Ayuso desafía la ley educativa y convoca dos concursos para construir colegios concertados en suelo público gratuito (Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es)

Artículo de Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es 

• La Comunidad de Madrid retoma su política de ceder parcelas para levantar centros educativos privados, una práctica contra la que trató de ir la Lomloe sin llegar a prohibirla del todo y luego el Ejecutivo regional blindó en su ley autonómica

• — Las claves del proyecto con el que Ayuso quiere “blindar” la concertada y boicotear la ley Celaá

12/11/2022

La Comunidad de Madrid va a construir dos colegios que vendrán con un concierto debajo del brazo desde antes de existir y se levantarán sobre suelo público por el que los beneficiarios no tendrán que pagar nada. Esta medida –habitual en los Gobiernos regionales del PP en este siglo pero que se había paralizado en los últimos años– va directa contra las previsiones de la Lomloe y las intenciones del Gobierno, que trató de evitar estos episodios en la nueva ley, aunque no los llegó a prohibir directamente.

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La Comunidad de Madrid lleva años cediendo suelo público a colegios concertados saltándose la ley

El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) ha publicado este jueves la convocatoria de dos concursos públicos para construir sendos “centros educativos privados concertados” –aunque no exista tal cosa como los colegios concertados: se conciertan aulas, no centros– sobre suelo público que se cederá de manera gratuita a los beneficiarios. El trato, simplificando, es que la Comunidad de Madrid pone el suelo –valorado en 11,5 millones de euros entre las dos parcelas y por el que no cobrará nada– y el concierto, con lo que financia el coste de mantenimiento del centro una vez activo. El ganador del concurso solo tiene que pagar la construcción de las instalaciones.

La cesión de las parcelas públicas está prevista inicialmente para 40 años, prorrogables a 75. Uno de los centros se ubicará en Villa de Vallecas y el otro, en Valdebebas. Este último será el primer instituto que ofrezca Secundaria en todo el barrio, donde no hay posibilidad de estudiar la ESO en uno público, según datos de la Comunidad de Madrid.

La administración autonómica y el Ayuntamiento han conseguido esquivar la Lomloe para convocar estos concursos. Ambas parcelas pertenecían hasta hace unos meses al Ayuntamiento, pero las corporaciones municipales no pueden ceder suelo público para construir centros educativos privados, tienen que ser públicos, según estipula la Lomloe en la disposición adicional decimoquinta. Las comunidades autónomas, sin embargo, sí pueden.

¿Solución? En mayo se firmaron sendos acuerdos de cesión por los que el Ayuntamiento de Madrid regalaba las dos parcelas a la Comunidad para que construya dos colegios. Se explica en los acuerdos que esto se hace porque es el Gobierno regional el que tiene las competencias en Educación, pero el Ayuntamiento ya había cedido parcelas en otras ocasiones para colegios cuando no estaba prohibido. Por ejemplo, en el colegio JH Newman, donde además se ha permitido la construcción de un gimnasio privado en un suelo público también cedido gratuitamente.

Esta práctica de ceder parcelas públicas de manera gratuita –o a cambio de un canon simbólico– para la construcción de colegios ya concertados antes de levantarse ha sido muy propia de la Comunidad de Madrid en este siglo, durante buena parte de él contra los postulados de las leyes de educación. Hasta julio de 2020 había levantado por este método al menos 45 centros, según su propia información. Este fue el método que utilizó Francisco Granados, exconsejero de Presidencia de Esperanza Aguirre, para lucrarse con una veintena de centros cobrando mordidas. Acabó en la cárcel por ello.

Si está prohibido, se regula

Como este proceder iba contra las leyes educativas –que establecen que los conciertos se otorgan a centros privados ya existentes que cumplen determinados requisitos–, el PP las regularizó explícitamente en su Lomce en 2013 incluyendo un octavo punto de nuevo cuño en el artículo 116, que regulaba los conciertos: “Las Administraciones educativas podrán convocar concursos públicos para la construcción y gestión de centros concertados sobre suelo público dotacional”, una previsión muy concreta para algo que básicamente solo hacía Madrid y algo la Comunitat Valenciana.

La Lomloe –que incluye varias medidas pensadas directamente para controlar la escuela concertada a raíz de las políticas madrileñas, según admitieron responsables socialistas– vino a reparar esto. Eliminó la disposición, introdujo varias en las que daba preferencia a lo público a la hora de asegurar la oferta de plazas educativas e introdujo la palabra “pública” en la disposición adicional decimoquinta, artículo cuatro, que explicita que “los municipios cooperarán con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes”. Desde diciembre de 2020 estos suelos solo pueden destinarse a la construcción de centros públicos. Pero se quedó a medio camino: esta disposición adicional es para municipios, no cubre a las comunidades autónomas. Fuentes del Ministerio de Educación explican en cualquier caso que “la ley pretende limitar la cesión del suelo a centros públicos”.

Además, como no hay acción sin reacción, la aprobación de la Lomloe provocó un efecto casi inmediato en el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Poco más de un año después de que se publicara la nueva ley estatal en el BOE y tras más de dos décadas sin una ley educativa propia, Ayuso aprobaba su Ley Maestra, dirigida contra la Lomloe desde su propio título: Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa. En su norma, destinada a blindar la concertada, se incluyó específicamente esta práctica: “Se contempla la posibilidad de que en la Comunidad de Madrid se puedan convocar concursos públicos para la construcción y gestión de centros concertados sobre suelo público dotacional”.

Nueve meses después se ha “contemplado la posibilidad” y ejecutado. El primero de los centros está previsto en el barrio de Valdebebas, de reciente creación y que apenas tiene servicios públicos. Se levantará sobre una parcela de 13.456 metros cuadrados entre las calles de Leandro Silva, Félix Candela, Antonio Miró Valverde y César Cort y será, como mínimo, línea seis (seis clases por curso), desde infantil hasta la ESO. La parcela está valorada en 10,3 millones de euros, según el acuerdo de cesión entre Comunidad y Ayuntamiento.

El segundo será construido en el distrito de Villa de Vallecas, sobre una parcela de 13.045 metros cuadrados sita entre la Gran Vía del Sureste y las calles Cerro Murmullo y Cerro Millano, y está previsto que sea línea cuatro. Este suelo tiene un valor estimado de millón y medio de euros, según figura en el documento de cesión.

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Radiografía de un saqueo: la educación en el Madrid de Ayuso (Agustín Moreno)

 Agustín Moreno nos envía este artículo:

De nuevo los escolares cargarán con sus mochilas. De nuevo se encontrarán a sus compañeros y verán que no ha cambiado casi nada. Las mismas ratios, el mismo número de profesores, la misma escasez en los recursos. Seguramente no notarán el deterioro, porque se han acostumbrado a la precariedad desde que gobierna el PP en la Comunidad de Madrid. Y de nuevo el Gobierno repetirá una vez más: el curso escolar ha empezado con normalidad. Nada más lejos de la verdad. Partir del principio de realidad es una obligación para objetivar las cosas y saber de qué estamos hablando. Desde hace 27 años, la política ultraliberal de la derecha viene saqueando la educación pública madrileña. Es un recorte de recursos continuo y una privatización que no cesa. No son opiniones, son datos: la realidad es un argumento irrebatible.

1. Bajísima inversión educativa. Madrid es la comunidad autónoma que menos invierte de España siendo la comunidad más rica. Se mire como se mire. Solo invierte el 2,13% del PIB frente al 4,93% en España. El presupuesto educativo por habitante es de 754 euros frente a 1.167 de media en España. Y por alumno, de 4.181 euros frente a 6.738 de media del Estado, menos de la mitad que el País Vasco (9.143 €). La ínfima inversión y el peso de la red privada-concertada hace que en Madrid las familias se gasten en educación casi el doble que la media de España.

