Mostrando entradas con la etiqueta Interinos. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Interinos. Mostrar todas las entradas

miércoles, 24 de abril de 2024

Manifiesto ¡EDUCACIÓN PÚBLICA, INCLUSIVA Y DE CALIDAD! (Manifestación de Marea Verde Madrid del 6-4-2024)

 

¡EDUCACIÓN PÚBLICA, INCLUSIVA Y DE CALIDAD!

MENOS RATIOS, MENOS HORAS LECTIVAS, MÁS PLAZAS Y CENTROS PÚBLICOS,

MÁS DOCENTES Y PROFESIONALES EDUCATIVOS


El gobierno de la Comunidad de Madrid es el que menos invierte en Educación Pública, pero destina cada vez más dinero público de todas y todos a centros privado-concertados: beneficia a familias que ingresan más de 100.000 € con cheques para estudiar Bachillerato y Formación Profesional en la privada y también incrementa un 15% el presupuesto para gastos de funcionamiento y para la contratación de personal no docente, mientras recorta plazas de la pública en todas las etapas educativas. Ha privatizado y otorgado a una gran empresa extranjera la asignación de interinos o la tramitación de las becas de comedor, creando un caos sin precedentes en la gestión pública madrileña. Así mismo, ha repartido solamente entre centros privado-concertados 1,9 millones de euros de los fondos Next Generation al programa PROA+, destinado a garantizar el éxito escolar del alumnado vulnerable escolarizado principalmente en la pública. El dinero europeo de todos se les da a unas pocas empresas sin control del Ministerio de Educación.

1.  Reivindicamos una inversión en Educación del 7% del Producto Interior Bruto: dinero público para la Educación Pública. No a la privatización de la gestión pública. No a los recortes de plazas públicas.

 

La falta de plazas públicas provoca masificación en nuestras aulas, con ratios muy por encima de las legalmente establecidas. La bajada de ratios de 1º de la ESO de Ayuso no es para favorecer la calidad de la enseñanza, sino para reducir aún más las plazas en los centros públicos.

Por ello, exigimos una bajada de ratios a un máximo de 15 estudiantes por clase, sin pérdida de grupos ni de ninguna plaza pública.

El gobierno de la Comunidad de Madrid regala suelo público y da el concierto a empresas incluso antes de construir los centros educativos, pero apenas construye nuevos centros públicos y lo hace en varias fases. Hay centros públicos que llevan una década con su alumnado entre obras interminables o desplazado a otros centros en los que se estudia en barracones año tras año y que van en aumento como en Torrejón de Ardoz. Una vez más, favorece el negocio educativo con dinero público en zonas donde hay una gran movilización y demanda de plazas públicas (Ensanche de Vallecas, Valdebebas y El Cañaveral). La libertad de elección es sólo para las familias que quieren matricular a sus hij@s en la privada-concertada.

2.  Exigimos la bajada de ratios y la construcción de centros públicos, según la demanda demográfica, realizada en una sola fase. No a los barracones.

 

Desde 2011 se aumentaron los 18 y 23 períodos lectivos del profesorado de Secundaria, Formación Profesional y Primaria con el consiguiente deterioro de la calidad de la Educación Pública y contraviniendo la ley, al disponer de menos tiempo para la coordinación, la preparación de prácticas o de perder desdobles en talleres y laboratorios o periodos de biblioteca, entre otros.

3.  Reclamamos la reducción de los periodos lectivos para el profesorado de todas las etapas porque necesitamos más horas de coordinación y de atención a las familias y principalmente al alumnado. Por una Educación de calidad.

 

No se crean plazas públicas de Formación Profesional y Universidad y un altísimo porcentaje del alumnado se queda sin ellas. Afortunadamente cuando se filtró el cobro de las prácticas formativas al alumnado de la FP pública se denunció en los medios y se reaccionó con una protesta rotunda. Sin embargo, desde la administración se fomenta la creación de Universidades privadas, no se amplían plazas públicas universitarias y se cobran las tasas más altas del Estado. Ahora se pretende la supresión del Bachillerato nocturno que es la única posibilidad para quienes trabajan o realizan otras tareas necesarias.

4.  Exigimos las plazas públicas necesarias de Formación Profesional y Universidad para admitir a todos y todas las solicitantes respetando su elección. Exigimos también la supresión de tasas y de cualquier cobro de las prácticas u otros conceptos.

 

En los centros faltan profesionales y profesorado de todas las especialidades, especialmente de aquellos que trabajan en atención a la diversidad o en Primaria. Además, se aprueban normas que atentan directamente contra la inclusión. Los criterios de escolarización y dotación de recursos personales se basan en diagnósticos médicos y no en necesidades educativas. Se pretende hacer un cambio de funcionamiento de los PT y AL así como de sus oposiciones, sin contemplar la inclusión de los mismos en el aula y haciendo dobles funciones.

