboral para sustituirle.

Oídas las partes y presentadas las pruebas, las partes tienen ahora diez días para entregar sus conclusiones (esta parte debería haberse hecho in situ, pero la universidad presentó el lunes a última hora algunas pruebas que las defensas no han podido estudiar a tiempo). A partir de ahí, las juezas decidirán. En el precedente de macrojuicio de la UAM, la jueza apenas tardó una semana en despachar el caso.

sábado, 10 de agosto de 2019

La privada destruye más del 82% de los 162.000 empleos perdidos en Educación este verano (Laura Olías y Raúl Sánchez en eldiario.es)

Artículo de Laura Olías y Raúl Sánchez en eldiario.es
  • El sector educativo ha perdido 162.039 trabajadores afiliados en los meses de junio y julio, el segundo dato más alto de la última década
  • Es la actividad que más empleo destruye en verano, con motivo de las vacaciones escolares, lo que habla de la fuerte temporalidad y precariedad de sus plantillas
  • El foco de la destrucción de empleo se encuentra en el sector privado, mientras que en el sector público la reducción de trabajadores se concentra entre los interinos

Las vacaciones escolares van de la mano de la pérdida de miles de empleos en España. Es la traducción de la temporalidad y la precariedad que afecta a miles de profesionales del sector educativo, denuncian los sindicatos. A falta de conocer los datos de agosto, en junio y julio de este año el número de trabajadores del sector educativo se redujo en 162.039 personas, según los datos de afiliación media de la Seguridad Social. El dato es algo inferior al del año pasado, pero se sitúa como el segundo más elevado de la última década. La gran mayoría de la destrucción de empleo, más del 82%, corresponde al sector privado.

Cuando se aborda la pérdida de empleo en la educación durante el periodo estival a menudo se pone el foco en los despidos de profesores interinos, lo que les impide cobrar las vacaciones. Aunque es una situación que se produce (y que avaló la justicia europea el año pasado), es minoritaria en las cifras de destrucción de puestos de trabajo en esta actividad.

De los 162.039 trabajadores que salieron del sector educativo en lo que llevamos de verano (en el Régimen General, sin contar a los autónomos), casi el 83% proceden del sector privado y el 17%, del público. Desde 2014, primer año para el que la Seguridad Social aporta el desglose según el sector de procedencia de los trabajadores, el sector privado cada vez destruye más empleos al llegar el periodo estival.
Dentro de la categoría de "Educación" como actividad económica, la Seguridad Social incluye a un gran número de profesionales. Desde los profesores de educación infantil a la universidad, así como profesionales empleados en la llamada educación no reglada, como la "educación deportiva y recreativa", "educación cultural", academias de clases particulares y los profesores de autoescuelas, entre otras.

Además, no todos los trabajadores son personal docente, ya que se incluye en esta categoría a otros empleados del sector educativo, como las personas encargadas de la limpieza y el mantenimiento de los centros y las que se ocupan del comedor, por ejemplo.

Reflejos de temporalidad y precariedad

Desde los sindicatos advierten de que la gran destrucción de empleos durante el verano en el sector educativo es una muestra de la "gran precariedad y temporalidad" que afrontan sus plantillas, explica Maribel Loranca, secretaria del Sector de Enseñanza de UGT. Sobre todo en el sector privado y "en las academias y en el sector de enseñanza no reglada, que es especialmente precario", añade Paco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO.

La sangría de trabajadores en los meses de verano se ve compensada más tarde, en septiembre y octubre, con picos en la creación de empleo en la educación. Entre ambas fechas miles de trabajadores no cobran las vacaciones y ven mermados sus períodos de cotización, al ser dados de baja de la Seguridad Social. Los datos de la última década reflejan que en los últimos años se producen más salidas del mercado laboral en verano y más altas el comienzo de curso.


Los sindicatos adjudican gran parte de los despidos en la educación privada a las academias. "En los últimos años hemos visto que el cambio en algunas Comunidades Autónomas de los exámenes de recuperación de septiembre a finales de junio ha incidido en la pérdida de empleo en el sector. Muchos padres, como sus hijos hacen los exámenes en junio, no los mantienen en una academia durante el verano", explica Maribel Loranca.