2. Privatización galopante, que ha provocado que el alumnado escolarizado en los centros públicos sea del 54% en Madrid frente al 68% en España y a más del 90% en los países europeos. En el caso de Madrid capital, el alumnado de la pública no llega al 40%. Este destrozo se consigue por varias vías: deteriorando la educación pública con los recortes, negando la demanda de las familias de plazas públicas y la construcción de nuevos centros públicos, transfiriendo recursos inmensos a la concertada (1.300 millones este año), y con la política de cheques-regalo a familias ricas con ingresos de 143.652 €/año si son cuatro personas.

3. Desprecio y abandono de los centros públicos. Como demuestra las altas ratios de 33 alumnos por clase en secundaria y hasta 38 en bachillerato. Visto en términos de ratio alumnado/profesorado, Madrid tiene la más alta de todo el Estado con 12,9 alumnos, frente a 8 del País Vasco o de Asturias. La pandemia demostró algo que todos sabíamos y que venía repitiendo la comunidad científica: la bajada de ratios es fundamental para mejorar la calidad educativa y el éxito escolar. Informan inspectores de Educación que este año en muchos distritos se han quedado alumnos fuera de la pública por sobrar plazas en la concertada y derivarles a ella.

4. Un desastre en Formación Profesional. Como todos los años, decenas de miles de jóvenes se quedan sin la plaza pública que solicitaron ¿Dónde está su libertad de elección? Es una estrategia deliberada que hemos explicado y que tiene como objetivo reducir el peso público y potenciar la FP privada y concertada. Tanto es así que la FP privada ha pasado del 25% en 2007 al 44% en 2020, un aumento de 20 puntos en 13 años, mientras que el porcentaje de FP pública ha caído en el mismo periodo del 75% al 56%. Los propios datos de la consejería demuestran que solo es pública una de cada tres plazas de FP que se crean actualmente. Madrid sigue imponiendo barreras de entrada a la FP, como la tasa de 400€ para matricularse en los grados superiores, una absoluta anomalía en el Estado.

La foto-resumen de este comienzo de curso es: 103 aulas concertadas más, aprobación de cuatro nuevos colegios concertados; 1.000 profesores públicos menos según la Asociación de Directores de Institutos (ADIMAD) en Secundaria a pesar de crecer un 1,6% el alumnado; 33.000 alumnos sin plaza pública de Formación Profesional (FP); y 127 millones de euros de gasto en cheques-regalo para ricos que se detraen de una educación pública infradotada.

Esta es la realidad, luego están las mentiras descaradas del Gobierno de Ayuso. Es decir, la propaganda, el bulo y la manipulación con la complicidad necesaria de medios bien engrasados por las subvenciones de este Gobierno. Aparte de los datos inventados por la consejería, dos ejemplos del mundo al revés que defiende la derecha: para ella, adoctrinar es educar en derechos humanos y no lo es meter el catecismo en las aulas (la gran mayoría de los centros concertados son católicos); hablan de la cultura del esfuerzo y montan chiringuitos universitarios privados donde titulan los que pueden pagárselo. Adoctrinamiento, negocio y hegemonía de valores conservadores. El control de la educación no es ajeno a la frase de Millás de que "votan al PP aunque se presente un mono tocando los platillos".

El problema está, además, en que la política educativa del Partido Popular de Madrid no es inocua y tiene consecuencias muy negativas. Madrid está a la cabeza de Europa en segregación escolar y por razones socioeconómicas, según numerosos estudios académicos (Save The Children, Universidad Autónoma de Madrid, ESADE...). Y el resultado de la baja inversión, el peso de la red privada-concertada con la consiguiente segregación es un modelo de calidad mediocre. Así se pone de manifiesto en el último informe PISA o los datos comparativos de la EVAU con otras comunidades autónomas.

El derecho a la educación no está siendo garantizado por el Gobierno Ayuso que impulsa el sector privado con dinero público. Se está perjudicando una educación pública digna y de calidad. Por ello, Unidas Podemos presentaremos un decálogo de propuestas en la Asamblea de Madrid. Entre otras medidas está doblar la inversión educativa hasta el 5%; bajar las ratios para mejorar la atención a la diversidad y la calidad educativa; aumentar los cupos de profesorado en al menos 1.000 efectivos en Secundaria; 18 periodos lectivos y la recuperación del poder adquisitivo perdido por el profesorado y demás personal por la inflación; aumentar las plazas de FP abriendo grupos de tarde en los IES públicos contratando a nuevo profesorado y no aumentando la jornada; un plan urgente de construcción de nuevos centros públicos educativos y terminar de una vez los centros que están empantanados por la construcción por fases.

No basta con cabrearse mientras el desastre continúa. Hay que actuar y salir a la calle. El 10 de septiembre hay la oportunidad de hacerlo: Marea Verde convoca a toda la comunidad educativa y social a que reaccione. La educación es una cuestión que afecta a toda la ciudadanía porque prefigura el modelo de país que estamos construyendo. Es un error una educación segregadora basada en la educación privada y con una educación pública asistencial convertida en un gueto. Apostamos por una educación pública universal gratuita, laica e inclusiva, que asegure la equidad y la igualdad de oportunidades. Lo que está en juego es una sociedad clasista y desigual o una sociedad cohesionada y más democrática.

AGUSTÍN MORENO

Diputado de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid

Publicado el 08/09/2022 también en blogs.publico.es/otrasmiradas

¿Pagamos todos? (Manuel Menor)

¿Pagamos todos? 

Lo que en política hacen  algunos mayordomos del poder económico es ayudar a sus dueños a que sigan acumulando más riqueza 

En las rondas de las peñas de amigos pagan todos, aunque  algunos traten de escaquearse compensándose a cuenta de los demás. Los más gorrones aprovechan, incluso, para consumir cosas caras y exclusivas, que los acompañantes, por razones de pudor, vergüenza u honestidad,  no se atreven a pedir. En celebraciones colectivas de colegas de trabajo, antiguos alumnos y similares, hay anécdotas suficientes para confirmar esta teoría de los gustos aristocráticos a cuenta de los demás. Casi siempre suelen ser maneras medio a escondidas, con abundantes excusas cuando se ven pillados en despiste y si cuela cuela.  Suelen ser las suyas, salvo casos de mucha cara, las argucias del zorro por ver si saca provecho. 

Acumulaciones de riqueza 

Este presente, en todo caso, es pródigo en demostraciones calculadas, adobadas de loas muy publicitadas de benefactores del bien de todos; ningún político alardeará de haber decidido algo  si no es con esta excusa, y más cuando con urgencia dice atender a los más agraviados. Ahora mismo, la presidenta de la Comunidad de Madrid está en este brete y dice pensar mucho en la sufrida clase media “que siempre paga y no recibe nada”. Por eso, ha diseñado un plan de becas de dinero público para el curso escolar entrante, a las que puede optar una gama de familias que alcancen entre 107. 739 euros (si tienen un hijo) y 179.765 (si tienen tres o más) de renta anual. Estos sustantivos “cheques escolares” a cuantos quieran acceder a centros privados de Bachillerato, Educación Infantil o FP, serán de imposibles a la gran mayoría de madrileños que lo deseen, dadas las cuantías y condiciones de las matrículas, pero no importa, pues son un regalo que pagamos todos. Para allanarle el mercado a estos centros privados, ha suprimido cerca de 6.000 plazas escolares en centros públicos, ha seguido ralentizando la construcción  de otros y, entre otras estrategias favorables a este monopolio, su Consejería de Educación opta por ser la que menos gaste por alumno -4.443 euros anuales- frente a los 6.230 de media estatal. Es evidente que esta mujer, supuestamente dedicada a la administración de los bienes comunes de los ciudadanos madrileños,  hace, al menos, una selectiva interpretación literal de una máxima del Evangelio de Lucas, 19, 26 en que “al que no tenga, aun lo que tiene se le quitará”. 

