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Reproducimos esta entrevista publicada en CTXT.ES a Patricia Villa, maestra rural en Castilla y León
Que el mundo es un lugar ancho lo sabe bien Patricia Villa (Madrid, 1972), maestra rural con el coche siempre en movimiento por esos campos y montañas de Castilla y León. Villaseca de Laciana, Boñar, Olleros de Sabero. Tierras que sienten de cerca la esencia castellana en trance de desaparición. Y sin embargo, esta profesora en educación física mantiene viva la esperanza. Y lo hace por una causa resistente a cualquier tempestad: el valor de sus gentes, de una cultura profunda y un saber enraizado en los viejos conocimientos de la vida. “En la escuela rural, pública, libre y participativa está el germen de la mejor enseñanza”, recita durante la entrevista hasta en tres ocasiones. “Aquí no hay colegios concertados porque no son rentables”, añade.
Durante más de una década, Villa trabajó en centros rurales agrupados de la zona de Ponferrada, aulas unitarias donde conviven niños y niñas de diferentes edades y la naturaleza idílica de los valles de Babia y Laciana. Para ella significaba despertarse a las seis y media de la mañana. A veces, con nieve en el camino. Cien kilómetros de viaje para llegar a Villaseca o a Olleros. Escuelas modélicas enredadas en bosques de la infancia que en algunos casos todavía desprenden los aromas de las viejas minas leonesas clausuradas. “Aprendes de los críos. Ellos te proponen visitar la fuente de no sé qué, o ir a la mina no sé cuál, ya cerrada. Y nos vamos todos juntos, niños, niñas, maestros y maestras. Y por el camino te van contando, mira aquí hay una historia…. Son cosas que han escuchado a los mayores y ellos repiten”, explica. Con sus clases noveladas, Villa revive lo mejor y lo peor de ser maestra en estas pequeñas aldeas. “La escuela rural está vinculada a la tierra. Es todo muy natural y muy agradecido. Todo pivota alrededor de ellas. Por eso, cuando se cierra un centro, el pueblo siente que se muere y la gente se indigna”, lamenta. La maestra también es partícipe de las incertidumbres.
¿Qué diferencias hay entre la escuela rural y la urbana?
En la escuela rural está el germen de la mejor enseñanza. Para empezar, la ratio de alumnos por aula es mucho más pequeña que en la ciudad y puedes atender sus necesidades como lo demandan porque los centros están mejor dotados de material que los urbanos. Y si hablamos de un colegio rural agrupado (CRA), donde hay clases unitarias, verás cómo unos niños aprenden de otros. Yo estuve en uno, en Olleros de Sabero, en la vieja cuenca minera leonesa donde hace 30 años vivía mucha gente pero hoy se ha despoblado por falta de alternativas laborales, pero también porque muchos padres piensan que la educación en las ciudades es mejor para el futuro de sus hijos. Yo no lo creo así. Soy profesora de educación deportiva y puede asegurarte que en el colegio de Boñar (León) contamos con un material para trabajar que en muchos centros de Madrid no lo tienen.
El aprendizaje práctico, la relación con el entorno, ¿es una enseñanza fundamental en la escuela rural?
Claro, claro. Son niños muy vivos, que salen del aula mucho, que conocen muchas plantas y animales porque conviven con ellos. Entienden la ganadería, a las gallinas y a los pájaros. A estos críos no tienes que enseñarles lo que es la comida saludable porque comen sus propias lechugas, lo que dan sus huertos, su leche, sus huevos. Aprenden lo que siempre hicieron sus abuelos. Dar clase en el mismo aula a chicos y chicas con distintas edades, y ver cómo aprenden unos de otros, se ayudan, cooperan, juegan juntos y hasta celebran fiestas preciosas es muy bonito.
Las actividades que se realizan no tienen nada que ver con las que hay en las ciudades, donde muchos padres apuntan a sus hijos para tener tiempo para ellos
La escuela es el lugar en torno al que gira la vida de muchos pueblos.
Es que la escuela rural está vinculada a la tierra. Es todo muy natural y muy agradecido. Es donde se organizan las fiestas y representaciones, muchas relacionadas con las cosechas y la naturaleza. A finales de octubre o principios de noviembre organizamos la fiesta de 'magosto', de la castaña. Los niños y niñas las meten en los tambores viejos de las lavadoras y allí las asan. Es todo un acontecimiento popular. En Boñar, tuvimos un proyecto que consistía en vincular las fiestas con el entorno. Las actividades que se realizan no tienen nada que ver con las que hay en las ciudades, donde muchos padres apuntan a sus hijos a actividades para tener tiempo para ellos. En realidad, son centros de socialización donde se apuntala el valor colectivo. Todo pivota alrededor de ellas. Por eso, cuando se cierra un centro, el pueblo siente que se muere y la gente se indigna.
¿Ha vivido algún cierre?
Uno. Y es tristísimo, aunque en Castilla y León intentan mantenerlos abiertos aun con solo cuatro o cinco alumnos.
¿Recuerda su primer día de trabajo?
Sí, claro. Fue estupendo. Y me sorprendí por la enorme cultura que tienen los chavales y por la rapidez con la que pillan las cosas. Tienen una sabiduría como de personas mayores. Se les nota que pasan muchas horas al día con los abuelos y con los vecinos. Saben cosas sobre las que muchos chicos de su edad que viven en la ciudad no tienen ni idea. En un pueblo todos cuidan de sus pequeños y les transmiten una cultura general muy sabia.
Vaya escuela de la vida para usted, ¿no?
Mucho. Como tienes mucha libertad para realizar actividades fuera del colegio, son ellos los que te hacen rutas y te descubren cosas muy bonitas. Son ellos los que proponen visitar la fuente de no sé qué, o ir a la mina no sé cuál, que ya está cerrada. Y nos vamos todos juntos, niños, niñas, maestros y maestras. Y por el camino te van contando, mira aquí hay una historia…. Son cosas que han escuchado a los mayores y ellos repiten. Aprendes mucho de ellos y eso es muy bonito.
¿Se ha arrepentido alguna vez de haber tomado la decisión de dejar la ciudad?
No, para nada. Nací en Madrid pero tengo ascendencia familiar de León y siempre tuve muy claro que quería volver a esta tierra. Y tuve opciones de trabajar en Madrid porque allí estoy muy bien posicionada en las listas, pero no vuelvo. Aquí estoy muy bien pese a que lo tengo más difícil para trabajar porque soy interina y en Castilla y León piden muchos requisitos que dan puntos para obtener una plaza.
