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sábado, 23 de agosto de 2014

"La Educación Afectivo Sexual en la Ley Canaria de Educación, de nuevo, una asignatura pendiente" (Mary C. Bolaños Espinosa)

Mary C. Bolaños Espinosa, miembro del Colectivo Harimaguada y de IDEPC (Iniciativa en defensa de la Enseñanza Pública Canaria), nos pide difusión para este artículo:



Hubo una vez un tiempo en que en Canarias existía un Programa Institucional de Educación Afectivo Sexual (del año 1986 al 2003) que promovía una educación afectivo sexual integral, que aportaba formación, apoyo, orientación y materiales de calidad a los centros escolares;  un tiempo en el que Canarias contó con un Plan Institucional de Educación y Atención a la Sexualidad Juvenil (1997-2003), que puso en marcha importantes acciones vinculadas a la información, a la educación y a la atención a la sexualidad.
Hubo una vez un tiempo en  que esta experiencia se conformó en modelo para otras muchas iniciativas, con gran reconocimiento estatal e internacional, en el que el Ministerio de Educación español coeditó los materiales del Programa Harimaguada, Andalucía hizo lo propio con algunos de ellos, Euskadi los tomó como referencia para la elaboración de los suyos…,
Fue precisamente en ese tiempo, en el que, si consultamos las estadísticas del Ministerio español de Sanidad, comprobamos que se redujo  la tasa de abortos por mil mujeres entre 15 y 44 años en Canarias. Este indicador  bajó, en el periodo 2000-2004, de un 8,04 a un 6,23, mientras en el Estado  español subía de un 7,14 a un 8,94. Es decir, conseguimos bajar 1,81 puntos y ponernos 2,71 puntos por debajo del estatal.
Pero pasó el tiempo,  y en el año 2003 la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias tomó la irresponsable decisión de suprimir el Programa Institucional de Educación Afectivo-Sexual Harimaguada, acabando de esta manera con dos décadas de trabajo serio e innovador al servicio de la comunidad educativa canaria. Así mismo, el resto de recursos y servicios puestos en marcha por el Plan Canario de Educación y Atención a la Sexualidad Juvenil se han ido desmantelando, de forma progresiva, en la última década (consultas jóvenes, teléfono de información sexual, planes municipales, formación, campañas de sensibilización, etc.), y los pocos que resisten lo hacen gracias al empeño y voluntad de un grupo de profesionales. 
A partir de ahí, La Educación Afectivo-Sexual (EAS), en buena parte de los centros educativos, simplemente no ha existido.  En otros, ha quedado reducida a algunos temas de fisiología y anatomía.  Y, en demasiadas ocasiones, promovidas desde las instituciones o desde ONGs con apoyo institucional, encontramos intervenciones puntuales, limitadas a la población adolescente, con sesiones de “personas expertas” sobre métodos de prevención, en las que se indica lo que se debe y lo que no se debe hacer, o sobre aspectos muy concretos del ámbito afectivo y sexual. A la par, el modelo moralista ha avanzado, bajo el auspicio de la Iglesia, algunos medios de comunicación y algunas administraciones.
A partir de ahí, el modelo biográfico e integral de la EAS, como tarea conjunta y coordinada de todos los agentes sociales, basado en un concepto positivo del hecho sexual humano, de la diversidad sexual y de los vínculos afectivos, que busca que las personas se formen para vivir satisfactoriamente y sin riesgos su sexualidad, así como que sepan resolver sus necesidades afectivas, relacionales y de vinculación, en el marco de una ética relacional de igualdad, sinceridad, respeto y responsabilidad, se ha visto desplazado.

A partir de ahí, lógicamente, la realidad ha cambiado. Sencillamente, no se están dando, a nuestras niñas, niños y jóvenes, las herramientas necesarias para que puedan decidir sobre sus sexualidades, sobre sus cuerpos, sobre sus maternidades/paternidades, sobre sus vidas. Como ejemplo,  no hay más que revisar como la tasa de abortos por mil mujeres entre 15 y 44 años pasó, en Canarias, de 6,23 en el año 2004 a 12,79 en el 2012,  siendo especialmente preocupante el caso de las menores. En el año 2010 se contabilizaron en Canarias 17 abortos en menores de 15 años, en 2011 fueron 21 y en 2012, 32 abortos (0,53% del total, con un aumento de un 88,23% respecto al 2010). 
Ni siquiera la  aprobación de la Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo,  que aún con sus limitaciones, fue un relativo avance en el terreno de los derechos sexuales y reproductivos, pues reconocía la necesidad de la educación y atención sexual y reproductiva y concretaba las responsabilidades de los poderes públicos a la hora de garantizarlas, trajo cambios a esta dura realidad. Después de sus cuatro años de vigencia, las Administraciones no han desarrollado sus medidas preventivas.
A nivel estatal, la llegada del Partido Popular, en el año 2011, trajo consigo la puesta en marcha de un conjunto de contrarreformas que han supuesto un claro retroceso en los derechos sexuales y reproductivos, entre otros derechos democráticos básicos. La modificación que el gobierno del PP pretende realizar a la citada Ley Orgánica 2/2010 no solo atenta contra los derechos humanos y no va acompañada de medidas que contemplen la educación y atención afectiva y sexual, sino que va paralela a la aplicación de la LOMCE, en la que se promueve un modelo de educación sexista, clasista,  doctrinario y segregador,  y a la desaparición de los escasos recursos de atención a la salud sexual y reproductiva con los que contábamos.
En Canarias, mientras tanto, la Administración educativa canaria no ha querido hacerse eco de la vigencia de la ley de salud sexual y reproductiva, sino para decir que están en contra de que se suprima. Sencillamente, NO HAN HECHO NADA en relación a las medidas educativas y preventivas que, según  esta Ley, han de desarrollarse.
En febrero de 2014, el Parlamento de Canarias aprobó una Proposición No de Ley, a propuesta del Colectivo Harimaguada y apoyada por la Plataforma Aborto libre, legal, seguro y gratuito, en la que se Insta al Gobierno canario a que asegure la puesta en marcha de un conjunto de medidas que garanticen el desarrollo de una educación y atención sexual y afectiva con perspectiva de género y no heteronormativa en todos los niveles de la enseñanza, como tarea conjunta y coordinada de todos los agentes sociales implicados, y el acceso a los diferentes métodos anticonceptivos con garantía de gratuidad y facilidad de acceso.
Por ello,  llama poderosamente la atención que el pasado 8 de julio, cinco meses después, en ese mismo Parlamento, los mismos grupos políticos que aprobaron dicha PNL, hayan dado el visto bueno a una Ley Canaria de Educación que no contempla la Educación Afectivo Sexual en su articulado.
En Canarias “algo está fallando”. Y es que las políticas en materia de educación y atención a la sexualidad son prácticamente inexistentes o simplemente erráticas. No se están desarrollando medidas educativas y asistenciales, desde una perspectiva integral, para preparar a la población para que asuma de forma satisfactoria y responsable el hecho de ser sexuado.
La Ley Canaria de Educación era un buen instrumento para concretar las responsabilidades que la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva, aún vigente,  le asigna a la Administración Educativa en relación a la educación afectivo sexual, contrarrestando el tremendo retroceso que hemos sufrido en los derechos sexuales y reproductivos con las medidas desarrolladas por el PP y para atender a las demandas hechas al Gobierno Canario por parte del Parlamento Canario. Y, no menos importante, para contrarrestar las actitudes de desidia mantenidas en la última década, que nos han hecho retroceder un camino que se inició y que empezaba a dar sus frutos.
Pero no, la Educación Afectivo Sexual ni se nombra en la Ley Canaria de Educación. Y es que para priorizar las necesidades humanas frente a los intereses mercantiles y electorales, en las políticas puestas en marcha,  hay que ir más allá de las declaraciones, los gestos simbólicos y las fotos, hay que tener la voluntad y el compromiso necesario para dedicar muchos más recursos a los servicios públicos, y en concreto,  a la información, formación y atención afectiva y sexual en los ámbitos de la enseñanza, la sanidad y los servicios sociales, que garanticen los derechos sexuales y reproductivos de las personas. Y, una vez más, no ha sido así.