Con todo, su pedagogía de dar un poco más, en un momento tan volátil como el actual, a los que ya tienen, tiene el agravante antidemocrático de ampliar la acumulación de recursos públicos en las personas de rentas más altas. Lo que no obsta para que, según difundió Europapress, estas becas “incrementarán sus cuantías y habrá más facilidades para familias con menores ingresos o para los hijos de víctimas de violencia de género”. Las clases pobres, trabajadoras, o asalariadas -con niveles diferenciados de ingresos- no existen en esta noticia;  solo se entiende si se consideran “clase media” las familias con ese nivel de renta y si el lector no se hace problema  por que, en caso de que resultaran beneficiadas, se subvierta el concepto de beca tal como, en lealtad con la semántica, se ha entendido hasta ahora, en beneficio de quienes más las necesitan a causa de sus niveles bajos de ingresos. 

Este detalle no parece haberles importado a los creadores del invento; menos les ha molestado la profunda desigualdad que en esa Comunidad existe  entre quienes rondan ese nivel de ingresos y quienes han de subsistir con siete u ocho veces menos y, por tanto, con gran diferencia de recursos para ellos y sus hijos. El Consejero correspondiente, que no hace mucho dijo que no había visto los pobres que le ponía delante FOESSA (Cáritas),  tampoco parece haberse enterado de que uno de cada tres críos esté en riesgo de exclusión severa. Y tampoco consta en su currículum que se haya preocupado por enmendar el gran abandono que su Consejería ha ejercitado sistemáticamente, desde 2003 –el año del Tamayazo-, con la red pública. Cabe decir, pues, sin farsa, que esta desvergonzada decisión es una de las variadas maneras en que ayudan a sus votantes más ricos -sus patronos principales- a seguir acumulando riqueza. Glosando a Chuck Collins –Cómo los milmillonarios pagan millones para ocultar billones (Alianza: 2022)-, son “cortinas de humo” de algunos “mayordomos” ante el vecindario para ampliar, especular y ocultar la riqueza de unos pocos, toda una especialidad “industrial”. 

En esa misma línea metodológica, soterrada y cínica a un tiempo, han de entenderse los comentarios de cuantos se han puesto muy dignos ante el reciente viaje de la ministra de Igualdad a EEUU. Destaca en ese coro un nervioso Feijóo que, de repente, ha olvidado fotografías suyas con personas nada honrosas; su prisa por pillar en renuncios sucesivos a la coalición gobernante aprovecha la mala coyuntura económica para ver si la desgasta un poco más y si, como contrapunto de la catástrofe que dibuja, su brillo como salvador de la patria epata a la audiencia. Es lástima que no haga valer un poco más la supuesta imagen gestora con que sus adictos han adobado su imagen; los sufridos gallegos saben que las nieblas de la confluencia del Sil y del Miño lo dotaron de formas más suaves que las de Ayuso, pero tras su paso de estudiante por León pronto le vieron maneras parecidas; han quedado muy marcadas en las privatizaciones descapitalizadoras de Galicia y en cómo ha tratado a la educación, la sanidad o a las residencias de la tercera edad. 

El “inútil” latín de Gabriel 

Cuando Gabriel Plaza, después de sacar la mejor nota en la EvAU de Madrid, declaró a mediados de junio que, para él, estudiar Latín y Griego había sido “un descubrimiento”, y que se especializaría en esa Filología porque quería ser “feliz”, las reacciones que causó a los de su edad fueron decepcionantes, por las sandeces que le dijeron y por lo expresivas que son de los modelos de emprendimiento que les gustan, porque sus criterios de valor reflejan la primacía de su ambición contable. A esta línea prevalente de estima le importa un bledo la desigualdad social y si nuestros políticos pelean o no por que tengamos una sanidad o una educación pública más fuertes para subsanarla; si son  frágiles y quebradizas porque situaciones como la actual aceleran el negocio de su privatización les viene a cuenta. De una ética común no parecen esperar nada y lo que dicen o hacen personajes como Ayuso y Feijóo les mola mucho; no les importa que el modelo de acción social que impulsan sea una muy peculiar versión de los principios en que se inspira el Sistema Educativo Español desarrolle valores tales como “la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación”.  Esto decía el art. 15 del Preámbulo de la LOMCE, la ley que impulsó su partido en 2013 y que tanto añoran. 

TEMAS: Becas de estudios.- Segregación.- Descapitalización de lo público.- Acumulación privada de riqueza.- Valores educativos democráticos públicos. 

MMC (06.07.2022)

La educación, en el corazón de las guerras culturales (Nuria Alabao para ctxt.es)

 Artículo de Nuria Alabao para ctxt.es

Ayuso usa el campo educativo para enfrentarse al Gobierno con las armas de las derechas radicales de medio planeta. Su mentora, Esperanza Aguirre, aumentó el fracaso escolar un 30% mientras el gasto por estudiante era el más bajo de España

15/06/2022

Isabel Díaz Ayuso ha tenido que decir con la boca pequeña que sus propios inspectores no han encontrado nada “relevante” en la revisión de los libros escolares a los que había acusado de contener “material sectario” y de “adoctrinar”. Pero como en toda buena guerra cultural, “la verdad no importa, se construye”, dicen las autoras de Spanish neocon: “La lógica de que la verdad no solo no existe, sino que es algo a crear. La producción de verdad es tanto más valiosa cuanto más consenso crea en el nosotros que le sirve de referencia. En consecuencia, producir verdad y gobernar son una misma cosa”. Este es el manual comunicativo de Ayuso, copiado de su jefa Esperanza Aguirre en su etapa neocon, y que hoy forma parte del repertorio de los ultras de medio mundo. No es la primera batalla que lanza contra la educación ni será la última, porque este tema es central para excitar los pánicos morales de los padres y agrupar a los suyos.

Los conceptos que habían provocado el escándalo de Ayuso, como ya es habitual, son los relacionados con la memoria histórica y las cuestiones de género –curiosamente dos de los ejes que Vox utiliza constantemente–, así como otros vinculados a la colonización y el racismo o la ecología. Criticaban el uso de expresiones como “roles de género”, “memoria democrática”, “emergencia climática”, “objetivos de desarrollo sostenible” o “la herencia colonial española”. Una guerra cultural más contra el Gobierno, usada para aumentar su popularidad, cimentada en la confrontación directa y brutal más que en la gestión o el cumplimiento de sus promesas electorales.

Como hemos dicho, tuvo una buena maestra. Esperanza Aguirre ya calificaba la reforma educativa de Zapatero del 2006 y la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía como “un adoctrinamiento”, e incluso se lanzó a decir que la desobedecerían en Madrid. Lanzaba así un guiño a las protestas masivas convocadas por los grupos ultras católicos que batallaban contra el laicismo implícito en la ley. Las movilizaciones estaban convocadas por Hazte Oír y Profesionales por la Ética, pero también por la CONCAPA –Confederación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos–, una de las estructuras con más capacidad de apoyo a las propuestas de la derecha madrileña. La CONCAPA dice representar a tres millones de familias y básicamente se dedica a defender la enseñanza de la religión católica y la escuela concertada –escuela privada financiada con fondos públicos–. Recordemos la anomalía española de la concertada –en Europa solo existe un modelo parecido en Bélgica, y está mayoritariamente en manos de la Iglesia–. Así que defenderla suele coincidir con proteger el poder y la influencia del catolicismo en la enseñanza. Quizás esta capacidad de movilización y de funcionar como grupos de presión de la CONCAPA y grupos similares sea la que explica en parte por qué ningún gobierno –tampoco este– se ha atrevido a tocar la financiación de la escuela concertada.

