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Artículo de Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es
Desde las bajadas salariales al profesorado hasta un empeoramiento generalizado de las condiciones para ejercer la docencia, los tijeretazos que justificó la anterior crisis esquilmaron al sector educativo y aumentaron el gasto de las familias
Este curso se cumplen diez años desde la aprobación del Real Decreto 14/2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo que auspició el exministro José Ignacio Wert y firmó Mariano Rajoy. Un sector que ya se veía afectado por los recortes generales, que empezaron en 2010 de la mano del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que congeló salarios y suspendió las oposiciones a funcionario público. La Educación sufrió de tal manera los tijeretazos que proponía el decreto que todavía hoy intenta recuperarse de algunas de sus secuelas. Una década perdida. Y contando: “No ha habido una recuperación generalizada de los recortes”, asegura Maribel Loranca, responsable de la sección educativa de UGT.
Un ejemplo: el gasto educativo en el año previo al decreto, 2011, fue de 50.631 millones de euros. No era el pico de inversión; la cifra ya venía retrocediendo de ejercicios anteriores, pero no se volvió a llegar a ella hasta 2018. Hoy está en 55.000 millones, un 10% más que en 2010, pero prácticamente el mismo dato que en 2009, hace 13 años. Y con un par de matices: hoy hay casi 100.000 profesores más que entonces, una subida del 14%, y además ganan un 10% más que hace diez años, por lo que el gasto en salarios ha subido. Una inflación acumulada del 19% en los últimos diez años acaba de dibujar el bocado que ha sufrido la inversión en Educación.
La lista es larga y sus consecuencias lo fueron más aún: subieron las ratios, se aumentó la jornada lectiva a los docentes, se dejaron de cubrir las jubilaciones y de convocar oposiciones y se pusieron trabas a las sustituciones por baja; se esquilmó la red de formación; se desplomaron los presupuestos. En la Universidad también se prohibió sustituir a quienes se retiraban, se subió la docencia mínima y, sobre todo, se dispararon los precios públicos y se redujeron las becas.
El efecto sobre las familias fue inmediato. Como se puede ver en el siguiente gráfico, en paralelo a la caída del gasto público se dio un incremento del gasto privado para compensar. Entre 2010 y 2012 la inversión particular en Educación subió un 15%. En los siguientes cinco años lo haría otro 10% más.
Pero no todo fue negativo. Laura Julià, por aquel entonces profesora y hoy directora de un IES en València, recuerda de aquellos años que el “varapalo” del decreto de Wert sirvió para unir a un colectivo que hasta entonces no tenía esa sensación de pertenencia a un grupo. “Considerábamos que era un desprecio a nuestra labor docente”, rememora. “No ya solo por el salario, también por el desprestigio que se nos daba, especialmente a los funcionarios. Aquello despertó la lucha colectiva”. Familias y alumnado se unieron. Había nacido –también contra la incipiente Lomce, que se gestaba en esos meses– la Marea Verde.
Se hizo para dar “una mejor prestación”
Técnicamente el RD se firmó en abril, pero las ratios o las jornadas lectivas no se cambian en primavera, a mitad del curso. Sus efectos más perniciosos llegaron en el curso siguiente –del que se cumplen ahora diez años–, cuando a partir de septiembre el profesorado llegó a sus centros para trabajar más horas, tener más alumnado al que atender y menos tiempo para prepararse. Un curso en el que las direcciones de colegios e institutos hacían equilibrios con unos presupuestos menguantes. Para acabar de precarizar la situación, a los recortes a nivel estatal se sumaron los particulares de cada comunidad.
“Se trata, en definitiva, de introducir importantes elementos de racionalidad y eficiencia en el sistema educativo, que redundarán en una mejor prestación de este servicio público indispensable”, defendía el Partido Popular en la exposición de motivos del Real Decreto. Menos dinero y peores condiciones laborales iban a optimizar el funcionamiento de los centros educativos, mágicamente.
El RD planteaba alcanzar “una mejor prestación del servicio” –solo aplicable a centros públicos o privados sostenidos con fondos públicos– con cuatro medidas fundamentales para la educación no universitaria: se permitía a las comunidades autónomas subir un 20% las ratios de alumnos por aula; se ampliaba la jornada lectiva del profesorado a 25 horas en Primaria y 20 en Secundaria y Bachillerato; se alargaba hasta los diez días el plazo mínimo de baja de un docente para enviar un sustituto; se retrasaba la implantación de una reforma de la FP que estaba en marcha.
Julià recuerda “el desgaste”. “Unas ratios más altas implican una convivencia en el aula más complicada; el agotamiento repercute en que tienes menos paciencia, eres menos resolutivo y el alumnado está peor atendido”, enumera.
Loranca, de UGT, hace hincapié en la la atención a la diversidad, al alumnado con necesidades específicas de atención educativa. “Las políticas que peor paradas salieron fueron las de equidad, los programas de compensación de desigualdades, la educación compensatoria, las aulas de enlace”, rememora. Sin docentes de Pedagogía Terapéutica (PT) o Audición y Lenguaje (AL), los estudiantes con necesidades eran sacados del aula, lo cual derivaba automáticamente en la etiqueta. Estos servicios, coinciden todas las fuentes, nunca se volvieron a recuperar como estaban. También se perdió por el camino la medida que tenían algunas comunidades por la que los alumnos con necesidades de apoyo educativo contaban como dos personas a la hora de establecer las ratios, de manera que se conformaban grupos más pequeños.
Estos recortes se sumaron a los que afectaron a todo el país: tijeretazos en los presupuestos, salarios de funcionarios congelados y la tasa de reposición a cero. No se podían sustituir las jubilaciones de los empleados públicos. “Aquello supuso un claro empeoramiento de las condiciones de trabajo de los centros en todos los sentidos”, recuerda Raimundo de los Reyes, por aquel entonces director de un instituto público (IES) en Murcia.