¿No le importa desplazarse todos los días, como ha hecho durante años, a lugares como Villaseca de Laciana, a 100 kilómetros de su casa; o a Boñar, que está a 50 kilómetros?
No, porque soy feliz. Cuando estuve en esos pueblos me levantaba a las seis de la mañana, me montaba en mi Fiat Stylo y a la carretera. Me daba igual que nevara. Iba siempre a trabajar. Bueno, en realidad nos obligaban. En el aula unitaria de Villaseca no faltaba ni un crío. Llegaban con la nieve hasta la cintura. En Boñar era distinto porque venían en autobús desde varios pueblos de los alrededores y cuando nieva, muchos no pueden llegar al colegio y se quedan en casa. Pero los viajes no son tan duros como parece porque el paisaje es muy bonito. Pasas por los valles de Babia y Laciana y se te hace llevadero. Siempre me lo he tomado con filosofía.
¿Y qué desventajas encuentra un maestro rural respecto a lo que puede encontrar en un centro urbano?
A mí me cuesta encontrarlas. Quizá el transporte. No lo digo por el gasto económico sino por la carretera. Ten en cuenta que Castilla y León es muy grande y hay grandes extensiones que están despobladas. En invierno, nieva. La mayoría concursa para trabajar cerca de su casa y en esta comunidad autónoma piden muchos requisitos para obtener plaza. Llevo 12 años de interina y cada año tengo que esperar a ver a dónde me mandan. Imagina que me sale plaza en Palencia. Pues no podría ir cada día desde León sino que tendría que trasladarme a vivir allí. Por el momento he tenido suerte y recorrer 100 kilómetros para llegar al colegio no me supone esfuerzo. Tardaba una hora y cuarto, menos de lo que en Madrid emplea mucha gente para llegar a su puesto de trabajo.
Doce años en la escuela rural dan para mucho.
Bueno, el último año he trabajado en un colegio grande de León. Pero sí, es toda una experiencia. Cuando daba clases en Villaseca de Laciana hasta rompí aguas y casi doy a luz en el colegio. Sería por el estrés y los viajes. No lo sé. El médico ya me había advertido de que tenía que descansar pero coincidió con la evaluación y no quería faltar. Así que tuvimos que ir al médico de Villablino. Allí me preguntaron dónde quería tenerlo, si en Ponferrada o en León, como les dije que en León me dijeron si quería ir en coche o en ambulancia. Yo preferí viajar en coche y allí me metí con la jefa de estudios y el director del centro que estaba de los nervios. Para tranquilizarlo, nos pusimos a hacer la evaluación (risas). Al final todo salió muy bien y dos horas después tuve una hija estupenda.
¿Cree en la educación pública?
Sí, por supuesto. En la que no creo es en la concertada. Pienso que no debería de existir. O pública o privada. Punto. ¿Por qué tengo que pagar con mis impuestos a personas que ejercen de maestros sin opositar? ¿Y quién elige a esas personas para que puedan trabajar? Si es un colegio privado que hagan lo que quieran pero que funcionen así los concertados no lo entiendo. En la escuela rural no existe la educación concertada porque no es rentable y es dónde se ve con claridad que la pública funciona muy bien porque tiene financiación. Soy partidaria de la escuela libre y participativa.
Los mejores resultados en España del Informe internacional para la evaluación de estudiantes (PISA) siempre proceden de las escuelas y los colegios rurales.
Y dentro de España, de Castilla y León. Y dentro de Castilla y León, de la escuela rural.
Son ustedes como Finlandia.
Sí (risas). Son chavales que van bien en el instituto y después en la universidad. Son pocos, les gusta aprender, se ayudan entre ellos y la metodología es buena. Si a eso añadimos que las maestras y maestros también están preparados, pues el resultado tiene que ser positivo. Cuanto más rural, más libertad de cátedra y mejor.
¿Se considera una trabajadora esencial?
Si, por supuesto. Sin educación no hay posibilidad de progresar en este mundo.
La Federación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza de Castilla y León STECyL-i ha denunciado este jueves que las Direcciones Provinciales de Educación de Valladolid y Salamanca han solicitado una serie de documentos para el próximo nombramiento de interinos del curso 2020-21, entre los que figuraba una declaración responsable de disponibilidad de medios mediante la que se pedía al profesorado interino que acreditase "que dispone de los medios informáticos y de conexión a internet adecuados para ejercer la actividad docente no presencial". La Junta de Castilla y León la ha retirado de la web y ha reconocido que se trataba de un "error" y no será necesaria.
Desde el sindicato educativo consideran "lamentable" que se exija para el nombramiento de la vacante obtenida la disponibilidad de medios informáticos propios e incluso de una conexión a internet adecuada, más cuando los miles de interinas que van a acceder a las vacantes en la Comunidad, no conocen si en los centros escolares (urbanos o rurales) se va a disponer de conexión, o si en sus nuevos y futuros domicilios hay fibra óptica o línea adecuada.Documento en el que se exige entregar la declaración responsable.Así, el sindicato reclama que sea la administración educativa la que proporcione el material informático necesario para realizar, en el caso necesario, enseñanza a distancia e ironizan si "lo siguiente será pedir carnet de conducir o coche propio para ejercer la docencia". El sindicato ha reclamado la retirada inmediata de las webs oficiales y del listado de documentos la Declaración, que ha estado subida durante varias horas hasta que la Consejería de Educación la ha eliminado.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León reconoce, en una sentencia pionera, que no dar la posibilidad de titular la ESO a una alumna con discapacidad intelectual supone una vulneración de sus derechos fundamentales.
Irene González Magdaleno tiene síndrome de Down, además de otros problemas de salud asociados (problemas de visión, escoliosis) que elevan su grado de discapacidad por encima del 65%. Pero también, a lo largo de sus 20 años, ha tenido unas ganas enormes de aprender y de vivir, y por eso ha sido siempre una excelente estudiante. Durante toda la escolaridad obligatoria, en Cuéllar (Segovia), casi siempre sacó notables y sobresalientes, pero al acabar 4º de la ESO en su instituto le comunicaron que no iba a graduar. La razón que le dieron: esas buenas notas se debían al hecho de que había cursado algunas asignaturas con adaptaciones curriculares significativas y que, por tanto, no daba el nivel.
