UP reclama condicionar los fondos de Educación a las CCAA a bajar los ratios (Sato Días para CUARTOPODER.ES)

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Las relaciones en el seno del Consejo de Ministros, entre los componentes socialistas y los de Unidas Podemos, no pasan por un buen momento. Pedro Sánchez mira cada vez más a Ciudadanos ante el horizonte de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado y eso está levantando ampollas en las filas de Pablo Iglesias. Hoy, un nuevo desencuentro entre las dos patas de la coalición gubernamental, esta vez por el plan de regreso a las aulas.

Según cuentan fuentes de Unidas Podemos, han defendido que “una bajada de ratio de alumnos en los centros educativos es imprescindible para garantizar una vuelta segura a las aulas y critica la falta de liderazgo de Educación respecto a las comunidades autónomas”. Afean a Isabel Celáa su inacción en este sentido.



Desde UP se ha propuesto que los 2.000 millones de euros del fondo covid-19 para comunidades destinados a Educación estén condicionados y “solo puedan destinarse a la contratación de nuevo profesorado y a alquilar o acondicionar espacios que permitan desdoblar las clases y, de esta manera, se reduzcan los ratios de alumnos”.

Consideran desde las filas moradas que “esta es la única vía para garantizar que los niños y niñas de este país puedan volver a los colegios e institutos de una manera segura para ellos, para los docentes y las familias, ya que minimizaría el riesgo de contagio”. Los dirigentes de Unidas Podemos confían en poder alcanzar un acuerdo sobre este asunto capital antes de que dé comienzo el curso escolar. La cuenta atrás apremia.

Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados. XII Legislatura. 22-2-2019)

121/000048 Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados. XII Legislatura. 22-2-2019)

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Los cambios en educación dependerán de cómo se concreten (Agustín Moreno para CUARTOPODER.ES

Nuestro compañero Agustín Moreno escribe este artículo en CUARTO PODER

Es un buen regalo de Reyes y comienzo de 2020 que por fin haya un Gobierno progresista. Las líneas del acuerdo de Gobierno hay que verlas globalmente y no solo de forma sectorial para valorar en su conjunto los compromisos que asumen ante la ciudadanía. En este sentido, es importante que se dediquen la mitad de los puntos a aspectos sociales, conscientes de que ese es el camino más eficaz para mejorar la situación de la mayoría social, colocar en el centro de gravedad otros temas diferentes a los que han copado el debate público en los últimos tiempos, y como vacuna frente al avance de la ultraderecha.

En mi opinión, hay cuatro grandes ejes para medir si realmente se coloca la educación como prioridad estratégica para mejorar la equidad, la formación de las personas y la cohesión social y democrática de este país.

1. La sustitución de la LOMCE. Es importante el compromiso de derogar una ley rechazada por la comunidad educativa con sus movilizaciones (Marea Verde), por la mayoría de los grupos parlamentarios y de negativos efectos en la calidad. Pero no se trata de suprimir un símbolo denostado, sino saber por qué se sustituye. La mejor manera de medir la profundidad del cambio es comparar las propuestas del Gobierno con el “Documento de Bases para una nueva Ley de Educación” elaborado por todos los sectores progresistas de educación.

Y las diferencias son grandes, si el cambio se reduce a poco más que la necesaria supresión de los itinerarios segregadores (y, supongo, que a la recuperación de programas como los de diversificación que funcionaban muy razonablemente y se los cargó el ministro Wert) o a que la Religión no cuente para la nota.

2. Red pública o doble red. No está clara la apuesta real por la red pública y por la reducción progresiva de la educación privada sostenida con fondos públicos. Uno de los grandes problemas de la educación es la doble red que selecciona y segrega al alumnado por razones socioeconómicas, clasistas. Y sobre esto no veo nada concreto. Suprimir los conciertos a los centros que segregan por sexo está bien, pero son una pequeña realidad. Insistir en la gratuidad que ya dice hoy la ley “informando a las familia” es un brindis al sol, porque serán las comunidades autónomas las que pongan o no medidas para garantizarlas. No se aborda un horizonte de negociación para suprimir la anomalía de los centros concertados e incorporar su función en la red pública.

3. La laicidad de la escuela. Corregir la barbaridad de la LOMCE de que la asignatura de Religión computase para la nota media y para las becas es lo más elemental. Ya es voluntaria y que no tenga asignatura alternativa es poco relevante. Debería asegurarse la libertad de conciencia de los niños y niñas, según dicen las Convenciones de Naciones Unidas y, para ello, la religión confesional debe de salir de la escuela y del currículo, no solo del horario escolar. Y abordar, de una vez por todas, la derogación de un concordato preconstitucional que carga de privilegios a la Iglesia católica en su labor adoctrinadora, como aprobó la mayoría parlamentaria con la PNL de febrero de 2018.

4. La Financiación. El compromiso de llegar al 5% del PIB desde el actual 4,2% está bien, ya que son 8.000 millones de euros más que fueron los que recortó el PP, pero se demora mucho en el tiempo (no se alcanzarían hasta 2025). Hace falta una fuerte e inmediata inversión en educación porque no se nota la reversión de los recortes en los centros  educativos, hay que mejorar las becas y la calidad. Con este compromiso no hacemos otra cosa que aproximarnos a la media de la Unión Europea. Y esto no es suficiente: hay que  trazar un horizonte de futuro hacía el 7% del PIB si queremos que España esté a la cabeza de la calidad educativa.