De un curso para otro, a cada profesor le cayó de media un grupo más. El que tenía por ejemplo seis clases, pasó a tener siete. Según la materia que impartiera, podían ser hasta dos grupos extra, entre 30 y 60 alumnos más que atender para docentes que ya tenían unos 125 estudiantes cada uno.
A la Educación como sector le quitaron el 15% de los fondos solo entre 2010 y 2013, un golpe del que tardó años en recuperarse. Cada comunidad complementó este 'ahorro' –se dice que cada euro invertido en Educación devuelve 20– con sus propios recortes
Los interinos sufrieron especialmente, recuerda Loranca. Palatucci fue una de ellas. Su caso es extremo, pero a la vez real: los recortes forzaron que se cambiara de especialidad. Palatucci era profesora interina de Filosofía. Al aumentar las horas lectivas del profesorado, donde antes cabían 2,5 profesores pasó a haber uno. Ella, que el año anterior había conseguido trabajar pese a estar cerca del número 100 en la bolsa de trabajo, vio cómo se quedaba sin plaza estando ese curso la número 35.
“Me cambió la vida, muchos interinos nos quedamos sin trabajo”, recuerda. “Iba viendo cómo empeoraban mis condiciones: primero empecé con sustituciones, luego conseguí una jornada completa, pero [llegó la crisis y] luego media y después nada. Empecé a pensar que me quedaba sin futuro, así que me puse a estudiar Filología Hispánica”, cuenta. Se tuvo que volver a presentar a unas oposiciones.
Y además, con menos tiempo para gestionarlo. Los profesores pasaron de sus 17 o 18 horas semanales de clase a 20 (en Primaria eran 25), lo que supuso una merma en sus horas complementarias, las que no se dedican a la docencia puramente sino a reuniones de coordinación o a preparar clases. “Pero no puedes acortar el tiempo de corregir trabajos o no reunirte con tu compañero”, explica una profesora, “por lo que se acabó traduciendo en más trabajo fuera de la jornada laboral, en nuestro tiempo libre”.
Mercedes Palatucci, jefa de estudios en un instituto madrileño, explica que por el camino ha quedado la dedicación de muchos profesores a actividades de centro como la radio del instituto o el periódico. “Ya no están en los espacios comunes, normalmente cada uno se queda en su departamento trabajando en sus cosas”, lamenta.
Aunque algunas comunidades sí ofrecieron soluciones para esta falta de tiempo: además de la jornada lectiva aumentaron la jornada semanal. Al menos Andalucía, Baleares, las dos Castillas, Extremadura, Madrid y Murcia pasaron a una semana de 37,5 horas.
Otra consecuencia de los recortes fue un envejecimiento de la plantilla docente. Como no entraba gente por abajo, al no haber oposiciones, los cuerpos de maestros y profesores pasaron de tener en 2010 un 12,6% y un 5,1% de menores de 30 años a un 6,7% y un 4,2% en 2020, respectivamente. Los mayores de 50 siguieron la evolución contraria: del 32% en Primaria y el 30,7% en Secundaria se ha pasado a un 32,3% y un 40%.
Un 15% menos de fondos
El empeoramiento de las condiciones laborales y materiales educativas sirvió para cumplir con el ajuste presupuestario que el gobierno impuso. O viceversa. A la Educación como sector le quitaron el 15% de los fondos entre 2010 y 2013, un golpe del que tardó años en recuperarse. Cada comunidad complementó este ahorro –se dice que cada euro invertido en Educación devuelve 20– con sus propias medidas.
En Andalucía se recortó un 25% la partida de mantenimiento y conservación; Aragón limitó la adquisición de nuevos materiales a los supuestos “estrictamente necesarios”; Baleares suspendió el derecho al complemento retributivo a la productividad; Canarias “readaptó” el servicio de préstamo gratuito de libros; Cantabria eliminó las reducciones de jornada para los mayores de 55; Castilla-La Mancha quitó el complemento por actividades educativas fuera del centro; Castilla y León ahorró en limpieza y seguridad. Son algunos ejemplos, varios de ellos compartidos por otras comunidades.
Al profesorado le recortaron los salarios un 5% a nivel estatal, seguido de congelaciones salariales, tijeretazo que algunas comunidades autónomas complementaron con otras medidas remunerativas, según recogió un informe de UGT. Andalucía y Madrid eliminaron complementos adicionales; Catalunya, Castilla-La Mancha y también Madrid redujeron un 10% el complemento específico de destino; muchas fueron las que dejaron de pagar las vacaciones de verano a los interinos, que eran despedidos a final de curso y contratados al inicio del siguiente; Valencia y Baleares eliminaron los sexenios por antigüedad. El sindicato calcula que entre unas y otras el profesorado perdió un 13% de su poder adquisitivo desde 2010.
En cuanto a medidas no directamente económicas, los Gobiernos regionales prácticamente suprimieron la red de formación, hoy en día en el centro del debate público ante las necesidades formativas que impone la Lomloe y no acaban de llegar; Murcia, Baleares, Andalucía, Aragón, Madrid y otras recortaron los días de asuntos propios del profesorado; también se redujo el número de representantes sindicales.
Otra consecuencia, recuerdan los docentes, les cayó a profesores y estudiantes de Ciencias: los recortes se llevaron por delante los laboratorios. Se acabaron las prácticas, sobre todo en Biología.
Coyuntural... pero no tanto
Direcciones y profesorado pensaron que sería una cosa coyuntural que se revertiría rápido. No lo fue tanto. Formalmente, la mayoría de las medidas incluidas en el Real Decreto 14/2012 fueron derogadas siete años después, mediante la Ley 4/2019 de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito no universitario. Esta norma básicamente se limitaba a derogar los artículos 2, 3 y 4 del RD de Wert, donde aparecían los recortes. Pero con un matiz importante.
