#DerogaciónLOMCEya! La comisión de información y acciones de Asamblea Marea Verde recomendamos a la Ministra Celaá que haga memoria

• El PP aprueba la LOMCE en solitario. La oposición renueva su compromiso de derogarla y pide la dimisión de Wert (28-11-2013)

• El Congreso aprueba el Proyecto de Ley de paralización de la LOMCE. ¡Exigimos la derogación de la LOMCE! (noviembre de 2016)

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• ¡¡Firma la petición para derogar la LOMCE ya!! (4-5-2018)

La campaña "12 meses, 12 luchas por la Educación Pública" planifica un año de acciones contra las políticas de Wert

EL BOLETÍN.COM: La Marea Verde ultima una campaña para pasar todo un año protestando contra Wert

José Ignacio Wert va a pasarse todo un año aguantando las protestas de la Marea Verde. El colectivo en defensa de la Educación pública se ha organizado y ultima una campaña que llevará a profesores, padres y estudiantes a movilizarse durante 12 meses contra la aplicación de la Ley de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), así como contra otras medidas implantadas por el ministro, entre ellas el recorte a las becas o el 'tasazo'.

Bajo el lema '12 meses, 12 luchas por la Educación Pública', la campaña contempla la organización de charlas, manifestaciones, concentraciones, encierros en los centros educativos, volver a las aulas con la camiseta verde e incluso la convocatoria de huelgas durante todo un año para dejar claro a Wert que la Marea Verde va a seguir luchando en defensa de la enseñanza pública de calidad, gratuita y universal.

El calendario con la propuesta de movilizaciones se empezó a perfilar a mediados de mes en la reunión de las Mareas por la Educación Pública que tuvo lugar en Panxón, Nigrán (Pontevedra) del 16 al 18 de julio, y está ya muy avanzado. Sin embargo, el colectivo advierte que todavía no está cerrado ni aprobado oficialmente, ya que es necesario consultar a centros, plataformas y organizaciones de toda España para que den su visto bueno.

Pese a ello, un simple vistazo al mismo deja ver que la Marea Verde promete un curso 2014-2015 muy 'movido' para José Ignacio Wert. La campaña arrancó este mismo mes de julio con la celebración de la mencionada reunión en Pontevedra bajo el título 'La Educación que queremos' para iniciar los trabajos que permitan poner en marcha la nueva batería de protestas, y acabará en junio del año que viene.

Aunque puede haber variaciones, para agosto está previsto una protesta desde el lugar en el que pasen sus vacaciones profesores, padres y estudiantes mediante el “envío y difusión de fotos con la chapa o la camiseta de la Marea Verde”, mientras que para septiembre se quiere centrar la campaña en la etapa de Educación Infantil, incidiendo especialmente en la defensa de las becas y en denunciar el 'tasazo'. El objetivo es empezar el curso con una fuerte presencia de la camiseta verde en las aulas de la pública.

Ya en octubre el objetivo será luchar, centrándose en la etapa de Primaria, por la “democracia en los centros” para que se deje de elegir directores “a dedo”. Este mes habrá debates y asambleas, así como recogidas de firmas. Y también se plantea la convocatoria de una huelga estatal de toda la comunidad educativa de al menos 24 horas.

En noviembre, mes elegido para dar protagonismo a la Universidad, se exigirá una verdadera “educación multidisciplinar” mediante “clases en la calle” que permitan sumar a la campaña a los vecinos. Y en diciembre, mes centrado en Bachillerato, se pondrá el acento en el hecho de que “en la pública trabajamos los valores de la convivencia y de los derechos humanos”. También se celebrará una nueva reunión de las Mareas por la Educación Pública para valorar el desarrollo de las primeras protestas de la campaña '12 meses, 12 luchas por la Educación Pública'.

Tras ello, la Marea Verde empezará 2015 centrándose en la etapa de FP y pidiendo una “Educación 100x100 pública y laica”, criticando el “trasvase” de fondos públicos a manos privadas a través de conciertos, cheques guardería, becas a la FP privada, etc. En febrero, mes centrado en la ESO y la Educación Especial, se buscará el “compromiso político” con el proyecto enviando una carta a las organizaciones políticas y sociales.

Ya en marzo la lucha se centrará en promover la igualdad entre hombres y mujeres, denunciando la segregación en los centros de enseñanza, y en rechazar las pruebas de evaluación externa que suelen hacer los alumnos en estas fechas. Este mes se centrará en la defensa de las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI).

Abril y mayo, centrados en la Educación de Adultos y en las Escuelas Rurales, han sido los meses elegidos para promover encierros en los centros, una huelga general educativa de 2-3 días y la campaña de matriculación en la pública. Asimismo, se plantea la convocatoria de una manifestación estatal en defensa de la enseñanza pública y contra la LOMCE.

Y para el último mes de esta particular campaña, el de junio, centrado en las Enseñanzas Artísticas y en los Conservatorios, la Marea Verde pretende dejar claro que “otra educación es posible y necesaria” con todo tipo de acciones que aún están por perfilar, pero en las que se dará una gran importancia a la camiseta verde.