Para Irene el título de la ESO no es un capricho ni un trofeo con el que decorar la pared, sino que lo necesita para acceder a la que le gustaría que fuera su próxima etapa formativa, un grado medio de administración. Pero para acceder a un ciclo formativo necesita la ESO y, como no la tiene, ahora mismo está cursando una FP Básica de electricidad, que es la única oferta formativa para esta etapa de formación postobligatoria que tenía a su alcance en Cuéllar. «Este año lo ha cursado todo sin adaptaciones y ha aprobado todas las materias troncales», añade su madre, Chus Magdaleno. Irene sabe que jamás será electricista, pero sigue demostrando que le gusta estudiar. La perversión del sistema
Cuando los padres de Irene supieron de la negativa del centro a concederle el graduado le respondieron lanzándole un órdago: “Si el problema son las adaptaciones curriculares significativas, pues que repita el curso con adaptaciones curriculares no significativas”. Pero la dirección se negó. Entonces la familia recurrió a la dirección provincial de Educación, que avaló la decisión del centro, y a partir de aquí se inició el litigio judicial que la semana pasada desembocó en una sentencia pionera de la sala del contencioso administrativo del TSJ de Castilla y León. Según la sentencia, la decisión de no permitirle realizar la ESO por su cuenta supone una vulneración de los derechos de la estudiante y una discriminación, y el hecho de que las adaptaciones sean un impedimento para obtener el título es una perversión del sistema.
«La Administración –apunta la sentencia 172/2019, de 24 de junio de 2019– al concluir que, pese a que se aprobaron todas las asignaturas con adaptaciones curriculares significativas, no se habían alcanzado las competencias básicas y objetivos de la etapa, convirtiéndose dichas adaptaciones, al no haberse permitido la renuncia a las mismas, en un obstáculo o limitación para dicha titulación, es por lo que dichas adaptaciones han venido a significar de facto una discriminación que ha impedido a la alumna alcanzar los objetivos y la titulación correspondiente a dicha etapa, por lo que se ha de convenir que con ello se provocan unos efectos perversos de las citadas adaptaciones curriculares que se han convertido no en una medida para obtener una educación inclusiva».
Así, el tribunal confirma la posición de la fiscalía, que en este asunto se puso del lado de la familia. “La fiscal hizo un informe demoledor, en el que venía a decir que si la permites estudiar con adaptaciones y no titulas, y luego no la permites estudiar sin adaptaciones la estás abocando a un callejón sin salida porque no va a conseguir el título haga lo que haga”, recuerda Magdaleno. Camino del Supremo
¿Significa esto que, según el tribunal, las adaptaciones curriculares no deben ser un impedimento para la titulación?, ¿o significa que la vulneración de derechos se produce solamente porque no se le permite repetir curso sin adaptaciones? “Hemos pedido varias aclaraciones sobre la ejecución de la sentencia, el tribunal confirma que se ha vulnerado un derecho pero no cómo se repara el daño causado”, comenta Magdaleno. Con todo, es bastante probable que el asunto acabe en el Tribunal Supremo, bien sea porque la dirección provincial presente recurso o porque lo haga la familia, puesto que había pedido que el tribunal se pronunciase directamente a favor de la concesión del título y en este punto falla en su contra.
La sentencia establece que la resolución de la Consejería no es conforme a derecho, por vulneración del derecho fundamental a la educación en igualdad de condiciones, pero la pretensión última de Magdaleno es que la Justicia reconozca sin ambages lo que establece el artículo 22.7 de la Ley Orgánica de Educación (LOE), y que sigue vigente ya que no fue derogado por la LOMCE: “Las medidas de atención a la diversidad que adopten los centros estarán orientadas a la consecución de los objetivos de la educación secundaria obligatoria por parte de todo su alumnado y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente”.
La advertencia de Naciones Unidas
De hecho, uno de los puntos del informe elaborado hace un par de años por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, en relación al cumplimiento por parte de España de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, era precisamente el de la titulación. Entre muchas otras críticas y aspectos que mejorar, el Comité no dudaba en calificar de injusto que en España se permita que muchos alumnos que finalizan la ESO con adaptaciones curriculares “no obtengan la misma titulación que sus compañeros”.
En este sentido, hace unos meses unos padres de Sant Boi (Barcelona) con una problemática similar iniciaron una recogida de firmas a través de change.orgpara que el Gobierno apruebe una legislación que reconozca el título de la ESO adaptado. Llevan casi 140.000 firmas, pero el parón electoral abortó la interlocución que se había abierto con el Ejecutivo a finales de 2018. Según explica Joan Cabezas, el padre promotor de esta iniciativa, en las últimas semanas han recibido una carta del Defensor del Pueblo en la que les confirman que la legislación no prevé este título pero que el Gobierno en funciones prevé una modificación legislativa para hacerlo posible.
“Irene quiere estudiar, le apasiona estudiar y le dedica mucho tiempo”, subraya su madre, Chus Magdaleno. “A pesar de tener una discapacidad –añade–, Irene nunca ha ido a una escuela a calentar la silla, sino que va a aprender, a participar y a convivir, como el resto de los alumnos, y por supuesto a obtener lo mismo que el resto cuando se aprueban unos exámenes”.
“¿O sea que ya puedo estudiar para ser administrativa?”, le preguntó Irene a su madre cuando le explicó que había salido la sentencia. “Todavía no”, le contestó Chus. “Y entonces… ¿de qué me sirve ganar?”.
Castilla y León reparte libros en los colegios en los que se insta a los niños a trabajar desde pequeños para estudiar en “un buen colegio o universidad”
La Consejería de Educación permite a la Fundación María Jesús Soto que coloque 9.000 ejemplares de “Mi primer libro de economía, ahorro e inversión” en todas las bibliotecas de los colegios públicos
“Piensa si los países gobernados por populistas han tenido en cuenta el bienestar de su pueblo y la mejora de su nivel de vida”, dice un ejemplar sobre elecciones y gobierno
A través de los tres personajes de un libro ilustrado (los niños Nico y Carol y su perro Euro), los estudiantes de los colegios públicos de Castilla y León reciben el mensaje de que hay que trabajar con remuneración desde que se es pequeño, porque "es una forma de ahorrar, de invertir incluso, y de tener dinero para estudiar en un buen colegio o universidad”. ‘Mi primer libro de economía, ahorro e inversión’ alienta no sólo el trabajo infantil, también guía políticamente a los escolares.