5.   Necesitamos aumento de  profesionales públicos y no externalizados. Más Orientadores y Orientadoras; docentes de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje y de Compensatoria; Profesorado de Servicios a la Comunidad, Técnicos Educativos y Técnicos de Integración Social.  Acabemos con el 2x1 en Primaria.

 

No hay apenas plazas infantiles públicas para las niñas y niños más pequeños. La Comunidad de Madrid ha desmantelado el modelo de escuela de 0 a 6 años y ha introducido el ciclo 0-3 en los colegios sin la planificación necesaria con casos muy graves de falta de recursos y una organización que empeora la calidad de la educación que se imparte y las condiciones laborales de las educadoras que ya eran malas.

6.  Reclamamos la creación de más Escuelas Infantiles Públicas de 0-6 años de gestión directa.

 

La llamada Ley Maestra que aprobó el gobierno de la Comunidad de Madrid atenta contra los principios de inclusión y de aumento de las plazas públicas que se defienden en la LOMLOE. Asimismo, fomenta la segregación y blinda el negocio de las empresas de la privada-concertada que representan modelos ideológicos ultraconservadores y religiosos en detrimento de la Educación Pública que representa los valores democráticos y constitucionales de respeto, igualdad y diversidad.

7. Exigimos la derogación de la Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa de la Comunidad de Madrid.

 

La Comunidad ha tenido que dar marcha atrás en su Programa Bilingüe que perjudica la enseñanza del castellano en materias fundamentales de conocimiento propio y ha dado lugar a muchos problemas de aprendizaje que no han sido evaluados adecuadamente ni corregidos a tiempo. Además obliga a muchas familias a llevar a sus hijos a centros bilingües porque casi no quedan centros no bilingües.

8.  Pedimos la revisión y evaluación objetiva del Programa Bilingüe de la Comunidad de Madrid y su replanteamiento.

 

No se cuenta con la participación de familias y agentes educativos o profesionales de la educación en la construcción del Proyecto Educativo pese a la nueva legislación de la LOMLOE. La opacidad y el autoritarismo con los que funciona el gobierno madrileño demuestran que no le gusta el modelo democrático y participativo.

9.   Demandamos mayor transparencia y talante democrático en las políticas educativas de la Comunidad de Madrid.

 

Solicitamos que la Consejería de Educación prevea y cuide de los docentes interinos y más tras la experiencia de los procesos  de diferentes oposiciones de este curso y los trastornos y errores producidos en las adjudicaciones y listas de asignaciones que se han retrasado hasta finales de agosto.

10. Reclamamos revisar el sistema de oposiciones y el calendario de asignación de destino del profesorado interino.

 

Este 6 de abril nos manifestamos en defensa de la Educación Pública que tanto ha costado construir con el esfuerzo y la lucha común para el bienestar social. Los madrileños y madrileñas merecemos gestores responsables y no depredadores que los destruyan y los regalen a intereses privados para lucro de unos pocos.

Por una Educación Pública que garantice el Derecho a una Educación integral en la Comunidad de Madrid. Porque, a pesar de los recortes, ¡la Pública es la mejor opción!

6 de abril de 2024

Asamblea Marea Verde Madrid


Entradas relacionadas:

lunes, 13 de noviembre de 2023

Comunicado de Asamblea Marea Verde Madrid ante el caos educativo desde el inicio de este curso 2023-24 (12-11-2023)

 

Desde el inicio de este curso la Comunidad Educativa ha asistido con asombro al aumento del caos en la Educación Pública madrileña al ver cómo la Comunidad de Madrid ha reforzado sus ataques con más recortes y abandono del alumnado vulnerable, creando nuevas normativas o privatizando algunos servicios que debe  prestar. 

  1. Se inició el curso escolar sin gran parte del profesorado en los centros educativos como consecuencia de la cesión de asignación de interinos de la Comunidad a una empresa privada holandesa como RANDSTAD. Esto ha supuesto un tremendo caos en la organización de los centros y alumnado sin su profesorado de referencia, vulnerando su derecho a la educación y a la igualdad de condiciones con los demás. 

  2. Se ha producido una situación caótica con las becas comedor por la privatización del proceso de tramitación de las becas de comedor, que ha puesto en peligro la alimentación de miles de niños y niñas de la Comunidad de Madrid, con la susodicha empresa RANDSTAD. Desde entonces las familias solicitantes han vivido un caos administrativo con un complejo sistema de reclamación y angustia por la alimentación de sus hijos por ser excluidas un alto porcentaje por diferentes razones burocráticas, generando además un aumento considerable de trabajo en los centros educativos que ayudaban a tramitar las reclamaciones. Ante la presión de una campaña de protesta de las AFA/AMPA de las familias afectadas y de los sindicatos, equipos directivos y profesorado, la Comunidad ha anunciado que todas las familias solicitantes recibirían beca. Estamos a la espera de confirmar la puesta en práctica de esta medida y la inclusión de familias que no constan en las listas o son de matriculación tardía.