Además, la enseñanza privada y "en menor medida la concertada" también suma despidos de profesores en verano que han sustituido a otros docentes durante el curso y situaciones de "fraude en la contratación temporal", sostiene la sindicalista de UGT.

En el caso de la Educación Pública, un decreto del Gobierno de Rajoy en 2012 –de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el sector educativo– facilitó en plena crisis que las Comunidades Autónomas pudieran despedir a los docentes interinos al concluir el curso.

Aunque la medida se ha ido revirtiendo en algunas Comunidades Autónomas durante la recuperación, Paco García sostiene que el criterio general de que los profesores siguieran de alta y cobrando durante el verano cuando habían trabajado cinco meses y medio no se ha retomado en todas las regiones. "Hay que avanzar en esa línea, en la equiparación de los derechos laborales de los interinos respecto a los funcionarios de carrera", defiende el representante de CCOO.
Más Inspección de Trabajo para evitar el fraude
Las organizaciones sindicales exigen más control de la Inspección de Trabajo en el sector privado para detectar los abusos en la contratación temporal, en las que los trabajadores son despedidos y recontratados el curso siguiente, para evitarse así el pago de sus vacaciones. "Por el momento el control es insuficiente", denuncia Loranca. La destrucción de empleo en el mes de julio en el sector privado se tradujo en la salida del 15% de sus trabajadores.

La portavoz del sindicato de inspectores UPIT, Mercedes Martínez Aso, explica que en la actualidad no hay campañas específicas en este sector, sino que se persigue el fraude en la temporalidad dentro de las actuaciones generales en este ámbito.

En el sector público, más allá de recuperar la cotización y el pago de las vacaciones para los interinos con cinco meses y medio de Trabajo, los sindicatos exigen cumplir el acuerdo de estabilización del empleo en la Administración Pública, para reducir el porcentaje de trabajadores temporales en la educación pública y así combatir la inestabilidad laboral de sus docentes.

Más en eldiario.es: La pérdida de empleo en el sector educativo en verano de 2018 fue la mayor de la última década

lunes, 29 de julio de 2019

El sistema de prácticas en la universidad, pendiente del fallo de una jueza sobre becarios utilizados como trabajadores en la Autónoma de Madrid (Daniel Sánchez Caballero en eldiariodelaeducacion.com)

Artículo de Daniel Sánchez Caballero en eldiariodelaeducacion.com

La Seguridad Social acusa a la UAM de utilizar a 284 becarios como empleados que realizan labores estructurales y exige que cotice por ellos como trabajadores.

