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martes, 14 de septiembre de 2021
El Gobierno suprimirá las recuperaciones de junio en la ESO (Daniel Sánchez caballero para ELDIARIO.ES)
Se acabaron las recuperaciones de junio en Secundaria. El Ministerio de Educación va a eliminar los exámenes de recuperación de junio este mismo curso. El decreto de evaluación y promoción que prepara el departamento que dirige Pilar Alegría se dispone a publicar esta novedad en cuanto reciba el dictamen del Consejo Escolar del Estado, según ha adelantado el periódico balear Última Hora.
Fuentes del ministerio explican que la medida, que viene de la anterior ministra, Isabel Celaá, tiene el respaldo de las comunidades autónomas a nivel técnico. En las reuniones preparatorias del decreto, los representantes de los Ejecutivos regionales han mostrado su acuerdo con suprimir estos exámenes. Argumenta el ministerio, y coinciden los técnicos regionales –según la versión de Educación– que la convocatoria extraordinaria de junio no tiene mucho sentido en el contexto actual: eran muy pocos los alumnos que aprobaban estos exámenes apenas tres semanas después de haber suspendido el de final de curso. Además, explican las fuentes, la Lomloe apuesta por la evaluación continua y el criterio del profesorado a la hora de establecer si un alumno aprueba una asignatura o incluso pasa de curso.
En este sentido va también la supresión del número máximo de asignaturas pendientes con las que un alumno puede promocionar en un curso. En el decreto se fija el máximo en dos, pero también se explica que el número de suspensos no será el único criterio a considerar y se podrá pasar con más. Que los alumnos promocionen con materias sin aprobar es algo que pasa desde hace varios años, también en las comunidades de muchos consejeros que han protestado por esta medida, pero ahora se le da carta de naturaleza en la ley. Además, la Lomloe fija que en todo el periodo de Educación obligatoria solo se podrá repetir dos veces.
La idea del ministerio se enmarca dentro de una batería de medidas que incluye la nueva ley para reducir la tasa de repetición en España, que con casi un 30% de alumnos que no está en el curso que le corresponde se encuentra entre los países con más incidencia de este indicador en Europa.
La supresión de las convocatorias extraordinarias de junio –que hace años se hacían en septiembre, pero fueron adelantadas– viene acompañada de refuerzos educativos, según ha explicado el director general de Planificació, Ordenació i Centres del Gobierno balear, Antoni Morante, a Última Hora. "Aunque desaparezcan las recuperaciones, se reforzará la atención a los alumnos con dificultades. En cualquier caso, cabe recordar que la titulación y el paso de un curso a otro será decidido por los docentes y que no hay límite de materias suspendidas en la ESO para pasar a Bachillerato", ha explicado.
Más atención al alumnado –aunque han subido las ratios–, más medidas preventivas y no reactivas, más autonomía docente y menos exámenes definitorios de un curso escolar es el camino que ha emprendido el ministerio en su batalla contra la repetición. El tiempo dirá si funciona.
martes, 22 de junio de 2021
Repetición de curso y brutalismo educativo (José Saturnino Martínez García para eldiario.es)
Una de las particularidades de nuestro sistema educativo es la alta proporción de repetidores de curso. Sobre la repetición sabemos que no es tanto un problema legal como cultural. Países con legislaciones parecidas a la nuestra en esta cuestión, como Dinamarca, muestran tasas de repetición muy bajas. Lógico, si se tiene en cuenta que debe ser una medida extraordinaria. Por otro lado, sabemos que hay una distancia importante entre repetición y competencias. A pesar del lugar común sobre que estamos mal en PISA, lo cierto es que nuestro alumnado está en un promedio próximo a la OCDE. Si algo nos diferencia es la falta de excelencia, no el exceso de alumnado rezagado. Sin embargo, nuestras tasas de repetición son muy altas. Esto quiere decir que el alumnado que en los países de la OCDE no repite en España sí lo hace. El caso de Castilla y León es muy llamativo, dado que sus niveles de fracaso escolar y repetición se han mostrado altos, al tiempo que si fuese un país estaría entre los mejores de Europa. Además, somos uno de los países más desiguales en la repetición. A igualdad de competencias, el alumnado de orígenes populares repite tres veces más que los de origen social alto. Encima, la repetición no suele ser un camino para la mejora, sino el primer paso para el abandono del sistema. Sin olvidarnos de su alto coste. Por un lado, para el sistema educativo: debe impartirse todas las materias de nuevo, y no solo reforzar aquellas en las que hay dificultades. Y personalmente: el alumnado casi pierde un año de su vida, pues deberá cursar nuevamente parte de lo que ya demostró que sabe.
Por tanto, la repetición como medida educativa nos aleja de los países de nuestro entorno y está viciada por la desigualdad social, además de cara y poco eficaz. Si bien son pocas las personas dedicadas a la investigación educativa que la apoyan, goza de gran popularidad. ¿Cómo explicar la disociación entre conocimiento experto y popular? Podría ser que los expertos no se enteran, a pesar del apoyo de datos y evidencia comparada. Podría ser que lo que es bueno en otros países no se ajusta a España, dado nuestro ancestral espíritu carpetovetónico. O puede ser que al hablar de repetición no estemos hablando de medidas educativas efectivas, sino de otras cuestiones.Los defensores de la repetición ven en ella un sinónimo de la cultura del esfuerzo, pero ¿en qué consiste esa cultura? Es una mezcla de conductismo educativo y brutalismo social. Para los conductistas, podemos hacer lo que queramos con los seres humanos si diseñamos un buen sistema de premios y castigos. Así que si queremos que el alumnado estudie, establecemos el castigo de perder un año de vida, romper vínculos con amistades y ser estigmatizado. Un plan sin fisuras. Si no fuese porque el aprendizaje significativo, el que transforma y dura, no se lleva tan bien con el conductismo. La motivación intrínseca, el reconocimiento desde el sistema educativo a las necesidades e inquietudes, el apoyo educativo… en el largo plazo generan mejor aprendizaje que el castigo y la recompensa. Los defensores de la repetición son un rescoldo de que la letra con sangre entra.
En cuanto al brutalismo, exalta la competencia como orden social natural. No reconoce que los seres humanos somos animales que vivimos en comunidad y nos cuidamos, sino que se limita a ver nuestra dimensión de lobos para otros humanos. Así que los lobos más fuertes son los que tienen derecho a las recompensas, a apropiarse de una mayor porción del trabajo colectivo que producimos como sociedad. Por tanto, hay que anticipar este orden brutal en las aulas, diferenciando entre ''los hundidos y los salvados'', que diría Primo Levi, para que sepan qué les espera fuera. Así, la escuela, en vez de luchar contra el brutalismo, lo promueve, en nombre de la excelencia. Una excelencia brutal que nos llevó a dos guerras mundiales. Una excelencia que confunde el esfuerzo individual con las condiciones sociales y personales que hacen posible ese esfuerzo. Que lo más asociado al éxito educativo siga siendo el nivel cultural de las familias, que repitan más los de orígenes populares, no es ''cultura del esfuerzo'', es intentar colar las desigualdades sociales como si fueran responsabilidad individual, del ''orden de la naturaleza de los lobos''.