El desembarco de estos libros en las bibliotecas de los colegios es el resultado de un convenio que la Consejería de Educación firmó el 3 de octubre de 2017 con la Fundación María Jesús Soto, domiciliada en León y que se inscribió en el Registro de Fundaciones de la Junta de Castilla y León apenas un año antes, el 8 de noviembre de 2016. Los otros volúmenes que circulan por las aulas son ‘Mi primer viaje al mundo de la empresa y los emprendedores’ y ‘Mis primeras elecciones: sector público y sistemas de gobierno’. Se han cedido 9.000 ejemplares.
Aunque el convenio fue rubricado por el actual consejero, Fernando Rey, el libro ya contaba con el beneplácito de la Junta de Castilla y León desde su salida a la venta. Cuando se presentó en el Club de la Prensa de la mano de ‘Diario de León’, en 2013, la autora lo hizo de la mano del anterior consejero de Educación Juan José Mateos.
‘Mi primer libro de economía, ahorro e inversión’, prologado por el consejero Fernando Rey, ya cuenta en su primer capítulo con un apartado llamado ‘Primeros trabajos’. “En países como EE UU o Alemania, niños como tú ya tienen su pequeño trabajo y, durante las vacaciones o su tiempo libre, lavan los coches de sus vecinos, pasean perros, cuidan a otros niños más pequeños, etc., a cambio de dinero que muchos deciden ahorrar”. Al abordar el tema del ahorro es cuando en el libro se recuerda que el ahorro puede servir para estudiar “en un bien colegio o una buena universidad”. Y cuando se explica la inflación, da una solución para obtener cosas que son demasiado caras para comprarlas con dinero: “bienvenido sea el trueque”, concluye.
Libro de la Junta de Castilla y León. L. C.
Sobre la inversión, dice que el dinero ahorrado hay que invertirlo “o se lo comerá el monstruo de la inflación”. Si se invierte, asegura, los niños podrían ser dueños de empresas como “Apple, Coca Cola o Walt Disney”. Para explicar los activos financieros pone el ejemplo del trigo, un producto que sirve para fabricar desde pan a pienso para los animales. “Si la producción de trigo es escasa, como es una materia prima muy necesaria, la gente la seguirá comprando cueste lo que cueste y por lo tanto su precio sube. Si la producción de trigo es abundante, hay mucho para vender y la consecuencia es que su precio baja. Pero, si debido a las predicciones meteorológicas sospecho que la producción de trigo podría ser escasa compraré activos que representen el precio del trigo y cuando el precio haya subido los venderé y ganaré mi beneficio”.
Libro de la Junta de Castilla y León. L. C.
En la web de la Fundación Maria Jesús Soto, están las cartas de agradecimiento de la Casa Real, del Papa Benedicto XVI, del que fue presidente del Banco Popular, Angel Ron o de “su Alteza Real, Don Luis Alfonso de Borbón y su esposa Margarita Vargas”. También tuvo el aplauso del entonces jefe del Gabinete de Presidencia en 2013, Jorge Moragas, que transmite a la autora su más “cordial felicitación” por el “importante trabajo dedicado a la formación económica y financiera de los jóvenes que, además de su claridad técnica y pedagógica, hace hincapié en valores fundamentales como la responsabilidad y el esfuerzo”.
El libro ‘Mis primeras elecciones: sector público y sistemas de gobierno’ tampoco tiene desperdicio. El apartado dedicado al ‘populismo’ dice textualmente que se trata de “un estilo de hacer política normalmente basado en mensajes vacíos de contenido, criterio y consecuencias. Una corriente que busca atraer a las masas descontentas, poniéndose en contra de las élites políticas, económicas o culturales establecidas” y pregunta: “ ¿Acaso otras tendencias no buscan el bien de las diferentes clases sociales? ¿Se debe estar en contra de lo establecido pensando que, por sistema, es malo? ¿será mejor lo que está por llegar?”. “Piensa si los países gobernados por populistas han tenido en cuenta el bienestar de su pueblo y la mejora de su nivel de vida”. El mensaje, claramente político, acaba con una pancarta que iguala fanatismo y extremismo, recordando que justifican “cualquier medio para conseguir sus fines, ¡hasta destruir a quienes no comparten sus mismas ideas!”
El Bachillerato Internacional, título de una empresa privada, está siendo sufragado en buena medida por las administraciones, a pesar de los grandes recortes en la pública.
Cuando entras en clase de 1º de Bachillerato Internacional del Instituto Lancia de la ciudad de León, te quedas perplejo. Hay cinco alumnos y alumnas sentados en el aula. Y toda una plantilla de profesorado para dar clases a estos cinco chicos y chicas. La Junta de Castilla y León financia públicamente para que se dé un trato escandalosamente preferente y segregador a una minoría selecta: 5 alumnos y alumnas en una clase en 1º de bachillerato en este instituto público de León. Mientras se ampara en la escasez de población escolar para explicar recortes de profesorado y unidades en la misma provincia.
Cuando otros institutos de su entorno, de la misma ciudad, y con características similares tienen 36 alumnos y alumnas de media por clase en el mismo bachillerato, como el Legio VII; o 35, en el Ordoño II; o 30, el Instituto Padre Isla, ¿cómo es posible que en el Instituto público Lancia haya un bachillerato de una entidad privada, el denominado “bachillerato internacional”, con 5 alumnos y alumnas en 1º y 13 en 2º? ¿Cómo es posible que la Administración educativa esté ampliando sistemáticamente el número de alumnado por aula en todos los centros públicos, para contratar cada vez menos profesorado, mientras que no pone problema alguno en mantener toda una plantilla de profesorado para atender a estos reducidísimos grupos en un bachillerato de una entidad privada, vendiéndolo, eso sí, como “la atención a la diversidad por arriba”, “una formación de excelencia que equipara con algunos centros educativos de elite” y un “prestigio añadido para el instituto, por ser de los pocos centros donde se ofrece este tipo de enseñanza”? Asegurando incluso un “profesorado motivado” (como si el resto del profesorado estuviera desmotivado) y “estable” (cuando cada vez es mayor la precarización del resto).
En una época de recortes y precarización en educación, que el Partido Popular ha vendido como “racionalización” con sus normativas y decretos, donde los centros educativos han sufrido un permanente recorte de profesorado y personal, con 30.000 docentes menos en la pública para una población escolar que ha aumentado, cómo es posible este “extraordinario fenómeno”. Recordando que el reciente Informe de la OCDE para España, denuncia que la Administración educativa destina entre 1.335 y 2.670 euros menos por alumno y año, que la inversión en educación supone solo un 8% del gasto público total, frente al 11% de media de la mayoría de esos países y que, en términos de PIB, se ha recortado hasta el actual 4% (7.000 millones menos), una inversión muy por debajo de la media de los países de la OCDE, el 5,3%. Sabiendo además que el Gobierno del PP se ha comprometido con la Troika a que no pase del 3,8% del PIB en 2018 y descienda hasta el 3,67% en 2020.