Muchos temas que se apuntan en el programa de gobierno están en función de cómo se produzca la financiación, de cómo se desarrollen los acuerdos con las comunidades autónomas (CCAA) y de si son o no prescriptivos para ellas. Estamos hablando de poder financiar nuevas etapas educativas como la de 0 a 3 años; de un plan eficaz contra el fracaso escolar y el abandono temprano; de reducir la interinidad (aunque no se dice cómo) del profesorado y evitar los despidos para no pagar el verano; de reducir la precariedad del profesorado universitario; de mejorar la política de becas y de reducir las tasas universitarias a la situación anterior a los recortes… Compromisos de valor aunque sin concretar que aparecen en el programa de Gobierno.

Vista la experiencia de la ley 4/2019 que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez, que debía de servir para revertir los recortes de Rajoy (DL 14/2012) y que apenas se ha notado en los centros educativos en la reducción de jornada y de ratios, porque dejaba en manos de las CCAA su concreción y aplicación, se puede temer que algunos opten más por cambios aparentes que reales.

Así las cosas, estando bien una serie de propuestas, no dejan de ser insuficientes los cambios que se plantean en educación. Y, ojo, ello siempre que haya una movilización suficiente de la comunidad educativa y de la ciudadanía progresista, porque seguramente saldrán a la calle de manera preventiva las fuerzas que defienden los privilegios, el negocio y el adoctrinamiento religioso en educación. Una nueva ley y otra política educativa serían una buena ocasión de apostar en serio por la educación pública, pero todo depende de cómo se desarrolle.

El nuevo Gobierno eliminará conciertos a los centros que segreguen e incluirá el dentista en el Sistema Nacional de Salud (Daniel Sánchez Caballero / Belén Remacha para ELDIARIO.ES)

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Derogar la LOMCE, prohibir los conciertos educativos en colegios que segreguen por sexo, subir la inversión educativa y sanitaria, incluir el dentista en el catálogo, eliminar los copagos, mejorar las condiciones laborales de los profesores universitarios, regular la eutanasia, descongestionar las listas de espera de la Dependencia, avanzar hacia la generación del 100% de energía renovable o toda una sección dedicada al feminismo.

Como había anunciado, el futuro Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos dedica una buena parte de su pacto de Gobierno a lo social, casi la mitad del texto. Un total de cinco de los 11 puntos acordados tienen este cariz: Educación, Sanidad, cambio climático, feminismo y despoblación componen los apartados más sociales del documento que se va a presentar esta tarde.

Educación: fin de la LOMCE y de los conciertos que segregan por sexo

La derogación de la LOMCE va a llegar tarde. El futuro nuevo Ejecutivo se compromete en el pacto de Gobierno alcanzado entre PSOE y Unidas Podemos a tumbar la conocida como ley Wert y sustituirla por una Ley Básica de Educación. Pero los plazos aprietan, derogar en el Congreso una ley orgánica como la LOMCE lleva tiempo y los cursos escolares empiezan a prepararse por marzo, mucho antes de empezar en septiembre. Las cuentas no salen.

Así, en el mejor de los casos la LOMCE habrá resistido casi siete años, pese a ser una ley que "nació muerta". El Ejecutivo también se compromete a eliminar una de las medidas más polémicas que trajo la ley y que el Tribunal Constitucional avaló: los conciertos educativos en centros que segregan a sus alumnos por sexo. En lo relativo a la escuela concertada, el pacto anuncia que "se asegurará que todos los centros privados concertados informan al alumnado de que las aportaciones son voluntarias y nunca condicionan la prestación del servicio educativo".

Todavía dentro de la etapa obligatoria, a la que se dedican 11 de los 17 puntos de la parte educativa, el acuerdo compromete al Gobierno a elevar hasta el 5% del PIB el gasto en Educación (actualmente en el 4,2%) en 2025 (ni rastro de objetivos cercanos al 7%, considerada la cifra mágica en Educación y que algún responsable socialista ha citado como la meta ideal). Por último, se anuncia "la universalización del acceso a la educación infantil 0-3 a través de una red pública de centros".

En Universidad, para los alumnos el Ejecutivo anuncia que revisará el sistema de becas, que el PP había modificado con rebaja en las cuantías incluida. Entre los objetivos del nuevo Gobierno en este apartado estará que el dinero llegue antes de que empiece el curso, una queja recurrente de las asociaciones de alumnos. También se quiere promover una rebaja de las tasas, que llegaron a subir hasta el 300% según dónde, aunque esta ejecutar esta medida depende de las comunidades autónomas, el Gobierno solo puede modificar los márgenes en los que se moverán las autonomías.

Para los profesores, un vago anuncio de "avanzar en la reducción de la precariedad y progresiva estabilización", sin más concreción. A los docentes ya consolidados se les ofrece un estatuto docente, otra reivindicación histórica de los funcionarios universitarios. Para el personal de servicios no hay promesas.