En cualquier caso, cuando en España empieza una guerra cultural alrededor de la educación, apenas nadie consigue enfocar los verdaderos problemas. En tiempos de Aguirre, el gasto público por estudiante era el más bajo de todo el país mientras aumentaba el fracaso escolar un 30%. Sin embargo, la presidenta desvergonzada convirtió esta cuestión en un problema “de autoridad escolar”, en una recuperación de la obsesión por el 68 de las distintas ramas de las derechas radicales. ¿Os suena lo del marxismo cultural? También eran tiempos de la Púnica, cuando Francisco Granados –que fue vicepresidente de la Comunidad de Madrid– cobraba los favores a constructores y colegios concertados: su trama corrupta ingresaba casi un millón de euros por cada concesión de nueva escuela. Convirtió así una apuesta política por la enseñanza privada –y sus consecuencias segregadoras en el alumnado con menos recursos– en un problema moral, como se relata en Spanish neocon.

Hoy, el modelo del PP en Madrid sigue siendo el mismo: facilidades a los colegios privados, desarrollo de centros concertados mientras se recortan líneas en la pública o se cierran las escuelas infantiles públicas de 3 a 6 años, mientras se dan becas para guarderías privadas de 0 a 3 años –en Madrid no se ha abierto una sola escuela infantil nueva en las últimos dos décadas–. Pero Ayuso no hablará de ninguna de estas cuestiones, sino que criticará la reforma educativa del Gobierno con palabras grandilocuentes como “están dinamitando el armazón en el que se sustenta la convivencia española”. Hablará también de “ideología de género”, o de conceptos adoctrinadores. Curiosamente, dos de los elementos que la ultraderecha usa en medio mundo para tratar de impedir cualquier avance en educación emancipadora o progresista –sobre todo, con aquellos temas como la educación igualitaria o sexual, o la prevención de violencias machistas que provocan más escándalo moral–. Todo ello convenientemente envuelto en un rimbombante discurso acerca de la “libertad de decidir sobre la educación de sus hijos”, el paraguas más habitual. El PP de Madrid, con Ayuso a la cabeza, no está tan lejos de Vox y su pin parental.

Fundamentalismos y extremas derechas contra la educación progresista

La mayor guerra de género reciente sobre estas cuestiones se desató en 2020, a partir de una propuesta de Vox. Esta medida implicaba que todas las actividades complementarias organizadas en horario lectivo tuviesen que estar autorizadas expresamente por los padres. Esto les permitiría impedir que sus hijos asistiesen a talleres de educación sexual o igualitaria, etc. Fue propuesta por el Foro de la Familia –una plataforma civil ultraconservadora– y Vox la recogió y la planteó como condición para apoyar a gobiernos locales conservadores que necesitan de sus votos para gobernar. Este ejemplo ilustra bien, además, cómo las asociaciones pueden servir de punta de lanza para movilizar en la calle y mediante herramientas de tipo “activista”, exigiendo medidas que luego los partidos ultras llevan adelante. Como no tienen que buscar el voto, estas asociaciones pueden ser mucho más radicales en su lenguaje y propuestas que los propios partidos, como explicamos en esta investigación. 

Las asociaciones sirven para movilizar en la calle, exigiendo medidas que luego los partidos ultras llevan adelante

Se llegó a aprobar en la región de Murcia, lo que generó una gran guerra cultural en el país, con varias manifestaciones a favor y en contra, aunque en la práctica era casi imposible su implementación. El riesgo más importante es la autocensura de profesores y directores de colegios: ante una posible denuncia o un lío en clase, muchos prefieren no tocar temas “espinosos”. En esta misma campaña, los ultras de Hazte Oír habilitaron una web que animaba a denunciar este tipo de actividades escolares. De España a México, el pin parental fue propuesto allí por la plataforma del Frente Nacional por la Familia en alianza con partidos políticos de derecha. 

Con este tipo de campañas, los ultraconservadores logran incidir sobre las políticas educativas mediante las movilizaciones en los frentes legislativo, judicial o en la movilización de base a través de los grupos de padres. Muchas veces, en estas propuestas confluye el frente moral –contra la laicidad en la escuela– con la mercantilización de la educación. Es decir, las propuestas educativas neoliberales con la pátina conservadora en valores.

De Alemania a América Latina, las asociaciones de padres se han mostrado actores importantes de estas guerras culturales. Por ejemplo, el movimiento “Con mis hijos no te metas”, nacido en Perú contra la educación sexual y que está vinculado al menos a cinco iglesias evangélicas con grandes recursos. Sus campañas se centran en la defensa de la familia tradicional y el ataque a una llamada “ideología de género”. Las políticas conservadoras en educación extienden sus tentáculos para devenir herramientas de poder político. Así, este movimiento participó en una movilización activa en contra del “sí” en el referéndum sobre el Acuerdo de Paz en Colombia –en 2016– y en Uruguay se alineó con el frente contra la nueva ley trans. Este despliegue de distintos focos está relacionado además con una exitosa construcción de alianzas internacionales y transfronterizas entre actores fundamentalistas.

De Alemania a América Latina, las asociaciones de padres se han mostrado actores importantes de estas guerras culturales

Las guerras de género son política por otros medios. En Brasil, la visión ultraconservadora de los contenidos escolares se materializó en la organización Escuela sin Partido, que apoyó a Bolsonaro en su conquista del gobierno. La Escuela sin Partido dice que el profesor se debe limitar a enseñar materias como biología o matemáticas, pero es la familia la que se debe responsabilizar por las bases morales, políticas, sexuales y religiosas de los alumnos. Es decir, se prohibe hablar en clase de temas como el aborto, el embarazo adolescente o el sida, aunque sean problemas reales de los chavales. También implica que la historia se debe enseñar “sin valoraciones”. Un movimiento que ha servido para intentar impulsar el revisionismo histórico, rehabilitando así la historia de la dictadura en ese país. (En España también estamos asistiendo a una guerra para que a los niños no se les explique, de forma profunda, las consecuencias más brutales de la dictadura de Franco). Bolsonaro, apoyado en los sectores políticos evangélicos, prometió convertir esta propuesta en una norma que legalizase además que los estudiantes pudiesen grabar y difundir a los profesores que “ideologizasen” en la enseñanza. Tanto el laicismo como la libertad de cátedra estarían aquí amenazadas. Para Raul Zibechi, esta ofensiva tenía también el objetivo oculto de frenar al movimiento estudiantil y desviar los problemas de las escuelas a la cuestión de la disciplina en el aula y la falta de valores. Nos suena de algo, ¿verdad? Al final, la ley fue detenida en los tribunales por la Corte Suprema, un frente que en Brasil está sirviendo para frenar las peores trapacerías de Bolsonaro. Pero el presidente de extrema derecha no se ha detenido ahí, y su nueva propuesta implica la militarización de las escuelas con el proyecto de implantación de 108 escuelas cívico-militares hasta el año 2023.

El frente educativo es esencial para las extremas derechas de todo el planeta. Como en otras cuestiones –todas las relacionadas con el género–, tiene esa doble función: construir sus bases agitando mediante guerras culturales que provocan adhesión de una parte conservadora o religiosa de la sociedad, y desviar la atención de los problemas educativos reales asociados con la implementación de la óptica neoliberal. Que sean guerras culturales, sin embargo, no implica que no estén tocando temas esenciales para que los jóvenes tengan más herramientas y conocimiento para construirse en libertad. Estas confrontaciones en torno a la educación seguirán. Nos queda defender a capa y espada la laicidad y la libertad de cátedra al tiempo que luchamos para implementar una mayor presencia de cuestiones esenciales como la educación sexo-afectiva en las escuelas.