El juicio que podría cambiar la manera en la que las universidades ofrecen prácticas a sus estudiantes ha quedado visto para sentencia. La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) ha demandado a la Universidad Autónoma de Madrid por utilizar a 284 estudiantes becarios como trabajadores sin cotizar por ello. La universidad niega el carácter laboral de esa relación, aunque automáticamente clausuró el programa a la espera de la resolución judicial.
El juzgado nº 7 de lo Social de Madrid ha celebrado este martes la vista tras la que tendrá que decidir si los 284 becarios que realizaban prácticas extracurriculares (no vinculantes para sus grados) en distintos servicios de la Universidad Autónoma de Madrid son trabajadores o no.
Los estudiantes, técnicamente codemandados, pero que en realidad están en el lado de la Seguridad Social, son los clásicos becarios de la universidad: ejercían en las diferentes bibliotecas del campus, en los servicios de atención al estudiante, el servicio de Cartografía o gestionando las ayudas económicas a distintos programas.
La Seguridad Social mantiene que estos 284 estudiantes son trabajadores. Que cubrían puestos estructurales en la universidad necesarios para su funcionamiento diario y que no han obtenido ningún rédito formativo con estas prácticas. En definitiva, que la institución echaba mano de becarios para ahorrar en trabajadores.
Junto a la decena de abogados que defienden a los estudiantes, estos han explicado que sin su labor muchos de los servicios en los que estos ejercen no podrían mantenerse en toda su amplitud (de hecho, tanto la universidad como los exbecarios han ratificado que se han cerrado servicios, como los de atención al estudiante, y reducido el horario de otros, como las bibliotecas, tras la clausura del programa de becas), que realizaban exactamente las mismas labores que sus compañeros funcionarios, que muchos centros había tantos trabajadores como becarios y que no tenían en su inmensa mayoría relación alguna con los estudios que cursaban.
Los abogados de la universidad han defendido que sí hay formación, en este caso la genérica que contemplan todos los planes de estudio (trabajar en equipo, aprender el uso de TICs, etc.), y que la denuncia de los inspectores de Trabajo es demasiado genérica porque solo refieren tres casos en el acta levantada y 48 entrevistas en total, cuando su propio funcionamiento les obliga a hablar con cada uno de los afectados.
De fondo, a la espera del fallo de la jueza, está todo el sistema de prácticas que las universidades pueden ofrecer a sus estudiantes, el rol que pueden ejercer y el alcance de las mismas. La UAM clausuró su programa de prácticas nada más levantarse el acta por parte de la Inspección de Trabajo, pero es la única universidad (pública, al menos) que lo ha hecho. Las demás mantienen el programa.
En lo particular, los 284 becarios afectados podrían recibir una compensación económica de la universidad si la jueza da la razón a la Seguridad Social (la diferencia entre los 300 euros que recibían por su labor y lo que les correspondiera si les declara trabajadores, unos miles de euros según cada caso) y, de propina, la incorporación a su vida laboral de los meses que hayan trabajado.
Cabe aclarar que este juicio afecta a las llamadas prácticas extracurriculares, aquellas en principio no vinculadas directamente con los planes de estudio que curse cada estudiante. Estas en cuestión, a diferencia de las curriculares, no son obligatorias.
¿A quién benefician más las prácticas?
«¿Las prácticas redundaban en el beneficio del estudiante y su formación o en beneficio de la universidad?», se ha preguntado durante la sesión Ismael Sánchez, abogado de medio centenar de los estudiantes. No era retórica la cuestión, los letrados de la Seguridad Social y los de los becarios, de la mano en el caso, tenían su respuesta clara.
«Las prácticas, curriculares o extracurriculares, no pueden desvincularse de la formación previa», ha sostenido Concepción Valdés Tejera, abogada de la Tesorería de la Seguridad Social. La letrada ha defendido que «la actividad [que realizaban los estudiantes], fundamentalmente de carácter administrativo y desconectada de la formación, no redunda en la adquisición de competencias» que establece el Real Decreto 592/2014 que regula este tipo de prácticas. «Se han cubierto puestos de trabajo», ha asegurado.
Diego Redondo, letrado de la defensa de varios estudiantes, ha ahondado en este argumento: «No tenían flexibilidad horaria, muchos fichaban, algunos tenían que recuperar horas, eran servicios estructurales y en ocasiones hay estudiantes que fueron contratados laboralmente durante las vacaciones para realizar la misma labor que hacían durante la beca. Al caer las becas, se ha contratado personal [para hacer estas funciones], eso determina una relación laboral». Algunos testimonios de exbecarios durante la vista le han dado la razón.
Los abogados de la Universidad Autónoma, del bufete Sagardoy (el mismo que está defendiendo a Deliveroo en un caso que en el fondo es similar: el uso por parte de grandes empresas de personal externo para labores propias), han defendido que «la generalidad del acta impide que tenga presunción de veracidad».
La UAM también ha defendido que las prácticas, al ser extracurriculares y no parte del plan de estudios, no tienen por qué necesariamente ir ligadas a la formación específica de cada estudiante y que sí ofrecen una formación generalista también presente en los planes de estudio de cualquier asignatura, como trabajar en equipo, implementar la capacidad de emprendimiento, la autonomía, conocer le mercado laboral o formarse en el uso de las TIC (tecnologías de la información y la comunicación).

