La hora de la verdad (Manuel Menor)

Este comienzo de curso es la hora de la verdad

La Covid-19 hace que destaquen problemas no resueltos: desigualdades en la inversión y poca calidad en la gestión de las políticas educativas

El fiel contraste de las preocupaciones de los administradores públicos aparece en las dificultades; los ciudadanos advierten en esos momentos si les engañan o se atienden sus necesidades colectivas. En lo que corresponde al ámbito educativo, este se presta para saber qué interés les merece a los líderes políticos la enseñanza de todos.

Los deberes

Después de seis meses sin asistir a clase, se reinicia un curso académico que en las etapas escolares obligatorias puede ser de gran trascendencia para muchas familias y para el propio sistema educativo. La Covid-19 pone de manifiesto quiénes han cumplido con sus deberes esenciales y quiénes, por despreocupación o interés inconfesado, han dejado sus deberes a medias, no han cumplido mínimamente o han multiplicado los problemas. La clasificación la podrán hacer mejor que nadie quienes tengan hijos o hijas en edad de iniciar las clases estos días en la escuela, en el colegio o en el instituto.

Después del tiempo transcurrido sin clases y después de los acuerdos adoptados en la Conferencia Sectorial de Educación en junio pasado, debiera haber habido tiempo sobrado para paliar, más que con palabras, los efectos de esta pandemia. En muchos casos, es evidente que no ha sido así. Cara a la galería, se ha podido advertir que quedaba muy guapo ocupar informativos con las maneras más o menos ingeniosas de prevenir las aulas contra la expansión de este virus; nos han distraído con los coloridos diseños de las innovaciones decorativas del suelo, paredes, separaciones de pupitres, mascarillas, supresiones de elementos problemáticos en los patios, indicadores de circulación del alumnado de unos a otros espacios –inéditos como aulas en muchos casos- e, incluso, con la controvertida graduación de los horarios de unos u otros. Más problemático está siendo, por las nuevas ratios requeridas, saber qué pasa con el número de profesores adecuado para hacer interinidades y multiplicar los grupos de modo que no solo no se resienta la enseñanza presencial sino que se pueda recuperar parte, al menos, de lo no trabajado en las aulas el curso pasado.

De poco vale, en este asunto, la solución on-line; se cruza de inmediato con otras de gran importancia estructural, como puede ser la cultura familiar que haya al respecto –y las posibilidades que tengan las familias para ayudar a sus hijos- y otras más primarias todavía, como las posibilidades que tengan unas u otras áreas peninsulares para buena recepción de señal, además del coste en que se meten familias y Administración para modernizar permanentemente el software adecuado. Siempre se supone sin garantía suficiente, por otro lado, que el profesorado tiene los mínimos indispensables para hacer una buena enseñanza valiéndose de la digitalización y que no incurrirá en los mismos problemas que ha venido teniendo en el otro formato habitual; nadie explica cómo se haya hecho para que, con nombrar los beneficios de la enseñanza presencial, se vaya a conseguir en la práctica. Que es capaz de aburrir a muchísimos ya lo dejó escrito Alberto Moncada en 1985, y que la formación docente deja mucho que desear, todavía después delos másteres de 2009, lo han dicho expresamente cuantos en varias de las posteriores elecciones han clamado por un MIR educativo sin explicar mucho en qué consistía esta piedra filosofal.

Los datos y los recursos

Hay, en todo caso, una cuestión de fondo, que subyace y traduce graves disfunciones de fondo en la gestión de las políticas educativas: los recursos disponibles y cómo se reparten desde hace años. La memoria de ello es indispensable para tener criterio respecto a lo que muestran las aulas estos días y las expectativas que puedan albergarse para que no se venga todo abajo a la más mínima. Algunos lo vienen señalando desde hace mucho sin que se hayan advertido significativas actuaciones coherentes. Más allá de llamar aguafiestas a cuantos lo denuncian sin dejar de mirar para otro lado, pues es notable cómo, desde la crisis de 2008, los recortes en Educación han sido de más de 4.000 millones de Euros y que –cuando la Covid-19 ha multiplicado los costes- todavía faltan más de mil millones para alcanzar el nivel de inversión que tenía anteriormente. Y más notable es advertir cómo -si se analizan los datos estadísticos que el Ministerio de Educación edita todos los años-, la inversión en el sector privado ha aumentado de modo desproporcionado con la inversión en enseñanza pública; en algunas Comunidades autonómicas –ellas son las que realmente distribuyen el presupuesto importante en este sector político- es escandalosa la diferencia: ya son pioneras en Europa de la enseñanza privada, todo un avance para expandir la dureza neoliberal en que tienen puestas sus esperanzas..

Dicho de otro modo: el momento actual no ha corregido moralmente -como muchos predicaban que iba a ser- el sentido del bien o del mal colectivo en muchos de nuestros políticos. Es más, si se dice o escribes, dicen que se hace “política” queriendo decir que solo a ellos corresponde hacer política y, también, que cuanto el resto de ciudadanos piensa o exprese, es tontería improcedente. Cuando los que hacen esta peculiar política de serie de bajo coste dicen, además, estar imbuidos de la gracia de Dios, apaga y vamos: volvemos a cuando las monedas de bolsillo nos lo recordaban de continuo. En este comienzo de curso, pronto arreciarán las culpas hacia quienes pongan en evidencia estos despropósitos.

A nadie debiera extrañar que los sindicatos importantes del sector estén pensando, pese a todo, en la huelga para el 22 y 23 de septiembre. No han visto que las promesas de los días en que se inició el confinamiento hayan servido para algún cambio de tendencia, y sigue siendo muy cierto que, con políticos como los que tenemos al frente en muchas Comunidades, lo que puede empeorar empeora y que quien paga el pato –entre excusas más o menos mentirosas- son siempre los mismos: los santos inocentes, que diría Delibes.

Manuel Menor Currás

Madrid, 07.09.2020

"Neptuno y las Mareas" (Un cuento de los nietos de Valentín Huerta)

Valentín Huerta nos envía este relato:

Viniendo con mis nietos Daniel y Elena de una Manifestación en apoyo de la Enseñanza Pública, con gesto picarón me preguntaron: Abuelo, ¿Por qué a esto que hacemos le llamamos Mareas? Les respondí: Por la incontenible fuerza que estas tienen, pero ya que os mostráis interesados quiero que vosotros me deis vuestra opinión en forma de un Cuentecito. Mirandose uno a otro dijeron ¡nos ha pillado! Pero al día siguiente me entregaron este relato.

NEPTUNO Y LAS MAREAS.

Erase un lugar donde había unas preciosas playas llamadas: Enseñanza Pública, Sanidad, Trabajo y Bienestar Social…Pero unas gentes indignas las querían privatizar en su beneficio, y para ello las ensuciaban para que la gente no pusiera obstáculos a sus miserables designios. Entonces Neptuno Dios del Mar convocó a las Mareas y les dijo: Os uniré a todas con vuestros respectivos colores en ¡¡Una Gran Ola que hará imposible que los deseos de esa perversa gente se cumplan!!. Y así fue como una ¡¡¡Gran Ola Multicolor!!!..Limpió aquellas bonitas Playas, y ahora se ve pasear por ellas a los felices abuelos con sus nietos gracias a la idea de Neptuno, el cual demostró una vez más ¡¡¡QUE LA UNION HACE LA FUERZA!!!.

Que este relato de mis nietos Daniel y Elena pueda llegar a todos es el mayor deseo de….

El abuelito Valentín.

Lo que no cuentan (Manuel Menor)

El negocio sobrentendido de lo que cuentan

Hay asuntos –no solo en educación- que parecen nuevos y no lo son.  En la distancia del tiempo se aprecia mejor lo viejos que son

Es posible que Arrimadas acabe por llevar lo que queda del CS a su nicho originario, comandado ahora por quien, según García-Margallo, fue elegido por exclusión de un mal mayor. Navega ahora acosado por VOX, socio encubierto ya en varios centros de la representación democrática, afectando de modo especial a los asuntos educativos. Y en el otro lado, la nave va entre asociados algo vergonzosos de serlo, requeridos por quienes no saben todavía hasta dónde guiar la frágil XIV Legislatura.