Entradas relacionadas:

12 meses, 12 luchas por la Educación Pública (propuesta de calendario de movilizaciones de MxEP)

Propuestas de Mareas por la Educación Pública en las I Jornadas de "La Educación que queremos" (16-18J en Panxón)

El Tribunal Constitucional admite a trámite los recursos presentados por PSOE y algunas CC.AA. contra la Ley Wert

EL HUFFINGTON POST.ES: El Constitucional admite a trámite los recursos presentados contra la Lomce

El proyecto estrella de José Ignacio Wert llega al mismo Tribunal Constitucional, que ha admitido a trámite los seis recursos de inconstitucionalidad presentados contra la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce).
Los recursos presentados contra la reforma educativa liderada por el ministro José Ignacio Wert los interpusieron el grupo parlamentario socialista en el Congreso, el Gobierno y el Parlamento de Cataluña y los Gobiernos de Andalucía, Asturias y Canarias.

El TC ha acordado dar traslado de cada una de las demandas al Congreso, al Senado yal Gobierno, que dispondrán de 15 días para personarse en los distintos procedimientos y formular las correspondientes alegaciones.

La admisión a trámite, añade el comunicado, "no supone un pronunciamiento alguno sobre el fondo de los recursos", que este Tribunal resolverá en "próximas fechas".

Tampoco implica la paralización de la Lomce, que entró en vigor el pasado 30 de diciembre y que comenzará a implantarse el próximo curso en Primaria y en la nueva Formación Profesional Básica.

INVASIÓN DE COMPETENCIAS Y SEGREGACIÓN

Fuentes del Gobierno vasco han explicado a Efe que, aunque el recurso de inconstitucionalidad contra la Lomce está formalizado, se ha pedido una comisión bilateral Estado-País Vasco -que el Gobierno ha aceptado- para, en el plazo de seis meses (desde febrero), llegar a un acuerdo.

Si se consiguieran acuerdos satisfactorios se retiraría el recurso ante el TC, han añadido las mismas fuentes.

En general, los recursos de las autonomías apuntan a la invasión de competencias, como subraya Canarias, y hacen hincapié en el asunto lingüístico, como es el caso Cataluña.

Tanto el recurso de la Generalitat como el del Parlamento catalán recurren, entre otros puntos, la disposición adicional 38 por la que el Gobierno asumirá el coste de la escolarización privada en castellano de los alumnos que lo deseen cuando no se les garantice una oferta razonable sostenida con fondos públicos. Estos gastos se repercutirán después a la comunidad.

Según el recurso de los diputados socialistas, la ley segrega a los estudiantes en itinerarios académicos, también los divide por sexos al permitir financiar con fondos públicos colegios de educación diferenciada.

Además, los centros pueden seleccionar a los alumnos, se impide la participación real de las familias en los centros escolares, se elimina Educación para la Ciudadanía y se impone Religión como alternativa obligatoria a una clase sobre Valores.

Andalucía enfatiza que la norma "vulnera", entre otros, el artículo 14 de la Constitución, que garantiza la igualdad y no discriminación, o el 16.3, que declara el carácter aconfesional del Estado.

El Gobierno asturiano entiende que la Lomce es una normativa que da la espalda a la Carta Magna y persigue dejar fuera del sistema a un gran número de estudiantes mediante la imposición de barreras como las "reválidas o los ránking de centros".

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha afirmado tras conocerse esta admisión que se trata de "un trámite absolutamente automático".

La Plataforma "LA EDUCACIÓN QUE NOS UNE" muestra el rechazo ciudadano al desmantelamiento de la Educación Pública

EL BOLETÍN.COM: Nace una nueva plataforma para promover la desobediencia contra la ‘Ley Wert’

Los integrantes de la plataforma Stop Ley Wert han decidido lanzar una nueva iniciativa para oponerse a la Ley de Mejora de la Calidad Educativa. Se trata de ‘La Educación que nos Une’, un foro de reflexión, debate y difusión de propuestas cuyo objetivo es impulsar un nuevo modelo educativo opuesto a la LOMCE. Desde aquí también se lanzarán diferentes ideas para fomentar la resistencia y la desobediencia a la norma impulsada por el PP.

Se trata, según han explicado los integrantes de las plataformas que componen ‘La Educación que nos Une’ en rueda de prensa, de una nueva forma de mostrar el rechazo de la ciudadanía ante “el desmantelamiento sistemático de la Educación pública en todos sus niveles y la perversión del concepto mismo de educación a manos de los mercados”.

El objetivo es fomentar el debate, dialogar sobre cómo creen los ciudadanos que debe ser el modelo educativo, para llegar a un modelo público, democrático, inclusivo, coeducativo, ecológico y laico. Pero para ello es necesario no sólo aportar ideas, sino también impulsar la “resistencia” a la “ofensiva mercantil” que ha puesto en marcha José Ignacio Wert y que en opinión de estos colectivos “daña los cimientos básicos de la educación”.

Y tal y como han explicado, una de las mejores formas de oponerse a la conocida como ‘Ley Wert’ es con la objeción de conciencia, ya sea contra la pérdida de la democracia en los centros educativos, ya que los Consejos Escolares perderán su capacidad de decisión, o contra los itinerarios que segregan al alumnado con dificultades, que se han concretado en la Formación Profesional Básica.

Según ha señalado Ana Contreras, de Yo Estudié en la Pública, se trata de una iniciativa para “construir colectivamente la Educación que queremos, para acordar los puntos que debería tener la próxima ley educativa”. Por su parte, Carmen Esbrí, de ATTAC, ha dicho que “la Ley Wert ha salido adelante, pero no vamos a dejar que se prioricen valores economicistas y financieros que van a deteriorar la Educación pública”.