En este contexto de saqueo de la educación pública, la Administración educativa está amparando, financiando y potenciando “islas de élite” para una minoría selecta, pagando a una fundación privada, que se ha instalado y parasita la educación pública sin ningún pudor. Porque no se trata solo de mantener plantillas de profesorado para atender grupos reducidísimos, sino el coste que suponen estos bachilleratos internacionales de una entidad privada para las arcas públicas. Ante la penetración de la empresa privada en lo público, a la Administración educativa no parece importarle saltarse todas las normativas y medidas de recortes que ha impuesto a todos los centros educativos públicos a sangre y fuego, con el fin de que esta empresa privada implante su escandaloso modelo de negocio, que vacía aún más las exiguas arcas públicas de la educación, ya recortadas hasta límites insospechados por las políticas neoliberales pactadas entre PP y PSOE y consagradas con la modificación del artículo 135 de la Constitución. La Organización del Bachillerato Internacional (IBO), fundación privada creada en 1968, con sede en Ginebra (Suiza), por un grupo de familias vinculadas al mundo diplomático y a los organismos internacionales, ha extendido sus redes por toda España.
Los primeros años la mayoría de los colegios que ofertaban el Programa eran centros privados de élite. Cursarlo en el International School of Sotogrande de Cádiz costaba 16.000 euros; en el Aloha College (Marbella, Málaga) 13.670 euros. En Sevilla cursarlo en el IES Martínez Montañés (público) y el San Francisco de Paula costaba entre 11.000 y 12.500 euros, respectivamente. El colegio privado Peñacorada de León también lo implantó hace unos años, pero actualmente se ha deshecho de este programa y habría que preguntarse por qué.
Actualmente casi 100 centros en todas las comunidades –excepto Extremadura, Ceuta y Melilla– ofrecen dicho programa. De los 95 centros que han implantado en España este programa 30 son institutos públicos. Las comunidades con más centros públicos IB son Cataluña y Castilla y León. El Bachillerato Internacional se ha implantado en Primaria (3-12 años), en años intermedios (12-16 años), el Programa de Diploma (16-19 años) y el Certificado de Estudios de Orientación Profesional (16-19 años). Efectivamente, el programa puede comenzarse desde los 3 años, aunque lo más conocido es el programa del Diploma, que corresponde a los dos años de Bachillerato. Publicidad
El coste para el centro escolar, con el fin de poder anunciar que tiene el diploma de esta “marca” es de 8.350 euros anuales, como indica la propia página del IBO (Bachillerato International). A esta cifra, que esta empresa privada cobra a cada centro solo por anunciar que imparte su programa de bachillerato, hay que sumar el coste por alumno o alumna, que suele superar los 1.000 euros (por asignatura, por prueba, por matrícula y alumno, etc.), y el coste de los exámenes externos que es de 588 euros (una vez se finaliza el programa), además de las tasas que cobra la Organización del Bachillerato Internacional. Algunas administraciones educativas, como las de Castilla y León, financian todo el coste. Otras, utilizan un modelo mixto, en los que la Consejería paga el coste del programa y el alumnado paga el coste del examen externo.
El negocio, en todo caso, está asegurado. Porque además de todo lo anterior, la Organización del Bachillerato Internacional, se encarga también de proporcionar y cobrar por una formación específica al profesorado, por elaborar y corregir las pruebas y exámenes, etc. Además, en función de que esta entidad privada es la que otorga el Diploma, fiscaliza y establece una serie de controles sobre los centros y el profesorado de la educación pública, que tiene que dar cuentas a esta fundación privada. Es poner a la educación pública a los pies de la empresa privada, que es quien, en definitiva, acaba planificando, autorizando, exigiendo y evaluando a la comunidad educativa y el funcionamiento del centro.
Lo único que consigue quien cursa el Bachillerato Internacional es obtener un Diploma acreditativo de que ha hecho este programa. Nada más. “Es igual al Bachillerato normal, solo que al final te dan un diploma que solo sirve para eso, para tenerlo enmarcado y decir que hiciste el bachillerato internacional” denunciaba una de las alumnas que lo han cursado.
Porque la supuesta “ventaja” que anuncia permanentemente de que con el BI ya no se tendrá que hacer la prueba de selectividad (EBAU) para acceder a la Universidad es una mentira a medias. Es decir, una “posverdad”, como ahora se denomina. Es cierto, que desde que el PP impuso la LOMCE eliminó la exigencia de realizar simultáneamente los dos bachilleratos (el público y el privado internacional), pues el ministerio de Wert reconoció a esta fundación la equivalencia de este bachillerato en la LOMCE. Por eso actualmente, en teoría, se permite el acceso directo a la Universidad, pero utilizando como nota de acceso la que se haya obtenido en el curso. Esto conlleva mucha “letra pequeña”, que no se suele leer en el contrato, hasta que no se ha terminado y uno se encuentra con la realidad, que suele ser bastante distinta.
La letra pequeña establece que solo se “convalida la fase general de la EBAU” (la nota que se les aplica es la media de las 6 asignaturas del Programa), con lo que tienen que matricularse en la EBAU de la UNED y examinarse de las específicas o convalidar nuevamente la nota que han sacado en el BI en las asignaturas requeridas como específicas, en aquellas universidades que sí permiten específicamente sumar hasta 4 puntos de la fase específica mediante este sistema de acceso. Además, la convalidación, al tener que hacerse con calificaciones traspuestas de la calificación general, no pueden ponderarse para titulaciones que piden notas de corte para acceder a ellas. A esto se suma que los resultados del Diploma no se conocen hasta el 5 de julio, por lo que llegarían muy tarde para solicitar la carrera que se quiere. Por eso la mayoría de los institutos insisten en que “recomendamos a nuestros alumnos que se presenten a la Selectividad”. Es decir, que a efectos prácticos la única supuesta ventaja que les daría este BI se transforma en nada.