domingo, 10 de agosto de 2014

La Ley Canaria de Educación, un muro frente a la LOMCE (Silvia R. Court)

  • Aprobada con la oposición del PP
  • Supone, por lo tanto, un fortalecimiento de la educación pública y de su calidad y una mejora sustancial de las condiciones laborales

Ciertamente, la Ley Canaria de Educación contempla una inversión insuficiente para las necesidades del sistema educativo público de Canarias y no apuesta por una única red, la pública. Reconoce la red de centros concertados, aunque regula normas relativas a su control y a las normas de admisión del alumnado. Lo deseable habría sido declarar la desaparición paulatina de los centros educativos sostenidos con fondos públicos.
Sin embargo, si el actual Gobierno de Canarias y los futuros Gobiernos aplicaran el texto de la Ley Canaria de Educación, la misma puede suponer un muro frente a la LOMCE. Por tanto, un fortalecimiento de la educación pública y de su calidad y una mejora sustancial de las condiciones laborales y profesionales del conjunto de los docentes. Destacar algunos ejemplos:
  • La LOMCE contempla solo la programación de las distintas enseñanzas, pero no garantiza la prestación del servicio educativo. La Administración educativa está en las mismas condiciones que los agentes y centros educativos privados para realizar ofertas educativas. Si un centro privado acredita alumnado suficiente, la Consejería de Educación está obligada a concertar. Sin embargo, la Ley Canaria de Educación contempla la regulación y prestación de las distintas enseñanzas mediante ofertas de plazas públicas.
  • La LOMCE abandona la etapa infantil de 0 a 3 años y la de 3 a 6 años, apostando por su privatización. La Ley Canaria de Educación garantiza plazas públicas en toda la etapa infantil. Además, apuesta decididamente por las actuales Escuelas Unitarias.
  • La Ley Canaria de Educación regula la prestación de servicios y las ofertas de plazas por la Administración educativa en las enseñanzas que la LOMCE considera no obligatorias y las abandona: las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOIs), Los centros de Adultos, las Enseñanzas de Artes, de Música, Deportivas.
  • No obstante, respecto al Nivel Básico de las EOIs y algunas Enseñanzas Artísticas plantea que pueden impartirse en centros privados autorizados y abre en esos supuestos la puerta a una preocupante privatización.
  • La LOMCE le concede al director/a de un centro la potestad para gestionar todos los recursos humanos, materiales y financieros; el derecho a conformar sus claustros y a rechazar los nombramientos de los interinos/as de las actuales listas de empleo. La Ley Canaria de Educación reconoce como máximos órganos de gobierno a los consejos escolares y a los claustros. Recupera la gestión, el control y la participación democrática de la comunidad educativa.
  • La LOMCE permite que un director/a de un centro presente un proyecto para especializar su centro y será el director/a quien seleccione al profesorado que formará parte de su proyecto. La Ley Canaria de Educación le encomienda el proyecto educativo al consejo escolar.
  • La LOMCE consagra el sistema de concurso- oposición, sin plantear alternativas para los 3.200 interinos de Canarias. La Ley Canaria de Educación plantea la estabilidad al menos para los docentes interinos mayores de 55 años.
  • La Ley Canaria de Educación reclama la evaluación continua frente a las reválidas de la LOMCE y obvia los itinerarios consagrados en la LOMCE.
  • La LOMCE regula unos programas de refuerzo para el alumnado, siempre que los resultados del alumnado no obedezcan a falta de estudio o de esfuerzo y rendimiento. Excluye, por tanto, al 90% del alumnado. La Ley Canaria de Educación contempla un Plan Especial de Atención a la Diversidad (PEAD), diversos programas de refuerzo en las distintas etapas educativas y un aumento de recursos para los centros educativos públicos.
  • La LOMCE contempla la cesión de suelo público a los empresarios para la construcción de centros educativos privados. La Ley Canaria de Educación, no.
  • La Ley Canaria de Educación defiende una educación plurilingüe a cargo de la Administración educativa. La LOMCE establece una segunda lengua extranjera como materia optativa a elegir entre otras muchas materias.
  • La Ley Canaria de Educación plantea una atención prioritaria a la mejora de las condiciones laborales del profesorado, encomendándole esta tarea a la consejería competente. Asimismo se compromete a negociar el sistema retributivo del profesorado de Canarias tomando como referencia la media retributiva del resto de las comunidades autónomas. Esta Ley contempla la necesidad de dignificar la labor docente, la disminución de las ratios, la simplificación de la carga burocrática en los centros, servicios de apoyo con la incorporación de distintos profesionales, medidas para estabilizar las plantillas, entre otros.
La Ley Canaria de Educación es sin lugar a dudas un avance muy importante frente a la LOMCE. Ciertamente no recoge el 100% de las aspiraciones y demandas de las distintas comunidades educativas y de los distintos agentes del ámbito de la educación pública. Sin embargo, ha recogido la mayoría de los aspectos contemplados en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), presentada entre otros por el STEC-IC con el respaldo de más de 36.000 firmas de apoyo.

En nuestras manos está reclamarle al actual Gobierno de Canarias y a los futuros Gobiernos el cumplimiento, la aplicación y el desarrollo de esta Ley, al tiempo que seguir demandando más mejoras y medidas para fortalecer el sistema educativo público.