Entre “catetos” y listillos
Entre tanto vericueto propicio al cotilleo, los inasequibles al desaliento no cejan en la desmesura de tácticas y compadreos ancestrales. Se ha podido ver al oponerse a la ley de eutanasia como si se tratara de una “filosofía” para “ahorrar los costes sociales del envejecimiento”. Lo han mostrado hace unos días, también, al explicar con la subida del SMI los problemas de los agricultores. Pero, según explicaba el secretario de UPA (unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos): “El problema no es el SMI, sino que se están forrando con nuestro trabajo. Se están quedando con nuestro dinero intermediarios que no trabajan el campo, pero que con el móvil nos compran a 15 céntimos productos que luego venden a 2 euros". Esta secuencia hace recordar lo que acontecía a los pequeños campesinos de la Galicia rural. Despreciados como “catetos” en los años cincuenta, cuando acudían a la feria a vender una ternera siempre topaban con la red de ojeadores ocupados en que no valiera nada. La ventaja era para quienes –en proceso de convertirse en nuevos ricos- traficaban con las mejores crías de “Rubia gallega” vía Monforte.

Aquella connivencia, exprimidora del débil, sigue viva procurando que el “libre mercado” esté condicionado por su arbitraria libertad. Ahora, se apresta a sacarle partido al tópico de la “España vacía”: rentabilizará una territorialidad que está esclerótica porque se les fue la mano en su vaciado. Este proceder siempre ha estado ahí, al acecho del Presupuesto. Leer el periódico oficial desde que se llamaba La Gazeta permite entender el provechoso manejo del “libre comercio” desde antes de la Restauración canovista, con la sombra de los “amigos políticos” al acecho. Pronto veremos en que queda la inquietud de los herederos del franquismo, nostálgicas de que no se sepa distinguir el polvo de la paja y se pueda perder algo con lo anunciado por Adriana Lastra.

Un particular “libre comercio”
El mundo de la Educación, en todo caso, siempre ha dado mucho juego en este terreno en que se puede advertir, desde antes de Moyano en 1857, la peculiar aportación que la jerarquía eclesiástica ha hecho a la “libertad” con cartas marcadas por el Concordato de 1851, renovadas en 1953, en 1976-79 y otros convenios.

Todo propiciaba el objetivo. Lo advertía Antonio Fontán en 1961: “el 75% de los actuales profesores españoles han obtenido sus cátedras después de 1939. Probablemente estos en su inmensa mayoría son personalmente católicos” (pág. 29). Hubiera calculado bien o mal este numerario de la Obra, los compromisos confesionales con la propagación de la verdad se han valido siempre de la multiplicadora pluralidad de “los dones”: muchas congregaciones, órdenes y asociaciones interesadas en la educación y sus aledaños sucediéndose y complementándose entre sí en el tiempo y en el espacio. HazteOír, por ejemplo, no es muy antigua, pero lleva un tiempo rondando un si es o no es del grupo, mientras crecen los adeptos a su PIN. CONCAPA es de 1929. Testimonió  por la causa peleando contra la ILE y sus seguidores y, entre otros frentes, sus fichas moralizadoras del cine marcaron un estilo censor. Servicio suyo más cercano fue, con Carmen Alvear al frente, multiplicar la pelea en  1984 por lo que, supuestamente, quitaba la LODE a los colegios que habían sido mimados por el omnipresente nacionalcatolicismo educador.

En la escena está que este asunto resucite con vigor. En su genealogía cuenta con que los españoles rezaron mucho hasta 1978. Tanto que, después de la Constitución, prosiguió el confesionalismo en escuelas e institutos públicos. Fruto de tanta devoción y sacrificio, en torno a 2.400.000 de niños y niñas españoles (de un total de 8.158.605 en el curso 2017-2018) son clientes especiales de sus colegios. No es indiferente, además, que, entretanto, se frene o quede para el voluntarismo el modernizar la organización interna de los centros públicos. Rafael Feito, acaba de publicar ¿Qué hace una escuela como tú en un siglo como este? (Madrid: Catarata), un lúcido ensayo en que denuncia los “nefastos y nefandos” atrasos que el sistema educativo actual lleva en su mochila.

De Mont Pelerin al cielo
Pero ese potencial le permite decir a la Iglesia oficial que sigue ahí, donde siempre. Podrá objetarse que, si se tiene en cuenta el monopolio educador de que disfrutó 40 años, sin contar los anteriores ni los posteriores a 1978, el resultado es más bien magro. No obstante, es exitoso el balance si se tiene en cuenta que, pese a la acelerada secularidad, su empresa educadora crece. Cuenta con el fervoroso auxilio de muchas manos influyentes dentro del Estado, donde la Comunidad de Madrid es modélica. No solo le ha ampliado conciertos educativos -sobre todo desde el “tamayazo” de 2003-, sino que sus cesiones de solares públicos, prebendas y lugares estratégicos ha acrecentado su selectividad social. Este diezmo, a escote del Presupuesto público, sitúa a Madrid como campeona de la educación privatizada en Europa. Murcia y otras zonas le van a la zaga. Andalucía ya está presta.

En los últimos tramos, el desparpajo de la lideresa aguerrida -de la que Isabel Díaz-Ayuso intenta ser émula- ha sido clave enfatizando la “libertad” sin cortarse en “restricción mental”. “Rectamente entendida”, aunque el 90% de los colegios concertados contravenga la reglamentación de conciertos, ha potenciado la singular “libertad de elección de centro”. El cupo de este ejercicio es selecto –lo saben como “mano invisible” que mueve y remueve-, pero nunca dicen que sea culpa del sistema. Dan por sentado que, si los datos no se adaptan a la teoría, es un error de los datos: van a la caza de que los pocos beneficiados se sientan agradecidos por ver que les ayudan en la dura tarea de competir por la cúspide del Gotha social y, mientras tanto, por el control particular del Estado. Es un circuito de cómplices y sobrentendidos. Los viejos socios de Friedrich Hayek en Mont Pelerin siempre contaron con que los ricos también lloran. Mucho antes, ya estábamos advertidos, por los antepasados de los jerarcas católicos, de que  este es “un valle de lágrimas” en que  todos pueden pasar “por el ojo de una aguja”.

Manuel Menor Currás

Madrid, 12.02.2020

Trampantojos (Manuel Menor)

Problemático realismo postelectoral

Los electores están en fase de descubrir que del dicho al hecho hay un trecho, y que promesas todavía próximas pueden no haber existido.

Madrid, Zaragoza, Badajoz, Palencia, Teruel y Granada han permitido a la derecha de la derecha exhibir su poder actual en los municipios. El estilo del que ya ejerce en el Gobierno de Andalucía, previsiblemente mostrará también su alcance en el de Comunidades como Madrid, Murcia y Castilla-León, en colaboración con el PP y Cs. Este partido ha reducido todavía más su cambio regeneracionista de otrora, al sostenimiento de una sociedad bien ordenadita, cursilona y aparente; el profesor Carreras, que ha conocido en ciernes a Rivera, parece haber tenido poca suerte en sus reconvenciones a este “adolescente caprichoso” ahora ya talludito. El PSOE, entretanto, trata entre remilgos de no exponerse a que Podemos descentre su delicada imagen progresista.

Escoramientos

El escoramiento y el mercadeo han sido evidentes estos días postelectorales y algún periodista ha hablado de descarnada subasta de poder. Para la dignidad del voto tal vez habría sido mejor que los votantes hubieran tenido la oportunidad de una segunda vuelta en vez de haber tenido que asistir, cansados, a este juego de sillas, pero puede que diciéndolo se caiga en mitificación, olvidadiza de la serie electoral de 2015-2016. Casos hay, en todo caso, ilustrativos de que el panorama político proseguirá, entre formalidades aritméticas, tan débil como estrafalarias han sido las combinaciones para que cuadraran los números. Sirvan de ejemplo dos acontecidas en Ourense, provincia con una pirámide de edades que se viene invirtiendo desde los años ochenta a un ritmo creciente, y con un PIB que, a escala nacional, se posicionaba en el nº 41 de 52 consignados en 2015, lo que representaba el 10,6 % de la aportación de Galicia.