Ante tantos requisitos de exigencia, cuya utilidad real en muchos casos no la ven, y ante la presión a la que se ven sometidos, pues la carga académica y lectiva es mucho mayor (40 horas semanales, en vez de las 30 horas normales) y con muchas más horas de laboratorio, etc., muchos estudiantes se echan atrás y abandonan el programa. “El volumen de trabajo acaba siendo agobiante”, confiesa una estudiante. Todavía se recuerda el escándalo en 2010 del Bachillerato Internacional en un centro en Vigo, denunciado ante la Inspección de Educación de Vigo por estudiantes y familias por “maltrato psicológico” continuado. Ante esta situación, algunos centros han empezado a recurrir al chantaje, como nos relataba una familia: “nos presionan amenazándonos de que si abandonaba nos cobrarían el coste de la matrícula que había abonado el centro, que era –nos dijo- de más de 6.000 euros”. Publicidad
Esta escandalosa segregación, con financiación pública, en manos de una entidad privada, no es el modelo de educación pública que debemos defender. Una segregación de excelencia por arriba, como nos dicen, para alumnado con notas medias de notable, y sobresaliente para los que vienen de otro colegio o instituto, supone volver a un modelo de escuela selectiva y segregadora, que instaura una concepción no democrática de la educación, de acuerdo con un enfoque ideológico nefasto para la educación y la sociedad. La selección del alumnado, en cualquiera de sus formas, rompe el equilibrio y la cohesión social, convirtiendo la educación en una lucha por el privilegio de la distinción, olvidando los valores de la pluralidad, la cooperación y solidaridad y su ejercicio en un espacio de diversidad. La obligación de la Administración Pública Educativa es garantizar el éxito escolar de todo el alumnado y no el de unos pocos, no recortando y desasistiendo a la mayoría de los centros públicos, mientras financia con el dinero de todos programas de entidades privadas al servicio de una élite. Más y mejor inversión en la educación pública, dotando a todos los centros de los recursos suficientes y las medidas adecuadas para que todos ellos ofrezcan las máximas oportunidades de cara a que todo el alumnado pueda recibir la mejor educación, especialmente el alumnado que más lo necesita, es lo que debe presidir una política educativa justa.
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Enrique Javier Díez Gutiérrez. Profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de León, Coordinador del Área Federal de Educación de IU y miembro del Foro de Sevilla.
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26 DE MAYO · PÚBLICO
Hoy hemos tenido la reunión típica de fin de curso con el tutor. Soy una madre de una niña de tercero de primaria.
A la mitad de la reunión, nos ha interrumpido el director, para explicarnos que se va a llevar a cabo la prueba de reválida. Su discurso ha comenzado haciendo hincapié, en un tono despectivo, en las comunidades que no acatan este exámen; por supuesto, Castilla y León lo acata, faltaría más, porque Castilla y León es la mejor, y aquí se acata todo, por eso somos la comunidad autónoma europea más despoblada, la que más población ha perdido en la última década y por eso estamos como estamos, aquí atamos los perros con chorizos (pero no con chorizos de comer, con chorizos de los otros).
En este punto, un par de madres, (educadamente y en tono tranquilo) le hemos informado de nuestra intención de objetar y que nuestros hijos no realicen esta prueba. Su reacción inmediata ha sido, a mi entender, desproporcionada. Textualmente nos ha dicho que estábamos reventando la reunión, que veníamos a eso, lo que me ha dejado de piedra. La verdad, no me lo esperaba. Entre las “perlas” que ha soltado, nos ha acusado de utilizar a nuestros hijos políticamente, (sin atender a nuestras razones), dice que le hemos presentado un escrito MUY AGRESIVO en el que atacábamos al Gobierno y a la LOMCE, documento que adjunto, no vaya a ser que no me haya dado yo cuenta y este señor tenga razón, si alguien encuentra agresividad o algún tipo de ataque en él, por favor, que me abra los ojos; este papelito lo facilita la Confederación española de asociaciones de padres y madres de alumnos, no me lo he sacado de la manga. Ha dejado bien claro que nuestros hijos harán el exámen, y que tienen la obligación de firmarlo, que sino contestan a las preguntas tendrán un cero. No sé si se ha liado, o nos ha intentado liar, pero ha dejado caer que se le hará media a los niños con ese cero. Cuando hemos protestado nos ha acusado de no oír bien, que en realidad el cero es para el centro, que es al que estamos perjudicando muchísimo, poniéndonos en contra de los demás padres asistentes a la reunión. Somos el demonio y por nuestra culpa nuestro cole tendrá un cero.
Después de oír su demagogia, su posicionamiento hostil, y como nos ha descrito ante los demás, inventándose nuestra agresividad, como reventamos las reunión, lo malos que somos y como perjudicamos a los pobres niños, además de ser padres desalmados que utilizamos a nuestros hijos para atacar al gobierno, me he sentido como una terrorista que va a hacer explotar el colegio de un momento a otro, y no he dudado en tranquilizarle, aclarándole que solo soy una madre y que no voy armada, que no tengo intención de incendiar el colegio, entre otras cosas porque lo pago con mis impuestos y sería una estupidez por mi parte.
En este punto, he pensado para mí misma que a este señor que me ataca, que se toma atribuciones que no le corresponden, que amenaza con presionar a mi hija de ocho años y obligarla a hacer el exámen diga yo lo que diga, a este, también le pago el sueldo, pero parece ser que de esto el buen señor no se percata. Se lo deben pagar de su bolsillo aquellos a los que defiende tan apasionadamente.
Nuestro delito es salirnos del redil, no digo que con razón, que a lo mejor no la tengo, pero sí digo que tengo derecho a no tener razón; respeto profundamente la decisión de los padres que lleven a sus hijos al exámen, pero parece que yo no tengo derecho a ser respetada.
Paradójicamente, nuestros hijos aprenderán en la escuela pública que las palabras “derechos” o “Democracia” les traerán serios problemas, y que es mejor olvidarlas y dejarlas de lado.
Por desgracia, después de releer este escrito, me doy cuenta de que no es la bendita LOMCE la que me tiene sin dormir. En realidad es el miedo. Después de ver la actitud del director del centro, no tengo ni una millonésima parte de gramo de confianza en él. Sé que va a obligar a mi hija a hacer el exámen, sé que va a darle un disgusto, sé que, como es de lágrima fácil, me la va a hacer llorar. Y además sé que lo va a hacer sin pudor, porque está en poder de la verdad absoluta. El miedo lo tengo también a las represalias, me temo que de una manera u otra las habrá. El miedo no lo tengo por mí, lo tengo por mi hija. El miedo de ver como algunos padres harán que sus hijos hagan la prueba por miedo a las consecuencias si no lo hacen. El miedo que me da llevarla a un centro en el que hay un director del que desconfío, porque como lo lleva todo a lo personal y a lo político, ya nos tiene fichadas. El miedo a ver como nos quedamos mirando como vacas al tren mientras la educación pública agoniza. El miedo a que además estoy indefensa, porque aquellos que deberían defenderme, a los que también les pago el sueldo, son los mismos a los que el director sirve fielmente. Entre unos y otros, lo único que me queda es el miedo.
