Manifestaciones, camisetas verdes, jornadas de huelga, asambleas o encierros han sido acciones unidas a la defensa de la educación pública durante los últimos años. Desde 2010, el presupuesto educativo se ha reducido progresivamente en todas las administraciones, los salarios han bajado y, según estudios de los sindicatos, la plantilla de docentes se ha recortado en decenas de miles. Con el telón de fondo de la implantación de la LOMCE de forma gradual a partir de este curso y la posibilidad de convocatoria de huelga en octubre, cuartopoder.es ha contactado con profesores de distintos territorios y etapas educativas para que valoren la situación actual. El esfuerzo extra que tienen que realizar para desarrollar su labor en unas condiciones cada vez menos idóneas es un claro punto en común.
“En esencia, lo que ha pasado es que tenemos menos profesores y eso supone menos recursos para los alumnos que tienen dificultades”, destaca Santiago Camblor, profesor de Tecnología en el IES Pedro de Tolosa de la localidad madrileña de San Martín de Valdeiglesias. En su instituto han pasado en 4 años a tener 20 profesores menos. Unos 15 profesores se han perdido en estos años también en el IES Veles e Vents de Torrent (Valencia), según cuenta Valeriana Torrijos, profesora de Ciencias Naturales. Y 17 docentes menos que hace dos años tienen en el IES La Morería de Mislata, también en Valencia, según Luis Vicente Muedra, profesor de Filosofía y jefe de estudios. Esteban Ortíz, profesor de pedagogía terapéutica del IES Don Bosco en Albacete eleva la cifra hasta 32 bajas en los últimos 3 años a lo que suma un incremento de entre 100 y 150 alumnos.
Las escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid, caso que daría para un estudio específico por su excepcionalidad, han pasado desde 2008 a tener una ratio de un tutor por aula y un maestro o educador de apoyo por cada dos. A partir de ese momento, se puso un tutor por aula y un educador por cada 6, según explica María López, maestra en la escuela La Jara, en Usera, Madrid.
La reducción provoca la ya conocida subida de ratios profesor-alumno en las aulas y la consiguiente masificación. “Mi centro es nuevo, de hace 10 años, con lo que los espacios en el aula se fabricaron para un máximo de 25-28 alumnos, por lo que el espacio de movilidad se ha reducido. Cuando nos juntamos más de 30 a veces no podemos movernos entre las mesas”, destaca Torrijos. La profesora añade que en ocasiones se pueden “hacer desdobles con malabarismos, a fuerza de quitarnos horas de compensatoria” para mitigar esa situación. Para Camblor, el rendimiento de los alumnos que tuvieron problemas de masificación en sus aulas “todavía lo están notando” desde hace tres años, momento en el que tuvieron la mayor sobrecarga. “En este centro la atención a la diversidad es algo que tiene que ver con la buena voluntad de los profesores para intervenir en ella”, explica Muedra en referencia a los efectos de la reducción de personal.
Nacho Monreal es profesor de Historia, ahora en excedencia por sus funciones como delegado del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (STE) en Guadalajara. En lo personal se enfrenta a una posible pena de cuatro años de cárcel por protestar contra los recortes en el pregón de la ciudad.
Ejemplifica las consecuencias de los recortes con una situación que se produce en el centro al que asisten sus hijas, el IES Carmen Burgos de Seguí en la localidad de Alovera. “En 2010, todas las semanas tenían un desdoble para el laboratorio de ciencias, ahora ya no hay. Son los profesores los que lo hacen voluntariamente en el recreo, en el tiempo del bocadillo del profesor, en media hora, de manera limitada y precaria para que al menos los alumnos no pierdan contacto con él”.
Materiales básicos, comedores escolares y papel de las editoriales
El pasado 18 de septiembre, los estudiantes de Valencia realizaban una jornada de huelga por las altas temperaturas que sufrían en las aulas. El mantenimiento de los recursos es otro problema al que los profesores se van teniendo que acostumbrar. “En los gastos de mantenimiento de los centros como agua, electricidad o calefacción hemos retrocedido 8 años, estamos en el 50% del gasto que teníamos en 2006”, afirma Ortíz desde Albacete. “No podemos ni reponer armarios porque no tenemos dinero.
Llevamos varios años en los que estamos subsistiendo con las reparaciones que hacemos cada uno de nosotros”, señala Torrijos mientras destaca que la administración lleva dos años de retraso en los pagos de mantenimiento. “La fotografía descriptiva de hace 5 años es muy distinta. El problema, el año pasado, era que si invertíamos en calefacción no podíamos hacerlo en otras cosas”, explica Muedra.
