Decálogo ideas-fuerza documento de bases
para una nueva Ley de Educación
1. Principios y
finalidades
a.
La educación que queremos se fundamenta en el principio básico del derecho a la educación desde el nacimiento
y a lo largo de toda la vida, así como en los principios de igualdad, laicidad, diversidad,
inclusión, sostenibilidad, autonomía, convivencia, participación democrática,
solidaridad, antiautoritarismo, coeducación. Con un aprendizaje cooperativo que
sea participativo, colaborativo y nunca competitivo, implicando en su consecución
a toda la comunidad.
b.
Las finalidades de la educación que
queremos,
priorizan la formación intelectual para comprender el mundo en el que vivimos y
participar en su mejora; la formación para una ciudadanía responsable, crítica,
solidaria y democrática en un mundo pluricultural; el desarrollo emocional y la
búsqueda del bienestar personal y colectivo de la comunidad de la que forma
parte; la eliminación del sistema patriarcal y el fomento del respeto de las
múltiples identidades sexuales; la formación para el conocimiento, respeto e
implicación en la defensa del medio natural del que dependemos; el desarrollo
de la creatividad y de la estética y el respeto profundo a las necesidades, los
ritmos y la intimidad de las personas que implica la individualidad de cada
niña y niño y el ofrecimiento de una respuesta educativa ajustada y a la vez
integral.
2. La educación
como un derecho
Universalidad
del derecho a la educación en
términos de igualdad y, por lo
tanto, de gratuidad. La educación
pública es la única que puede garantizar que el derecho a la educación sea una
realidad asegurando la cohesión social:
a.
Oferta
suficiente de escolarización pública y gratuita de 0 a 18 años que
garantice que todo alumno y alumna disponga de una plaza asegurada en el
sistema público, de titularidad y gestión pública.
b.
Supresión progresiva de la financiación
pública de los centros privados concertados. Red
única de centros de titularidad y gestión pública que, progresivamente, y
de manera voluntaria y negociada, integre los centros privados concertados.
Mientras tanto, ni un solo concierto más para la educación privada y supresión
inmediata de financiación a centros
que practiquen cualquier tipo de discriminación o no aseguren la gratuidad.
c.
Auditoría de la escuela privada y pública. Establecer
mayores controles sociales y democráticos en los centros educativos y en los
procesos de escolarización y exigir más trasparencia en el funcionamiento y el
ejercicio profesional de la docencia.
3. Educación
Infantil, Primaria y Secundaria
Favorecer la escolarización temprana, universalizando una oferta gratuita de calidad, dando a la Educación Infantil y Primaria la importancia que
merecen como pilares básicos de todo el proceso educativo y
asegurando
una Educación comprensiva de atención
personalizada en todos los niveles.
a.
La
educación Infantil: Una red pública de centros educativos (no
asistenciales), de titularidad y gestión pública, que cubra todas las
necesidades de escolarización de la población infantil (0 a 6 años) reincorporando el primer
ciclo de la Educación Infantil en las legislaciones generales del sistema
educativo y abordando la unidad de escolarización de los niños y las niñas de
0-2 y 3-5 de manera conjunta.
b.
Rebajar la ratio de alumnado por grupo hasta alcanzar los valores
recomendados internacionalmente y responder adecuadamente a las distintas
necesidades del alumnado.
c.
Ampliar la dotación de
personal docente y de otros profesionales del ámbito educativo para
reducir el número de escolares por grupo y por docente.
d.
Proporcionar servicios y recursos suficientes para que todo el
alumnado reciba los apoyos necesarios y progresar de
acuerdo a su ritmo de maduración y aprendizaje a lo largo de la enseñanza
básica.
e.
Evitar la clasificación
y selección temprana del alumnado y garantizar una educación integral, común
y de igual valor para el alumnado en la etapa de educación obligatoria siendo única la titulación al término de la etapa. Sin
perjuicio de contemplar la opcionalidad gradual en función de
motivaciones, que no impliquen
agrupaciones de grupo-clase homogéneas.
f.
Establecer
medidas de protección y promoción social, así como organizativas y curriculares
en el ámbito escolar contra el absentismo escolar.
g.
Sólo en
condiciones muy excepcionales se recurrirá a la repetición de curso en la
enseñanza obligatoria. Antes de llegar a la repetición proporcionar medidas
de apoyo y de refuerzo educativo a quienes muestren necesidades específicas
de aprendizaje.
h.