La letra pequeña de los presupuestos de Ayuso: menos inversión para Sanidad e impulso a la educación concertada (Fátima Caballero para ELDIARIO.ES)

 ELDIARIO.ES publica esta noticia

En la presentación de unos presupuestos, sean de la administración que sean, el encargado de comunicar sus partidas siempre ofrece los datos de modo que son todos buenas noticias. Cuando se analizan los grandes números en profundidad, la realidad puede ser otra. Pasó este miércoles con las cuentas de la Comunidad de Madrid para 2022, las primeras de Isabel Díaz Ayuso desde que es presidenta regional. Incapaz de aprobar unos presupuestos en los dos ejercicios anteriores, el Consejo de Gobierno aprobaba unas cuentas regionales marcadas por la pandemia, aún sin contar con el apoyo de sus socios Vox, que amenaza con poner difíciles las negociaciones.

Al rascar un poco en los datos grandilocuentes desgranados por el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, el optimismo se desvanece rápido para unas cuentas que ascienden a 23.000 millones de euros, 1.000 de ellos procedentes de los fondos europeos.

Las primeras críticas han llegado del sector sanitario, el más castigado por la crisis de la COVID-19, que denuncia una previsión de gasto baja respecto a años anteriores y la constatación del abandono de la Atención Primaria por parte del Gobierno regional. Tampoco hay nuevos fondos para salud mental, pese a la alerta de los expertos que pronostican que es y será la próxima gran pandemia como consecuencia de la crisis sanitaria.

Estos primeros presupuestos de Ayuso eran muy esperados no solo por la falta de cuentas públicas durante los dos últimos ejercicios, sino porque debían ser la respuesta a la crisis sanitaria de la COVID-19, que ha tenido importantes repercusiones económicas. En este contexto, y tras las denuncias de los sindicatos de profesionales sanitarios por las carencias del sistema de salud madrileño, todas las miradas estaban puestas en la inversión en esta partida, que la presidenta madrileña aseguró que se comía el 50% del presupuesto. Pero nada más lejos de la realidad: en estas nuevas cuentas, la inversión en Sanidad supondrá al 38,1% del gasto, el porcentaje más bajo de los últimos años.

El consejero de Hacienda lo justificaba argumentando que el porcentaje disminuye por los fondos europeos, que están destinados a otras áreas económicas. Pero descontado ese dinero, el porcentaje sigue sin superar al de otros años. "Por mucho marketing y publicidad que estén haciendo, la inversión en sanidad para este año 2022, es menor que el gasto real de 2019, año precovid en el que supuestamente teníamos una sanidad saneada", denuncia Julián Ezquerra, médico de familia y portavoz del sindicato Amyts. Ezquerra no esconde su indignación por unos presupuestos que "perpetúan la infrafinanciación pública madrileña". "Seguimos estando a la cola en inversión por PIB y siendo los penúltimos por gasto por habitante", lamenta. "Son todo medias verdades y mentiras", resume sobre las cuentas públicas presentadas este miércoles en la Puerta del Sol sin presencia de la presidenta madrileña, la gran ausente de la cita.

La partida para Sanidad ascenderá este año a 8.784 millones de euros, 693 millones más que lo presupuestado en 2019. Según estas cifras, el incremento supone el 8,6%, la partida que menos sube de todas las cuentas públicas cuya media se sitúa en el 15%, pese a la tensión provocada por la pandemia en el sistema público de salud. Si se bucea un poco más en detalle, se comprueba que el Gobierno regional ha presupuestado 178 millones menos que el gastado en esta partida en 2019, año previo a la pandemia, cuando la cifra ascendió a 8.962 millones, según adelantó este jueves El País y ha comprobado esta redacción.

Con este nuevo presupuesto, Sanidad vuelve a perder un año más peso en las cuentas madrileñas, una disminución que viene produciéndose desde 2015, cuando el gasto en sanidad ascendió al 45,16% de las cuentas. En 2016, cayó hasta el 44,13% y así sucesivamente. En los últimos, los de 2019, el porcentaje se situó en el 42,52% del total.

Atención Primaria: la gran olvidada

Otra de las partidas más esperadas en Sanidad era el gasto en Atención Primaria y las primeras reacciones han sido de "decepción" por parte de los profesionales. "El gasto es una absoluta burla, rondando el 11% de inversión, mientras la media de las comunidades autónomas se sitúa en el 14% y el objetivo marcado por los organismos internacionales es que debería ser de un 25%", lamenta el portavoz de Amyts. De nuevo, se ha presupuestado menos de lo gastado en 2019, año prepandémico. El debate de la infrafinanciación en este nivel asistencial ya era un clamor los años previos de la crisis sanitaria y se ha acentuado ahora con amenaza incluso de movilizaciones por el déficit estructural de plantillas y las malas condiciones de los profesionales.

Atención Primaria recibirá 2.055,8 millones de euros, 76,6 millones más que lo que se presupuestó 2019, pero menos de lo que se acabó gastando ese año realmente. Supone apenas un incremento del 3,9%, la partida que menos crece de todas las sanitarias, pese a las últimas promesas por parte del Gobierno de Ayuso de mejorar el sistema que es la primera barrera de entrada de los ciudadanos. "Sabemos cómo está la situación y a mí lo que me gusta es que no me engañen", dice Ezquerra. "Si han tomado una decisión política que es dejar morir la Atención Primaria que lo digan abiertamente, pero nos estamos cargando un buen modelo y no sabemos hacia dónde nos quieren llevar", lamenta.

Otro de los asuntos que ha indignado a los sindicatos es el anuncio a bombo y platillo de que aumenta el salario de los médicos en más de 700 euros y el de los enfermeros, en más de 400. Ante esta afirmación que hasta la propia Ayuso promocionó en sus redes sociales, los cinco sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad (SATSE, CCOO, AMYTS, CSIT Unión Profesional y UGT) han lanzado un comunicado conjunto en el que hablan de "falsedad". "Esta medida, que ya veremos si llega a aplicarse porque no sería la primera vez que algo se anuncia y luego no se posiciona el dinero, no llegará ni al 8% de los profesionales de Atención Primaria más allá de que no ataja las carencias que tienen los centros de salud", explican.

¿Por qué este anunciado aumento salarial se queda en un porcentaje tan corto? Porque la Consejería de Sanidad lo vincula a varios condicionantes: que afecte a aquellos profesionales de los centros rurales (32 centros), que tengan ausencias no cubiertas de forma muy prolongada y que atiendan a más del 85% de la población, explican los agentes sociales. "Un cúmulo de condiciones para conseguir este complemento salarial y que, además, retirarán en el momento en el que en esos centros la situación laboral mejore", añaden.

La salud mental se queda igual

Desde otros sectores de la salud también han criticado las cuentas regionales por insuficientes. Ha sido el caso de la Asociación Madrileña de Salud Mental. Lasquetty aseguró durante la presentación de las cuentas que la "prioridad" del Gobierno en salud mental es "la atención a niños y a adolescentes". Pero al comprobar las cifras, Marta Carmona, presidenta de la asociación, denuncia que la inversión adicional en este presupuesto será la misma que en el anterior, pese a que la demanda se ha disparado los últimos meses con la pandemia.

El proyecto presupuestario planea una inversión de 33 millones de euros en tres años. "De confirmarse dicho dato, no aumenta la dotación en salud mental respecto al Plan de Salud Mental anterior 2018-2020 que fue exactamente idéntico", lamenta Carmona. "Según las cifras de la Oficina Regional de Coordinación de Salud Mental y Adicciones se prevé un aumento del 30% de la demanda en salud mental en trastorno mental común y un 20% en trastorno mental grave que recibirán fundamentalmente los Centros de Salud Mental. Por tanto, estos presupuestos resultan a todas luces insuficientes para dar respuesta a la crisis de problemas de salud mental que estamos viviendo en nuestra región", añade.