Artículo de Silvia R. Court publicado en eldiario.es




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LOMCE («LeyWert»): propuestas de resistencia/objeción/insumisión, calendario de implantación, currículos

martes, 22 de julio de 2014

Gomendio amenaza con retirar la financiación del MEC a las CC.AA. que no certifiquen la implantación de la LOMCE

EL DIARIO.ES: Educación amenaza con dejar sin fondos a las comunidades que rechazan la Ley Wert


La secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Montserrat Gomendio, ha afirmado que si el ministerio da fondos a las comunidades autónomas para la implantación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), también conocida como Ley Wert, éstas tendrán que estar de acuerdo con la misma.
Así lo ha advertido la número dos de Educación en declaraciones a los medios tras participar en el Congreso de los Diputados en la Subcomisión sobre empleo juvenil, tras conocer que varias comunidades autónomas han tachado de "humillante" el texto del convenio enviado por el ministerio sobre la financiación. En concreto, Canarias y Andalucía han advertido de que la exposición inicial del texto supone un "apoyo explícito" a una ley aprobada "con el único apoyo del PP".
"Si se dan fondos para la implantación de la LOMCE, uno tendrá que estar de acuerdo con la implantación de la LOMCE, porque los fondos tienen que ser para las actuaciones que estén dentro del ámbito de la implantación de la ley, que son los cambios en la FP, en el desarrollo de la FP Básica, y los cambios en 4º ESO, donde habrá dos itinerarios. Ésas son las actuaciones para las que se ha conseguido financiación y no otras", ha aseverado la secretaria de Estado.
Asimismo, ha indicado que los gobiernos autonómicos que quieran implementar esos cambios, "conseguirán la financiación" y los que decidan no implementarlos, "no podrán conseguir la financiación porque no podrán certificar que han realizado esas actuaciones de cara a Europa".

Gomendio ha insistido, no obstante, en que en la Conferencia Sectorial de Educación, celebrada a finales de junio, "todas" las comunidades autónomas aportaron la documentación necesaria para que el Ministerio de Educación pudiera hacer los cálculos de la financiación que van a recibir y, "prácticamente la totalidad (de las autonomías) se mostraron de acuerdo con los fondos", que, a su juicio, "son muy cuantiosos".
El convenio enviado a las administraciones educativas la semana pasada, y al que ha tenido acceso Europa Press, dice en la exposición de motivos que la LOMCE "pretende hacer frente a los principales problemas detectados en el sistema educativo español sobre los fundamentos proporcionados por los resultados objetivos reflejados en las evaluaciones periódicas de los organismos europeos e internacionales".
Además, señala que las "rigideces" del sistema educativo actual conducen a la "exclusión de los alumnos cuyas expectativas no se adecuan al marco establecido" y que la LOMCE, en cambio, ofrece la "posibilidad de elegir entre distintas trayectorias, que les garantiza (a los alumnos) una más fácil permanencia en el sistema educativo y, en consecuencia, mayores posibilidades para su desarrollo personal y profesional".

Negativa a imponer nuevos libros

En cuanto al cambio de los libros de texto el curso que viene en 1º, 3º y 5º de Primaria y la negativa de una mayoría de las administraciones educativas de imponer la compra de nuevos materiales, la secretaria de Estado ha señalado que desde su departamento son "totalmente sensibles a las dificultades por las que pasan las familias" y ha asegurado que el modelo que intenta introducir la LOMCE "supera al sistema tradicional" de libros de texto en favor de la capacidad de centros y profesores para desarrollar sus propios materiales.
"Los libros de texto van a tener que ser suplementados por materiales que desarrollen los propios docentes, que el ministerio va a incluir, por ejemplo, en la plataforma digital que pondrá a disposición de todos los centros educativos y, por lo tanto, allí donde una comunidad, porque es su competencia, entienda que en este año no considera necesario un cambio de libro de texto van a poder disponer de muchas herramientas complementarias para que los cambios que supone la implementación de la LOMCE (en primero, tercero y quinto de Primaria) puedan articularse sin problema", ha asegurado la número dos de Educación.

miércoles, 2 de julio de 2014

Cataluña, Andalucía, Asturias y Canarias rechazan los plazos y la financiación para implantar la Ley Wert

Gracias a  hemos leído esta noticia:


EL HUFFINGTON POST.ES: Cuatro autonomías se oponen a la implantación de la Lomce que propone Wert

 Wert no consigue convencer a todas las comunidades autónomas sobre el modelo de financiación e implantación d ela Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce). Cataluña, Andalucía, Asturias y Canarias se oponen tanto a las cuentas como a los tiempos que propone el ministro de Educación.
La consejera de Educación, Cultura y Deporte del gobierno asturiano, Ana González, ha exigido al Gobierno financiación para poner en marcha la ley en 1º,3º y 5º de Primaria.
González ha afeado a Wert la falta de financiación para implantar en Primaria el programa plurilingüe, de nuevas tecnologías o los bancos de libros de texto. "Es una imposición absurda, una reforma educativa sin pies ni cabeza, cuyo único objetivo es echar a la gente de la escuela y privatizar la educación pública o, mejor dicho, acabar con la escuela pública", ha asegurado.
La responsable de Educación del Principado también ha destacado el baile de cifras que baraja el Ministerio y ha recordado que la Lomce se presentó con una memoria económica de casi 500 millones de euros, que posteriormente pasaron a 2.000 millones sólo para la Formación Profesional Básica y los itinerarios de 4º de la ESO, una cantidad que ahora se convierten en 964 millones. "Es una cantidad móvil que crece y decrece y que no se detiene, y tenemos miedo de que se marche por el desagüe", ha añadido.
Por su parte, el consejero canario, José Miguel Pérez, considera imposible poner en marcha la Formación Profesional Básica en septiembre porque, dice, dos meses antes de que entre en vigor la ley, el Ministerio ha reducido de 2.000 a 964 millones la cantidad que las autonomías iban a recibir para su desarrollo.
En opinión del consejero canario, desde que el PP llegó al Gobierno se ha reducido la inversión en educación en "9.000 millones de euros". "Frente a la supuesta aportación de 900 millones de euros (de la LOMCE), 9.000 millones de euros de menos que han sido retirados de la inversión educativa por parte del PP".
Pérez denuncia que Educación sólo pondrá uno de cada cinco euros del coste por alumno de la implantación de la FP Básica en su comunidad. "Cuatro lo pondrá la comunidad autónoma", ha puntualizado, añadiendo que de ese euro que en teoría financia el Ministerio, "el 80% lo pondrá en Fondo Social Europeo, y el 20%, el Ministerio".
"¿Cómo se puede montar la ley, buscarse un préstamos con cargo a las comunidades para financiarla, ser tan errático en el cálculo de la realidad, y encontrarnos a día 30 de junio con un grado de incertidumbre tan terrible?", ha lamentado Pérez.

sábado, 12 de abril de 2014

El Tribunal Constitucional admite a trámite los recursos presentados por PSOE y algunas CC.AA. contra la Ley Wert

EL HUFFINGTON POST.ESEl Constitucional admite a trámite los recursos presentados contra la Lomce