Es más, los integrantes de esta nueva plataforma (ATTAC, Juventud sin Futuro, Red IRES, Ecologistas en Acción, Movimientos de Renovación Pedagógica, Rosa Sensat, Yo Estudié en la Pública, Foro Mundial de Educación…) han vaticinado que la LOMCE “no va a durar mucho”, aunque en todo caso, “si nadie la considera vigente ni la aplica, no sirve. Las leyes sólo sirven si se obedecen”, ha concluido.

Todo el que quiera participar de esta nueva iniciativa puede hacerlo a través del blog www.laeducacionquenosune.org. Aunque no será la única vía, ya que los integrantes de esta nueva plataforma prevén realizar un encuentro abierto en abril en el que todo el que quiera pueda expresar sus ideas sobre a dónde debe ir la Educación.

Asturias y Cataluña detectan inconstitucionalidad en la LOMCE y pide su paralización

EL DIARIO.ES: Asturias pide la suspensión de la 'ley Wert' hasta que decida el Tribunal Constitucional

El Gobierno de Asturias solicita la suspensión de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), más conocida como la ‘ley Wert’, hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso que presentará contra la reforma educativa que propone el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Los servicios jurídicos del Principado han elaborado un informe, en el que concluyen que la nueva normativa incumple varios principios fundamentales, como invadir y vaciar de competencias educativas a la comunidad autónoma, favorecer la discriminación por sexo del alumnado y limitar la participación de los padres en el control y la gestión de los colegios e institutos.

Ahora, el ejecutivo autonómico elevará este informe al dictamen del Consejo Consultivo para recurrir al Tribunal Constitucional antes del 10 de marzo, último día de que disponen las comunidades autónomas para frenar la ‘ley Wert’. Asturias es la quinta autonomía, junto con Andalucía, País Vascos, Canarias y Cataluña, que rechaza la normativa impulsada por el Ministerio de Educación.

Según la consejera de Educación, Ana González, en el recurso se hará la petición expresa de suspensión de la LOMCE, que Wert quiere poner en marcha el próximo curso, ante "los perjuicios irreparables que va a causar a derechos fundamentales como la igualdad, la libertad religiosa y la educación".

Los servicios jurídicos han detectado varios artículos que incumplen principios recogidos en la Constitución. La nueva normativa invade varios preceptos competenciales, entre ellos privar a Asturias de las posibilidades de completar los estándares de aprendizaje evaluables y los criterios de evaluación establecidos para las asignaturas troncales y específicas.

Además, vulnera el artículo 27.2 y 3 de la Constitución en la regulación de las asignaturas de Valores Sociales y Cívicos y Valores Éticos como alternativas a la asignatura de Religión. Otro punto es la discriminación del alumnado, al autorizar la financiación de centros privados que apuesta por la separación de sexos en la enseñanza.

En contra de las sentencias judiciales dictadas a este respecto, la ‘ley Wert’ introduce dos nuevos párrafos, que consideran que "no constituye discriminación la organización de la enseñanza diferenciada por sexos" y que "en ningún caso, la elección de la educación diferenciada por sexos podrá implicar para las familias, alumnos y centros un trato menos favorable, ni una desventaja, a la hora de suscribir conciertos con las administraciones educativas".

En este caso, el Gobierno de Asturias se plantea la inconstitucionalidad, tanto en lo que se refiere a la enseñanza de alumnos y alumnas separados, como del acceso de estos centros a la financiación de fondos públicos. A juicio del Principado, la LOMCE también vulnera el artículo 27.7 de la Constitución, al limitar la participación de los padres en el control y gestión de los centros en favor de la figura del director. Para Ana González, "es una más de las contrarreformas impulsadas por Mariano Rajoy".

EL DIARIO.ES: Cataluña llevará al Constitucional la ley Wert por invasión de competencias

La Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), conocida como Ley Wert, ha tropezado con el enésimo obstáculo. El pleno del Parlament catalán ha aprobado este miércoles recurrir 11 de sus artículos ante el Tribunal Constitucional, a iniciativa de PSC y ERC, a los que se añadieron los votos de CiU, ICV-EUiA y CUP. Cataluña se suma así a los gobiernos andaluz, vasco, canario y asturiano, que han anunciado su intención de llevar la norma del ministro Wert al Constitucional.

Las comunidades tienen hasta el el 10 de marzo para para presentar los recursos contra una de las leyes más contestadas de la legislatura, tanto desde las instituciones como desde el mundo educativo y en la calle. Pero pese a lo polémico de la norma del ministro de Educación, la propuesta aprobada por el Parlament solo se centra en los 11 puntos que podrían interferir en sus competencias autonómicas e inmersión lingüística. ERC y PSC habían presentado una moción más amplia, cuestionando hasta 28 puntos relativos a cuestiones socioeducativas, como la segregación por sexo, el tratamiento de la materia de religión o el modelo económico que impone la Ley, además de los otros 11 recogidos en la propuesta que se ha acabado aprobando.

CiU votó en contra de la segunda propuesta, junto a PP y C's, por lo que finalmente el Parlament solo llevará a exámen constitucional los puntos que el Consejo de Garantías Estatutarias dictaminó como contrarios a la Constitución y el Estatut. En concreto, el órgano consultivo de la Generalitat consideró contrario a la Constitución que el Estado pueda determinar la proporción de usos de lenguas en la escuela catalana y dictaminó que la Ley laminaba la autonomía financiera de Cataluña.