La ley derogatoria no obligaba a nada, explica el director De los Reyes, solo permitía. El RD de los recortes tampoco obligaba, pero todos los Gobiernos regionales se acogieron a él. No fue así con el paso contrario: igual de cierto es que hubo comunidades que no deshicieron los recortes como que había Gobiernos regionales que se habían anticipado a ellos, por ejemplo en el tema de las ratios.
Una comparativa del sindicato Anpe muestra que Aragón, Castilla-La Mancha, Galicia, Madrid, Murcia y el territorio que depende del Ministerio de Educación, Ceuta y Melilla, mantienen las 25 horas para Primaria y 20 para Secundaria que propuso Wert. Solo la Comunitat Valenciana, La Rioja y Euskadi han quitado dos horas en cada una de las categorías para quedarse en 23 y 18 (17,5 para Secundaria en Euskadi). Entre medias, con alguna rebaja (sobre todo en la ESO) están el resto de comunidades.
Palatucci cree que la actual falta de profesorado es heredera de aquellos recortes. La paralización de la oferta docente y el envejecimiento de las plantillas no está siendo cubierto en algunas especialidades, explica, de manera que se sustituye a quien se va jubilando, pero no se recuperan los puestos perdidos.
Ni siquiera el aspecto de los centros es el mismo. “Las bibliotecas escolares han dejado de existir, y si lo hacen es por la voluntad de algunos profesores o a base de soluciones imaginativas de los equipos directivos”, describe la realidad al menos de la Comunidad de Madrid. “Diría que no se parece tanto un centro de entonces al de ahora, al menos en ese sentido”, cierra.
- La reforma elimina la posibilidad de aumentar el ratio de alumnos por aula
El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado, con la inclusión de algunas de las enmiendas del Senado, la Ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la Educación. que establece la jornada semanal máxima en 23 horas en Infantil, Primaria y Especial y 18 en el resto de enseñanzas. Dicha norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La Ley establece que las Administraciones Públicas con competencias educativas podrán establecer, en su respectivos ámbitos, la parte lectiva de la jornada semanal del personal docente que imparte enseñanzas reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), en centros públicos, recomendándose, con carácter ordinario, un máximo de 23 horas en los centros de Educación Infantil, Primaria y Especial, y un máximo de 18 horas en los centros que impartan el resto de enseñanzas de régimen general reguladas por la LOE.
Asimismo, la nueva norma, impulsada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, contempla suprimir tres medidas: el aumento obligatorio de la jornada lectiva de los docentes (como mínimo de 25 horas en Infantil y Primaria y de 20 en Secundaria), la posibilidad de elevar hasta un 20% las ratios máximas de alumnos por aula y la espera de 10 días lectivos para nombrar a funcionarios interinos que sustituyan a profesores titulares de baja.
La derogación de este plazo de 10 días entrará en vigor de manera inmediata, al día siguiente de la publicación de la ley en el BOE. Las otras dos medidas entrarán en vigor para el curso 2019-2020 por razones de planificación y organización del curso escolar. El proyecto de la ley fue validado por el Consejo de Ministros el pasado 14 de septiembre y, posteriormente, el 15 de noviembre el Congreso aprobó por mayoría su tramitación directa y en lectura única.
Enmiendas del Senado
Entre las enmiendas aportadas por el Senado, se han aceptado mejoras técnicas en la redacción del preámbulo y alguna corrección terminológica, consistente en sustituir la expresión «medidas que permitan la eficacia» por la de «medidas adecuadas para la eficacia», para evitar la reiteración del verbo «permitir».
No obstante, se ha rechazado la modificación del apartado 2 del artículo único que recomendaba reducir el tiempo de trabajo de los profesores, a fin de establecer y fijar con "carácter general" la parte lectiva de la jornada semanal en 23 horas en los Centros de Educación Infantil, Primaria y Especial y en 18 horas en los Centros que impartan el resto de las enseñanzas de régimen general, reguladas en la Ley Orgánica 2/2006 de Educación en Centros Públicos.
Nota de Prensa publicada el 21 de febrero de 2019 en congreso.es
CORTES GENERALES. DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 171 PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ANA MARÍA PASTOR JULIÁN Sesión plenaria núm. 164 celebrada el jueves, 13 de diciembre de 2018
121/000029 Proyecto de Ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitario
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las enmiendas presentadas al Proyecto de Ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2018.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado el proyecto de ley que revertirá los recortes educativos introducidos por el Gobierno del PP mediante el Real Decreto Ley 14/2012.
Se ha aprobado una enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Socialista y Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y se ha aprobado una enmienda del Grupo Parlamentario Popular.
La nueva norma, desarrollada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, contempla suprimir tres medidas: el aumento obligatorio de la jornada lectiva de los docentes (como mínimo de 25 horas en Infantil y Primaria y de 20 en Secundaria), la posibilidad de elevar hasta un 20% las ratios máximas de alumnos por aula y la espera de 10 días lectivos para nombrar a funcionarios interinos que sustituyan a profesores titulares de baja.
El proyecto de la ley -denominado 'de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria'- fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 14 de septiembre. Se trata de una ley ordinaria con artículo único. El 15 de noviembre el Congreso aprobó por mayoría su tramitación directa y en lectura única.
"El Gobierno pretende devolver al sistema, de forma gradual, la normalidad y los recursos recortados durante la crisis económica. Por eso, presento ahora este proyecto de ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria", ha explicado la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, en el Pleno del Congreso.
El proyecto de ley expone que, puesto que las medidas del Real Decreto Ley se tomaron por la coyuntura económica del momento, la favorable evolución de la situación económica del país aconseja su revisión.