El proyecto estrella de José Ignacio Wert llega al mismo Tribunal Constitucional, que ha admitido a trámite los seis recursos de inconstitucionalidad presentados contra la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce).
Los recursos presentados contra la reforma educativa liderada por el ministro José Ignacio Wert los interpusieron el grupo parlamentario socialista en el Congreso, el Gobierno y el Parlamento de Cataluña y los Gobiernos de Andalucía, Asturias y Canarias.
El TC ha acordado dar traslado de cada una de las demandas al Congreso, al Senado yal Gobierno, que dispondrán de 15 días para personarse en los distintos procedimientos y formular las correspondientes alegaciones.
La admisión a trámite, añade el comunicado, "no supone un pronunciamiento alguno sobre el fondo de los recursos", que este Tribunal resolverá en "próximas fechas".
Tampoco implica la paralización de la Lomce, que entró en vigor el pasado 30 de diciembre y que comenzará a implantarse el próximo curso en Primaria y en la nueva Formación Profesional Básica.
INVASIÓN DE COMPETENCIAS Y SEGREGACIÓN
Fuentes del Gobierno vasco han explicado a Efe que, aunque el recurso de inconstitucionalidad contra la Lomce está formalizado, se ha pedido una comisión bilateral Estado-País Vasco -que el Gobierno ha aceptado- para, en el plazo de seis meses (desde febrero), llegar a un acuerdo.
Si se consiguieran acuerdos satisfactorios se retiraría el recurso ante el TC, han añadido las mismas fuentes.
En general, los recursos de las autonomías apuntan a la invasión de competencias, como subraya Canarias, y hacen hincapié en el asunto lingüístico, como es el caso Cataluña.
Tanto el recurso de la Generalitat como el del Parlamento catalán recurren, entre otros puntos, la disposición adicional 38 por la que el Gobierno asumirá el coste de la escolarización privada en castellano de los alumnos que lo deseen cuando no se les garantice una oferta razonable sostenida con fondos públicos. Estos gastos se repercutirán después a la comunidad.
Según el recurso de los diputados socialistas, la ley segrega a los estudiantes en itinerarios académicos, también los divide por sexos al permitir financiar con fondos públicos colegios de educación diferenciada.
Además, los centros pueden seleccionar a los alumnos, se impide la participación real de las familias en los centros escolares, se elimina Educación para la Ciudadanía y se impone Religión como alternativa obligatoria a una clase sobre Valores.
Andalucía enfatiza que la norma "vulnera", entre otros, el artículo 14 de la Constitución, que garantiza la igualdad y no discriminación, o el 16.3, que declara el carácter aconfesional del Estado.
El Gobierno asturiano entiende que la Lomce es una normativa que da la espalda a la Carta Magna y persigue dejar fuera del sistema a un gran número de estudiantes mediante la imposición de barreras como las "reválidas o los ránking de centros".
El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha afirmado tras conocerse esta admisión que se trata de "un trámite absolutamente automático".

sábado, 1 de marzo de 2014

Gomendio, a las cinco CC.AA. que se oponen a la LOMCE: imlantar la Ley Wert "no es una opción"

EL PAÍS.COM: El Gobierno advierte a las autonomías de que aplicar la LOMCE “no es una opción”


El Gobierno ha enviado hoy un mensaje de firmeza a las comunidades díscolas con su reforma educativa: no hay espacio para resistencias, la LOMCE debe empezar a aplicarse este próximo curso, la discutan o no. La implantación de la Ley Wert "no es una opción", ha asegurado esta mañana la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, en un encuentro con periodistas tras la aprobación hoy en Consejo de Ministros de los decretos que desarrollan la ley en la educación primaria y la nueva FP básica, las primeras enseñanzas en las que empezará aplicándose la reforma este curso próximo, el 2014-2015.
La secretaria de Estado ha esgrimido precisamente la aprobación hoy de los decretos como argumento de que las autonomías tienen tiempo suficiente para desarrollar y aplicar la ley. "Ya hemos sido flexibles en ampliar el calendario de aplicación un año, más facilidades no podemos dar", ha afirmado la número dos del ministerio, que ha deslizado un aviso —que "no una amenaza", ha precisado— a Gobiernos autónomos y padres: la nueva norma trae evaluaciones para obtener el título (las nuevas reválidas, en secundaria y bachillerato) y si no se adaptan los currículos los estudiantes pueden tener problemas para superarlas. "Si eso ocurre debería ser un motivo de gran preocupación para las familias porque pone en riesgo la posibilidad de que sus hijos obtengan un título tanto al final de la ESO como en bachillerato", ha advertido Gomendio.
Cinco comunidades, País Vasco (PNV), Cataluña (CiU), Andalucía (PSOE), Asturias (PSOE) y Canarias (CC-PSOE) han anunciado que se resistirán a aplicar la ley, contra la que van a presentar los próximos días recursos de inconstitucionalidad. Dos de ellas, País Vasco y Cataluña, han llevado la rebelión más lejos y no adaptarán los libros de texto a la LOMCE. "Hemos negociado con las editoriales y este es un escenario realista, hay tiempo para elaborar los libros", ha insistido Gomendio.

Los cambios en primaria y la nueva FP básica

La nueva FP básica está dirigida a los alumnos con más dificultades para completar la educación obligatoria, que antes se derivaban a los Programas de Cualificación Inicial (PCPI). Con la reforma educativa, estos se convierten en la FP básica, a la que se podrá acceder a partir de los 15 años y no dará el graduado de secundaria, aunque sí acceso directo a la FP de grado medio y la posibilidad de hacer la reválida de ESO y, si se aprueba, conseguir el título. La FP básica tendrá una duración inicial de dos años (2.000 horas), aunque podrá durar hasta cuatro o cinco años si el alumno repite curso, algo que, según algunos profesionales, puede disuadir a los estudiantes de escoger esa opción en lugar de abandonar los estudios: frente al actual programa, que sí otorga el título de ESO tras dos cursos, se encuentran uno más largo que además no da el graduado en secundaria de forma automática. "Va a costar muchísimo convencer a padres y alumnos de que escojan esta opción", asegura el director de instituto Miguel Recio.
Los profesores de la actual FP y de la ESO impartirán la FP básica. El Gobierno dará un periodo de transición de dos años para que los centros se adapten a las nuevas exigencias, aunque eso no significa que vayan a coexistir con los PCPI, que desaparecerán este próximo septiembre.
En primaria, la LOMCE introduce dos novedades fundamentales: la desaparición de Educación para la Ciudadanía, que se sustituye por la alternativa a Religión Valores Sociales y Cívicos, y la introducción de dos evaluaciones, en tercero y al final de la etapa, que no son reválidas como en ESO y bachillerato (es decir, que suspenderlas no supone que no se promocione), sino que tienen finalidad diagnóstica y orientativa.
La ley agrupa las asignaturas en tres bloques: troncales, cuyo contenido y evaluaciones fija el Estado; específicas, cuyo contenido desarrollan las comunidades pero el Estado define los criterios de evaluación; y las de libre configuración autonómica, definidas enteramente por las comunidades.
Las troncales serán Lengua, Matemáticas, Lengua Extranjera y Ciencias (la actual asignatura de Conocimiento del Medio), que se se desdobla en dos: Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. En las específicas se incluyen Educación física, Religión o su alternativa, Valores Sociales y Cívicos (impartida por los maestros de primaria) y al menos una entre Educación Artística, Segunda Lengua Extranjera, Religión o Valores Sociales y Cívicos. Las de libre configuración son Lengua Cooficial y otras a determinar por la autonomía o de las específicas que no haya sido elegida. 