La educación no debe ser campo de lucha ideológica, como promueven los brutalistas. Debemos buscar nuevas medidas más efectivas, que reflejen con más sensibilidad lo que se sabe, en vez de dejarlo en un automatismo como el número de asignaturas aprobadas.
viernes, 4 de diciembre de 2020
Aspectos importantes que faltan en la ‘ley Celaá’ y que omite la campaña de la derecha (María F. Sánchez para cuartopoder.es)
- “En general la ley es decepcionante. Es una reforma de la reforma”, explica Ignacio Casado (Marea Verde)
- “La propuesta seguirá siendo confesional y segregará, por motivos de conciencia, porque mantiene la religión en el currículo y en el horario lectivo obligatorio" (Europa Laica)
El rechazo de la derecha en el Congreso de los Diputados la nueva LOMLOE (Ley Orgánica de Modificación de Ley Orgánica de Educación) ha ido acompañado de una intensa campaña en su contra. Entre los aspectos que más han trascendido estos días contra la conocida como 'ley Celaá', se encuentra la supresión del concepto del castellano como lengua vehicular, algo que introdujo por primera vez el PP con la LOMCE o ley Wert. También se ha disparado la alarma porque la norma conllevaría supuestamente el cierre de los centros de educación especial, a pesar de que la propia ministra de Educación, Isabel Celaá, haya salido a desmentirlo.
Las Mareas por la Educación Pública de todo el país han expresado su “absoluta disconformidad” con “los ataques realizados por los sectores representantes de la enseñanza privada-concertada y los partidos que la apoyan ante la aprobación de la LOMLOE o Ley Celáa”. Les parece especialmente lesivo que se utilice el concepto de “libertad” para la promoción de estos intereses. “La libertad es que cualquier ciudadano tenga la posibilidad de elegir entre una educación privada o pública, pero no que su elección sea subvencionada por el Estado”, manifiesta Chus Martín, profesora e integrante de la Marea Verde de Madrid.
Además, con estos “falsos debates” quedan relegados algunas críticas a la nueva norma que para la comunidad educativa en defensa de la Pública sí son importantes. “En general la ley es decepcionante. Es una reforma de la reforma. Utiliza la LOMCE, que era una reforma de la LOE (la ley socialista de 2006)”, explica Ignacio Casado, integrante de la Marea Verde de Cádiz. Estos son algunos de los aspectos relevantes que, en opinión del movimiento por la Educación Pública flaquean o no aparecen en la nueva ley.
Las ratios
Esta es una demanda de todo el profesorado, aunque la realidad haya sido modificada por la pandemia. La bajada de ratios no aparece mencionada en la Ley Celáa. Ha quedado fuera de las enmiendas la intención de Unidas Podemos de disminuir la ratios actualmente vigentes en ley Wert: 25 alumnos por aula en Primaria, 30 en Secundaria y 35 en Bachillerato.
La ética
La recuperación de la asignatura de Ética en 4º de la ESO había sido consensuada en la Comisión de Educación del Congreso. Sin embargo, no está dentro de la 'ley Celaá', algo que ya advirtió la Red Española de Filosofía en septiembre. La ley prevé una asignatura de valores cívicos y éticos que se impartirá en un curso de primaria y en otro de secundaria, aunque debe ser transversal en todas las materias.
Educación concertada o privada
En cuanto a la educación concertada, la ley prioriza la educación pública al eliminar el concepto de “demanda social” de la ley Wert, que escondía que había que financiar la escuela concertada a las familias, si así lo decidían. Ahora se establece por ley que corresponde a las administraciones crear las suficientes plazas públicas para los alumnos. Esta modificación tan criticada por la privada-concertada, no es suficiente para los defensores de la Pública. “No acaban de concretar cómo lo van a hacer. La impresión que nos da es que no toca el mantenimiento esencial de las concertadas. En ningún momento se plantea romper el status quo. En el mejor de los casos se quedaría tal y como está”, señala Casado. “Deberíamos estar hablando de la progresiva incorporación de los centros privados-concertados a una red única de titularidad y gestión pública”, han señalado desde las Mareas.
Otro aspecto que se queda fuera es la Formación Profesional, que en comunidades como la de Madrid se ha privatizado tras los recortes educativos de la anterior crisis. “El alumno que más sufre el fracaso escolar y con más problemas socioeconómicos se encuentra con la formación privatizada”, ha denunciado Martín.
La religión
A pesar de la polémica, la religión se mantiene en el currículo. Aunque desde el sector educativo celebran que con la LOMLOE deje de contar para nota y se suspenda la asignatura alternativa, los cambios no son suficientes para los sectores laicistas. “La propuesta, de no rectificar, seguirá siendo confesional y segregará, por motivos de conciencia, porque mantiene la religión en el currículo y en el horario lectivo obligatorio", consideran desde Europa Laica. Así atropellaría "los derechos más elementales de la infancia, al segregar al alumnado en función de las creencias e ideologías particulares de sus familias, incluso desde los tres años”, añaden.
Los suspensos
La ley Celáa que el equipo docente es el que finalmente deberá decidir en cada centro si el alumnado pasa de curso, incluso si ha suspendido alguna asignatura. Esta iniciativa que ha sido defendida como una metodología alternativa a la repetición, tiene oposición también entre los profesores de la Pública. “Elimina la importancia de los contenidos. Va en la línea neoliberal de que se formen estudiantes que puedan ser trabajadores flexibles que puedan ir cambiando según las necesidades del mercado. Sin embargo, esto es peligroso para la mayor parte de los estudiantes de clase obrera porque el único sitio donde pueden acceder a los contenidos educativos es en la escuela”, reflexiona Casado.
La financiación
Para el movimiento por la Educación Pública la ley no hace una gran apuesta por el aumento de financiación que llevan años demandando. Esta es una de las reivindicaciones principales desde la etapa de los recortes de la crisis anterior. Únicamente, al final, en la disposición octava de la 'ley Celaá' se recoge que se contemplará el incremento del gasto público hasta un mínimo del 5% del P.I.B. Actualmente es del 4,3%, mientras la media europea se encuentra en el 6%.
jueves, 22 de octubre de 2020
La LOMLOE, ¿una oportunidad perdida? (Foro de Sevilla para eldiariodelaeducacion.com)
Artículo del Foro de Sevilla para eldiariodelaeducacion.com
- Sin menospreciar las derogaciones que se han realizado en esta nueva ley y que eran muy necesarias, la propuesta de la LOMLOE mantiene el modelo curricular característico de nuestro país, con currículos extensos y memorísticos, reforzados con evaluaciones externas que imponen lo que hay que enseñar y controlan las prácticas escolares quitando autonomía profesional a los y las docentes.
El sistema educativo público debe ser parte de un proyecto social donde se promueva la democracia, la convivencia y la cohesión social. Las medidas que se han promovido con la LOMLOE no afectan al fondo del problema educativo. Al conservadurismo con el que se fomenta el modelo arcaico del conocimiento, la disciplina, la cultura del esfuerzo y la segregación por sexos, culturas y niveles sociales, se añade una nueva cultura del éxito escolar donde prima la enseñanza del individualismo y la competitividad frente a la cooperación y el cuidado como base de la conducta humana.
Políticas que, como se está comprobando, lejos de ser democráticas y buscar la justicia social para todo el alumnado convierten a la escuela en pequeñas empresas, fomentan la competitividad, el “homo economicus”, y generan desigualdad en lugar de preocuparse por la formación de ciudadanos y ciudadanas en los que crezca la libertad de pensar y de ser con la adquisición de un conocimiento con sentido que los haga conscientes ante el mundo y capaces de transformar la sociedad.
En el mundo de hoy, con una sociedad altamente tecnologizada, no podemos seguir enseñando contenidos cerrados y preparados para su reproducción. El alumnado debe ser capaz de acceder, seleccionar y transformar la información para convertirnos en una sociedad del conocimiento justa y solidaria.
El derecho a la educación requiere un sistema educativo flexible con capacidad para incluir y atender las necesidades de todo el alumnado y asegurar sus derechos. Eso significa que, además de evitar los itinerarios y las clasificaciones del alumnado, propuestos por la LOMCE, se debe desterrar la evaluación como un mecanismo de sanción y de desafección del alumnado por lo estudios. Una educación en la que se realicen aprendizajes relevantes, que no se midan en función de las ganancias, sino con vista a promover un desarrollo personal y social. Con un conocimiento emancipador, laico y crítico con el que puedan comprender el mundo, cuestionándolo y proponiendo su transformación.