  3. Debido a las nuevas normativas aprobadas por esta Comunidad se produce un serio deterioro de la atención a la diversidad. Con el Decreto 23/2023 de 22 de marzo el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid regula la atención educativa a las diferencias individuales del alumnado, pero básicamente se encarga de sacar del Programa de Necesidades Educativas Especiales (que supone el apoyo de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje) a varios perfiles de alumnado que siempre habían sido atendidos y que tanto necesitan.  
    No siendo suficiente con el daño provocado con el mencionado decreto, se publica la Resolución 254 con las Instrucciones para facilitar la Organización y Funcionamiento de los Centros de Atención Preferente para Alumnado con Necesidades Educativas Especiales derivadas de Trastorno del Espectro Autista (TEA), que solo sirven para empeorar significativamente la atención a este alumnado al aumentar la ratio hasta 7, sin la dotación necesaria de profesionales, que ya eran escasos. Del mismo modo ocurre en la Aulas de Educación Especial en centros ordinarios, donde se aumentarán las ratios en las aulas de apoyo y no habrá más profesorado que pueda responsabilizarse de este alumnado.

  4. Con las últimas normativas y la falta de financiación se sigue sin dotar a los centros y Equipos de Orientación de los recursos mínimos adecuados. Se disminuye el tiempo de atención y evaluación del alumnado para detectar tempranamente necesidades educativas específicas y se abandona al alumnado en listas de esperas interminables, incorporándose en centros y grupos que sufren las consecuencias. Además, los equipos de Orientación no han podido censar al nuevo alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo ni realizar los informes pertinentes por la dependencia y falta de funcionamiento de las plataformas institucionales como RAÍCES. Pero el maltrato a los Equipos de Orientación no acaba aquí, en lugar de reforzarlo con más profesionales, que es lo que se necesita, se hace una colaboración con la Fundación Alicia Koplowitz, contratando asesoramiento en salud mental al profesorado y atención al alumnado de centros públicos madrileños.

  5. La incorporación del alumnado 0-3 en los CEIP ha sido positiva por la inclusión de esta etapa como etapa educativa necesaria, pero negativa en muchos aspectos y muy caótica por las obras no finalizadas, obligando al alumnado a estar en otros centros, en barracones o en espacios improvisados por las direcciones ante la orden de incorporación con absoluta dejación de responsabilidad de la Comunidad de Madrid. Además, con sus diferencias horarias sin auxiliares de control o sin presencia de la dirección en el centro. Sobrecarga de la coordinadora sin liberación horaria suficiente y con la tarea de los horarios. Sin servicios propios como lavandería, cocina, mobiliario y espacios de cambiadores o psicomotricidad. Con problemas de falta de personal desde el comienzo de curso.
    Es necesario que el proyecto 0-3 se haga parte del proyecto de centro 0-12, coordinado con otros centros, cubriendo las bajas inmediatamente y homogeneizando las condiciones laborales de las educadoras con el resto de profesionales así como su participación en el centro que trabaje una línea pedagógica común.

  6. La problemática en los Institutos de Secundaria es mayor por las ratios en las aulas. Han aumentado mucho los problemas de salud mental y no se cuenta con los recursos y la formación suficiente. El trabajo en prevención (salud, no violencia, paz, diversidad, afectivo-sexual) se tacha de doctrinario, pero se permite el intrusismo profesional de fundaciones y a través del PROA+ sin conocimiento de los profesionales del centro. En algunos centros no se cuenta con Profesorado de Servicios a la Comunidad (PSC) y hay exceso de carga por la burocracia de protocolos e informes para solicitar más recursos o derivaciones además de la docencia. La UNESCO señala la necesidad de una orientadora cada 250 alumnos y alumnas frente a los 800 e incluso 1000 de algunos centros madrileños.

  7. Finalmente, la Comunidad de Madrid sigue sin reducir los periodos lectivos que se aumentaron en la crisis del 2011, pese a ser una de las más ricas del conjunto del Estado, perjudicando la calidad y la tan cacareada igualdad del alumnado madrileño y sus profesionales. 

Por todo lo expuesto, desde Asamblea Marea Verde Madrid, hacemos un llamamiento a toda la Comunidad Educativa para movilizarse y posicionarse en contra de las políticas de saqueo y privatización del gobierno de la Comunidad de Madrid. 

¡Basta ya del maltrato institucional a la Educación Pública madrileña! 

Nos vemos en las calles defendiendo la Educación de tod@s para tod@s.