miércoles, 29 de enero de 2014

Wert se encuentra con un frente común contra la LOMCE, el formado por Andalucía, Asturias, Canarias, Cataluña y País Vasco

EL DIARIO.ESCinco comunidades hacen frente común para plantar a la LOMCE


Andalucía, Asturias, Canarias, Cataluña y País Vasco, unidos frente a la LOMCE. Ese es el mensaje con el que acudirán esta tarde a la Conferencia Sectorial a la que acudirán todos los consejeros de Educación autonómicos para reunirse con el ministro José Ignacio Wert.
Pero antes de plantar cara conjuntamente a las autoridades del ministerio, los responsables de estas comunidades han explicado en rueda de prensa su posición, y han pedido públicamente que se "frene" la forma educativa aprobada el pasado año, ya que es "imposible" ponerla en marcha el próximo curso.
La consejera vasca, Cristina Uriarte, ha destacado que las cinco comunidades representan el 52% del alumnado del Estado. "No hablamos por hablar, sentimos una responsabilidad a nuestras espaldas a la hora de defender nuestra crítica a la Lomce", ha subrayado.
La consejera de Educación catalana, Irene Rigau, han enfatizado su "rechazo absoluto" a la norma y ha criticado que, tras aprobarse, "el Ministerio ha seguido trabajando con improvisación, precipitación e imposición y sin dotación presupuestaria que los cambios requieren, cambios imposibles de aplicar".

Uriarte ha entrado al detalle de los pasos que deben seguir las CCAA para justificar este rechazo a los tiempos que marca el ministerio. "Cuando estos decretos se aprueben, si se aprueban", ha comenzado, se inicia un proceso bastante largo que es el del desarrollo normativo, que "puede durar unos nueve meses", ya que se debe elaborar, analizar por órganos consultivos y asociaciones, debatir y finalmente aprobar. Con lo cual, ha calculado que es materialmente imposible que estén listos para el inicio de curso, en septiembre. 
La LOMCE debe ya aplicarse el próximo curso en 1º, 3º y 5º de Primaria y las 14 titulaciones de la nueva FP Básica. Para el resto de Primaria y los cursos impares de Secundaria y Bachillerato, las modificaciones aterrizarán en 2015-2016, y en los cursos pares la reforma se aplicará en 2016-2017. "Nunca antes una ley había fijado un calendario de aplicación semejante. Se marcaban periodos de 5 o 10 años, pero en ningún país se puede pretender implantar una nueva ley al cabo de dos meses", ha enfatizado Rigau. 
Todos los consejeros han criticado que la ley no tenga una memoria económica de implantación. "No sabemos de dónde va a salir el dinero", han repetido en varias ocasiones. "Hemos calculado que sólo para la aplicación de Primaria y FP Básica necesitaríamos en Andalucía 150 millones de euros al año", aseguró el consejero educativo andaluz, Luciano Alonso.

La pelea en el Constitucional y los libros

Alonso ha recordado la intención de su comunidad de recurrir la norma ante el Tribunal Constitucional y ha comentado que, aunque no serán insumisos a la ley, adoptarán medidas propias en cuanto al currículo y, así, mantendrán la asignatura de Educación para la Ciudadanía y no harán públicos los resultados de "las reválidas".
Además, aseguró que Andalucía no cumplirá con otra de las novedades que incorpora la LOMCE: el blindaje a los centros educativos que separan a los alumnos por sexo. La norma garantiza que estos colegios puedan suscribir conciertos con la administración pública. Esto anula la decisión del Tribunal Supremo que se había pronunciado en sentido contrario precisamente por un caso de Andalucía, al entender que esta separación encerraba un tipo de discriminación.
El cambio en los currículos es otro de los puntos que enfrentan a estas comunidades con el ministerio. Al menos tres de ellas han asegurado en la rueda de prensa que no cambiarán los libros de texto, una consecuencia de las modificaciones en los contenidos, que también han sido criticados por los responsables autonómicos.
"Los currículos que ha preparado el ministerio ocupan más de 1.000 páginas", ha detallado Irene Rigau, la consejera catalana, que los ha calificado de exageradamente exhaustivos. "Atacan la autonomía de los centros que le ley dice promover y disminuye las competencias de las comunidades autónomas", aseguró. Y para ejemplificar la diferencia con otros países del entorno mencionó el caso de Francia, un "estado centralizador" en el que el plan de estudios de Primaria ocupa unas 30 páginas. En el caso de los países anglosajones, con modelos mucho más descentralizados, el documento "no supera las 180 páginas", explicó. 
Alonso aseguró que Andalucía continuará con su política de gratuidad de libros, pero aclaró que sólo financiará aquellos "con los contenidos aprobados por la comunidad autónoma".

domingo, 1 de diciembre de 2013

Cataluña, Canarias y Andalucía anuncian que llevarán la Ley Wert al Tribunal Constitucional

Salva Aguilera nos envía estas noticias

RTVE.ES: Cataluña y Canarias recurrirán la nueva ley educativa ante el Tribunal Constitucional
Después de que este jueves el pleno del Congreso haya aprobado la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) con el apoyo del PP en solitario, los gobiernos de Cataluña y Canarias han anunciado que presentarán sendos recursos ante el Tribunal Constitucional.

La consellera de Enseñanza de la Generalitat, Irene Rigau, ha lamentado que la 'ley Wert' es una norma impuesta por el PP que busca "recentralizar las competencias" y desconfía de las comunidades autónomas, y ha avanzado que la Generalitat continuará aplicando el modelo propio de escuela catalana.

"Continuaremos defendiendo que el modelo de escuela catalana es garantía del dominio del catalán y el castellano al acabar la escolarización", ha expresado la consellera, quien ha tachado de inaceptable el tratamiento del catalán en la Lomce.

Aunque la ley debería implantarse a partir del curso 2014-15, Rigau ha sostenido que es "imposible" cambiar los currículos para el próximo curso, puesto que la Generalitat no tiene margen para cambiar su normativa, y quiere garantizar que haya la máxima normalidad en las escuelas catalanas.

"Ya tenemos suficientes problemas de crisis y ajustes como para añadir el cambio de normativa", ha deplorado la responsable de la Enseñanza en Cataluñaa, que ha dicho que es precipitado hacer estas modificaciones para el próximo curso.
Canarias cree que la ley invade sus competencias

Del mismo modo, el consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad y vicepresidente del Gobierno canario, José Miguel Pérez, afirma que recurren la ley de reforma educativa porque invade competencias autonómicas.