Son muchos los retos de la humanidad a los que la educación debe responder: la globalización económica, la degradación medioambiental, las desigualdades sociales, las dificultades económicas o financieras…
Los principios rectores de una democracia deben salvaguardarse, pero nos encontramos una vez más que la educación sirve para tiempos electorales con las promesas tantas veces escuchadas en inversión y en leyes, pero una vez más los pactos políticos utilizan a la educación como un instrumento para el intercambio político.
Sin menospreciar las derogaciones que se han realizado en esta nueva ley y que eran muy necesarias, la propuesta de la LOMLOE mantiene el modelo curricular característico de nuestro país, con currículos extensos y memorísticos, reforzados con evaluaciones externas que imponen lo que hay que enseñar y controlan las prácticas escolares quitando autonomía profesional a los y las docentes y proponiendo una enseñanza homogénea. A la vez, se mantiene alejada de una enseñanza laica propia de una educación democrática, no doctrinaria, y deja en manos de las comunidades autónomas el aumento de la privatización, la competitividad entre las escuelas y, como resultado, la segregación escolar, que nos ha puesto a la cola de la Unión Europea y de la OCDE en igualdad en muy pocos años. Es una ley que propone aquello que debería limitar, los suspensos, la inclusión, la selección del alumnado…, invitando al profesorado a ser el único responsable de los resultados académicos y del funcionamiento del sistema educativo.
Los nuevos tiempos se preocupan de una falsa autonomía, que viene a reforzar las políticas de elección de centro (porque no las impide), la imposición de los intereses espurios del mercado que desea una formación vocacional y especializada para el mundo del trabajo y para conseguir aumentar el PIB, cuestión por otro lado discutible. Una escuela que anticipa y reproduce las divisiones y jerarquías del mundo laboral y se especializa en saberes productivos que no cuestionan los marcos que los sustentan.
Una triste oportunidad perdida.
Carmen Rodríguez Martínez, Jordi Adell, Francisco Imbernón, José Gimeno Sacristán, Rodrigo J. García, Rocío Anguita y Javier Esteban Marrero. Pertenecen al Foro de Sevilla.
viernes, 2 de octubre de 2020
Responsables políticos y escuela: una distancia social (Guadalupe Jover para El Diario de la Educación)
Artículo de Guadalupe Jover para eldiariodelaeducacion.com
- La pandemia hubiera podido ser, en su fatalidad, ese punto de inflexión que propiciara la puesta en marcha de unas reformas que no pueden esperar más. Pero la distancia entre la realidad de las aulas y los responsables políticos se nos antoja -salvo honrosas excepciones- abismal.
Lo de este curso se veía venir. La suspensión de las clases en marzo pasado nos pilló con el pie cambiado, pero que la cosa iba para largo lo supimos enseguida. Una situación excepcional reclama medidas excepcionales, y la coyuntura parecía la idónea para impulsar acuerdos en materia de infraestructuras, ratios, currículos, etc. Salvo contadas excepciones, los poderes públicos no están dando respuesta a las necesidades acuciantes que tenemos en las aulas. Sus declaraciones nos sumen en el más hondo desconcierto.
La ministra Celáa anunciaba la semana pasada que se estaban estudiando cambios normativos que permitieran aligerar la rigidez de los currículos y adaptar las programaciones didácticas a la nueva situación educativa provocada por la pandemia. Tarde, pensamos, muy tarde. Los docentes llevamos ya tres meses preparando los materiales didácticos para este curso 20-21, y los mimbres de la programación hay que establecerlos en septiembre. Esas modificaciones las esperábamos como tarde en julio, en lo que hubiera debido ser un primer paso hacia la prometida reforma curricular.
No sé si los cambios normativos anunciados entonces se referían a las medidas acordadas el martes en el Consejo de Ministros y publicadas ayer en el Boletín Oficial del Estado. Después de eliminar el requisito del máster del profesorado para poder dar clases durante la pandemia, se recogen en el Real Decreto otra serie de disposiciones.
1. “Con el fin de facilitar la adaptación de las programaciones didácticas a las decisiones que se tomen sobre presencialidad del alumnado, se otorga el carácter de orientativos a los estándares de aprendizaje evaluables”. ¿Y cuándo han tenido otro carácter? Bajemos a tierra, pisemos el aula: 101 estándares de aprendizaje para una sola asignatura en un solo curso, por poner el ejemplo que me queda más a mano. A razón de 30 o 33 estudiantes por clase, ¿alguien pensaba que los cuantificábamos uno a uno? Lo que la comunidad educativa viene pidiendo desde la imposición de la LOMCE es pura y sencillamente su eliminación. Para este viaje, ciertamente, no necesitábamos alforjas.
Decepción análoga habíamos vivido días atrás cuando, en rueda de prensa, la ministra decía salir al paso de la necesidad de docentes y estudiantes de 2º de bachillerato de saber a qué atenerse en este difícil curso. Esperábamos una drástica reducción de los inabarcables currículos: el alumnado, en muchas comunidades autónomas, solo asistirá a clase la mitad de las horas. Esperábamos, también, unas ciertas líneas de consenso en torno a un modelo de examen que en algunos territorios ha acabado por convertirse en la más eficaz herramienta de castración intelectual de nuestros jóvenes. Pero no. Los cambios se limitaban a mantener la optatividad en las preguntas de la EvAU, tal y como se hizo el pasado junio. Aquello, entendimos, fue una solución de urgencia ante una situación sobrevenida. Pero ahora había margen y motivos para acometer reformas más ambiciosas. Las pruebas de acceso a la Universidad han acabado por colonizar retroactivamente los dos cursos de bachillerato y la secundaria toda. Y lo que está en juego no es ver qué Comunidad pone el examen más difícil (o más fácil), sino quién propone el más inteligente. Porque de lo que se trata, en última instancia, es de devolver su carácter formativo a un curso marcado por la memorización a destajo y las crisis de ansiedad.
2. “Se flexibilizan también las condiciones de evaluación, promoción y titulación en primaria y secundaria, de manera que tanto las administraciones educativas como los equipos docentes puedan adecuarlos a la situación provocada por la pandemia”. ¿En qué influye esto, nos preguntamos, en las condiciones de educabilidad -hoy- de niñas y niños, en los procesos de aprendizaje de adolescentes y jóvenes? Son parches puestos al final del camino, que en nada subsanan los problemas que en estos momentos estamos viviendo. Claro que habrá que flexibilizar dichas condiciones para no ahondar aún más en una lacra endémica de nuestro sistema educativo: la elevadísima tasa de repetición. Pero de nada sirven las medidas adoptadas en los criterios de evaluación y promoción si no se mejoraran sustancialmente los procesos de aprendizaje. Esto suena a jugar con las cifras para maquillar un fracaso.
Por supuesto que maestras y maestros evitaremos penalizar aún más a los estudiantes por unas circunstancias que no han elegido, y diremos en voz alta lo que repetimos en departamentos y pasillos: la semipresencialidad es un fraude. La educación semipresencial supone expropiar una parte sustancial del derecho a la educación. No estamos garantizando la formación de chicas y chicos a tiempo completo, digan lo que digan nuestros responsables políticos. Se está pretendiendo transferir a adolescentes de 14 o 15 años -a ellos y a sus familias- una responsabilidad que compete a la escuela. Y la consecuencia más palpable, más dolorosa también, es que la brecha educativa no hará sino aumentar. La semipresencialidad no es solo consecuencia de la pandemia; es consecuencia del abandono arrastrado de la escuela pública: ratios inasumibles, espacios saturados, recorte de plantillas. Es a esto a lo que urge poner freno.