Educación: más inversión a la concertada

En los primeros presupuestos de Isabel Díaz Ayuso, la educación concertada es la gran mimada, tras la defensa que ha hecho de esta enseñanza la presidenta regional hasta el punto de que ultima la aprobación en Pleno de una ley maestra para blindarla. Según reflejan las cuentas registradas este jueves en la Asamblea de Madrid, Ayuso destinará 1.321,6 millones de euros a los conciertos educativos, centros de titularidad privada sostenidos con fondos públicos. Esto supone 300 millones más con respecto a las cuentas de 2019. La inversión a la educación pública infantil –no obligatoria–, a la primaria y especial es de 1.101,7 millones de euros; para la red pública de enseñanza secundaria y FP, de 1.104 millones.

"Es un presupuesto muy opaco y muy engordado con fondos europeos y del ministerio. Aún así no es suficiente y se queda muy lejos de las necesidades que tiene el sistema por los déficit estructurales que arrastraba y que se incrementan tras la pandemia", valora Isabel Galvín, portavoz de enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO). "A pesar de que el Producto Interior Bruto madrileño ha bajado y eso hace que suba el porcentaje del PIB dedicado a educación, Madrid seguirá siendo la última en gasto educativo porque no va a llegar al 3% del PIB", lamenta.

Una de las partidas que aumenta significativamente en educación es la destinada a profesores de religión. El gasto presupuestado para esta categoría en la educación pública asciende a 46,27 millones, lo que supone un aumento del 23% respecto a 2019, 8,7 millones de euros más.

Investigación

La partida de desarrollo e innovación pasa de 148,32 millones a 172 , un aumento de un 15%, siendo el 0,74% del presupuesto total en plena crisis sanitaria. En 2019, Madrid era la cuarta comunidad autónoma por la cola que menos invertía per cápita, unos 22,26 euros, situándose en un 55% menos que la media nacional, y muy lejos de los 51 euros de la Comunidad Valenciana o los 163 del País Vasco. En el presupuesto actual, la inversión per cápita en I+D que dedica la "locomotora" de España y primera región económica del país se queda en 25,24 euros por persona.

Por último, proyecto de Presupuestos para 2022 recoge un aumento del 18% en el gasto para asesores del Gobierno regional en comparación con las cuentas de 2019, pese a que Ayuso ha asegurado que congelará los salarios de los altos cargos y después de que destacara en su investidura la reducción de consejerías de 13 a 9 tras las elecciones del 4 de mayo.

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Madrid, Andalucía y Murcia vuelven al cole sin ratios “seguras” (Sara Plaza Casares para ELSALTODIARIO.COM)

 ELSALTODIARIO.COM publicó este reportaje:

Laura tuvo el año pasado a 16 alumnos en clase de manera presencial. Esta maestra de Primaria de un colegio del sur de Madrid ejercerá este curso en una clase con 26 estudiantes. Para Laura, lo mejor que trajo la pandemia a las aulas se perderá ahora. “Lo que hemos podido observar es que puedes dedicar mucho más tiempo individual a cada alumno y cada alumna. Y no solo es un tiempo de mayor duración, sino de más calidad. Tienes más tiempo para sentarte al lado de ellos y de ellas, descubrir que necesidades tienen y que virtudes tienen para potenciárselas con mayor acierto; así como preparar las clases muchísimo más adaptadas a cada niño y cada niña”, expresa.

En algunas comunidades este curso no empezará como el anterior y por ello protestaba ayer la comunidad educativa en las calles de Madrid, convocada por Asamblea Marea Verde para pedir un retorno más seguro. Y es que las 'Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al Covid-19 para centros educativos en el curso 2021-2022', fijadas por el Ministerio de Educación y pactadas con el resto de comunidades, no han blindado las ratios en las aulas, dejando a conciencia de cada territorio mantener los desdobles con 20 alumnos por clase o volver a los números prepandémicos. Además, han introducido la posibilidad de reducir la distancia de seguridad entre alumnos de 1,5 metros a 1,2 metros a partir de quinto. Del otro lado, lo que no decae es la obligación del uso de mascarilla para mayores de seis años.

En Madrid se pasará de 10.000 profesionales de refuerzo contratados para el curso pasado a 3.000 nuevos docentes para este año. En Andalucía las cifras pasan de 8.000 a 5.300 profesionales y en Murcia se eliminarán todos los refuerzos

Desde la Plataforma Estatal por la Escuela Pública denuncian la desigualdad que va a suponer entre territorios la vuelta o no a clases masificadas, destacando Madrid, Andalucía y Murcia como las comunidades que mayor recorte de profesores van a acometer y, por tanto, las que borrarán los desdobles de un plumazo. En Madrid se pasará de 10.000 profesionales de refuerzo contratados para el curso pasado a 3.000 nuevos docentes para este año y habrá 7.500 aulas menos. En Andalucía las cifras pasan de 8.000 a 5.300 profesionales, y en Murcia se eliminarán todos los refuerzos, esto es, 1.500 profesores, además de recortar a la plantilla prepandémica en 400 plazas. Y todo ello a pesar de que durante este curso en Secundaria y Bachillerato se fomentará la vuelta a situaciones de presencialidad, lo que requeriría de más profesores aún.

“Si ahora vuelven todos los alumnos a clase hará falta contratar a más. El año pasado se contrataron 35.000 profesores. Para garantizar la presencialidad con máximo de 20 alumnos haría falta contratar a 71.700 más. Si sumamos los datos de todas las Comunidades Autónomas en total son 25.000 nuevas contrataciones, pero ahí están añadiendo a profesores de apoyo y de refuerzo que no son para desdobles covid. Si hacen falta 71.700 todavía faltan 44.700 profes para estar en una situación óptima. Estamos en una situación mala”, expresa Paco García, secretario general de Enseñanza de CC OO.

 “Gracias a medidas como las ratios bajas y los grupos burbuja, España fue uno de los dos países de Europa donde la educación no estuvo confinada”, explica García quien señala que lo aconsejable sería no cambiar las reglas de juego porque la pandemia aún no ha acabado, los menores de 12 años no están vacunados y, tal y como dicen los epidemiólogos, la variante delta es más contagiosa.

Desigualdad y fondos covid

La flexibilidad introducida por el gobierno central dibuja un panorama desigual en todo el Estado. Mientras Andalucía, Madrid y Murcia volverán a una imagen prepandémica en sus aulas, en algunas comunidades se contratarán más refuerzos aún, como en la Comunidad Valenciana que destaca por incorporar 5.042 profesores de refuerzo, esto es 668 más. Otras mantienen sus cifras para hacer efectivos los desdobles como Castilla-La Mancha con 3.000 docentes, Castilla y León con 1.300 y Euskadi con 1.064. Al menos “de boquilla”. Fuentes sindicales de la CAV confirman a El Salto que este excedente “no aparece en las adjudicaciones de inicio de curso por lo que a efectos prácticos no hay”.

“Entendemos que algunos aspectos del ámbito educativo necesitan un liderazgo por parte del ministerio. Entendemos que las competencias son de las comunidades pero luego se crean 17 desarrollos diferentes y las necesidades del alumnado son las mismas”, expresa Mari Carmen Morillas, portavoz de la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, quien señala la desigualdad territorial en materia educativa con un ejemplo: cuando bajó la incidencia y las comunidades pudieron volver a la presencialidad en Secundaria y Bachillerato, regiones como Madrid nunca volvieron a las aulas de manera uniforme. “Murcia ha estado hasta Educación Infantil en semipresencialidad”, destaca. “En Madrid —prosigue— se decidió que la vuelta a la presencialidad la decidiera cada instituto. Hubo adolescentes que volvieron a las aulas y otros que no y esto ha supuesto una mochila muy dura que están arrastrando y ha propiciado que se descuelguen del sistema educativo muchos de ellos”.