Espero que, por lo menos, en Panamá tengan el detalle de ponerle a sus escuelas públicas el nombre de algún escritor español.
Jorge Riechmann, Profesor titular de Filosofía Moral y Coordinador del Grupo de Investigación Transdisciplinar sobre Transiciones Socioecológicas de la UAM, nos envía este comunicado:
El pasado mes de julio, el Profesor Dr. José Sarrión Andaluz ha sido despedido de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) bajo mandato del Obispo de Salamanca en su calidad de Gran Canciller de dicha Universidad, como represalia a su participación en organizaciones políticas de izquierdas y movimientos sociales. Este despido es la culminación de un proceso de persecución ideológica desarrollado en el seno de la UPSA, iniciada tras la Huelga General del 29 de Marzo de 2012 en la que el citado Profesor informó al resto de la plantilla de que la Universidad estaba realizando requerimientos ilegales a los empleados que desearan secundar la Huelga. Desde entonces se ha sucedido una cadena de actos de persecución, que han incluido el apartarle de asignaturas que venía impartiendo desde hace años y verter acusaciones sin fundamento desde el Rectorado, todas las cuales tuvieron que ser retiradas de inmediato dada su falta de veracidad.
Finalmente el Obispo de Salamanca ha ordenado el despido, un mes después de que José Sarrión defendiera su Tesis Doctoral “La noción de ciencia en Manuel Sacristán” con Sobresaliente Cum Laude por unanimidad. A pesar de que defender la Tesis antes de julio de 2014 era el requisito que se exigía a todos los profesores para seguir ejerciendo docencia, el momento elegido para el despido ha sido precisamente semanas después de obtener el título de Doctor.
El Obispo de Salamanca, D. Carlos López Hernández, ha reconocido que ha ordenado este despido estrictamente por las convicciones políticas del profesor, quien desde noviembre de 2013 fue elegido miembro del Comité Federal del Partido Comunista de España (PCE). No ha encontrado ninguna causa objetiva en relación con su ejercicio docente o investigador; es más, el Profesor despedido se encuentra, según las valoraciones anónimas realizadas por los alumnos en las evaluaciones del profesorado oficiales de la UPSA, muy por encima de la media de valoración de la Facultad y de la Universidad. La decisión del Obispo se ha basado, según sus propias declaraciones, exclusivamente en su desagrado personal hacia el pensamiento de izquierdas, y en que considera incompatible ocupar cargos de responsabilidad en un partido de izquierdas y el ejercicio de la docencia en dicha Universidad (en cambio, no ve incompatibilidad en lo que respecta a otros partidos como el PP), llegando a reconocer literalmente que se trata de un acto de “legítima discriminación ideológica” (sic).
Los abajo firmantes nos oponemos al despido del Profesor Dr. José Sarrión Andaluz por parte de la Universidad Pontificia de Salamanca por considerarlo un acto de persecución ideológica y defendemos las libertades democráticas en el seno de la Universidad.
Las Marchas de la Dignidad ya están llegando a la Comunidad de Madrid. Un reportero de Salvemostelemadrid ha salido al paso de la columna norte, la que agrupa a personas procedentes de Bilbao, Burgos o La Rioja. Es una de las seis marchas que el sábado 22 confluyen en Madrid capital a fin de exigir soluciones ante el actual momento de emergencia social.
Los convocantes pretenden llenar Madrid de personas en protesta por fenómenos como el creciente desempleo, los desahucios o los recortes económicos y sociales. En su manifiesto, consideran imprescindible la salida del PP del Gobierno.
Hemos hecho lo que sabemos hacer: salir a la calle e informar objetivamente de un acontecimiento importante que se cierne sobre Madrid.
Recorrido de las Marchas por la Comunidad de Madrid con fechas:
La medida del señor Jose Ignacio Wert, actual ministro de Educación, ha levantado ampollas en varios sectores de la sociedad. Analizamos sus propuestas.
E.T/F.García
Caperucita entró en casa de su abuelita, y la saludó. El tijeretazo, escondido bajo un disfraz, le respondió con voz hermosa. Qué ojos más grandes tienes-exclamó la muchacha. Y ahí se rompió el cuento. Y curiosamente, no fue solo Caperucita, Bella ya no podía pagarse los libros, Cenicienta se quedó en casa, porque la subida del iva le hacía muy caro el vestido, y la manzana de Blancanieves se convirtió en cereza.
El día uno de septiembre se inauguran los nuevos recortes, que prácticamente tocan todos los ámbitos de nuestra sociedad, pero el que más ampollas ha levantado ha sido, sin lugar a dudas, el educacional. Se esperan reducir gastos en Castilla y León, con cambios tales como el aumento de alumnos por clase, el aumento de las horas de trabajo del cuerpo docente, aumentar la matrícula de las universidades en unos 500 euros, o la subida del 21% de IVA en los libros. El Ministro de Educación, José Ignacio Wert, califica estas medidas como dolorosas y apoya la idea de que no queda otra a demás de recortar.
La vuelta al cole, un nuevo hándicap.
Algunas familias bercianas han declarado su posición al respecto. En general, la medida les resulta excesiva, siendo de opinión común en todos los casos que no se deberían hacer recortes en educación o sanidad, ya que son los pilares del bienestar de nuestra sociedad. Las medidas tomadas por estas familias han sido simples, comprar los libros antes y deshacerse de los gastos superfluos que se podrían heredar de años anteriores, como mochilas o archivadores nuevos. Algunas de las madres encuestadas han contado que con estos nuevos tijeretazos, se ha visto resentida su economía, y que con ellos, han tenido que cambiar en otras facetas para amoldarse al gasto extra. Hay otras sitios de los que recortar-expresaba una de ellas-y mucho más una subida tan fuerte. Las librerías se expresan
Los sectores más afectados han sido, cómo no, los dueños de pequeñas y medianas librerías, que consideran este reto como un gran riesgo. Algunas de las encuestadas han sido claras: Hemos encargado antes los libros para no tener que subir los precios, pero es un riesgo, ya que podemos no vender todo el stock. La medida les parece excesiva, comprenden los recortes, pero no consideran que cultura sea un lugar apropiado para ellos. No todo es oscuro
Se pretende ahorrar en el nuevo periodo escolar, lo cual beneficiaría a las arcas públicas. Por otro lado, la medida no es permanente, ya que cuando vuelva la bonanza, también volverán los antiguos precios.