El texto también contempla acuerdos en I+D+i. Se comprometen los dos partidos a aumentar la inversión pública y "avanzar" hacia los objetivos comunitarios, lo que supondría duplicar el gasto (no se especifica este objetivo en el acuerdo). También hay una propuesta para facilitar la contratación de personal investigador y aumentar las becas predoctorales y los contratos postdoctorales.

Sanidad y servicios sociales: hola al dentista e impulso a la dependencia

Una de las medidas más ambiciosas que recoge el pacto de gobierno es la introducción de la salud bucodental en el catálogo del Servicio Nacional de Salud. Dicho de otra manera, dentistas gratis. "Progresivamente", eso sí.

El nuevo Gobierno también pretende eliminar los copagos introducidos en 2012, sin otro plazo que la legislatura. Esta medida empezará por los pensionistas y los hogares en situación de mayor vulnerabilidad. Asimismo, el tercero de los 14 puntos dedicados a la Sanidad se refiere al "blindaje" del sistema público de salud, "apostando por una sanidad que se base en la gestión pública directa". En este sentido, el documento fija el 7% del PIB como objetivo de financiación para 2023. Los países europeos que más invierten superan el 8%. Como le sucede en ciertos apartados de educación, el Gobierno central tiene las competencias en Sanidad limitadas y depende en buena parte de lo que las comunidades autónomas quieran o no quieran hacer.

El acuerdo también se refiere a la dependencia. Dice el texto que "mejorarán" la financiación del Sistema de Atención a la Dependencia para "reducir las listas de espera", poniéndose el objetivo del 75%. Actualmente, la media de espera para recibir una prestación o servicio es de un año y dos meses, según hizo público este mes la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Además, este año el Sistema, que nació con la Ley de 2007, ha sufrido un retroceso grave: el número de personas que esperaban la valoración alcanzó en verano su récord desde 2012, y también aumentó por primera vez desde 2015 la lista de personas calificadas como severas o graves que no contaban todavía con ayuda.

También prometen PSOE y UP que "se realizará un esfuerzo gradual para mejorar la financiación del nivel mínimo y se recupera el nivel acordado derogado por el Partido Popular", como piden las asociaciones, y de carácter "finalista", es decir, que el presupuesto para el Sistema no se pueda desviar. Actualmente, las autonomías aportan el 80% al Sistema y el Gobierno central el 20%, cuando la legislación dicta que debería de ser una inversión al 50%.

El Plan Presupuestario enviado ayer por el Gobierno Sánchez a Bruselas calca las políticas de recorte del PP (César Pérez Navarro para TERCERA INFORMACIÓN)

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El Responsable Políticas Económicas IU, Carlos Sánchez Mato, denuncia que el Plan Presupuestario enviado a Bruselas por el Gobierno en funciones del PSOE "sitúa el gasto público en el 41,3% del PIB, el segundo más bajo desde el estallido de la crisis" en 2008, lo que nos "aleja cada vez más de la media de la Eurozona".

España debería dedicar 60.000 millones más al año en gasto público para llegar a esa media.





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Mientras el llamado "conflicto catalán" abre todos los informativos y ocupa todas las portadas de la prensa, siempre incidiendo en las escenas con alto contenido de violencia, el Gobierno Sánchez remitió ayer a Bruselas su Plan Presupuestario 2020 del Reino de España. En el mismo (adjunto en PDF al final) se consagran las políticas de "ajuste" o recortes aprobadas por el anterior ejecutivo Rajoy de la mano de su ministro de Hacienda, Cristobal Montoro.

Tras el análsiis del documento, quien fuera concejal de Economía de Ahora Madrid, señala que la "sanidad reduce su peso hasta el 5,9% del PIB", y añade que es "la primera vez desde 2007 que no alcanza el 6%, lo que consolida los recortes de estos 12 últimos años". El peso de la sanidad sobre el gasto público total también se está reduciendo en 2019, y se reduce desde el 14,6% de 2018 al 14,4% previsto para 2020.


El presupuesto de Educación se ve igualmente afectado por la continuidad de las políticas económicas de ajuste neoliberal. Así, el presupuesto "se mantiene congelado en el 4% del PIB, la cifra más baja desde 2007". En conjunto, apunta Sánchez Mato, "Sanidad y educación están un 13% por debajo de 2009".

En total, "el gasto público se sitúa en el 41,3% del PIB, el segundo más bajo desde el estallido de la crisis", lo que significa que España se aleja cada vez más de la media de la eurozona, donde el gasto público supera ampliamente el 46% del PIB. La principal causa de este desbarajuste está en los ingresos, ya que España recauda 80.000 millones de euros menos que la media de la Eurozona porque "brillan por su ausencia las medidas para que paguen más quienes más tienen".

Para 2020, el déficit de las cuentas públicas se reducirán un 0,3% del PIB (del 2% al 1,7%), es decir, 3.767 millones. Solo se prevé aumentar en 1.452 millones los ingresos porque no se aumenta ningún impuesto a las rentas más altas. Se renuncia a la tasa Google tras las amenazas de Trump, se repite la carga fiscal sobre el tramo de IRPF correspondiente a rentas de más de 130.000 euros, o se mantiene el impuesto de sociedades en el 15%, entre otros ejemplos. Esto se traduce en que solo se sube el sueldo como corresponde a los funcionarios públicos (2%) y se mantienen las pensiones.