12 de noviembre de 2023

Asamblea Marea Verde Madrid

Entradas relacionadas:

lunes, 3 de octubre de 2022

La Educación no consigue recuperarse de los recortes que el PP impuso por decreto hace una década (Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es)

Artículo de Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es

Desde las bajadas salariales al profesorado hasta un empeoramiento generalizado de las condiciones para ejercer la docencia, los tijeretazos que justificó la anterior crisis esquilmaron al sector educativo y aumentaron el gasto de las familias

— Las familias invierten más cada año en Educación y el gasto privado ya supone uno de cada cinco euros del total

02/10/2022

Este curso se cumplen diez años desde la aprobación del Real Decreto 14/2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo que auspició el exministro José Ignacio Wert y firmó Mariano Rajoy. Un sector que ya se veía afectado por los recortes generales, que empezaron en 2010 de la mano del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que congeló salarios y suspendió las oposiciones a funcionario público. La Educación sufrió de tal manera los tijeretazos que proponía el decreto que todavía hoy intenta recuperarse de algunas de sus secuelas. Una década perdida. Y contando: “No ha habido una recuperación generalizada de los recortes”, asegura Maribel Loranca, responsable de la sección educativa de UGT.

Un ejemplo: el gasto educativo en el año previo al decreto, 2011, fue de 50.631 millones de euros. No era el pico de inversión; la cifra ya venía retrocediendo de ejercicios anteriores, pero no se volvió a llegar a ella hasta 2018. Hoy está en 55.000 millones, un 10% más que en 2010, pero prácticamente el mismo dato que en 2009, hace 13 años. Y con un par de matices: hoy hay casi 100.000 profesores más que entonces, una subida del 14%, y además ganan un 10% más que hace diez años, por lo que el gasto en salarios ha subido. Una inflación acumulada del 19% en los últimos diez años acaba de dibujar el bocado que ha sufrido la inversión en Educación.

La lista es larga y sus consecuencias lo fueron más aún: subieron las ratios, se aumentó la jornada lectiva a los docentes, se dejaron de cubrir las jubilaciones y de convocar oposiciones y se pusieron trabas a las sustituciones por baja; se esquilmó la red de formación; se desplomaron los presupuestos. En la Universidad también se prohibió sustituir a quienes se retiraban, se subió la docencia mínima y, sobre todo, se dispararon los precios públicos y se redujeron las becas.

20 años de mercantilización de las aulas: cómo pasamos de pensar en educar a pensar en ganar dinero SABER MÁS

El efecto sobre las familias fue inmediato. Como se puede ver en el siguiente gráfico, en paralelo a la caída del gasto público se dio un incremento del gasto privado para compensar. Entre 2010 y 2012 la inversión particular en Educación subió un 15%. En los siguientes cinco años lo haría otro 10% más.


Pero no todo fue negativo. Laura Julià, por aquel entonces profesora y hoy directora de un IES en València, recuerda de aquellos años que el “varapalo” del decreto de Wert sirvió para unir a un colectivo que hasta entonces no tenía esa sensación de pertenencia a un grupo. “Considerábamos que era un desprecio a nuestra labor docente”, rememora. “No ya solo por el salario, también por el desprestigio que se nos daba, especialmente a los funcionarios. Aquello despertó la lucha colectiva”. Familias y alumnado se unieron. Había nacido –también contra la incipiente Lomce, que se gestaba en esos meses– la Marea Verde.

Se hizo para dar “una mejor prestación”

Técnicamente el RD se firmó en abril, pero las ratios o las jornadas lectivas no se cambian en primavera, a mitad del curso. Sus efectos más perniciosos llegaron en el curso siguiente –del que se cumplen ahora diez años–, cuando a partir de septiembre el profesorado llegó a sus centros para trabajar más horas, tener más alumnado al que atender y menos tiempo para prepararse. Un curso en el que las direcciones de colegios e institutos hacían equilibrios con unos presupuestos menguantes. Para acabar de precarizar la situación, a los recortes a nivel estatal se sumaron los particulares de cada comunidad.

“Se trata, en definitiva, de introducir importantes elementos de racionalidad y eficiencia en el sistema educativo, que redundarán en una mejor prestación de este servicio público indispensable”, defendía el Partido Popular en la exposición de motivos del Real Decreto. Menos dinero y peores condiciones laborales iban a optimizar el funcionamiento de los centros educativos, mágicamente.

El RD planteaba alcanzar “una mejor prestación del servicio” –solo aplicable a centros públicos o privados sostenidos con fondos públicos– con cuatro medidas fundamentales para la educación no universitaria: se permitía a las comunidades autónomas subir un 20% las ratios de alumnos por aula; se ampliaba la jornada lectiva del profesorado a 25 horas en Primaria y 20 en Secundaria y Bachillerato; se alargaba hasta los diez días el plazo mínimo de baja de un docente para enviar un sustituto; se retrasaba la implantación de una reforma de la FP que estaba en marcha.

Julià recuerda “el desgaste”. “Unas ratios más altas implican una convivencia en el aula más complicada; el agotamiento repercute en que tienes menos paciencia, eres menos resolutivo y el alumnado está peor atendido”, enumera.

