Puedes leer el documento completo en este enlace.
Entradas relacionadas:
Blog de Marea Verde Madrid. Por una Educación Pública de calidad de tod@s, para tod@s y con tod@s.
Mostrando entradas con la etiqueta MEFP. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta MEFP. Mostrar todas las entradas
jueves, 21 de mayo de 2020
miércoles, 29 de abril de 2020
Nota de prensa sobre el alumnado con necesidades especiales (Ministerio de Educación y FP. 28-4-2020)
El Ministerio de Educación y Formación Profesional reitera su compromiso con el alumnado con necesidades especiales, tanto en centros ordinarios como especializados (Nota de Prensa 28-4-2020)
Entradas
relacionadas:
lunes, 27 de abril de 2020
La FP ve imposible dar clases prácticas a distancia: "No se puede aprender a conducir sin tocar el volante" (Pau Rodríguez para eldiario.es)
Artículo de Pau Rodríguez para eldiario.es
El sistema educativo en España se ha aferrado a las clases a distancia para no dar el curso por perdido. En Primaria y Secundaria, los profesores hacen propuestas didácticas a sus alumnos a la espera de cerrar un curso en el que, salvo excepciones, nadie va a repetir; en la universidad, el debate se centra sobre todo en los modelos de evaluación a distancia. Pero, ¿y la Formación Profesional? Su naturaleza más práctica hace casi imposible buena parte de la docencia en estos momentos, lo que aumenta la inquietud entre alumnos y profesores. El Ministerio de Educación ha suspendido las prácticas en empresas, que se sustituirán por un proyecto sin que cuente para la nota final, pero el resto queda en manos de las comunidades autónomas.
Miguel Otero es uno de los 838.764 estudiantes españoles de Formación Profesional. En su caso cursa un Grado Medio en Operaciones Subacuáticas e Hiperbáricas en A Illa de Arousa, en Galicia. "Un tercio del contenido que damos a la semana son horas de estar en el agua... No hay mucha alternativa", se lamenta. Desde que se suspendieron las clases, el pasado 13 de marzo, desconoce cómo se les va a evaluar si no pueden volver al instituto y enfundarse de nuevo el neopreno. "Hay profesores que a título personal nos han mandado trabajos, pero de una asignatura no hemos tenido noticia", comenta este joven.
Casi todos los grados de Formación Profesional tienen un elevado componente presencial. La docencia se imparte en clases, pero también en cocinas, obradores y talleres de todo tipo. Como el de Enric Farré, profesor de Mecanización y Mantenimiento de Maquinaria en el instituto Alfons Costafreda de Tàrrega (Lleida). "Yo me dedico a aplicar la teoría en el taller con los alumnos, no tiene más. Usamos tornos, fresadoras, cizallas, soldadura... Ahora les busco vídeos de Youtube para que vayan fabricando piezas, pero para nada es lo mismo", sostiene.
- La Administración cambia las prácticas en empresa por proyectos, pero los profesores advierten que muchas enseñanzas no se pueden dar a distancia
- Veinte preguntas en 30 minutos: cómo evaluar y evitar fraudes sigue en el centro del debate universitario | A quién favorece y a quién perjudica la Selectividad
26/04/2020
El sistema educativo en España se ha aferrado a las clases a distancia para no dar el curso por perdido. En Primaria y Secundaria, los profesores hacen propuestas didácticas a sus alumnos a la espera de cerrar un curso en el que, salvo excepciones, nadie va a repetir; en la universidad, el debate se centra sobre todo en los modelos de evaluación a distancia. Pero, ¿y la Formación Profesional? Su naturaleza más práctica hace casi imposible buena parte de la docencia en estos momentos, lo que aumenta la inquietud entre alumnos y profesores. El Ministerio de Educación ha suspendido las prácticas en empresas, que se sustituirán por un proyecto sin que cuente para la nota final, pero el resto queda en manos de las comunidades autónomas.
Miguel Otero es uno de los 838.764 estudiantes españoles de Formación Profesional. En su caso cursa un Grado Medio en Operaciones Subacuáticas e Hiperbáricas en A Illa de Arousa, en Galicia. "Un tercio del contenido que damos a la semana son horas de estar en el agua... No hay mucha alternativa", se lamenta. Desde que se suspendieron las clases, el pasado 13 de marzo, desconoce cómo se les va a evaluar si no pueden volver al instituto y enfundarse de nuevo el neopreno. "Hay profesores que a título personal nos han mandado trabajos, pero de una asignatura no hemos tenido noticia", comenta este joven.
Casi todos los grados de Formación Profesional tienen un elevado componente presencial. La docencia se imparte en clases, pero también en cocinas, obradores y talleres de todo tipo. Como el de Enric Farré, profesor de Mecanización y Mantenimiento de Maquinaria en el instituto Alfons Costafreda de Tàrrega (Lleida). "Yo me dedico a aplicar la teoría en el taller con los alumnos, no tiene más. Usamos tornos, fresadoras, cizallas, soldadura... Ahora les busco vídeos de Youtube para que vayan fabricando piezas, pero para nada es lo mismo", sostiene.
Proyectos en lugar de prácticas de empresa
Los estudios de FP constan de unas 2.000 horas de clase, entre primero y segundo, de las cuales entre 300 y 400 son prácticas de empresa. La llamada Formación en Centros de Trabajo (FCT) se lleva a cabo casi siempre en el tercer trimestre del último curso, es decir, ahora. En un decreto para flexibilizar las enseñanzas y facilitar así la titulación de los estudiantes pese a la epidemia, el Ministerio permite sustituir la estancia en las empresas por "una propuesta de actividades asociadas al entorno laboral".
La evaluación del módulo correspondiente a esta parte de la formación, establece el texto, no requiere la participación del tutor de la empresa ni se tendrá en cuenta para calcular la nota media del expediente académico. Solamente se recogerá como apto o no apto. De esta forma, si no se pueden retomar finalmente las clases, el alumnado de segundo de FP podrá obtener el título igualmente.
Esta alternativa genera sin embargo algunas dudas entre el profesorado, que considera que las prácticas en centros de trabajo son indispensables sobre todo para aquellos alumnos que quieren saltar directamente al mundo laboral (no tanto para los que quieren seguir estudiando). "Entendemos la situación y no nos parece mal el proyecto compensatorio, pero esto no debe impedir que los estudiantes que quieran puedan realizar las prácticas en el futuro", expone José Reina, presidente de la Asociación de Profesores de Formación Profesional.
Este docente plantea que, aunque se le apruebe en junio, el alumnado que lo desee debe tener la oportunidad de realizar las prácticas en septiembre, con todas las garantías legales y de seguridad. En buena medida también porque en la FP se adquieren competencias profesionales concretas y reconocidas administrativamente sin las cuales puede ser complicado desempeñar según qué tareas. "Es como aprender a conducir solo con teoría, sin tocar el volante no se puede", resume David Vallverdú, profesor de Instalaciones Eléctricas y Sistemas Automáticos en un instituto de Valls (Tarragona).
Los estudios de FP constan de unas 2.000 horas de clase, entre primero y segundo, de las cuales entre 300 y 400 son prácticas de empresa. La llamada Formación en Centros de Trabajo (FCT) se lleva a cabo casi siempre en el tercer trimestre del último curso, es decir, ahora. En un decreto para flexibilizar las enseñanzas y facilitar así la titulación de los estudiantes pese a la epidemia, el Ministerio permite sustituir la estancia en las empresas por "una propuesta de actividades asociadas al entorno laboral".
La evaluación del módulo correspondiente a esta parte de la formación, establece el texto, no requiere la participación del tutor de la empresa ni se tendrá en cuenta para calcular la nota media del expediente académico. Solamente se recogerá como apto o no apto. De esta forma, si no se pueden retomar finalmente las clases, el alumnado de segundo de FP podrá obtener el título igualmente.
Esta alternativa genera sin embargo algunas dudas entre el profesorado, que considera que las prácticas en centros de trabajo son indispensables sobre todo para aquellos alumnos que quieren saltar directamente al mundo laboral (no tanto para los que quieren seguir estudiando). "Entendemos la situación y no nos parece mal el proyecto compensatorio, pero esto no debe impedir que los estudiantes que quieran puedan realizar las prácticas en el futuro", expone José Reina, presidente de la Asociación de Profesores de Formación Profesional.
