Casado hace campaña en un colegio concertado y religioso de Madrid: "Hay que evitar el adoctrinamiento" (Iñigo Aduriz para eldiario.es)

Artículo de Iñigo Aduriz para eldiario.es

• Menos de un mes después de que Ayuso prohibiera una charla de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en un instituto madrileño, el líder del PP protagoniza un acto contra la Ley Celaá en un centro de la Comunidad, el J. H. Newman, que subsiste gracias al dinero público de la administración regional

• — Los estudiantes tendrán que memorizar menos y "saber hacer" más en el nuevo modelo educativo

29 de marzo de 2021

Apenas 20 días después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, prohibiera una charla de la ministra de Igualdad, Irene Montero, el 8M, en un instituto público madrileño, al considerar que se trataba de un ejercicio de "adoctrinamiento", este lunes la presidenta madrileña sí ha permitido un acto del líder de su partido, Pablo Casado, en otro colegio de la capital concertado –que subsiste gracias al dinero público– y en el que se imparte una educación religiosa de la confesión católica: el Colegio Internacional J. H. Newman.

Casado ha acudido a ese centro precisamente en plena precampaña de las elecciones madrileñas del próximo 4 de mayo y lo ha hecho con un fin político, lanzando continuas soflamas contra el Gobierno progresista. El objetivo ha sido cargar contra la nueva ley educativa, la conocida como Ley Celaá, y confirmar la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la citada normativa en el Tribunal Constitucional.

En un mismo discurso, Casado ha asegurado que hay que "evitar el adoctrinamiento educativo" que a su juicio "se está viendo no solo en Catalunya sino también en otras comunidades autónomas" y, a la vez, ha alabado a "John Henry Newman", el inglés al que da nombre al colegio que ha visitado, y que fue "canonizado por el Papa Francisco hace dos años" porque "decidió abandonar la iglesia de Inglaterra para entrar en la Iglesia de Roma por defender la libertad de conciencia". El líder del PP, que ha hablado en un micrófono en el que se podía leer la consigna "Por la libertad" y que ha estado acompañado por el líder de UPN, Javier Esparza, también ha aprovechado para alabar la gestión de Ayuso, candidata a la reelección, asegurando que "en Madrid se garantiza la libertad de elección de centro".

"Los hijos no pertenecen al Estado, debe alejar sus manos de la formación familiar de sus hijos. No vamos a permitir esta ingeniería social", ha asegurado, en alusión al Gobierno progresista. A su juicio, la ley Celaá afecta a la "libertad" de "elección de centro educativo" y es un "ataque contra la educación concertada". También ha dicho Casado que "esta ley conculca lo que es una riqueza, que es la lengua, ataca al castellano como lengua vehicular en toda España". En definitiva, el líder del PP ha tildado la normativa de "instrumento de ingeniería social".

Qué dice el recurso del PP

El recurso ante el Constitucional registrado este martes por el PP, de 90 páginas, impugna 16 artículos (1, 8 bis, 10,12, 16, 17, 27, 28, 29, 50, 55 bis, 56, 78, 81 bis, 83 y 89) y dos Disposiciones Adicionales (la Tercera y la Cuarta) de la Ley Celaá, por entender que vulneran la Constitución española. En el texto se critica así "que en determinadas Comunidades Autónomas con lengua cooficial se trate al castellano como una lengua no propia, ajena, extraña, obligada o impuesta que debe aprenderse o estudiarse como una lengua extranjera más".

Se explica, además, que "la ablación del carácter vehicular del castellano en la educación supone un incumplimiento de la obligación del Estado de garantizar tal carácter de la lengua oficial de España en el ámbito educativo”. "Elimina así el último reducto que permitía a los padres reclamar de las administraciones educativas la efectividad de su derecho a que sus hijos puedan utilizar el castellano como lengua vehicular, normal y natural", añade el recurso contra la norma.

También se impugnan "los preceptos que atacan a la educación concertada", considerando que "se cercena la libertad educativa cuando se impide a los centros concertados organizar actividades complementarias del modo que entiendan más oportuno y adecuado". Asimismo, el PP cree que la con la ley se ataca “frontalmente al sostenimiento económico de los colegios concertados mediante la prohibición de percibir cualquier tipo de aportación por estas actividades".

Finalmente, el PP impugna los artículos que prevén que todas las solicitudes de escolarización en la educación infantil de cero a tres años sean atendidas por plazas públicas.

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Oposición en la calle, los tribunales y los gobiernos autonómicos: Casado aplica la estrategia anti-Zapatero a la 'ley Celaá' (Íñigo Aduriz para ELDIARIO.ES)

ELDIARIO.ES publica esta noticia 

El Partido Popular de Pablo Casado ha decidido hacer frente a la nueva ley educativa aprobada la semana pasada por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, la conocida como 'ley Celaá', con la misma estrategia que el partido empleó hace más de una década contra otras normativas aprobadas durante el primer Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, como la del matrimonio igualitario, la de la regulación del aborto, el Estatut catalán o la también ley de Educación de 2006 (LOE).

Igual que entonces, el plan de los populares consiste en salir a las calles en manifestaciones y protestas como las que recorrieron el pasado domingo varias ciudades españolas –Casado participó en la de Madrid junto a otros dirigentes como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso–, y a las que también se sumaron Vox y Ciudadanos, la recogida de firmas o los recursos ante los tribunales.

El PP tratará además de hacer oposición al Gobierno progresista desde aquellas comunidades en las que gobierna –Madrid, Andalucía, Galicia, Castilla y León y Murcia–, desarrollando otras normativas o disposiciones que, en función de las competencias autonómicas, desactiven al máximo posible la nueva ley educativa, que antes de su publicación definitiva en el Boletín Oficial del Estado (BOE) aún debe ser refrendada por el Senado.

La estrategia de llevar a las calles y a los tribunales su labor de oposición al Gobierno no le funcionó hace más de diez años al PP, entonces dirigido por Mariano Rajoy, que tras perder las generales de 2008 que dieron una segunda legislatura a Zapatero cambió de plan, abrazó la moderación y centró su trabajo contra el Ejecutivo en el Parlamento.

Pero Casado está ahora convencido de que sí puede obtener rédito político de sus ataques a la 'ley Celaá', en un contexto que la dirección popular considera más polarizado que hace diez años y en el que compite por el mismo electorado que Vox, aunque también busca recuperar a votantes fugados a Ciudadanos e incluso a socialistas "descontentos" con la gestión de Sánchez.

Un debate transversal

La tesis de la dirección popular es que la defensa de la educación concertada, esa que Génova 13 ve ahora en peligro porque la nueva ley prohíbe los pagos por una educación que debe ser gratuita o niega los conciertos con los centros que segreguen por sexos, es una causa transversal, que va más allá de la tradicional división entre izquierda y derecha. Lo mismo sucede para la dirección del PP con la defensa del castellano, cuya vehicularidad ha sido retirada de la nueva normativa para facilitar los modelos de inmersión lingüística en aquellas comunidades con lengua propia.