El pasado mes de septiembre, fuentes del Ministerio de Economía confirmaron que el nuevo cuadro macroeconómico estaría marcado por la "prudencia", ya que los hipotéticos Presupuestos de 2020 tendrán que elaborarse por el próximo Ejecutivo que se forme tras las elecciones del 10 de noviembre y llevarán incorporadas unas medidas u otras en función del color político. Con todo, en su actual redacción, el plan presupuestario sigue la línea marcada por el PP en años anteriores.



Plan Presupuestario 2020 
https://www.hacienda.gob.es/CDI/EstrategiaPoliticaFiscal/2020/Plan_Presupuestario_2020.pdf …

La comunidad educativa rechaza el borrador de becas del PSOE al considerar que mantiene el modelo del PP (Daniel Sánchez Caballero para EL DIARIO)

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Se avecina lío con las becas. El Consejo Escolar del Estado, que representa a la comunidad educativa, ha rechazado este martes el informe sobre el borrador de Real Decreto que regula las ayudas estatales a la educación para el próximo curso. Y sin informe no hay decreto, porque el análisis del Consejo Escolar, aunque no es vinculante, sí es obligatorio que se emita.

El rechazo se ha basado en aspectos de forma y de fondo. El que los miembros del Consejo que han rechazado el texto consideran más grave es la forma: el Ministerio de Educación no ha cambiado el modelo de becas que implantó José Ignacio Wert, seguran, pese a que el PSOE lo criticó fuertemente cuando estaba en la oposición y anunció que lo modificaría al llegar al Gobierno. Pero no lo ha hecho.

El rechazo viene principalmente porque el PP, cuando accedió al Gobierno en 2011, cambió el modelo de becas, principalmente las universitarias. Entre las nuevas medidas tomadas, las que más rechazo generaron fue elevar los requisitos académicos para acceder a las becas y mantenerlas, subiendo las notas medias necesarias, e introducir una cantidad variable en la beca en función del dinero y el rendimiento propio y ajeno, de manera que nadie sabía exactamente cuánto dinero iban a recibir. Entre las consecuencias del modelo Wert, en cuatro años la beca media cayó en 332 euros.

Respecto a la forma, han explicado fuentes del Consejo, no les parece serio que se les  haya presentado un texto a consideración cuando esta misma tarde se ha reunido el Observatorio de Becas y el Real Decreto podría verse modificado. El Consejo Escolar es el último órgano que opina sobre los borradores legales educativos.

Aunque el informe del Consejo no es vinculante para la decisión que tome el Gobierno respecto a si aprueba o no el borrador de decreto de becas, sí supone un aviso importante de la comunidad educativa (el Consejo lo forman profesores, alumnos, sindicatos y profesionales varios de la educación) a un Gobierno que en principio consideran afín a sus intereses.

El Consejo se reunirá de nuevo el próximo día 18 para evaluar de nuevo el borrador. Las partes esperaban para ver si el Gobierno anunciaba cambios esta tarde en el sistema del reparto de becas, tras la reunión del Observatorio, en el que participan los ministros de Educación, Isabel Celaá, y de Ciencia y Universidad, Pedro Duque.

Pero no ha sido así. Tras la segunda reunión del Observatorio desde que el PSOE está en el Gobierno, el Ejecutivo se ha escudado en "la actual situación política, con los presupuestos prorrogados de 2018 y con el Gobierno en funciones" para justificar que "los ministerios de de Educación y FP, y de Ciencia, Innovación y Universidades hayamos podido emprender hasta ahora, como era nuestro común, la amplia e importante reforma que el actual sistema de becas y ayudas al estudio necesita", según ha manifestado el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana.

También ha manifestado el número dos del ministerio que "es preciso estudiar y diseñar un sistema de becas y ayudas que avance en esa equidad y que favorezca al máximo número de estudiantes".

Unas palabras muy parecidas pronunció la ministra, Isabel Celaá, tras la primera reunión del Observatorio, en diciembre de 2018. La nota de Educación de aquel día explicaba: "El cometido del Observatorio (...) será revisar el modelo de becas, revertir esta situación y crear un 'sistema de becas más integrado, ampliando su cobertura, sus cuantías y su función preventiva del abandono temprano tanto en Bachillerato como en Formación Profesional', tal y como ha destacado la ministra Celaá".

Unas sesiones broncas

La modificación de cierto peso introducida hasta ahora respecto al sistema del PP ha sido la ya aplicada el año pasado subida de 100 euros para los estudiantes más desfavorecidos y rebajar de 5,5 a 5 la nota necesaria para acceder a una beca en el primer curso. También, informa Educación, se atenderá una de las principales reivindicaciones del Consejo, que se adelanten los plazos de petición y entrega de las becas para que los destinatarios no tengan que adelantar el dinero de su bolsillo.