Este docente plantea que, aunque se le apruebe en junio, el alumnado que lo desee debe tener la oportunidad de realizar las prácticas en septiembre, con todas las garantías legales y de seguridad. En buena medida también porque en la FP se adquieren competencias profesionales concretas y reconocidas administrativamente sin las cuales puede ser complicado desempeñar según qué tareas. "Es como aprender a conducir solo con teoría, sin tocar el volante no se puede", resume David Vallverdú, profesor de Instalaciones Eléctricas y Sistemas Automáticos en un instituto de Valls (Tarragona).
¿Si no hay clases en julio... en septiembre?
Con la puerta cerrada a alargar el curso a julio, en principio también para los estudios de FP, las comunidades autónomas se plantean cómo solucionar también la situación de aquellos estudiantes que deben pasar de primero a segundo sin haber aprendido todo lo necesario este trimestre.
Un ejemplo muy evidente es el de Miguel, que está ahora en primero, y que cuenta cómo todas las inmersiones subacuáticas que se va a perder estas semanas le van a suponer un problema. "En segundo ya se trabajan soldaduras debajo del agua y reflotamientos, y deberíamos llegar a ello con unas tablas que no tendremos", se lamenta este joven, indignado porque nadie se haya planteado alargar las clases en verano como medida excepcional este año. "Nos negamos a asumir que ser la promoción del coronavirus implique ser la más inepta que ha salido del centro", protesta.
En Catalunya, el Departamento de Educación ha enviado una instrucción sobre evaluaciones en la que asume que habrá una parte de aprendizajes de FP que no se podrán lograr este trimestre. Estos contenidos, resume el documento, "tendrán que tenerse en consideración en la planificación del curso siguiente". "El equipo docente podrá incorporarlos, si es necesario, en los módulos profesionales del siguiente curso", incide el texto firmado por el conseller Josep Bargalló.
Con la puerta cerrada a alargar el curso a julio, en principio también para los estudios de FP, las comunidades autónomas se plantean cómo solucionar también la situación de aquellos estudiantes que deben pasar de primero a segundo sin haber aprendido todo lo necesario este trimestre.
Un ejemplo muy evidente es el de Miguel, que está ahora en primero, y que cuenta cómo todas las inmersiones subacuáticas que se va a perder estas semanas le van a suponer un problema. "En segundo ya se trabajan soldaduras debajo del agua y reflotamientos, y deberíamos llegar a ello con unas tablas que no tendremos", se lamenta este joven, indignado porque nadie se haya planteado alargar las clases en verano como medida excepcional este año. "Nos negamos a asumir que ser la promoción del coronavirus implique ser la más inepta que ha salido del centro", protesta.
En Catalunya, el Departamento de Educación ha enviado una instrucción sobre evaluaciones en la que asume que habrá una parte de aprendizajes de FP que no se podrán lograr este trimestre. Estos contenidos, resume el documento, "tendrán que tenerse en consideración en la planificación del curso siguiente". "El equipo docente podrá incorporarlos, si es necesario, en los módulos profesionales del siguiente curso", incide el texto firmado por el conseller Josep Bargalló.
La FP Dual, congelada en la práctica
Si la FP ya suelen ser muy práctica, todavía lo son más los estudios que se llevan a cabo en la modalidad Dual, lo que significa que los estudiantes alternan toda la formación entre el instituto y una empresa. En estos casos, el Ministerio permite a las administraciones autonómicas extinguir los convenios y "realizar los cambios oportunos" en matrículas y evaluaciones, sin dar más detalle.
En Catalunya, una de las comunidades con más presencia de este tipo de formación junto con el País Vasco, se ha ordenado que las juntas de evaluación de los centros puedan reducir las horas de estada en la empresa hasta un mínimo de 660, que supone un tercio de las habituales. Para los que vayan a acabar el curso con incluso menos horas realizadas, Educación plantea que se puedan convalidar por las prácticas de una FP ordinaria y pasarse a esta modalidad.
Si la FP ya suelen ser muy práctica, todavía lo son más los estudios que se llevan a cabo en la modalidad Dual, lo que significa que los estudiantes alternan toda la formación entre el instituto y una empresa. En estos casos, el Ministerio permite a las administraciones autonómicas extinguir los convenios y "realizar los cambios oportunos" en matrículas y evaluaciones, sin dar más detalle.
En Catalunya, una de las comunidades con más presencia de este tipo de formación junto con el País Vasco, se ha ordenado que las juntas de evaluación de los centros puedan reducir las horas de estada en la empresa hasta un mínimo de 660, que supone un tercio de las habituales. Para los que vayan a acabar el curso con incluso menos horas realizadas, Educación plantea que se puedan convalidar por las prácticas de una FP ordinaria y pasarse a esta modalidad.
Entradas
relacionadas:
miércoles, 15 de abril de 2020
Nota de prensa de la Conferencia Sectorial de Educación (Ministerio de Educación y Formación Profesional. 15-04-2020)
jueves, 2 de abril de 2020
viernes, 27 de marzo de 2020
CCOO informa: se publican las instrucciones sobre la selectividad adaptada a la crisis del COVID-19 (27-3-2020)
El modelo de prueba no incluirá las materias que no se hayan abordado en el aula.
27/03/2020.
La EBAU se adapta a la situación sanitaria por COVID-19
El Ministerio de Educación y Formación Profesional, el Ministerio de Universidades y las Comunidades Autónomas han convocado la prueba de evaluación de acceso a la universidad (EVAU) y han anunciado su aplazamiento habida cuenta de las especiales circunstancias por causa del covid-19.
La suspensión de las clases ha llevado a la imposibilidad de completar el temario y de que los estudiantes de 2ª de Bachillerato puedan prepararse adecuadamente para la realización del examen de acceso a la universidad. Por ello, las instrucciones para la realización de la EVAU proponen una modificación en el modelo de prueba que no incluya las materias que no se hayan abordado en el aula y que no se aleje de los modelos que las universidades han propuesto para el actual curso escolar 2019-2020.
La propuesta estará formada por dos pruebas: una prueba configurada en una única agrupación de preguntas con un número suficiente para que el alumno seleccione un número de ellas fijado de antemano por el tribunal; y otra prueba configurada en varias agrupaciones de preguntas para que pueda elegirse, dentro de cada una de ellas, un número de ellas fijado de antemano por el tribunal. Las preguntas serán de la misma naturaleza y tipología y tendrán la misma puntuación máxima. Los bloques de preguntas podrán estar constituidos por cuestiones cortas, preguntas de desarrollo largo, definiciones, preguntas de comprensión de un texto, elaboración de un texto escrito o una argumentación, resolución de problemas, etc.
Los modelos de pruebas propuestos por varias universidades de diferentes comunidades autónomas para la mayoría de las materias son fácilmente adaptables a la propuesta de los Ministerios de Educación y Formación Profesional y el Ministerio de Universidades.
27/03/2020.
El Ministerio de Educación y Formación Profesional, el Ministerio de Universidades y las Comunidades Autónomas han convocado la prueba de evaluación de acceso a la universidad (EVAU) y han anunciado su aplazamiento habida cuenta de las especiales circunstancias por causa del covid-19.
La suspensión de las clases ha llevado a la imposibilidad de completar el temario y de que los estudiantes de 2ª de Bachillerato puedan prepararse adecuadamente para la realización del examen de acceso a la universidad. Por ello, las instrucciones para la realización de la EVAU proponen una modificación en el modelo de prueba que no incluya las materias que no se hayan abordado en el aula y que no se aleje de los modelos que las universidades han propuesto para el actual curso escolar 2019-2020.
La propuesta estará formada por dos pruebas: una prueba configurada en una única agrupación de preguntas con un número suficiente para que el alumno seleccione un número de ellas fijado de antemano por el tribunal; y otra prueba configurada en varias agrupaciones de preguntas para que pueda elegirse, dentro de cada una de ellas, un número de ellas fijado de antemano por el tribunal. Las preguntas serán de la misma naturaleza y tipología y tendrán la misma puntuación máxima. Los bloques de preguntas podrán estar constituidos por cuestiones cortas, preguntas de desarrollo largo, definiciones, preguntas de comprensión de un texto, elaboración de un texto escrito o una argumentación, resolución de problemas, etc.