Loranca, de UGT, hace hincapié en la la atención a la diversidad, al alumnado con necesidades específicas de atención educativa. “Las políticas que peor paradas salieron fueron las de equidad, los programas de compensación de desigualdades, la educación compensatoria, las aulas de enlace”, rememora. Sin docentes de Pedagogía Terapéutica (PT) o Audición y Lenguaje (AL), los estudiantes con necesidades eran sacados del aula, lo cual derivaba automáticamente en la etiqueta. Estos servicios, coinciden todas las fuentes, nunca se volvieron a recuperar como estaban. También se perdió por el camino la medida que tenían algunas comunidades por la que los alumnos con necesidades de apoyo educativo contaban como dos personas a la hora de establecer las ratios, de manera que se conformaban grupos más pequeños.

Estos recortes se sumaron a los que afectaron a todo el país: tijeretazos en los presupuestos, salarios de funcionarios congelados y la tasa de reposición a cero. No se podían sustituir las jubilaciones de los empleados públicos. “Aquello supuso un claro empeoramiento de las condiciones de trabajo de los centros en todos los sentidos”, recuerda Raimundo de los Reyes, por aquel entonces director de un instituto público (IES) en Murcia.

De un curso para otro, a cada profesor le cayó de media un grupo más. El que tenía por ejemplo seis clases, pasó a tener siete. Según la materia que impartiera, podían ser hasta dos grupos extra, entre 30 y 60 alumnos más que atender para docentes que ya tenían unos 125 estudiantes cada uno.

A la Educación como sector le quitaron el 15% de los fondos solo entre 2010 y 2013, un golpe del que tardó años en recuperarse. Cada comunidad complementó este 'ahorro' –se dice que cada euro invertido en Educación devuelve 20– con sus propios recortes

Los interinos sufrieron especialmente, recuerda Loranca. Palatucci fue una de ellas. Su caso es extremo, pero a la vez real: los recortes forzaron que se cambiara de especialidad. Palatucci era profesora interina de Filosofía. Al aumentar las horas lectivas del profesorado, donde antes cabían 2,5 profesores pasó a haber uno. Ella, que el año anterior había conseguido trabajar pese a estar cerca del número 100 en la bolsa de trabajo, vio cómo se quedaba sin plaza estando ese curso la número 35.

“Me cambió la vida, muchos interinos nos quedamos sin trabajo”, recuerda. “Iba viendo cómo empeoraban mis condiciones: primero empecé con sustituciones, luego conseguí una jornada completa, pero [llegó la crisis y] luego media y después nada. Empecé a pensar que me quedaba sin futuro, así que me puse a estudiar Filología Hispánica”, cuenta. Se tuvo que volver a presentar a unas oposiciones.

Y además, con menos tiempo para gestionarlo. Los profesores pasaron de sus 17 o 18 horas semanales de clase a 20 (en Primaria eran 25), lo que supuso una merma en sus horas complementarias, las que no se dedican a la docencia puramente sino a reuniones de coordinación o a preparar clases. “Pero no puedes acortar el tiempo de corregir trabajos o no reunirte con tu compañero”, explica una profesora, “por lo que se acabó traduciendo en más trabajo fuera de la jornada laboral, en nuestro tiempo libre”.

Mercedes Palatucci, jefa de estudios en un instituto madrileño, explica que por el camino ha quedado la dedicación de muchos profesores a actividades de centro como la radio del instituto o el periódico. “Ya no están en los espacios comunes, normalmente cada uno se queda en su departamento trabajando en sus cosas”, lamenta.

A
unque algunas comunidades sí ofrecieron soluciones para esta falta de tiempo: además de la jornada lectiva aumentaron la jornada semanal. Al menos Andalucía, Baleares, las dos Castillas, Extremadura, Madrid y Murcia pasaron a una semana de 37,5 horas.

Otra consecuencia de los recortes fue un envejecimiento de la plantilla docente. Como no entraba gente por abajo, al no haber oposiciones, los cuerpos de maestros y profesores pasaron de tener en 2010 un 12,6% y un 5,1% de menores de 30 años a un 6,7% y un 4,2% en 2020, respectivamente. Los mayores de 50 siguieron la evolución contraria: del 32% en Primaria y el 30,7% en Secundaria se ha pasado a un 32,3% y un 40%.

Un 15% menos de fondos

El empeoramiento de las condiciones laborales y materiales educativas sirvió para cumplir con el ajuste presupuestario que el gobierno impuso. O viceversa. A la Educación como sector le quitaron el 15% de los fondos entre 2010 y 2013, un golpe del que tardó años en recuperarse. Cada comunidad complementó este ahorro –se dice que cada euro invertido en Educación devuelve 20– con sus propias medidas.

En Andalucía se recortó un 25% la partida de mantenimiento y conservación; Aragón limitó la adquisición de nuevos materiales a los supuestos “estrictamente necesarios”; Baleares suspendió el derecho al complemento retributivo a la productividad; Canarias “readaptó” el servicio de préstamo gratuito de libros; Cantabria eliminó las reducciones de jornada para los mayores de 55; Castilla-La Mancha quitó el complemento por actividades educativas fuera del centro; Castilla y León ahorró en limpieza y seguridad. Son algunos ejemplos, varios de ellos compartidos por otras comunidades.