Competencias genéricas o específicas

A este respecto, una de las claves para dirimir si la relación UAM-becarios era laboral o no, el Real Decreto, que regula las prácticas en la Universidad, sí alude al carácter formativo de las mismas, exige un plan formativo que en la mayoría de los casos de la UAM no existía o no recibieron los estudiantes y, en cuanto a las alegaciones de la universidad, explica que «los objetivos se establecerán considerando las competencias básicas, genéricas y/o específicas que debe adquirir el estudiante».
A ese «y/o» se aferra la universidad para defender la validez de sus prácticas. La TGSS y los abogados de las defensas sostienen que estas prácticas «claramente» deben contener formación específica y que no era el caso.
Los abogados de la universidad han criticado que los tres inspectores de trabajo que visitaron el centro en dos ocasiones no se hayan entrevistado con todos los becarios pese a que un folleto interno de la Seguridad Social explique que así ha de hacerse en demandas colectivas. El inspector de Trabajo que ha comparecido en la sesión ha explicado que hicieron sondeos al 73% de los becarios y se entrevistaron con 48 de ellos, con lo que consideraron que disponían de material más que suficiente para levantar el acta.
Durante la sesión se ha escuchado también a algunos de los estudiantes demandados. Una de ellas trabajaba en la biblioteca de Humanidades siendo estudiante de Derecho. Otra, en la Oficina de Prácticas Curriculares de la Facultad de Económicas cuando estudiaba Gestión Aeronaútica y el tercero realizaba gestiones relacionadas con proyectos de investigación en la Escuela Politécnica (este último fue contratado tras la beca para realizar la misma función durante dos meses) siendo estudiante de un máster en Arqueología y Patrimonio.
Entre los tres que han declarado, además de muchos otros presentes como público en una sala pequeña pero llena, han pintado un panorama en el que realizaban si no las mismas casi iguales labores que los funcionarios presentes en sus destinos, que en ocasiones no tenían siquiera supervisión o que trabajan solos y que en ningún caso (entre esos tres) tenían relación alguna con sus estudios.
También ha pasado por la sala de vistas uno de los tres inspectores de trabajo que realizó las visitas y levantó el acta, Miguel Ángel Ibáñez. El empleado del Ministerio ha sostenido que «las formaciones eran de escasa entidad, apenas 20 o 40 minutos en ocasiones», que la universidad «requería de los becarios no para mantener el servicio en sí, pero sí para mantenerlo tantas horas abierto» y que «el programa formativo es básico para una beca».
Ya solo queda que la jueza dicte sentencia. La batalla se prevé larga sea cual sea el sentido del fallo. Los abogados de los estudiantes, enfrentados a la universidad, han explicado a este diario que recurrirán si es necesario y la UAM ya lo ha hecho en algún caso paralelo en el que alguno de estos estudiantes ha denunciado a la universidad por su cuenta y ganado. Además, los abogados están contratados para llevar el proceso hasta el Supremo, si hiciera falta. Hay varios de estos procesos individuales abiertos, que se han paralizado ahora a la espera de este fallo tras la demanda colectiva.

La inspección de Trabajo ya ha traído consecuencias
El juicio que se ha celebrado este martes puede poner en cuestión todo el sistema de becarios de la Universidad española, según fuentes jurídicas y de la universidad. La inspección de la Seguridad Social sobre el uso que la Universidad Autónoma de Madrid realiza de los becarios dio pie a toda una campaña en los campus, que ha tenido continuación en varios campus, entre ellos los de la Universidad Pompeu Fabra y la Politècnica de Catalunya.
El Ministerio de Trabajo confirmó a este diario que la campaña se está llevando a cabo, y aunque detectó que la universidad es un sector en el que se dan casos de fraude de empleo de estudiantes como trabajadores, matiza que no existe «una incidencia particularmente alta» de falsos becarios respecto a otros ámbitos laborales.
Pero la situación llevó al Gobierno a actuar. A la espera del resultado del juicio celebrado este martes, ya ha habido consecuencias, aunque aún no se han implementado. El pasado 29 de diciembre, el Gobierno aprobó una norma por la que todos los becarios universitarios, sean de prácticas curriculares o extracurriculares, deberán cotizar a la Seguridad Social. Y asunto resuelto. No del todo en realidad, porque ante el revuelo montado en universidades y empresas ante la ambigüedad del decreto que ponía en marcha estas prácticas (¿quién iba a pagar esa cotización, universidad o empresa de destino?) la norma ha quedado en suspenso de momento.

sábado, 15 de octubre de 2016

19-10-16: Asamblea abierta de trabajadores Red de Orientación (17:30 h, 6ª Planta. C/ Lope de Vega 38. Madrid)

FREM CC.OO: nos informa de este acto

Asamblea de orientación

Convocatoria Asamblea abierta de trabajadores. Red de Orientación
  • Miércoles 19 de octubre
  • a las 17:30 horas
  • Sala Ejecutiva Federación de Industria 6ª Planta. C/ Lope de Vega 38
Orden del día:

1. Presentación de asistentes a la asamblea.
2. Valoración del inicio de curso. Análisis de la situación de la red y la atención la diversidad.
3. Propuesta de "Acuerdo por la transformación educativa en la CM" de la Consejería de Educación.
4. Convocatoria de huelga del 26O.
5. Propuestas de acciones a realizar.
6. Varios.

