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La huelga estatal de educación del 9 de mayo se produce en un momento crítico para la educación pública del Estado español. El sistema educativo está sufriendo un triple ataque.
En primer término, se están recortando los recursos; en segundo, las administraciones públicas están otorgando cada vez más poder a las empresas en la determinación de los contenidos educativos; y en tercero, se está elitizando cada vez más el acceso.
En el marco de la cuestión nacional, el gobierno del PP está favoreciendo una recentralización del modelo educativo con la idea clara de españolizar la enseñanza, siendo este caso especialmente grave en Catalunya.
Hay dos mitos a derrocar para aclarar el debate. El primero es la idea de que la escuela pública es peor que la privada. Por un lado, las pruebas PISA reflejan que la escuela pública es capaz de integrar una gran parte del alumnado, cosa que la escuela privada no hace, dado que selecciona por niveles de renta y origen. Hay que decir, también, que el sistema público consigue unos resultados muy similares a los de la escuela privada (ya sea concertada o no) en la selectividad.
Así, la pública obtiene una media de 5,94 y la privada 6,19. Es decir, dos décimas menos, que quedan reducidas a una si descontamos la diferencia en los expedientes académicos. Un dato curioso es que en los últimos seis años la mejor nota de selectividad ha sido de estudiantes de centros públicos.
Con respecto a la universidad tampoco hay discusión. En todos los índices de clasificación mundial –como el Science Citation Index y el conocido como ranking de Shangai– las cinco mejores universidades son públicas.
Por lo tanto, a pesar de que mejorable, el sistema público consigue muchos de sus objetivos con una inversión en educación de menos del 5,01% del PIB –datos de 2009, antes de los recortes, cuando la media de la UE era del 5,49% y países como Francia, con un PIB enorme, gastaban un 5,89%, o como Dinamarca un 8,72%.
El segundo mito es que los recortes mejoran la economía. Después de cinco años de recortes, la economía no para de empeorar, el paro se ha elevado hasta más de seis millones de personas, la deuda pública se ha incrementado hasta un 85%, partiendo de poco más del 60%, y llegará al 100% a final de año.
El año pasado se pagaron más de 19.000 millones de euros en intereses de la deuda. El rescate de la banca y los recortes de sueldos generalizados, unidos al incremento del paro –muy directamente atribuibles a las últimas reformas laborales, que abaratan el despido y permiten las reducciones de salarios fuera de convenio–, han deprimido todavía más la economía. Aun así, el déficit público no ha bajado, dado que el dato que da el gobierno, un 6,7%, no incluye el generado por el rescate a la banca, con el que subiría hasta más del 10%.
Por lo tanto, los recortes en educación ni se deben al derroche de recursos ni a una lógica de mejora de la economía.
El papel de la educación
En el Estado español 6,5 millones de hogares tienen una persona o más que está estudiando. Así, existen 9,3 millones de estudiantes, de los cuales un 45% corresponden a estudios primarios, un 33% a secundarios y el 22% restante corresponde a estudios superiores, sean universitarios o no. Queda bien claro que la gente que realizará en un futuro próximo los trabajos, ya sean técnicos o no, está estudiando en estos momentos. Uno de los objetivos del Gobierno es conseguir que los conocimientos adquiridos sean lo más necesarios para las clases dominantes. El otro, es que el sistema de valores del alumnado sea modelado hacia la sumisión de los futuros trabajadores y trabajadoras a sus futuros jefes.
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Lee el artículo completo de Óscar Simón (@simongorjeos) en kaosenlared.net
