- Los centros concertados laicos y religiosos, sostenidos con fondos públicos, obtienen de los comedores buena parte de su financiación y ganaron 166 millones con el servicio en un año
- El precio en la pública está regulado por ley y ronda los 100 euros al mes en Madrid. En la privada y subvencionada el precio es libre y puede suponer 50 euros mensuales más
- Los beneficios que deja dar de comer a los alumnos en la escuela concertada han subido un 91% en diez años
La escuela concertada se lleva la mayor parte de este pastel (también tiene la mayoría de los alumnos en la privada), con una facturación de 698 millones de euros al año y un beneficio de 166 millones entre los centros religiosos (90 millones) y los laicos (el resto). El negocio es próspero: en 10 años el margen que el servicio de comedor deja en estos centros ha aumentado un 91% con una ligera subida de estudiantes.
El comedor es un servicio interesante para los colegios concertados. Estos centros de iniciativa privada pero sostenidos con fondos públicos se financian de una cantidad de dinero que le traspasa el Gobierno más o menos fija, llamada módulo. Los responsables de estos centros llevan denunciando desde su creación, en 1985, que el módulo es escaso y no les da para cubrir su funcionamiento ordinario, motivo en el que justifican su búsqueda de fuentes de financiación alternativas, que siempre son las familias de los niños que escolarizan. La más polémica vía son las cuotas, aportaciones voluntarias (se supone, no pueden ser obligatorias porque serían ilegales) de los padres.
Y aquí entran en juego los comedores, que tienen un público bastante cautivo, incluso en los distritos más pobres. Lo explica una profesora de un centro concertado del sur de Madrid que prefiere no dar su nombre, con un estudiantado humilde: "Mi colegio se financiaba por el comedor. No todas las familias podían pagar la cuota mensual, pero todas o casi todas tenían que pagar el comedor, no tienen más remedio". Es un ejemplo de un barrio pobre, pero sucede igual en todos.
Luis Centeno, secretario general adjunto de Escuelas Católicas, la principal patronal de enseñanza concertada en Madrid, rebaja la credibilidad de los datos del INE. "No nos resultan realistas. A veces mezclan conceptos, como ingresos por la actividad de enseñanza con las actividades complementarias o con las donaciones", asegura. "Por ejemplo, entre los gastos puede no aparecer la amortización del edificio o los gastos en personal", explica.
Respecto a los comedores en sí, Centeno cuenta que aunque la LODE especifica que este tipo de servicios debe ser no lucrativo por ley, un párrafo añadido en la LOPEG, en el 95, decía que el cobro de este tipo de actividades puede contribuir al mantenimiento y mejora de las instalaciones. "Si, una vez finalizado el curso y el servicio, queda un remanente, este se puede reinvertir en equipamiento y material del centro sin que esto desvirtúe la no lucratividad", afirma.
Los centros privados concertados, aunque pertenezcan a la red pública, no tienen las limitaciones de los colegios públicos con los precios. En los públicos, los precios los fija la comunidad autónoma. En los privados son libres.
Así, se dan diferencias. En Madrid, por ejemplo, el coste de comer en el colegio es de 4,88 euros por día. Multiplicada esta cifra por los más o menos 22 días lectivos al mes, da un total de 107,36 euros mensuales. En algunas comunidades cuestan un poco más, en otras algo menos. Un colegio concertado del centro Madrid cuesta 150 euros mensuales. En Aragón, por ejemplo, comer en un concertado cuesta entre 30 y 50 euros más al mes que en uno público, según datos que en su momento publicó el gobierno regional.
Centeno niega la mayor con carácter general. "La privada sí, pero según mis datos en la concertada hay de todo y depende de la ciudad y el tipo de servicios. La diferencia entre pública y privada concertada, de existir, no es significativa", asegura.
Y aquí entra en juego también el recurrente tema de la selección de alumnado por parte de los centros concertados. Porque un colegio privado sostenido por fondos públicos no puede, por ley, elegir a sus alumnos como sí puede hacerlo uno privado. Pero sí puede fijar el precio de comedor que quiera. O el de las cuotas. O el de las excursiones.
Un sector al alza
El análisis de los números de los comedores escolares en la escuela concertada da una idea de cómo evoluciona el sector y lo que supone para los colegios.
Si se observa la evolución a lo largo de una década, la que va de 2004 al 2014, los centros concertados pasaron de facturar 413 millones de euros al año por el servicio de comedor a 697 millones, una subida del 68,7%. Los beneficios brutos en ese periodo por este servicio subieron de 81 millones de euros al año hasta los 155 millones. Esto supone una subida del 91% con apenas el 10% más de estudiantes (en general, no existen datos de usuarios de comedor).
Si se incluyen en esta estadística los colegios privados sin concertar se observa la misma evolución al alza. En el curso 2004-2005, toda la escuela privada en su conjunto facturó 613 millones de euros, según datos de la Encuesta de financiación y gastos de la enseñanza privada del INE, con un beneficio de 146 millones de euros. Cinco años después, la escuela privada había multiplicado sus ingresos por comedor hasta los 865 millones de euros, un 41% más, con una ganancia bruta de 197 millones. Otros cinco años más tarde, en el curso 2014-15, el INE fija en 1.002 millones de euros los ingresos de los centros privados por el comedor, con un resultado de explotación de 257 millones de euros.