En sus argumentarios internos, a los que ha tenido acceso elDiario.es, la dirección de Casado pide a todos los dirigentes del partido que en sus comparecencias públicas repitan que el Gobierno "ha entregado la educación" de los niños "a los independentistas para sacar los Presupuestos adelante y seguir en el poder". "El futuro de nuestro país dependerá de una ley cargada de sectarismo político y adoctrinamiento ideológico, y que incumple los principios constitucionales al anular la libertad educativa y al castellano como lengua vehicular", apunta la cúpula del PP en las consignas que cada día envía a todos sus cargos.

Para el equipo de Casado, "Sánchez ha pasado por encima de las demandas de la sociedad y de la comunidad educativa, sin más objetivo que garantizar la estabilidad de un gobierno que se ha echado al monte". "El PSOE ha dejado de ser un partido de Estado rompiendo el pacto constitucional con una ley que es de todo menos educativa", sentencia la dirección del PP en sus argumentarios.

El plan para las próximas semanas consiste en recurrir la 'ley Celaá' al Tribunal Constitucional en cuanto se publique en el BOE y también en buscar amparo en la Unión Europea, a donde Casado acude desde hace semanas tratando de presentar cada una de las iniciativas del Gobierno como ilegítimas e intentando que los socios europeos vean con desconfianza la labor de Sánchez por su coalición con Unidas Podemos para condicionar la llegada de los fondos para hacer frente a la pandemia.

Defensa del Estado autonómico

Además, el PP tiene previsto presentar mociones contra la nueva norma educativa "en todos los ayuntamientos, diputaciones y parlamentos regionales" e intentará "frenar" los "aspectos más lesivos" de la ley," como la libertad de elección y la educación concertada y especial", en las cinco comunidades en las que gobierna "a través de decretos u órdenes".

El domingo, tras participar en la marcha a favor de la educación concertada, el PP de Madrid hizo público un vídeo de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en el que asegura que "la Comunidad de Madrid va a seguir defendiendo la libertad de las familias para elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos". "Nos vemos en una situación inesperada, sin consenso y la Comunidad de Madrid va a seguir dando esta batalla tan importante", remarcaba la dirigente autonómica.

Este lunes, Casado aseguraba en una entrevista en la Cope que, con todas esas iniciativas, el PP pretende evitar que la reforma educativa "socave la libertad de las familias" y para "poner a salvo la libertad educativa". La 'ley Celaá', añadía, "durará solo lo que dure este Gobierno" porque si los populares llegan al poder lo primero que harán será derogarla. "Hasta entonces, la recurriremos al Tribunal Constitucional, a Europa porque allí sí que se defiende la libertad y las comunidades autónomas en las que gobierna el PP van a legislar para evitar que esta ley socave la libertad de las familias y para poner a salvo la calidad educativa, también en la pública", apuntaba.

Preguntado por el margen de esas autonomías para legislar contra esa norma, que tiene carácter orgánico, Casado citaba directamente lo que ya ocurrió con el Gobierno de Zapatero y recordaba que las comunidades del PP impulsaron entonces distintas leyes en sus territorios. Como ejemplo, señalaba que en la Comunidad de Madrid se aprobó la Ley de Autoridad del Profesor, en Castilla y León se impulsó una ley de refuerzo de la educación rural y en Galicia "se blindó el trilingüísmo respetando la lengua cooficial" con el castellano y el inglés.

Celaá: "No se van a cerrar los centros de educación especial, son 'fake news'"

"Cuando nosotros defendemos el Estado autonómico recuerdo que también es para estas situaciones. Cuando hay un Gobierno en la Moncloa que es malo para los intereses de las familias españolas, es bueno que en las comunidades pueda gobernar otro partido", sentenciaba el líder del PP. Ante estas palabras, la propia ministra de Educación, Isabel Celaá, consideró después, en una entrevista en TVE, que Casado "está llamando a una suerte de desobediencia".

Ayuso y Casado discrepan sobre la seguridad de los colegios con unos minutos de diferencia (ELDIARIO.ES)

La respuesta constitucional al veto parental (Javier Pérez Royo en eldiario.es)

Artículo de Javier Pérez Royo en eldiario.es

• En la Constitución hay un artículo con el que se puede responder de manera adecuada al disparate que el veto parental supone: el artículo 161.2. De él se ha hecho uso en una gran cantidad de ocasiones. Y en este caso está plenamente justificado.

20/01/2020 

El disparate que el veto parental supone tiene que ser detenido primero y anulado después. Para eso es, justamente, para lo que está el artículo 161.2 en la Constitución, que dice así: "El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses".

El artículo 161.2 CE es, por un lado, un "privilegio procesal" del que el Gobierno de la Nación puede hacer uso cuando interpone un recurso de inconstitucionalidad contra una ley de una Comunidad Autónoma, pero es también, por otro, una vía autónoma mediante la cual el Gobierno puede reaccionar frente a normas o actos sin fuerza de ley, "disposiciones o resoluciones", de una Comunidad Autónoma que entiende que lesionan valores o derechos reconocidos en la Constitución. Este es el caso del veto parental.

Por tratarse de un tema que afecta de manera inmediata al ejercicio del derecho a la educación tal como está reconocido en el artículo 27 de la Constitución, así como por la lesión que puede provocar en dicho ejercicio tanto a los alumnos como a los profesores, es sumamente apropiado que la impugnación se produzca directamente ante el Tribunal Constitucional (TC). Además de la suspensión automática de la disposición o resolución recurrida, que impide que se puedan producir esas lesiones en el ejercicio de un derecho fundamental tan "fundamental" como éste, la interposición del recurso a través de esta vía obliga a la Comunidad Autónoma a tener que argumentar sin dilación ante el Tribunal Constitucional en qué interpretación del artículo 27 de la Constitución descansa la decisión de incorporar el veto parental a su sistema educativo al mismo tiempo que proporciona la posibilidad de solicitar del TC el levantamiento de la suspensión de la misma.

La utilización de la vía prevista en el artículo 161.2 CE tendría la doble ventaja de que, obligaría, por un lado, al Estado a explicar a la opinión pública a través del escrito de impugnación de la resolución recurrida ante el TC por qué considera incompatible con la Constitución el veto parental y, permitiría, por otro, que la Comunidad Autónoma explicara a esa misma opinión pública por qué la razón constitucional está de su parte y no de la del Estado. La Comunidad Autónoma no quedaría inerme ante la actuación del Estado. En un plazo de cinco meses se dispondría de una respuesta del TC, que, en un caso como este, sería prácticamente la definitiva. No es previsible que el TC prolongara la suspensión de la disposición o resolución recurrida argumentando que necesita más tiempo para pronunciarse sobre el fondo del asunto.

Con la mera interposición del recurso constitucionalmente argumentado por parte del Estado y contra argumentado por parte de la Comunidad Autónoma estoy seguro de que dejaríamos el terreno en el que ahora mismo se está produciendo el debate, si es que se puede llamar debate a lo que estamos asistiendo. ¿Hay alguien que piense que lo que está diciendo Pablo Casado estos días en radios y televisiones sería capaz de decirlo ante el TC? Abascal es posible que fuera capaz de decirlo, pero ¿Pablo Casado también?