Sin que sean determinantes esos datos –pues otros lugares hay no menos singulares-, la alcaldía de la ciudad orensana ha ido a parar no precisamente a la lista más votada o la siguiente, sino a una componenda en que la presidencia de la Diputación se ha mantenido donde estaba. El intercambio, que hace inviable el dicho de Lampedusa respecto a los Finzi Contini del Gatopardo, deja un mensaje estancado y espeso, incluso para los votantes de J. M. Baltar y de Pérez Jácome. Dice este que va a “transformar la ciudad”, y la impostura la pagara la ciudadanía. Significativo es, al mismo tiempo, que apenas a 14 kms. por la antigua carretera nacional 525, en el Ayuntamiento de Taboadela, estas elecciones hayan traído consigo –tras reiteradas mayorías absolutas del conservadurismo desde 1972-, un cambio y el descubrimiento de que, durante 47 años, habían votado “por costumbre”.   

Lentitud

 No se puede deducir, pues, que esté en primer plano que las instituciones funcionen con la prontitud que exige la vida democrática, pese a que no le vaya bien la languidez perezosa. En asuntos cercanos que contribuyen a alimentarla, adormecerla o incluso a amordazarla, no es que hayamos batido un récord olímpico. También aquí podemos tomar como ejemplo asuntos en que se entrecruzan de atrás tiempos largos de la Historia de España. Es el caso de la educación que, desde 1857 -en que podría situarse su primera ley general para regular su obligatoriedad, estructura y funciones-, no alcanzó a tener Ministerio y presupuesto propio hasta 1900.  Y solo logró la escolarización universal de los chicos y chicas españolas –hasta los 14 años-   casi en los años 90, fecha desde la que, extendida hasta los 16, han quedado pendientes serios problemas, como la estructura general del sistema, la garantía de recursos para una escuela pública consistente, la formación adecuada de los candidatos a profesores y maestros y que, además, no sean sonrojantes las cifras del llamado “fracaso escolar” y el “abandono temprano”. Decir, por tanto, que se ha avanzado mucho en la educación española es poco tranquilizante si no se indican las referencias de este juicio. Avanzar puede ser una manera de disculpar lo poco alcanzado, para proceder con la misma lentitud que ha caracterizado casi siempre este ámbito de la vida política.

Es muy relevante, en todo caso, la presencia que en el proceso educador –desde antes de 1857- ha tenido la jerarquía católica, experta en arreglos con el Estado –para el logro de privilegios y subvenciones hasta 1985- y hábil después para que crecieran los “conciertos” de sus colegios. Estas generosas relaciones se han dilatado en los últimos diez años (los de la crisis), se han ampliado en la LOMCE desde 2013 -y más en algunas Comunidades-, resultando que la “aconfesionalidad” del Estado tiene vida para rato aunque fuera un apaño  extraño en la CE78. Bien alimentada está, aunque el número de practicantes disminuye, el de sacerdotes y religiosos también, y no digamos el de contrayentes que deciden casarse por la Iglesia. El crecimiento de los colegios concertados es inmune a esta realidad de fondo y a que la distancia cronológica con legislaciones afines como la francesa va en aumento. Desde 1905, en que se separaron en Francia los intereses eclesiásticos y estatales, en España se han firmado el Concordato 1953 y los Acuerdos de 1979, además de otros complementarios, como el de 2007, en que se aumentó el subsidio del IRPF voluntario al 0,7%.

Trampantojos

Todo apunta a que, en Comunidades como Madrid, aunque la investidura del Gobierno central logre salir adelante, se propicie la reafirmación de esta “costumbre” inveterada, cuasi “naturalizada”. En sintonía, proseguirán las “guerras del escuchar y del ver” –que dice Darwix, el gran poeta palestino-, en que muchos políticos tratarán de satisfacer nuestra fantasía auricular con prédicas que nada tienen que ver con una realidad deficitaria y carencial. “Libertad de elección de centro” será un misterio para la mayor parte de los ciudadanos; “calidad” no pasará de reclamo como el de cualquier consumo perecedero; y “público” será un adjetivo con el que tratarán de que tomemos el todo por la parte y, también, de que no veamos este tinglado como un sostenimiento de un pasado imposible.

Tal vez Filón y Plotino, si vivieran, pudieran aclarar algunos de estos y otros bizantinismos, como aquellos en que “naturaleza”, “sustancia” o “persona” dirimieron diferencias en que se ventilaba al unísono lo trascendente y lo terrenal. De los siglos III y IV d. C., en que tuvieron importantes seguidores, ha llovido mucho para la hermenéutica: el Padre Astete –al final la primera parte de su Catecismo, vigente en los años cincuenta- decía que doctores había que nos lo sabrían explicar si les preguntáramos, porque él era “ignorante”.  Pero es posible que el sofisticado aparato del poder ya haya inventado para lo venidero algún otro trampantojo que prolongue esa evanescencia, ajena respecto a lo que realmente importa. Entre escoramientos y lentitudes anda el juego.

Manuel Menor Currás

Madrid, 23.06.2019

"La ley Celáa, la X del IRPF y los conciertos educativos" (Manuel Menor)

Manuel Menor nos envía su nuevo artículo

El proyecto de Ley escolar del PSOE  pretende erradicar algunos principios organizativos de la LOMCE, pero deja intacto el núcleo de los desacuerdos educativos.

Estamos en campaña electoral en un momento de gran incertidumbre política y no es raro volver a oír, cuando ya nos urgen con el IRPF, de grupúsculos con muchísimo poder. Como quiera que los colegios concertados también han entrado en campaña para reafirmar sus cuotas de fidelizados, cabe referirse a dos entes poderosos en ese y otros procesos: la Iglesia católica –que, según estudia Ángel Munárriz, podría llamarse Iglesia. S.A.- y los empresarios que han visto en la enseñanza un sector de creciente interés rentable a poco que se amplíen subvenciones, conciertos y deducciones fiscales.

Las raíces históricas

Lo que denominamos Iglesia abarca un conglomerado de instituciones, organizaciones y creyentes con diversas tendencias, genéricamente en sintonía con el Vaticano. Su atención al mundo educativo viene de una historia potenciada desde el siglo IV, cuando la querencia del poder político romano facilitó a sus jerarcas controlar el valor simbólico de maestros de la verdad y propagar esa unicidad contra toda  heterodoxia discrepante. Lo recursos para la apología de esa razón vital procedieron de dos vías complementarias: los pobres como excusa para recibir y gestionar donativos, y la muerte como razón religiosa –subyacente a muchos rituales desde los orígenes de la humanidad- fundante de su existencia. De ambas fluyeron las limosnas y legados fundacionales que alimentaron los feudos monásticos y episcopales desde los albores medievales. ¿Son un precedente de fundaciones de algunos colegios privados?

La desamortización de las propiedades que habían amparado a la Iglesia antes de 1789  coincidió con la  preocupación por democratizar el derecho la educación. La necesidad de allegar recursos hizo que abriera su presencia educadora a sectores de la burguesía e, incluso, del mundo obrero. Al desarrollar para esos segmentos iniciativas diferenciadas y reactualizar organizaciones que, como los jesuitas, habían nacido principalmente para los hijos de la nobleza, el resultado  fue una gran variedad, más prolífica desde la Rerum novarum en 1891, como aliada en la gestión de la caridad para frenar cuanto,  desde “la cuestión social”, pudiera poner en peligro el orden instituido. En España, el apoyo vaticano a la legitimidad de Isabel II, frente al carlismo, ya se había saldado, en el Concordato de 1851. El Estado, entre otras cesiones, subsidiaría la vigilancia eclesiástica para que no se enseñara nada –incluso en la Universidad- que no fuera “del todo conforme a la doctrina de la religión católica”, y para censurar “cuanto pudiera pervertir los ánimos de los fieles y corromper las costumbres”.  El acuerdo facultó a los eclesiásticos para crear instituciones docentes y tanto la Ley de Instrucción Pública, en 1857, como la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, se inscribieron en ese circuito en que se profesaba la confesionalidad del Estado y la unidad católica.