La comunidad de Castilla y León sigue manteniendo ciertas becas, aunque también asumen la situación. La directora provincial de Educación, Mercedes Fernández Gordón también ha transmitido en nombre de la Dirección Provincial ha calificado estas modificaciones como ajustes en nuestra provincia, para mejorar la eficiencia de los recursos que se tienen. Se espera al periodo de matriculación de septiembre para calcular el número de interinos que se mantendrán en su puesto, eso sí, no va a variar la organización del curso anterior.
No solo la educación se ve afectada
Con esta nueva medida no solo se ve dañado el sector de la propia educación, sino también la cultura, que será a partir del día uno más cara. Los hermanos Grimm, J.D. Salinger o Goethe también se verán las caras, ya que los libros de texto, el cine, y otras formas de arte serán también parte de la reforma.
Sí, puede que Caperucita caiga en las fauces del lobo, pero ¿quién sabe? Todo cuento tiene un valeroso héroe que aparece en el momento más inesperado. Publicado en elbierzodigital.com
Segovia en Vela nació en una velada organizada en defensa de la educación pública llevada a cabo en la Escuela de Magisterio de Segovia. Desde entonces, ha programado y realizado varias acciones reivindicativas en defensa de la educación pública: cadenas humanas, clases en la calle, minutos de silencio por la universidad pública, concentraciones, performances... La próxima acción convocada es algo diferente: una invitación a leer en silencio en la Plaza Mayor de Segovia. Os mando la convocatoria por si tenéis la oportunidad de pasaros y leer un rato.
Día 1 de junio, a la 1 de la tarde en la Plaza Mayor de Segvia.
Convocatoria "Invitación a la desobediencia":
Asistimos con mucha
inquietud al progresivo desmantelamiento de la educación pública, a ese ataque
sistemático contra el proyecto de la modernidad que permitió que se comenzase a
concretar la aspiración de una sociedad vertebrada por la equidad. Es tan
intensa la campaña de desprestigio de lo público que ya ni somos conscientes de
ella: nos están acostumbrando a considerar la educación como un producto que se
puede comprar y vender como cualquier otro.
Sin pudor, se levantan
nuevas barreras que hacen más difícil que los humildes accedan al conocimiento,
se desprecia a la comunidad universitaria y se burlan del esfuerzo de las
familias. El ministro Wert se preguntaba hace unos días “¿Qué quiere decir no
tener recursos?” Y el mismo se respondía diciendo que las familias no quieren
dedicar esos recursos a las tasas universitarias en detrimento de otras
cuestiones ¿Qué sensibilidad social tienen los que nos mandan?, ¿qué cinismo
gastan aquellos que recortan el presupuesto de Educación en un 22% y nos dicen que
es para mejorar la eficacia del sistema educativo y que ninguna de las medidas
–reducciones importantísimas del profesorado, aumento de las ratios,
eliminación de programas educativos- tiene consecuencia alguna en la calidad de
la educación? ¿Por quién nos han tomado los que dicen apoyar la educación
pública y ceden edificios gratuitamente a la universidad privada o dejan sin
conserjes a los colegios públicos?
Se desprecia a los jóvenes
y se les califica de abúlicos o
indolentes, cuando no de vagos. Nada más injusto con la actual juventud. Hace
más de cien años decía Giner de los Ríos que “se suele oír, con demasiada
frecuencia, que la juventud no es amiga del estudio”. Y ahora, los herederos de
esa caverna rancia dicen que no podemos permitirnos un gasto excesivo en
educación y que estamos subvencionando vagos. Por eso recortarán las becas a la
vez que suben, de manera exponencial, las matrículas universitarias. Si el
poder adquisitivo de las familias humildes va cuesta abajo, pongamos unas
barreras en el acceso a la universidad. Si no tienen pan, que coman pasteles,
que decía la reina María Antonieta cuando el pueblo se manifestaba contra la
pobreza por las calles de París.
El propio Giner escribía:
“espíritus pesimistas…piensan si sería bueno reducir las universidades, y hasta
suprimirlas todas, enviando a un gran número de estudiantes al extranjero; a
los demás a sus casas para tomar oficios manuales y aguardar mejores tiempos,
mayores medios para reorganizarlas…Ningún pueblo moderno parece haber tomado en
serio este camino”. Pues resulta que ahora sí, que los que nos mandan han
elegido esta senda que nos lleva al precipicio. No es extraño que las encuestas
den el suspenso más rotundo al ministro de Educación.
En una situación como esta
la única alternativa es reivindicar la verdadera educación, la que José Luis
Sampedro señala como la formación de seres humanos completos, la que incluye la
formación del pensamiento libre, para que las personas vivan su propia vida y
eviten reproducir lo que otras han pensado por ellas.
Por eso, para decir no a
este camino de desprestigio de lo público y al ataque frontal a la igualdad de
oportunidades, te invitamos a compartir un acto de profunda y radical rebeldía.
El viernes, día 1 de junio, algunas personas que defendemos la educación
pública, vamos a leer en la Plaza Mayor de Segovia. Será un acto de
desobediencia silenciosa a este poder que pretende dinamitar lo público.
Y lo haremos porque somos
conocedores de que leer es uno de los tesoros que proporciona la educación,
porque sabemos que la alfabetización que hoy disfrutamos es un logro de la
escuela pública. Una de las cosas esenciales que proporciona la lectura, ese
regalo educativo, es aprender a pensar, y no hay nada más peligroso para el
poder que un pueblo pensante.
Si quieres participar en
este acto de desobediencia, no tienes más que ponerte la camiseta verde, coger
un libro, llegarte hasta la Plaza Mayor a la una de la tarde y, una vez allí,
sentarte o buscarte algún sitio mínimamente cómodo y comenzar a leer en
silencio. Ayúdanos a convertir el silencio de la lectura en un clamor.
La medida del señor Jose Ignacio Wert, actual ministro de Educación, ha levantado ampollas en varios sectores de la sociedad. Analizamos sus propuestas.