La diputada de Esquerra, Ana Simó, ha defendido la propuesta más amplia asegurando que la Ley Wert no solo vulnera competencias sino que además es "dirigista y adoctrinadora". "Esquerra estará en todas las trincheras contra la LOMCE y en el apoyo al modelo educativo catalán", ha asegurado Simó. Por su parte la diputada socialista Rocío Martínez ha recordado el consenso que ha reunido esta ley "porque todo el mundo, menos el PP, está en contra". Una ley que se debe combatir porque, según el PSC, es "recentralizadora, uniformizadora, retrógada e ideologizante" y "rompe el concepto de una escuela inclusiva". 

Lee más aquí

Borradores del Anteproyecto de la LOMCE

PROYECTO DE LEY ORGÁNICA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA (B.O. de las Cortes 16-10-13)

3ª versión del Anteproyecto de la LOMCE: 14-2-2013

Versión 3: 14-2-13

Nuevo borrador del Anteproyecto de la Ley Wert (LOMCE) 

Versión 2: 3-12-12

Anteproyecto de la LOMCE Versión 1: 25-9-12

Enlace a todas las entradas sobre comparecencias LOMCE

Texto definitivo de la LOMCE, aprobado por el Consejo de Ministros el viernes 17 de mayo (17 de mayo de 2013)

Presentación explicativa del Proyecto de la LOMCE-Ley Wert (elaborado por el MECD sobre el texto aprobado en el Consejo de Ministros el 17-5-13)

Dictamen del Consejo de Estado sobre la LOMCE (18 de abril de 2013)

"Importancia de la desigualdad social" (Antonio Antón)

Marian S. nos envía este artículo publicado en NUEVA TRIBUNA.ES

La desigualdad social y, específicamente, la desigualdad socioeconómica, está adquiriendo, de nuevo, gran relevancia para la sociedad. Ha pasado al primer plano de las preocupaciones de la población y se refleja en el ámbito político. Ha sido reconocida como importante problema por personalidades mundiales como Obama y el Papa Francisco, así como por instituciones internacionales nada sospechosas de izquierdismo como el Banco Mundial y la OCDE. Podemos decir que, en el año 2013, se ha convertido en uno de los temas más significativos entre la opinión pública y reconocido en los medios de comunicación. La evidencia de esa realidad, la relevancia de la nueva cuestión social, se impone en las distintas esferas.

No obstante, existen desacuerdos sobre su dimensión, sus características y sus causas, cómo afecta a los distintos sectores sociales y cómo se está configurando la nueva estratificación social, los ganadores y los perdedores. Y, sobre todo y conectado con todo ello, qué posiciones normativas y dinámicas de cambio sociopolítico se están generando para deslegitimarla frente a los planes neoliberales para reforzarla o infravalorarla.

La deslegitimación de la desigualdad social

Existe un amplio rechazo ciudadano y masivas resistencias populares frente a la situación de desigualdad social, reforzada por la crisis socioeconómica y la política dominante de austeridad. Sus expresiones más directas son el paro masivo, la reducción del poder adquisitivo de los salarios medios y bajos y el recorte de los servicios públicos –sanidad, enseñanza…- y la protección social –pensiones y desempleo-. Afecta a la deslegitimación de los poderes públicos, por su gestión regresiva, pone el acento en la exigencia de responsabilidades de los causantes de la crisis socioeconómica y plantea un cambio de rumbo, más social y democrático. Es crucial el desarrollo de la pugna cultural por la legitimidad de la actuación de los distintos agentes respecto de la desigualdad social.

Para profundizar en su análisis y la oposición a la misma, hay que responder a varios interrogantes: a quién beneficia la distribución de rentas, recursos y poder; cuál es la nueva dinámica de segmentación social, y cómo se está configurando una cultura popular y una práctica social democratizadora y de resistencia frente a la involución institucional y socioeconómica. Pero con la realidad percibida, ya existe un mayor conflicto social entre, por una parte, los bloques de poder financieros y políticos, con la gestión antisocial e ineficaz de las principales instituciones económicas y políticas, y, por otra parte, las corrientes sociales indignadas, los movimientos de protesta social progresista y la izquierda social y política.

El debate político, social y académico sobre la desigualdad, sus consecuencias y sus causas, se conecta con el análisis e implementación de qué actitudes y reacciones se están produciendo en la ciudadanía, qué agentes sociales y políticos están interesados en su reducción y qué estrategias y medidas son las apropiadas para revertirla y construir un modelo económico y social más igualitario y un sistema político e institucional más democrático. El establishment económico e institucional continúa con una gestión antisocial y autoritaria, y aunque reconoce parcialmente la realidad de la desigualdad social y el malestar ciudadano, intenta eludir sus responsabilidades y desviar el camino, socialmente más adecuado, para revertirla.

Dada la gran legitimidad ciudadana de la reducción del paro y la creación de empleo decente, así como el gran apoyo popular a los derechos sociolaborales, la protección social y el Estado de bienestar, el Gobierno (y sectores afines) intenta anclar su política haciéndola pasar como medio necesario e inevitable para esos objetivos. Las medidas de destrucción de empleo, las reformas laborales o la reducción de la protección al desempleo dice que son mecanismos para ‘crear empleo’, intentando generar división entre la gente empleada y parada. Los recortes sociales en protección social –pensiones-, educación o sanidad y el proceso de deterioro de los servicios públicos los presenta como medios para la ‘sostenibilidad’ del Estado de bienestar.