Pero desde que en 1905 se estableciera en Francia una clara separación de Iglesia y Estado, además de que en España crecieron sobremanera los colegios católicos –que  Canalejas tendría que limitar en 1910-, se escenificaron desencuentros especialmente virulentos con cuantos como la ILE invocaran educar en libertad. Como presagiaban los últimos testimonios recogidos por Yvonne Turin en: La educación y la escuela en España de 1874 a 1902 (Aguilar, 1967), irían a más.   Antes de que la II República intentara imitar a Francia, ya había una verdadera “guerra escolar”, que culminaría con depuraciones de maestros, profesores y científicos, y que privaría a varias generaciones de buenos docentes. El Concordato de 1953 –en un momento de enorme aislamiento internacional de España- reafirmó el poder educativo de la Iglesia, y a ella fueron a parar -según reivindicó Carrero Blanco en 1972- unos 300.000 millones de pesetas de la época, cuando ni siquiera con el desarrollismo había escuela para todos. Esos recursos propiciaron que la Iglesia de esos años suplantara al Estado como Magistra. Aquellos seminarios y conventos, además de multitud de colegios de distintas congregaciones y parroquias -y del control que ejerció desde el Ministerio Nacional de Educación, el CSIC y los Departamentos universitarios- fundamentaron el potencial educativo actual de la Iglesia, principalmente en el sector privado y concertado, pero también en el estrictamente público con la presencia de su catequesis en el currículum escolar.

El colegio y la escuela

 Los Acuerdos de 1976-79 le dieron cobertura a esa situación predemocrática. La legalizaron en el art. 27CE y sus posteriores desarrollos, entre ellos los conciertos educativos en 1985, cuando la LODE le garantizó la provisión de recursos del Estado. Para justificarla, se esgrimió durante un tiempo la limitada capacidad del Estado para universalizar la extensión de la educación hasta los 14 años. Pero, al margen de que solo fuera medio verdad, del lado católico no han cesado de incrementarse las demandas de apoyos y conciertos bajo una supuesta “función social” en competencia con la red pública.  Además, aunque muchos conciertos han cumplido el contrato pactado, en otros se ha institucionalizado un mundo aparte con pretensión de que esa red educativa, conceptualmente diferencial y destinatarios con niveles y proyección social acordes, sea el eje de un sistema, en el que a los centros públicos correspondería un papel subsidiario. Igual que, hasta casi los años setenta, había sucedido con la escolarización escolar

Del arraigo de esta tendencia selectiva, de pura demostración social, incentivada desde algunas Consejerías autonómicas y consagrada en 2013 por la LOMCE, da cuenta el crecimiento de iniciativas. Hoy, la red de enseñanza privada y privada-concertada –un 35% del sistema educativo español, con diferencias autonómicas, y según etapas educativas- aglutina  emprendedores que disputan presencia significativa en ese conjunto a los eclesiásticos. Grandes inversores internacionales ven propicio este mercado y los empresarios de Valencia quieren que se mimetice la educación con sus necesidades de negocio; igual que cuando la Iglesia quería que se identificara con sus supuestos culturales.

La Ley Celáa

Esta historia pesa. Las dejaciones de diversa índole operadas en este terreno durante largo tiempo contarán en el voto de las elecciones que se avecinan. Polarizan posturas con supuestos que, todavía  intangibles en la etapa de Méndez de Vigo, dificultan necesarios acuerdos en las políticas educativas a que alude el primero de los 110 bienintencionados compromisos electorales del PSOE. De hecho, los intereses eclesiásticos siguen casi intactos en la segunda de estas promesas,  la propuesta de ley para revertir la LOMCE, pese a que a España le sale muy caro sostenerlos si, además de su opacidad, se tienen en cuenta las cuantías que, según Europa Laica, implican para, en definitiva, promover una imagen social particular, distorsionadora de la igualdad laica de todos.

El clima es que, por muy favorables que resulten las elecciones para revisar este engranaje anclado en el art. 27CE o denunciar los Acuerdos con el Vaticano, el centro y la derecha política española se opondrán. Pero seguramente también el PSOE, si renovara la posibilidad de Gobierno, seguirá ambiguo en este terreno de la laicidad, en continuidad de sucesivas contradicciones que ha acumulado desde 1982 entre palabra y obra. Antes que afrontarlo en serio, entre las limitadas posibilidades del paso por la Moncloa en estos meses han preferido entretenerse con la dudosa exhumación del dictador. Mientras, en estos 110 compromisos, los Acuerdos siguen parasitando recursos del Estado para supuestos fines sociales. Por tanto, pese a la creciente secularización, la situación política  favorece que la jerarquía eclesiástica siga fagocitando el valor simbólico de la educación, la sanidad y diversas maneras de ayuda social en el uso de recursos públicos a beneficio de su marca católica.

Ascensor social

En plena expansión neoliberal, esta imagen debilita la de un Estado capaz de construir por sí mismo la armonía ciudadana. El desafío urgente parece que fuera, más bien, lograr pronto un Estado mínimo que, muy frágil en casi todo, solo se ocupe del orden público, lo que favorece a las empresas del sector educativo privado y genera que, desde  las autonomías, se incentiven dinámicas contrarias a la enseñanza pública. Vótese  o no se vote, arriesgado será no advertir, en cambio, que la movilidad social se ha estancado. Los datos últimos de la OCDE son inclementes para las expectativas de quienes tengan ingresos bajos o ni eso. Los hijos de padres trabajadores tienen un 50% de posibilidades de seguir perteneciendo a ese grupo en que habitualmente repiten las características de escolarización precaria, justo al revés de los hijos de quienes meramente por tener estudios universitarios   tienen un 48% más de renta.

 Si en estos años, pues, han aumentado las desigualdades en recursos -incluido el acceso a la educación como “ascensor social”-, lo que esta recapitulación histórica plantea a todo votante interesado en el futuro educativo, es que un proyecto de ley como el de la promesa nº 2 del PSOE pretendiendo revertir la LOMCE de raíz, no puede soslayar qué aporten los colegios concertados –con o sin apoyo de la Iglesia jerárquica- en la reducción de la inequidad. Las buenas intenciones teóricas que pueda tener ese texto le restarán autoridad moral para que las Autonomías  revisen, igualmente, lo que esté pasando en centros de la red pública donde persisten estilos  y cuotas de selección y discriminación no muy distintas de las consentidas en algunos colegios de la otra. De ningún modo –según la Teoría de la Justicia de John Rawls- pueden compaginarse en el mismo plano libertad e igualdad educativas protegiendo disparidades de trato por nacimiento, razones económicas o capital cultural, que hagan improbable el éxito de muchos que acceden a la escolarización obligatoria. Ese es el reto según la ONU: el derecho a la educación no se cumple si no es inclusiva y no propicia la igualdad de oportunidades.

Manuel Menor Currás

Madrid, 28.03.2019

¡No nos moverán! (Manuel Menor)

El Artículo 27CE y las políticas nocivas para la escuela pública

¡No nos callarán!, de José Luis Pazos, es un minucioso dietario de las decisiones adoptadas por la Comunidad de Madrid en estos 15 últimos años.

El 40º aniversario de la Constitución (CE78) ha solemnizado todo tipo de opiniones, lógicas en un proceso cuyo inicio no fue bonancible y en que, después, no ha brillado una idílica sintonía. Lo acontecido con la Educación en este transcurso de casi dos generaciones es un buen espejo para observar lo realmente acontecido. Indiscutible es que los desacuerdos se produjeron desde antes de la primera redacción del actual artículo 27, como han contado los propios redactores del texto y expresaron sus votaciones. También, que quedaron abiertas las dos posibilidades de desarrollo que venían compitiendo desde antes del Concordato de 1851, de modo que la alternancia de leyes orgánicas hasta el presente ha sido una constante. Ahí sigue, en fin, la LOMCE como última interpretación del art. 27CE, con el equipo de Celáa viendo qué deba derogar más y sin que su anteproyecto reformista –en un Gobierno provisional- suscite entusiasmos generalizados.