La impugnación de la resolución de la Comunidad de Murcia por la vía del artículo 161.2 CE estoy convencido de que pondría fin a la polémica de manera inmediata, porque me resulta difícil imaginar que los defensores del veto parental pudieran argumentar en términos constitucionales la compatibilidad del mismo con el derecho a la educación. Con el veto parental se puede hacer agitación política, pero no argumentación constitucional.

En el terreno de la agitación política su eficacia resulta indiscutible. Hace días que no se habla de otra cosa. En el de la argumentación constitucional pienso que carece por completo de ella. Por eso es importante que el Gobierno cambie el terreno de juego. La batalla del veto parental no debe librarse en el ámbito de la agitación política, sino en el del procedimiento de naturaleza constitucional ante el máximo intérprete de la Constitución. Esto únicamente lo puede hacer el Gobierno de la Nación. En mi opinión, debe hacerlo.

De Vox se puede esperar que tenga la temeridad de intentar justificar ante el TC el veto parental, pero ¿también del PP?, que, en última instancia, es quien tendría que sostener el peso de la argumentación, ya que no es Vox, sino el PP, quien preside el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Murcia. La disposición o resolución que introduzca el veto de los padres no llevará la firma de Vox, sino la del PP y Ciudadanos, que forman el Gobierno de coalición de la Comunidad.

El Gobierno debería situar al PP frente a su responsabilidad como partido de gobierno. De Murcia y de otras Comunidades Autónomas, de tal manera que fuera visible para todos los ciudadanos del Estado, y no solamente para los de Murcia, de qué manera interpreta la Constitución en materia tan sensible como es el derecho a la educación un partido que no se cansa de autocalificarse de "constitucionalista".

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Casado propone "reforzar" la inspección educativa y "darle competencias sancionadoras ante el adoctrinamiento" (ELDIARIO.ES)

Reproducimos esta información de EL DIARIO

El presidente del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado, ha abogado en materia educación por "reforzar la inspección y además darle competencias sancionadoras". "Si hay algún colegio está adoctrinando a nuestros hijos, la inspección podrá denunciarlo y actuar contra ese funcionario y contra ese colegio; se acabó lo de jugar con nuestros hijos para proyectos políticos ideológicos, sectarios", ha apuntado en Salamanca.

Casado ha dado a conocer las líneas programáticas de los 'populares' en materia educativa, en un mitin en el Teatro de la Plaza de Santa Teresa de Salamanca, que se ha llenado y que ha contado con las intervenciones del presidente del PP en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, la número tres al Congreso por Madrid, Edurne Uriarte, el presidente provincial, Javier Iglesias, y el cabeza de lista a la Cámara Baja por Salamanca, José Antonio Bermúdez de Castro.

Sobre sus compromisos en educación, el candidato a La Moncloa ha comenzado con su defensa de la "libertad de elección" y acabar así "con las zonas, con los códigos postales", y que "cada familia lleve al niño al colegio que quiera".

A continuación, Pablo Casado ha defendido las pruebas para los alumnos al final de cada ciclo y que en Bachillerato sea "vinculante", y "garantizar que el castellano sea lengua vehicular en toda España". También, en su intervención en Salamanca, ha apostado por unas "materias troncales" que "se estudien en todas las zonas" y reforzar los conocimientos de humanidades junto a las matemáticas, la tecnología, la ciencia y la ingeniería.

Casado ha continuado con su apoyo al bilingüismo en inglés y la "educación en libertad" con su defensa de la concertada y la especial para las personas con algún tipo de discapacidad si así lo quieren; además de su respaldo a la educación rural, para "dar facilidades" a las familias y que se queden en sus pueblos si así lo desean.

En el apartado de "prestigiar la profesión docente", ha reseñado que "un país se mide por la calidad de su profesorado" y ha mostrado su respaldo a que "en España haya un Mir educativo para seleccionar a los mejores".

Finalmente, además de recordar su apuesta por la "conciliación", ha subrayado el interés por la formación dual, "prestigiar" la Formación Profesional dual y que las empresas traten de "participar en el desarrollo" también de los alumnos en la etapa universitaria.

La comisión de investigación del caso Máster cita a Cifuentes y libra a Casado y Montón por la abstención del PSOE (Sofía Pérez Mendoza para ELDIARIO.ES)

ELDIARIO.ES publica esta información

La expresidenta de la Comunidad de Madrid tendrá que volver a la Asamblea casi un año después de su dimisión por el caso Máster. Podemos y Ciudadanos han forzado su comparecencia en la Comisión de Investigación de Universidades un día después de que la Fiscalía pidiera tres años y tres meses de prisión para ella por inducir a la falsificación del acta de su Trabajo Fin de Máster (TFM). Será el próximo 6 de marzo, en la sesión extraordinaria.

Se quedan fuera del cupo, sin embargo, el líder del PP, Pablo Casado, y la exministra Carmen Montón. El PSOE ha votado en la Mesa de la Comisión a favor de la citación de Cifuentes pero se ha abstenido en estos otros dos casos, de manera que la propuesta ha decaído dado que Podemos no está en la mesa y no vota, informan fuentes parlamentarias. El PP, por su parte, ha rechazado las tres comparecencias.

PP y PSOE lograron bloquear la semana pasada que los políticos se enfrentaran a las preguntas de los diputados y diputadas en relación al supuesto trato de favor que recibieron de la Universidad Rey Juan Carlos. Con este portazo ya parecía imposible que la expresidenta terminara declarando. La última sesión prevista estaba cerrada para el 4 de marzo y excluía a los tres. Pero el respaldo del PSOE permitió sacar adelante una sesión extraordinaria, al margen de las cuatro pactadas. Escasas, para la oposición, y consecuencia de las maniobras del PP para retrasar todo lo posible la formación de la comisión propuesta por Ciudadanos.

La semana pasada, Podemos y Ciudadanos propusieron al PSOE una "solución de compromiso" para acceder a sus comparecientes "prioritarios" –el consejero de Educación, el rector de la URJC y el exdirector de Madrid+d– a cambio de que apoyaran la citación de Pablo Casado, el único que no ha "asumido responsabilidades políticas" por el supuesto trato de favor de la URJC cuando cursó su máster. Pero los socialistas tampoco accedieron.

Este martes, el PSOE ha apoyado que Cifuentes vuelva a la Asamblea de Madrid en calidad de compareciente pero no que lo haga una de las suyas, Carmen Montón, y el líder del PP Pablo Casado. Las negociaciones se han mantenido hasta el último momento y a primera hora de la mañana la postura socialista aún no estaba totalmente definida.

El escrito de la Fiscalía conocido hace 24 horas ha empujado también la citación de Cifuentes, que es señalada por el Ministerio Público como inductora de la falsificación de un documento con el que intentó salvar su carrera política. La expresidenta habría esquivado todas las consecuencias penales por el polémico caso máster de no haber instigado esta acción para presentar un papel a los medios con el que justificar que su versión de que cursó el máster.