19-10-16: Asamblea conjunta de trabajadores, estudiantes y familias para convocar a la huelga del 26 de octubre (18:00 h, Avda, Constitución, 72. Torrejón de Ardoz)

martes, 20 de septiembre de 2016

La UE afirma que los interinos tienen derecho a indemnización cuando son despedidos

EL DIARIO.ES: La Justicia europea reconoce el derecho de los trabajadores interinos a percibir una indemnización

Una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE señala que el sistema español de indemnizaciones es discriminatorio porque diferencia a trabajadores interinos de temporales e indefinidos de forma injustificada
Para CCOO, las consecuencias se extienden a todos los temporales y obliga a equiparar las indemnizaciones por despido objetivo con los indefinidos
El fallo recuerda que los contratos eventuales no pueden usarse para privar a los trabajadores de derechos reconocidos a los fijos

Los trabajadores interinos tienen derecho a percibir una indemnización cuando cesan en su puesto. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acaba de declarar que el sistema español de indemnizaciones es discriminatorio porque diferencia, de forma injustificada, a trabajadores interinos de temporales e indefinidos.
Esta es una de las tres sentencias con la que  en los últimos días la justicia europea está poniendo patas arriba el sistema de contrataciones temporales e interinas de las administraciones públicas. En este caso, además, las consecuencias pueden extenderse a todos los trabajadores con contrato temporal: la sentencia europea apunta a que no hay razón por la que en caso de despido objetivo, las indemnizaciones de los trabajadores indefinidos y los que tienen un contrato "de duración determinada" sean diferentes.
"En el Derecho español existe una diferencia de trato en las condiciones de trabajo entre los trabajadores fijos y los trabajadores con contratos de duración determinada", constata la sentencia, que responde a varias cuestiones prejudiciales enviadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre el caso de una interina que trabajó en el Ministerio de Defensa.
En el caso de despido objetivo (en el que las empresas o las administraciones alegan causas económicas, organizativas, técnicas y de la producción) la indemnización de los fijos es de 20 días por año trabajado, mientras que para los eventuales es de 12 días por año trabajado en caso de que el contrato se extinga de forma natural. Sin embargo, si un temporal es despedido por causas objetivas, como un ERE, la indemnización también es de 20 días. "Esa desigualdad es aún más evidente en lo que atañe a los trabajadores con contrato de interinidad, a los que la normativa nacional no reconoce indemnización alguna cuando dicho contrato finaliza con arreglo a la normativa", dice el fallo.
El TJUE señala que no hay ninguna razón objetiva que justifique esa diferencia de trato, por lo que existen serias dudas de que la normativa española sea compatible con el principio contenido en el derecho laboral europeo de no discriminación entre trabajadores fijos y temporales.
Para CCOO, esta sentencia genera "efectos directos" sobre todos los trabajadores con contrato temporal, unos cuatro millones de personas, y busca paliar la temporalidad "desproporcionada" y la "falta de protección efectiva" de los eventuales. El sindicato considera, por tanto, que debe cambiarse la norma de forma urgente para garantizar a los trabajadores temporales la misma protección frente al despido objetivo que tienen los indefinidos: 20 días por año trabajado.
El profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad Autónoma de Barcelona Eduardo Rojo afirma que esta tesis (la de sostiene que esta sentencia afecta a todos los trabajadores temporales) es defendible, aunque la sentencia debe "analizarse en detalle". "Lo que dice indudablemente es que los interinos tienen derecho a una indemnización por finalización de contrato. ¿Cuál? La que exista para un trabajo indefinido comparable. Lo lógico es equiparar condiciones al alza, no a la baja", explica Rojo. 

