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Ayuso usa el campo educativo para enfrentarse al Gobierno con las armas de las derechas radicales de medio planeta. Su mentora, Esperanza Aguirre, aumentó el fracaso escolar un 30% mientras el gasto por estudiante era el más bajo de España 15/06/2022
Isabel Díaz Ayuso ha tenido que decir con la boca pequeña que sus propios inspectores no han encontrado nada “relevante” en la revisión de los libros escolares a los que había acusado de contener “material sectario” y de “adoctrinar”. Pero como en toda buena guerra cultural, “la verdad no importa, se construye”, dicen las autoras de Spanish neocon: “La lógica de que la verdad no solo no existe, sino que es algo a crear. La producción de verdad es tanto más valiosa cuanto más consenso crea en el nosotros que le sirve de referencia. En consecuencia, producir verdad y gobernar son una misma cosa”. Este es el manual comunicativo de Ayuso, copiado de su jefa Esperanza Aguirre en su etapa neocon, y que hoy forma parte del repertorio de los ultras de medio mundo. No es la primera batalla que lanza contra la educación ni será la última, porque este tema es central para excitar los pánicos morales de los padres y agrupar a los suyos.
Los conceptos que habían provocado el escándalo de Ayuso, como ya es habitual, son los relacionados con la memoria histórica y las cuestiones de género –curiosamente dos de los ejes que Vox utiliza constantemente–, así como otros vinculados a la colonización y el racismo o la ecología. Criticaban el uso de expresiones como “roles de género”, “memoria democrática”, “emergencia climática”, “objetivos de desarrollo sostenible” o “la herencia colonial española”. Una guerra cultural más contra el Gobierno, usada para aumentar su popularidad, cimentada en la confrontación directa y brutal más que en la gestión o el cumplimiento de sus promesas electorales.
Como hemos dicho, tuvo una buena maestra. Esperanza Aguirre ya calificaba la reforma educativa de Zapatero del 2006 y la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía como “un adoctrinamiento”, e incluso se lanzó a decir que la desobedecerían en Madrid. Lanzaba así un guiño a las protestas masivas convocadas por los grupos ultras católicos que batallaban contra el laicismo implícito en la ley. Las movilizaciones estaban convocadas por Hazte Oír y Profesionales por la Ética, pero también por la CONCAPA –Confederación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos–, una de las estructuras con más capacidad de apoyo a las propuestas de la derecha madrileña. La CONCAPA dice representar a tres millones de familias y básicamente se dedica a defender la enseñanza de la religión católica y la escuela concertada –escuela privada financiada con fondos públicos–. Recordemos la anomalía española de la concertada –en Europa solo existe un modelo parecido en Bélgica, y está mayoritariamente en manos de la Iglesia–. Así que defenderla suele coincidir con proteger el poder y la influencia del catolicismo en la enseñanza. Quizás esta capacidad de movilización y de funcionar como grupos de presión de la CONCAPA y grupos similares sea la que explica en parte por qué ningún gobierno –tampoco este– se ha atrevido a tocar la financiación de la escuela concertada.
En cualquier caso, cuando en España empieza una guerra cultural alrededor de la educación, apenas nadie consigue enfocar los verdaderos problemas. En tiempos de Aguirre, el gasto público por estudiante era el más bajo de todo el país mientras aumentaba el fracaso escolar un 30%. Sin embargo, la presidenta desvergonzada convirtió esta cuestión en un problema “de autoridad escolar”, en una recuperación de la obsesión por el 68 de las distintas ramas de las derechas radicales. ¿Os suena lo del marxismo cultural? También eran tiempos de la Púnica, cuando Francisco Granados –que fue vicepresidente de la Comunidad de Madrid– cobraba los favores a constructores y colegios concertados: su trama corrupta ingresaba casi un millón de euros por cada concesión de nueva escuela. Convirtió así una apuesta política por la enseñanza privada –y sus consecuencias segregadoras en el alumnado con menos recursos– en un problema moral, como se relata en Spanish neocon.
Hoy, el modelo del PP en Madrid sigue siendo el mismo: facilidades a los colegios privados, desarrollo de centros concertados mientras se recortan líneas en la pública o se cierran las escuelas infantiles públicas de 3 a 6 años, mientras se dan becas para guarderías privadas de 0 a 3 años –en Madrid no se ha abierto una sola escuela infantil nueva en las últimos dos décadas–. Pero Ayuso no hablará de ninguna de estas cuestiones, sino que criticará la reforma educativa del Gobierno con palabras grandilocuentes como “están dinamitando el armazón en el que se sustenta la convivencia española”. Hablará también de “ideología de género”, o de conceptos adoctrinadores. Curiosamente, dos de los elementos que la ultraderecha usa en medio mundo para tratar de impedir cualquier avance en educación emancipadora o progresista –sobre todo, con aquellos temas como la educación igualitaria o sexual, o la prevención de violencias machistas que provocan más escándalo moral–. Todo ello convenientemente envuelto en un rimbombante discurso acerca de la “libertad de decidir sobre la educación de sus hijos”, el paraguas más habitual. El PP de Madrid, con Ayuso a la cabeza, no está tan lejos de Vox y su pin parental.
Fundamentalismos y extremas derechas contra la educación progresista
La mayor guerra de género reciente sobre estas cuestiones se desató en 2020, a partir de una propuesta de Vox. Esta medida implicaba que todas las actividades complementarias organizadas en horario lectivo tuviesen que estar autorizadas expresamente por los padres. Esto les permitiría impedir que sus hijos asistiesen a talleres de educación sexual o igualitaria, etc. Fue propuesta por el Foro de la Familia –una plataforma civil ultraconservadora– y Vox la recogió y la planteó como condición para apoyar a gobiernos locales conservadores que necesitan de sus votos para gobernar. Este ejemplo ilustra bien, además, cómo las asociaciones pueden servir de punta de lanza para movilizar en la calle y mediante herramientas de tipo “activista”, exigiendo medidas que luego los partidos ultras llevan adelante. Como no tienen que buscar el voto, estas asociaciones pueden ser mucho más radicales en su lenguaje y propuestas que los propios partidos, como explicamos en esta investigación.
Las asociaciones sirven para movilizar en la calle, exigiendo medidas que luego los partidos ultras llevan adelante
Se llegó a aprobar en la región de Murcia, lo que generó una gran guerra cultural en el país, con varias manifestaciones a favor y en contra, aunque en la práctica era casi imposible su implementación. El riesgo más importante es la autocensura de profesores y directores de colegios: ante una posible denuncia o un lío en clase, muchos prefieren no tocar temas “espinosos”. En esta misma campaña, los ultras de Hazte Oír habilitaron una web que animaba a denunciar este tipo de actividades escolares. De España a México, el pin parental fue propuesto allí por la plataforma del Frente Nacional por la Familia en alianza con partidos políticos de derecha.