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La Universidad Rey Juan Carlos recurre el archivo del caso Máster (Raúl Rejón y Pedro Águeda en eldiario.es)

Artículo de Raúl Rejón y Pedro Águeda en eldiario.es

• La universidad pública, que es acusación particular en el caso de las titulaciones de Cristina Cifuentes, Pablo Casado y Carmen Montón, ha decidido recurrir el archivo decretado por la jueza

• La magistrada Rodríguez-Medel había cerrado el caso tras la decisión del Supremo de no investigar al aforado Casado

La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) ha informado este martes de que "recurrirá el sobreseimiento provisional de las diligencias previas 886/2018 del juzgado de instrucción número 51 de 1 de octubre de 2018".

Se refiere a  la decisión de la jueza Carmen Rodríguez-Medel de dar carpetazo a la investigación de los másteres de Cristina Cifuentes, Pablo Casado y, presumiblemente, el de la exministra Carmen Montón, tras la decisión del Tribunal Supremo de no investigar al presidente del PP. 

"Desde el máximo respeto a las decisiones judiciales, la URJC no comparte los criterios establecidos en dicha resolución relativos a la interpretación que se efectúa del auto del Tribunal Supremo de 28 de septiembre de 2018 que ha dado lugar al archivo de una parte sustancial de la causa", dice en un mensaje esta universidad pública. 

Tras la decisión de Medel, la causa que investigaba si se dieron títulos regalados a alumnos "escogidos" frente a otros "ordinarios", quedó reducida a una investigación contra cinco personas y solo circunscrita a  la falsificación del acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM) de Cristina Cifuentes , el documento que usó para defenderse de las primeras informaciones.

La jueza decidió este lunes el archivo del caso a excepción de esta parte después de que el Tribunal Supremo decidiera el viernes anterior no imputar a Casado después de recibir la exposición razonada de la jueza, el documento en el que resumía la investigación y exponía sus argumentos para investigar al presidente del PP.

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El Supremo rechaza investigar a Pablo Casado por su máster aunque ve indicios de "trato de favor" (Elena Herrera en eldiario.es)

Artículo de Elena Herrera en eldiario.es

• El alto tribunal no admite a trámite la exposición razonada de la jueza de Madrid que vio en su actuación indicios de prevaricación y cohecho impropio

• Sí reconoce la existencia de "indicios" de un "trato de favor" que "pudiera merecer otro tipo de consideraciones ajenas al derecho penal" 

• La Fiscalía se opuso a esta investigación al alegar que no hay "dato alguno" que avale que el líder del PP obtuvo su posgrado en la URJC de forma fraudulenta

El Tribunal Supremo no investigará el máster que Pablo Casado cursó en la Universidad Rey Juan Carlos. La Sala de lo Penal ha rechazado admitir a trámite la exposición razonada de la jueza de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, que solicitaba la apertura de una investigación por los delitos de prevaricación y cohecho impropio en relación a esos estudios. Los jueces del alto tribunal acuerdan no abrir causa penal al no apreciar "indicios consistentes" de su participación delictiva, aunque sí admiten la existencia de "indicios" de que recibió un "trato de favor" que " pudiera merecer otro tipo de consideraciones ajenas al derecho penal".

El pasado viernes, la Fiscalía ya se pronunció en contra de que se investigara a Casado por este asunto. En su escrito, el Ministerio Público aseguró que "no existe dato alguno que avale, ni siquiera de forma indiciaria" que el líder del PP se concertara con el director del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde, para obtener su máster de forma fraudulenta. Esa falta de concierto, razonaba la Fiscalía, es lo que impide imputarle el delito de prevaricación. La Sala asume ese criterio y concluye que no concurre el concierto de voluntades previo o simultáneo que requiere ese delito, si bien no llegar a afear a la jueza haberse extralimitado en sus investigaciones como sí apuntó el Ministerio Público.

En su auto, con ponencia del magistrado Miguel Colmenero, el alto tribunal explica que la cooperación necesaria en el delito de prevaricación administrativa se produce cuando el sujeto coopera a la ejecución de un delito con un acto sin el cual no se habría ejecutado. Añade que la jurisprudencia exige, de un lado, un concierto de voluntades con el autor, que puede ser previo o, cuando menos, simultáneo al acto prevaricador; y, de otro lado, una aportación esencial a la ejecución, que generalmente se produce en la fase de preparación. En tercer lugar, indica que el cooperador tiene que actuar con un doble dolo: conocer el plan del autor y saber que con su aportación coopera a su éxito.

En su exposición razonada , la jueza Rodríguez-Medel concluía que al hoy presidente del PP le regalaron el título "a modo de prebenda o dádiva". Casado obtuvo el máster sin ir a clase y siéndole convalidadas todas las asignaturas a excepción de cuatro, que aprobó con sobresaliente con otros tantos trabajos que sumaban entre todos 92 páginas. El Supremo ve en estas actuaciones indicios de que hubo un "trato de favor", pero no de que existiera un acuerdo previo entre Casado y los responsables del máster para obtener privilegios respecto al resto de alumnos.

Sobre las convalidaciones recuerda que la jueza Rodríguez-Medel ya reconoció que eran lícitas y concluye que pueden deberse a un "irregular" comportamiento de los responsables del máster y que no son indicativas de la comisión de un delito por parte de Casado. Respecto a la inasistencia a clase, la Sala afirma que "tampoco es indicativa de un acuerdo previo". Y da otro pequeño rapapolvo a la jueza al sostener que la importancia de ese aspecto es "relativa", pues en su exposición razonada ya reconocía que no se pasaba lista y que en una asignatura puntuaba solo con un 10%.

Respecto al delito de cohecho impropio, el tribunal subraya que la valoración de los hechos debe realizarse en relación con la posición del aforado en el momento de su ejecución, cuando era diputado de la Asamblea de Madrid, por lo que "deberá existir alguna vinculación apreciable entre el regalo que se dice recibido en la exposición razonada y su función como tal diputado". Según los magistrados, el hecho de que fuera presidente de Nuevas Generaciones del PP tampoco implica la condición de autoridad o funcionario público.

El cohecho prescribe a los cinco años y Casado cursó el máster en el curso 2008/2009, por lo que el Ministerio Público ya señaló que no podría ser investigado por ese delito y no llegó a profundizar en la cuestión. Sin embargo, la jueza Rodríguez-Medel sí consideró que es un delito conexo al de prevaricación administrativa, que aún no ha prescrito y en el que, a su juicio, Casado cooperó para su comisión. La Sala asume de nuevo en este punto el criterio de la Fiscalía y concluye que "excluida la consistencia de los indicios respecto de la comisión [del delito de prevaricación], no es necesario el examen del mismo".