Crear las
necesarias pasarelas para lograr que, los y las jóvenes puedan
incorporarse a acciones formativas para alcanzar la certificación de la
educación secundaria obligatoria y el acceso a cualquier tipo estudio de forma
accesible.
4.
FP y
Personas Adultas:
a.
Formación Profesional: Red
pública de centros integrados de FP con una oferta pública de ciclos
formativos adecuada y suficiente, que promueva también perfiles profesionales
ligados especialmente al bienestar social y la sostenibilidad ambiental y no
sólo al interés inmediato empresarial.
b.
Educación
Personas Adultas: Extender la red pública, dependiente de
Educación y no de Bienestar Social, provista del personal docente
cualificado necesario para cubrir las demandas existentes.
5. Educación
Inclusiva
Considerar
la diferencia un valor, asignando los
recursos necesarios a quien lo necesite.
a.
Gratuidad en el acceso a la educación: La gratuidad de la enseñanza básica incluirá
la dotación a los centros públicos de libros, recursos, soportes
tecnológicos y materiales didácticos que
utilice el alumnado y el profesorado, así como la utilización del transporte escolar. También incluirá las ayudas,
en su caso, de los servicios de comedor, desplazamientos y residencia, junto a becas salario
para el alumnado que lo necesite y
evitar que los hijos o hijas deban dejar los estudios para contribuir a los
ingresos de la familia. Gratuidad en el acceso a la educación
postobligatoria no universitaria. Dotar de becas suficientes para el
acceso a estudios universitarios de toda la población y reducir sus tasas
de forma inmediata. Tender a la gratuidad total de la educación pública,
desde la primera infancia hasta la universidad.
b.
Organización
del centro y del currículum desde la inclusión:
docencias compartidas en la misma aula, flexibilidad de grupos, profesorado y otros
profesionales que se ajusten a las necesidades... No segregar al alumnado por
capacidades, sexos, diversidad cultural, social... Formar al profesorado para
estas funciones y reconocerle el ejercicio que supone realizarlas.
c.
El carácter
plurinacional del Estado español reconocerá las peculiaridades de cada
Comunidad Autónoma, con aspectos comunes y diferentes y con sus propias leyes
de educación contempladas dentro del marco legal definido por las leyes de
ámbito estatal.
d.
Plan de medidas para favorecer el éxito escolar de todo el alumnado
en la educación obligatoria, concretando actuaciones de apoyo a quienes
presentan dificultades de aprendizaje desde el momento en que se detectan. Incremento
de la dotación de recursos a zonas y centros con mayor escolarización de
alumnado con dificultades y/o en desventaja social.
e.
Contextos
educadores: políticas sociales activas, inversión social en experiencias educativas no formales que eviten la
desigualdad, con políticas laborales y en el sistema educativo que favorezcan
la conciliación de la vida familiar y laboral y la formación integral de las
personas a lo largo de su vida.
6. Currículo sin
idearios particulares
a.
Laico: El carácter laico debe respetarse en el conjunto del
sistema educativo, que respete la libertad de conciencia, eduque sin dogmas y
elimine toda forma de adoctrinamiento del currículo escolar. En consecuencia, la religión, en sus formas
confesionales, y sus actos y símbolos deben salir del currículo y del ámbito
escolar. Para ello se derogará el concordato con el Vaticano y se eliminarán los acuerdos con las
diferentes confesiones que permiten la presencia del adoctrinamiento religioso
en las aulas.
b.
Para la
vida: Currículo que reúna e
integre el conocimiento de las ciencias y de sus aplicaciones tecnológicas, las
humanidades, las ciencias sociales, las artes, los saberes populares y los que
componen la vida cotidiana, de forma que sirva al cuidado de las personas, de
la naturaleza y de la vida comunitaria... y que facilite la deliberación de
problemas controvertidos y ayude a comprender el medio en el que se habita para
construir una ciudadanía informada y crítica.
c.
Pluricultural: El
especial respeto de la diversidad cultural y de idiomas de las diferentes
Comunidades Autónomas hace necesaria el reconocimiento de su autonomía
curricular fijada para los distintos ámbitos: estatal, autonómico y de centro.
Así como configurar los currículos desde un enfoque intercultural e inclusivo,
potenciando también el reconocimiento de los idiomas y la cultura del alumnado
proveniente de familias migrantes y de minorías en los centros escolares.
Considerar el currículo desde una perspectiva de género, ecológica y garante de
la diversidad sexual.
d.