Con este tipo de campañas, los ultraconservadores logran incidir sobre las políticas educativas mediante las movilizaciones en los frentes legislativo, judicial o en la movilización de base a través de los grupos de padres. Muchas veces, en estas propuestas confluye el frente moral –contra la laicidad en la escuela– con la mercantilización de la educación. Es decir, las propuestas educativas neoliberales con la pátina conservadora en valores.
De Alemania a América Latina, las asociaciones de padres se han mostrado actores importantes de estas guerras culturales. Por ejemplo, el movimiento “Con mis hijos no te metas”, nacido en Perú contra la educación sexual y que está vinculado al menos a cinco iglesias evangélicas con grandes recursos. Sus campañas se centran en la defensa de la familia tradicional y el ataque a una llamada “ideología de género”. Las políticas conservadoras en educación extienden sus tentáculos para devenir herramientas de poder político. Así, este movimiento participó en una movilización activa en contra del “sí” en el referéndum sobre el Acuerdo de Paz en Colombia –en 2016– y en Uruguay se alineó con el frente contra la nueva ley trans. Este despliegue de distintos focos está relacionado además con una exitosa construcción de alianzas internacionales y transfronterizas entre actores fundamentalistas.
De Alemania a América Latina, las asociaciones de padres se han mostrado actores importantes de estas guerras culturales
Las guerras de género son política por otros medios. En Brasil, la visión ultraconservadora de los contenidos escolares se materializó en la organización Escuela sin Partido, que apoyó a Bolsonaro en su conquista del gobierno. La Escuela sin Partido dice que el profesor se debe limitar a enseñar materias como biología o matemáticas, pero es la familia la que se debe responsabilizar por las bases morales, políticas, sexuales y religiosas de los alumnos. Es decir, se prohibe hablar en clase de temas como el aborto, el embarazo adolescente o el sida, aunque sean problemas reales de los chavales. También implica que la historia se debe enseñar “sin valoraciones”. Un movimiento que ha servido para intentar impulsar el revisionismo histórico, rehabilitando así la historia de la dictadura en ese país. (En España también estamos asistiendo a una guerra para que a los niños no se les explique, de forma profunda, las consecuencias más brutales de la dictadura de Franco). Bolsonaro, apoyado en los sectores políticos evangélicos, prometió convertir esta propuesta en una norma que legalizase además que los estudiantes pudiesen grabar y difundir a los profesores que “ideologizasen” en la enseñanza. Tanto el laicismo como la libertad de cátedra estarían aquí amenazadas. Para Raul Zibechi, esta ofensiva tenía también el objetivo oculto de frenar al movimiento estudiantil y desviar los problemas de las escuelas a la cuestión de la disciplina en el aula y la falta de valores. Nos suena de algo, ¿verdad? Al final, la ley fue detenida en los tribunales por la Corte Suprema, un frente que en Brasil está sirviendo para frenar las peores trapacerías de Bolsonaro. Pero el presidente de extrema derecha no se ha detenido ahí, y su nueva propuesta implica la militarización de las escuelas con el proyecto de implantación de 108 escuelas cívico-militares hasta el año 2023.
El frente educativo es esencial para las extremas derechas de todo el planeta. Como en otras cuestiones –todas las relacionadas con el género–, tiene esa doble función: construir sus bases agitando mediante guerras culturales que provocan adhesión de una parte conservadora o religiosa de la sociedad, y desviar la atención de los problemas educativos reales asociados con la implementación de la óptica neoliberal. Que sean guerras culturales, sin embargo, no implica que no estén tocando temas esenciales para que los jóvenes tengan más herramientas y conocimiento para construirse en libertad. Estas confrontaciones en torno a la educación seguirán. Nos queda defender a capa y espada la laicidad y la libertad de cátedra al tiempo que luchamos para implementar una mayor presencia de cuestiones esenciales como la educación sexo-afectiva en las escuelas.
Isabel Galvín: “Es una gran noticia. Lo que aquí está en juego es la libertad, que no se nos olvide. La libertad de cátedra, la libertad de los docentes de elegir su proyecto educativo y su método pedagógico”
La Federación de Enseñanza de CCOO Madrid advierte a Ayuso que son decisiones en las el Gobierno regional no puede entrar “porque están blindadas por nuestra Constitución” y apela a la “cordura y al sentido común”
16/06/2022.
La Justicia ratifica las cautelarísimas solicitadas por CCOO y reitera la suspensión de la circular sobre la educación por ámbitos en la ESO
Nuevo varapalo para las pretensiones del Gobierno Madrid de atar en corto a la comunidad educativa. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha reiterado que los centros educativos no pueden ver limitada su autonomía para organizar los contenidos de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) en ámbitos, tal y como solicitaba CCOO en su recurso contencioso-administrativo contra la circular del 23 de mayo de 2022 sobre ordenación y organización de las enseñanzas de ESO en el curso académico 2022/2023.
El Auto del TSJM, que responde definitivamente a las alegaciones presentadas por la Comunidad de Madrid contra la suspensión inicial, considera que la aplicación de la circular de la Consejería de Educación sobre organización de la ESO para el curso 22/23 puede generar perjuicios a las comunidades educativas porque limita la autonomía pedagógica de los centros educativos y los derechos del profesorado y del alumnado.
Así, dice textualmente el Auto que “tal configuración de cada proyecto educativo se ha de realizar, en su caso, por la decisión adoptada por el Claustro que integra, de modo colegiado, al conjunto del Profesorado de cada centro docente”. Y más adelante, vuelven a dejar claro que las competencias pedagógicas no están en manos de la Comunidad de Madrid, cuando dice: “Es visible para esta Sala la afectación de las funciones que, según la Ley Orgánica de Educación, correspondería ejercer al Profesorado del centro”.
“Maniobras de Ayuso”
En consecuencia, queda temporalmente sin efecto la circular vinculante de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, en tanto el TSJM dicte sentencia. O lo que es lo mismo: los centros, en su autonomía pedagógica y organizativa, podrán organizar las materias en ámbitos, atendiendo así la legítima demanda de sus comunidades educativas.
“Es una gran noticia”, ha declarado Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO Madrid. “Lo que aquí está en juego es la libertad, que no se nos olvide. La libertad de cátedra, la libertad de los docentes de elegir proyecto educativo, la libertad de elegir método pedagógico…. Son decisiones en las que la Consejería de Educación, el Gobierno de Madrid, Ayuso, no pueden entrar porque están blindadas por nuestra Constitución. Todas estas maniobras de Ayuso, que por suerte estamos consiguiendo parar, son ataques frontales contra la libertad de enseñanza”.