Pero sus ideas de que el empleo (de mañana) se crea con el mayor desempleo de hoy, o que el Estado de bienestar se asegura desmantelándolo, no son aceptables para la mayoría ciudadana, a pesar de la gran ofensiva mediática. Esa disociación discursiva y ética de pretender justificar unas medidas regresivas como medios (negativos) para unos fines (positivos) de bienestar no termina de cuajar en la mayoría de la población, que manifiesta su desacuerdo con su carácter injusto y antisocial. Tampoco los portavoces progubernamentales son capaces de imponer la idea de que son sacrificios parciales y provisionales, en aras de un futuro mejor o para el interés general. Es más realista la idea, que sigue compartiendo la ciudadanía indignada, de que esas políticas regresivas son más coherentes con sus auténticos fines: por un lado, la reapropiación de riquezas y poder por las oligarquías económicas y políticas, y, por otro lado, la ampliación la desigualdad de la mayoría de la población, con una posición más precaria, subordinada e injusta.

Igualmente, las principales instituciones internacionales, como la OCDE, aun reconociendo elementos extremos de la desigualdad, pretenden neutralizar las opciones para su transformación, eludir las responsabilidades del mundo empresarial e institucional y situar su (pretendida) solución en los sobreesfuerzos individuales de la población: la ‘empleabilidad’, echando la responsabilidad del desempleo masivo en la inadaptación profesional de trabajadores y trabajadoras; o bien, a la opción de más esfuerzo educativo de los jóvenes, cuando existe una generación muy cualificada académicamente sin poder encontrar empleo decente y se redobla la desigualdad de oportunidades ante los auténticos problemas educativos.

Siguiendo esas orientaciones, la Ley Wert (y previsiblemente la inmediata reforma universitaria) profundiza la dinámica segmentadora y elitista y debilita el carácter integrador de la escuela pública. En un campo tan sensible para el desarrollo de capacidades e igualdad de oportunidades del alumnado, se acentúan las tendencias regresivas: fracaso escolar y abandono educativo prematuro, segmentación de las redes escolares y prioridad a la privada-concertada, división temprana de itinerarios, desdén institucional hacia alumnos con dificultades educativas y origen socioeconómico bajo e inmigrante, mayor segregación por sexo, retroceso de la laicidad, infravaloración de una formación profesional de calidad…. Se favorece a las élites y los privilegios de la Iglesia Católica y se refuerza el control social y el autoritarismo en la escuela, como ya viene aplicando el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid (ejemplos extremos, entro otros, son la imposición del nuevo equipo directivo en el Instituto Beatriz Galindo o la presión contra el director y el profesorado del Instituto Matías Bravo, de Valdemoro).

Grandes instituciones y Gobiernos europeos, al mismo tiempo que insisten en la continuidad de la austeridad, con sus efectos desigualitarios y de empobrecimiento, particularmente en el Sur, intentan sortear los procesos de deslegitimación popular. Los minusvaloran mientras no sean intensos y profundos. El mayor riesgo para los poderosos es la aparición de dinámicas de resistencia popular y democrática que cuestionen la estabilidad de su hegemonía política e institucional. Es cuando el poder establecido redobla su ofensiva política, autoritaria y mediática, frente a la reafirmación de la legitimidad ciudadana y la capacidad movilizadora y representativa de los movimientos sociales progresistas o agentes sociopolíticos que, al amparo de una amplia cultura cívica, cuestionan sus estrategias y su gestión liberal-conservadora. Se establece una pugna cultural y sociopolítica, soterrada o abierta, con gran desigualdad de poder y de futuro incierto, entre la ciudadanía activa, con fuerte apoyo popular, y la oligarquía de los poderosos, mientras permanecen confusos, pasivos o temerosos, sectores significativos de la sociedad. El proceso de deslegitimación de la desigualdad social, en España y a nivel europeo y mundial, ya ha comenzado. Falta consolidarlo y fortalecer la dinámica por la igualdad.

Relevancia de la nueva ‘cuestión social’

La cuestión social, con nuevas características, está adquiriendo de nuevo gran relevancia en la sociedad. La desigualdad socioeconómica se incrementa, pese a las interpretaciones liberales o posmodernas que aventuraban su superación o irrelevancia. Veamos algunos elementos que explican su dimensión y la importancia de sus implicaciones.

En primer lugar, se ha puesto de manifiesto la gravedad de la crisis socioeconómica y la reducción de empleos y rentas salariales, con paro masivo y descenso de la capacidad adquisitiva de los salarios medios y bajos. Esos ajustes en el mercado de trabajo conllevan una amplia transferencia de rentas hacia el capital, los beneficios empresariales y las élites económicas. Se han acompañado de una reestructuración regresiva del Estado de bienestar, con su segmentación y privatización parcial y la contención del gasto público social o su reducción por habitante. Al mismo tiempo, se han promovido reformas ‘estructurales’ y fiscales que disminuyen las transferencias de rentas y prestaciones sociales para capas populares y desfavorecidas y deterioran la calidad de los servicios públicos. Por tanto, se ha ampliado la desigualdad social y sus graves consecuencias para la mayoría de la población, con procesos de empobrecimiento, segmentación y desvertebración social.