En resumen: en diez años, la escuela privada en su conjunto, concertada o sin concertar, multiplicó sus ingresos por 1,6 (o sea, subieron un 63%) y sus beneficios por 1,7 (un 76% más). Y todo ello con solo un 10% más de alumnos.
La última pata a considerar en este tema es el oscurantismo que existe con la materia. Lo explican desde la web Carro de Combate tras haberse peleado con el sector para elaborar un completo informe sobre la materia, aunque circunscrito a lo público.
"Una de la principales conclusiones en nuestro informe es que hay una tremenda opacidad en el sector de los comedores escolares, ya sean públicos o privados. Muchos gobiernos autonómicos se niegan a dar datos bajo diferentes pretextos y muchas de las estadísticas no están armonizadas, por lo que es difícil hacer comparaciones", explica Laura Villadiego, una de las autoras del informe.
Pero alguna cosa se sabe, como se refleja en el informe de Carro de Combate, elaborado junto a Del Campo al Cole y SEO/Birdlife. Por ejemplo, que cuatro grandes empresas controlan el 60% de los comedores escolares, servicio por el que facturan unos 630 millones de euros al año. Son Serunión (30% de cuota de mercado), Compass Group (17%), Aramark (13%) y Ausolan (10%).
"Existe un contexto europeo de cierta concentración de empresas de restauración colectiva", explica Andrés Muñoz, coordinador del estudio, que en España responde a una administración pública que "entendemos que legisla en beneficio de estas empresas y no de las familias y los niños y niñas que utilizan el servicio" y que favorece a la oligopolización del sector. "Estas empresas tienen gran capacidad y centrales de compra donde pueden presionar a los productores" para ofrecer el precio más bajo, mientras los grandes lotes pueden "facilitar la gestión a la propia administración" o permitir que puedan ofrecerse precios aún más ajustados, asegura Muñoz.
El análisis de los números de los comedores escolares en la escuela concertada da una idea de cómo evoluciona el sector y lo que supone para los colegios.
Si se observa la evolución a lo largo de una década, la que va de 2004 al 2014, los centros concertados pasaron de facturar 413 millones de euros al año por el servicio de comedor a 697 millones, una subida del 68,7%. Los beneficios brutos en ese periodo por este servicio subieron de 81 millones de euros al año hasta los 155 millones. Esto supone una subida del 91% con apenas el 10% más de estudiantes (en general, no existen datos de usuarios de comedor).
Si se incluyen en esta estadística los colegios privados sin concertar se observa la misma evolución al alza. En el curso 2004-2005, toda la escuela privada en su conjunto facturó 613 millones de euros, según datos de la Encuesta de financiación y gastos de la enseñanza privada del INE, con un beneficio de 146 millones de euros. Cinco años después, la escuela privada había multiplicado sus ingresos por comedor hasta los 865 millones de euros, un 41% más, con una ganancia bruta de 197 millones. Otros cinco años más tarde, en el curso 2014-15, el INE fija en 1.002 millones de euros los ingresos de los centros privados por el comedor, con un resultado de explotación de 257 millones de euros.
En resumen: en diez años, la escuela privada en su conjunto, concertada o sin concertar, multiplicó sus ingresos por 1,6 (o sea, subieron un 63%) y sus beneficios por 1,7 (un 76% más). Y todo ello con solo un 10% más de alumnos.
La última pata a considerar en este tema es el oscurantismo que existe con la materia. Lo explican desde la web Carro de Combate tras haberse peleado con el sector para elaborar un completo informe sobre la materia, aunque circunscrito a lo público.
"Una de la principales conclusiones en nuestro informe es que hay una tremenda opacidad en el sector de los comedores escolares, ya sean públicos o privados. Muchos gobiernos autonómicos se niegan a dar datos bajo diferentes pretextos y muchas de las estadísticas no están armonizadas, por lo que es difícil hacer comparaciones", explica Laura Villadiego, una de las autoras del informe.
Pero alguna cosa se sabe, como se refleja en el informe de Carro de Combate, elaborado junto a Del Campo al Cole y SEO/Birdlife. Por ejemplo, que cuatro grandes empresas controlan el 60% de los comedores escolares, servicio por el que facturan unos 630 millones de euros al año. Son Serunión (30% de cuota de mercado), Compass Group (17%), Aramark (13%) y Ausolan (10%).
"Existe un contexto europeo de cierta concentración de empresas de restauración colectiva", explica Andrés Muñoz, coordinador del estudio, que en España responde a una administración pública que "entendemos que legisla en beneficio de estas empresas y no de las familias y los niños y niñas que utilizan el servicio" y que favorece a la oligopolización del sector. "Estas empresas tienen gran capacidad y centrales de compra donde pueden presionar a los productores" para ofrecer el precio más bajo, mientras los grandes lotes pueden "facilitar la gestión a la propia administración" o permitir que puedan ofrecerse precios aún más ajustados, asegura Muñoz.