Pérez afirma que la Lomce es el triunfo de la "sinrazón del Partido Popular porque elimina el principio de la Educación como servicio público", y considera que el paso del proyecto de ley por el Congreso y el Senado ha servido para "empeorar con creces" el texto inicial.

A juicio del consejero socialista, esta ley forma parte de una política de "retroceso constitucional" y es un "ajuste de cuentas que el PP está haciendo a lo que fue en su día el pacto constitucional, eliminando buena parte de los avances que ha tenido nuestro país en los últimos treinta años".

El consejero asegura que el Gobierno canario tiene claro lo que hay que hacer con la Lomce "mientras dure, ya que no nos resignamos al triunfo de la sinrazón y vamos a actuar para evitar sus efectos perniciosos, pero siempre con la Ley en la mano y teniendo en cuenta el sentir general de la comunidad educativa".

El Gobierno de Canarias, indica su consejero de Educación, tratará de evitar los efectos que puedan ser irreversibles y preservar la equidad como valor esencial.


PÚBLICO.ES: Andalucía recurrirá la LOMCE ante el Tribunal Constitucional
La presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, aseguró este sábado que el Gobierno autonómico "minimizará el daño" de la aplicación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) en la región y la recurrirá ante el Tribunal Constitucional, al tratarse de una ley "injusta e insolidaria".

Durante la apertura del congreso provincial extraordinario que celebra este sábado el PSOE de Sevilla precisamente para relevar a Susana Díaz como secretaria general de la agrupación provincial, extremo derivado de su cargo orgánico andaluz, la presidenta de la Junta de Andalucía censuró la nueva Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, recientemente aprobada en el Congreso de los Diputados con el apoyo del PP en solitario, pues PSOE, CiU, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, PNV, Amaiur, ERC, BNG, Coalición Canaria, Compromís, Geroa Bai y Foro Asturias votaron en contra y UPN se abstuvo.


Esta polémica ley ha contado con un fuerte rechazo tanto político como social, desde la presentación de su primer borrador en septiembre de 2012, y ha llevado a una parte de la comunidad educativa a protagonizar dos huelgas generales en enseñanza y cientos de manifestaciones en todo el territorio nacional.

La Junta de Andalucía, en ese sentido, planea recurrir la nueva regulación educativa ante el Tribunal Constitucional, extremo que Susana Díaz ha defendido este sábado bajo la premisa de que se trata de una ley "que pretende segregar a los alumnos e invadir competencias de las comunidades autónomas". "No sólo vamos a minimizar el daño de la aplicación en Andalucía de esta ley, sino que además la recurriremos ante el Tribunal Constitucional porque es una ley injusta e insolidaria", enfatizó la presidenta del Gobierno andaluz.

jueves, 28 de noviembre de 2013

De "Wert..." al pasado. ¿De "Wert..." al futuro? (Adolfo Padrón Berriel)

desde Canarias nos llega este análisisd e la LOMCE publicado en el periódico digital www.canarias-semanal.org:


Que la “Educación” ha sido entendida, desde siempre, como una herramienta fundamental para el control social; como el instrumento “manipulador” -por antonomasia-  de individuos y pueblos; no es una idea que pueda resultar extravagante a nadie que tenga dos dedos de frente.  

   Qué saberes y qué valores transmitimos a nuestros hijos, condicionan el modelo de sociedad que pretendemos construir y la manera en que nos relacionamos, entre nosotros y con el propio medio que habitamos.

   La “Educación” ordena nuestro universo: nos conduce a  interpretar la información que recibimos y procesarla en base a un código dualista  inoculado “directamente en vena” por progenitores, instituciones sociales, medios de comunicación, los estados,… Pero también nos permite acceder al conocimiento acumulado y, de su mano, se nos otorga la capacidad de discernir la realidad y hasta de disentir de los axiomas establecidos. Precisamente, desde esta capacidad, nos mantenemos en movimiento: redefiniendo constantemente el mundo y sus leyes, la ética, las convicciones, las creencias, los sistemas,… y logramos avanzar.

   Filósofos, sociólogos y pedagogos han coincidido en el crucial papel que juega la “Educación” en la edificación de los modelos civilizatorios y han apostillado que, de su control, depende el afianzamiento y el desarrollo de los pueblos. Los estados, las iglesias y las estructuras de poder económico, terminaron asumiendo esta máxima  y disputándose  el manejo de las riendas –en la mayoría de las ocasiones, compartiéndolo-, para establecer “Sistemas Educativos” al servicio de los intereses de unas minorías y de efecto narcótico y domesticador para  las mayorías.

   Los regímenes totalitarios han dado buena prueba de ello y la España franquista fue un claro ejemplo: El tándem iglesia-estado implantó y manejó a su antojo, durante décadas, un sistema educativo basado en el adoctrinamiento, la castración emocional y reflexiva, la segregación (económica, social, intelectual, de género,…), la asfixia de las identidades territoriales y la abnegada aceptación del orden de las cosas. Áreas como la “Formación del Espíritu Nacional” tenían como objetivo asegurar la fabricación en serie de “patriotas” entregados a la causa del nacional-catolicismo, pero sus contenidos eran igualmente recalcados  en cualquiera de las disciplinas académicas que se impartieran y desde muy temprana edad. La cuestión era garantizar la perpetuación del sistema y el acatamiento de la jerarquía establecida.

   En las postrimerías de la dictadura, los descendientes de la “plebe” asumen que el acceso a la formación supone un potente motor de cambio, en lo individual y en lo colectivo y una irrenunciable oportunidad de promoción social. Vencer el veto puede abrir una brecha en el brutal orden fascista.  La universalización de la educación y la compensación de desigualdades para optar a ella, se convirtieron en reivindicaciones inapelables: ¡LOS HIJOS DE OBREROS QUEREMOS ESTUDIAR! …  La generación del “Baby Boom” de los 60 comienza a recoger los frutos y a beneficiarse de una incipiente apertura del sistema educativo.       

   Con la llamada “transición política” fueron llegando reformas educativas (hasta siete: casi una por legislatura). El modelo educativo se convierte en una moneda de cambio, en una herramienta de revancha ideológica. Los poderes fácticos (particularmente la Iglesia y las estructuras mercantiles) ejercen de agresivos lobbies de los gobiernos que se van alternando en el poder y éstos se afanan en “mear por las esquinas” -marcando el terreno-, pero se desentienden de la tarea de dotar a los pueblos del estado del  sistema educativo “democrático”, eficaz y duradero que necesitan.  