Los modelos de pruebas propuestos por varias universidades de diferentes comunidades autónomas para la mayoría de las materias son fácilmente adaptables a la propuesta de los Ministerios de Educación y Formación Profesional y el Ministerio de Universidades.
Fuente: feccoo-madrid.org
jueves, 26 de marzo de 2020
martes, 21 de enero de 2020
Texto completo de la LOE con las modificaciones de la LOMLOE
Actualizado en
**********************************************************************************
Fuente: www.educacionyfp.gob.es
Puedes consultar el texto completo en este enlace.
Entradas relacionadas:
LOMLOE. Memoria de análisis de impacto normativo (14-2-2019)
PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN
MEMORIA DE ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO
Madrid, 14 de febrero de 2019
Fuente: www.educacionyfp.gob.es
Entradas relacionadas:
MEMORIA DE ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO
Madrid, 14 de febrero de 2019
Fuente: www.educacionyfp.gob.es
Entradas relacionadas:
jueves, 8 de agosto de 2019
El Gobierno no retocará la ley Celaá más allá del trámite parlamentario (eldiario.es)
Artículo publicado en eldiario.es
La ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, ha asegurado este martes que la futura ley educativa, la llamada ley Celaá, no se va retocar y que solo contará con las aportaciones que se hagan durante su trámite parlamentario.
Celaá ha hecho estas consideraciones tras reunirse, junto con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, con representantes del sector de la educación, un encuentro que se enmarca en la ronda de contactos que inició el líder del PSOE el 1 de agosto con colectivos y asociaciones de la sociedad civil.
Tras la reunión, varios portavoces de la comunidad educativa han sostenido que Pedro Sánchez se ha comprometido a ampliarla la citada ley y la ministra ha precisado que la nueva norma, que el Gobierno tendrá que volver a llevar a las Cortes, se podría actualizar "con algunas miradas" de los colectivos presentes en el encuentro y también de los que no han estado presentes.
La Lomloe, la ley con la que el Gobierno socialista pretendía derogar la Lomce del PP, "se retocará cuando esté en el itinerario del Congreso de los Diputados con las propuestas de las distintas fuerzas políticas", ha asegurado Celaá, quien ha precisado que "el programa está completo y lo estamos actualizando".
Celaá ha asegurado que en la reunión con CEAPA (Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos) y la Confederación Estatal de Estudiantes (CANAE) y sindicatos como CC. OO., UGT, CSIF y STES han coincidido en los objetivos y en "la rapidez con la que necesitamos activar los cambios".
En la reunión se ha abordado también la "incardinación" de la educación de 0 a 3 años como etapa educativa y no socioasistencial "porque la educación empieza a los cero años y no acaba en ninguna parte", ha dicho Celaá, quien ha recalcado que la formación a lo largo de la vida es un derecho.
La ministra también ha hablado de la importancia de la digitalización que se va a ver reflejada en la formación profesional y ha recordado que el año que viene se va a poner en marcha un módulo de digitalización en cada uno de los ciclos formativos existentes.
Algunos de los representantes del sector educativo han sostenido que Sánchez se ha comprometido a ampliar y mejorar la Lomloe, aunque sin concretar medidas, como ha dicho el presidente del sector nacional de Educación de CSIF, Mario Gutiérrez.
El presidente del sindicato de profesores ANPE, Nicolás Fernández, ha asegurado que Sánchez tiene la intención de situar a la educación en el eje vertebrador de todos los proyectos que querría acometer en la próxima legislatura.
Además, ha explicado que Sánchez se ha mostrado receptivo a su petición de acometer una reforma educativa "más profunda y global", ya que, según ha comentado, "parece que la idea es ampliar la ley mucho más".
Sin embargo, la representante de Ceapa, Leticia Cardenal, ha indicado que el Gobierno "no tiene intención de hacer grandes cambios" en la ley y ha defendido la necesidad de formar un Ejecutivo progresista para que en septiembre "podamos darle carpetazo a la Lomce y los alumnos la dejen de lado".
Cardenal no ha querido pronunciarse sobre el hecho de que los representantes de la escuela concertada hayan denunciado que no han sido convocados a esta reunión.
La representante de Ceapa ha afirmado que Sánchez se ha comprometido a dialogar y a recoger sus propuestas, y ha rechazado sentirse "intrumentalizada" por ser invitada a este encuentro.
El portavoz de CSIF ha trasladado a Sánchez las "carencias" del sistema educativo, fruto de que no hay una ley estable, que cambia cada vez que cambia el Gobierno, por lo que ha abogado por un pacto político y por situar a la educación en el centro de la agenda.
Según Gutiérrez, Sánchez se ha comprometido a dedicar el 5 % del PIB a educación, pero ha confiado en que se pueda llegar a un acuerdo para que alcance el 6 %.
Por su parte, CC. OO. ha pedido a Sánchez más inversión para una escuela pública inclusiva, laica y participativa en el sistema educativo, así como situar los derechos humanos y de la infancia en el corazón de la nueva ley.
La ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, ha asegurado este martes que la futura ley educativa, la llamada ley Celaá, no se va retocar y que solo contará con las aportaciones que se hagan durante su trámite parlamentario.
Celaá ha hecho estas consideraciones tras reunirse, junto con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, con representantes del sector de la educación, un encuentro que se enmarca en la ronda de contactos que inició el líder del PSOE el 1 de agosto con colectivos y asociaciones de la sociedad civil.
Tras la reunión, varios portavoces de la comunidad educativa han sostenido que Pedro Sánchez se ha comprometido a ampliarla la citada ley y la ministra ha precisado que la nueva norma, que el Gobierno tendrá que volver a llevar a las Cortes, se podría actualizar "con algunas miradas" de los colectivos presentes en el encuentro y también de los que no han estado presentes.
La Lomloe, la ley con la que el Gobierno socialista pretendía derogar la Lomce del PP, "se retocará cuando esté en el itinerario del Congreso de los Diputados con las propuestas de las distintas fuerzas políticas", ha asegurado Celaá, quien ha precisado que "el programa está completo y lo estamos actualizando".
Celaá ha asegurado que en la reunión con CEAPA (Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos) y la Confederación Estatal de Estudiantes (CANAE) y sindicatos como CC. OO., UGT, CSIF y STES han coincidido en los objetivos y en "la rapidez con la que necesitamos activar los cambios".
En la reunión se ha abordado también la "incardinación" de la educación de 0 a 3 años como etapa educativa y no socioasistencial "porque la educación empieza a los cero años y no acaba en ninguna parte", ha dicho Celaá, quien ha recalcado que la formación a lo largo de la vida es un derecho.
La ministra también ha hablado de la importancia de la digitalización que se va a ver reflejada en la formación profesional y ha recordado que el año que viene se va a poner en marcha un módulo de digitalización en cada uno de los ciclos formativos existentes.
Algunos de los representantes del sector educativo han sostenido que Sánchez se ha comprometido a ampliar y mejorar la Lomloe, aunque sin concretar medidas, como ha dicho el presidente del sector nacional de Educación de CSIF, Mario Gutiérrez.
El presidente del sindicato de profesores ANPE, Nicolás Fernández, ha asegurado que Sánchez tiene la intención de situar a la educación en el eje vertebrador de todos los proyectos que querría acometer en la próxima legislatura.
Además, ha explicado que Sánchez se ha mostrado receptivo a su petición de acometer una reforma educativa "más profunda y global", ya que, según ha comentado, "parece que la idea es ampliar la ley mucho más".
Sin embargo, la representante de Ceapa, Leticia Cardenal, ha indicado que el Gobierno "no tiene intención de hacer grandes cambios" en la ley y ha defendido la necesidad de formar un Ejecutivo progresista para que en septiembre "podamos darle carpetazo a la Lomce y los alumnos la dejen de lado".
Cardenal no ha querido pronunciarse sobre el hecho de que los representantes de la escuela concertada hayan denunciado que no han sido convocados a esta reunión.