Al profesorado le recortaron los salarios un 5% a nivel estatal, seguido de congelaciones salariales, tijeretazo que algunas comunidades autónomas complementaron con otras medidas remunerativas, según recogió un informe de UGT. Andalucía y Madrid eliminaron complementos adicionales; Catalunya, Castilla-La Mancha y también Madrid redujeron un 10% el complemento específico de destino; muchas fueron las que dejaron de pagar las vacaciones de verano a los interinos, que eran despedidos a final de curso y contratados al inicio del siguiente; Valencia y Baleares eliminaron los sexenios por antigüedad. El sindicato calcula que entre unas y otras el profesorado perdió un 13% de su poder adquisitivo desde 2010.

En cuanto a medidas no directamente económicas, los Gobiernos regionales prácticamente suprimieron la red de formación, hoy en día en el centro del debate público ante las necesidades formativas que impone la Lomloe y no acaban de llegar; Murcia, Baleares, Andalucía, Aragón, Madrid y otras recortaron los días de asuntos propios del profesorado; también se redujo el número de representantes sindicales.

Otra consecuencia, recuerdan los docentes, les cayó a profesores y estudiantes de Ciencias: los recortes se llevaron por delante los laboratorios. Se acabaron las prácticas, sobre todo en Biología.

Coyuntural... pero no tanto

Direcciones y profesorado pensaron que sería una cosa coyuntural que se revertiría rápido. No lo fue tanto. Formalmente, la mayoría de las medidas incluidas en el Real Decreto 14/2012 fueron derogadas siete años después, mediante la Ley 4/2019 de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito no universitario. Esta norma básicamente se limitaba a derogar los artículos 2, 3 y 4 del RD de Wert, donde aparecían los recortes. Pero con un matiz importante.

La ley derogatoria no obligaba a nada, explica el director De los Reyes, solo permitía. El RD de los recortes tampoco obligaba, pero todos los Gobiernos regionales se acogieron a él. No fue así con el paso contrario: igual de cierto es que hubo comunidades que no deshicieron los recortes como que había Gobiernos regionales que se habían anticipado a ellos, por ejemplo en el tema de las ratios.

Una comparativa del sindicato Anpe muestra que Aragón, Castilla-La Mancha, Galicia, Madrid, Murcia y el territorio que depende del Ministerio de Educación, Ceuta y Melilla, mantienen las 25 horas para Primaria y 20 para Secundaria que propuso Wert. Solo la Comunitat Valenciana, La Rioja y Euskadi han quitado dos horas en cada una de las categorías para quedarse en 23 y 18 (17,5 para Secundaria en Euskadi). Entre medias, con alguna rebaja (sobre todo en la ESO) están el resto de comunidades.

Palatucci cree que la actual falta de profesorado es heredera de aquellos recortes. La paralización de la oferta docente y el envejecimiento de las plantillas no está siendo cubierto en algunas especialidades, explica, de manera que se sustituye a quien se va jubilando, pero no se recuperan los puestos perdidos.

Ni siquiera el aspecto de los centros es el mismo. “Las bibliotecas escolares han dejado de existir, y si lo hacen es por la voluntad de algunos profesores o a base de soluciones imaginativas de los equipos directivos”, describe la realidad al menos de la Comunidad de Madrid. “Diría que no se parece tanto un centro de entonces al de ahora, al menos en ese sentido”, cierra.

Gráficos de Carmen Martínez Vidal

Entradas relacionadas:

lunes, 20 de junio de 2022

CGT recurre el RD de estabilización de personas interinas (Federación de Enseñanza de CGT. 14-6-2022)

 14 de junio de 2022

Los servicios jurídicos de la Federación de Enseñanza de CGT han presentado la interposición de contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional contra el Real Decreto 270/2022, de 12 de abril, por el que se modifica el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley, aprobado por Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero.

CGT Enseñanza valoramos muy positivamente las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el abuso de temporalidad del personal interino que venía a reconocer el incumplimiento de la directiva europea 1999/70 por parte de los gobiernos españoles de los últimos años. Sin embargo, desde CGT entendemos que la aplicación de las sentencias por parte del actual Gobierno, tanto en el llamado Icetazo (firmado por el Gobierno con CCOO, UGT y CSIF) como en el RD 270/2022 no recogen lo sentenciado por el TSJU.

El RD 270/2022 no solo no sirve para estabilizar a las personas interinas en abuso de temporalidad sino que además entendemos que es discriminatorio y va en contra de la “igualdad de oportunidades y libre concurrencia”. En concreto hay dos puntos polémicos que son los que hemos recurrido en este primer momento, la limitación de los 10 años tanto para el reconocimiento de la experiencia docente como para el reconocimiento de haber superado un proceso de concurso-oposición.