“Nos oponemos a que estos fondos no sean finalistas y que cada comunidad decida; que la inversión en educación dependa de las prioridades y del color político de cada comunidad”

También, añade Morillas, sería necesaria una coordinación de los fondos covid que van a recibir las diferentes Comunidades Autónomas para que una parte se destine a Educación. El Gobierno aprobaba a principios de agosto destinar 13.486 millones de euros —el 70% en septiembre y el resto en noviembre— para hacer frente a la pandemia. Andalucía recibirá 2.357,50 millones de euros, Madrid 1.863,76, la Comunidad Valenciana 1.400,02 y Murcia recibirá más de 400 millones. “Nos oponemos a que estos fondos no sean finalistas y que cada comunidad decida; que la inversión en educación dependa de las prioridades y del color político de cada comunidad”, reclama Morillas.

¿Dónde está el dinero en Madrid?

“¿Dónde se va a invertir el dinero en Madrid?”, se pregunta, por su parte, Sandra Villa, portavoz de la Asamblea Marea Verde, que caminaba este sábado por las calles de Madrid para exigir que esos fondos se reflejen en mejoras en las aulas. “Pedimos una vuelta segura, el año pasado trabajamos con muchísimo frío, y este año el agradecimiento es que nos dan más ratio de alumnos y menos seguridad”, se queja.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, prometía la ampliación de ratio en su discurso inaugural de legislatura pero no para este curso, sino empezando en el periodo 2022-2023 y solo para Infantil, ampliando la propuesta de manera escalonada. Para la portavoz de Marea Verde, este es un anuncio “propagandístico”. “Que la empiece a disminuir ya, que ahora tiene dinero y que luego lo mantenga. Necesitamos que se reduzca la ratio en todas las etapas y ya”, insiste.

“Hay colegios planeados que no se han construido ni se han empezado a construir, hay otros que están construyéndose por fases y otros, masificados. El año pasado trajeron barracones para cumplir con la bajada de ratio”

“Llevamos sufriendo al PP mucho tiempo y todo lo que hacen es en detrimento de la Educación Pública”, añade Villa. “Hay colegios planeados que no se han construido ni se han empezado a construir, hay otros que están construyéndose por fases y otros, masificados. El año pasado trajeron barracones para cumplir con la bajada de ratio. Es necesario que se construyan los nuevos centros y que se mejoren los existentes”.

Andalucía con más dinero y 4.000 aulas menos

Para la portavoz adjunta del grupo parlamentario Unidas Podemos por Andalucía, Ana Naranjo, no es casualidad que las tres comunidades que van a subir ratios estén gobernadas por el mismo color político. “Son comunidades gobernadas por las posturas más reaccionarias que están decididas a hacer de la educación un negocio”, explica a El Salto. “En Andalucía van a cerrar 4.000 aulas y vamos a tener 2.700 profesores menos porque no quieren invertir los fondos extraordinarios en educación”, destaca.

“Andalucía ha sido la comunidad que más ha recibido para educación. Al mismo tiempo somos la comunidad con mayor tasa de abandono escolar. ¿Por qué no ponen esos recursos a disposición de los que lo necesitan?”

Durante septiembre de 2020, el gobierno repartió entre las comunidades unos fondos extras finalistas que debían ir destinados a la educación. Andalucía y Madrid fueron las más recompensadas, con 383.856 millones y 291.696 respectivamente. “Hemos sido la comunidad que más dinero va a recibir y que más ha recibido para educación. Moreno Bonilla ha tomado la peor decisión y, siguiendo la estela de Ayuso, no va a invertir en mantener las ratios del año pasado. Al mismo tiempo somos la comunidad con mayor tasa de abandono escolar. ¿Por qué no ponen esos recursos a disposición de los que lo necesitan?”, se pregunta Naranjo.

En detrimento de la pública, explica la diputada de Unidas Podemos, el gobierno autonómico está apostando por la enseñanza privada. “Han atendido demandas suyas históricas. Por ejemplo, han modificado los criterios de acceso a los colegios para acercarnos al distrito único de Madrid”, explica. El día 1 de septiembre una concentración, convocada por los sindicatos minoritarios y Marea Verde frente al parlamento andaluz, inauguraba lo que se prevé un otoño caliente en esta comunidad.

Ratios más allá de lo sanitario

La legislación vigente indica que las ratios deben ser de 25 en Primaria y de 30 en Secundaria. Pero, gracias al Real Decreto 14/2012 que el PP sacó adelante con medidas extraordinarias, las comunidades pudieron aumentarlas un 10%. “Este real decreto, que ha sido anulado posteriormente por una ley, ha permitido inflar las ratios en muchas comunidades. La ley va más rápido que la realidad y en muchos sitios las clases están por encima de 25 alumnos, de tal manera que la vuelta a la normalidad supondrá volver a clases de 25, 26 o 27 alumnos en Primaria”, explica el secretario general de CC OO Madrid, Paco García.

“Una dificultad bastante asumible, como puede ser el desconocimiento del idioma de algún alumno o alumna, no puedes abordarla igual. Volver a ratios prepandémicas es dar pasos para atrás en lo que la individualización de la enseñanza se refiere”

“Estamos hablando de la ratio por raciones coyunturales pero hay que hablar de ella por razones de fondo”, añade el portavoz de CC OO. “Las exigencias de un sistema educativo moderno, la nueva ley educativa que habla de currículums por competencias y no por contenidos con mayor atención a la diversidad, exigen que se reduzca la ratio en el tiempo. Menos es más, menos ratios es más calidad”, sentencia.

“Durante este curso hemos visto que niños y niñas con necesidades especiales que llegaban hasta determinado punto y pensábamos que igual no podían dar más de sí, con más ayuda y más apoyo pueden llegar mucho más lejos”, explica Laura, maestra de Primaria. “Además, el resto del alumnado en cualquier momento puede tener una necesidad que si hay muchos niños y niñas se diluye en el aula y si son pocos la descubres con mayor facilidad y le puedes ayudar”, añade. “Todo esto también influye en que la convivencia en el aula sea mucho más positiva ya que no solo tú conoces más a cada alumno y cada alumna, sino que se conocen mucho más entre ellos y ellas y eso hace que haya menos conflictos o que si los hay sea más fácil resolverlos”, detalla.

Para esta maestra, que este año deberá regresar al pasado, “invertir en docentes es fundamental ya que hemos visto como de positivo puede ser en la enseñanza en general, y más en la educación pública, ya que la educación pública está llena de clases con alumnado heterogéneo. Una dificultad bastante asumible, como puede ser el desconocimiento del idioma de algún alumno o alumna, no puedes abordarla con 25 o 27 alumnos de la misma manera que lo puedes hacer con 18 o 20. Volver a ratios prepandémicas es dar pasos para atrás en lo que la individualización de la enseñanza se refiere”, sentencia.

Enseñar valores en la escuela como forma de "educar para la vida" frente a la acusación de adoctrinamiento del PP (Marta Borraz para ELDIARIO.ES)

 Publicamos este artículo de ELDIARIO.ES

Ante la polémica reavivada por la derecha tras conocerse los planes del Gobierno con la Educación Primaria, voces expertas ven "crucial" transmitir en las aulas estos contenidos: "La escuela es el lugar para educar en conocimientos científicos y en los valores cívicos y universales que responden a los derechos humanos"

La polémica ya está servida cuando falta poco para que arranque el curso escolar. Los planes del Gobierno de fomentar "una educación en valores" en la etapa de Educación Primaria con la aplicación de la LOMLOE, la nueva ley educativa, han hecho salir en tromba a los sectores más conservadores con su acusación estrella: el "adoctrinamiento" en las aulas. El Partido Popular, que lidera esta oposición, considera que la nueva asignatura de Valores Cívicos y Éticos y el resto de contenidos relacionados que el Ministerio de Educación prevé incorporar en diferentes asignaturas a partir de 2022, son una forma "de introducir ideología en las aulas" y que "la única intención" del Ejecutivo es "apoderarse de la educación", han dicho varios de sus líderes.