El texto aprobado por el Congreso establece que las Administraciones Públicas con competencias educativas podrán establecer, en su respectivo ámbito, la parte lectiva de la jornada semanal del personal docente que imparte enseñanzas reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), en centros públicos, recomendándose, con carácter ordinario, un máximo de 23 horas en los centros de Educación Infantil, Primaria y Especial, y un máximo de 18 horas en los centros que impartan el resto de enseñanzas de régimen general reguladas por la LOE.
En cuanto al mantenimiento de las ratios que estipulaba el Real Decreto Ley 14/2012, la norma revierte esa medida, puesto que tendría un alto impacto en la garantía de los estándares de calidad de la enseñanza, que se ven afectados con la elevación del número de alumnos por aula, según recoge el proyecto de ley.
Respecto a la tercera medida que contempla revertir la norma, la referida al periodo de sustitución transitoria de los docentes, pasará de 10 días a ser una sustitución inmediata desde el momento de la baja del titular.
La derogación de este plazo de 10 días entrará en vigor de manera inmediata, al día siguiente de la publicación de la ley en el BOE. Las otras dos medidas entrarán en vigor para el curso 2019-2020 por razones de planificación y organización del curso escolar.
Tramitación en los órganos consultivos
El siguiente paso de su tramitación parlamentaria será su votación en el Senado. El borrador del anteproyecto fue presentado a los consejeros autonómicos en la Conferencia Sectorial de Educación del pasado 30 de julio y recibió su apoyo, exceptuando a los del PP.
El texto también fue presentado a las organizaciones sindicales de la enseñanza, el 26 de julio, y recibió el informe preceptivo del Consejo Escolar del Estado.
La ministra y portavoz del Gobierno ha explicado que el proyecto de ley va acompañado de la preceptiva memoria de análisis de impacto normativo, que contiene un resumen ejecutivo con la oportunidad de la propuesta, su análisis jurídico, el de impactos competenciales, económico y presupuestario, de género, en la infancia y familia, entre otros.
El pleno del Consejo Escolar del Estado, con el apoyo de CCOO, ha aprobado el dictamen que defiende una reducción de la jornada lectiva con carácter básico. Comisiones Obreras, además, ha reclamado que las comunidades autónomas deben tener competencias para mejorar esa jornada lectiva.
Después del pleno del Consejo Escolar del Estado, en el que se ha aprobado el dictamen sobre la reducción y homogeneización de la jornada lectiva, la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (FE-CCOO) ha denunciado la falta de voluntad del Gobierno para la reversión inmediata de los recortes.
CCOO ya denunció ante la Audiencia Nacional el Real Decreto 14/2012 –origen de estos recortes–, así como, ahora, ha presentado enmiendas al Anteproyecto de Ley del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez. En ellas manifiesta que, si bien es una buena noticia la reversión de los recortes, la medida es claramente insuficiente porque:
El Gobierno no garantiza, ni siquiera, que la fecha de reversión de los recortes sea el próximo curso.
La nueva norma no revierte con carácter básico los recortes.
En cuanto a la regulación de la jornada lectiva del profesorado, la Federación de Enseñanza de CCOO considera que:
Se debe estipular un máximo de 18 periodos lectivos semanales para el profesorado de Enseñanza Secundaria, el Profesorado Técnico de Formación Profesional y el de Régimen Especial.
Debe regularse un máximo de 23 periodos lectivos por semana para los maestros y maestras de Educación Infantil y Primaria.
La jornada lectiva debe poder mejorarse mediante la negociación colectiva en las distintas comunidades autónomas.
CCOO recuerda que el RD 14/2012 empeoró la calidad educativa con carácter general, por lo que reclama que la recuperación tenga el mismo carácter básico e inmediato. No hacerlo así pone en evidencia la falta de voluntad para revertir los recortes por parte del Gobierno y de algunas de las administraciones educativas autonómicas. Así mismo, Comisiones Obreras presentará un voto particular argumentando nuestra posición y desacuerdo con todos estos aspectos.
El Ejecutivo da el visto bueno a un anteproyecto de ley para anular recortes en profesores, pero deberá obtener la mayoría en el Congreso para hacerse efectiva
La norma prevé eliminar el aumento de las ratios de alumnos por aula, el incremento de horas lectivas obligatorias y el retraso de las sustituciones de bajas
El Gobierno asegura que parte del coste económico que pudiera conllevar "será enjugado por los nuevos Presupuestos Generales"
Anular parte de los recortes en educación impuestos por el Gobierno del Partido Popular requiere una ley: se trata de eliminar algunas medidas diseñadas en 2012, básicamente, para reducir las plantillas de profesores y, por tanto, menguar los presupuestos educativos. España está por debajo de la media en gasto público en educación: se invierte un 4,3% del PIB mientras que en la OCDE ese gasto es del 5,2%.
El Consejo de Ministras ha aprobado este viernes el anteproyecto de ley necesario que han llamado de mejora de las condiciones docentes. Las medidas ya habían sido avanzadas y, esencialmente, se trata de revertir el aumento de número legal de estudiantes por aula (la famosa ratio), reducir el número de horas de clase que puede asignarse a cada docente (la carga lectiva) y permitir las sustituciones de bajas sin periodo de carencia: ahora tenían que pasar diez días para poder contratar a un sustituto. Días en los que los colegios tenían que recomponerse para cubrir esas clases. Algo que "no se podía tolerar", ha dicho la ministra portavoz y de Educación, Isabel Celaá.