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La Fiscalía del Supremo obvia las evidencias del trato VIP a Casado y otras tres alumnas (Marcos Pinheiro en eldiario.es)

Artículo de Marcos Pinheiro en eldiario.es

• La investigación ha demostrado que solo cuatro alumnos, entre los que estaba Casado, accedieron a las convalidaciones masivas en el máster

• Mientras la mayoría de estudiantes tuvo que acudir a clase, estos cuatro aprobaron solo con presuntos trabajos que no han aportado a la causa

• Todos han reconocido (tres de ellos en el juzgado) que siguieron los pasos que les marcaba el profesor Enrique Álvarez Conde, responsable del posgrado

La Fiscalía del Supremo no cree que Pablo Casado y otras tres alumnas del máster se concertasen con el profesor Enrique Álvarez Conde para aprobar sin pisar el aula y con una convalidación masiva de asignaturas. No ve indicios de que hubiese un "grupo escogido" de alumnos con trato VIP. Sin embargo, las tres imputadas reconocieron que fue ese catedrático quien les dio indicaciones para aprobar, mientras que al resto de alumnos se les obligó a asistir a clase y no tuvieron la oportunidad de reconocer créditos.

En el informe por el que rechaza que se impute al presidente del PP, la Fiscalía señala que no existe "dato alguno que avale, ni siquiera de forma indiciaria, y al menos en relación al aforado sr. Casado Blanco" que Álvarez Conde se concertó con un grupo de alumnos para que se matriculasen, convalidasen créditos y aprobasen el resto de asignaturas del Máster de Derecho Autonómico sin hacer nada.

Es lo contrario de lo que sostiene la jueza Carmen Rodríguez-Medel en su exposición razonada al Supremo. El informe que firma el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, afirma que "no pasa de ser una mera sospecha o conjetura". Las declaraciones de imputados y alumnos en el juzgado y en distintos medios de comunicación se extrae que efectivamente hubo un trato VIP a ciertos alumnos, entre los que estaba Casado, y que no tuvieron que hacer el mismo esfuerzo que el resto para sacar adelante su título.

El testimonio más claro es el de María Dolores Cancio, becaria de Álvarez Conde, el director del polémico instituto y hoy imputado por la gestión en los másteres de Cristina Cifuentes y del propio Casado. A la juez del caso esta alumna le contó que fue Álvarez Conde quien le indicó que cursara el máster como vía para obtener luego el doctorado. El responsable del posgrado le indicó qué pasos tenía que dar para aprobar sin hacer nada. El primero era presentar la solicitud de convalidaciones, algo que el catedrático le animó a hacer.

"Realmente no lo cursé (...) Enrique me dice que no es necesario que vaya a clase", dijo Cancio, que a preguntas de la magistrada insiste en varias que ni pisó el aula ni hizo ningún trabajo. Así consta en los audios de su declaración, que adelantó la cadena Ser.

Otra de esas alumnas con trato VIP fue Alida Mas Taberner, que no supo explicar ante la jueza por qué le reconocieron los créditos antes incluso de que ella lo solicitase. Sí que admite que le propusieron que, por la licenciatura que había cursado, podía pedir la convalidación de la mayoría de los créditos del posgrado. La jueza le pregunta quién le hace esa recomendación: "El profesor Álvarez Conde". "Se te reconocen y listo", dijo que fue la frase concreta del responsable del máster.

La tercera alumna imputada es María Mateo Feito. Ante la jueza dijo que "igual" Álvarez Conde le dio un modelo de reconocimiento de créditos que firmó su secretaria, porque era algo que solía hacer. Ante la magistrada no reconoció su firma, así que concluyó que quizá fue su secretaria quien se ocupó de ese trámite.

A diferencia de Cancio, Feito y Mas Taberner afirman que tuvieron que entregar trabajos para aprobar, pero dijeron que no guardan ningún rastro electrónico de ellos porque los entregaban en mano. Tampoco tienen copias en papel.

Sus declaraciones son similares a las explicaciones que Casado ha dado sobre su máster, aunque en su caso no han sido en sede judicial precisamente por su condición de aforado: la juez que imputó a sus compañeras no tiene capacidad para investigar a un diputado en el Congreso, solo el Tribunal Supremo. Casado repitió en declaraciones a los medios que fue Álvarez Conde el único profesor con quien trató y quien le indicó cómo tenía que hacer la solicitud de las convalidaciones. Superó por esa vía 18 de las 22 asignaturas del postgrado. 

El testimonio de este grupo de alumnos contrasta con el que dieron el resto, los que no gozaron de esas facilidades. A la jueza estos últimos le dijeron que ellos tuvieron que ir a clase y que nadie les ofreció convalidar asignaturas. "No recuerdo que nadie me informase ni nadie me dijese nada", relata un alumno en su declaración como testigo. En conversación con eldiario.es, otro insistió en que nunca le dijeron que podía reconocer créditos.

Además, estos alumnos informaron a la jueza de que ellos sí debían entregar los trabajos a través de un correo electrónico –no en mano, como dijeron los VIP– y algunos informaron de que aún guardaban las copias. Destaca el caso de una alumna que, incapaz de cumplir con las exigencias académicas, tuvo que abandonar el máster y no pudo recoger el título.

En su exposición razonada, la jueza que pidió la imputación de Casado distingue este "grupo ordinario de alumnos" de un "grupo escogido" basándose en estas declaraciones y en la coincidencia de expedientes entre los cuatro VIP. A todos se les reconocieron las mismas asignaturas y obtuvieron las mismas notas –siempre sobresaliente– en las asignaturas que aprobaron con supuestos trabajos que ahora no aparecen. Y las obtuvieron, además, a pesar de que las normas del máster obligaban a ir a clase para ser calificados con la máxima nota.

La jueza, en el escrito enviado al Tribunal Supremo, no solo destaca que solo estos cuatro alumnos escogidos presentaron la solicitud de convalidación, sino que tres de ellos lo hicieron el mismo día " a pesar de la amplitud del plazo para solicitar el reconocimiento". La cuarta fue Feito, que lo presentó fuera de plazo. Además, las convalidaciones se hicieron sin rellenar campos básicos de las solicitudes. Las cuatro tenían los mismos campos en blanco.

A pesar de los indicios documentales y de las declaraciones de los alumnos, la Fiscalía insiste en que no hay "prueba alguna" de que un grupo de cuatro alumnos recibiesen un trato de favor en concierto con el responsable del máster para aprobarlo sin hacer nada. Por tanto, no hay razón para imputar a Casado por los delitos de prevaricación y cohecho, de los que están acusadas sus tres compañeras.

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La Fiscalía se opone a investigar a Pablo Casado por su máster (Pedro Águeda en eldiario.es)

Artículo de Pedro Águeda en eldiario.es

• Evita pronunciarse sobre el cohecho porque está prescrito y alega que "no hay un solo dato" que haga sospechar que cometió prevaricación 

• Una sala presidida por Manuel Marchena, con otros tres jueces conservadores y una progresista tomará la decisión final sobre imputar al presidente del PP

• La jueza Rodríguez-Medel envió el caso al Supremo al apreciar en el aforado indicios de prevaricación y cohecho impropio 

• La decisión es fruto del trabajo conjunto entre el fiscal jefe del Supremo y el equipo de la fiscala general del Estado, María José Segarra

La Fiscalía del Tribunal Supremo se ha pronunciado en contra de que la Sala de Admisión admita a trámite la exposición razonada de la jueza del caso máster en la que solicitaba abrir una investigación al presidente del PP, Pablo Casado, por los delitos de prevaricación y cohecho impropio, en relación con el máster que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos, han informado a eldiario.es fuentes fiscales.