Integral: El diseño del currículo y su desarrollo no se
formulará en términos de listados de contenidos “mínimos” con un atiborrado
compendio de competencias, sino de forma global, integrada y compleja en
términos de resolución de problemas, situaciones sociales, ambientales y éticas
relevantes. Concediendo suficiente relevancia al lenguaje musical, el
movimiento corporal y la expresión artística. Sustituyendo la compartimentación actual del conocimiento por una propuesta
integral, flexible e interdisciplinar (o globalizada) consensuada por la
comunidad educativa y partiendo de las necesidades e intereses del alumnado,
que utilice metodologías activas y participativas centradas en el alumnado,
incorporando el conocimiento que los alumnos y alumnas construyen
colectivamente y respete los diferentes ritmos de aprendizaje.
e.
Adaptado
al contexto: El currículo básico contendrá los ámbitos o áreas de
conocimiento propios de cada etapa educativa, con un amplio margen para su
adaptación y desarrollo por parte de la comunidad educativa.
f.
Que
potencie el conocimiento abierto y compartido: que
tenga en cuenta los nuevos usos sociales de
las TIC, el importante papel de las redes sociales y las comunidades de
software libre, para promover la cultura de la colaboración y el conocimiento
abierto. Cuestionando la hegemonía del libro de
texto y favoreciendo la creación de bancos de recursos didácticos y digitales y
ayudas a la implementación de proyectos curriculares y materiales alternativos
en soportes diversos.
g.
No
competitivo: No se realizarán
pruebas externas que tengan como objetivo la homogeneización del aprendizaje y
la elaboración de rankings, que conduzcan a la jerarquización de centros.
h. Ecológico: Currículo anclado en el territorio, con actividades ligadas al entorno próximo
y contenidos ligados a la sostenibilidad, el mantenimiento de la vida y la
ética ecosocial. Construir y adaptar los centros educativos reduciendo la
huella ecológica y evitando derroches energéticos. Crear espacios verdes
educativos dentro de los centros, incluyendo huertos escolares, bosques
“comestibles” y zonas arboladas no cementadas. Organizar sistemas de transporte
sostenible a los centros educativos a pie y en bicicleta. Promover el consumo
de alimentos ecológicos y locales en los comedores escolares.
7. Profesorado
comprometido y reconocido
a.
Estatuto del profesorado acordado
con los sindicatos que establezca el marco de las condiciones de trabajo de los
docentes, elimine la precarización laboral fijando
las obligaciones del desempeño de tareas que desbordan la jornada lectiva y que dé estabilidad docente para conformar equipos de trabajo estables en
torno a proyectos educativos de centro. Reducir al mínimo imprescindible la
interinidad como sistema de provisión de puestos docentes.
b.
Formación inicial: que asegure una sólida formación pedagógica y práctica que posibilite la
atención diversificada a un alumnado cada vez más diverso con un equilibrio e
integración del conocimiento de la materia, el conocimiento didáctico
específico y los conocimientos generales vinculados a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y todo ello en el
contexto de experiencias prácticas ejemplares, donde cobren sentido y
funcionalidad los componentes disciplinares de la formación. Una preparación que facilite
la innovación educativa en los centros, que promocione el trabajo en equipo y
que fomente una actitud positiva y creativa hacia las nuevas exigencias
culturales y pedagógicas. Todo ello en una formación equivalente con grados y
posgrados que garanticen un cuerpo único de profesorado. Exigir la
actualización del profesorado universitario que imparte la formación inicial.
c.
Selección profesorado: Seleccionar
con mayor rigor a los candidatos y candidatas a la profesión docente con
pruebas rigurosas que incluyan conocimientos profesionales y una evaluación de
la inmersión a la práctica guiada por tutores seleccionados. Reconocer en las
bolsas de contratación y en las oposiciones el tiempo trabajado y valorado
positivamente como uno de los factores fundamentales para el acceso a la
profesión docente. Esto irá acompañado de actuaciones de control que permitan
conocer su competencia profesional docente.
d.
Formación permanente: una parte
obligatoria y dentro del horario lectivo. Desarrollar instituciones como los
Centros de profesorado u otras fórmulas que estabilicen el desarrollo
profesional docente y los programas de perfeccionamiento. Crear redes virtuales
y presenciales de profesorado en las que se sirvan de la experiencia.
e.