Al tratarse de un anteproyecto de ley, todas estas medidas quedan pendiente de ir al Congreso de los Diputados y obtener la mayoría parlamentaria necesaria para que el texto sea aprobado y, a partir de ahí, aplicado. Sobre a cuántos docentes puede extenderse estas medidas, Celaá ha remitido a las comunidades autónomas que son las que tienen las competencias en educación. Sobre cuánto dinero y cómo se afrontará, la ministra ha dicho que parte " será enjugado por los nuevos Presupuestos Generales" y otras "ya estaba absorbida" por las comunidades autónomas "que no habían podían soportar la presión que estas medidas [la del PP] ejercían en sus aulas".
El decreto diseñado hace seis años por José Ignacio Wert derivó en que los profesores tuvieran un mínimo de 25 horas lectivas (que no laborales) en educación Infantil y Primaria y 20 en el resto de etapas. El aumento de ratios de un 20% hacia que se pasara de 27 a 30 estudiantes en primaria, de 30 a 36 en secundaria obligatoria. Los efectos de la ley llegarán el curso que viene: "No había tiempo material", se ha justificado la ministra. Sí se aplicará nada más aprobarse el asunto de las bajas.
Estos cambios se refieren básicamente Real Decreto Ley 14/2012 de racionalización del gasto público en el ámbito educativo encuadrado en la batería de medidas de recorte que adoptó el Ejecutivo de Mariano Rajoy (en ese arsenal también se encuadró el decreto sanitario anulado en lo tocante a la sanidad universal). No apunta tanto a la polémica ley orgánica de mejora de la calidad educativa, la LOMCE, que regula muchos más aspectos y no todos con consecuencia económica.
De hecho, la LOMCE todavía está en vigor y varias de sus disposiciones siguen rigiendo el curso que acaba de iniciarse. A pesar de haberse votado diversas mociones en el Congreso de los Diputados para revocarse (y que el exministo del PP Méndez de Vigo eliminase algún punto), el fracaso del pacto educativo en el Congreso primero y la falta de una ley alternativa que rija la educación después, han prolongado la vida de la LOMCE ya implantada en los currículos escolares. Entrada relacionada:
La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha comparecido en el Congreso para explicar la supresión de los recortes educativos promovidos por el PP
Los profesores sustitutos podrán ser nombrados desde el momento de la baja del titular, sin que el centro tenga que esperar 10 días
Celaá ha resaltado que, en 2012, no se restó financiación a las comunidades al autorizar estos recortes
La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha explicado hoy en la Comisión de Educación y Formación Profesional del Congreso de los Diputados los pasos dados en la tramitación del anteproyecto de ley que revertirá los recortes educativos introducidos mediante el Real Decreto Ley 14/2012 por el Gobierno del PP.
Las tres medidas que el anteproyecto va a suprimir son: la posibilidad de elevar hasta un 20% las ratios máximas de alumnos por aula; el aumento obligatorio de la jornada lectiva de los docentes (como mínimo de 25 horas, en infantil y primaria, y de 20, en secundaria), y la espera de 10 días lectivos para nombrar a funcionarios interinos que sustituyan a profesores titulares de baja.
“Nadie sostiene que ratios elevadas ayuden a la mejora de la calidad del sistema educativo”, ha justificado la ministra. “La supresión de esta medida y la consiguiente recuperación de las ratios en los términos que establece la ley no tiene impacto en el gasto público”, ha recordado.
En cuanto a la eliminación del incremento de la jornada lectiva de los docentes, Celaá ha recalcado que no es una medida obligatoria. “Cada Administración educativa va a poder adoptar la decisión que considere más adecuada de acuerdo con su autonomía y autogobierno”, ha indicado. De esta manera, se devuelve a las comunidades la capacidad de determinar la carga lectiva de sus docentes.
La ministra ha resaltado que, en 2012, no se restó financiación a las comunidades al autorizar estos recortes. “Supuso, eso sí, un margen de ahorro de gasto para las propias comunidades que permitió paliar una parte del descenso que padecieron en su capacidad de endeudamiento”, ha recordado la titular de Educación.
“Si para algunas comunidades supone un esfuerzo que no pueden asumir o no quieren hacerlo porque deciden destinar fondos para otros fines, esta norma les permite tomar sus propias decisiones, pues no impone, sino que facilita e incrementa su autogobierno”, ha asegurado Celaá. En cualquier caso, el Gobierno mantendrá abierto un cauce de diálogo permanente con las comunidades autónomas y las fuerzas parlamentarias en torno a esta cuestión.
Lo mismo ocurre con la tercera medida que contempla revertir el anteproyecto, la que recorta el periodo de sustitución transitoria de los docentes. “La medida ha resultado especialmente gravosa y rígida para la organización de la actividad ordinaria de los centros educativos”, ha asegurado Celaá.
Debate en los órganos consultivos
El borrador de este anteproyecto fue presentado a los consejeros autonómicos en la Conferencia Sectorial de Educación del pasado 30 de julio. “Una amplia mayoría de las comunidades autónomas, con gobiernos de distinto signo, manifestaron su conformidad con la propuesta, quedándose solas las gobernadas por el Partido Popular”, ha recordado Celaá.
El texto también fue presentado a las organizaciones sindicales de la enseñanza, el 26 de julio, y está pendiente de ser analizado por el Consejo Escolar del Estado, que emitirá su informe preceptivo.
“Se realizarán todos los informes y trámites de audiencia pública necesarios en la tramitación de una norma con rango de ley, antes de su aprobación por el Consejo de Ministros para su remisión y discusión por el Congreso”, ha informado la ministra.
Estas medidas entrarán en vigor para el curso 2019/2020, según ha anunciado la titular de Educación, salvo en el caso de la relativa a las sustituciones, que entrará en vigor con la vigencia de la ley.
“Un acuerdo educativo”
En cuanto a la reforma de la ley de educación que está desarrollando el actual equipo ministerial y que modificará varios artículos de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), la ministra ha hecho hincapié en el artículo 109.2 de esta norma, referido al requisito de “demanda social” para la enseñanza concertada.