CCOO apela a la cordura
CCOO apela “a la cordura, al sentido común” y le pide a Ayuso que “deje de intentar intervenir en los centros educativos, que deje de intentar prohibir, censurar, condicionar el trabajo de los docentes en Madrid”
Añade Galvín que “lo que necesitan los madrileños es que Ayuso deje de intentar meter mano donde no le corresponde, más allá de sus competencias, y deje de gastar tiempo en estas ‘batallitas’ estériles contra la LOMLOE”. También le pide a Ayuso que se dedique a solucionar los problemas reales de la educación madrileña: “Siguen faltando plazas públicas a todos los niveles, siguen sin bajar las ratios, sigue habiendo amianto por toda la región, y para colmo, estamos en medio de una ola de calor y no hay ningún plan de contingencia para las altas temperaturas en las aulas.”
Los servicios jurídicos de la Federación de Enseñanza de CGT han presentado la interposición de contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional contra el Real Decreto 270/2022, de 12 de abril, por el que se modifica el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley, aprobado por Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero.
CGT Enseñanza valoramos muy positivamente las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el abuso de temporalidad del personal interino que venía a reconocer el incumplimiento de la directiva europea 1999/70 por parte de los gobiernos españoles de los últimos años. Sin embargo, desde CGT entendemos que la aplicación de las sentencias por parte del actual Gobierno, tanto en el llamado Icetazo (firmado por el Gobierno con CCOO, UGT y CSIF) como en el RD 270/2022 no recogen lo sentenciado por el TSJU.
El RD 270/2022 no solo no sirve para estabilizar a las personas interinas en abuso de temporalidad sino que además entendemos que es discriminatorio y va en contra de la “igualdad de oportunidades y libre concurrencia”. En concreto hay dos puntos polémicos que son los que hemos recurrido en este primer momento, la limitación de los 10 años tanto para el reconocimiento de la experiencia docente como para el reconocimiento de haber superado un proceso de concurso-oposición.
El RD 270/2022 que regula como serán los procesos extraordinarios de estabilización de personal interino marca una fecha límite injustificada de 10 años para el baremo de méritos de las personas que vayan a participar tanto en el concurso oposición como en el concurso de méritos. En el apartado de experiencia docente, el máximo de puntos se consigue con 10 cursos trabajado, lo que iguala a personas interinas con 17 o 18 cursos trabajados, que las hay, con las que llevan 10. Desde CGT no se entiende de dónde sale esta limitación temporal que resta posibilidades a las personas que llevan más años en abuso de temporalidad.
Pero aún más grave, a entender de esta Federación, es la limitación de la fecha de 2012, de nuevo los 10 años, para poder obtener puntuación por haber superado algún proceso selectivo. Es decir, las personas que hayan aprobado un concurso oposición desde 2012 pueden llegar a obtener hasta 5 puntos en uno de los apartados de la baremación del Concurso de Méritos. Sin embargo, hay muchas CCAA donde o no se han convocado oposiciones nunca o se ha hecho antes de 2012. Por citar un ejemplo, en Aragón hay especialidades como Historia del Arte o Alemán en Cuerpo de Infantil-Primaria donde nunca se han convocado concurso de oposición. En otras como Música de Secundaria, Italiano de Escuela de Idiomas y Fabricación y Carpintería y Mueble de Formación Profesional no ha habido concurso oposición en Aragón posterior a la fecha de 2012 marcada por el RD 270/2022. Esto significa que, habiendo habido en otras CCAA oposiciones posteriores a esa fecha los y las interinas de otras CCAA podrían obtener en Aragón una puntuación que las personas interinas de Aragón no pueden por no haberse convocado procesos de oposición desde la citada fecha. Este ejemplo, con otras especialidades es extensible a todos los territorios del Estado por lo que nos encontramos con situaciones de desigualdad donde no se puede competir en igualdad de condiciones.
Estos son los dos motivos que han propiciado la interposición de contencioso administrativo que no quita para presentar nuevos recursos una vez publicadas las distintas convocatorias.
El
ser y no ser de esta guía de acción social y política es muy manipulable con
pretextos variados; también lo son los medios para hacerlo.
Los debates electorales que han tenido lugar con motivo de las
inminentes elecciones andaluzas
obligan a quedarse con la muletilla del “interés
general” que los candidatos todavía reiteran. Todos lo mencionan incesantes.
Unos para revalidar que han gestionando bien el “bienestar” de la gente; los
otros porque el suyo sí sería un pacto de gobierno leal, sin ocultaciones ni
engaños. Pretender dilucidar con la información de estos desencuentros qué sea
de verdad el “interés general” es admitir que “el interés general” es muy
particular.
Mediatizaciones del
interés general
Estas elecciones del
próximo día 19 abren los primeros pasos del baile que se avecina con las
generales. Es de suponer, pues, que, en lo que quede de legislatura oiremos
hablar mucho del “interés general” en variadas versiones particulares; el gran
aliado de cada participanteserá la capacidad mediática que tenga para
estar en la competición. Procurará que sus mensajes no entren en los complejos análisis
de los contextos geoestratégicos de dos asuntos que ya preparan el terreno. Controvertidos
en sus causas, Ucrania y su guerra,
y las relaciones de España con el
Magreb, en el Norte de África, ya dan abundante munición para la
beligerancia informativa desde su exégesis del “interés general”; los modos
como afectan a nuestro bolsillo las consecuencias de estos asuntos, pondrán más
en primer plano el precio de los garbanzos que, in illo tempore, interesaba a Manuel Fraga. Su adobo
predilectovolverá a ser la “libertad” en versión neogalaica y
tampoco faltará la inevitable “igualdad”
de los ciudadanos, sobre todo la de quienes notienen escapatoria. La “fraternidad”,
el otro pie del eslogan de 1789, podría desviar el mensaje principal sobre el
“interés general”.
Llevamos más de 20 años de advertencias sobre el cambio climático
y, de momento, pese a que no soportamos la decena de los extraños 40º de
temperatura de estos días, no hemos cambiado ningún hábito significativo; es de
esperar que la creciente presión de estas dos circunstancias coyunturales, que
darán mucho que hablar, ayuden poco a que nos enteremos a tiempo de qué sea el
“interés general”. No se puede decir, sin embargo, que no tengamos abundantes relatos e información sobre estos asuntos
de base; por cantidad no va a ser, desde hace más de cien días, circula
abundante. Podemos estar recibiendo información de continuo, sin haber llegado
a ningún conocimiento consistente;
hasta puede que estemos llegando a desconfiar de que no hay garantía en lo
mucho que nos cuentan, o que hayamanipulación para que, sin saber, asintamos a las interpretaciones que proponen.