Y no será porque al PSOE le guste el sistema: las comisiones de Educación en el Congreso en la legislatura en la que el exministro José Ignacio Wert implantó el nuevo sistema eran broncas, por decirlo suavemente, con las dos partes llamándose "mentiroso" mutuamente.

"Entendemos que el año pasado, por la coyuntura, con la moción de censura en junio y el curso a punto de empezar tenía un sentido que el PSOE argumentara que no había tenido tiempo para cambiar el decreto", explica Maribel Loranca, secretaria general de FETE-UGT, el rechazo de buena parte de la comunidad educativa al decreto del Gobierno.

"Pero en esta ocasión ha habido un continuismo presentando un decreto muy parecido. Es cierto que el rechazo al proyecto de presupuestos [que acabó derivando en convocatoria de elecciones] supuso una dificultad que afectó a una subida de 150 millones de euros extra que quería poner el Gobierno, pero hay cuestiones que no costarían ni un euro, como garantizar un mecanismo para que las familias reciban las ayudas antes de matricularse, que no tengan que adelantar el dinero o incluso pedir préstamos porque se les paga muy tarde", añade. Según el Gobierno, esta cuestión debería estar resuelta en esta próxima convocatoria.

Otro de los puntos en cuestión del decreto de becas es la ayuda variable que fijó el Gobierno del PP. La cuantía fija ligada a la renta se fija en 1.600; la de residencia es de 1.500 euros; la básica asciende a 200 euros. Y luego está la variable, que depende de una fórmula que no es pública y que depende del dinero restante en la partida de becas y además del rendimiento académico propio y ajeno.

"Entendemos que la ayuda es un derecho subjetivo del alumno", explica Loranca. "Las becas no están para premiar, son un mecanismo para intentar garantizar la igualdad de oportunidades. Y eso es darle más a quién más necesita, no darles a todos lo mismo", cierra.

El PSOE gana las elecciones pero (casi) todo sigue igual (EL DIARIO DE LA EDUCACIÓN)

Reproducimos este análisis de la Redacción de ELDIARIODELAEDUCACION.COM

Los resultados dan un ganador más o menos claro, al menos en la mayor parte de las comunidades que celebraron autonómicas y municipales ayer. El PSOE ha sido el partido más votado. Solo en Extremadura y Castsilla-La Mancha podrá gobernar en soliario con los diputados autonómicos que ha conseguido, y es muy probable que pierda el gobierno de Aragón por un pacto entre PP, Ciudadanos, PAR y VOX.

Varias comunidades autónomas pasaron buena parte de la tarde en el punto de mira ante la posibilidad de un cambio político que muchos creían posible despúes de décadas de gobiernos del PP, soportados en solitario o con acuerdos, como Castilla y León y, sobre todo, la Comunidad de Madrid. Finalmente, por la mínima, volvió a imporse el bloque de la derecha.

Libertad de elección, evaluaciones de nivel y segregación escolar
Los próximos años, la Comunidad de Madrid continuará, por lo anunciado por los diferentes programas electorales tanto de PP como de C’s y Vox, en una línea muy similar a la actual. La libertad de elección de centro por parte de las familias es bandera común de los tres partidos obligados a entenderse para el gobierno madrileño.

Una libertad de centro que supone, como demuestran diferentes estudios e informes, que ha tenido y tiene un papel fundamental en el aumento de la segregación escolar por razones económicas. Madrid ostenta la triste cifra de ser la región europea, después de Hungría, que más segrega a sus niñas y niños.

A esto habrá que sumar la apuesta, también contemplada por los tres partidos, para continuar en la línea de evaluaciones de nivel en las diferentes etapas educativas. Tanto PP como C’s y Vox apuestan por hacer públicos los datos de estas evaluaciones como parte de la apuesta por que las familias puedan elegir libbremente teniendo en cuenta los datos de dichas pruebas. Algo que prohibió el PSOE con la publicación de la LOE y que el PP legalizó con la LOMCE. Queda la esperanza de que las nuevas mayorías en La Moncloa puedan evitar estas situaciones.

Tal vez mayores complicaciones tendrán a la hora de enternderse PP y C’s en materia educativa en lo relacionado con los recursos económicos y personales en el sistema ordinario para mejorar la inclusión de alumnado con necesidades educativas especiales. Varios eran los puntos del programa de los de Rivera que ponía el foco en aumentar estos recursos en la comunidad que menor inversión pública hace en educación. Habrá que esperar a que avancen las negociaciones entre los tres partidos de cara a la formación de gobierno.

Otra diferencia de matices, pero que pueden tener su importancia en las negociaciones, es el caso de la construcción por fases de centros escolares. C’s lleva en su programa electoral algunas medidas dirigidas a poner fin a lo que ha venido pasando desde antes de que gobernara Cristina Cifuentes, en lo que ella insistió a pesar de los muchos problemas por toda la Comunidad. Retrasos en la entrega de los centros de obra nueva (en el caso de ser terminados), abandonos de obras o las protestas de cientos de familias ante la perspectiva de que sus hijas e hijos pasaran toda su vida escolar rodeada por las obras del centro por fases en el que están matriculados.

Tensa será la espera en muchos sectores de la comunidad educativa para ver qué clase de negociación se realiza, si con Vox dentro de las instituciones de gobierno o a la andaluza, con un pacto de investidura y acuerdos en el Parlamento.