“Vuelvo a reiterar el mensaje de total y absoluta tranquilidad a las familias que optan por llevar a sus hijos e hijas a la escuela concertada”, ha recalcado Celaá. “Los motivos por los que este ministerio pretende modificar el artículo 109 de la LOMCE no son otros que los de cumplir con la obligación del poder público de garantizar el derecho a la educación de todos los niños y niñas y volver al consenso alcanzado en la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación de 1985 (LODE)”, ha añadido.
En palabras de la titular de Educación “la educación pública debe ser el eje vertebrador del sistema educativo”. De esta forma, el poder público debe garantizar el derecho a la educación en todos los casos, “también en aquellas zonas de nuestro país a las que la escuela concertada no llega y no tiene obligación de llegar”, ha señalado Celaá.
La ministra ha reiterado que su intención es iniciar un “un proceso de diálogo sincero, constructivo y eficaz con todas las fuerzas políticas” sobre esta reforma. “Trabajaremos con amplitud de miras para lograr un acuerdo educativo que garantice la estabilidad de nuestro sistema y dé respuesta no a una demanda, sino a una exigencia de nuestra sociedad”, ha enfatizado.
Artículo de Laura Olías y Laura Galaup publicado en eldiario.es
Este verano, la práctica abusiva de despedir a los docentes a final de curso para no pagarles las vacaciones cuenta con una sentencia del Tribunal Supremo en contra y la advertencia de la Seguridad Social de perseguirla
Sin embargo, la pérdida de trabajo en Educación ha aumentado este fin de curso respecto a los años anteriores: ha caído la afiliación en un 17,4%, con 163.455 trabajadores menos entre mayo y julio
De estos 163.455 trabajadores, un 19% son empleados públicos (más de 31.000), según las estadísticas de afiliación de la Seguridad Social
Este verano, las salidas del mercado laboral en el sector de la Educación están bajo muchas miradas. Después de que el Tribunal Supremo fallara que despedir en junio a los profesores que trabajan todo el año, y así ahorrarse el pago de sus vacaciones, es una práctica discriminatoria, sindicatos y partidos como Izquierda Unida exigen al Gobierno que haga cumplir la ley. Por el momento, las cifras de afiliación a la Seguridad Social apuntan que la destrucción de empleo entre mayo y julio de 2018 ha sido mayor de la última década. Donde más profesores abandonan sus aulas rumbo al paro es en el sector privado, con mucha diferencia respecto a la enseñanza pública.
Frente al crecimiento del empleo en la mayoría de sectores, Educación ha avanzado en sentido contrario en los dos últimos meses. Las alarmas saltaron al conocerse los datos de la caída en la afiliación a la Seguridad Social en junio: 54.231 trabajadores menos respecto a mayo, un descenso del 5,8%.
Los datos de julio ampliaron mucho más ese descalabro: otros 109.224 empleados se descolgaban del sector. En total, entre mayo y julio cayó el número de trabajadores afiliados al Régimen General en el sector educativo en un 17,4% (163.455 empleados menos). Aunque el recorte del empleo al llegar el verano es una constante en este ámbito, el porcentaje de caída y el descenso en términos absolutos son los más abultados de la última década, según los datos oficiales disponibles (desde 2009).
Dentro de la categoría de "Educación" como actividad económica, la Seguridad Social incluye a un gran número de profesionales. Desde los profesores de Educación infantil a la Universidad, así como profesionales empleados en la "Educación deportiva y recreativa", "Educación cultural", academias de clases particulares particulares y los profesores de autoescuelas, entre otras.
Un 19% de pérdida de empleo público
¿Dónde se destruye más empleo? Los datos públicos de la Seguridad Social no desglosan apenas información, pero sí se recoge que de la pérdida de 163.455 trabajadores, 31.196 son empleados públicos. Un 19% del total, por lo que el grueso de las salidas pertenecen a la enseñanza privada.
No obstante, la destrucción de empleo público en el sector este 2018 supera la del año pasado: entre mayo y julio ha caído la afiliación un 8,8% (frente al 7,1% de 2017). En número de trabajadores, esos 31.196 afiliados que dejaron el sector suponen la cifra más alta desde 2014 (último año con cifras disponibles en las estadísticas de la Seguridad Social).
En Izquierda Unida, el diputado Miguel Ángel Bustamante ha registrado varias preguntas parlamentarias al Gobierno sobre este tema, en las que cuestiona al Ejecutivo qué va a hacer para que se cumpla la ley y no haya despidos abusivos al concluir el curso escolar en las Comunidades Autónomas, que tienen transferidas las competencias en materia educativa.
Los despidos irregulares, bajo la lupa
No necesariamente cualquier despido al concluir el curso es irregular. La sentencia del Supremo analizó el caso concreto de unos profesores interinos de enseñanza no universitaria de Murcia, pero en sus argumentaciones se refería a una práctica frecuente: mandar a la calle en junio a los docentes que han ocupado su puesto durante todo el curso para evitar pagarles las vacaciones. En esos casos, el tribunal falló que se discriminaba a los profesores interinos con vacante de curso entero frente a los profesores fijos.
Expertos en derecho laboral y sindicatos consideraron entonces que la sentencia tenía repercusión tanto en el ámbito público como en el privado. El Supremo recordó que el Acuerdo Marco europeo sobre el trabajo de duración determinada –en el que se basaba en su sentencia– afecta a todos los trabajadores, sin establecer diferencias en función del carácter público o privado del empleador para el que trabajan.