Mejorar las condiciones de los temporales

El fallo recuerda que la norma europea pretende precisamente mejorar la calidad del empleo temporal y que este no pueda ser usado por la empresa para privar a estos trabajadores de derechos que sí tienen reconocidos las personas que tienen contratos estables. La indemnización, dice el pronunciamiento, estaría incluida dentro de las condiciones laborales que no pueden restringirse a los trabajadores temporales.
"Según reiterada jurisprudencia, el principio de no discriminación exige que no se traten de manera diferente situaciones comparable y que no se traten de manera idéntica situaciones diferentes, a no ser que dicho trato esté objetivamente justificado (...)", dice la sentencia, que aunque matiza que debe ser el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el que determine si la trabajadora realizaba funciones comparables a las de los trabajadores indefinidos de su departamento, sí se atreve a lanzar que las pruebas con las que cuenta indican que así era.
También será el TSJ de Madrid el que deba decidir si las alegaciones presentadas por el Gobierno español aportan razones objetivas que justifiquen la diferencia de trato, pero la sentencia europea apunta a que estas explicaciones no son válidas.
Eduardo Rojo señala que esta sentencia ya es aplicable: "Un tribunal al que mañana mismo se le presente ese pronunciamiento debe aplicarlo. El problema quizá sería qué cuantía de indemnización aplicaría". Además, dice el profesor, España debería cambiar la norma, igual que ha sucedido en otros casos.
CCOO exige una reforma urgente "que modifique el Estatuto de los Trabajadores en el sentido de reconocer a todos los trabajadores temporales, ante la terminación de su contrato por las causas previstas en el mismo, de una indemnización equivalente a la prevista para el despido objetivo, al margen de la fecha de celebración de dicho contrato".

domingo, 24 de abril de 2016

1-5-16: #1mayo Contra la pobreza salarial y social. Trabajo y Derechos (CC.OO. y UGT)



CCOO y UGT celebrarán el Primero de Mayo de este año bajo el lema “Contra la pobreza salarial y social. Trabajo y derechos”. Ambos sindicatos exigen un cambio en la política económica de Europa y España y acabar con los recortes y ajustes que han incrementado la pobreza y la desigualdad, especialmente en nuestro país.

En España, piden recuperar el empleo estable, los derechos laborales y sociales arrebatados, los servicios y prestaciones públicas y revertir los recortes habidos en la Sanidad, la Educación, los Servicios Sociales, el sistema de protección al desempleo o el sistema público de pensiones.
Demandan incrementar la inversión pública y poner en marcha un cambio de modelo productivo, para que sea más sostenible y equilibrado. En este sentido apuestan por impulsar una potente política industrial que genere empleo estable y de calidad.
CCOO y UGT reivindican un plan de choque para el empleo, derogar las reformas laborales, fortalecer la negociación colectiva (reforzando los convenios sectoriales y garantizando la ultractividad) y aumentar los salarios (incluido el Salario Mínimo Interprofesional o la recuperación del poder adquisitivo de los empleados públicos)
Exigen revertir la última reforma de las pensiones, restableciendo el Pacto de Toledo, mejorar el sistema de protección por desempleo o implementar una nueva prestación de ingresos, para las personas que quieren trabajar pero carecen de empleo y de ingresos suficientes. Asimismo, demandan una reforma fiscal más justa que aumente la recaudación.
Pero además del cambio en la política económica, UGT y CCOO reclaman que se recuperen libertades democráticas, para lo que es preciso derogar el artículo 315.3 del Código Penal, que criminaliza el derecho de huelga y la retirada de la Ley de Seguridad Ciudadana (conocida como Ley Mordaza) que persigue la protesta social.
En línea con la Confederación Sindical Internacional y la Confederación Europea de Sindicatos, CCOO y UGT demandan, en este Primero de Mayo, la retirada del Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión entre la UE y EEUU (una amenaza a los derechos económicos, sociales y laborales); y la retirada del Acuerdo entre la UE y Turquía sobre refugiados, contrario a los derechos fundamentales.
Por último, en este Día Internacional del Trabajo, ambos sindicatos han expresado el compromiso de los trabajadores con la Paz y la Solidaridad. En este sentido, expresan su rechazo a las guerras, el terrorismo y las violaciones de los derechos laborales, sindicales y civiles en todo el mundo.

1-5-16: 1º de Mayo. A la calle a reconquistar Libertades y Derechos (CGT)



CGT
Este 1º de mayo es el cuarto aniversario de la muerte y secuestro de los Derechos Laborales y Sociales, que el gobierno y la Troika nos impusieron por medio de sus leyes liberticidas: La Reforma Laboral, la Ley Mordaza y el Código Penal.