Flaco favor nos hacen los responsables políticos a los docentes en general y a los equipos directivos en particular cuando afirman que las escuelas son espacios seguros y que caminamos hacia la presencialidad absoluta. Porque no es cierto. La precariedad es la norma. Vamos como funambulistas al filo de lo imposible. Y cuando las autoridades no lo reconocen, las quejas por los docentes que faltan -14 en mi centro la semana pasada- o por los barracones que no llegan pasan a recaer sobre unos profesionales ya exhaustos a estas alturas de curso.
3. “Además, se suprimen las evaluaciones de final de etapa […] por contar con otras fuentes de información del rendimiento del alumnado”. Sería para reír si no nos hiciera llorar. ¿Siete años han tardado en descubrirlo? Quienes nos hemos pronunciado en contra de las reválidas desde la promulgación de la LOMCE no hemos cesado de repetir que quien necesita ser evaluado no es ya más nuestro alumnado, sino todos los demás elementos y agentes del sistema educativo. Hace falta un diagnóstico certero y voluntad política para impulsar reformas coherentes con él. Porque puestos a evaluar, habría que empezar con nuestras administraciones educativas: nos preguntamos en qué se están gastando los fondos COVID.
La pandemia hubiera podido ser, en su fatalidad, ese punto de inflexión que propiciara la puesta en marcha de unas reformas que no pueden esperar más. Pero la distancia entre la realidad de las aulas y las declaraciones de los responsables políticos se nos antoja -salvo honrosas excepciones- abismal.
Guadalupe Jover es profesora de Educación Secundaria
miércoles, 17 de junio de 2020
Adiós a la LOMCE: la nueva ley educativa resta peso a Religión y a la concertada, pero no prohíbe la segregación por sexo (Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es. 17-6-2020)
- La LOMLOE deroga la ley Wert con el objetivo principal de reducir el abandono escolar y la repetición, y flexibilizar la educación obligatoria
Un año después del primer intento, el Gobierno aprobó en marzo en el Consejo de Ministros su reforma educativa. Este segundo intento –el primero tuvo carácter simbólico, fue el mismo día que se disolvieron las cortes tras convocar elecciones– parece mejor encaminado después que este miércoles en el Congreso se hayan rechazado las enmiendas de PP, Vox y Ciudadanos a la ley destinada a sustituir a la LOMCE, la norma que aprobó el PP en solitario y que pese a haber "nacido muerta", según dijeron todos los grupos políticos, ha gozado de sus buenos siete años de vida.
La ministra de Educación, Isabel Celaá, explicó en marzo que uno de los principales objetivos de la ley es que no haya segregación del alumnado, que el mayor esfuerzo debe estar en el ciclo del 0-3 y que "la enseñanza personalizada será el corazón de la ley" (¿con qué fondos y medidas?, se preguntan los docentes).
Pese a que las circunstancias políticas han cambiado desde que se aprobara la ley el año pasado, el Gobierno ha presentado el mismo texto para evitarse el trámite que exige todo proyecto de ley previo a su aprobación, como el periodo de alegaciones y los preceptivos informes de los organismos públicos correspondientes y que retrasarían el proyecto varios meses.
El Ejecutivo deberá moverse rápido si quiere que la ley entre en funcionamiento para el próximo curso. Los plazos que exige el trámite parlamentario de una ley orgánica como esta ya ponen en cuestión que Educación vaya a poder aprobarla a tiempo de que entre en vigor para el curso 2021-2022. Una ley necesita de unos tres meses para todo el periplo, y los colegios empiezaron a planificar el próximo curso hacia mayo. Ya en marzo se dudaba de que haya tiempo: si el debate se enreda en el Congreso o Senado, no llegará en plazo.
La ministra Celaá se fijó como objetivos reducir el abandono y aprobar la tasa de titulados, para lo cual flexibilizará la repetición y la estructura de itinerarios para los alumnos. Religión perderá peso, se reajusta la división curricular entre Ministerio y Comunidades Autónomas y se revisarán un par de elementos del sistema de conciertos, como es el concepto de "demanda social".
Uno de los debes más llamativos en la ley ha sido que se ha quedado fuera la intención que el Gobierno había anunciado de prohibir los conciertos a centros que segreguen a sus alumnos por sexo. Sin embargo, el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha asegurado después del Consejo de Ministros que el proyecto de ley se modificará en el trámite parlamentario y que se cortará la financiación a estos centros en virtud del acuerdo de gobierno entre su partido y el PSOE, que así lo recogía, informa Aitor Riveiro.
Estos son algunos de los principales cambios que propone la nueva ley.
Comenzando por abajo, la LOMLOE quiere impulsar la educación infantil. Aunque esta etapa no es obligatoria, España ya roza la plena escolarización en su segundo ciclo (de 3 a 6 años) y el Gobierno quiere ampliar la oferta en el primero. La nueva ley recupera el carácter educativo de la educación infantil que la LOMCE cercenó para ir hacia un modelo más asistencial. Los centros deberán cumplir unos requisitos mínimos y elaborar una propuesta pedagógica para poder impartir la etapa, ha recordado Celaá. No serán aparcaniños.
En la Educación Primaria se recuperan los ciclos. Esto quiere decir que en vez de haber seis cursos más o menos independientes entre sí, se agrupan de dos en dos, formando una especie de todo que se evaluará en conjunto al final de cada uno, en los cursos pares. También se incorpora en el tercer ciclo (5º y 6º) una asignatura de Educación en valores cívicos y éticos. La ministra ha explicado que la ruptura de los ciclos en la LOMCE "ha supuesto un aumento de las repeticiones muy indeseable".
En Secundaria se realizará uno de los mayores cambios de la ley, con el objetivo de reducir el abandono y aumentar la titulación: se eliminan los itinerarios y las dos vías distintas de titulación que establecía la LOMCE, y vuelven los programas de diversificación curricular.
Los itinerarios son un elemento que introdujo la ley Wert que básicamente consistían en derivar a los estudiantes con problemas académicos en 2º de la ESO a los llamados PMAR, programas alternativos, con currículos simplificados, que llevaba a una vía paralela de la Secundaria ese curso y en 3º para luego volver en 4º junto al resto. La LOMLOE recupera los programas de Diversificación de la LOE, que permiten la modificación de los currículos para estudiantes de 3ª y 4ª de la ESO. También obtenían el mismo título que los demás.
En Bachillerato la principal novedad es que, excepcionalmente y con informes favorables del centro educativo, los estudiantes podrán cursarlo en tres años. La idea de Celaá es que esta última etapa, no obligatoria, pueda ser parecida a la universidad y si no se supera un curso solo haya que repetir las asignaturas pendientes y no todas ellas. Pero hará falta un permiso especial.
También se introduce en esta etapa la obtención del título "por compensación". Esto quiere decir que un alumno podrá sacarse el Bachillerato aún teniendo una asignatura suspendida, también de manera excepcional y previo informe del centro.
Los cambios en la gestión del alumnado suponen una de las principales novedades en la ley. Por un lado, el Gobierno quiere reducir la tasa de repetición, actualmente rondando el 30%. Para ello, se establecen varias medidas. En Primaria, la mencionada creación de etapas implicará que solo se pueda repetir al final de las mismas (en los cursos pares, 2º, 4º y 6º). En Secundaria se contempla que los estudiantes puedan superar el curso de forma excepcional si los responsables del centro consideran que esos suspensos no impedirán al alumno continuar los estudios con normalidad. El Bachillerato se podrá hacer en tres o superar con un suspenso, como se ha comentado.
La admisión es otro de los elementos que cambia. La LOMLOE establece que las administraciones educativas (o sea, los gobiernos autonómicos) podrán repartir al alumnado entre los colegios de su red (públicos y concertados) para evitar la segregación del alumnado por razones socioeconómicas. Se quiere evitar de esta manera la creación de colegios gueto con altas proporciones de estudiantes pobres o inmigrantes, una cuestión muy madrileña, por ejemplo.
El sistema de conciertos también tendrá algunos cambios. Pero serán en cuestiones menores, Celaá ni se cuestiona la existencia de la red y Podemos parece haber renunciado a esa batalla. Las principales modificaciones en este área vienen por la eliminación del concepto de "demanda social" que introdujo el PP y también prohibirá concertar colegios que segreguen por sexo.
Con la primera medida se vuelve al sistema anterior a la LOMCE. Cuando aprobó su ley, Wert estableció que sería la "demanda social" la que decidiría si los centros de nueva construcción serían públicos o privados con concierto. Esto es, si muchas familias lo solicitaban, en base a parámetros desconocidos,el colegio sería concertado. Con la LOMLOE será el Estado el que planifique la red de centros para asegurar la oferta de plazas.
Lo que no ha quedado de momento recogido en la ley es el anuncio del Gobierno de retirar el concierto a los centros que segregan a sus alumnos por sexo. Lo ha anunciado repetidas veces la ministra Celaá y está recogido en el acuerdo de Gobierno –e incluso el propio PSOE denunció esta situación, también introducida por el PP, ante el Tribunal Constitucional, que validó la medida–, pero no ha sido trasladado a la ley.
El proyecto de ley también recoge que, en el plazo de un año desde su aprobación, el Gobierno presentará una propuesta normativa que regule la formación inicial y permanente, el acceso y el desarrollo de la carrera docente. La ministra Celaá ya ha explicado que su idea es hacer una especie de MIR docente que incluya un año de prácticas para los profesores antes de incorporarse a la profesión de pleno derecho.
Esta medida de momento apenas pasa del anuncio de Celaá. Educación no ha explicado si estas prácticas estarán remuneradas o a quién afectarán: ¿son para todos los profesores, solo para los de la pública...?
El Ejecutivo quiere darle una vuelta a los contenidos que se enseñan en los colegios. Para ello, creará un Instituto de Desarrollo Curricular, en colaboración con las Comunidades Autónomas, que revise de manera permanente los currículos. La idea del ministerio es rebajar la contenidos de las asignaturas, que con el paso de los años y las leyes han crecido hasta el punto de que es complicado que se lleguen a acabar en clase.
Además, la LOMLOE también va a cambiar la distribución de las clases. La LOMCE estableció un sistema por el que el Ministerio de Educación fijaba una serie de asignaturas troncales, comunes para todos, y las Comunidades Autónomas tenían capacidad de elección sobre las optativas y las de libre configuración. Ahora se volverá a la LOE: Madrid decidirá sobre el 65% de las materias (55% si tienen lengua cooficial).
La asignatura pierde peso. La LOMCE le hizo ganar importancia al incluirla entre las materias que contaban para calcular la nota media, lo que tiene implicaciones a la hora de solicitar una beca, por ejemplo. Celaá la devalúa ahora, al establecer que volverá a no contar para la media. Además, la materia seguirá siendo de oferta obligatoria para los centros, pero optativa para los alumnos.
También se elimina la asignatura espejo (la que debían cursar los alumnos que no quisieran hacer Religión) bajo el argumento de que "la elección de unos [estudiar Religión] no puede ser la obligación de otros [tener que estudiar una asignatura más]", según explica Celaá. Lo que no se ha aclarado es cómo se articulará esto, porque los alumnos que no la cursen no pueden tener horas muertas en mitad de la jornada, y ponerla al final implicaría problemas organizativos para los centros, como mantenerlos abiertos más horas o que los docentes de Religión tengan que trabajar fuera de su jornada.
miércoles, 22 de abril de 2020
Las comunidades del PP reculan tras su plantón a Educación y delegan la evaluación del curso en los docentes (Daniel Sánchez Caballero, Daniel Cela y Erena Calvo en ELDIARIO.ES)
"Sin tener en cuenta las limitaciones"

Andalucía amaga poco y golpea menos
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domingo, 19 de abril de 2020
El debate ficticio en educación: promocionar de curso o titular en la ESO con asignaturas suspendidas ya sucede (Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es)
- Pese a que cinco comunidades autónomas se han desmarcado del acuerdo alcanzado para cerrar el curso porque afirman que les preocupa que los alumnos promocionen de cursos o titulen Secundaria con suspensos, esto ya se da en todas ellas
Desde que se hizo público el acuerdo educativo la conversación en el sector se ha centrado en la evaluación, la promoción o no de curso, la titulación en Secundaria y el ínclito "aprobado general". El problema que se están encontrando los profesores a la hora de concretar, al menos de momento, es que como el Ministerio de Educación no tiene las competencias el acuerdo solo es orientativo y deja muchas cuestiones en el aire que tendrán que resolver las comunidades con sus instrucciones.
¿Se podrá titular en 4º de la ESO o 2º de Bachillerato con asignaturas suspendidas? ¿Hasta dónde llega la "promoción general" que proclama la ministra, Isabel Celaá? ¿Cuál es el mínimo de materias no aprobadas con el que se podrá pasar de curso? De momento no hay respuestas.
Parte de las disensiones se basan en que hay regiones, como Madrid o Murcia, que exigen al Ministerio que fije con cuántos suspensos se puede promocionar y titular para que no haya diferencias entre comunidades. Sin embargo, aduce la ministra Isabel Celaá, el número de suspensos con los que la promoción en la Secundaria obligatoria viene fijado en la LOMCE, que sigue vigente: son dos, con carácter general. "En ningún caso se trata de modificar la norma básica, en este caso la LOMCE, que no es una competencia del Gobierno de España, sino del Congreso de los Diputados al ser Ley Orgánica", según afirmó a este diario el pasado jueves.
Y luego hay argumentos más defendibles que otros. Decía el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, que acusaba al Gobierno central de "lavarse las manos" porque "ha lanzado el mensaje de que cada Comunidad Autónoma puede hacer lo que considere oportuno. Puede haber comunidades donde nuestros hijos pasen de curso con cinco suspensos y otras, como Madrid por cierto, donde no se va a pasar con suspensos (...). En Madrid, nada de pasar con suspensos".

La realidad, aparte de lo explicado que fija la LOMCE y ya se aplica en todo el Estado, es que Madrid realizó un desarrollo de la ley con el que permite, norma regional en mano, avanzar de curso con hasta cinco asignaturas suspensas. De hecho, sucede en todas las comunidades en distinto grado: el Ministerio de Educación recoge estadísticas sobre la promoción de curso con asignaturas suspendidas y Madrid la practica en cifras muy similares al resto del Estado: casi uno de cada cuatro alumnos (24,2%) promociona en 4º de la ESO con materias sin aprobar en la región. Murcia, otra de las disidentes, tiene en este apartado una tasa del 26,4% (aquí están los datos del ministerio).
El acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Educación y las comunidades ofrece unas líneas de actuación generales, con más ambigüedades que certezas, lamentan los profesores. Al final, como las comunidades tienen las competencias en educación, serán ellas las que le tengan que dar desarrollo en forma de instrucciones específicas para la evaluación y promoción que tendrán que enviar a los centros.
Dicho lo cual, el documento que saldrá publicado en el BOE habla de una evaluación continua, de una "promoción general" y de que "la titulación debe ser la práctica habitual para los alumnos de 4º de la ESO y 2º de Bachillerato", según se lee en la nota que envió Educación. Además se acordó que el tercer trimestre se dedicará a "la recuperación, el repaso y el refuerzo de las actividades debidamente tutorizadas".
La ministra Celaá ha intentado este viernes arrojar algo de luz sobre la cuestión. "No hay aprobado general", ha rebatido. "La repetición puede darse en función de los resultados del alumno. Podemos tener alguno que pudiendo tener las condiciones adecuadas [para estudiar] ha venido no haciendo nada en el primer y segundo trimestre y no hará nada en el tercero". Ese repetirá. Por contra, "habrá alguno que haya hecho mucho en los dos primeros trimestres, pero no podrá hacer casi nada en el tercero". A ese, ha explicado, es al que hay que aplicarle la "promoción general".
Hasta como pronto el lunes, incertidumbre. Las cinco regiones que por distintas razones se han desmarcado del acuerdo alcanzado el pasado miércoles empezarán a explicar a la vuelta del fin de semana a sus docentes qué van a tener que hacer de cara al final de curso.
Sin embargo, desde el Ministerio de Educación recuerdan que aunque estemos en estado de alarma eso no significa que las leyes hayan dejado de estar vigentes, por lo que básicamente tendrán que acatar la LOMCE y seguir actuando como si nada de esto hubiera pasado. El acuerdo alcanzando el miércoles lo que hace es dar la cobertura legal a las regiones para que flexibilicen los criterios, recuerda el ministerio.
Simplificado, y siempre hablando de Secundaria, la LOMCE establece que se puede pasar de curso con dos materias suspendidas (hasta tres de manera excepcional) si no son a la vez Matemáticas y Lengua (aunque incluso para esto hay excepciones, y siempre se basan en las consideraciones del profesorado). Para titular en Secundaria o Bachillerato sí hace falta tener todo aprobado, en principio (en Secundaria obligatoria puede ser más laxo según dónde).
La actual normativa vigente también establece que la evaluación será "continua, formativa e integradora" y que la decisión la toma el claustro, aunque también da poder al profesor sobre su propia asignatura.
Cómo evaluar este tercer trimestre (y todo el curso) se ha convertido en uno de los debates estrella. La ministra defiende que no se trata de un número de asignaturas suspendidas, sino de algo más general. "Estamos en las esencias, no se trata de asignaturas específicas. Se trata de evaluar al alumno en su totalidad, en su capacidad de desarrollo como ser humano. ¿Ha superado los objetivos generales de la evaluación?", explica.
Y evaluar es todo un mundo. "No es lo mismo evaluar que calificar", explica Raimundo de los Reyes, director de un instituto de Murcia y presidente de Fedadi, la federación de asociaciones de directores de instituto de España. "Evaluar es bastante más complejo que calificar un examen. De hecho, en según qué materias el examen apenas vale el 20% o 25% de la nota".
Evaluar no es un profesor decidiendo a su libre albedrío, o en función de una nota, si el alumno aprueba o no. Para la evaluación de un alumno se reúne la junta de evaluación donde se escucha la opinión de los docentes sobre cada estudiante. José Miguel Martínez, docente en el Colegio Fuente de Oro de Cuenca, recuerda además que "cada centro tiene autonomía para establecer unos criterios de promoción del alumnado que se tienen en cuenta en la evaluación".
De los Reyes cree que la adoptada es "la menos mala de las soluciones". Pero, añade, "ahora es necesario que las administraciones flexibilicen los criterios con los que se evalúa la promoción y la titulación, y tienen que hacerlo con rango normativo, no vale un anuncio".
Alberto Royo, profesor de Secundaria en Navarra, también opina que "la idea de que se tengan en cuenta sobre todo el primer y segundo trimestre es interesante, pero si eso significara aplicar una solución general para todos ya me genera más dudas". Royo sostiene que es necesario analizar caso por caso.
"Me parece una solución lógica, aunque está por ver cómo la ejecutamos", coincide Pilar de los Ríos, exdirectora de un instituto en Madrid durante muchos años.
Muchos profesores también creen que, más allá de las dudas que puedan tener en este momento ante la inconcreción de la evaluación, la polémica es algo artificial porque la evaluación es una cuestión que implica muchos elementos y con dos tercios de curso ya dados de manera presencial los docentes suelen tener una buena idea de cómo va cada alumno.
"Contamos con el conocimiento de dos trimestres, hemos seguido trabajando con ellos estas semanas", explica De los Ríos. Royo añade: "Ya está bastante claro qué alumnos se han hecho merecedores de tener una evaluación positiva y cuáles no, lo que tenemos que hacer es intentar aprovechar esta etapa para recuperar a todos los que podamos, pero sin hacer tabla rasa". En el colegio de Martínez, en abril tienen que elaborar un documento con los alumnos candidatos a repetir. "Ya se sabe a estas alturas, esto se ve", cuenta.
El director De los Reyes lanza la misma idea que Royo y también cree que se puede hacer de la necesidad virtud con el acuerdo alcanzado. "Tenemos un trimestres en el que si lo hacemos bien podemos recuperar y a veces mejorar a algunos alumnos [que no han trabajado mucho durante el curso]. Quien quiera aprobar tiene ahora dos meses para recuperar, como si te pusieran clases telemáticas en verano".
Respecto a la repetición, explican los profesores, ya se intenta durante todo el año que sea la última medida. "Esto no es nuevo", se sorprende Martínez con la polémica. "Siempre ha sido así, lo que pasa es que las noticias llegan como llegan", coincide De los Ríos. Royo recuerda que "ningún profesor tiene intención de que su alumno repita, lo que queremos es que aprendan".
Este profesor de Navarra cree que el problema es de concepto y que el debate está algo distorsionado. "Valoramos el éxito o el fracaso escolar como el hecho de que un alumno promocione o no, pero un fracaso también es que un alumno promocione pero no sepa lo suficiente. El éxito es que aprenda", explica.
De los Ríos recuerda, quizá de manera un poco redundante porque ya es la tónica general, que los alumnos que tengan que repetir ahora son "los que lleven un desfase tan grande que al hacerle pasar de curso le imposibilite seguir con garantías el curso siguiente y entonces le perjudique más avanzar que repetir".
Raimundo de los Reyes desliza que, pese a que el criterio con la repetición ya es que sea la última opción, "si se sigue la filosofía del acuerdo se debería levantar la mano" con las condiciones en que se repite.
De momento solo hay declaraciones, voluntades y opiniones. También ruido y falta de unidad, al menos en la superficie, porque la ministra sigue defendiendo que todas las regiones están de acuerdo con el espíritu de lo pactado, aunque algunas se esmeren en disimularlo. Los detalles se conocerán cuando se publique el acuerdo en el BOE y después con las instrucciones específicas derivadas del mismo que desarrollen las consejerías de Educación.
jueves, 16 de abril de 2020
Celaá: "Ningún alumno perderá el curso escolar por el COVID-19" (Vídeo. 20minutos.es)
miércoles, 15 de abril de 2020
Gobierno y comunidades pactan que el curso escolar acabe en junio y haya clases de refuerzo voluntario en verano (Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es)
- Las administraciones educativas pactan no extender el curso escolar al verano y se realizarán "actividades de refuerzo en periodo estival, combinadas con actividades lúdicas"
Respecto a la Ebau (la Selectividad), ya fijada para principios de julio en la mayoría de las comunidades, la única novedad es que en este momento no existe un plan b para el caso de que no se pueda celebrar por motivos sanitarios. En cuanto a si entrarán o no los contenidos del tercer trimestre, Celaá ha explicado que "el alumno será requerido sobre las materias que efectivamente se han trabajado", y ha negado que vaya a ser más fácil.
Estos son algunos de los principales acuerdos alcanzados este miércoles entre Gobierno y comunidades autónomas de cara al final del año académico y el verano en las etapas preuniversitarias, según ha informado la ministra de Educación, Isabel Celaá, en rueda de prensa esta tarde.