En su escrito, la Fiscalía asegura que "no existe dato alguno que avale, ni siquiera de forma indiciaria", que Pablo Casado se concertara con el director del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde, para obtener su máster de forma fraudulenta. Y esa falta de concierto, razonan, es lo que impide imputar al presidente del PP el delito de prevaricación. 

En cuanto al cohecho, la Fiscalía recuerda que se trata de un delito ya prescrito. La jueza Rodríguez-Medel, sin embargo, razona que es conexo al de prevaricación y que éste último no está prescrito, lo que permitiría también investigar el primero. El Ministerio Público no entra a valorar siquiera los indicios sobre el cohecho, esto es, que Casado recibió el máster por ser quién era en la política, diputado de la Asamblea de Madrid y presidente de Nuevas Generaciones en el momento de los hechos. Su argumento para no valorar esos indicios es la citada prescripción. 

El informe de la Fiscalía del Tribunal Supremo no es vinculante para la Sala de Admisión que decidirá sobre la imputación de Casado. El sistema de turnos  establecido en enero pasado por el Consejo General del Poder Judicial  para el presente ejercicio establece que los cinco miembros de la Sala de Admisión en caso de aforados sean Pablo Llarena, instructor de la causa del 1-O; los también conservadores  Francisco Monterde, Miguel Colmenero y Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Supremo y que también preside este tribunal; y la magistrada progresista Ana Ferrer.

El fiscal jefe del Supremo, Luis Navajas, ha trabajado en el informe en colaboración con la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, que dirige desde el pasado 7 de septiembre Fernando Rodríguez Rey, la persona elegida por María José Segarra, la fiscala general, para el órgano clave del organismo que dirige. 

En su exposición razonada, la jueza del caso máster, Carmen Rodríguez-Medel, concluye que al hoy presidente del PP le regalaron el título "a modo de prebenda o dádiva". Casado obtuvo el máster sin ir a clase, siéndole convalidadas todas las asignaturas a excepción de cuatro, que aprobó con sobresaliente con otros tantos trabajos que sumaban entre todos 92 páginas. La jueza cree que Casado es autor de un delito de cohecho impropio, por haberse beneficiado del máster, y que es cooperador de la prevaricación administrativa.

El cohecho prescribe a los cinco años y Casado cursó el máster en el curso 2008/2009, por lo que no podría ser investigado por ese delito. Sin embargo, la jueza Rodríguez-Medel considera que es un delito conexo al de prevaricación administrativa, que aún no ha prescrito y en el que Casado cooperó para su comisión. En este sentido, la magistrada cita una sentencia de la propia Sala de lo Penal del Supremo en el que el magistrado Andrés Martínez Arrieta establece que "basta ser consciente de que se está participando en una decisión arbitraria", cometida por un funcionario público, para ser cooperador de un delito de prevaricación.

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Cuatro profesores de Derecho de Casado dijeron a la inspección de la Complutense que no fue a sus clases (Laura Galaup en el diario.es)

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Chisgarabís de aparato (Agustín Moreno en CUARTOPODER.ES)

Agustín Moreno nos envía el enlace a su artículo publicado en cuartopoder.es

• Cachorro del aparato del partido, no ha tenido nunca un trabajo normal ni en la empresa privada ni como empleado público.

• La pregunta es: ¿tan mal anda el PP para apostar por un líder mediocre y con plomo en las alas por estar bajo todas la sospechas por sus trapacerías con el título, el máster y sus cursos?

Tras la moción de censura y la retirada de Rajoy se abrió el melón sucesorio en el Partido Popular. El mejor colocado era Núñez Feijóo. Podía haber sido elegido nuevo líder del partido prácticamente sin discusión, pero con buen criterio decidió no presentarse. Quizá, su temor a las guerras de dossieres y sus pasadas relaciones con un narco paisano le llevaron a dar un paso atrás y seguir en Galicia, territorio conocido. Pero hete aquí que, junto a la candidatura de la exvicepresidenta del Gobierno y niña mimada de Rajoy, Soraya Saénz de Santamaría, se presenta como candidato Pablo Casado, un joven diputado del PP que había tenido un ascenso meteórico desde las Nuevas Generaciones tutelado por Aznar y Esperanza Aguirre. Aunque estaba bajo sospecha pública por sus estudios, él no tuvo ninguna duda y optó por una fuga hacia adelante quizá también para blindarse. Como levantaba menos rechazo que Saénz de Santamaría, fue elegido nuevo presidente del PP.

Pablo Casado se dio a conocer en 2008 con aquel discurso agresivo y desparpajado que hizo las delicias del partido y donde insultaba a la izquierda y a los familiares de las víctimas del franquismo: “… la inmensa mayoría de los jóvenes españoles son del PP y aún no lo saben. Si es que en pleno siglo XXI no puede estar de moda ser de izquierdas, son todos unos carcas, están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién, con la Memoria Histórica”.

Cachorro del aparato del partido, no ha tenido nunca un trabajo normal ni en la empresa privada ni como empleado público. Cuando debía estar estudiando se dedicaba a pillar cargos públicos: asesor del gobierno de Aguirre por 50.000 euros con 23 años y sin ninguna titulación, presidente de Nuevas Generaciones, diputado autonómico de Madrid desde 2007, jefe de gabinete del expresidente Aznar de 2009 a 2012 o diputado en las Cortes desde 2011. En su precocidad política, saltando de la nada al cargo y al sueldo público, están sus dificultades para aprobar la carrera, su retraso académico y su afán por tunear el currículum con másteres y cursos. No es la mejor educación política que el ascenso de los dirigentes se base en las intrigas y los medros desde los aparatos de los partidos. Trepar distrae de estudiar y el complejo de no tener titulaciones académicas, cuando se anda sobrado de ambiciones, es quizá el origen de todo lo sucedido. Desgraciadamente, no es ni el único caso ni el único partido político donde se produce.

En el plano académico empezó a estudiar Derecho en la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE) y se le atragantó. He podido leer a compañeros suyos que dicen que era muy simpático y hablador, pero no debía estudiar mucho cuando de 1999 a 2004 apenas aprobó la mitad de la carrera y agotó las convocatorias. Tuvo que trasladarse al CES Cardenal Cisneros, un centro privado adscrito a la Universidad Complutense de Madrid y cuyos cargos los nombraba el gobierno de Esperanza Aguirre; de hecho Lucía Figar era la presidenta del patronato del centro de estudios. Allí acabó de forma exprés la carrera. Después de salir elegido diputado autonómico de Madrid en 2007, aprobó en cuatro meses el 48% de las asignaturas, algo que los expertos consideran imposible sin recibir “ayudas” ni por alumnos con altas capacidades, que no parece el caso. Según dijo el exdirector del centro, Alberto Pérez de Vargas, recibía presiones de Esperanza Aguirre para pedirle favores académicos: “Hombre, cuídame a este chico, que tengo mucho interés”. Aguirre lo ha negado y ha llegado a decir que “A lo mejor llamó alguien haciéndose pasar por mí”. Según publicó El Mundo hubo profesores que afirmaron que “le regalaron parte del título”. Pero el dato significativo a retener es que aprobó casi media carrera en solo cuatro meses, cuando le costó cinco años en ICADE cursar la otra mitad.