El RD 270/2022 que regula como serán los procesos extraordinarios de estabilización de personal interino marca una fecha límite injustificada de 10 años para el baremo de méritos de las personas que vayan a participar tanto en el concurso oposición como en el concurso de méritos. En el apartado de experiencia docente, el máximo de puntos se consigue con 10 cursos trabajado, lo que iguala a personas interinas con 17 o 18 cursos trabajados, que las hay, con las que llevan 10. Desde CGT no se entiende de dónde sale esta limitación temporal que resta posibilidades a las personas que llevan más años en abuso de temporalidad.

Pero aún más grave, a entender de esta Federación, es la limitación de la fecha de 2012, de nuevo los 10 años, para poder obtener puntuación por haber superado algún proceso selectivo. Es decir, las personas que hayan aprobado un concurso oposición desde 2012 pueden llegar a obtener hasta 5 puntos en uno de los apartados de la baremación del Concurso de Méritos. Sin embargo, hay muchas CCAA donde o no se han convocado oposiciones nunca o se ha hecho antes de 2012. Por citar un ejemplo, en Aragón hay especialidades como Historia del Arte o Alemán en Cuerpo de Infantil-Primaria donde nunca se han convocado concurso de oposición. En otras como Música de Secundaria, Italiano de Escuela de Idiomas y Fabricación y Carpintería y Mueble de Formación Profesional no ha habido concurso oposición en Aragón posterior a la fecha de 2012 marcada por el RD 270/2022. Esto significa que, habiendo habido en otras CCAA oposiciones posteriores a esa fecha los y las interinas de otras CCAA podrían obtener en Aragón una puntuación que las personas interinas de Aragón no pueden por no haberse convocado procesos de oposición desde la citada fecha. Este ejemplo, con otras especialidades es extensible a todos los territorios del Estado por lo que nos encontramos con situaciones de desigualdad donde no se puede competir en igualdad de condiciones.

Estos son los dos motivos que han propiciado la interposición de contencioso administrativo que no quita para presentar nuevos recursos una vez publicadas las distintas convocatorias.

Fuente: fecgt.org

martes, 31 de mayo de 2022

RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2022, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se regula la formación de las listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad de todos los Cuerpos Docentes no Universitarios (BOCM 10-5-2022)

RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2022, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se regula la formación de las listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad de todos los Cuerpos Docentes no Universitarios (Maestros, Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño). BOCM 10-5-2022

Entrada relacionada:

jueves, 14 de abril de 2022

El Gobierno cambia las oposiciones docentes: los interinos tendrán ventaja para conseguir la plaza durante tres años (Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es)

 Artículo de Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es

  • El Ministerio de Educación modifica el Real Decreto a última hora y limita el concurso de méritos a la estabilización de plazas estructurales ocupadas por interinos desde antes de 2016, las de reposición y nueva creación tendrán que ser por concurso oposición
12 de abril de 2022

Ya está hecho: el Consejo de Ministros ha aprobado este martes la (polémica) reforma de las oposiciones docentes. El nuevo sistema, que dará ventaja a los actuales interinos frente a los nuevos aspirantes que nunca han ejercido, tiene como objetivo cumplir con Europa y rebajar la temporalidad en el sector al 8% en tres años. La Educación tiene actualmente un 23% de docentes interinos, según el Ministerio de Educación.

SABER MÁS 
Experiencia gana a formación: la reforma de las oposiciones docentes va camino de los tribunales

El texto aprobado por el Gobierno introduce una modificación respecto a las primeras versiones que se filtraron: seguirá favoreciendo a los interinos, pero un poco menos. La reforma presentada por Educación contempla dos vías de acceso hacia el funcionariado: un concurso-oposición tradicional, aunque modificado respecto a lo que se venía haciendo hasta ahora para primar la experiencia sobre la formación, y un concurso de méritos, abierto a todos pero del que básicamente solo se beneficiarán quienes sean actualmente interinos y que solo se podrá convocar una vez en cada comunidad autónoma.

Pero el Consejo de Estado, que evalúa el encaje legal de los proyectos normativos antes de que se aprueben, pidió un cambio al ministerio: la vía de acceso por concurso de méritos se limitará a “las plazas [estructurales] ocupadas con carácter temporal con anterioridad al 1 de enero de 2016”, según explica Educación. Esto es, las de reposición (fundamentalmente, los docentes que se jubilan) y las de nueva creación tendrán que ofertarse por concurso oposición, creando un doble sistema de acceso que los sindicatos critican. Aunque ambos sistemas están abiertos a todo el mundo, quien no sea interino apenas tiene opciones en el concurso. De hecho, según denuncian los aspirantes sin experiencias, tampoco tienen apenas opciones en el concurso-oposición. 