Carrera docente: que
garantice un sistema de incentivos profesionales y un modelo de promoción
profesional que contribuya a un compromiso eficaz con la innovación y la mejora
de la enseñanza. Su labor deben ser dignificadas, pero no con leyes de
autoridad que contribuyen a judicializar la educación
8. Autonomía
pedagógica y participación educativa en la organización escolar:
a.
Autonomía de los centros en la organización interna, pedagógica y de uso de
los recursos para ajustarse a la demanda, características y necesidades de su
alumnado y el entorno, a través de las competencias de los Consejos Escolares,
haciendo que sea ser el verdadero órgano de gobierno de los centros, en un
marco de equidad que garantice la no discriminación de unos centros respecto a
otros.
b.
Autonomía pedagógica del profesorado y la dirección para desarrollar un
proyecto educativo consensuado en el seno de la comunidad educativa, facilitándoles la regulación de los
aspectos de gestión económica que respondan a sus necesidades y proyectos.
c.
Ley de
participación educativa que contemple una representación equitativa y
proporcional de todos los sectores de la comunidad educativa en los Consejos
escolares de centro, en los municipales
y autonómicos, volviendo a ser el órgano de gobierno de los centros, que a la
vez se abran a otros agentes sociales relacionados con el proceso de
socialización.
d.
Favorecer la
cultura participativa desde los 0 años. Promoción del asociacionismo y la participación democrática de estudiantes
y AMPAS.
e.
Articular
mecanismos de participación entre el
profesorado y familias en el aula, con una comunicación bidireccional,
en atención al interés superior del alumnado.
f.
Dirección
representativa y
colegiada, voluntaria y renovable, con una limitación en el desempeño del
cargo, representantes de la comunidad educativa. Elegida democráticamente por la comunidad educativa del
propio centro. Autónoma respecto a la administración y sometida a rendición de cuentas
ante la comunidad educativa. Fortalecer el liderazgo pedagógico compartido. Los
equipos directivos gestionarán las decisiones tomadas por los órganos
colegiados.
g.
La comunidad educativa promoverá la participación, el debate pedagógico, el trabajo en equipo y la
cooperación dentro y fuera del centro, frente a un modelo competitivo. Esto
exigirá la reforma de horarios para la organización y desarrollo de reuniones de coordinación y la creación de espacios que faciliten y hagan posibles esos
encuentros.
h.
Integración
del contexto social en la dinámica educativa: Fomentar
la integración de las organizaciones sociales de los barrios en la vida de los
centros y promover los movimientos sociales asociativos de AMPAS y estudiantes.
i.
Apertura de centros fuera
del horario escolar al contexto social: Programa educativo para el tiempo después de la escuela, sin que signifique una prolongación de la escuela,
sino una oferta rica en actividades formativas y culturales de interés.
9.
Evaluación educativa para la mejora:
a.
Utilizar la evaluación como instrumento
necesario para mejorar los procesos educativos, atendiendo a la singularidad y
a las necesidades de cada estudiante.
b.
Las
evaluaciones externas servirán para recabar información sobre
programas y políticas educativas que proporcionen un conocimiento público sobre
el sistema educativo para su mejora. En ningún caso se harán evaluaciones
externas sobre el rendimiento del alumnado que conduzcan a la estandarización
de los conocimientos, la competitividad entre centros y las clasificaciones.
c.
Los centros
recibirán apoyos para la realización de evaluaciones que conduzcan a la mejora
de sus programas educativos, dando voz a todos los agentes de la
comunidad educativa en una evaluación democrática. Así mismo, se fomentará la cultura de la autoevaluación individual del
profesorado y colectiva de los equipos docentes.
d.
Los Servicios de Inspección Educativa
desarrollarán funciones de asesoramiento y apoyo a la comunidad educativa,
tanto en su tarea diaria como en los procesos de autoevaluación.
10.
Financiación garantizada constitucionalmente:
a.
La educación es un derecho fundamental que
debe estar garantizado por una financiación presupuestaria garantizada suficiente
del 7% del PIB.
b.
Constitucionalizar
el PIB destinado a Educación quedando recogido como suelo del gasto en
educación en la Constitución.
c.
Fondo de
Compensación Educativa para financiar actuaciones que aseguren la equidad en todo el territorio en
el ejercicio del derecho a la educación desde la Educación Infantil a la
Enseñanza Superior.
d.
La gratuidad de la enseñanza
básica incluirá
la dotación a los centros públicos de libros, recursos y materiales didácticos
que utilice el alumnado y el profesorado y el transporte escolar. Así como
ayudas, en su caso, de los servicios de comedor.