Se produce en el contexto de una crisis sistémica, profunda y prolongada, y políticas regresivas de los gobiernos e instituciones europeas. La estrategia liberal conservadora es la dominante en la UE. Pone el énfasis en las medidas de austeridad que acentúan el estancamiento económico, con paro masivo, recorte de los derechos sociolaborales, mayor desequilibrio en las relaciones laborales, restricción del gasto público social, deterioro de los servicios públicos y los sistemas de protección social –pensiones y protección al desempleo- y una desigual distribución de los costes de la crisis, en beneficio del poder financiero que es quien la causó. Todo ello profundiza las brechas sociales y el impacto negativo para la situación económica y sociolaboral, las trayectorias vitales y las perspectivas inmediatas de la mayoría de la sociedad y, especialmente, de los jóvenes.

En segundo lugar, frente a la idea dominante en las instituciones internacionales sobre las características y causas de la desigualdad, que apuntan a factores impersonales como la globalización, la financiarización de la economía o la innovación tecnológica, hay que destacar la responsabilidad de sus causantes directos con el apoyo e instrumentalización a su favor de esos fenómenos: el poder financiero y los grandes inversores junto con la clase gobernante, desreguladora y gestora de la austeridad. Los rasgos principales y la causa inmediata del aumento de la desigualdad socioeconómica han venido por el incremento del desempleo, los bajos salarios y los recortes sociales y de la protección social. Y han obedecido a una consciente estrategia liberal-conservadora y antisocial del poder establecido, financiero, empresarial y político-institucional que, aprovechando esas circunstancias desfavorables para la población, han apostado por un reequilibrio de poder y distribución de rentas a su favor.

En tercer lugar, el significativo incremento de la desigualdad socioeconómica y la inaplicación de estrategias políticas adecuadas para revertirla, está influyendo, especialmente en los países del sur europeo, en la deslegitimación de los bloques de poder, financiero e institucional, representado por Merkel y la Troika (Comisión europea –CE-, Banco Central europeo –BCE- y Fondo Monetario Internacional –FMI-). La clase gobernante, especialmente en los países europeos periféricos, aparece como responsable de una gestión regresiva que perjudica a la mayoría de la población. Se percibe como problema no como solución. La disminución de la credibilidad ciudadana de los gestores gubernamentales y la pérdida de la confianza popular en los líderes políticos se acentúan al dar la espalda a la opinión mayoritaria de la sociedad, por incumplir sus compromisos con la ciudadanía y sus respectivos electorados y dejar en un segundo plano el interés de las personas y sus demandas.

En cuarto lugar, la desigualdad socioeconómica y la política de austeridad y recortes sociales y laborales se están confrontando con una amplia conciencia popular democrática y de justicia social. Se percibe la menor funcionalidad del sistema político para satisfacer las demandas populares, que desarrolla rasgos autoritarios. Así, el descontento social y la indignación ciudadana que produce la desigualdad y la crítica al carácter regresivo y poco democrático de la gestión gubernamental de las derechas, están generando un mayor desarrollo y legitimidad de la protesta social progresista, junto con la activación de una masiva acción colectiva, canalizada por distintos agentes sociopolíticos. Se prolonga el deterioro de la cohesión social, los derechos sociales y la integración sociocultural, se profundiza la mayor subordinación e incertidumbre de franjas amplias de la población y empeora su situación material. Se generan menores garantías para las trayectorias laborales y vitales de los jóvenes, particularmente de capas medias y bajas y, especialmente, de origen inmigrante. Todo ello desacredita a las élites económicas y políticas, sometidas a una exigencia cívica de regeneración y reorientación de su papel. Por tanto, existe una interacción entre el empeoramiento de las condiciones socioeconómicas de la población y la percepción de su carácter injusto, con el amplio rechazo popular, y la significativa exigencia de cambio social y político.

En consecuencia, para la sociedad, la desigualdad social se ha convertido en un problema fundamental. La actitud crítica de la mayoría de la ciudadanía ante ella, la amplitud de las protestas sociales progresistas y la acción de los diferentes agentes sociales y políticos ha cobrado una nueva dimensión, cuestionando la política de austeridad, los abusos de los mercados y el poder financiero y la falta de legitimidad de la gestión institucional dominante.

No obstante, la cuestión social presenta unas características distintas a las de otras épocas históricas, se produce en un contexto europeo y mundial particular y la conformación de las distintas fuerzas sociopolíticas tiene rasgos específicos. Se ha aludido a que ésta es una crisis sistémica, interpretada no como derrumbe, sino como dificultad de los sistemas o el poder, económico, político e institucional europeo, para cumplir su función social de asegurar el bienestar de la población y su legitimidad ciudadana. Pero, además de sus consecuencias negativas, es también oportunidad para el cambio, para potenciar opciones sociopolíticas transformadoras, frente al fatalismo que pretenden imponer los poderosos, con su discurso de la inevitabilidad de sus políticas regresivas y la demonización de las dinámicas, fuerzas y alternativas que resisten y apuestan por el cambio.

En definitiva, adquiere especial relevancia la nueva ‘cuestión social’, con elementos comunes con otros momentos históricos de crisis e incertidumbre. Pero, tiene unas características específicas y un impacto sociopolítico particular, en el marco de unas tendencias sociales ambivalentes. La problemática de la desigualdad social, las condiciones materiales de la población (empleo, vivienda, educación, salud, protección social…) y los derechos sociales, económicos y laborales han pasado a primer plano de la actualidad. Son un foco de preocupación pública y sociopolítica, interpretado mayoritariamente desde una cultura cívica, frente a (o en combinación de) otras tendencias segregadoras o de competencia individualista e intergrupal. O bien, ante el incremento de las brechas sociales, se refuerzan dinámicas nacionalistas entre los países del Norte y del Sur o en el interior de los mismos. Todo ello está ligado, por una parte, al intento de reafirmación del poder financiero neoliberal, junto con una gestión política antisocial y poco democrática y el desvío de sus responsabilidades, y, por otra parte, a la persistencia de una cultura ciudadana democrática y de justicia social, la amplia indignación popular y la masiva protesta social de una ciudadanía activa.