El sistema aprobado este martes es transitorio, en principio previsto para tres años incluyendo este, aunque la mayoría de las comunidades autónomas han evitado implementar la reforma este año, por lo que el grueso de las oposiciones de verano se harán con el sistema antiguo, más equilibrado entre interinos y aspirantes de nuevo cuño. Educación calcula que se ofertarán en total unas 125.000 plazas hasta 2024.

El problema para los colectivos de interinos es que el concurso oposición que ha diseñado el Gobierno –y aprueban los sindicatos– favorece claramente a los actuales interinos, según denuncian plataformas como Docentes por la Justicia. ¿Cómo lo hace? Por la doble vía de rebajar el peso de la formación en la nota final del concurso oposición, de manera que la experiencia acumulada pese más, y suprimiendo el carácter eliminatorio de la primera prueba teórica, que podía dejar por el camino a aspirantes que después, en la fase del concurso, tuvieran más méritos.

El nuevo concurso oposición
En el concurso oposición se reduce a dos el número de pruebas a realizar. Habrá una primera como la actual, en la que el aspirante tendrá que desarrollar un tema de la especialidad por la que se presente, y una segunda en la que tendrá que elaborar y defender una unidad didáctica. La principal novedad de esta parte es que la primera prueba dejará de ser eliminatoria como sucede actualmente y todos los candidatos podrán pasar a la segunda.

Para acceder al posterior concurso de méritos hará falta aprobar esta primera parte (sacar un 5 sobre 10), que tendrá la consideración de un todo y cuya nota no vendrá desglosada. Muchos más aspirantes que ahora pasarán al concurso de méritos, que también se modifica. Con el sistema actual, cada profesor que se presenta puede optar hasta el diez de nota por varios métodos: acumulando puntos por formación, por experiencia docente o por “otros méritos”, con un complejo sistema: la formación otorga hasta cinco puntos, la experiencia siete y los otros méritos uno, de manera que aunque cada aspirante no pueda tener más de un diez sí tiene varias maneras de conseguirlo.

Con la reforma, se rebaja el peso de la formación y se favorece la experiencia. En el cómputo final la formación solo pesará dos puntos, mientras se mantienen siete de la experiencia y uno de “otros méritos”. Para contabilizar los puntos de experiencia se obtendrán 0,7 puntos por año de experiencia en un centro público en la especialidad por la que se presenta el candidato, 0,35 si es de otra especialidad pero también público, 0,15 si trabaja en un centro no público o es de la misma etapa y 0,1 si es de distinta especialidad o etapa. Con este método, solo hay una manera de conseguir el diez: obteniendo el máximo en cada apartado. Antes era posible suplir alguna carencia en formación o experiencia alcanzando el máximo en la otra categoría.

A partir de aquí, la nota final de cada candidato se obtiene ponderando el peso de cada parte. La oposición contará un 60% y el concurso de méritos un 40%.

Respecto al concurso de méritos extraordinario previsto, la puntuación máxima podrá ser de 15 puntos, de los que hasta siete son por experiencia docente, tres por formación académica y cinco por otros méritos, entre los que se incluye haber superado una oposición previamente. Esta distribución de puntos hace que aunque cualquiera se pueda presentar sea prácticamente imposible para un aspirante sin experiencia sacar una plaza.

Ministerio y sindicatos vs aspirantes sin experiencia
El Ministerio sostiene en el texto que “se considera que este diseño, conforme con las previsiones de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, permite una valoración adecuada y equilibrada de las competencias, formación y experiencia docente de las personas aspirantes, con pleno respeto a los principios constitucionales”.

Contaba inicialmente en esta reforma con el aval de los sindicatos –que suelen nutrirse de profesorado, interino o no, más que de aspirantes a serlo–, que sin embargo lamentan ahora la modificación introducida. CCOO explica que los cambios de última hora “pueden poner grandes trabas a la gestión de estos procesos (...). La más relevante podría implicar que, en lugar de que todas plazas de concurso-oposición se rijan por el mismo procedimiento, tal y como se venía haciendo en el proceso de estabilización desde 2018, se deban celebrar dos procesos distintos de concurso-oposición, uno con las plazas de reposición (jubilaciones) y otro con las de la tasa adicional de estabilización”. En una línea similar, UGT lamenta que se generen “dos procedimientos diferentes para ingresar en los mismos cuerpos docentes”.

Muchos aspirantes, en su mayoría de nuevo cuño pero también algunos interinos con experiencia, denuncian por “injusto” el sistema diseñado por Educación. La aspirante María argumentaba sus quejas: “De forma encubierta esto supone regalar las plazas a los interinos. Una persona sin experiencia, como es mi caso, la nota máxima a la que puede aspirar es un 7,2 (según el nuevo sistema) aunque saque un diez en la primera prueba. Pero un interino con diez años de experiencia, aún sacando un cinco en la oposición (el mínimo para acceder al concurso) con poquita formación complementaria que tenga ya quitaría la plaza al opositor más preparado”, ilustra.

Entradas relacionadas: