La presión de las grandes editoriales de libros texto en los colegios: regalos, visitas insistentes y vigilancia de la competencia

Artículo de Laura Galaup en eldiario.es

• Los pasillos de colegios se han convertido en el espacio en el que las editoriales compiten para lograr que sus libros se prescriban en el centro educativo

• Competencia acredita que estas compañías pactaron en 2012 dejar de ofrecer libros gratis, pantallas digitales u ordenadores para ahorrarse 80 millones

• "Llegan sin cita, son bastante insistentes y el conocimiento sobre el contenido no es muy profundo", apunta un jefe de departamento de un instituto público de Madrid

Los pasillos de colegios o institutos se han convertido en el espacio en el que las editoriales compiten para lograr que sus libros se prescriban en el centro educativo. "Llegan sin cita, son bastante insistentes y el conocimiento sobre el contenido no es muy profundo. Su intervención se centra más bien en contarnos si nos regalan algo, o si ellos aportan más o menos", cuenta Enrique, jefe de departamento en un instituto público de Madrid.

Los docentes consultados por esta redacción perciben el trabajo de los comerciales como "muy insistente". De esta forma lo describe la responsable de área de otro centro educativo, que explica que a lo largo del mes que llevan de curso ha llegado a tener cuatro visitas. "Vienen y vienen. No desisten", cuenta esta profesora.

En su caso, los comerciales adoptan esta actitud a pesar de que ella no utiliza libros de texto en clase. Los empleados que han pasado por este sector trabajan con la mente puesta en las ventas que deben facturar cada curso. El objetivo más codiciado son los grandes centros con muchas clases por curso.

Antonio (nombre ficticio), comercial jubilado, reseña que la introducción de un libro de texto en un centro educativo con muchos alumnos "es una pelea fuerte" en la que tienen que "arriesgar". "Si perdías un colegio era un drama para ti y el resto de compañeros", explica. Entre las armas que desplegaba para convencer a los profesores alude a "regalos" y a "invitaciones para comer".

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) acreditó que estas compañías ofrecían libros gratis para las ampas, la biblioteca o para hijos de profesores, pantallas digitales u ordenadores para las aulas o impartir formación a los docentes antes de 2012. Después de ese año hubo un pacto en la patronal Anele -liderada por Santillana (Grupo Prisa), Editorial SM (de los marianistas), Anaya (de la francesa Hachette Livre) y Oxford (británica, de libros en inglés)- para que nadie ofreciera esos regalos y ahorrarse 80 millones anuales. La resolución de la CNMC propuso en mayo multar con más de 33 millones a la patronal de libros Anele y a 34 editoriales por ese acuerdo que considera que se impuso con todo tipo de presiones..

En relación a esta resolución, Anele niega los hechos y llega a asegurar que se multa a sus miembros sin motivo "por cumplir la legalidad y evitar prácticas poco éticas en centros de enseñanza". Sobre estas actuaciones, Enrique reseña que "era un mercadeo casi desagradable, importaba menos la calidad de los ejemplares que las pizarras digitales". "En la década anterior y años previos era el acabose. El colegio era una jungla, un mercado de abastos", cuenta Tomás Rodríguez, uno de los editores de Akal especializado en este campo.

En 2012 la patronal trató de terminar con esta actuación y pactaron estrategias que afectaron a la competencia. El informe sancionador acredita que ese año el lobby de los libros introdujo un llamado "Código de Conducta". Con la aprobación de este documento, editores, profesores y comerciales coinciden en señalar que desapareció el "mercadeo".

Aunque Enrique considera que este cambio "ha beneficiado" a las empresas porque "siguen siendo muy competitivas", pero sin ofertas para profesores; Antonio reconoce que a partir de ese momento "empezó la picaresca" y continuaron "regalando de otra forma". Esta decisión también afectó a su trabajo diario al convertirse "en chivatos" de los compañeros que trabajaban para la competentecia. "Nos denunciábamos entre nosotros", señala.

Recortes: "cóctel perfecto" para introducir libros
Para el editor de Akal el contexto económico, los recortes educativos y la libre elección de centros, en autonomías como la madrileña, han contribuido a crear un "cóctel perfecto para que la elección de los libros de texto no pase solo por el contenido".