La representante de Ceapa ha afirmado que Sánchez se ha comprometido a dialogar y a recoger sus propuestas, y ha rechazado sentirse "intrumentalizada" por ser invitada a este encuentro.
El portavoz de CSIF ha trasladado a Sánchez las "carencias" del sistema educativo, fruto de que no hay una ley estable, que cambia cada vez que cambia el Gobierno, por lo que ha abogado por un pacto político y por situar a la educación en el centro de la agenda.
Según Gutiérrez, Sánchez se ha comprometido a dedicar el 5 % del PIB a educación, pero ha confiado en que se pueda llegar a un acuerdo para que alcance el 6 %.
Por su parte, CC. OO. ha pedido a Sánchez más inversión para una escuela pública inclusiva, laica y participativa en el sistema educativo, así como situar los derechos humanos y de la infancia en el corazón de la nueva ley.
lunes, 14 de enero de 2019
El Gobierno obligará también a cotizar por los 725.000 estudiantes de FP que hacen prácticas (Daniel Sánchez Caballero en eldiario.es)
Artículo de Daniel Sánchez Caballero en eldiario.es
El sector cree que la medida es positiva, con matices a la espera del desarrollo reglamentario que acabará de aclarar una situación que ahora es un poco confusa, aunque hay unanimidad en afear al Ejecutivo las formas con que ha aprobado este cambio.
De momento, se sabe que todos los estudiantes de FP y los universitarios de grado y máster tendrán que cotizar por las prácticas externas que realicen, sean estas remuneradas o no, sean parte del plan del estudios y por tanto obligatorias o sean ajenas a él y voluntarias. Falta por conocer quién va a pagar esas prácticas: el centro formativo (en el caso de FP, el Estado), la empresa de destino o ninguno de los dos porque estén bonificadas al 100%, como ocurre ahora con algunas. La disposición del Gobierno dice que, en el caso de las prácticas no remuneradas, corresponderá a la "empresa, institución o entidad" donde se vayan a desarrollar las prácticas, "salvo que en el convenio de colaboración se disponga" de otra manera.
- Profesionales del sector valoran positivamente la medida, dudan de que vaya a retraer a las empresas de ofrecer prácticas y afean al Gobierno que haya aprobado esta medida sin hablar con nadie
- La Seguridad Social podría ingresar hasta 109 millones de euros al año si la cotización de los 725.000 estudiantes de FP de grado superior y medio no se bonifica, como sucede ahora en algunos casos
- También los estudiantes universitarios cotizarán por sus prácticas en empresas desde la aprobación de una disposición en el BOE el pasado 29 de diciembre
El sector cree que la medida es positiva, con matices a la espera del desarrollo reglamentario que acabará de aclarar una situación que ahora es un poco confusa, aunque hay unanimidad en afear al Ejecutivo las formas con que ha aprobado este cambio.
De momento, se sabe que todos los estudiantes de FP y los universitarios de grado y máster tendrán que cotizar por las prácticas externas que realicen, sean estas remuneradas o no, sean parte del plan del estudios y por tanto obligatorias o sean ajenas a él y voluntarias. Falta por conocer quién va a pagar esas prácticas: el centro formativo (en el caso de FP, el Estado), la empresa de destino o ninguno de los dos porque estén bonificadas al 100%, como ocurre ahora con algunas. La disposición del Gobierno dice que, en el caso de las prácticas no remuneradas, corresponderá a la "empresa, institución o entidad" donde se vayan a desarrollar las prácticas, "salvo que en el convenio de colaboración se disponga" de otra manera.
Un ingreso suculento
Si finalmente no están bonificadas, el ingreso para el Estado será suculento. En este curso 2018-19 en España hay unos 725.000 alumnos cursando una FP media o superior, descontados los matriculados en la FP Dual, una modalidad con más carga de prácticas que las estándar y que en la mayoría de los casos ya implica la cotización de los alumnos por su régimen especial.
Los 725.000 alumnos tienen que realizar al menos tres meses y medio de prácticas al año (un mínimo de 350 horas, según la titulación). La cotización a la Seguridad Social de los contratos de formación, la que correspondería a esta prácticas, está en unos 50 euros al mes, una vez descontada la aportación para desempleo, a la que los estudiantes no tienen derecho. La cuenta es sencilla: 725.000 estudiantes a razón de 50 euros durante tres meses da un total de casi 109 millones de euros al año.
"Ha sido una especie de emboscada. Se aprobó casi el último día del año, en puertas de la próxima temporada de prácticas [la mayoría de las prácticas se realizan en este primer semestre del año] y nos enteramos por Twitter. Como concepto podríamos estar de acuerdo, pero no con las formas. Y lo mismo habría que distinguir entre los diferentes tipos de prácticas", expone Julen Elgeta, presidente de Hetel, una asociación que agrupa a 24 centros de FP de Euskadi, la comunidad autónoma con más presencia de la formación profesional.
En la misma línea se manifiestan desde la Asociación de Profesores de FP. "Es una buena noticia, ya que intenta paliar una de las vergüenzas nacionales: tener a nuestra juventud perfectamente formada en una situación de precariedad en todos los sentidos. Estamos hablando de jóvenes ya formados, no de alumnos que comienzan sus estudios. Es bueno porque además de ser más justo, el alumnado estará más motivado", valora José Reina, su portavoz.
Aunque estas opiniones las comparten otros profesionales de la FP consultados, no son las únicas. Otras voces son menos positivas, en la línea de cómo se expresaron los rectores. Por ejemplo la consejera vasca de Educación, Cristina Uriarte, que expresó el pasado miércoles las dos principales pegas que le ve a la nueva ley: el gasto económico (¿quién va a pagar las cotizaciones?) y la burocracia que implica la medida.
Si finalmente no están bonificadas, el ingreso para el Estado será suculento. En este curso 2018-19 en España hay unos 725.000 alumnos cursando una FP media o superior, descontados los matriculados en la FP Dual, una modalidad con más carga de prácticas que las estándar y que en la mayoría de los casos ya implica la cotización de los alumnos por su régimen especial.
Los 725.000 alumnos tienen que realizar al menos tres meses y medio de prácticas al año (un mínimo de 350 horas, según la titulación). La cotización a la Seguridad Social de los contratos de formación, la que correspondería a esta prácticas, está en unos 50 euros al mes, una vez descontada la aportación para desempleo, a la que los estudiantes no tienen derecho. La cuenta es sencilla: 725.000 estudiantes a razón de 50 euros durante tres meses da un total de casi 109 millones de euros al año.
"Ha sido una especie de emboscada. Se aprobó casi el último día del año, en puertas de la próxima temporada de prácticas [la mayoría de las prácticas se realizan en este primer semestre del año] y nos enteramos por Twitter. Como concepto podríamos estar de acuerdo, pero no con las formas. Y lo mismo habría que distinguir entre los diferentes tipos de prácticas", expone Julen Elgeta, presidente de Hetel, una asociación que agrupa a 24 centros de FP de Euskadi, la comunidad autónoma con más presencia de la formación profesional.
En la misma línea se manifiestan desde la Asociación de Profesores de FP. "Es una buena noticia, ya que intenta paliar una de las vergüenzas nacionales: tener a nuestra juventud perfectamente formada en una situación de precariedad en todos los sentidos. Estamos hablando de jóvenes ya formados, no de alumnos que comienzan sus estudios. Es bueno porque además de ser más justo, el alumnado estará más motivado", valora José Reina, su portavoz.
Aunque estas opiniones las comparten otros profesionales de la FP consultados, no son las únicas. Otras voces son menos positivas, en la línea de cómo se expresaron los rectores. Por ejemplo la consejera vasca de Educación, Cristina Uriarte, que expresó el pasado miércoles las dos principales pegas que le ve a la nueva ley: el gasto económico (¿quién va a pagar las cotizaciones?) y la burocracia que implica la medida.
Burocratización y gasto
"Nos supone una gran preocupación", comentó Uriarte. "Supone un gasto que no tiene ningún sentido. Las prácticas deberían estar exentas y conlleva una burocratización que va a complicar la gestión de estas prácticas", valoró tras la reunión de la todas las comunidades autónomas con la ministra de Educación, Isabel Celaá.
Entre las críticas más habituales a la propuesta está que, si finalmente el gasto acaba repercutiendo en las empresas donde los estudiantes realizan sus prácticas, alguna compañía pueda echarse atrás ante el incremento de costes y la carga administrativa que conllevará.
De ocurrir, podría suponer un problema al menos para las prácticas curriculares, que aunque tengan forma de trabajo en una empresa formalmente son parte del plan de estudios, una asignatura más, por lo que es de obligada oferta para los centros, se puede aprobar o suspender y es imprescindible para obtener el título.
Elgeta no lo cree: "Una empresa que acoge a un alumno está comprometida. Igual a alguna sí le tira algo para atrás, pero será más por la parte de la gestión que por la económica. La mayoría de las empresas son pequeñas, donde a lo mejor el gerente también es el administrativo, y si se tiene que poner a hacer mucho papeleo desde luego un estímulo no va a ser", opina.
Guillem Salvans, senior project manager de la Fundación Bertelsman, especializada en la FP Dual, coincide con Elgeta, aunque él se refiere a la FPD, su ámbito de trabajo y donde en la mayoría de comunidades autónomas los alumnos ya cotizan a la Seguridad Social en las prácticas (en esta modalidad las prácticas son de entre 600 y 1.000 horas al año).
"Nos supone una gran preocupación", comentó Uriarte. "Supone un gasto que no tiene ningún sentido. Las prácticas deberían estar exentas y conlleva una burocratización que va a complicar la gestión de estas prácticas", valoró tras la reunión de la todas las comunidades autónomas con la ministra de Educación, Isabel Celaá.
Entre las críticas más habituales a la propuesta está que, si finalmente el gasto acaba repercutiendo en las empresas donde los estudiantes realizan sus prácticas, alguna compañía pueda echarse atrás ante el incremento de costes y la carga administrativa que conllevará.
De ocurrir, podría suponer un problema al menos para las prácticas curriculares, que aunque tengan forma de trabajo en una empresa formalmente son parte del plan de estudios, una asignatura más, por lo que es de obligada oferta para los centros, se puede aprobar o suspender y es imprescindible para obtener el título.
Elgeta no lo cree: "Una empresa que acoge a un alumno está comprometida. Igual a alguna sí le tira algo para atrás, pero será más por la parte de la gestión que por la económica. La mayoría de las empresas son pequeñas, donde a lo mejor el gerente también es el administrativo, y si se tiene que poner a hacer mucho papeleo desde luego un estímulo no va a ser", opina.
Guillem Salvans, senior project manager de la Fundación Bertelsman, especializada en la FP Dual, coincide con Elgeta, aunque él se refiere a la FPD, su ámbito de trabajo y donde en la mayoría de comunidades autónomas los alumnos ya cotizan a la Seguridad Social en las prácticas (en esta modalidad las prácticas son de entre 600 y 1.000 horas al año).
Acumulando meses para la jubilación
"Mi opinión personal es que las empresas no se van a retraer. Ellos ven esta cotización como algo natural. Los estudiantes están en su casa y deben estar bien, lo que implica estar cubierto y tener unas condiciones adecuadas", sostiene. En el caso de la FP Dual, además, el alumno en prácticas es casi un pretrabajador en esa empresa: más de la mitad acaba trabajando en la misma compañía tras acabar su formación.
Reina, de la Asociación de Profesores de FP, aunque favorable a la propuesta, sí muestra una cierta preocupación por este factor a título personal. "Podría ser un gran problema para las enseñanzas de FP. Ya es difícil encontrar empresas adecuadas para las prácticas...".
Y añade: "Hay comunidades donde se implantaron proyectos educativos para suplir la falta de oferta de prácticas, porque en muchos ciclos formativos no se contaba con que habría horas suficientes de prácticas para todos los alumnos".
Para el alumno, cotizar a la Seguridad Social tiene dos ventajas inmediatas: la primera es que empezará a acumular meses cotizados de cara a una lejana jubilación. Los van a necesitar: cuando se retiren solo podrán aspirar a la pensión máxima si han sumado 37 años cotizados.
La otra ventaja es que los estudiantes actualmente están cubiertos por un seguro escolar y pasarán a estar bajo el paraguas de la Seguridad Social. "No es lo mismo si hay un accidente", recuerda Salvans.
"Mi opinión personal es que las empresas no se van a retraer. Ellos ven esta cotización como algo natural. Los estudiantes están en su casa y deben estar bien, lo que implica estar cubierto y tener unas condiciones adecuadas", sostiene. En el caso de la FP Dual, además, el alumno en prácticas es casi un pretrabajador en esa empresa: más de la mitad acaba trabajando en la misma compañía tras acabar su formación.
Reina, de la Asociación de Profesores de FP, aunque favorable a la propuesta, sí muestra una cierta preocupación por este factor a título personal. "Podría ser un gran problema para las enseñanzas de FP. Ya es difícil encontrar empresas adecuadas para las prácticas...".
Y añade: "Hay comunidades donde se implantaron proyectos educativos para suplir la falta de oferta de prácticas, porque en muchos ciclos formativos no se contaba con que habría horas suficientes de prácticas para todos los alumnos".
Para el alumno, cotizar a la Seguridad Social tiene dos ventajas inmediatas: la primera es que empezará a acumular meses cotizados de cara a una lejana jubilación. Los van a necesitar: cuando se retiren solo podrán aspirar a la pensión máxima si han sumado 37 años cotizados.
La otra ventaja es que los estudiantes actualmente están cubiertos por un seguro escolar y pasarán a estar bajo el paraguas de la Seguridad Social. "No es lo mismo si hay un accidente", recuerda Salvans.
domingo, 9 de diciembre de 2018
El Gobierno aprueba más de 200 millones de euros en programas de cooperación territorial educativos con las comunidades autónomas (Ministerio de Educación y Formación Profesional)
Publicado el 07/12/2018 en educacionyfp.gob.es
Los programas comprenden orientación educativa, financiación de libros de texto, impulso a la FP Dual, movilidad de profesorado, acciones de calidad de la FP, acreditación de competencias profesionales y actividades de asociaciones de padres y madres de alumnos
Estos acuerdos, impulsados por el Ministerio de Educación y FP, fueron aprobados por la Comisión General de la Conferencia Sectorial de Educación el pasado 29 de noviembre
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un total de 208.695.658 de euros en diferentes programas de cooperación territorial educativos con las comunidades autónomas. Estos acuerdos, promovidos por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, fueron aprobados el pasado 29 de noviembre por la Comisión General de la Conferencia Sectorial de Educación.
Los programas de cooperación territorial son un mecanismo de coordinación del Gobierno y las comunidades autónomas para la actuación conjunta en áreas de especial relevancia como el refuerzo a los estudiantes con riesgo de abandono, el impulso a la Formación Profesional, el apoyo a la participación de padres y madres o la gratuidad de los libros de texto, entre otras cuestiones.
De esta forma, para el programa Orientación y Refuerzo para el Avance y Apoyo en la Educación (anterior PROEDUCAR), el Consejo de Ministros ha aprobado 81.208.638 euros. El criterio de distribución entre comunidades autónomas es el resultado del producto de las siguientes variables: número de alumnos escolarizados en Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria (ponderación 50%), porcentaje de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (ponderación 20%), tasa de idoneidad a los 15 años (ponderación 20%) y dispersión de la población (ponderación 10%).
El Consejo de Ministros también ha aprobado un total de 48.559.610 euros para el programa Financiación de Libros de Texto y Materiales Didácticos. El criterio de distribución entre comunidades es el resultado del producto de dos variables: la tasa del riesgo de pobreza por comunidad autónoma extraída de la Encuesta de Condiciones de Vida 2017 y el número de alumnos matriculados en Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria en cada comunidad autónoma.
El programa Impulso a la Formación Profesional Dual ha recibido un importe de 46 millones de euros, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo. Los criterios de distribución han sido: territorios especiales, insularidad, ultraperiféricos; número de alumnos en FP Básica y de Grado Medio; número de centros que imparten FP Básica y de Grado Medio; número de empresas tecnológicas e industriales; número de empresas participantes en FP Dual; número de centros que ofertaron FP Dual; tasa de abandono educativo temprano, y brecha de género en títulos de familias tecnológicas e industriales.