Aunque aún no se sabe si los ocho millones de alumnos de la etapa preuniversitaria volverán a clase en algún momento –dependerá de la evolución de la situación, cada día que pasa parece menos probable–, el Ministerio de Educación y las Comunidades Autónomas, reunidas este miércoles en la Conferencia Sectorial de Educación, han pactado que en ningún caso se darán clases formales en julio o agosto, tal y como habían solicitado algunos colectivos educativos.
La ministra ha afirmado que consejeros y Gobierno central esperan poder abrir los centros "al menos 15 días" antes de que acabe el curso, pero no ha sido capaz de responder qué pasará en el probable caso de que se levante el confinamiento antes de que abran los colegios y los padres tengan que acudir a sus puestos de trabajo.
Uno de los temas que más interés levantaba era qué se iba a decidir respecto a la promoción de curso. Celaá ha asegurado que no se va a dar el aprobado general que demandaban algunas asociaciones de estudiantes, aunque la norma será pasar de curso salvo situaciones "muy excepcionales". La ministra ha recordado que repetir ya es excepcional y que lo que se hará será que estos casos sean aún más restrictivos. "En absoluto" se va a promocionar a alumnos con muchas asignaturas suspendidas, ha afirmado. El secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, ha explicado que un aprobado general consiste en que el alumno sepa que va a promocionar sí o sí y no haga nada y no va a ser el caso. "Sería injusto y dañino", ha afirmado.
Esta cuestión relaciona con la evaluación del tercer trimestre, que no se va a impartir como tal. Según ha explicado la ministra, el acuerdo es consolidar los contenidos ya impartidos y utilizar estas semanas hasta el final de curso a modo de diagnóstico para detectar carencias de los alumnos y qué materias necesitan ser retomadas el curso que viene.
La evaluación constará de un informe individualizado de cada alumno y en ningún caso podrá ser negativa para el alumno respecto al resto del curso, solo podrá ser positivo. El Ministerio ha explicado que "nada más lejos" de su intención que cargar al profesorado con más trabajo, y recuerdan que estos informes "ya están recogidos en las normas y forman parte de los instrumentos habituales de evaluación, se realizan año tras año".
Celaá se ha defendido de las críticas de muchos docentes, que llevan días (semanas) en un estado de incertidumbre sin saber qué tenían que hacer para el trimestre. "No se ha tardado tanto [en decidir qué hacer]. Cuando nos encontramos con los consejeros de las comunidades autónomas el 25 de marzo decidimos esperar [hasta el término de la segunda alarma] y es lo que hemos hecho. Nadie conocía cuál iba a ser el escenario a finales de abril principios de mayo y hemos decidido hoy qué haremos".
Sí que habrá, según ha informado el Ministerio de Educación tras la reunión, "actividades de refuerzo en periodo estival, combinadas con actividades lúdicas", pero tendrán carácter voluntario. La ministra ha explicado que estas actividades las realizarán "personas que no han estado trabajando durante el curso escolar, si así lo quieren".
En cuanto a la situación de meter alumnos en clase en julio, la ministra ha afirmado que se buscan "situaciones idóneas, nadie está pensando en centros educativos con condiciones climatológicas difíciles, no sería ni planteable", aunque tampoco ha explicado qué pasará si se da la circunstancia.
También se ha concedido, según algunas fuentes, libertad a las comunidades autónomas para decidir si avanzar con el temario o dedicar el tiempo, como se ha hecho mayoritariamente hasta ahora, a repasar conceptos ya tratados en clase. En este sentido, el ministerio apela a la responsabilidad de los gobiernos autonómicos para que no haya diferencias en este ámbito, como podría ser que algunas decidieran avanzar por el temario y otras no.
En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, se está moviendo entre los centros un documento de trabajo de la consejería que explica cómo adaptar el currículo para lo que queda de curso ("se deberá priorizar la adquisición de aquellos estándares de aprendizaje evaluables que se consideren imprescindibles, por ser la base de futuros aprendizajes").
La reunión entre ministerio y consejerías autonómicas ha tenido un aperitivo en la sesión de control al Gobierno por la mañana. Allí, Celaá ha comentado que la regla general será la promoción automática y la repetición será la "excepción", una medida que los profesores califican de redundante porque la repetición ya es la excepción. Además, Celaá ha contestado a la portavoz del PP en la materia, Sandra Moneo, que le había dicho que "puede presionar a Sanidad" para que se reabran las clases.
"No son circunstancias que dependen de Educación, sino del Ministerio de Sanidad", le ha respondido Celaá. "¿Considera que presionar al ministro de Sanidad puede llevarnos a una solución?".
lunes, 13 de abril de 2020
Cómo cerrar el curso escolar se ha convertido en el principal debate educativo: ¿qué hacer con el tercer trimestre? (Daniel Sánchez Caballero y Pau Rodríguez para eldiario.es)
- A la espera de las instrucciones de cada comunidad autónoma respecto al final de curso, los profesores creen que no se pueden poner notas en un trimestre sin clases presenciales, aunque dudan del aprobado general
Con más de diez millones de estudiantes en todo el país, rara es la familia que no sufre estos días la incertidumbre educativa. Las dudas se amontonan, y muchas de ellas no se van a resolver como pronto hasta el día 15, cuando está prevista la Conferencia Sectorial entre Ministerio de Educación y comunidades autónomas para tomar decisiones una vez que haya, se espera, alguna certeza más respecto al confinamiento.
¿Qué hacemos con el tercer trimestre, a punto de empezar? ¿Y con el curso entero? ¿Aprobado general, como piden los estudiantes pero ha descartado el Consejo Escolar del Estado? ¿Debe evaluarse el tercer trimestre con clases a distancia o solo lo impartido presencialmente? El debate divide a familias y profesores, como se puede comprobar en una pequeña muestra revisando los comentarios de los lectores de este texto de Isaac Rosa.
La discusión, en parte, remite a otra un poco más amplia. ¿Qué importancia le damos a un curso escolar en el orden de las cosas en plena pandemia mundial? ¿Está en la primera línea de nuestras preocupaciones o con la que está cayendo ha pasado a un segundo nivel? ¿Sería muy grave que los alumnos perdieran un año? ¿Les afectaría académicamente en un futuro inmediato promocionar sin haber cursado un trimestre? Y, por otro lado, ¿se puede permitir la sociedad española dejar a los niños y adolescentes sin apenas estímulos educativos durante tres meses, más otros tres de vacaciones? ¿Cuán perjudicial puede ser eso para los alumnos de entornos más desfavorecidos, que suelen ser los que más se benefician del colegio?
Hasta ahora, y mientras se esperaba a ver si el futuro se despejaba, la solución adoptada por la mayoría de las comunidades autónomas y centros ha sido repasar y consolidar contenido sin avanzar en el temario. Al menos no se avanza mucho, y seguro que no de manera generalizada, según cuentan los profesores. La brecha digital es una realidad para muchas familias, que no cuentan con buena conexión a internet o que no tienen suficientes dispositivos, y no se puede obligar a los alumnos a avanzar todos a una con la variedad de casuísticas que hay.
La estadística habla de que un 14% de los hogares con menores no tienen ordenador en casa, dato que sube al 30% (casi uno de cada tres) cuando tienen pocos recursos. Con o sin menores, el 58% de los hogares más pobres tiene uno o ningún PC en casa, mientras el 61% de los más ricos tienen tres o más.
Pero algo tienen claro los profesores. Todos los consultados para elaborar este reportaje sobre cómo cerrar el curso 2019-2020 han contestado, espontáneamente, que lo más importante es mantener el contacto con los alumnos, tratar de que sigan haciendo actividades vinculadas a lo que han aprendido hasta ahora y que ninguno de ellos acabe penalizado por culpa de la epidemia.