Fermín Yébenes, portavoz de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo (UPIT) explica que los inspectores encuentran este tipo de abusos "sobre todo en el sector privado. Hacen contratos de trabajo con nomenclatura de fijos discontinuos, cuando deberían estar trabajando todo el año. También los despiden y los vuelven a contratar al principio del curso escolar para no pagarles esos dos meses" de vacaciones.
Contratos temporales y como fijos discontinuos
Javier Muñoyerro, secretario general del sindicato FSIE (con representación en la enseñanza privada y concertada), explica que en este sector encuentran sobre todo dos situaciones de trabajadores que concluyen sus contratos con el calendario escolar: las sustituciones y los contratos temporales de empleados en "recursos adicionales", como los cursos de diversificación.
En el primer caso, Muñoyerro considera que si el profesor titular al que sustituye el suplente no se ha incorporado a su puesto, el contrato del sustituto no debería extinguirse por el hecho de que lleguen las vacaciones. Para el caso de los "recursos adicionales", desde FSIE consideran que "ese recurso debe tener la duración del curso entero, hasta agosto" y no privar a los trabajadores de los meses de cotización y salario en julio y agosto.
Según la experiencia de Lola Navarro, responsable de educación privada y concertada del sindicato STEPV, los abusos son más frecuentes en la educación privada que en la concertada. "Desde hace 10 años, en la concertada se ajustan bastante a lo que marca el convenio porque se arriesgan a perder el concierto", explica la sindicalista de la Comunidad Valenciana.
Pese a tratarse de un abuso denunciado tradicionalmente en colegios privados y concertados, un decreto del Gobierno de Rajoy abrió la puerta en plena crisis económica a que las comunidades despidieran a los docentes interinos al concluir el curso. "Las comunidades autónomas optaron por desarrollar esta práctica tras la aprobación del Real Decreto de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo en el año 2012. Una vez que se ha reducido su efectividad, disminuye su impacto en la educación pública y se mantiene en la privada", incide un portavoz de Comisiones Obreras.
Aunque el curso escolar finalice en junio, varios sindicatos adjudican el elevado número de bajas en julio al sector privado. Desde CCOO explican que en muchos centros privados y academias se extienden los contratos para que estos profesionales impartan "clases de apoyo". En UGT también señalan "al hecho de que hayan adelantado la convocatoria extraordinaria de exámenes a julio", ya que se reducen los alumnos de academias particulares en el resto del verano que se preparaban tradicionalmente para los exámenes de recuperación de septiembre, explica Maribel Loranca, secretaria de del sector de Enseñanza del sindicato.
Si la Inspección de Trabajo demuestra que el empresario ha cometido una contratación fraudulenta, y concluye que el docente debería haber estado dado de alta todo el año, podría corresponderle "una sanción y la liquidación de cuotas a la Seguridad Social", explica Fermín Yébenes.
El
coste cero como precepto tiene corto recorrido.
“Pataleta”
para unos o marketing para otros,¿el
decreto que suprimirá el recorte obligatorio del gasto educativo será
advertible pronto en las aulas?
Como primera medida para frenar la LOMCE no está mal, aunque sea
corta y no va a estar disponible en su totalidad para el curso próximo. Pero se centra en lo principal: la
inversión y, de paso, ataja aquel desparpajo retórico de Wert respecto a que,
con menos recursos, podía haber una buena educación. Los recortes vinieron
antes de la LOMCE, con el famoso R.D.-ley 14/2012 que ahora Pilar Celáa
pretende revertir y que la LOMCE certificó.
Reversión
El coste total de lo uno y lo otro, con todas las secuelas en
sucesivos decretos de Wert y Méndez de Vigo, y su tratamientoen el déficit con Bruselas –soportado
especialmente por la escuela pública-, fue objeto de todas las reivindicaciones
de los profesionales de la educación en estos años marianos. Dan fe de ello los comunicados y
manifestaciones de mareaverde, CEAPA y colectivos de maestros y profesores. En la
Comisión parlamentaria para el Pacto Social y Político en Educación hay abundantes
referencias a ello, igual que en sesiones del Consejo Escolar del Estado. Y una
síntesis de lo que supuso aquel afán de desmantelamiento privatizador, está
accesible en un reciente libro de FE-CCOO,conmemorativo de su 40º aniversario. El capítulo dos recoge cuanto la revista Trabajadores de la Enseñanza (T. E.) testimonió:
las medidas que en cada comunidad fueron tomándose -incluidas las que ahora
ponen reparos a la supresión del decreto originario- y las cuantías globales de
lo recortado. Permite ver, sin trampas, el favorable trato que –durante todo el
tiempo de la supuesta crisis- tuvo la enseñanza privada. Es un buen baremo,
además, para cuantificar el diferencial que pueda alcanzar esta reversión del decreto
de 2012 que ahora quiere iniciarse.
Con esta medida Celáa retoma el testigo donde Méndez de Vigo lo
dejó. En su proyecto de pacto estaban los recursos; la discrepancia conocida
con el PSOE estuvo en su cuantía. Puede, pues, ser un buen camino para preparar
una alternativa a la LOMCE y su contexto. No obstante, una vez que las cinco
comunidades del PP han hecho su gesto de retirarse, después de tres horas de reunión para
enterarse de la derogación del penoso decreto, superado el empate de rabietas las
cuestiones principales siguen en pie y no son de poca importancia.
¿Coste cero?