Este conjunto de elementos constituye una nueva realidad social para cuyo análisis no son suficientes las interpretaciones dominantes y las teorías clásicas anteriores. Ello exige un esfuerzo de rigor analítico, elaboración de otros conceptos y un nuevo lenguaje. Supone un emplazamiento también para los pensadores progresistas, para avanzar en una nueva teoría social crítica que, en conexión con el debate social y la acción colectiva, permita una mejor interpretación de estas dinámicas y facilite instrumentos normativos para su transformación.

Antonio Antón 

Profesor Honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid

"Especial 2013, el año de las movilizaciones" (Eva Garrido)

@evagarridos publicaba este tweet:

Eva Garrido‏@evagarridos

La fuerza de la @VenaMareaVerde en "Especial 2013, el año de las movilizaciones" vía #caraC http://www.fronterad.com/?q=bitacoras/carac/especial-2013-ano-movilizaciones … 

FRONTERAD.COM: Especial 2013, el año de las movilizaciones

Eva Garrido-. Si algo ha marcado la agenda este año que acaba son las políticas de recortes y las consecuentes movilizaciones de la ciudadanía. En total, se han celebrado más de 6.000 manifestaciones. Según el director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, nunca antes se habían llevado a cabo tantas movilizaciones en el país.

Las siguientes doce manifestaciones, como homenaje al poder de la acción, sólo son una mínima representación de todos los motivos que han movilizado a la ciudadanía en 2013. #caraC te propone que compartas en los comentarios de este artículo otras manifestaciones que han marcado este año.

 

“Eurovegas NO”. Manifestación en el centro de Madrid el 26 de enero de 2013/ Adolfo Luján @Popicinio

 

Desde que en febrero de 2013 se supo que la localidad madrileña de Alcorcón sería la sede del proyecto de ocio y juego“Eurovegas”, miles de ciudadanos se manifestaron en España desde entonces para expresar su descontento con esta decisión, ya que consideraban que sería un foco de corrupción y especulación y que el dinero invertido era mejor destinarlo a proyectos sociales como la sanidad y la educación pública. Además, en algunas zonas del recinto se podría fumar, cuando en España está prohibido  en lugares colectivos, cerrados y públicos desde 2011. Finalmente, “Eurovegas” se canceló el pasado 13 de diciembre tal y como anunciaba el magnate estadounidense y promotor de este proyecto, Sheldon Adelson después de que España rechazase las condiciones económicas y de indemnizaciones que tendría que haber asumido para que saliese adelante.

 

 

   

“Derecho a la vivienda”. Manifestación en Sevilla por el derecho a la vivienda el 16 de febrero de 2013/ Sevilla Report @sevillareport

 

La Plataforma Afectados por la Hipoteca (PAH), impulsora de la campaña Stop Desahucios, convocó el pasado 16 de febrero una manifestación en toda España por el “Derecho a la vivienda”. Según cifras del Consejo General del Poder Judicial, desde primeros de este año hasta el 30 de septiembre, se produjeron en el país 49.984 desahucios, una media de 183 al día.

 

 

“La sanidad no se vende, se defiende”. Manifestación en Madrid contra la privatización de la sanidad pública madrileña el 17 de febrero de 2013/ Imagen en Acción @imagenenaccion

 

“La sanidad no se vende, se defiende” es el lema de la Marea Blanca, nombre con el que se llama al colectivo formado por miles de profesionales sanitarios y pacientes que desde noviembre de 2012 ya se han manifestado en más de doce ocasiones en Madrid contra los procesos de privatización de la salud pública madrileña que gestiona la Consejería de Sanidad.

 

 

Manifestación contra los CIES el 23 de marzo de 2013. Adolfo Luján@Popicinio

  

A lo largo de este año, han sido constantes las manifestaciones, , concentraciones y protestas en contra de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIES), dependientes del Ministerio del Interior. Las autoridades pueden enviar a estos centros a los extranjeros a quienes se les ha denegado la entrada a España, van a ser repatriados, tienen algún expediente sancionador y se va a expulsar mientras se tramita cualquiera de estos procedimientos (más información sobre los CIES según el Ministerio del Interior http://www.interior.gob.es/estrangeria-28/regimen-general-189/centro-de-internamiento-de-extranjeros-208). La plataforma CIES NO denuncia que los extranjeros alojados en estos centros ven violados sus derechos humanos.

 

 

“No nos vamos, nos echan”. Manifestación en Madrid el 7 de abril para expresar el descontento de la población española emigrante al no tener posibilidades de desarrollo profesional y personal en España/ 3Ro

  

“No nos vamos, nos echan”, rezaba la pancarta que encabezaba la manifestación convocada por la plataforma Juventud sin Futuro el pasado 7 de abril en diferentes ciudades españolas y europeas. Su objetivo fue exponer la situación en la que se encuentran los jóvenes españoles: abocados a la emigración al no encontrar un trabajo en España o que las condiciones laborales que les ofrecen no les permiten desarrollarse personalmente, como independizarse, por ejemplo. Desde que arrancó la crisis económica en España en 2008, hasta finales de 2012  han emigrado o casi  400.000 españoles, de los cuales, el 80% eran universitarios.