Con la cofinanciación también del Fondo Social Europeo, el Consejo de Ministros ha aprobado un total de 19.600.000 euros al programa Acciones de Formación, Perfeccionamiento y Movilidad del Profesorado. Los criterios de distribución por comunidad autónoma han sido el número de profesores de Enseñanzas de Régimen General y el número de centros de ESO y/o Bachillerato y/o FP.
Para el programa Acciones de Calidad en Formación Profesional del Sistema Educativo Español (CALIDAD), cofinanciado también por el Fondo Social Europeo, el Consejo de Ministros ha aprobado 8.642.960 euros. La cuantía asignada a cada comunidad se calculó siguiendo factores de proporcionalidad de los siguientes criterios: número de alumnos matriculados en FP, número de profesores que imparten enseñanzas de FP, tasa de riesgo de pobreza, número de centros que imparten enseñanzas de FP y dispersión territorial de las administraciones públicas educativas.
El Fondo Social Europeo también cofinancia el programa Actividades para la Evaluación y Acreditación de las Competencias Profesionales (ACREDITA), para el que el Consejo de Ministros ha aprobado 4.481.170 euros. La cuantía asignada a cada comunidad autónoma se calculó siguiendo factores de proporcionalidad de los siguientes criterios: número de personas en búsqueda de empleo sin estudios profesionalizantes, número de personas en búsqueda de empleo de entre 30 y 64 años, dispersión geográfica de las administraciones públicas y dispersión de la población activa.
Por último, el Consejo de Ministros ha aprobado destinar 203.280 euros al programa Actividades de las Confederaciones y Federaciones de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (AMPAS). La Comisión General de Educación aprobó que el 80% del crédito se distribuyera en la misma proporción que acordó la Comisión General de Educación celebrada el año anterior para 2017, y el 20% restante se distribuye en función del número de alumnos de cada comunidad autónoma.
Los programas comprenden orientación educativa, financiación de libros de texto, impulso a la FP Dual, movilidad de profesorado, acciones de calidad de la FP, acreditación de competencias profesionales y actividades de asociaciones de padres y madres de alumnos
Estos acuerdos, impulsados por el Ministerio de Educación y FP, fueron aprobados por la Comisión General de la Conferencia Sectorial de Educación el pasado 29 de noviembre
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un total de 208.695.658 de euros en diferentes programas de cooperación territorial educativos con las comunidades autónomas. Estos acuerdos, promovidos por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, fueron aprobados el pasado 29 de noviembre por la Comisión General de la Conferencia Sectorial de Educación.
Los programas de cooperación territorial son un mecanismo de coordinación del Gobierno y las comunidades autónomas para la actuación conjunta en áreas de especial relevancia como el refuerzo a los estudiantes con riesgo de abandono, el impulso a la Formación Profesional, el apoyo a la participación de padres y madres o la gratuidad de los libros de texto, entre otras cuestiones.
De esta forma, para el programa Orientación y Refuerzo para el Avance y Apoyo en la Educación (anterior PROEDUCAR), el Consejo de Ministros ha aprobado 81.208.638 euros. El criterio de distribución entre comunidades autónomas es el resultado del producto de las siguientes variables: número de alumnos escolarizados en Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria (ponderación 50%), porcentaje de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (ponderación 20%), tasa de idoneidad a los 15 años (ponderación 20%) y dispersión de la población (ponderación 10%).
El Consejo de Ministros también ha aprobado un total de 48.559.610 euros para el programa Financiación de Libros de Texto y Materiales Didácticos. El criterio de distribución entre comunidades es el resultado del producto de dos variables: la tasa del riesgo de pobreza por comunidad autónoma extraída de la Encuesta de Condiciones de Vida 2017 y el número de alumnos matriculados en Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria en cada comunidad autónoma.
El programa Impulso a la Formación Profesional Dual ha recibido un importe de 46 millones de euros, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo. Los criterios de distribución han sido: territorios especiales, insularidad, ultraperiféricos; número de alumnos en FP Básica y de Grado Medio; número de centros que imparten FP Básica y de Grado Medio; número de empresas tecnológicas e industriales; número de empresas participantes en FP Dual; número de centros que ofertaron FP Dual; tasa de abandono educativo temprano, y brecha de género en títulos de familias tecnológicas e industriales.
Con la cofinanciación también del Fondo Social Europeo, el Consejo de Ministros ha aprobado un total de 19.600.000 euros al programa Acciones de Formación, Perfeccionamiento y Movilidad del Profesorado. Los criterios de distribución por comunidad autónoma han sido el número de profesores de Enseñanzas de Régimen General y el número de centros de ESO y/o Bachillerato y/o FP.
Para el programa Acciones de Calidad en Formación Profesional del Sistema Educativo Español (CALIDAD), cofinanciado también por el Fondo Social Europeo, el Consejo de Ministros ha aprobado 8.642.960 euros. La cuantía asignada a cada comunidad se calculó siguiendo factores de proporcionalidad de los siguientes criterios: número de alumnos matriculados en FP, número de profesores que imparten enseñanzas de FP, tasa de riesgo de pobreza, número de centros que imparten enseñanzas de FP y dispersión territorial de las administraciones públicas educativas.
El Fondo Social Europeo también cofinancia el programa Actividades para la Evaluación y Acreditación de las Competencias Profesionales (ACREDITA), para el que el Consejo de Ministros ha aprobado 4.481.170 euros. La cuantía asignada a cada comunidad autónoma se calculó siguiendo factores de proporcionalidad de los siguientes criterios: número de personas en búsqueda de empleo sin estudios profesionalizantes, número de personas en búsqueda de empleo de entre 30 y 64 años, dispersión geográfica de las administraciones públicas y dispersión de la población activa.
Por último, el Consejo de Ministros ha aprobado destinar 203.280 euros al programa Actividades de las Confederaciones y Federaciones de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (AMPAS). La Comisión General de Educación aprobó que el 80% del crédito se distribuyera en la misma proporción que acordó la Comisión General de Educación celebrada el año anterior para 2017, y el 20% restante se distribuye en función del número de alumnos de cada comunidad autónoma.
sábado, 1 de diciembre de 2018
Comparecencia de la ministra en la Comisión de Educación y FP para explicar la modificación de la LOE y la derogación de la LOMCE (28-11-2018)
Congreso de los Diputados - Canal Parlamento
Emitido en directo el 28 nov. 2018
miércoles, 21 de noviembre de 2018
El Gobierno quiere impulsar la Educación Infantil y la democracia en los centros en su modificación de la Lomce (Laura Galaup y Pau Rodríguez en eldiario.es)
Artículo de Laura Galaup y Pau Rodríguez en eldiario.es
Además, amplían el margen de las comunidades autónomas para fijar cuántas horas de clase imparten en castellano y cuántas en su lengua cooficial (las que la tengan), recuperan la Filosofía como obligatoria para todos los alumnos en Bachillerato y desaparece la Religión con una materia que influye en la nota de estos alumnos.
La modificación de la normativa aprobado sin consenso por el PP va avanzando. Tras difundir hace un par de semanas unas propuestas, el Ministerio distribuyó este lunes a la comunidad educativa el borrador de anteproyecto de ley orgánica por la que se modifica la ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Este documento, al que ha accedido eldiario.es, recoge ya el nuevo articulado con el que quieren pasar página a los aspectos más lesivos de la Lomce.
Eliminan la mención a la educación que segrega por sexos que garantizaba por ley que este modelo de enseñanza "no constituye discriminación la admisión de alumnos y alumnas o la organización de la enseñanza diferenciadas por sexos". En este borrador, se limitan a plantear que en la admisión del alumnado no "habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social", pero ya no hay mención a la enseñanza diferenciada.
- El Ministerio ya tiene elaborado el articulado del anteproyecto de ley orgánica para corregir los aspectos más lesivos de la Ley Wert
- Proponen aumentar el margen de las autonomías para fijar cuántas horas de clase imparten en castellano y cuántas en su lengua cooficial
- En este nuevo documento añaden que la enseñanza a menores de seis años "se realizará específicamente a través de la educación infantil"
Además, amplían el margen de las comunidades autónomas para fijar cuántas horas de clase imparten en castellano y cuántas en su lengua cooficial (las que la tengan), recuperan la Filosofía como obligatoria para todos los alumnos en Bachillerato y desaparece la Religión con una materia que influye en la nota de estos alumnos.