Asimismo, lanza una reflexión sobre estas prácticas: "La cuestión es en qué situación ponemos al profesorado para que no tengan capacidad de elección y que no solo tengan que elegir sobre el contenido, sino sobre lo que también conlleva esa decisión para el centro".

Según los comerciales contactados por esta redacción, la estrategia que despliegan las grandes editoriales para acercarse a los centros no tiene margen para la improvisación. "Nos preparaban durante meses para afrontar cómo teníamos que presentar los libros", incide Antonio.

Estos entrevistados explican que desde la editorial hay un seguimiento de los centros que se visitan. Se distribuyen por zonas y tienen unos centros atribuidos. Cada cierto tiempo deben rellenar una relación de los visitados, entre los datos que les requieren les llegan a solicitar "información importante referida a la competencia", como figura en la jurisprudencia de un conflicto laboral iniciado por un comercial.

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Artículo de Laura Galaup y Raquel Ejerique en eldiario.es

• La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sancionó en mayo a las mayores editoriales de España por acordar precios y sellar un pacto comercial que aumentó sus beneficios sin que se redujera el precio de los manuales

• La Federación madrileña de asociaciones de padres y madres, la FAPA Giner de los Ríos, inicia este lunes una denuncia colectiva a nivel nacional contra estas empresas para recuperar el dinero cobrado de más a las familias

• Fuentes jurídicas confirman que las infracciones detectadas por Competencia abren la puerta a que las familias inicien un procedimiento para exigir "la reparación de daños"

La Federación de la Comunidad de Madrid de asociaciones de padres y madres, la FAPA Giner de los Ríos, va a iniciar una batalla judicial contra más de 30 editoriales de libros de texto tras la sanción que les impuso la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Lo que hicieron estas empresas y su patronal (Anele), según el extenso informe oficial, fue pactar el precio de los libros digitales poniéndolos como mínimo a diez euros. También acordaron no dar descuentos, formación ni ningún tipo de obsequio a los colegios, que son quienes eligen los manuales, para ahorrarse los costes de estos incentivos.

La entidad presentará una denuncia colectiva contra estas compañías, con la intención de que se sumen a título individual familias de todo el país y puedan solicitar la devolución de parte del dinero que, consideran, han estado pagando de más desde 2012, cuando se produjo el pacto, hasta 2018, cuando supuestamente terminó.

Desde la Giner de los Ríos acusan a las editoriales de imponer "precios sin mucho más control por parte de la administración". Además, consideran que las familias han sido "las más perjudicadas" por estas actuaciones porque "han asumido este coste de forma mayoritaria". Fuentes jurídicas confirman a esta redacción que la reciente sanción emitida por la CNMC les abre la puerta para iniciar una reclamación exigiendo la reparación de daños, aunque para que prospere las familias necesitan "aportan un informe pericial muy documentado" que acredite los perjuicios.

Según la CNMC, lo que hicieron las grandes editoriales del país –lideradas por los gigantes Santillana (PRISA), Anaya (de la francesa Hachette Livre), SM (de los marianistas) y Oxford (británica, de libros en inglés)– fue poner un precio mínimo al libro digital y acordar estrategias que les ahorraron 80 millones de euros en gastos de promoción. Antes de que se produjera el pacto, los agentes comerciales de estas empresas editoriales visitaban todos los centros educativos de España y ofrecían manuales, ordenadores o pizarras digitales gratis como incentivo. A veces también montaban cursos de formación para profesores o hacían donaciones de libros a las Ampas o las bibliotecas. Estas estrategias comerciales iban encaminadas a que su libro fuera elegido por los jefes de los departamentos de colegios e institutos, donde permanecerían un mínimo de cuatro años por ley. Pero a partir de 2012 hay un acuerdo orquestado para que nadie ofrezca esos incentivos, un gasto que la propia patronal califica en documentos internos de "barbaridad" y algo "insoportable", como relata el informe de la CNMC.

De este modo, aumentó el margen de beneficio de las editoriales más de un 10%, ahorraron unos 80 millones, pero nunca repercutieron ese ahorro en el coste de los manuales. Si en el curso 2006-2007 cada uno de estos libros suponía 15,21 euros de media, una década después el coste aumentó a 18,05 euros. Además, los libros de texto son un bien más caro que los libros de lectura. Si el precio medio de un libro ordinario es de 23,74 euros, el coste de uno de texto es de 35,11 euros, según los datos publicados en el informe El sector del libro en España 2017, editado por el Ministerio de Educación.