Metidos en tales elucubraciones, los más escépticos lamentarán no tener tiempo ni medios para alcanzar a
saber lo que no saben sobre multitud de historias y trayectorias que se cruzan
en asuntos relevantes para su estabilidad emocional. Sacarán a relucir que las falsas noticias e informaciones
tienen amplia circulación, sin que sea fácil delimitar qué sea verdad o
mentira, qué merezca compromiso y, si se tercia, también el voto. Es decir, que
en los meses que se avecinan se les va a poner difícil delimitar de modo fiable
qué sea “el interés general”. En su experiencia
democrática están, por demás, bastantes mosqueos que tampoco les ayudarán a
entenderlo. No les sirven personas con cargos ilustrísimos pero poco ejemplares
respecto a esa guía de conducta; y tampoco lo hacen decisiones y opiniones de
políticos relevantes –incluidos alcaldes y presidentes de Comunidad-, que pese
a su teórica proximidad al ciudadano, parecen de otra galaxia. Su inmersión en
los problemas reales es tan carencial que el idioma que hablan no vehicula supensamiento; la mediocridad de lo
que comunican, en las comparecencias
de sus omnipresentes atriles, quiere sumir a los oyentes en algún sopor virtual que suponen más efectivo
que los datos y los hechos.
Educar el pensamiento
crítico
Esta efectividad a corto
plazo, ruidosa en los medios y Redes sociales, que imponen especialmente cuando la realidad es
problemática, es digna de ser tenida en cuenta, pues el relato que suele
propiciar contamina a fondo el conocimiento acerca de lo que se juega en cada momento
tras su modo de decir o hacer algo por “interés general”. Han logrado imponer,
por ejemplo, que, donde esté su hipotéticamente valiente defensa de “la libertad a la madrileña”, los
problemas que pueda traer a la convivencia de las calles no tengan carta de
naturaleza, y que no existan los que solo quieren una libertad normal, sin
adjetivos. Mientras entonan sonados alegatos contra currículos y libros de texto, por supuesta ideología
contaminante, no hablan de la ignorancia que los más débiles han de sostener
ante las violencias habidas y por haber para que su vida no merezca la
pena. Cuando atienden al negocio de la red
privada de centros y al privilegio de la selección social de su clientela, a
la red de amigos que les sostiene el tinglado mediático no les importará que no
se atienda a una ciudadanía que estará toda su vida a la que salte. Parece que
a este tipo de políticos y asociados lo que más parece interesarles acerca del
“interés general” es promocionar a los más capaces de vocear sus consignas, sin
importarles que la ignorancia haga invivible este mundo a muchos.
Una enseñanza capaz de
educar en el pensamiento crítico o
la simple capacidad de expresar las necesidades ante lo que ocurre, no les
interesa. “El interés general” es un asunto demasiado importante para que el común
de los mortales se entere; mejor distraer
con asuntos que hagan abundante ruido, que infantilicen o den a entender
que es estúpido creer que los fraudes a la ética común tienen arreglo. Dicho de
otro modo, que este es el caldo de cultivo en que cocinarán el mensaje
apropiado para promover sus recetas salvadoras.
Todo lo que merece la pena requiere tiempo y paciencia para
enterarse de qué va; pero también es posible que nos estén educando para que
nos dejemos conmover por las sugestivas
excitaciones que pregonan; la ignorancia es atrevida y puede hacer crecer
los adeptos a las más rancias maneras de entender “el interés general”. Muchos adictos a estos sofismas tienen bien
acreditado que la corrupción que puedan acarrear a la convivencia colectiva no les importa.
La Plataforma en Defensa de la Educación Pública Majadahonda nos envía esta convocatoria:
Tenemos el gusto de invitaros a la reunión de la Plataforma el día 20 de junio, a las 18,30h, en el Club Social del Paular.
El orden del día será:
Información visitas a los Centros.
Preparación de la entrevista solicitada a las concejalas de Medio Ambiente, Urbanismo y Educación con el fin de tratar el tema "Entornos escolares", obras y otros asuntos.
Posible organización de Día del parking a principio de curso.
La nueva Ley de Educación y la Com. de Madrid.
Otros temas de interés.
Un saludo
Plataforma en Defensa de la Educación Pública Majadahonda
La Plataforma de Vallekas por la Escuela Pública nos envía este correo:
Hola. El próximolunes, 20 de junio, a las 18h, nos vamos a reunir para valorar el curso que termina y hacer un relato, y compartir, las dificultades afrontadas y resueltas por los propios centros educativos.
Tu presencia es muy importante para todos y todas.
¿Hasta cuándo van a seguir negando los datos y ocultando el desprecio por la educación por incompetencia e intereses? ¿Por qué en vez de abordar estos problemas Ayuso propone censurar libros de texto?
11 de junio de 2022
Si algo caracteriza la educación pública madrileña es la baja inversión, la alta presencia del sector privado y una fuerte segregación escolar. Todo ello ha reducido el peso de la red pública. Y, claro, cargarse la educación pública tiene consecuencias, porque se empieza privatizando y recortando en educación y se acaba en la cola de la calidad.
Es un escándalo que Madrid, siendo la región con mayor PIB, sea la que menos dedica a la educación. Los estudios dicen que el éxito escolar es directamente proporcional a la renta per cápita y a temas tan concretos como los metros cuadrados de librería que tiene una familia. Madrid rompe esta regla a pesar de su ventajosa posición social de salida: la comunidad autónoma más rica obtiene unos flojos resultados en las pruebas objetivas que permiten realizar comparaciones. Los datos demuestran que la derecha desprecia la educación, además de utilizarla para confrontar con el Gobierno central y generar conflicto como hace con su cruzada anti LOMLOE. Veamos.
1. Los resultados de la selectividad (Evau) de 2021 no pueden ser más mediocres. La Comunidad de Madrid ocupa la antepenúltima posición en notas medias, habiendo retrocedido del puesto número 8 al 15. Con la misma Evau de siempre que examina a los alumnos de un currículo de contenidos mínimos y comunes (60%) y una parte que depende de la comunidad autónoma (40%), sin que pueda haber grandes diferencias entre ellas. Y no se puede sostener que el nivel de exigencia sea mayor en Madrid. Los datos lo desmienten porque una cosa es la propaganda política y otra los frutos de la realidad.
2. Los resultados del último informe PISA anterior a la pandemia encendieron todas las luces rojas. Los datos de 2018 fueron muy malos para Madrid, que retrocedió en los tres exámenes respecto a 2015: Ciencias (-29 puntos), Matemáticas (-17 puntos) y Lengua o comprensión lectora (-46 puntos), bajando de la parte alta de la tabla a la media baja. Estos resultados revelan un retroceso en la equidad en Madrid, algo que ha ido empeorando de forma continua.
Lo que sucede no es extraño. La experiencia sueca refleja lo mismo. Se ha privatizado el sistema educativo desde 1991 con dinero público a través de un sistema de cheques escolares que allí se llaman vales de “libre elección”. Ello ha hecho caer en picado los resultados en PISA, aumentar las diferencias en conocimientos entre escuelas y aumentar la segregación escolar. Andreas Schleicher (OCDE) dice que se ha pasado de “mirar a Suecia como patrón de oro de la educación” a un “sistema que parece haber perdido su alma”.
