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- El ministro de Universidades, Manuel Castells, durante una rueda de prensa ha querido lanzar un mensaje claro a las universidades ante las imágenes aparecidas en los últimos días con aglomeraciones de alumnos y alumnas durante la celebración de los exámenes cuatrimestrales: deben escuchar a su estudiantado e investigar si se han producido situaciones contrarias a la seguridad sanitaria.
Durante los últimos días ha sido relativamente fácil encontrarse en redes sociales y medios de comunicación imágenes de decena de chicas y chicos en lo que sin duda parecen situaciones que contravienen las medidas de seguridad y distancia social impuestas por la pandemia de Covid-19. Situaciones que no han tenido nada que ver con imprudencias por parte de estos jóvenes, sino ante la imposición de algunas facultades de realizar exámenes de manera presencial.
Las críticas por parte de las asociaciones y sindicatos de estudiantes no se hicieron esperar y, sin más, se levantó una nube de polvo en la que ha habido palabras cruzadas por parte de la CRUE, el Ministerio de Universidades y algunas consejerías autonómicas.
Aunque Castells no ha querido entrar en polémicas, según sus palabras, en la rueda de prensa de presentación de ayudas para la movilidad y la cualificación del profesorado universitario, ha querido salir al paso de esta situación.
Recogiendo el sentir de estudiantado y familias ha pedido que sean las universidades las que escuchen a sus estudiantes y realicen investigaciones, si lo consideran pertinente, para aclarar las situaciones vividas en los últimos días en varias universidades públicas.
Frente a las imágenes que han ido apareciendo, en la tarde de ayer la Conferencia de Rectores (CRUE) lanzó un comunicado en el que aseguraba que las universidades son espacios seguros. «Los datos disponibles y objetivos muestran una incidencia significativamente por debajo del resto de la población. Y eso debe estar por encima de cualquier opinión interesada o imagen puntual».
Al mismo tiempo, la CRUE asegura que la «presencialidad es el sello de identidad de la gran mayoría de nuestro sistema universitario, no una cuestión anecdótica o un capricho de los rectores y rectoras». Ante la reclamación por parte de diferentes colectivos de la posibilidad de elaborar exámenes online, la Conferencia de Rectores afirma «debe ser el último recurso» y que «conlleva la implementación de unas medidas extraordinarias y con complejas derivadas legales y técnicas en el ámbito de la protección de datos y la identificación de quienes se examinan. Pero aprovechándose de estas dificultades y de las lagunas normativas que existen, se han producido intentos de fraude».
En este sentido el ministro ha recordado que en el mes de junio, con unos datos de pandemia no tan altos como los de ahora, pudieron hacerse los exámenes online. «Se pueden hacer con condiciones de seguridad como en junio pasado», aunque ha admitido que quedan cuestiones que resolver en cuanto a la seguridad y la privacidad de los datos personales del alumnado cuanto se realizan estas tareas de manera telemática.
Frente a estas cuestiones, Castells ha sido tajante: «No se puede ser indiferentes a un clamor ante la agravación de la pandemia. No se puede mantener lo que estaba previsto en la situación de extrema gravedad en la que estamos ahora».
La decisión sobre cómo se realizan los exámenes, así como las clases habituales, queda dentro de la autonomía universitaria, recogida, ha recordado el ministro, en la Constitución Española, aunque la última responsabilidad es de las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas que pueden decidir imponer la no presencialidad en estas instituciones.
En cualquier caso, Castells ha asegura que «he hecho llamamiento de responsabilidad a los decanos y a los rectores de las univrsdidades a que escuche a los estudiantes» ya que no cree que «se inventen las imágenes que están enviando».
En la otra punta del espectro están la agrupaciones de estudiantes que esta misma mañana lanzaban un comunicado para expresar su malestar. CREUNE y CREUP agrupan a la mayor parte del estudiantado. En su documento aseguran defender la mayor presencialidad posible, «pero no a cualquier precio». Aseguran que después de pasar meses y meses en sistemas híbridos o no presenciales «se ha podido prever esta situación y trabajar para minimizar sus efectos en el plano académico».
Además de esto lanzan acusaciones más o menos veladas contra la CRUE por anclarse en modelos de enseñanza que ahora mismo no están siendo eficaces, y aseguran que las acusaciones de fraude o copia hacia el alumnado esconden «el debate real sobre la falta de renovación de los métodos de evaluación; mientras se divide a los estudiantes en honestos o deshonestos«.
Una situación trampa en la que, después de casi un año de pandemia y con la experiencia de los exámenes del mes de junio, además del aumento de la inversión en los últimos meses, podría haberse intentado solventar de otra manera.
Según el ministro Castells, la nueva ministra de Sanidad tendrá una reunión en la Intersectorial en la que planteará este asunto a las comunidades autónomas, mientras que él ha enviado la convocatoria para la reunión de la Conferencia de Política Universitaria para también tratarlo.
Sendas reuniones que, tal vez, podrían haberse celebrado hace semanas para intentar evitar las situaciones que se han vivido en las dos últimas semanas.