La gerencia del Artículo 27CE

Justo ahora aparece el libro de José Luis Pazos: ¡No nos callarán!,  que analiza el desarrollo del art.27CE partiendo de que la limitada concreción de la igualdad del derecho de todos los ciudadanos a una buena educación ha dependido de las decisiones adoptadas en cada Comunidad. Desde la FAPA Giner de los Ríos, el autor estuvo en las instituciones en que se informaron las políticas educativas antes de ser normativas en la de Madrid. Lo que ha escrito obedece a lo vivido en contacto inmediato con lo acontecido, sobre todo en los centros escolares públicos, como testigo durante los últimos 15 años. El resultado es un minucioso dietario de la poca aceptación que han tenido las propuestas de las familias durante ese tiempo, atentas a las necesidades educativas de sus hijos e hijas. Refleja cómo cuanto en esa dura etapa  se proyectó y ejecutó desde la Consejería de Educación madrileña cómo –pese a la vigencia de la LOE hasta 2013- sirvió, más bien, de ensayo experimental para las directrices de la LOMCE vigentes hoy en todo el Estado. En una secuencia implacable, el lector verá cuanto aconteció y, sobre todo,  lo que, en interés de las familias mayoritarias, nunca debió haber  acontecido: que las decisiones más relevantes privilegiaran al tercio más escogido de la población.

Este modo de actuar, promovido sucesivamente bajo Gallardón, Aguirre, González, Cifuentes y, ahora mismo, Garrido,  configuró una traducción del artículo 27CE muy favorable a las redes privada y concertada y muy contraria a la red pública de centros. En el libro de Pazos aparece esa complicidad con la educación como oportunidad de negocio, revestida de los formalismos administrativos oportunos y una abrumadora cobertura propagandística. Entre los diversos instrumentos con que la sistematizaron, los conciertos y exenciones aventajadas –gestionadas al lado de ayudas y becas-, se complementan con un amplio catálogo de actuaciones. El libro presta especial atención a cómo, en perjuicio de la escuela pública, se repitieron, año tras año, recortes de presupuestos,  disminución de profesorado, elección a dedo de sus directores, el incremento de las ratios de alumnado por aula o la desatención al más necesitado de tutoría, además de desatención prolongada a los propios edificios. De paso, en perjuicio de un ambiente escolar propicio, reducción de las becas de libros de texto y  comedor, eliminación de rutas escolares, cierre de bachilleratos nocturnos y múltiples especialidades de FP, y supresión del ciclo 0-6 en escuelas infantiles públicas, al tiempo que introdujeron en esa red escolar un programa de bilingüismo disgregador y algún circuito de “excelencia” que, en contradicción con las ratios y dotaciones del resto de institutos, discrimina más a unos pocos “selectos” del otro alumnado: todo un símbolo de segregación educativa, incapaz de ocultar múltiples déficits programados con apoyo de exprofesores de la red pública. 

Un miniimperio privado

En el relato del expresidente de la FAPA también se puede ver cómo, para que el objetivo central de estas políticas se cumpliera, la Consejería madrileña frenó la demanda de plazas en institutos, regaló más de 100 grandes solares municipales a empresas privadas o utilizó el mecanismo de los “cheques escolares” para potenciar las redes privadas. Y cómo, para disimular que el favor a las élites se hacía a cuenta de los otros ciudadanos, se sincronizó una constante hostilidad polifacética hacia  las personas, asociaciones y sindicatos discrepantes de sus políticas educativas. Es decir, que en el libro de Pazos aparecen las claves de  cómo estos gestores de la Comunidad de Madrid utilizaron “la crisis” para desmantelar mejor un meditizado estado de bienestar en lo educativo y crear un miniimperio independiente, colonizador de clientelas cautivas a cuenta del erario público.  En síntesis narrativa, los algoritmos que Naomí Klein explicó en La doctrina del shock.

La guinda de esa frenética obsesión fue que, con dinero de todos, pagaron para que se favoreciera su narcisista imagen en los medios, otra muestra de una sistémica prepotencia interpretativa del artículo 27CE, de que todavía nos quedan rubores a sufrir según se resuelvan investigaciones judiciales en curso. Más duradero será el daño que ha causado a las familias cuyos niños y niñas no han podido tener la educación que debieron haber tenido.  Sin contar las carencias de diverso orden que deparará a la sociedad una gestión neoliberal tan desvergonzada.

¿Una guía social?

Este alegato de Pazos  deconstruye los caminos que ha impuesto ese mantra de “la  calidad” con que la LOMCE rige el sistema educativo español –el escolar y el universitario-, obediente a ficciones para “mejorarlo”. Quienes quieran caminar hacia una escuela de todos y para todos tienen en No nos callarán –recién publicado por Ediciones ACC, de Madrid- un atractivo instrumento de valor múltiple. Documenta el alcance actual del art. 27CE: restrictivo para una mayoría social y privilegiado para unos pocos. Testimonia la resistencia de los ciudadanos, en este caso desde las asociaciones de padres y madres de alumnos, en defensa de los derechos de los menores en un campo tan principal como el de su educación. Y  muestra, además, el contraste entre responsabilidad e irresponsabilidad cívica: cuando algunos políticos y gerentes desaparecen de la escena, los administrados se sienten muy aliviados, mientras los resistentes de este libro hacen verdad que los derechos de todos solo se sostienen con el esfuerzo de todos. Adicionalmente, después de esta lectura, se puede concluir con más fundamento si el artículo 27CE –e indirectamente la Constitución- debe ser revisado, cambiado del todo o continuar como está cuando cumple 40 años.

Manuel Menor Currás,

Madrid, 07.12.2018

Desmontaje (Manuel Menor)

Se anuncian los primeros pasos para desmontar la LOMCE  

Retoman principalmente aspectos de valor simbólico, relevante sin duda, pero afectan poco a lo que demandan las instancias sociales implicadas.

Empiezan a clarificarse los objetivos principales que el equipo de Celáa entiende poder lograr en el proceso de revertir la LOMCE y recuperar un sistema escolar moderno y democrático. Si la política es el arte de lo posible, lo anunciado estos días pasados por el Ministerio evidencia al mismo tiempo las limitaciones que impone el ajustado número de votos parlamentarios, no solo para ir más allá sino también para dar cumplimiento real a este proyecto básico.

Del conjunto de medidas que se proponen es característica principal su coste relativamente bajo; por algo hay problemas con los PGE de 2019. Su valor ha de juzgarse más por la significación de cambio de onda. En este sentido, son de especial interés las decisiones respecto a una atención más personalizada del alumnado, el corte a los conciertos con colegios que segreguen por sexo, la reversión de los itinerarios tempranos en la ESO o asuntos como la supresión definitiva de las reválidas que establecía la todavía vigente Ley orgánica de Wert, cuestión, por otra parte, ya desactivada después de las múltiples manifestaciones en contra, antes de este Gobierno surgido de la moción de censura.

“Catolicismo biológico”

Tiene, en todo caso, especial interés la vuelta a reconsiderar el papel de la Religión en el currículo; que no tenga alternativa sustitutoria para quienes no la cursen y que su optatividad en Bachillerato no repercuta en el cómputo evaluador de las materias que cuentan en selectividad. Volvemos, pues, en buena medida al panorama anterior a 2013, cuando la LOE regía desde 2006 el panorama escolar. pero al mismo tiempo se mantiene un sistema de presencia curricular de las confesiones religiosas en el tiempo escolar que no es el vigente en Francia desde 1905. Algo hemos avanzado desde la Transición al suprimirse la obligatoriedad para todos, pero queda un largo trecho sin recorrer, en el que será crucial una revisión o denuncia de los Acuerdos con la Santa Sede que, entre 1977 y 1979,  tejieron el oxímoron de una “aconfesionalidad” que se da de bruces con expresiones confesionales públicas, revestidas de sinrazones de todo tipo.

Jiménez Lozano hablaba ya, a la altura de 1966, de un “catolicismo biológico” que la Inquisición dejó marcado a sangre y fuego hasta la obsesión por la pureza de sangre, y que sería la base de un casticismo fundante de la identidad española, tan reivindicada por nuestros ortodoxos tradicionalistas. Esa sería la base de las sospechas, la expulsión e incluso el exterminio de lo otro y los otros. También, de cuanto desde la infancia y la escuela no esté regido por la superioridad del confesionalismo en el sistema educativo de todos. En esta contradicción andamos todavía y conste que el PSOE, en algunos de sus penúltimos actos públicos de carácter programático, había anunciado su intención de revisar este entramado jurídico que da sustento a la Religión –o a las religiones- en la escuela en plan catequético, que no cultural. Porque en Historia, en Arte, en Literatura, ningún profesor o maestro competente en la materia osaría renunciar a las vertientes de las creencias para explicar, contar y valorar las producciones artísticas entre las que discurren nuestras actividades.