 

  

Concentración en Valencia el 3 de mayo de familiares de víctimas mortales y heridas en el accidente de metro en esta ciudad el 3 de julio de 2006/ Gloria Martínez

 

Un total de 43 muertos, 47 heridos y 0 responsables. Ese es el saldo del accidente de metro de Valencia que tuvo lugar el 3 de julio de 2006. Desde entonces, los seres queridos de las víctimas se concentran el día 3 de cada mes en la Plaza de la Virgen de Valencia para reclamar justicia, responsabilidades y una explicación del siniestro. Esta imagen corresponde a la concentración del pasado 3 de mayo, que fue masiva con una asistencia de 5.000 personas, después de que el programa Salvados de Jordi Évole (La Sexta) emitiese el programa “Los olvidados” exponiendo la situación del caso, desde un primer momento silenciado. Se puede ver aquí.

 

“Escuela pública: de tod@ para tod@s”. Manifestación en Madrid contra la Ley Wert y los recortes en educación el 9 de mayo de 2013/ Víctor Westfalia

  

En el año 2013 se han llevado a cabo dos huelgas generales en la Escuela Pública española con sus correspondientes manifestaciones. La primera fue el 9 de mayo y la segunda el 24 de octubre. En ambos eventos, los ciudadanos, en forma de Marea Verde, nombre con el que se reconoce al colectivo educativo que se manifiesta bajo el lema “Escuela pública: de tod@s para tod@s”, pidieron la marcha atrás de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa o Ley Wert, que finalmente fue aprobada el pasado 28 de noviembre gracias a la mayoría absoluta del PP. El resto de partidos se opuso a la nueva ley en un contexto de fuertes críticas a los recortes que sufre la educación pública desde 2010: desde entonces se han invertido 6.300 millones de euros menos.

 

  

“Gobierno dimisión”. Manifestación en Madrid para reclamar la dimisión del Gobierno por el caso #lospapelesdebarcenas el 18 de julio de 2013/ Adolfo Luján @Popicinio

 

El pasado 31 de enero, el diario El País reveló que entre #lospapelesdebarcenas quedaban registrados pagos periódicos e irregulares entre 1990 y 2008 a miembros del Partido Popular (PP), como el actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Esa misma tarde, centenares de ciudadanos se concentraron ante la sede del PP (C/ Génova, 13, Madrid) para reclamar la dimisión de Rajoy. Este descontento no persistió y siete meses después, cuando el extesorero del PP afirmase en la Audiencia Nacional que este partido se había estado financiando irregularmente durante los últimos 20 años y que Mariano Rajoy estaba involucarado en este proceso, el 18 de julio la ciudadanía reclamó la dimisión del Gobierno en más de 60 ciudades de España y en el extranjero.

 

 

“Sin ciencia no hay futuro”. Manifestación en contra de los recortes de I+D el 27 de septiembre de 2013/ Imagen en Acción @imagenenaccion

 

“Sin ciencia no hay futuro” fue el lema de la manifestación que se llevó a cabo en diferentes ciudades españolas el pasado 27 de septiembre, día que se celebra la “Noche de los investigadores”. Principal objetivo: protestar por los recortes que el Ejecutivo viene haciendo en Investigación + Desarrollo (I+D) desde hace cinco años. Justo ese día, se conocía, a través de un adelanto de los presupuestos del Estado, que se aumentaría un 1,3% el gasto en I+D, tan sólo un 10% de lo que reclamaba el colectivo.

 

 

“Nosotras parimos, nosotras decidimos”. Manifestación en Madrid contra la Reforma de Ley del Aborto de 2013 el 27 de septiembre/ Bárbara Boyero

 

El pasado 27 de septiembre, Madrid acogió la manifestación “Nosotras parimos, nosotras decidimos” a favor de la despenalización del aborto y en contra de la Reforma de Ley del Aborto del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que finalmente se aprobó el 20 de diciembre. La reforma restringe los casos en los que una mujer puede abortar igualándola a la ley de 1985. Tras la aprobación en el Consejo de Ministros se sucedieron concentraciones en las principales ciudades españolas.

 

  

 Manifestación y huelga de basura y jardinería en Madrid. Noviembre 2013/ Sergio Rozas

 

El pasado 4 de noviembre, miles de barrenderos y jardineros de Madrid capital se manifestaron en contra del posible ERE que las empresas concesionarias del servicio iban a realizar y que afectaría a 1.100 trabadores, además de los 350 que ya fueron despedidos en agosto. Esta manifestación fue la antesala a 13 días de huelga de servicio de limpieza y jardinería en la capital que concluyeron con un acuerdo entre concesionarias y colectivo de no despedir a ningún trabajador a cambio de un ERTE y la congelación de los sueldos hasta 2017.

  

 

   

  “Rodea el Congreso”. Concentración frente al Congreso de los Diputados en contra del anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana/ Asamblea Popular de Carabanchel 15M

 

El Congreso de los Diputados fue rodeado de nuevo por los ciudadanos el pasado 14 de diciembre. El motivo: manifestar su descontento con la aprobación el 29 de noviembre del anteproyecto de Ley de Seguridad ciudadana, o también denominada “Ley mordaza”, que pone en jaque algunas de las prácticas habituales en las manifestaciones y que hasta ahora no se habían considerado infracciones. Con este anteproyecto, se castigan con multas a partir de los 100 euros.Aquí una guía práctica para el manifestante.