Después de aquella experiencia debió de pensar que era muy fácil engordar el currículo si se tenían amigos para construir la ficción. Se graduó en Administración y Dirección de Empresas (ADE) en la Universidad Rey Juan Carlos. Y vinieron los plagios de trabajos y el máster regalado según dice la jueza instructora del caso. O sus estudios que él llama de “posgrado” en Harvard y Georgetown; cursos que en realidad hizo en Aravaca (Madrid) en cuatro días no metafóricos, sin tener que hacer ningún examen y becado por ser parlamentario. Con esa impostura propia de un fantasmón, también se presentó como profesor visitante de Georgetown, cuando solo había dado alguna conferencia.

Al saltar el escándalo del máster de Cristina Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos, que le llevó a dimitir, se destapa una trama que salpica de forma directa a Casado. Se apresuró a desmentir su implicación y a enseñar desde lejos las portadas de unos pocos folios como sus trabajos de fin de máster. Pero la justicia abrió una causa por el “caso Máster” y la jueza instructora, Carmen Rodríguez-Medel, desplegó una pieza separada para investigar cómo consiguió el máster Pablo Casado. La jueza imputó a otras tres alumnas del mismo máster. No lo pudo hacer con Casado ya que al ser diputado está aforado y es el Tribunal Supremo el que tiene que decidir. Pero sí concluyó la instrucción diciendo que fue conseguido el título “a modo de prebenda” y pidiendo al Supremo que fuera imputado por cohecho impropio y prevaricación administrativa.

Hasta aquí lo que podríamos llamar las hazañas académicas. Políticamente hay que decir que Casado es muy de derechas. Sionista convencido ha sido fundador del think tank “Friends of Israel Initiative”. Admira a Aznar como su “referente político e ideológico”, compite con Rivera a ver quién se lleva el voto de la ultraderecha, es irresponsablemente xenófobo con la inmigración y no duda en propagar bulos como el de los millones de personas agazapados en el norte de África para invadirnos, catalanofóbico…. No parece muy fino, sino más bien de brocha gorda y provocador cuando llama asesino al Che Guevara, compara el futuro de Puigdemont con el presidente republicano de la Generalitat fusilado Lluis Companys, cuando afirma que el trabajo de las kellys es como el de un médico, cuando llama imbécil a Javier Bardem o la última boutade de ¡Viva el rey! cada vez que se estornuda. Sí que parece que ha logrado frenar la caída electoral del PP, ayudado por la errática y torpe política de Ciudadanos.

Ahora bien, los casos de los másteres (incluido el de la dimitida ministra Carmen Montón) han hecho un gran daño a la Universidad Pública, a sus estudiantes que se dejan la piel luchando por aprobar, a sus familias que hacen sacrificios económicos importantes, a la proclamada cultura del esfuerzo y al todos somos iguales. En el caso de Pablo Casado es un escándalo, que ya se conocía durante el proceso de elección del nuevo presidente del PP. Por eso la pregunta es: ¿tan mal anda el PP para apostar por un líder mediocre y con plomo en las alas por estar bajo todas la sospechas por sus trapacerías con el título, el máster y sus cursos? Casado cree que si el Supremo no le imputa todo pasará y a ello se confía. En el PP lo tienen muy claro y lo ha dicho Rafael Hernando: “No se va a producir” la imputación. Pero están equivocados. Siempre puede haber sospechas sobre la objetividad de una sala que tiene una composición muy mayoritaria de jueces conservadores, entre ellos el juez Llarena. Pero, sobre todo, existirá la duda sobre la preparación académica y política de una persona que dirige el principal partido conservador de España y que aspira a ser presidente del Gobierno de la nación. Para afrontar las graves dificultades que tiene el país se necesitan dirigentes con estatura política y moral, no chisgarabís de aparato.

Un informe del año 2013 advirtió de las irregularidades del máster que cursaron Cifuentes y Casado (ELDIARIO.ES)

Artículo publicado en eldiario.es

• La fundación Madrid+D señaló una serie de errores en torno al máster en Derecho Autonómico y Local de la Universidad Rey Juan Carlos

• No se aclaraba si el máster era presencial, no se especificaba la normativa de reconocimiento de créditos y no estaban claras las normas de la titulación

• La Rey Juan Carlos y la Comunidad de Madrid ignoraron los errores a los que se refería el informe y sus posibles soluciones

Una fundación dependiente de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid advirtió en el año 2013 de ciertas irregularidades en torno al máster de Derecho Autonómico y Local de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC). Según la Cadena SER, en uno de sus informes la Fundación para el Conocimiento Madrid+D señalaba errores en la titulación de posgrado que cursaron Cristina Cifuentes y Pablo Casado.

La URJC no aclaraba si el máster era presencial o semipresencial. Tampoco especificaba cuál era la normativa a seguir en caso de solicitar una convalidación de créditos. Faltaba información básica en las guías docentes de la titulación y no estaban claras las normas de funcionamiento del posgrado o el sistema de toma de decisiones.

Madrid+D emitió este informe tan solo un año después de que la expresidenta de la Comunidad de Madrid acabase el curso. En su estudio, la fundación daba cuenta de las irregularidades de la titulación y proponía una serie de soluciones para subsanarlas pero, según apunta la Cadena SER, la URJC y la Comunidad de Madrid lo dejaron pasar.

El máster de Derecho Público y Autonómico de la URJC lo impartía el Instituto de Derecho Público, que por entonces gestionaba Enrique Álvarez Conde.

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La jueza del máster de Casado se basa en sentencias del propio Supremo para pedirle que impute al presidente del PP (Raúl Rejón para EL DIARIO)

Reprducimos esta información que publica ELDIARIO.ES

La jueza Carmen Rodríguez-Medel ha utilizado los razonamientos del propio Tribunal Supremo para sostener su petición a ese mismo organismo de que impute al presidente del PP, Pablo Casado, por el caso de su máster.

En su exposición razonada por la que pide la investigación judicial de Casado, la magistrada transcribe párrafos enteros del Supremo sobre la figura del cómplice en la prevaricación, el fraude de calificar asignaturas sin sustento académico o los regalos, sin necesidad de que tengan "carácter retributivo", usados en un cohecho (la denominación del soborno cuando están implicados funcionarios públicos).   

No todo vale a la hora de poner las notas

Lo primero que señala es si la calificación de asignaturas puede caer en el delito de prevaricación. En concreto, poner notas sin méritos del alumno. Rodríguez-Medel cita al magistrado Luciano Varela, quien ha aclarado que la libertad de cátedra "no debe constituir una carta en blanco para expedir la acreditación de suficiencia de conocimientos de modo libérrimo y, menos, exento de control que excluya la arbitrariedad". Lo que especificó el Supremo es que calificar una materia es la culminación de un "procedimiento que comienza en la matriculación en la asignatura y concluye con su reflejo en el acta". Es decir, en ese proceso puede prevaricarse.