En este campo curricular de la Religión y en el de otra área que de nuevo se anuncia, la de la Educación en los Valores Democráticos, seguirá más o menos latente, aunque no con el mismo vigor de otrora, una pelea simbólica que trasciende la importancia real de ambas áreas. La “Educación Cívica” de la LOE –conocida en el proyecto de 1983 de la Reforma de las Enseñanzas Medias como “Educación para la Convivencia”-  se retrotrae a los proyectos de la UCD, entre 1979 y 1981, cuando diversas circulares  y resoluciones trataron de asentar el “desarrollo de las enseñanzas del Ordenamiento Constitucional”, una responsabilidad que entonces se asignó directamente a los Seminarios de Geografía e Historia de los institutos. Esa necesidad de conocimiento explícito y tratamiento de valores democráticos compartidos solo puede ser combatida desde un fundamentalismo para el que el único sustento de este tipo de asuntos éticos sea el Catecismo del P. Astete. Hasta el tiempo franquista quiso tener su modelo en aquella “Formación del Espíritu Nacional”.

Un largo camino

Como cuestiones para cambiar lo legislado en la LOMCE, no es mal inicio. El problema es si nos metemos de nuevo en el bucle de las reformas y contrarreformas, como parece deducirse de lo que replicó Sandra Moneo a la ministra en su comparecencia última en el Congreso. Las de otros miembros del PP –el grupo político que siempre ha estado en contra de cambios educativos que no fueran los suyos, desde que eran AP- tampoco dan pie para lo que, con mucho optimismo,  han dado en llamar “pacto educativo”.  Una cantilena más, como la de la “calidad” y la Libertad de elección”, de que tanto alardeaba Esperanza Aguirre para inclinar decisivamente las políticas educativas hacia la privatización, como un negocio más.

El otro inconveniente es la inconcreción de aspectos que han sido muy demandados  por muchos colectivos en pro de una mayor exigencia democrática y de un deseable rigor en cuanto afecta al funcionamiento interno del sistema y sus trabajadores. Además de anuncios, habrá que poner en marcha mesas de negociación que den voz a los grupos, plataformas y sindicatos que han estado sosteniendo las reivindicaciones de lo importante frente a los recortes masivos que, desde 2008 ha sufrido el sistema, particularmente en su red estrictamente pública. Quedan levitando igualmente en el aire cuestiones como las que enfrentan competencias del Estado y de las Autonomías distorsionándolo tanto que más parece que tenemos una pluralidad desorganizada que una estructura sólida, igual para todos los ciudadanos.

Y queda, en fin, el ponerse a trabajar más allá de los puros cambios de legislación. Esa fe, si no está contrastada con lo que sucede en cada centro, no reforma nada y pretexta muy bien taimadas injusticias. Profundos desequilibrios están ocultos, incluso en centros que tienen mucha legalidad y carácter estrictamente público,  cuando todo se va en cumplir los formalismos: la pelea por la equidad va más allá de la ley, aunque esta sea necesaria. Lograr una educación de todos para todos es un proyecto de largo aliento, difícil de satisfacer con los leves retoques de un anuncio de proyecto de reforma. Atentos.

Manuel Menor Currás

Madrid, 15.11.2018

¿Pensiones o Educación? (Manuel Menor)

Manuel Menor nos envía su último artículo:

No sucederá en Educación lo acontecido con las pensiones

Las urgencias de voto hacen milagros. Pero no tanto como para que los PGE se ocupen de una educación buena para todos.

A causa de la aritmética imprescindible para sacar adelante el proyecto de  Presupuestos Generales del Estado, ya no es problemática la subida generalizada de las pensiones en un 1,7%. Nos habían vendido películas dispares, incluida la del esfuerzo ímprobo de sostenerlas con el 0,25 ya era una hazaña, reiterada además. Parecen haber encontrado un benéfico nicho de recursos en los grandes de Internet, como Google, después de un largo imperialismo que los colonizados debían agradecer.

Salvo que política sea solo lo que cuentan muchos políticos y quienes les hacen la ola, habría que recordar que a Méndez de Vigo le dijeron sus jefes que dijera que, en caso de “pacto”, en 2021 se alcanzaría en Educación el 5% del PIB, desde el 3, 67% a que lo han reducido estos años.  El ejemplo de las pensiones obliga a exigir un cambio de perspectiva -también en Sanidad y demás prestaciones-, pues existen multitud de aprovechados de nuestra tradicional ausencia de exigencia tributaria. Ahí están las corporaciones que tanto evaden; los beneficiarios de muy rentables privatizaciones de los años setenta y ochenta; las constructoras de monumentos a la nada; los concesionarios de autopistas inútiles rescatadas a cuenta de lo público; los prestigiados  emprendedores de oficios improductivos que detraen recursos de ciudadanos cautivos de la necesidad; los empeñados –por similar motivo- en acrecentar la privatización de servicios esenciales como el agua, espacios públicos urbanos, seguridad, sanidad, educación o dependencia…. Y, amén de los corruptos de todos los niveles, los jerarcas de idearios religiosos –el católico, desde luego, y el de otros monoteísmos-, que financian edificios y actividades variopintas –sobre todo educativas-  agraciados con exenciones, subvenciones y conciertos de diverso alcance: en conjunto, más de 11.000 millones de euros. Este neoliberalismo retrógrado imperante, ocupado en que todos los ciudadanos paguen los privilegiados patriotismos de algunos en una época de necesidades críticas como las que se mostraron el pasado día uno de mayo en toda España, es socialmente imposible: país periférico y con mucha mano de obra intensiva sobrante, no da para tanta asimetría graciosa.

La patria del dos de mayo

En su historia es difícil encontrar los términos “patria” y “patriótico” antes de 1808, aunque han dado y dan mucho juego desde entonces como lenguaje tópico, tan apto  para un roto como para un descosido, muy utilizable a conveniencia. Por poner un ejemplo –muy al hilo del  2 de Mayo-, ahí está una fiesta madrileña donde no es habitual diferenciar churras de merinas y, a menudo, aparece más patriota cualquier reaccionario que los ciudadanos o ciudadanas que se hayan propuesto vivir en una  España en que no estén gratuitamente limitados los derechos y libertades. Ha pasado muchas veces desde 1812. Y en 2018 –cuando, entre otros, arrecian los problemas con la libertad de expresión-, los últimos cuatro presidentes autonómicos, pillados en majaderías mentirosas, impropias de patriotas atentos al bienestar de sus conciudadanos, nos han recordado que la corruptio optimi pessima.

La ignorancia suele ir bastante asociada a lo patriótico cuando se trata de que el lenguaje no deje al desnudo ranciedades patriarcales y propicie la difusión de mentiras a gusto, pero en provecho propio. Llevamos viéndolo años y años, con la manipulación de la historia y de las instituciones, la invención de supuestas tradiciones culturales y la continuidad de falsedades más o menos oficiosas. Ahora mismo, estos días, ahí están los chicos de Ciudadanos –acompañados, al parecer, por Vargas Llosa en labores extrañas a la buena literatura que ha escrito- a vueltas con el feminismo,  Clara Campoamor y el voto femenino. Desde 1933 –y con mal conocimiento de la Historia-,  mira que no hay problemas que solucionar o motivos serios en que ocupar la atención de la ciudadanía. En un sistema educativo justo e igualitario, por ejemplo, y en no decir tonterías oportunistas.

Manuel Menor Currás

Madrid,    06.05.2018

La ideología (Manuel Menor)

Manuel Menor nos envía su último artículo:

¿Es posible un pacto educativo desideologizado?

Con un pacto aséptico, alejado de asuntos conflictivos, sin privilegiados y postergados, todos serían igualmente libres ante la LOMCE.