La pregunta es ¿por qué siendo Madrid la comunidad más rica de España obtiene resultados tan grises? La explicación es un cóctel explosivo: mísera inversión y la alta segregación producida por el gran peso de la red concertada, el distrito único y el modelo bilingüe. El PP y Ayuso lo tienen claro: subordinan la educación al negocio y venden colegios a fondos de inversión. No hay más que ver el movimiento de los especuladores educativos y el gran número de cambios de titularidad (más de cien) en la última década.
En cuanto a la inversión educativa, Madrid gasta un 2,2% de su PIB frente al 4.2% de media en España y al 7% de países europeos punteros como Finlandia. Es un hecho incontestable, se mida como se mida. Si vemos el gasto educativo en 2021 por habitante sería de 759 euros/año, frente a 1.076 euros de media de España. Y si lo comparamos en gasto por alumno, son 4.727 euros/año frente a una media en España de 5.779 euros o de 9.298 euros en el País Vasco. Que Madrid esté a la cola en inversión educativa demuestra lo poco que le importa la educación al gobierno regional.
La segregación educativa es brutal y una estrategia deliberada que se traduce en desigualdad social. Estudios solventes así lo indican. ESADE y Save The Children señalan que la segregación en la Comunidad de Madrid “ha crecido de forma muy notable y es hoy una de las regiones con mayor segregación en toda la OCDE”. Es una segregación múltiple, pero especialmente socioeconómica. La investigación de F. Javier Murillo y Cynthia Martínez-Garrido de la Universidad Autónoma de Madrid concluye que la Comunidad de Madrid es la segunda región de Europa con mayor segregación socioeconómica en Secundaria. Un solo dato sobre el desequilibrio de atención al alumnado con necesidades de apoyo escolar: las escuelas públicas escolarizan a tres de cada cuatro alumnos inmigrantes.
La segregación siempre es social y obedece a un modelo clasista, aunque Ayuso niegue la existencia de clases. Para evitar la mezcla social se selecciona el alumnado y se disfraza de un cínico discurso sobre la meritocracia para defender y perpetuar los privilegios de las élites. Se financian con dinero público colegios de ricos donde solo van los hijos de los ricos, se roban recursos destinados a la equidad y se culpabiliza a los que fracasan. Todo docente sabe cómo condicionan el contexto y origen social los resultados académicos. No hay igualdad de oportunidades si la educación no es un derecho sino un servicio que compra el que puede.
Dicen los expertos que si se rompe el principio de heterogeneidad del alumnado se reduce la calidad educativa en términos globales. Aunque en términos globales son bastantes parecidas las notas medias de las dos redes, tienen más mérito y valor las de la pública porque no selecciona al alumnado por nivel socio económico y porque asume a la gran mayoría que tiene necesidades educativas especiales. Por último, hay una pista sobre la calidad educativa: la nota más brillante en las Evau es siempre de alumnado de la educación pública.
Todos estos datos son una bofetada a la propaganda del Gobierno de Madrid. ¿Hasta cuándo van a seguir negando los datos y ocultando el desprecio por la educación por incompetencia e intereses? ¿Por qué en vez de abordar estos problemas Ayuso propone censurar libros de texto? Son intentos inútiles y sin recorrido a problemas inventados. La principal consecuencia de cargarse la educación pública es un modelo educativo mediocre que no nos merecemos los madrileños y que hipoteca nuestro futuro como sociedad. La alternativa es muy clara: triplicar la inversión, fortalecer la educación pública y aumentar la equidad.
Sofismas
-y no Sofía- es lo que mueve los
modos de imponer qué y cómo estudiar Historia, Geografía y Ciencias Sociales.
Para nadie es un secreto que los sofismas –y no la Sabiduría- ayudan a dar a entender a los demás
que se tiene siempre razón. Un recopilatorio de Schopenhauer recuerda las múltiples formas que puede adoptar alguien
para tratar de sacarse de en medio a su oponente en un debate o en una
conversación anodina. Muchas ya eran practicadas desde la Grecia presocrática
y, de muchas otras, la paremiología popular atesora notables aportaciones. En
Galicia, por ejemplo, una de las maneras primeras para situar a un interlocutor
era vincularlo a la calidad de su tracto genealógico: Entón, ti, de quén ves sendo?
El efecto Feijóo
Por instinto o por cálculo, en las relaciones con los otros, no
suelen ser extrañas maneras expresivas de afán
de predominio: son indicativas del posicionamiento propio en la escena
publica en que necesariamente se mueve nuestro ser social. Quienes actúan en el
campo más estrictamente político desarrollan ese afán con más fuerza, intensidad
y constancia siempre que hablan, bien sea en el Congreso, en una Asamblea o
cuando los medios les ponen delante un micrófono. Idolatran la imagen diferencial que se han construido, y tratan de
serle fieles sosteniéndola, simple y directa, para fidelizar a otros. Es la
base de comunicación para sostener su atención. Cualquiera de nuestro actuales
líderes, como se puede ver en el efecto
de Feijóo en el cambio de imagen de su partido en la oposición al Gobierno
de Sánchez, las réplicas de este y, mejor todavía, lo que mostraron los seis
comparecientes en el primer debate televisado, anterior a la inminentes
elecciones andaluzas, permite observar las diferencias de imagen que cada cual
procura sostener y no enmendar si no quiere que su posible valía para gestionar
lo de todos no pinte nada en la escena.
No a todos se les da bien este juego. Tiene sus reglas y no todos
se atienen a ellas; especialmente cuando pretenden encarnar en sus palabras el
bien público, a muchos se les nota en exceso que transubstancian sus intereses
particulares con el interés de todos. Para ver las diferentes posiciones, en
vez de la divisoria habitual entre izquierda y derecha, es mejor la más
cualitativa. Si decimos, neoconservador,
conservador, ultraconservador, hablamos de alguien que en los criterios con
que habla y en cómo nombra las cosas, sus juicios suelen expresar que quiere
sostener lo que hay o, incluso, retroceder hacia donde estaba el asunto de que
se trate hace 80 años o más; por las razones que fueren, no quiere que cambie y
considera mejor para este presente que “el ser que tenían” aquellas cosas se
solidifique, que parezca que han sido siempre así, algo natural y “como Dios
manda”. Lo de Dios no es gratuito; es la misma línea de muchas interpretaciones
confesionales, expresivas de alianzas concordes entre neoconservadores
y neoconfesionales de distintas denominaciones. Sigue la trayectoria de una larga
historia de la humanidad desde el Antiguo Egipto, los Cesares romanos o sus
sucesores desde la Baja Edad Media hasta hoy; y el obispo de Huelva todavía
acaba de pedir el voto para este sector de la vida política hace unos días
desde El Rocío, pues de otro modo, habría “afinidades
incompatibles”.