Rodríguez-Medel, además, echa mano de los razonamientos del magistrado del alto tribunal Antonio del Moral para sostener que si hay una prevaricación puede haber un "cooperador". Para eso "basta ser consciente de que se está participando en una decisión arbitraria", explica Del Moral. Y no pone un listón muy alto para entender cuándo se está produciendo ese delito (que le beneficia): "Lo que es una resolución arbitraria lo entiende cualquier hombre medio que, por eso, también suele rebelarse e indignarse cuando padece alguna arbitrariedad, aunque desconozca qué precepto se está violando".

Y para apuntalar esa figura de cooperador en el delito de prevaricación, es decir, la parte que se beneficia de la decisión de un funcionario, le añade estos párrafos de una sentencia de Andrés Martínez Arrieta: "Esta Sala de forma reiterada tiene declarado que el sujeto que no es funcionario público ( extraneus ) puede ser partícipe en un delito de prevaricación cometida por funcionario ( intraneus) ya sea en la condición de inductor o de cooperador necesario".

Para el asunto del cohecho impropio, Rodríguez-Medel incluye una sentencia de 2015 de Julián Sánchez Melgar en la que el juez del Supremo explicita que "basta para su consumación la recepción de la dádiva, sin que se precise la solicitud". Y más adelante insiste en que "requiere únicamente la recepción de la dádiva, no la solicitud, y es evidente que la simple recepción, aun sin solicitud, ya colma las exigencias típicas del precepto". Lo que interpreta la instructora es que acceder al máster es recibir el regalo.

Regalo "en consideración a su función"

Sánchez Melgar continuaba en esa sentencia especificando que "este delito lo comete la autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente". La cuestión es que una autoridad se queda con la dádiva porque "la razón o motivo del regalo ofrecido y aceptado sea la condición de funcionario de la persona cohechada". Si no tuviera esa posición, no habría regalo. En este caso, no habría máster cursado con privilegios y facilidades, según el criterio de la jueza.

Y cierra la exposición citando al juez del Supremo Manuel Marchena para aclarar que se debe discernir entre aceptar detalles según los usos y costumbres sociales y admitir regalos que de otra manera no se habrían hecho: "La existencia de módulos sociales generalmente admitidos en los que la aceptación de regalos o actos de cortesía forma parte de la normalidad de las relaciones personales, obliga a un esfuerzo para discernir cuándo determinados obsequios adquieren carácter típico [delictivos] y cuando, por el contrario, pueden inscribirse en el marco de la adecuación social". Lo que lleva a la instructora a afirmar que, según esta indicación del Supremo, un máster universitario es una dádiva al Pablo Casado diputado regional más propia del cohecho que un detalle que se admite por educación.

Asunto de Estado (Manuel Menor)

¿Es un asunto de Estado la educación igual de los españoles?

Se habla estos días de buenismo y presuntos “asuntos de Estado”, de diálogo y de disputas con la Moncloa. Se echa en falta la educación.

El verano es pródigo. La desinhibición hace que las obsesiones se salgan de sus reprimidos cauces, la prudencia desaparece y resplandece lo que importa. Atentos, pues, a ese subconsciente.  La presunta “ausencia de noticias” –y las olas de calor- no debieran pretextar que las serpientes de verano propiciaran el embobamiento informativo . 

Bullen por los medios –por si espabilan las neuronas- los grandes ASUNTOS DE ESTADO, en que la LEALTAD entre los distintos partidos debe ser primordial. Ese núcleo duro de cuestiones principales, cuasi inamovibles y reservadas, se supone que ha de preservarse del debate partidista en que fajarse a diario para darse a conocer mejor al tiempo que, aprovechando los descuidos o impericia de  quienes estén en el Gobierno, se prepara el terreno para su remoción. De Maquiavelo para acá este concepto central de la gestión política se ha perfeccionado tanto que  puede resultar a veces insignificante, tan válido para un roto como para un descosido. La organización estatal  -más desvinculada de personalismos a medida que se ha modernizado su burocratización- ha subsumido como propias las materias que en el Ancien Régime eran preocupación especial del monarca en el logro de “la felicidad de sus súbditos” e, incluso corrían a cargo de su “bolsillo secreto”.

 

Esa vinculación  con un objetivo tan atractivo como variable ha permanecido incólume en la agitada historia de las transiciones desde que las monarquías autoritarias empezaron a desvincularse del feudalismo señorial. Y sigue siendo  impreciso en que medida los ASUNTOS DE ESTADO tienen que ver con la vida  ciudadana: supuestamente, el Estado es un ente superior que la engloba desde que la modernidad del siglo XV  barruntó una separación de recursos entre lo que era del rey y lo que pertenecía a sus súbditos. Pero casi siempre, pero más según quien mande, demasiadas veces tenemos la impresión de que sigue siendo verdad aquel veraniego eslogan que, trucado, proclamaba: “Cuando un monte se quema algo suyo se quema…, Señor Conde”. Redunda en ello que no nos distinguimos por tener una EDUCACIÓN CÍVICA acorde e igual para todos los escolares.

Algo suyo se quema…

Siendo punto tan sensible, audaz es que hayan aparecido en escena los ASUNTOS DE ESTADO. Con motivo de la visita de Casado a Sánchez en la Moncloa, el segundo le ofrece al primero cinco acuerdos que, a su entender, son claves por reservárseles esta categoría de alta política. De Casado, a su vez, se nos ha ofrecido un disenso previo, porque el territorio que prefiere marcar va por otros caminos. En este escenario supuestamente abierto, en que las primeras escaramuzas son para situarse en un campo propicio, a los lectores de prensa u oyentes de lo que transmiten las ondas, se les somete a los masajes también más proclives para predisponer preferencias. En su fuero interno, cada cual ha de ir inclinándose a merced de las fintas que propone cada actor político: el modo de hablar, el énfasis que da a cada cuestión, el riesgo de que pretende prevenir ante un panorama siempre incierto, irán disponiendo el  favor de cada votante hacia uno u otro lado… o hacia ninguno.

 No se han de olvidar, además, en el rápido devenir del verano,  las fugaces apariciones de los comparsas. Estos peones también juegan,  en pro de uno u otro lado del tablero de ajedrez. Ahí están –entre otros- los abanderados del franquismo, con frentes tan controvertidos como el Pazo de Meirás, Cuelgamuros o una supuesta desmemoria “vilipendiada". Tampoco cesan los eternos profesos del confesionalismo católico, indisoluble de los asuntos de Estado… Hay mucho donde fijarse, para seguir el nudo y el desenlace de lo que no es serie, novela ni obra de teatro, sino el núcleo  de las decisiones que se toman –o se van a tomar- en nuestro país. Llama la atención, en todo caso, que ni Casado ni Sánchez tengan la educación de los españoles entre los ASUNTOS DE ESTADO. De momento, en lo que trasciende a la opinión pública sobre tales preocupaciones, ¿siguen la tradición?  Por ahora lo del máster de Casado sí parece asunto serio. Tal vez a la educación de todos para todos le toque después… Atentos.

Manuel Menor Currás

Madrid, 02.08. 2018