A pesar de los intentos de Pedro Sánchez, que ayer mismo tiraba la caña a Albert Rivera rompiera el cordón sanitario entorno al PSOE para evitar nuevos gobiernos regionales con la ultraderecha, parece que los más lógico para los del partido naranja sea continuar la senda andaluza.

Sin prisas ni pausas, veremos qué afán es posible cada día (Manuel Menor)

Manuel Menor nos envía este artículo de opinión

De los límites y ambiciones del nuevo Gobierno –entre lo posible y lo deseable- habló Isabel Celáa en una entrevista a Eldiario.es.

 Pueden estar ahí no pocas de las pautas que, con realismo, pretende su proyecto educativo, la otra competencia de la portavoz gubernamental. Ante todo, qué hacer con la LOMCE. Desmontarla “por partes”, dando prioridad a los aspectos que, desde 2013, han acentuado la desigualdad, parece un buen objetivo siempre que “a medio y largo plazo” –cuestión aleatoria en este momento- culmine en una más justa estructura educativa que resulte difícil de remover a la primera de cambio. El pasado ha sido pródigo en enconadas  alternancias estériles.

Lo demás es aclaratorio de lo principal. Y es que la LOMCE sintetizó gran parte de las aspiraciones de los sectores más reacios a que el sistema educativo se modernizara en profundidad y fuera capaz de adoptar las mejores prácticas en beneficio igualitario de todos los españoles. La libertad y la universalidad del derecho a la educación que reconoce el artículo 27 de la CE han tenido en esta ley su interpretación más parcial. Deseable, por tanto, es que se revise a fondo ese articulado, de modo que se compatibilicen ambos derechos y se blinde su ejercicio sin demérito para la enseñanza pública; y posible es ir dando pasos significativos en esa dirección “sin prisa pero sin pausa”, con fórmulas concretas que frenen el deterioro sufrido. Lo intolerable es que la educación siga siendo el primer escalón para privilegiar modélicamente a grupos que aumenten, con dinero público, la brecha social a medida que crece como negocio y forma demostrativa de la diferencia. Solo será excelente si cumple como sistema de cohesión social y unidad moral de convivencia.

En las palabras de la ministra se trasluce, además, una relevante atención a la Formación profesional. Su experiencia en el País Vasco podrá serle de gran utilidad para que esa vía educativa alcance, al fin, en el imaginario colectivo reconocimiento suficiente. Más allá del ampliado nombre de su Ministerio, será crucial una mejor redefinición de la segunda etapa de ESO de modo que no resulte tan tempranamente discriminatoria como está siendo. Desde la reforma primera en la LOGSE –y desde las precedentes en los años sesenta y setenta de Lora Tamayo y Villar Palasí-, la definición polivalente de ese final de la Secundaria Obligatoria se ha convertido en clave para la calidad del sistema educativo. En todo este tiempo, el discurso –social y político- acerca de la educación, siempre ha estado viciado por razones más o menos relacionadas con esa etapa. Recuérdense aquellos estigmas de “bajada del nivel” o de “egebeización del sistema” que tanto sirvieron de excusa para frenar los intentos democratizadores. Pero como exponente de fallos y progresos, ahí siguen los tercos  datos del muy azacaneado “fracaso y abandono escolar” existente, el gran reto a superar sin puertas falsas más allá de los compromisos con EUROPA-2020.

¿Qué eje vertebrador?

Sin desmerecer de tan principales asuntos, en las respuestas de Celáa aparecen conexos otros de gran valor. Veremos si una vez más, y hasta dónde, son instrumentados para vender lo posible como sustituto de lo necesario, esa historia cansina que, desde 1812, en la Constitución de Cádiz, no cesa. En ella entran la Religión o las religiones y la ideologización –cuestión bastante más amplia que la que pretende ceñirse a su presencia en el currículum-;  el papel de la privada y de los colegios concertados en el sistema, que tanto alienta una de las libertades menos libres: la de la elección de centro; y, con un alcance mayor del que cabe intuir en la entrevista, la formación del profesorado, ese intangible tan manoseado como desatendido, y la participación democrática en la gestión modernizadora de las aulas, uno de los mejores signos del valor que se les asigna.

Si en medio de tanto avatar impredecible como el de la política actual –“de urgencia”-, la ministra y su equipo pueden mantenerse consecuentes  con que “la enseñanza pública es el eje vertebrador del sistema” y no la criada de servicio, ya será positivo.  Será digno y justo, equitativo y saludable. 

Manuel Menor Currás

Madrid, 21.06.2018

 

Alejandro Tiana, rector de la UNED, nuevo secretario de Estado de Educación (EL DIARIO)

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Alejandro Tiana Ferrer, actual rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), será el nuevo secretario de Estado de Educación, según ha informado el Ministerio en una nota de prensa. Tiana (Madrid,1951) cuenta con una dilatada experiencia como docente y al frente de distintas instituciones vinculadas al ámbito educativo además de desempeñar este mismo cargo entre los años 2004 y 2008, durante la primera legislatura del expresidente Jose Luis Rodriguez Zapatero.