Lo que sí parece descartado es el aprobado general que pedían algunas asociaciones de estudiantes y que va a aplicar Italia. Los consejeros de Educación del PSOE lo han descartado, misma línea que ha tomado el madrileño, del PP, quien afirmó el miércoles que hacerlo "sería enviar un mensaje de que el esfuerzo no sirve para nada. Es nocivo y no compartimos ese criterio".
Una de las pocas certezas en este momento, siempre a expensas de cómo evolucione la situación, es que Gobierno y comunidades autónomas han decidido que la Selectividad se va a celebrar [aquí puedes consultar en qué fecha en cada comunidad autónoma].
En el colegio Eduard Marquina de Barcelona, con un elevado porcentaje de alumnado de clase baja, los primeros días del estado de alarma se dedicaron casi exclusivamente a gestionar las tarjetas monedero para las becas comedor y a llamar a todas las familias para saber cómo estaban sus hijos. "A partir de aquí, hemos ido enviando tareas periódicamente a través del blog, con contactos semanales por teléfono con los tutores", explica su director, David Martín.
Este docente tiene claro que no podrán llegar a todas las familias "en las mismas condiciones" debido a la brecha digital, pero aun así se resiste a dar el curso por perdido. En buena medida, porque por precaria que sea la relación actual con sus pupilos, asegura que estos lo agradecen. "Sin contacto presencial es muy difícil tener un retorno, sobre todo en Primaria, pero no hacer nada es peor. Hemos de intentar que no desconecten de lo que han aprendido", resume.
Alberto Arriazu, director de un instituto en Navarra, también incide en la importancia de mantener la actividad. "Hacemos una función social muy importante el profesorado para que se pueda llevar el confinamiento en las casas. En las casas con varios adolescentes, si no tienen unos ratos en los que estudiar y trabajar, con un seguimiento, sería mucho más complejo", reivindica.
En Navarra, la consejería envió una instrucción "lo suficientemente ambigua, en el buen sentido" para que los centros continuaran su labor con la vista en el alumnado. Arriazu explica que no es lo mismo Infantil o Primaria que Secundaria a la hora de valorar cómo se sigue y se evalúa. Otros profesores añadirán: "Los cursos importantes son 4º de la ESO y 2º de Bachillerato, que son terminales [cierran una etapa y otorgan un título]. Ahí está la clave".
En Madrid, la consejería tampoco ha dado indicaciones sobre cómo hay que proceder con el trimestre. "Yo tengo un 2º de Bachillerato y mi obligación es prepararles para la EBAU [la selectividad, llamada también EvAU en algunas comunidades autónomas]", explica un docente. "En 1º igual no hace tanta falta, se pueden enmendar las posibles carencias de este curso en 2º".
Ligadas entre sí, qué va a pasar con las evaluaciones y la repetición es una de las cuestiones más comentadas estos días. El Sindicato de Estudiantes y la confederación de asociaciones de estudiantes CANAE solicitaron una especie de "aprobado general" y que todos los alumnos promocionen. El Consejo Escolar del Estado tumbó la propuesta el martes.
Para salvar la brecha digital que sufren los más desfavorecidos, el conseller catalán, Josep Bargalló, anunció que harían acopio de tabletas y ordenadores de los colegios y otros equipamientos para repartirlos entre las familias y que negociaría con las operadoras. Pero de momento no hay novedades sobre esta solución, que se propugna en otras comunidades aunque muchos docentes no creen que –sin hablar siquiera de que las tabletas lleguen o no– pueda utilizarse como un argumento para seguir avanzando.
Cada comunidad está funcionando como mejor le parece. En Murcia la instrucción de cara a la evaluación ha sido atender lo que se hizo durante el curso presencial. En Navarra no hay indicación, pero "la consigna interna era que se tiene que contar lo que estamos haciendo, aunque no sabemos cómo", cuenta Arriazu. En Madrid tampoco se ha notificado de manera oficial.
Ismael Palacín, director de la Fundación Jaume Bofill, cree que sería "injusto" que en una situación así se pusiese presión al alumnado con las notas, o con el temario, pero a la vez añade que no por ello hay que renunciar a hacer una evaluación, que al fin y al cabo consiste en valorar los aprendizajes de cada alumno, sea en el contexto que sea. Al contrario, lo que plantea es que los docentes puedan hacer planes personalizados y proponer actividades y lecturas que los escolares puedan hacer más o menos solos, y de las que puedan extraer aprendizajes. "Las limitaciones durante estos meses serán muchas, hay que asumir que algo se perderá, pero no todo, y no tanto porque los alumnos estén en casa, sino también porque no estamos preparados ni metodológicamente ni culturalmente para un aprendizaje en línea", sostiene.
En una línea similar se expresa Raimundo De los Reyes, presidente de la federación de directores de institutos Fedadi y director de un centro en Murcia. "A los alumnos que pueden", y remarca este condicionante, "hay que colaborar para que su tiempo sea formativamente rentable", opina. "Si un profesor tiene la posibilidad de impartir una clase telemática a su grupo de alumnos y que trabajen en igualdad de condiciones, ¿por
qué no?".
Arriazu sostiene que "la cuestión de qué hacer con estos dos meses de curso es casi irrelevante. "La idea es que el alumnado pueda trabajar. Unos lo harán bien, otros no, pero eso no puede servir para evaluar a nadie", dice. Pero, más allá, cree que la pérdida académica es irrelevante. "Lo importante es que los chavales tengan disciplina, se levanten a una hora, hagan sus tareas... No es tan grave perder un trimestre. Son dos meses como mucho (el tercer trimestre suele ser más corto). En la vida estudiantil de cualquier alumno no es nada", reflexiona, y cita el caso de los estudiantes de medicina que están siendo llamados a filas por la falta de personal sanitario: "No han terminado la carrera, que es una de las más complejas y en la que todos esperamos que estén bien preparados, y nadie pone en duda que se estén enviando a hospitales".
En esta circunstancia, los profesores no defienden el "aprobado general", pero sí creen que "más vale que nos equivoquemos aprobando a alguien [que no lo merecería] que suspendiéndolo", explica Arriazu. "Y si pasa alguno que no debía, ya sufrirá el siguiente curso". Además, recuerda este director, la repetición ya es un recurso extraordinario. "Igual aprendemos algo este año a costa de que no repita casi nadie y vemos que no es tan dramático", desliza.
De los Reyes cree que sería más correcto hablar de "promoción automática". ¿Cuál es la diferencia? Que no se aprueba a nadie, no se regalan aprobados. La idea sería conectar este curso con el que viene y programar teniendo en cuenta esto. Si yo tuve un grupo que pudo seguir clases telemáticas y he podido dar contenidos, no los repito", explica.
"Lo que sí me parecería mal es que el motivo de la repetición fuera no haber tenido los recursos para seguir la enseñanza telemática", añade este director. "Y los profesores saben qué alumnos tienen los recursos y cuáles no. Se trata de no dejar atrás al que no ha podido, no al que no ha querido. Y ahí las circunstancias van a variar mucho de una zona a otra".
El docente madrileño se muestra de acuerdo con esta apreciación. "Los alumnos que hayan suspendido la primera y la segunda evaluación igual sí tienen que repetir, no me parecería bien como docente que quien no ha hecho nada en todo el curso se aproveche de esto para pasar de curso con una formación nula".
Palacín, sociólogo, cree que la brecha digital no puede ser una excusa. "Si el problema es que no hay aparatos, repartámoslos. Si la Administración no puede hacer eso, ¿de qué nos sirve?", se pregunta. Y reconoce que más importante que la tecnología para los alumnos es tener a un adulto que les pueda ayudar mientras hacen las tareas. Para ello recomienda las llamadas de profesores o el WhatsApp. "Si no hacemos nada, será por despreocupación", defiende.