No es algo nuevo. Se trata de una acusación esgrimida por la derecha que tiene su reflejo en la promoción por parte de Vox del veto parental, pero que ha emergido con fuerza estos días a raíz de conocerse el borrador del Real Decreto de ordenación y enseñanzas mínimas de Educación Primaria, adelantado por El Mundo. El documento ya está en poder de las comunidades, pero no es definitivo todavía porque deben hacer aportaciones. Algunas como la Comunidad de Madrid o la Región de Murcia ya han advertido públicamente de su firme oposición e incluso han señalado que desafiarán la ley. "En Madrid, haremos todo lo que esté en nuestra mano para evitarlo", avisó el consejero de Educación del Gobierno de Isabel Díaz-Ayuso, Enrique Ossorio.

Voces expertas en educación y pedagogía insisten, sin embargo, en que la educación debe ir más allá de la enseñanza puramente académica y ven "crucial" que en las aulas se integren contenidos vinculados "a valores fundamentales" como "la empatía, la solidaridad o la igualdad", aquellos "que nos representan como sociedad", explica Pilar Gargallo, presidenta de la Federación de Movimientos de Renovación Pedagógica de Catalunya. "Sin ello no podrían impartirse los contenidos, si no trabajamos estos valores en las aulas, lo demás no entra. Claro que lo académico es importante, pero ¿cómo lo das si entre el alumnado no hay un clima de respeto y de convivencia? La escuela debe mostrar cómo vivir en sociedad, una sociedad que es plural y diversa", completa la experta.

Niños en el hall del colegio Alameda de Osuna en el primer día del curso escolar 2020-2021, en Madrid Jesús Hellín / Europa Press

La propuesta del Ministerio de Educación y Formación Profesional, ahora dirigido por Pilar Alegría, hace una clara apuesta por incorporar en los currículos contenidos relacionados con el respeto por la diversidad, la igualdad de género de forma transversal, "la armonía con los demás" o la educación emocional. Así, la nueva asignatura de Valores Cívicos y Éticos, obligatoria para el tercer ciclo de Primaria y que ha hecho renacer los argumentos usados contra la Educación para la Ciudadanía impulsada por José Luis Rodríguez Zapatero, prevé fomentar en los más pequeños "el autonoconocimiento y desarrollo de la autonomía personal", "la comprensión del marco social de convivencia", las "actitudes compatibles con la sostenibilidad y el entorno" y "la educación de las emociones".

En la actualización de los currículos gana peso "el respeto por las minorías y las identidades étnico-culturales y de género", la realidad LGTBI, el "multiculturalismo", la "cultura de paz y no violencia", las conductas orientadas al "respeto" o la "empatía" y las vinculadas al autoconocimiento, el consumo responsable o la educación para la salud, con un impulso fuerte de la educación afectivo-sexual. Todo ello con el objetivo de que el alumnado "adopte un compromiso activo con los principios y normas que articulan la convivencia democrática".

Además de ejercitar el cuerpo y fomentar la actividad deportiva, la asignatura de Educación Física prevé poner énfasis en la propia autoestima o la alimentación saludable, y Conocimiento del Medio en el respeto por el entorno o la importancia de ser "agentes de cambio ecosocial" con el objetivo de "construir un mundo más justo, solidario, igualitario o sostenible". La perspectiva de género o la adquisición de "destrezas emocionales" en el aprendizaje de Matemáticas ha sido una de las ideas más ridiculizadas por los sectores conservadores, pero reclamada desde hace años por las científicas con el objetivo de impulsar estas vocaciones en las niñas.

"Impulsar una sociedad del mañana mejor"

Para Enrique Díez, profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de León, estos contenidos son claves para la apuesta educativa: "La vida y la educación no pueden ser dos mundos ajenos. La finalidad fundamental del sistema educativo es el desarrollo como personas y miembros de la comunidad, y educar para la vida significa avanzar en la construcción de un mundo más justo y mejor, cuidando de los seres humanos y del planeta. Mucho más importante que las puntuaciones en matemáticas y en ciencia en las evaluaciones de PISA es la implicación de la generación siguiente en el mantenimiento de una democracia real y en la construcción de una sociedad más justa. Si no enseñamos esto, ¿para qué sirve realmente la educación?", se pregunta. Coincide Gargallo, que define el aula, junto a la familia, como "el centro neurálgico y un foco de socialización entre iguales y de aprendizaje para la vida".

Por su parte, el Partido Popular ha respondido a las propuestas con la promesa de impulsar una nueva ley educativa contra "el adoctrinamiento". Su alternativa se basa, según han publicitado estos últimos días, en "la libertad de elección de centro", "el castellano como lengua vehicular" y una "erradiación de la ingeniería social educativa de la izquierda". Esta batería de puntos es la que varios líderes del PP, entre ellos Pablo Casado, han difundido en Twitter. Otros dirigentes populares, como Enrique López, consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, han insistido en que los valores que debe "defender" la escuela son "los que establece la Constitución" y lo demás "es querer introducir la ideología en las aulas".

El nuevo currículo descarga la excesiva cantidad de contenidos de las leyes anteriores y se centra en los aprendizajes esenciales, que de no alcanzarse sitúan a un estudiante en riesgo de exclusión social. EFE/Eliseo Trigo/Archivo EFE/Eliseo Trigo/Archivo

Lo que opinan las voces expertas consultadas es que es precisamente del articulado de la propia Carta Magna o de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las que derivan los contenidos propuestos y difícilmente podrá hablarse de igualdad o equidad sin hacer referencia a las diferentes discriminaciones que aún siguen operando en la sociedad. "Estos valores deben ayudar a nuestros niños, niñas y jóvenes a integrarse en una sociedad que debe ser rica en valores, en la que se debe respetar la diversidad sexual y de género, racial o étnica", cree Cynthia Martínez Garrido, profesora de Métodos de Investigación y Evaluación en Educación de la Universidad Autónoma de Madrid. El objetivo, explica la experta, es doble: por un lado, "combatir" la segregación que todavía existe en la escuela, por otro "impulsar una sociedad del mañana mejor".

También Díez, docente en la Universidad de León, apunta a lo mismo: "La escuela es el lugar para educar en conocimientos científicos y en los valores cívicos y universales que responden a los derechos humanos. Y la igualdad entre hombres y mujeres, el cuidado de los seres y del planeta, la convivencia y empatía emocional con el diferente o el respeto a la diversidad forman parte de esos derechos humanos".



Nada nuevo: un debate que es "ruido" político

Coinciden las expertas también en que las leyes vigentes en España ya obligan al fomento de estos conocimientos y valores, aunque ahora se busque reforzarlos, pues "se trata de valores universales que se vienen incluyendo en el currículo desde hace tiempo", aclara Díez. "No estamos hablando de nada nuevo", añade Martínez, que reclama frente a las acusaciones de "adoctrinamiento" que la sociedad "confíe en la labor del profesorado". A lo mismo apunta Gargallo, de la Federación de Movimientos de Renovación Pedagógica de Catalunya, que pide "confianza en la profesionalidad docente y el compromiso ético que tenemos como profesionales" y lamenta que el debate esté siendo "político" y no "pedagógico", lo que, asegura, "no nos lleva a ninguna parte". "Tiene más que ver con el ruido político que otra cosa", complementa Martínez.

Sobre todo, porque mecanismos para impedir el "adoctrinamiento" o la mala praxis en las aulas ya existen, insisten las expertas. "Puede que haya algún sitio en el que alguien quiera marcar su doctrina y su dogma, pero eso el propio sistema ya lo impide", explica Gargallo. Estas vías son la detección por parte de la propia comunidad educativa a través del Consejo Escolar, la Inspección Educativa, en la que se pueden plantear denuncias, o los propios proyectos educativos del centro, enumera la experta. "Parece que quienes se oponen a esto lo que quieren es marcar una única línea y apuestan por la uniformidad, pero España es muy plural y no es uniforme. Y eso hay que vivirlo, compartirlo y respetarlo. También en las aulas", concluye.