Doctor en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Tiana comenzó su trayectoria profesional como profesor en el colegio Siglo XXI de la capital para pasar años después a la UNED y llegar a ser catedrático en 2001. Su docencia se ha desarrollado en las áreas de historia de la educación, educación comparada y política y legislación educativas. Tiana es además vicepresidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).

Tiana, que sustituye en el cargo a Marcial Marín –nombrado por el anterior ministro, Iñigo Méndez de Vigo, fue uno de los artífices de la LOE, la ley educativa puesta en marcha por el gobierno de Zapatero. Ha estado al frente de numerosos centros y organismos vinculados al mundo universitario y cuenta con experiencia en organizaciones internacionales como el Banco Mundial, la OCDE o la UNESCO.

Isabel Celaá, profesora y ex consejera de Educación en el País Vasco, nueva Ministra de Educación y Formación Profesional

ELDIARIO.ES: Isabel Celaá será la ministra de Educación del Gobierno de Pedro Sánchez

La vasca Isabel Celaá, hasta ahora presidenta de la Comisión de Ética y Garantías del PSOE, será la nueva ministra de Educación en el Gobierno de Pedro Sánchez. Celaá, licenciada en Filosofía, Filología Inglesa y Derecho, acumula una dilatada trayectoria profesional en la gestión de la Administración y en la política, siempre ligada al terreno educativo.

Como presidenta de la Comisión de Ética y Garantías del PSOE jugó un papel clave en el Comité Federal de 2016 por el que posteriormente Pedro Sánchez acabó renunciando al acta de diputado en el Congreso. Allí, Celaá formó parte del núcleo que apoyaba al actual presidente del Gobierno. Celáa, profesora de profesión y nacida en Bilbao en el año 1949, ejerció de consejera de Educación, Universidades e Investigación en el Gobierno del PSE-EE, presidido por Patxi López, desde el año 2009 al 2012.

Isabel Celaá era viceconsejera de Educación con Fernando Buesa (asesinado por ETA en el año 2000) cuando en 1992 se alumbró el Pacto Escolar. La evolución de la escolarización de las dos redes (pública y concertada) junto con el desarrollo del inglés han sido dos cuestiones que siempre le han preocupado durante su gestión. En su opinión, la culpa del desequilibrio a favor de la red concertada en Euskadi se debe a "la política nacionalista".

ELDIARIO.ES: Isabel Celaá, en Educación: el inglés y la igualdad de oportunidades por bandera

La vasca Isabel Celaá (1949, Bizkaia), hasta ahora presidenta de la Comisión de Ética y Garantías del PSOE, es la nueva ministra de Educación y portavoz en el Gobierno de Pedro Sánchez. Celaá, licenciada en Filosofía, Filología Inglesa y Derecho, acumula una dilatada trayectoria profesional en la gestión de la Administración y en la política, siempre ligada al terreno educativo. Isabel Celaá fue uno de los puntales del Gobierno vasco de Patxi López como consejera de Educación, Universidades e Investigación, pero su trayectoria ya estaba vinculada con la enseñanza desde que ejerciera como jefa de Gabinete del consejero José Ramón Recalde, primero, y como viceconsejera con el también socialista Fernando Buesa, después.

De 2009 a 2012 ejerció de consejera de Educación en el Gobierno vasco del lehendakari Patxi López. Durante su mandato impulsó de manera muy decidida el trilingüismo, la escuela 2.0 y la investigación. Sus primeros meses en el cargo no resultaron nada pacíficos, ya que su primera medida fue derogar el currículo escolar (marca lo que deben estudiar los alumnos hasta los 16 años) aprobado por su antecesor, Tontxu Campos (Eusko Alkartasuna). Y básicamente lo hizo para despojar al currículo escolar de la carga ideológica nacionalista que le había infundido el Gobierno vasco anterior, donde gobernaba el PNV en coalición con EA e Izquierda Unida. Entre otras cuestiones, ese currículo fijaba el euskera como lengua preferente en la comunidad. Celaá equiparó euskwra y castellano al mismo nivel, de acuerdo al bilingüismo de Eukadi.

Isabel Celaá era viceconsejera de Educación con Fernando Buesa (asesinado por ETA en el año 2000) cuando en 1992 se alumbró el Pacto Escolar. La evolución de la escolarización de las dos redes (pública y concertada) junto con el desarrollo del inglés han sido dos cuestiones que siempre le han preocupado durante su gestión. En su opinión, la culpa del desequilibrio a favor de la red concertada en Euskadi se debe a "la política nacionalista".

"El nacionalismo", ha sostenido, "ha sido siempre favorable a la red privada y muy insensible a las necesidades de la pública. No quiere darse cuenta de que los colegios públicos son los únicos que garantizan la igualdad de oportunidades porque están en todos los sitios, allí donde la red privada no quiere llegar. Y la privada, salvo honrosas excepciones, no atiende a la población con más problemas, como a los alumnos con necesidades educativas especiales, los que fracasan y a los inmigrantes". Es su declaración de intenciones.

Durante su etapa como consejera puso en marcha los programas de presencia de las víctimas del terrorismo en los centros educativos para que trasladaran su experiencia a los alumnos de Secundaria.