La modificación de la normativa aprobado sin consenso por el PP va avanzando. Tras difundir hace un par de semanas unas propuestas, el Ministerio distribuyó este lunes a la comunidad educativa el borrador de anteproyecto de ley orgánica por la que se modifica la ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Este documento, al que ha accedido eldiario.es, recoge ya el nuevo articulado con el que quieren pasar página a los aspectos más lesivos de la Lomce.
Eliminan la mención a la educación que segrega por sexos que garantizaba por ley que este modelo de enseñanza "no constituye discriminación la admisión de alumnos y alumnas o la organización de la enseñanza diferenciadas por sexos". En este borrador, se limitan a plantear que en la admisión del alumnado no "habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social", pero ya no hay mención a la enseñanza diferenciada.
Compromiso con Unidos Podemos
El Gobierno de Pedro Sánchez se comprometió junto a Unidos Podemos a impulsar el primer ciclo de enseñanza infantil en el acuerdo que firmaron de cara a los presupuestos del próximo año. A la espera de que el Ejecutivo pueda sacar unas cuentas adelante, en este borrador incluyen un apartado en el que se da mayor relevancia a este tramo. "La atención educativa a los niños y niñas de cero a seis años se realizará específicamente a través de la educación infantil", proponen añadir en el articulado. Aunque mantienen que esta etapa "tiene carácter voluntario y su finalidad es la de contribuir al desarrollo físico, afectivo, social y cognitivo de los niños y niñas".
El nuevo proyecto de ley deja más margen a las comunidades autónomas para fijar cuántas horas de clase imparten en castellano y cuántas en su lengua cooficial (las que la tengan). Esto supone rebajar la presión sobre la inmersión lingüística que introdujo Wert. Si bien la LOMCE también concedía a las comunidades autónomas margen para determinar la lengua vehicular, acto seguido precisaba que la proporción de castellano debía ser "razonable". De esta forma, impedía de facto que las clases fueran íntegramente en catalán, como se hace en Catalunya.
Esa "proporción razonable" fue de hecho uno de los fundamentos en los que se basaron los jueces para fijar el controvertido 25% de castellano si un alumno lo pedía. Ante las peticiones de familias en Catalunya de que sus hijos estudiaran más horas en castellano, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) interpretó como "razonable", de acuerdo con la LOMCE, que al menos se les garantizara una de cada cuatro horas en castellano, es decir, una asignatura además de la de Lengua.
Por otro lado, el nuevo proyecto mantiene el "derecho de los alumnos a recibir enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales", algo que también introdujo Wert. "Las Administraciones educativas fijarán la proporción del uso de la lengua castellana y la lengua cooficial como lengua vehicular, así como las materias que deban ser impartidas en cada una de ellas, pudiendo hacerlo de forma heterogénea en su territorio, atendiendo a las circunstancias concurrentes", concluye.
De lo que ya no quedar rastro en el nuevo documento es la opción que inventó Wert para que la Generalitat costeara la matrícula en la privada a las familias que buscaran sin éxito clases en castellano en la pública. El Tribunal Constitucional lo tumbó en febrero pasado.
Desparece la mención de la "demanda social"
Por otro lado, en el nuevo articulado desaparece la mención a la demanda social como uno de las factores que tendrán en cuenta las administraciones para programar y ofertar plazas en los centros concertados. En este anteproyecto apuestan por planificar "la oferta educativa de modo que garantice la existencia de plazas públicas suficientes, especialmente en las zonas de nueva población". Desde los colectivos de educación concertada critican este posicionamiento, ya que aseguran que "supone omitir cualquier referencia a la libertad de enseñanza".
La selección de los directores volverá a quedar en manos de los colegios, y no de la Administración, con el nuevo proyecto legislativo. A partir de ahora, la Comisión que evalúe el concurso de méritos para acceder a la plaza de director estará formada en un tercio por miembros del claustro de profesores y otro tercio del Consejo Escolar. Esto significa que más de la mitad de los integrantes pertenecerán al centro educativo. Con la ley Wert, la representación de Claustro y Consejo Escolar era inferior al 50%, lo que daba la última palabra a la Administración.
Una de las críticas a la LOMCE es que dejaba el Consejo Escolar, máximo órgano de representación de la comunidad educativo, en un ente más consultivo que vinculante. El nuevo proyecto deshace este camino y le devuelve algunas de las competencias que tenía históricamente. Al Consejo Escolar le corresponde "aprobar" -y no "evaluar", como establecía la LOMCE- los proyectos pedagógicos y las normas de funcionamiento del centro que se contemplan dentro de la autonomía de los centros. Los mismo para la planificación y la organización docente del colegio. Hasta ahora estas eran atribuciones del director.
El Gobierno de Pedro Sánchez se comprometió junto a Unidos Podemos a impulsar el primer ciclo de enseñanza infantil en el acuerdo que firmaron de cara a los presupuestos del próximo año. A la espera de que el Ejecutivo pueda sacar unas cuentas adelante, en este borrador incluyen un apartado en el que se da mayor relevancia a este tramo. "La atención educativa a los niños y niñas de cero a seis años se realizará específicamente a través de la educación infantil", proponen añadir en el articulado. Aunque mantienen que esta etapa "tiene carácter voluntario y su finalidad es la de contribuir al desarrollo físico, afectivo, social y cognitivo de los niños y niñas".
El nuevo proyecto de ley deja más margen a las comunidades autónomas para fijar cuántas horas de clase imparten en castellano y cuántas en su lengua cooficial (las que la tengan). Esto supone rebajar la presión sobre la inmersión lingüística que introdujo Wert. Si bien la LOMCE también concedía a las comunidades autónomas margen para determinar la lengua vehicular, acto seguido precisaba que la proporción de castellano debía ser "razonable". De esta forma, impedía de facto que las clases fueran íntegramente en catalán, como se hace en Catalunya.
Esa "proporción razonable" fue de hecho uno de los fundamentos en los que se basaron los jueces para fijar el controvertido 25% de castellano si un alumno lo pedía. Ante las peticiones de familias en Catalunya de que sus hijos estudiaran más horas en castellano, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) interpretó como "razonable", de acuerdo con la LOMCE, que al menos se les garantizara una de cada cuatro horas en castellano, es decir, una asignatura además de la de Lengua.
Por otro lado, el nuevo proyecto mantiene el "derecho de los alumnos a recibir enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales", algo que también introdujo Wert. "Las Administraciones educativas fijarán la proporción del uso de la lengua castellana y la lengua cooficial como lengua vehicular, así como las materias que deban ser impartidas en cada una de ellas, pudiendo hacerlo de forma heterogénea en su territorio, atendiendo a las circunstancias concurrentes", concluye.
De lo que ya no quedar rastro en el nuevo documento es la opción que inventó Wert para que la Generalitat costeara la matrícula en la privada a las familias que buscaran sin éxito clases en castellano en la pública. El Tribunal Constitucional lo tumbó en febrero pasado.
Desparece la mención de la "demanda social"
Por otro lado, en el nuevo articulado desaparece la mención a la demanda social como uno de las factores que tendrán en cuenta las administraciones para programar y ofertar plazas en los centros concertados. En este anteproyecto apuestan por planificar "la oferta educativa de modo que garantice la existencia de plazas públicas suficientes, especialmente en las zonas de nueva población". Desde los colectivos de educación concertada critican este posicionamiento, ya que aseguran que "supone omitir cualquier referencia a la libertad de enseñanza".
La selección de los directores volverá a quedar en manos de los colegios, y no de la Administración, con el nuevo proyecto legislativo. A partir de ahora, la Comisión que evalúe el concurso de méritos para acceder a la plaza de director estará formada en un tercio por miembros del claustro de profesores y otro tercio del Consejo Escolar. Esto significa que más de la mitad de los integrantes pertenecerán al centro educativo. Con la ley Wert, la representación de Claustro y Consejo Escolar era inferior al 50%, lo que daba la última palabra a la Administración.