La situación de los comedores escolares, el servicio que realizan y la atención alimentaria también se encuentra dentro de las preocupaciones. “Algunos compañeros les damos el almuerzo a los niños”, destaca Torrijos denunciando las escasas ayudas concedidas a escolares con dificultades. Por su parte, Ortíz alerta de la misma situación en Albacete y de la paralización de la apertura de comedores escolares en algunos centros como el Colegio Vírgen de los Llanos. “En centros en los que la mayor parte de la población son familias desfavorecidas, el Ayuntamiento de Albacete no ha dado ni una sola beca”.
“Las editoriales aprovechan la necesidad de la gente”, afirma Camblor. El profesor critica la situación de gasto que se les crea a las familias y apela a iniciativas como Apuntes Marea Verde, colectivo del que forma parte. Un grupo de docentes ha creado materiales curriculares gratis para que se puedan descargar desde la web e imprimirse. “Castilla-La Mancha es la única región que ha decidido que la LOMCE sea un festín también para las editoriales”, señala por su parte Monreal en referencia a la decisión del gobierno de Cospedal de introducir nuevos libros.
La aplicación de la LOMCE y el inicio de curso
El calendario de la nueva ley educativa es progresivo y por el momento los efectos directos no se notan en la mayoría de etapas. Los cursos impares de Primaria son los que han tenido que cambiar sus currículums y también ha entrado en vigor la Formación Profesional Básica que ya ha sido criticada por algunos colectivos. “Los Consejos Escolares eran órganos de gobierno y pasan a ser órganos consultivos. Esto ya está siendo así”, destaca Camblor.
En cualquier caso, las dificultades en el inicio son significativas en algunos casos como el que cuenta Muedra desde Valencia. Su región comenzó las clases el día 3, algo que dificulta la preparación del día a día. “No sé a qué responde y no he escuchado a nadie que me de una razón convincente sobre ello”, señala. Con el curso iniciado han tenido que reorganizar horarios por la inclusión de un nuevo itinerario de PCPI y por la concesión de un sólo aula en 3º de la ESO para 43 alumnos. “Hemos tenido que administrar nosotros mismos los recursos. Parece más un trabajo de ingeniería en la construcción horaria que no responde a las necesidades de una educación de calidad”.
De Andalucía a Asturias
Hasta ahora hemos visto ejemplos de comunidades gobernadas por el Partido Popular pero la situación tiene similitudes con regiones de otro signo político como Andalucía o Asturias. El secretario de la Federación de Enseñanza andaluza del sindicato CGT y profesor de Lengua, Joaquín Martínez, se muestra muy crítico. “Se han perdido en torno a 13.000 puestos de trabajo en plantillas docentes. En 2007 la Junta se comprometió a ampliar la plantilla pero lo que ha ocurrido ha sido lo contrario. En 2012-2013 fueron despedidos 4.000 profesores interinos como consecuencia del aumento de horas lectivas”.
También destaca el estado de las infraestructuras, que ha llevado a denunciar ante la Inspección de Trabajo casos de temperaturas extremas que se sufren a partir de mayo en provincias como Cádiz. Del mismo modo denuncia las prisas con las que se ha implantado una de las novedades de la LOMCE, la mencionada FP Básica, “de forma chapucera” y sin utilizar la moratoria de dos años para su aplicación.
Por su parte, Chema Fernández, director del colegio Nuestra Señora de la Humildad en la población asturiana de Soto de Luiña, destaca la inestabilidad de su plantilla y el abandono de la escuela rural por parte de la administración. Este año se encuentra con un profesor de Audición y Lenguaje, encargado de alumnado con necesidades especiales, que tiene un tercio de jornada, cuando hace dos años lo tenía a tiempo completo. “Son casos por los que la Consejería no quiere apostar. El servicio no lo puede prestar en las condiciones de calidad adecuadas. Los criterios son otros: una suma y una resta. Pero sin mirar los casos. No se pueden hacer sumas y restas en educación, hablamos de personas no de productos”.
Aunque las opiniones sobre la utilidad real de realizar una jornada de huelga son diversas, los docentes consultados se muestran partidarios de seguir con movilizaciones y poder revertir en un futuro esta realidad. Del mismo modo coinciden en criticar una situación que favorece a la educación concertada frente a la pública.
Artículo publicado en cuartopoder.es
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