En el otro lado del campo de juego, suelen estar los que ven la
realidad circundante como algo problemático y en constante cambio, conscientes
de que, como no espabilen, las fuerzas que dominan esas tensiones y, sobre
todo, la rentabilidad que pueda tener la agilidad en aprovechar su impulso,
entienden que hay que modular las reglas
del control de esas sinergias y el reparto de cargas que conlleve, porque, casi
siempre les toca ser meros currantes en los tramos últimos del reparto de
beneficios del trabajo, y mucho más ante imponderables como una pandemia o, de
añadido, una guerra de otros congéneres. Suelen denominarse genéricamente progresistas, aunque su gama de tendencias
es prolífica, dada la movilidad de ideas con que suelen afrontar el entendimiento del “progreso”, “cambio” o
modulación de respuestas a cómo lo
económico afecta a la vida social en la POLIS.
Pues bien, una de las modalidades en que los conservadores son
maestros es en tratar de ocultar esta divisoria real que existe, al menos,
desde el Neolítico. Cualquier lector de libros
de Historia –sean de la tendencia que sean sus neuronas- advierte enseguida
que el conflicto es como un gen de la humanidad y, si se adentra en los
vericuetos de esa área de conocimiento, también advierte que hay un afán de
ocultarlo, censurándolo cuando no
coincida con una imagen superior de algunos seres humanos. De saberse motivos, causas y secuencias de
muchos conflictos, podría cundir el afán de imitación para pelear por poner
racionalidad en los problemas que tenemos. Y no es exactamente eso, sino el
conformismo con lo que dicte un salvador
de la patria lo que, desde Cicerón y Valerio Máximo, se espera de la Historia como “magistra vitae” (maestra a imitar).
La Gallina ciega
Esta idea, tan incrustada en el conservadurismo –procedente del
contagio con la Historia sagrada, que enseñaba el nacionalcatolicismo-, lleva
en este momento a algunos políticos con mano en la educación de los españoles –en
Madrid, Murcia, Castilla-León y Andalucía- a manipular la Historia que tiene sentido conocer. Según dicen, eso
es “adoctrinamiento” e “ideología”, y que tienen que “defenderse” con un
currículum en que los puntos calientes de los problemas actuales se ocultan,
mientras procuran que se olviden los acontecimientos del pasado, indeseables
para todos, son aleccionadores en este presente incierto.
El sofisma de sus alegaciones se completa con otra amnesia inducida. Por arte de
birlibirloque, olvidan que se repiten y que han apostado por esto siempre, como
si a a base de culpar a sus adversarios
de descontrol, pudieran proponerse a sí mismos como salvadores de una humanidad
en que no hubiera manera de erradicar el mal. Del bien que atesoran, no cuentan
cómo era el currículum de la Historia que impusieron desde aquella Historia
de España contada con sencillez, de José Mª Pemán (Cádiz:
Escélicer,1939), o la que el Instituto de España impuso como modelo ese mismo
año. Evidentemente, estos no estaban allí, son demasiado jóvenes, pero sí que
es raro que no se acuerden del provecho que le sacó Esperanza Aguirre a finales de los noventa a su argucia de unas Humanidades,
infumables, sin embargo, desde el valor histórico de este término…. No
se acuerdan delo que no quieren acordarse, porque lo único que les interesa es
la rentabilidad privilegiada que les genera la ignorancia; les va bien, como
escribiera Max Aub, hacer jugar a todos a La Gallina ciega.
9 de junio de 2022 10:53h (Actualizado el 10/06/2022 18:39h)
Más de una semana después de que la Comunidad de Madrid señalase a los libros de texto para el próximo curso escolar por adoctrinamiento, Isabel Díaz Ayuso ha tenido que asumir este jueves que “la Inspección Educativa no ha detectado nada relevante en la revisión que ha efectuado de 180 libros”. Con esta frase ha respondido a la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea, Carolina Alonso, que le había preguntado si “de verdad cree que hay un problema de sectarismo o si es una estrategia que se ha montado para que no hablemos de su pésima gestión”.
El pasado miércoles, Ayuso aseguró que su Gobierno “va a trabajar para acabar con el entrenamiento (en el ”sanchismo“) que pretende el Ministerio de Educación hacia todos los niños, especialmente, como hemos visto en estos días, con los libros de texto”. En ese trabajo, el Ejecutivo regional incluía un plan especial para que la Inspección Educativa revisase esos contenidos, una competencia que, de hecho, tienen, y que en esta ocasión ha arrojado un resultado diferente a lo que la propia presidenta y varios de sus consejeros llevan días señalando: no se ha encontrado “nada relevante”.
Como había indicado la Comunidad de Madrid, “el servicio de Inspección Educativa madrileño revisará los nuevos libros de textos a través de un plan especial, ya que su supervisión y la de otros materiales curriculares es competencia de las administraciones educativas, que deben velar por el respeto a los principios y valores de la Constitución y lo dispuesto en la ley”. Un respeto a los principios y valores constitucionales que, en esos 180 libros inspeccionados, no se vulnera, pese a los descalificativos que han sufrido los textos en los últimos días. El propio consejero de Educación y portavoz del ejecutivo regional, Enrique Ossorio, leyó en plena rueda de prensa varios contenidos de esos borradores cuya responsabilidad atribuyó al “bodrio” de la reforma educativa.
Mientras la Comunidad continúa con su guerra de recursos y contra-decretos contra la reforma educativa estatal, la Lomloe, la Inspección Educativa desactiva uno de los ejes del debate que ha planteado Ayuso en base a unos libros de texto que, como reconoció la propia presidenta este mismo miércoles había conocido “a raíz de lo publicado en lo medios de comunicación”. De hecho, la Asociación de Editores de Libros y Contenidos Educativos (ANELE) señaló hace unos días que “los libros de texto presentados en los últimos días en los medios de comunicación son prototipos que aún están sujetos a cambios”.
Tras la respuesta de la presidenta este jueves en la Cámara regional, Alonso ha concluido que “entonces está reconociendo que es otra cortina de humo más”. “¿Sabe lo que es adoctrinar? Sacar a todos los niños al patio de un colegio para que aplaudan al señor Almeida”, ha acusado la co-portavoz de Unidas Podemos, que ha asegurado que Ayuso “ha puesto en pie de guerra a editores, libreros, profesores y a toda la comunidad educativa porque no están de acuerdo con que se intervenga la educación pública”.
Durante su intervención, Alonso ha acusado también a Esperanza Aguirre de intervenir la educación. “En sus libros de texto se señalaban como tres hechos históricos a Bonaparte, la Guerra Civil y Esperanza Aguirre”, ha dicho. Y ha elevado el tono afirmando que: “Si la tienen que estudiar a usted los estudiantes madrileños la van a estudiar por haber convertido a enfermeras en médicos para tapar el colapso de la sanidad, por haber firmado unos protocolos de la vergüenza que han condenado a 7.000 personas mayores y porque tiene un concepto de la educación que se parece más al de la Alemania nazi que al que se presupone de una democracia consolidada”.