Cuando en 1929 Karl Mannheim explicó cómo en la conformación de la opinión pública –parte vital de la democracia- entran diversidad de medios e intereses, nos dejó advertidos de que “no hay discurso más ideológico que el que se presenta como no ideológico”. Sucede que, en el contexto habitual de disparidad de perspectivas, “el concepto particular de ideología implica que este término expresa nuestro escepticismo respecto a ideas y representaciones de nuestro adversario”. Suele en estos casos ser recurso próximo a la mentira para esquivar,  en nombre de una supuesta neutralidad, las interpelaciones de cualquier situación.

Hay momentos, sin embargo, en que no hay modo de que no resulte sectario lo que los estrategas políticos pretenden “natural” o de “sentido común”. Tales tópicos, inductores del prejuicio y del miedo, siempre son superados por la reincidencia empírica del sesgo tendencioso y, en esta renqueante Legislatura, hacen cada vez más incoherente el plan de  pacto educativo que Méndez de Vigo exhibe–supuestamente dialogante-  desde junio de 2015.

 Sin profundas averiguaciones, los desconciertos del día a día traicionan su sonrisa.  Que unas cremas cuenten más que las falsedades de un título educativo es preocupante: son tradiciones parejas a las que sonrojan e intimidan por  confundir abuso y violación en  sentencias como la de los de “la manada”. Pero que el “caso Cifuentes” haya cuestionado determinados cimientos de la universidad no debiera dejar en el limbo de la incompetencia al ministro de Educación y no tuviera nada que vigilar antes de remendar irregularidades y prestigios perdidos. Y que el “caso Casado” se haya presentado como normal, de alguien a quien venga bien lucir un titulillo aparente, tampoco sería problema si la privacidad de pagar un certificado acreditativo de las competencias que fueren no pusiera en riesgo el prestigio del sistema educativo.

Súmense también los ardores guerreros que Cospedal y Méndez de Vigo quieren introducir en el currículum escolar, como si de lo más natural se tratara –por nostalgia de aquella “Formación del Espíritu Nacional” y, por supuesto, en contra de la “Educación para la Ciudadanía” que en 2006 trató de introducir la LOE-, y   debiera ser así la integradora educación para la paz en las aulas escolares.

Ideologías sin escrúpulo ni crepúsculo

Pero lo que más evidencia una ideología sectaria son las decisiones que denotan valor bursátil contable. Imposiciones de este tenor, denunciadas regularmente por plataformas diversas, pueden verse en lo que CCOO había informado al comienzo de este curso (nº 362 T.E.) y que el pasado día 16 mostró claramente la SER: en estos años de crisis, el PP le ha sustraído a la enseñanza pública 6.000 millones de euros –pese al aumento de su alumnado-, mientras a la concertada le ha subido la dotación en 160 millones más. A este ejemplar gestión ideologizada de la universalidad y libertad educativas que prescribe el art. 27 CE –cambiando la relación entre pública y privada-  se añade lo que cuenta el último número de T. E., el 365: “El Gobierno se ha comprometido ante Bruselas a reducir la inversión educativa al 3,67% del PIB y a un 3,4% en 2030, cifras que nos remiten a los años 80 del siglo pasado”; y, por otra parte,  en las desgravaciones fiscales de los PGE-2018, hay “un monto de 1484 millones de euros para beneficios fiscales a familias que han podido sufragar cuotas en escuelas infantiles privadas, uniformes escolares, clases de idiomas, etc.”. Agréguese, en fin, que el TC acaba de mostrarnos con su sentencia sobre los colegios segregadores –un 70% del Opus Dei y el ponente del fallo judicial también- al lado de qué ideologías se ponen ocho de sus miembros.

Por eso Méndez de Vigo no entiende que tejer un sentido común compartido para resolver las urgencias del sistema educativo –más allá de la escueta escolarización-, requiera otros mimbres. Para empezar, no ofender con argucias  a quienes reclaman  atención a los intereses comunes, los de todos.

Manuel Menor Currás

Madrid, 27.04.2018 

Moral y Pacto (Manuel Menor)

Publicamos con retraso este artículo de Manuel Menor.

Leyes y moral no suelen coincidir: el fin y los medios pueden hacerlas extrañas

Invocar la ley sin poner medios para cumplir cuanto exige, o no cambiarla cuando es injusta, no arregla nada. También en Educación suele ayudar a sostener situaciones nada democráticas.

  

Del “imperio de la ley” a cómo funciona la realidad política hay un trecho. Lo enseñó ampliamente el maestro en estas lides, Maquiavelo. De cómo la Constitución no debe ser un “adorno”, a cómo puede servir de pretexto para que todo siga parecido a cuando no la había, también. Y de cómo hay mil tretas, por tanto, para que la argucia leguleya encubra incluso delitos durante años y años, la Historia es testigo. Las abundantes noticias demostrativas de esta semana  habrán pesado lo suyo en la educación de la ciudadanía hacia el escepticismo desmovilizador.

Transparencia y neopicaresca

Las declaraciones de testigos principales actuando en tramas mafiosas impunemente durante estos años, incluso con la colaboración de partidos políticos, ilustran bien la difícil concordancia. A la ilustre nómina de Naseiro, Filesa o Baltar, y de otros precedentes señeros en nepotismo y similares, la Audiencia Nacional ha añadido estos días otro extenso grupo de expertos en ingenierías de las transparencias contables que no ha hecho más que empezar. A este paso, tras la dudosa ejemplaridad moral de tan encumbrados modelos, tendremos que  buscar con un candil a los justos, como en la Sodoma del Génesis (Gn. 18,23-33). En este preciso momento, Francisco Camps es un prototipo excelente de las últimas tendencias en disociar la ética y los códigos, y no se descarta que pronto tengamos otros gloriosos. Expertos además en impartir doctrina, estos peculiares enseñantes han presumido lo suyo de ser “caciques buenos”, han alardeado de ser perfectos exponentes del ascenso social a través del esfuerzo y se han erigido en arquetipos del triunfo social y político.

Consustancial a esta estética neopicaresca ha sido dar buenos consejos a otros, un modo demostrativo de buena conciencia. De ese afán no se apean aunque les sitúe en la  tradición autocomplaciente de la hipocresía, la que culpa del mal a los otros y nunca ve la viga en el propio ojo. En muchos modos de educar, de que hay sobrados ejemplos y anécdotas, este modo de tratar las relaciones de unos educandos con otros ha sido objeto de culto, consiguiendo muy buenos ejemplares de estupidez, además de pésima socialización de la solidaridad. Ni siquiera con preceptos religiosos por medio se generalizó la bondad. En nuestro ámbitto cultural, probablemente porque para la propia Iglesia -maestra casi exclusiva de la sociedad durante siglos-, la solución del litigio entre el bien y el mal fue un asunto bastante aleatorio. Cada confesionario, como el maestrillo, siempre tuvo su librillo particular, y la disculpa de la restricción mental frente a la mentira –al encomendar lo que no era mentira a la pura intención de que el hablante determinara el sentido de sus palabras-, dejó un amplio espectro de asuntos a expensas de la relativa circunstancialidad. De hecho, buena parte del dogmatismo moral tuvo que ser reforzado a cada paso por  sucesivas sinodales, libros de confesores y sentencias de la propia Inquisición, sin contar las bulas eximentes a condición de alguna prestación pecuniaria en forma de  limosna o del sufragio de fundaciones o mandas y legados de signo más o menos piadoso. previa.

Buenos y malos

El dictamen definitivo lo acabó imponiendo lentamente el avance de la mentalidad capitalista y su competitividad congénita, que cada vez estilizó más, con renovados aires y objetivos, la predicación hipócrita de los buenos contra los malos. El bien y el mal acabaron siendo determinados por la racionalidad de la producción y la rentabilidad del libre mercado: pura cuestión técnica de apropiarse  u obstaculizar la apropiación exclusiva de su valor. A medida que el aburguesamiento de las ciudades se fue desarrollando, la pobreza fue perdiendo el atractivo espiritual que había tenido y se convirtió en motivo de escándalo y hasta persecución: Luis Vives es testigo de ello con su De subventione pauperum (1526). También la caridad y la beneficencia fueron perdiendo relevancia en la medida en que la “cuestión social” –como empezó a llamarse a las reivindicaciones de los asalariados- fue ganando terreno. Las huelgas y reclamaciones de estos -contra el máximo bien de la sacralizada propiedad- acabaron conduciendo a las primeras leyes sociales, que suponían un intervencionismo del Estado. Se marcó así un punto de inflexión en la pelea entre el bien y el mal, por cuanto facilitaba que no se interrumpiera la producción y se pudiera generar valor.