La educación no universitaria es un gran negocio porque el público es fijo y además el libro se debe mantener un mínimo de cuatro años en el colegio o instituto, que es el que tiene autonomía para elegir. Cada año necesitan libros escolares más de ocho millones de estudiantes (desde Educación Infantil hasta Bachillerato y Formación Profesional).

El 30 de mayo la CNMC reconoció en su extensa resolución la peculiaridad de este mercado reseñando que la "oferta es muy limitada", así como que "no existe sustituibilidad" del producto porque las familias "adquieren el libro de la editorial que se indique desde el centro educativo". En este escrito, en el que se impone una multa de 32 millones de euros a la patronal y más de 30 editoriales, llegan a identificar a los padres y madres como "demanda cautiva" de esta actividad comercial. La investigación se inició después de que la editorial Vicens Vives denunciase estas actuaciones que limitaban la competencia, ya que la patronal, controlada por las grandes editoriales, presionó para que nadie ofreciera rebajas ni promociones e incluso se llegaron a iniciar procedimientos judiciales contra editoriales díscolas como Edelvives (que más adelante llegó a un pacto con la patronal).

Anaya, Santillana, SM y Oxford (OUP) tuvieron "un papel preeminente en la toma de decisiones y han participado activamente y desde sus inicios en la Comisión de Supervisión de la patronal Anele –siempre según el texto redactado por la CNMC–, que era el órgano decisorio principal para limitar las políticas comerciales de las editoriales". A ese órgano interno se elevaban las quejas y chivatazos sobre posibles incumplimientos. Para que nadie hiciera competencia introduciendo promociones usaron la vigilancia mutua: los propios comerciales alertaban si alguna editorial estaba haciendo regalos. También Anele envió cartas "intimidatorias", según la CNMC, a directores de 
centros para que no aceptaran regalos.

Sanción recurrida
Desde el gabinete de prensa de Anele reconocen que "todas las empresas han recurrido la sanción" ante la Audiencia Nacional, alegando que "no se ha incurrido en las prácticas que señala la CNMC", que son las prácticas de cártel aunque el informe no las califica con ese nombre, y que el código de conducta que aprobaron en 2012 y que recrimina la resolución buscaba "asegurar que la selección y prescripción de los libros de texto se hiciera única y exclusivamente por la calidad de los mismos y no porque mediara regalo o prebenda a los centros o a los profesores".

La CNCM dice sin embargo en sus conclusiones que "las medidas acordadas han sobrepasado de manera nítida los límites de una autorregulación de carácter ético y han diseñado un completo modus operandi para coaccionar y boicotear a aquellas editoriales que no querían adherirse a esta estrategia anticompetitiva. Ese modo de actuar ha tratado de condicionar la actuación de los centros educativos y de reducir su poder de negociación".

El recurso anunciado por estas empresas podría paralizar de forma temporal la demanda colectiva que los padres quieren presentar, tal y como confirman fuentes jurídicas. Las letradas Lourdes Ruiz y Susana Beltrán, especializadas en competencia, explican que la decisión de las editoriales podría provocar que el juzgado que reciba la actuación iniciada por la FAPA Giner de los Ríos la suspenda de forma cautelar a la espera de que la Audiencia Nacional se posicione sobre la sanción. Aunque también explican que la actuación de las familias les permite evitar que prescriba la infracción. La Federación de padres y madres presentará este lunes los detalles para participar en la demanda colectiva y reclamar la cantidad de dinero que, consideran, las familias han pagado de más.

Por su parte, desde ANELE aseguran que no se han "producido daños o perjuicios a las familias" ya que aseguran que "el gasto medio en libros de texto por alumno se ha reducido". Según los datos planteados en un comunicado, desde la patronal indican que el incremento entre 2012 y 2018 "ha sido del 1% pese a la inflación". Además, destacan que la resolución del órgano sancionador "está relacionada fundamentalmente con la elaboración, aprobación e implementación de un código ético del sector" y no por el "sobrecoste".