Aquí -como en lo concerniente al techo de gasto-, se dirime la
posibilidad política de este Gobierno y, por supuesto, su voluntad de ejercerla
con un grado de compromiso convincente.Ambas
cosas van juntas, dada la precariedad de votos parlamentarios con que cuenta
para salir adelante día a día, en intensa negociación cruzada con otros asuntos
de no menor enjundia. Pero es una ocasión
para demostrar la calidad política de los gestores del Ministerio en este
momento, que se acabará midiendo no por consensuar, sino por la categoría de los
acuerdos a que sean capaces de llegar. Es de desear que no se cansen al primer
rifirrafe. Esta medida no tiene coste cero -especialmente para las Comunidades-,
pero los otros asuntos, con ser el del soporte normativo del ahorro en
educación muy significativo, lo tienen menos. En primer lugar, el alcance
global de la reversión de lo recortado a que se aspira, con sus plazos
correspondientes. Y en segundo lugar, el empleo real de esos recursos en situar
a la escuela pública en las condiciones que necesita. Ahí se verá que el valor de los gestos
iniciados se medirá en que muchas decisiones la obligarán a sobreponerse a obstáculos
más serios que el de esta “pataleta” de los representantes del PP; los tendrá
también de dentro del PSOE.
De unos y otros partidos, se podrá confirmar pronto la voluntad de acuerdo, consenso y pacto que
tengan por un sistema educativo que pueda cumplir con dignidad contrastada el
derecho de todos los ciudadanos a una buena educación. Se supone –pero tendrán
que demostrarlo con hechos- que no se satisfacen con la mera
escolarización de todos los niños y niñas ni, tampoco, con que el sistema siga
funcionando con clara muestra de privilegios al segmento de quienes –en
general- menos lo necesitan.
El Ministerio convocó este lunes a las comunidades autónomas para debatir sobre la reversión de recortes impulsados por el Partido Popular
El Real Decreto 14/2012 ha provocado una subida de tasas universitarias, aumento de las ratios e incremento de horas de la jornada docente
Uno de los consejeros populares asegura que las medidas impulsadas por Celaá conlleva "fuertes inversiones en educación" sin compensación del Estado
Los consejeros de Educación del PP han abandonado este lunes la Conferencia Sectorial convocada por el Gobierno central para explicar a las comunidades autónomas cómo revertirá el decreto de recortes educativo del PP porque "deja al pie de los caballos" a las comunidades autónomas respecto al gasto para realizar esos cambios.
Según ha explicado el consejero gallego Román Rodríguez, las regiones gobernadas por los populares "no van en contra de las medidas" propuestas por Celáa, pero discrepan de las "formas" utilizadas por el Gobierno para hacer esta convocatoria.
"Ha sido tramposa" ha dicho el consejero gallego la propuesta del Gobierno porque "conlleva a las comunidades autónomas a unas fuertes inversiones en educación sin ningún tipo de compensación o aporte económico por parte del Estado".
En este sentido, ha criticado que el "Estado haya sido incapaz" de sacar adelante el techo de gasto y "ahora quiera que las comunidades autónomas tengan que desarrollar ajustes presupuestarios sin apoyo económico por parte del Estado".
Los consejeros del PP habían lamentado a la entrada de la reunión que el Gobierno había hecho una "convocatoria chapucera y que revela una falta de diálogo previo importante" de la Conferencia Sectorial porque no había informado con anterioridad.
"Hemos llegado aquí a ciegas sin ningún tipo de información sobre los contenidos o el alcance de los acuerdos a adoptar", ha criticado. También la consejera de Murcia, Adela Martínez, ha criticado las formas de convocatoria, ya que los gobiernos autonómicos no han tenido suficiente tiempo -- asegura -- para saber lo que iban a tratar y no les informaron de que iba a haber una votación a pesar de que lo habían preguntado.
"Estamos ante un caso clarísimo de populismo en el ámbito educativo, todos estamos de acuerdo en el objetivo pero no así; este sistema va a generar un agravio entre las distintas regiones", ha lamentado la consejera murciana, quien ha advertido de que el Ministerio "tiene que garantizar que hay igualdad en el territorio español".
El Ministerio de Educación presenta en esta reunión a las comunidades el anteproyecto de ley por el que se modifica las medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo aprobadas por el PP en 2012.
El Gobierno revertirá la reforma educativa del PP bajando los ratios de alumnos, reduciendo el horario lectivo de los docentes y los días de baja para sustituir a un profesional.
Celáa sostiene que "era imperativo" revertir los recortes
La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celáa, ha asegurado que "era imperativo" revertir los recortes en Educación del PP al no existir esa situación excepcional y ha lamentado que el PP trajera la "estrategia" de abandonar la Conferencia Sectorial.
Celaá ha explicado a los consejeros, en la primera Conferencia Sectorial de Educación que ha presidido, cómo va a revertir estos "recortes", a través de un anteproyecto de ley, que les "devuelve a las comunidades las competencias" que, según la ministra ha detallado, tenían sobre tres aspectos antes de la reforma del PP de 2012.
Así, la nueva norma, que será una ley ordinaria, dará la posibilidad a las comunidades de derogar el incremento de la ratio de alumnos por aula, el aumento de la parte lectiva del personal docente y los diez días de plazo de sustitución de docentes.
"Estas medidas tiene un impacto enorme en la calidad de la educación" y se impusieron "por motivos excepcionales y una vez desaparecida la causa" hay que retirarlos, ha señalado Celáa, quien ha dicho que se aplicarían en el curso 2019-20.
Según la ministra, una vez presentado a las CCAA este anteproyecto "seguirá los cauces de una ley ordinaria, con la consulta en los distintos órganos y la elaboración de las memorias correspondientes" antes del envío al Consejo de Ministros, entre los meses de septiembre y octubre.
Celáa ha puntualizado que la nueva norma incorpora las propuestas de las comunidades autónomas. "La filosofía del Gobierno es llegar a acuerdos con el mayor consenso posible", ha dicho la ministra.
Estas serán las que decidan si ponen en marcha las medidas acordadas en el anteproyecto o no, según ha matizado el secretario de Estado, Alejandro Tiana, quien considera que las CCAA tienen "una concepción equivocada" al considerar que estos cambios les van a suponer un mayor gasto.