 Pero era una situación inestable que la educación podía subsanar facilitando la expansión de la buena doctrina. Por la misma ley que Claudio Moyano regula de manera general el sistema educativo –cuya vigencia estructural alcanzaría 110 años-, crea también la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas (art. 160). Por si fuera poco que entre el artículo 153 y los 295-296 esa ley diera un control  enorme de “la pureza de la doctrina, de la fe y las costumbres a los eclesiásticos –amén de la enseñanza religiosa a la juventud-, esta Real Academia trataría de “desengañar a los hombres ilusos pero sencillos y de buena fe”, así como de “auxiliar a las autoridades y contribuir al triunfo de la sociedad sobre las hordas de los nuevos bárbaros que se ocultan en su seno y que espían el momento en que poder lanzarse a convertirla en ruinas y cenizas”. El mal –según se proclamó en la inauguración, en diciembre de 1858- era que los asalariados empezaban a reclamar lo que en justicia les pertenecía, cuando no existían derechos sociales y les estaba prohibido sindicarse. El art. 461 del Código penal de 1848 consideraba delictivo coaligarse para encarecer el precio del trabajo y “regular sus condiciones”, precepto que tendría vigencia hasta la ley de 27.04.1909, en que se regularía la huelga.

El premio de los buenos

En vez de una ley justa para todos era más barata la moral individual. Bajo el auspicio de las más altas instancias del Reino, se instituyeron premios a la buena moral y en las Actas de la propia Real Academia de Ciencias Morales y Políticas ha quedado constancia de las incitaciones a los obreros buenos para que, en vez de poner en cuestión el orden social existente,  ahorraran; les aseguraban que así sus problemas e imprevistos podrían tener solución, lejos del vicio y la pereza. De nada valía que quienes instigaban con el esfuerzo moral a los asalariados supieran sobradamente que con los salarios que había –apenas para comer quien trabajaba- no les llegara para nada, como documentaron los testimonios orales y escritos que llegaron a la Comisión de Reformas sociales, entre otros el de Jaime Vera en 1884. La moral ahorradora fue el único recurso disponible frente a una total ausencia de protección social, un proceso muy lento en España. Desde la primera ley de accidentes del trabajo en 1900 hasta que la Seguridad Social –el principal soporte de prestaciones- fue ampliado en los años ochenta del pasado siglo a colectivos que no la tenían, pasaron casi 100 años.  Y todavía continuó limitado el acceso a cuanto en Europa abarcó el  Estado de Bienestar desde final de la II Guerra Mundial durante los 30 años “gloriosos”.

La oposición conservadora a ese gran pacto –inspirado en el Plan Beveridge- venía dado porque removía la idea de la moral ahorradora y, sobre todo, la sacralidad de la propiedad privada. Era 1942 y solo fue posible –en Europa- por miedo a un vuelco del voto de los asalariados. Con la caída del Muro de Berlín en 1989, y  con el triunfo de las posiciones neoliberales  de Reagan y Thatcher, se reinició la marcha atrás. También aquí se implementó esa tendencia y, en las reuniones del Pacto de Toledo, ya florece el mismo sermoneo anterior a que se creara el INP el 27.02.1908. Vuelven los consejos morales, para suplir las protecciones que el Estado se había impuesto como obligación frente a supuestos derechos de sus ciudadanos. No cejan. En la huelga masiva por la enseñanza pública el 19.09.2011, cuando Esperanza Aguirre –en pleno estallido de la crisis- dijo que había que reflexionar “muy en serio” sobre lo que cuesta la enseñanza.

Este es el motivo principal por el que de continuo pretenden edulcorar la realidad social.  insisten en que la producción va bien, sin ocuparse de cómo se reparte su potencial beneficio ni a costa de qué o de quiénes. La estadística sobre turismo español de hace unos días es ilustrativa. La noticia del segundo puesto mundial con 82 millones de visitantes no comentaba nada acerca de la poca productividad de esta “industria”, ni sobre quiénes pagaban el pato en esta burbuja. Si todo va bien en la estadística del PIB, todo lo demás desajustaría la guapa foto.

La educación de los otros

Impartir lecciones de moral sigue siendo propio de gente bien. La hay en todas las clases sociales –“donde quiera que vas”, que ya nos decía en 1969 un guapo grupo americano-, aunque predomina entre quienes han escalado alguna supuesta posición distante de muchos otros que se han quedado fuera. Quieren ser distintos y aspiran a ser más que los demás: no verse mezclados con el común, aunque a menudo resulten ordinarios y groseros. Saben más que los demás –eso dicen- y entre lo uno y lo otro se atreven a dar consejos y, si se tercia, a imponer sus criterios. La libertad es su lema y –en vez de sindicar la solidaridad- han hecho crecer los libros de autoayuda en las librerías: el estrés crece y de algún modo se ha de salir de las limitaciones frustrantes de una “felicidad” inalcanzable.

En Educación -igual que en Sanidad y otras prestaciones-, está sucediendo que los doctrinarios actuales del bien y del mal siguen anteponiendo intereses privados al bien común. Como en el Código penal de 1870, trafucan la norma moral con la jurídica en aras de su conveniencia. La política social de este Gobierno y de la mayoría de las Comunidades autonómicas está siendo regida por maneras y objetivos neoliberales. El pretexto de la crisis les facilita el deterioro creciente de lo público –la Escuela pública en particular- y las privatizaciones, externalizaciones y subvenciones directas o indirectas a iniciativas de negocio privado. Méndez de Vigo repite ahora a Esperanza Aguirre cuando dice que “sin libertad de elegir no hay libertad, y sin ella no lograremos la igualdad que ha de inspirar el sistema educativo”.

El recurso a la ley –y a un pacto previo  en el caso de la Educación- sirve para que la orientación prevalente de las decisiones que se adopten en adelante sea jurídicamente defendible. Con mayoría política clara no hubiera necesitado un pacto para lavar la cara, pero la evolución del sentido del voto en España hace posible ese pacto, toda vez que el recambio de  fidelidades al PP ya dispone de sustituto adecuado. Se equivoca,, sin embargo el sustituto de Wert al señalar que hace 40 años hubo un pacto, “que se tradujo en el artículo 27 de la Constitución”. De haberlo habido, no habríamos tenido tantas leyes orgánicas: ocho respecto a la educación escolar y otras tres respecto a la universitaria. Ni tampoco tantas huelgas, manifiestos y manifestaciones, tan similares a las de antes de 1978 que los carteles de unas y otras son intercambiables.

¿Pactar qué?

No es previsible que, hasta mayo, se logre un pacto que vaya más allá de la apariencia. Es corto tiempo para revertir una tendencia muy arraigada en la historia de la educación española, un campo ricamente propicio para mostrar las diferenciales expectativas sociales. En este juego demostrativo, por otro lado, una parte relevante de la Iglesia institucional ha puesto casi siempre sus  predilecciones, y desde 1961 se le ha sumado la OCDE, igual que el FMI o el Banco Mundial. Milagro sería que coincidieran sus expectativas con las que la democracia recuperada en 1978 no ha alcanzado todavía.

En el entreacto de esta tragicomedia,  mientras los más moralistas siguen ahí impartiendo doctrina a la par que roban, afanan o trafican con lo que es de todos, otros que presuntamente debieran estar al quite parecen mirar si les cae algo de que vanagloriarse en una nueva ley. Esta forma de colaborar hace que lo necesario se demore indefinidamente. Pactar así hará que todo siga el camino trillado. Algunas de las cuestiones que impiden una enseñanza pública de calidad para todos, ni siquiera se rozarán. Observen los múltiples entrecruzamientos y contradicciones entre ley y moral, una vez pactadas medidas contra la violencia con las mujeres: ¿Es machismo la discriminación de género que se practica en muchos colegios concertados de ideario católico?  ¿Con cuánto dinero público se sostienen, pese a ello, sus conciertos educativos? ¿Es justo que se repitan cada año estos conciertos?

Manuel Menor Currás

Madrid, 28.01.2018