Una de las críticas a la LOMCE es que dejaba el Consejo Escolar, máximo órgano de representación de la comunidad educativo, en un ente más consultivo que vinculante. El nuevo proyecto deshace este camino y le devuelve algunas de las competencias que tenía históricamente. Al Consejo Escolar le corresponde "aprobar" -y no "evaluar", como establecía la LOMCE- los proyectos pedagógicos y las normas de funcionamiento del centro que se contemplan dentro de la autonomía de los centros. Los mismo para la planificación y la organización docente del colegio. Hasta ahora estas eran atribuciones del director.
Entrada relacionada:
sábado, 17 de noviembre de 2018
Aportaciones al anteproyecto de Ley orgánica de modificación de la actual Ley de Educación (Asamblea Marea Verde, La Ilustración x la Educación Pública, Centros Públicos, FRAVM,...)
Ante la oportunidad que desde el
Ministerio de Educación se ofrece con esta consulta pública para modificar la
LOMCE, entendiendo con cierta decepción que no se pretende derogar dicha Ley,
tal y como se reclama desde numerosos colectivos que defendemos la Educación
Pública y conforme al propio dictamen del Congreso de los Diputados que en 2016
aprobó suspender dicha normativa, los colectivos de la Comunidad de Madrid aquí
firmantes hemos acordado enviar este documento en el que ponemos el acento en
diversas cuestiones que, al amparo de dicha Ley,
determinadas Comunidades Autónomas, especialmente la de Madrid, han
desarrollado de manera particular con el objetivo
de desmantelar la Educación Pública de tod@s y para tod@s, convirtiendo el
Derecho a la Educación en una mercancía sujeta al funcionamiento del mercado.
Denunciamos así actuaciones que en el marco de la LOMCE han supuesto una tara
para el buen funcionamiento de la Educación Pública a todos los niveles, debido
a una verdadera intencionalidad política, amparada en los recortes y en
beneficio de otro modelo de escuela en la que prima la lógica del beneficio y
el funcionamiento empresarial por encima de valores como la calidad y la
equidad.
Queremos insistir en que consideramos la
LOMCE un verdadero problema que va en la dirección contraria a lo que el resto
de países de nuestro entorno
desarrollan respecto a sus modelos educativos. La Educación Privada-Concertada
es una singularidad que no se da de manera mayoritaria en ningún lugar del
mundo salvo en España. Por ello, entendemos e insistimos en su derogación.
Pero, mientras tanto, aprovecharemos esta consulta como paso intermedio hacia
una nueva Ley de Educación.
Por ello solicitamos que:
● Se garantice la oferta de plazas públicas, de titularidad y gestión
pública, suficientes para cubrir la demanda demográfica de un entorno, teniendo
en cuenta que las ratios son un máximo, no una condición de calidad. Para ello
es necesario eliminar el concepto de la "demanda social" recogido en
la LOMCE que favorece a la privada-concertada y
da cobertura a una planificación de centros donde prima la lógica de
optimización del gasto por encima del Derecho a la Educación, garantizado para
todas y todos por diversos convenios internacionales firmados por el Reino de
España y como lo ampara el artículo 27 de la Constitución.
● En función de dicha demanda demográfica, se prohíba expresamente a todas las administraciones públicas
educativas el modelo de construcción por fases, que tanto lastra a la Educación
Pública en este momento. La construcción de Centros Educativos Públicos debe
realizarse en una única intervención. Que, asimismo, se fomente el aumento de líneas allí donde sea posible y, una vez
cubierta la capacidad del centro, se construyan
otros nuevos, con criterios de calidad
educativa respecto a las ratios, de eficiencia energética y respeto al medio ambiente. Para
implementar esta medida, proponemos la reapertura de los centros educativos
públicos que se han cerrado.
● Una
Educación inclusiva que elimine la segregación que existe en los centros y que hace que,
por ejemplo, alumnos y alumnas de etnia gitana sean separados en aulas donde no
se aplica el currículo general que sí se aplica al resto de estudiantes. Asimismo
terminar con programas que ahondan en la desigualdad y segregación como el
Programa Bilingüe (tal y como está diseñado en la Comunidad de Madrid), el
PMAR, pruebas LOMCE (que clasifican alumnos y alumnas en virtud de una prueba
que no tiene ningún valor evaluativo), entre otros.
● En aras de la tan manida libertad de elección, se
destinen todos los beneficios que recibe la
privada-concertada a los centros públicos como primer paso hacia una real
oferta al mismo nivel y, en una segunda fase, dejar de sufragar a la
privada-concertada con fondos públicos. El dinero de nuestros impuestos no
puede ir a salvar negocios ni bancos, sino que debe garantizar la equidad de todos y todas.
● Una mayor democratización en la gestión de los centros devolviendo a los
Consejos Escolares su auténtico
poder para decidir sobre cualquier cuestión que afecte al funcionamiento del
centro, incentivando así la participación de las familias y aumentando el
número de sus representantes. Esto incluiría su
participación activa en la elección de la dirección del centro, en la revisión y
renovación de los proyectos educativos de cada centro, así como el
fomento de espacios orgánicos que favorezcan el
intercambio de ideas inter-centros
educativos. Asimismo, proponemos la introducción
en los Consejos Escolares de un miembro de la Comunidad Educativa que sea
representante del contexto vecinal en el que se sitúan los centros, terminando
así con la concepción de "centros educativos de paredes para dentro"
● Se
legisle para que la etapa 0-6 sea una etapa educativa y que se imparta en centros
de titularidad y gestión pública.
● Los servicios de orientación e inspección sean independientes
del poder político de turno y por supuesto, un cuerpo público. En este
sentido, nos sumamos al comunicado de Asamblea Marea Verde de Madrid que hacía hincapié
en la importancia de los Servicios de Orientación Públicos ante la propuesta de
financiar una red en los centros privados-concertados en la Comunidad de
Madrid (https://mareaverdemadrid.blogspot.com/2017/12/comunicado-asamblea-marea-verde-sobre.html).
● La
Religión quede fuera del currículum y del horario escolar. Entendemos que la
religión es un sistema de creencias que pertenece al ámbito personal y que es
incompatible su impartición en un Estado
aconfesional. Por ello solicitamos que se
deroguen los
acuerdos con El Vaticano (Concordato) en el sentido de sacar definitivamente
la religión de la Educación Pública. Quien quiera seguir un credo que lo haga
en un templo y no en una escuela.
Estas solo son unas pinceladas de lo que
queremos que sea la Educación Pública de tod@s y para tod@s.
Asimismo, suscribimos:
La Carta por la Educación Pública (http://mareaverdemadrid.blogspot.com.es/2015/09/carta-por-la-educacion-publica-mareas.html ) y las propuestas de Redes por una Nueva Política Educativa
(https://mareaverdemadrid.blogspot.com.es/2017/10/documento-de-bases-para-una-nueva-ley.html).
Esperamos que nuestras aportaciones sean
tenidas en cuenta.
Reciban un cordial saludo.
Firman
● Asamblea Marea Verde Madrid
● La Ilustración x La Educación Pública (Peñagrande-Madrid)
● Plataforma por la Educación
Pública de Montecarmelo (Montecarmelo-Madrid)
● Plataforma de Centros Públicos de Calidad de Madrid
● Plataforma Instituto en Rejas ¡YA! (Rejas-Madrid)
● Plataforma Parla Lucha Por La Educación Pública (Parla)
● AFA del CEIP Bravo Murillo (Peñagrande-Madrid)
● AMPA del CEIP Miguel de Cervantes (Getafe)
● AMPA del CEIP Héroes del 2 de Mayo (Colmenar Viejo)
● AMPA del IES Príncipe Felipe (La Paz-Madrid)
● AMPA del CEIP Infanta Leonor (Montecarmelo-Madrid)
● AMPA del CEIP Antonio Fontán (Montecarmelo-Madrid)
● AMPA del IES Mirasierra (Mirasierra-Madrid)
● Asociación Vecinal Montecarmelo (Montecarmelo-Madrid)
● Intertutos (Fuencarral-El Pardo-Madrid)
● Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM)
●
Agrupación Socialista de
Fuencarral-El Pardo
Entrada relacionada:
Suscribirse a:
Entradas (Atom)