CCOO Enseñanza reclama la derogación de la LOMCE y de los "reales decretos de recortes" (20MINUTOS.ES)

Reproduimos esta noticia de 20minutos.es

CCOO Enseñanza, tras el triunfo de la moción de censura, considera urgente que en el ámbito educativo se proceda a la derogación de la LOMCE y de forma inmediata a la anulación del Real Decreto 14/2012 "que estableció los más duros e importantes recortes que han lastrado el funcionamiento del sistema educativo durante los años de gobierno del PP".

Y es que el triunfo de la moción de censura impulsada por el PSOE y apoyada por el conjunto de la oposición democrática "genera una nueva situación política" que, en opinión de CCOO, debe utilizarse "para desactivar las políticas antisociales del gobierno depuesto y recuperar los derechos sociales y las libertades públicas recortadas y laminadas desde 2011". El Real Decreto 14/2012 "ha sido impugnado recientemente por CCOO Enseñanza ante la Audiencia Nacional, impugnación que ha sido admitida a trámite por el Alto Tribunal", tal y como recuerda el sindicato. 

Este Real Decreto "es el que impide la sustitución del profesorado en baja durante las dos primeras semanas de la misma y el que aumentó la carga lectiva del profesorado destruyendo miles de puestos de trabajo docentes y dañando gravemente las plantillas docentes de los centros educativos", según las mismas fuentes. En el plano regional, CCOO Enseñanza reclama la "inmediata destitución" del delegado del Gobierno Francisco Bernabé, "que se ha constituido en un auténtico enemigo de la democracia y azote de la movilización social y que ha sometido al conjunto de los movimientos sociales regionales a una política de acoso en base de multas y sanciones". 

CCOO Enseñanza lamenta que también ha sido objeto de sanciones económicas por hechos como convocar manifestaciones contra los recortes y que ha visto "cómo afiliados y afiliadas eran multadas por hechos tan graves como convocar concentraciones contra la violencia de género o de apoyo al 8 de marzo o participar en convocatorias de diversas Plataformas ciudadanas, demanda del nuevo Gobierno la anulación de todas las multas impuestas a activistas sociales y a ciudadanos de a pie por ejercer los derechos propios de personas que viven en democracia".

Derogar la LOMCE debe ser una prioridad para el nuevo Gobierno

En ELDIARIO.ES publican Las 10 prioridades de Pedro Sánchez que dan pistas sobre su nuevo Gobierno (noticia de Andrés Gil para EL DIARIO) y una de ellas debe ser

Educación: "Pasar página de la LOMCE"

La secretaria socialista de Educación y Universidades, María Luz Martínez Seijo,es la responsable de esta propuesta: "Necesitamos suficiencia presupuestaria, reducir la ratio alumno profesor – hoy disparada–, luchar contra el fracaso escolar. Apostamos decididamente por la Formación Profesional en nuestro país". El PSOE propone "pasar página de la LOMCE".

Derogación del RD 14/2012, modelo extraordinario de acceso y recuperación de la negociación colectiva deben ser las primeras medidas del nuevo Ministerio de Educación (CC.OO)

CC.OO. Enseñanza publica este comunicado:

Tras la votación de la moción de censura y el nombramiento de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, la Federación de Enseñanza de CCOO quiere poner de relieve las medidas que tienen que ponerse en marcha de manera urgente.

En primer lugar, el sindicato insta a que se abra una nueva etapa de diálogo y negociación en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Los años de gobierno del Partido Popular se han caracterizado por una ausencia de la negociación con las organizaciones sindicales, y prueba de ello es la raquítica actividad que tiene la mesa sectorial a pesar de las demandas de los últimos años. La negociación colectiva debe ser un pilar central en este nuevo periodo y así se lo haremos llegar al próximo ministro o ministra de Educación.

Otro aspecto que se tiene que abordar urgentemente es la derogación del RDL 14/2012 que supuso un amplio paquete de medidas que introdujo recortes muy agresivos para la educación y que siguen en vigor actualmente. Esta norma, cuyas medidas se definían como temporales y justificadas por la situación económica del país, supusieron grandes cambios en todo el Estado en materia de jornada lectiva, empleo, ratios de alumnado por clase, carga docente del profesorado universitario o el aumento de los precios públicos en las enseñanzas universitarias.

Además, es imprescindible que se negocie un modelo de acceso extraordinario de acceso a la función pública docente. El sindicato reclamó al MECD un modelo para este periodo de amplia oferta de empleo público como ha existido en otros momentos, como en la aplicación de la LOGSE y la LOE. Es de vital importancia que este modelo de acceso gire en torno a un aumento del peso de la experiencia, de una simplificación de la fase de oposición y de que las pruebas de esta fase no sean eliminatorias. Para CCOO es central que se reconozca el esfuerzo y la dedicación de aquellas personas que no han podido obtener la plaza en las últimas convocatorias debido a los recortes de empleo público y la limitación de la tasa de reposición.

Por último, es imprescindible que, mientras no haya una nueva ley educativa, se aprueben modificaciones en la LOMCE que dejen sin efecto las medidas más lesivas de esta Ley, contestada en la calle por la comunidad educativa.