   La vilipendiada LOGSE del gobierno socialista de Felipe González, sin ser la panacea (ni mucho menos),   pudo haber marcado un punto de inflexión: introdujo importantes avances como el incremento de la edad de escolarización obligatoria hasta los 16 años, la normalización de la integración escolar, la generalización en la aplicación de medidas compensatorias, la regulación y la planificación de la atención a la diversidad, la implantación  “en el sistema” de ofertas de enseñanza post-obligatoria, la dignificación de la Formación Profesional, la reglamentación de mecanismos de participación democrática en la gestión de los centros, …

  Sin embargo contenía varios “defectos de fábrica”:
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        No se hizo acompañar de la necesaria memoria económica (haciendo recaer el mayor o menor éxito de su desarrollo en la voluntad y el esfuerzo presupuestario de las diferentes autonomías).
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      Consagró la existencia de una doble red de centros educativos sostenidos con fondos públicos,  otorgando a los conciertos con la oferta privada un carácter estructural.
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      Obvió la oportunidad de avanzar en un modelo educativo laico y concedió prebendas innecesarias al “aparato” de la Iglesia.

    Las siguientes modificaciones legislativas (siempre argumentadas desde la gravedad de los datos de fracaso y abandono escolar; siempre acompañadas de un discurso cara a  la galería -rasgándose las vestiduras mientras insisten en el “papel estratégico” de la Educación como motor de transformación social y como inversión de futuro-), también ¿olvidaron? la necesidad de una financiación suficiente.

    Todas ellas dieron la espalda a un hecho incontestable: Los países con mejores resultados y con la más clara repercusión de la política educativa en su desarrollo social y económico, son aquellos en los que se ha apostado por mantener y desarrollar en el tiempo un modelo  cabal –centrado en las personas y en su derecho a optar, en igualdad de condiciones, a la formación- y, por supuesto,  adecuadamente presupuestado (Finlandia invierte el 7% de su  PIB en Educación, frente al exiguo 4% de España o el ridículo 3,5 % que se invierte en Canarias). 

    Por otra parte, todas y cada una de esas reformas educativas pasaron  por alto la herencia del retraso histórico que lastra al estado español (insultante en el archipiélago canario). Ninguna asumió analizar, hasta qué punto, los índices de fracaso escolar de nuestro sistema educativo constituyen el reflejo de nuestro propio fracaso social acumulado (el fracaso escolar de hoy lo siguen protagonizando los hijos e hijas del fracaso      –o la exclusión- escolar del ayer).

   La LOMCE de Wert no es, en este sentido, una reforma educativa más; tampoco debe ser contemplada como una medida política cualquiera. Tal y como reconocía estos días el propio presidente del gobierno, en un intento por defender a su ministro  (después de ser pillado en la mentira en relación a la subvención europea de las becas Erasmus): “Wert goza de la más absoluta confianza y apoyo por parte de este gobierno, porque ha asumido protagonizar y lo está haciendo con valentía, una de nuestras reformas estructurales más importantes”.  

   ¡Sabe lo que dice el presidente Rajoy!: Junto a la modificación de la Constitución realizada por el gobierno Zapatero (haciendo prevalecer el pago de los intereses de la deuda, por encima de las necesidades básicas y los  derechos fundamentales de la ciudadanía); junto a la última “salvaje” Reforma Laboral (destinada a desregular el mercado de trabajo, favorecer el despido libre y legitimar la sustitución de empleo “decente” por empleo precario e infra-retribuido); junto a la mutilación de nuestro sistema de salud (introduciendo el “repago”, excluyendo a amplios sectores sociales de la cobertura sanitaria, promoviendo la privatización del servicio,…); junto al reciente “Pensionazo” (que no sólo cercena el principio de solidaridad inter-generacional y cuestiona el mantenimiento del sistema público de pensiones de cara al futuro, sino que somete a los pensionistas actuales al empobrecimiento y a la más absoluta incertidumbre); Junto a todo ello, la LOMCE del Partido Popular se postula como la pieza destinada a cerrar la cuadratura del círculo. 

   Los redactores de esta ley de “artículo único”, aplicando el principio del mínimo esfuerzo (el “corta y pega” de toda la vida), mediante sutiles modificaciones, supresiones y añadidos sobre el texto de la LOE del último gobierno PSOE,  consiguen plasmar una “hoja de ruta” que, no sólo nos retrotrae a ese pasado oscuro de la España en blanco y negro (usufructuaria del orden feudal), sino que nos conceden el honor de convertirnos en cobayas de un experimento de alcance global: Se trata de comprobar si una vez reducidos al papel de mercancías (despojados de dignidad y derechos en lo individual y en lo colectivo), es posible “modelarnos” hasta convertirnos en fieles adoradores del moderno “becerro de oro” y que acatemos, sin remedio, los dogmas del neoliberalismo y la función que su “nuevo orden” resuelva otorgarnos –en su lógica sobramos casi todos y, por ende, sólo merecemos existir si demostramos ser útiles para su beneficio-. Se trata de adoctrinarnos en el catecismo del más absoluto individualismo y de la servidumbre a los intereses y las reglas de un dios-mercado que nos contempla como una simple inversión monetaria.

   La oposición, la confrontación con una reforma estructural como la que plantea la LOMCE resultan, por tanto,  imprescindibles. Pero, probablemente, estamos errando en la estrategia: Actuar, frente a una agresión de este calibre, de forma puramente sectorial, como si se tratara de un “problema” que  exclusivamente afecta a estudiantes y  a docentes, nos coloca donde se nos quieren tener –fragmentados, perdidos, sin norte-.

   La LOMCE del PP, junto a las otras grandes medidas estructurales, requiere ser contemplada en un contexto global y debe ser contestada, desde esa óptica, con el mayor grado posible de coordinación intersectorial, para garantizar una respuesta social, unitaria y productiva. La respuesta segmentaria, aun siendo comprensible y hasta necesaria, no termina de conseguir los efectos deseados. Perpetuar su dinámica nos puede conducir a la extenuación conjunta a través del agotamiento y la frustración particular.

(*) Adolfo Padrón Berriel. Miembro del sindicato co.bas-Canarias, de la organización política y social  Canarias por la Izquierda y representante de ésta en el Movimiento por el Frente Amplio

domingo, 13 de octubre de 2013

Cataluña, Canarias, Andalucía y País Vasco recurrirán la Ley Wert en cuanto se publique en el BOE

EL PERIÓDICO.COMCatalunya y tres autonomías más se insubordinan contra la LOMCE

Catalunya y, con diversos matices, el País Vasco, Andalucía y Canarias ni siquiera esperaron a la aprobación de la LOMCE o ley Wert por el pleno del Congreso -donde un PP en soledad absoluta impuso ayer su mayoría absoluta- para anunciar que preparan su «insumisión» a la polémica norma y que recurrirán ante el Tribunal Constitucional en cuanto esta vea la luz en el BOE. «Los colegios catalanes, en todo caso, no la aplicarán. Solo se guiarán por la ley de educación de Catalunya (LEC)», retó la consellera de Ensenyament, Irene Rigau, frente la imposición del castellano como lengua vehicular en toda España.