“En este pleno ya me han relacionado con los nazis, con Putin y con que fomento las violaciones, lo que demuestra que hemos tocado mucha la tecla y es muy importante lo que estamos haciendo con la educación”, ha afirmado Ayuso, que acusó al Ejecutivo de Sánchez de haber aprobado una reforma educativa en la que “no hay consenso”. “Nosotros no haríamos lo mismo”, aseguró la presidenta, obviando que la reforma educativa de Wert se aprobó con el rodillo de la mayoría absoluta de Mariano Rajoy.
“Para mi, sinceramente, lo que sí que es censura es regalar el aprobado, la cultura de los porros o de las pagas. Eso es censurar a las nuevas generaciones las oportunidades y probablemente ustedes quieran cambiar a los romanos por los perroflautas, a los Reyes Católicos por los reyes de Galapagar o el derecho romano por el derecho a la ocupación o las sátiras de Quevedo por las de Echenique”, ha acusado Ayuso.
La Confederación Autonómica de AMPA y AFA de Madrid (CONFAPA) inicia una campaña para que se reclame que la figura de la Coordinación de Bienestar y Protección, que tiene que empezar a implantarse para el curso 22/23, sea contemplada en el Cupo de todos los centros educativos de la Comunidad de Madrid y conforme al artículo 35 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia donde se especifican su funciones, esa responsabilidad sea ocupada por un PTSC.
Para ello, hace un llamamiento a las AMPA y AFA para que, a través de sus representantes en los próximos Consejos Escolares, presenten escritos para su aprobación por estos órganos de representación de toda la Comunidad Educativa reclamando dicho incremento del Cupo.
De la misma manera, han presentado por registro una petición al Consejero de Educación para que esto se realice. En su blog también enlazan con un modelo de petición de inclusión en los órdenes del día de los próximos Consejos Escolares para AMPA y AFA.
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha optado por una solución homeopática, pero reinterpretada a su manera: ingerir en grandes dosis el programa de Vox para dejar a su competidor como una cáscara hueca.
8 JUN 2022
Prueba número 1, libro de texto de editorial Santillana, 4º ESO, página 215: Comprender el presente. Memoria la de guerra civil. Se insta al alumnado a realizar una entrevista a sus familiares directos con la intención de remover el pasado y reabrir viejas heridas.
Prueba número 2, manual de editorial Anaya, 4º ESO, páginas 310 y 311: Hacia la igualdad de género. Doble página de introducción de conceptos sesgados como la brecha salarial , de representación política, académica y científica.
Prueba número 3, libro de editorial Edelvives, 4º ESO, página 277: la agenda globalista y el mantra del cambio climático a toda plana.
Prueba 4, y definitiva: el mismo manual, en portada: collage de indudable influencia soviética en el que figura, de forma destacada, el cartel del célebre agitador bolchevique Alexander Rodchenko y, de forma subliminal, una insignia de los pioneros del Konsomol. ¿Cabe alguna duda más, Señoría, acerca de la voluntad adoctrinadora del currículum y de los libros de texto que de él se derivan?”.
Si la Comunidad de Madrid, como parece pretender, eleva un recurso de amparo ante instancias judiciales superiores para suspender la implantación del currículum de la LOMLOE, quizás debería argumentar qué diferencias insalvables existen entre este y el de la LOMCE. Porque los ejemplos citados proceden de libros de texto que desarrollaron los contenidos de esta última norma, aprobada en 2013 a iniciativa del ministro Juan Ignacio Wert, de infeliz recuerdo, cuando formaba parte de un gobierno encabezado por M. Rajoy —sea quien sea—, presidente del mismo partido en el que milita la señora Díaz Ayuso. Y tendría que justificar por qué entonces estos textos fueron autorizados para su uso en el ámbito educativo que la Comunidad de Madrid gestiona en el ejercicio de sus competencias. Es un suponer…
El soviet de Madridgrado decidió hace mucho lanzarse a la guerra cultural con todas las armas que le brinde cada oportunidad de hacerlo
De no ser así, cabría pensar entonces que nos encontramos ante la enésima maniobra de un sector del Partido Popular que ha decidido erigirse en doble poder, al más puro estilo leninista, y asumir la impugnación total de la política del gobierno central, incluso —si es preciso— en lo tocante a la previsión del tiempo para mañana de la Agencia Estatal de Meteorología.
Es una actitud que no sorprende a nadie. El soviet de Madridgrado decidió hace mucho lanzarse a la guerra cultural con todas las armas que le brinde cada oportunidad de hacerlo. Ello tiene una doble lectura, hacia afuera y hacia adentro del PP. Por una parte, Díaz Ayuso plantea una estrategia de competencia con la ultraderecha distinta a la de otras baronías territoriales. Frente al alineamiento inequívocamente democrático del presidente de Ceuta; la compra de un vicepresidente sin competencias y tres consejeros-florero a cargo del contribuyente por el Maquiavelo de mercadillo de Castilla y León; y la encomienda de Moreno Bonilla a la virgen del Rocío para que no le haga apurar ese cáliz, la presidenta de la Comunidad más libre de España ha optado por una solución homeopática, pero reinterpretada a su manera: ingerir en grandes dosis el programa de Vox para dejar a su competidor como una cáscara hueca.
Los postulados que Díaz Ayuso defiende sin rubor cada vez que comparece en público leyendo con aplicación las fichas que le prepara su think tank, evidencian una concepción de la historia de inconfundibles matices reaccionarios: una sucesión cronológica de episodios que, como decía Marc Bloch respecto a la pedante historia factual francesa del XIX, “suceden porque suceden”, una galería de personajes de referencia —reyes taumaturgos, tullidos heroicos, aventureros inescrupulosos— legatarios de un alma nacional, un Volksgeist, que se remonta a la Prehistoria, una teleología de sacristía según la cual todo ocurrió de la mejor forma posible para conducirnos hasta el aquí y ahora.
Cualquiera que esté mínimamente familiarizado con la historiografía reciente y con lo que se enseña en las aulas no dejará de ruborizarse por semejante retorno a los preceptos de aprendizaje de la Enciclopedia Álvarez
Lo que pretende la amalgama de enemigos de España es recodificar ese espíritu secular de la Patria que dio a luz a héroes y santos. Globalismo, feminismo, multiculturalidad y memoria cívica no son sino cabezas de una hidra que busca subyugar a las nuevas generaciones para desvirtuar la auténtica identidad española, la única que la derecha patrimonializa.
Cualquiera que este mínimamente familiarizado con la historiografía reciente y con lo que se enseña en las aulas no dejará de ruborizarse por semejante retorno a los preceptos de aprendizaje de la Enciclopedia Álvarez y concluirá si no estamos ante la confirmación de la cita de Shakespeare en Macbeth de que “la vida es una historia contada por un necio, llena de ruido y furia”. Pero, para entender esta política gesticulante, hay que atender también a su uso doméstico.