Competencia sanciona a 34 editoriales de libros de texto y a su patronal con 33,88 millones (Antonio M. Vélez en eldiario.es)

Artículo de Antonio M. Vélez en eldiario.es

• Las mayores multas corresponden al grupo Santillana (casi 9 millones), Anaya (8 millones) y SM (5,38 millones); también se ha sancionado a la patronal del sector, ANELE

• Coordinaron "políticas y condiciones comerciales en el marco de un Código de Conducta para las empresas del sector"

• Una Comisión de Supervisión "controlaba las desviaciones con medidas de presión y amenazas de denuncia a quienes no formaron parte de los acuerdos"

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha anunciado este viernes una batería de sanciones por importe de 33,88 millones de euros a 34 editoriales de libro de texto y a la Asociación Nacional de Editores de Libros y material de Enseñanza (ANELE).
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Competencia, que no menciona la palabra "cártel", dice que el sector coordinó un "mecanismo" para fijar "políticas y condiciones comerciales en el marco de un Código de Conducta" para sus empresas. Una Comisión de Supervisión al amparo de ese código "controlaba las desviaciones con medidas de presión y amenazas de denuncia a quienes no formaron parte de los acuerdos". "Anele y 10 editoriales pactaron condiciones comerciales para comercializar el libro de texto digital entre 2014 y 2017", explica.

Las mayores sanciones han correspondido a siete empresas del grupo Santillana, perteneciente al grupo Prisa, con multas por importe de 8.944.435 euros; Anaya (seis editoriales y sanciones de 8.027.658 euros; SM (5.389.761 euros); Oxford University Press España (3.113.066 euros) y Edelvives (2.705.258 euros). A la patronal ANELE le han correspondido otros 180.000 euros.

Santillana ha mostrado "su total desacuerdo con las dos prácticas supuestamente restrictivas de competencia que fundamentan la resolución de la CNMC", que recurrirá porque "contiene profundas inconsistencias".

En el expediente, iniciado a partir de una denuncia realizada por la Editorial Vicens Vives, se han sancionado dos infracciones muy graves según la Ley de Defensa de la Competencia y el Tratado de Funcionamiento de la UE: una serie de acuerdos y prácticas concertadas vinculadas con el desarrollo y aplicación de un Código de Conducta para las empresas del sector en vigor desde abril de 2012.

Al elaborar e implantar ese código, las editoriales sancionadas y la asociación configuraron, según la CNMC, "una estrategia dirigida a restringir la competencia en la prescripción de libros de texto no universitarios por parte de los centros educativos" que les permitió "homogeneizar las políticas y condiciones comerciales en el sector, como la entrega de materiales informáticos (pizarras digitales, cañones de proyección, ordenadores portátiles etc.), para reducir y eliminar aquellos elementos que introducían competencia en la prescripción de libros de texto".

A pesar de que el Código de conducta se justificó por un sistema de supuestas "buenas prácticas", Competencia cree acreditado "que las entidades que llevaron a cabo las conductas lo hacían con una finalidad económica y para restringir la competencia"; y que existían "métodos de castigo a las editoriales que no cumplían con los acuerdos, aunque voluntariamente no se hubieran adherido al Código de conducta".

"Anele envió cartas a competidores y a los centros educativos, incluyendo amenazas de denuncias. También se realizaron medidas de presión concretas contra Edelvives, hasta que se unió a los acuerdos, y se presentaron demandas de competencia desleal contra Vicens Vives", la denunciante.

La CNMC ha comprobado, también, un descenso de la cantidad destinada por parte de las editoriales a la entrega de material de las TIC entre 2010 y el curso 2017/2018 a las aulas, "sin que ello se haya traducido en bajadas de precios de los libros de texto".

Competencia recuerda que la comercialización de libros de texto tiene unas características "peculiares", dado que las familias de los alumnos, que son las compradoras de los libros, no seleccionan el producto en función del precio y están obligados a adquirirlo si lo prescribe el centro educativo.

"Otro aspecto relevante es que hay etapas educativas de precio fijo (educación infantil, bachillerato y FP) y otras (educación primaria y ESO) con precio libre". A esto se suma "una regulación sobre los contenidos de los libros de texto no universitarios muy clara y determinante" y que los centros educativos tienen la obligación legal de mantener los mismos libros de texto por periodos de al menos 4 años, salvo que está plenamente justificada su sustitución antes del tiempo establecido.