Rigau tiene claro desde el primer borrador de la LOMCE que esta persigue el «control centralizador» de todo el sistema educativo español y, con ello, debilitar la lengua catalana al obligar a establecer que las escuelas catalanas deberán ofrecer también enseñanza en castellano como lengua vehicular. «No se cumplirá. El sistema de inmersión lingüística es obligatorio en catalán según las características de cada lugar y donde haga falta», subrayó ayer.
En una línea similar, la consejera vasca de Educación, Cristina Uriarte, se mostró convencida de que Euskadi podrá preservar su modelo educativo frente a las modificaciones de la LOMCE, de la que los portavoces de la oposición dijeron ayer que será la más efímera de la historia. La oposición ratificó su compromiso  de derogarla en cuanto el PP pierda la mayoría absoluta. «El Gobierno vasco va a hacer todo lo posible para garantizar su modelo educativo propio», subrayó Uriarte.
Con menos rotundidad, porque «al tratarse de una ley orgánica, es de obligado cumplimiento», fuentes de las consejerías de Andalucía y Canarias, explicaron que tienen grupos de expertos estudiando un modelo alternativo con normativa propia para minimizar los efectos y dar largas a la aplicación de la LOMCE al menos durante el curso 2014/2015.

Lee la noticia completa aquí

domingo, 4 de agosto de 2013

Desmontando PISA: En Canarias, 9 de las 10 mejores notas de la PAU corresponden a alumnos de Enseñanza Pública

Gracias a @Msepa_Asturias hemos conocido este artículo:

canariasahora.es: Las nueve mejores notas en la PAU vienen de centros públicos
ANA TRISTÁN

La calidad consigue asomar entre los agujeros que dejan los recortes, a pesar de todo.

La realidad da un soplo de esperanza a los docentes y estudiantes canarios: nueve de las diez mejores notas obtenidas en las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) corresponden a alumnos de la enseñanza pública.

La educación pública da sus frutos, y la calidad consigue asomar entre los agujeros que dejan los recortes y las continuas reformas educativas, a pesar de todo.

A pesar de que Canarias lidera las tasas de desempleo nacionales. A pesar de que “el estatus socioeconómico medio de los estudiantes canarios es el más bajo de todas las Comunidades Autónomas que participaron”. A pesar de que los centros públicos obtienen peores resultados que los centros privados. (PISA, 2009)

A pesar de todo esto, nueve de las diez mejores notas de la PAU en las islas vienen de institutos públicos.

Ya el informe PISA en Canarias advertía que los mejores resultados de los centros privados obedece a la situación aventajada económicamente de los alumnos, por lo que eliminando el sesgo de nivel socioeconómico, los centros públicos muestran un mejor rendimiento.

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Puedes leer el artículo completo en canariasahora.es

miércoles, 10 de julio de 2013

9J: Tercera jornada de comparecencias LOMCE: solo CONCAPA defiende la Ley Wert

laprovincia.es´No´ de Canarias, Cataluña y Andalucía a la Lomce

Representantes de profesores y de los gobiernos de las tres autonomías han rechazado la reforma en el Congreso
EFE / Madrid

Representantes del Consejo Escolar catalán, de la Junta de Andalucía, del Gobierno canario y asociaciones de profesores y catedráticos de institutos han rechazado este martes en el Congreso la reforma educativa que defiende el PP, especialmente por considerarla centralizadora y no contar con el consenso necesario.

En la tercera jornada de comparecencias de expertos educativos que, a petición de los grupos, acuden a la Comisión de Educación de la Cámara baja para opinar sobre el proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la calidad educativa (Lomce), solo la Confederación Católica de padres de familia y padres de alumnos (Concapa) la ha defendido al incluir la clase de religión como opcional y evaluable.

El presidente de la Concapa, Luis Carbonell, ha dicho que en la Lomce el tratamiento a la materia de religión es "mucho más respetuoso con los derechos de las familias" al contemplar una alternativa sobre Valores a diferencia de EpC, que "se pretendía imponer a todas las familias por encima de sus propias convicciones".

Por el contrario, desde la Junta de Andalucía, su viceconsejero de Educación, Sebastián Cano, ha criticado que la religión cuente para nota y ha valorado la EpC, una materia que deben conocer todos los alumnos a diferencia de la otra que depende de las creencias de cada uno.

Cano ha señalado que la Lomce centraliza al tener que enseñarse en todos los centros aquello que después se va a evaluar en las "reválidas" externas y homogéneas.

"No podemos renunciar a universalizar el sistema educativo, lo que nos jugamos no es nuestro, sino de las generaciones venideras", ha resaltado el viceconsejero, que ha reclamado una reforma con más diálogo.

También ha dicho que Andalucía ha puesto en marcha un "plan B" para "minimizar" la aplicación de la Lomce, reuniendo a expertos educativos para hacer unos dictámenes sobre el margen de no aplicación de esta reforma.

Por su parte, el presidente del Consejo Escolar de Cataluña, Ferrán Ruiz, ha asegurado que si no hay ningún tipo de inmersión lingüística el castellanoparlante reforzará una cultura ajena a todo lo catalán, y será el primer perjudicado.

"Se pretende centralizar toda la formación e información sobre personas, procesos y resultados, convirtiendo a la Administración central en una especie de cuartel general de educación de la que parten órdenes y exigencias para todos los efectivos desplegados en el campo", ha señalado Ferrán.

El máximo órgano de representación de la comunidad educativa en Cataluña es contrario a las evaluaciones externas pues "minan" competencias, "institucionalizan la desconfianza en el sistema educativo", segregan a los alumnos y convertirán la docencia en una rutina.

El presidente de la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (ANPE), Nicolás Fernández, ha denunciado que la Lomce permite a los directores de centros públicos seleccionar a los docentes e interinos.

Los profesores de ANPE sí están de acuerdo con las evaluaciones externas si llevan un refuerzo previo de la evaluación continua, pero han criticado que la Lomce no tenga el consenso suficiente.

El director de la Fundación Jaume Bofill para el análisis del sistema educativo, Ismael Palacín i Giner, ha alertado sobre el "dudoso futuro de las reformas sin consenso" y ha destacado que "la ofensiva recentralizadora" de la Lomce en la cuestión lingüística no obedece a temas de aprendizaje sino a "objetivos políticos".

Felipe de Vicente, presidente de la Asociación Nacional de Catedráticos de Instituto (Ancaba), ha criticado que la Lomce conceda a la Administración la mitad del porcentaje del poder para seleccionar a los directores, y ha pedido más participación del claustro; también ha defendido el papel de aquellos "excelentes profesores de 60 años" o eméritos.

El director del Departamento de Filología Inglesa y Alemana de la Universidad de Valencia, Miguel Martínez, ha sostenido que potenciar desde la infancia el plurilingüismo supone un ahorro al sistema educativo así como al sanitario al luchar contra el Alzheimer, y está de acuerdo con contratar como profesores a nativos si faltan españoles capacitados.

Y José Moya, director general de FP y Educación de Adultos del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias, ha cerrado las comparecencias de este martes apuntando que la Lomce supone un "enfrentamiento entre la ideología del esfuerzo y la cultura de los derechos".

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