La batalla del currículum y los manuales se disolverá en el olvido en el momento en que surja una nuevo escándalo mediático explotable
Díaz Ayuso y sus suministradores de bronca saben perfectamente que sus apelaciones no tienen recorrido alguno. Ya han sido derrotadas judicialmente las tentativas de enmendar una Ley orgánica mediante una norma autonómica de rango inferior. La batalla del currículum y los manuales se disolverá en el olvido en el momento en que surja una nuevo escándalo mediático explotable. El sentido último de agitar la charca desde Madrid es demostrarle al flamante nuevo presidente del PP que ella tiene agenda propia. Feijóo, recién desembarcado en el ecosistema político madrileño, mantiene aún un cierto nivel de estupor, como el de aquellos emperadores proclamados por las legiones del limes cuando hacían su entrada en la Roma decadente y corrupta del siglo III. Tiene poco margen de tiempo para decidir entre decapitar a su lideresa regional o nombrarla cónsul. Mientras tanto, ella le profesa encendidas muestras de devoción filial. Como Bruto a César.
Artículo de Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es
La Comunidad de Madrid pelea contra el Ejecutivo de Sánchez en todos los frentes educativos: ha hecho una ley específica contra la Lomloe, ha tratado de modificar la forma de evaluar hasta que la Justicia lo suspendió y amenaza con revisar los libros de texto por “adoctrinar”
Primero fue la palabra, declaraciones más o menos agresivas contra el “adoctrinamiento” y la supuesta rebaja de la exigencia. Luego vinieron los hechos: una ley muy específica para defender la concertada por aquí, un decreto para boicotear la Lomloe por allá, una instrucción con el mismo fin por acullá. Ahora, las amenazas: “Vamos a realizar una revisión pormenorizada y urgente de todos los libros en la Comunidad de Madrid (…) y vamos a solicitar la retirada de todos aquellos textos que contengan material sectario”.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha echado al monte de manera definitiva contra el Gobierno de Pedro Sánchez y el Ministerio de Educación de Pilar Alegría. No le está yendo tan bien: hablar puede no tener consecuencias, pero actuar sí. La Justicia ha suspendido de manera cautelar en la última semana un decreto y una instrucción a los centros por invadir competencias del Estado (e ir contra los designios del Ejecutivo plasmados en una ley). Ambos tenían el mismo objetivo: entorpecer la implantación de la conocida como ley Celaá.
Otro frente: los currículos del Ministerio, de los que se dijo que adoctrinan y que se han tratado de enmendar con el desarrollo que debe hacer cada comunidad autónoma (el Gobierno realiza un currículo general con el 60% de los contenidos y a las comunidades les corresponde ampliarlo en el 40% restante).
La Consejería de Educación anunció que había retirado una treintena de conceptos que había incluido el Gobierno en el Bachillerato por adoctrinadores, entre los que se incluyen términos como “ciudadanía resiliente” o “emergencia climática”. “Hay párrafos que yo, como consejero de Educación, no entiendo lo que dicen”, explicó Enrique Ossorio hablando del currículo. Alberto Corsín, investigador en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), replicaba en redes sociales tras el anuncio: “De los 30 conceptos educativos que el Gobierno de Ayuso ha decidido eliminar del currículo de Bachillerato por 'adoctrinadores e ideológicos' he contado al menos 27 que el CSIC identifica entre los 'desafíos científicos' del futuro en sus recientemente publicados Libros Blancos”, escribía en Twitter.
La realidad, por otra parte, es que no se retiraron esos 30 conceptos porque no está en manos de la Comunidad de Madrid cambiar un Real Decreto del Gobierno –la forma legal en que se realizan los currículos educativos–, aunque anunciarlo dé titulares.
Pero el Gobierno regional manda cartas a Europa lamentando la ideologización de los currículos. Kyriakos Tsirimiagos, jefe de unidad en el Comité Europeo de las Regiones, ha tenido que leer una en la que el consejero le explica que “el Gobierno presidido por Pedro Sánchez ha aprobado unos nuevos currículos educativos, de carácter vinculante para las regiones, en los que una parte importante del aprendizaje y la adquisición de competencias ha sido sustituida por la ideología, algo contrario a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Incluso el Consejo de Estado ha cuestionado abiertamente estos currículos por su falta de concreción [esto es cierto, afirmó que eran ”complejos y abstractos“] y por su sesgo ideológico [esto no lo dijo el Consejo], dando la razón a las denuncias que venimos realizando desde la Comunidad de Madrid”. Y eso también da titulares.
Ahora les toca a los libros de texto. En su campaña contra Sánchez, el Gobierno regional ha conseguido enfrentarse con la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (ANELE), a la que también se ha acusado de adoctrinamiento. Ayuso explicó el miércoles que su Gobierno “va a trabajar para acabar con el entrenamiento [en el 'sanchismo'] que pretende el Ministerio de Educación hacia todos los niños, especialmente, como hemos visto en estos días, con los libros de texto” y anunció una orden a la inspección educativa para que retire todos los “que contengan material sectario”.
El Gobierno reaccionó al anuncio de Ayuso explicando lo evidente: los libros los hacen las editoriales en base a los currículos, tanto del Gobierno central como de los autonómicos. Además, la ley ya prevé que las administraciones controlen qué se publica en los libros, precisamente porque no los hacen ellas. Dice el artículo 153 bis de la Lomloe: “La supervisión de los libros de texto y otros materiales curriculares es competencia de las administraciones educativas y constituirá parte del proceso ordinario de inspección que ejerce la Administración educativa sobre la totalidad de elementos que integran el proceso de enseñanza y aprendizaje, que debe velar por el respeto a los principios y valores contenidos en la Constitución y a lo dispuesto en la presente ley”. Qué libros se utilizan en cada clase es una decisión que se toma a nivel colegio, empezando por la opción de si utilizar libros o no, que no son obligatorios.Antes había sido la ley
Tras 20 años sin una ley educativa propia –todo el siglo XXI, no la tiene desde que ostenta las competencias en Educación– o saltándosela para ceder parcelas gratis para levantar colegios privados, el Gobierno regional sintió la necesidad de tener una justo después de que se aprobara la Lomloe. El objetivo de la norma madrileña es blindar la escuela concertada, que veía amenazada por la ley estatal. Así nació la Ley Maestra, que directamente va contra varios preceptos incluidos en la Lomloe de impulso de la escuela pública, pensados para favorecer a la privada sostenida con fondos públicos: en Madrid todos los alumnos “tienen derecho a una plaza escolar sostenida con fondos públicos”, dice el artículo 5 en un sutil pero clave cambio para incluir a la escuela concertada como garante de las plazas escolares, rol que la Lomloe reserva para la escuela pública.
Todo esto –aprobar la Ley Maestra, lanzar y que te suspendan dos normas de desarrollo de la Lomloe, intentar boicotear los currículos del Gobierno, cargar contra la Ley de Universidades y contra los libros de texto– ha ocurrido en cuatro meses. El siguiente frente que se prevé puede ser el Estatuto del docente, tarea en la que está embarcado el Ministerio de Educación. Quedan 17 meses de legislatura.
