Suma peligrosa (editorial de El País)

Los ajustes no deben impedir que se aborden las carencias del sistema educativo

Mientras algunos indicadores permiten constatar que el ciclo económico está cambiando, los presupuestos del Ministerio de Educación y las diferentes comunidades autónomas para 2014 certifican nuevos recortes. Contando con estas previsiones —aunque el ajuste va a ser menor que en el pasado reciente— las Administraciones con competencias en enseñanza habrán reducido sus presupuestos en 7.298 millones de euros entre 2010 y 2014. Cuando se acaban de conocer los resultados del último Informe PISA, que registran un estancamiento en las pruebas de evaluación de competencias de los estudiantes, un informe sindical eleva hasta el 16,7% la merma de los presupuestos en lo que llevamos de crisis. A la cabeza están Castilla-La Mancha (-31,1%), Cataluña (-24,1%) y Castilla y León (-20,4).

A esto hay que añadir la reducción aplicada por Educación en sus partidas. El conjunto del sistema tiene ahora un 35% menos de recursos que hace 10 años, mientras han aumentado las necesidades por el incremento del número de escolares. En las aulas hay ahora medio millón más de alumnos que en 2009 y por lo menos 20.000 docentes menos. Pese a los anuncios ministeriales sobre aumentos en determinadas partidas y a la previsión de un incremento del 10,5% en becas, la reducción durante la crisis redundará en una pérdida de calidad. Y las consecuencias perdurarán durante años en uno de los facores más sensibles de competitividad de un país, el educativo.

La escasez presupuestaria impide incidir sobre las carencias ya identificadas como las principales causas de los mediocres resultados obtenidos en el Informe PISA. Con medidas, por ejemplo, que mejoren la calidad docente e incentiven la formación continuada del profesorado. O que sirvan para dotar adecuadamente los dispositivos de refuerzo de los alumnos con necesidades especiales. En los últimos años, el sistema educativo español ha recibido un importante contingente de niños extranjeros, muchos de los cuales con carencias de escolarización. En algunos casos ni siquiera conocían la lengua en que se impartían las clases, lo que hace bajar los promedios. La misma falta de recursos afecta a los alumnos con mayores capacidades. El Informe PISA indica que en España no se alcanzan los porcentajes de excelencia que serían esperables, lo cual significa que el sistema es incapaz de hacer aflorar potencialidades que podrían desarrollarse.

En estas circunstancias sería todavía más doloroso que el Gobierno aplicara hasta el final el compromiso asumido en 2012 ante Bruselas de recortar un punto del PIB el presupuesto educativo (del 4,9% al 3,9%), lo que implicaría restar aún otros 2.700 millones de euros. Es indudable que los objetivos de déficit deben ser respetados, pero también lo es que la educación necesita ser preservada porque de ella depende la futura capacidad productiva del país.

Editoriales anteriores

Educación estancada (03/12/2013)

Ocasión perdida (11/10/2013)

Educación versus ajustes (27/09/2013)

Publicado en elpais.com

"Estudiar, más difícil" (Editorial de El País)

Un año después de que entrara en vigor el aumento de tasas en las universidades españolas y se endurecieran los requisitos para acceder y conservar las becas, el resultado no puede ser más preocupante en términos de equidad social. La combinación de ambas medidas hace que a día de hoy sea mucho más difícil para las familias con menor renta enviar a sus hijos a la universidad. Justo cuando las necesidades de ayuda para los estudios aumentan a causa de la crisis, las medidas aplicadas suponen una barrera infranqueable para muchas familias.

Cuando el Gobierno aprobó un incremento de tasas de hasta el 66%, aseguró que no iba a afectar a la equidad porque se compensaría con un sistema de becas para los estudiantes con menos recursos. Algunas comunidades, como Andalucía o Galicia, mantuvieron congeladas las tasas, pero la mayoría aplicó ya el curso pasado importantes incrementos. Cataluña, la comunidad con las tasas más altas, subió las matrículas un 67%, y para este año, pese a que la Generalitat anunció que las congelaría, en la orden emitida aparece un aumento del 84% en las ingenierías, lo que significa que una de cada cuatro carreras casi doblará el coste. Madrid aplicó el año pasado un incremento más moderado, pero el aumento del 20% anunciado para el curso que viene da una subida del 65,6% en dos años.

Estos aumentos, unidos al endurecimiento de los requisitos para disfrutar de una beca que entraron en vigor el curso pasado, han provocado ya las primeras víctimas. Miles de estudiantes han tenido que abandonar los estudios. Las cifras de Madrid son elocuentes. Mientras el número de solicitudes de becas aumentó el curso que ahora termina en 9.000, se concedieron 3.000 menos que el anterior. El número de becas denegadas pasó del 51,9% al 54%. Según estimaciones de este diario, en toda España se han denegado alrededor de 40.000 becas más que el año anterior. Estos datos proyectan una sombra muy seria sobre el proyecto de ley educativa que prepara el ministro José Ignacio Wert, en el que se prevé endurecer todavía más los requisitos para tener una ayuda. Hay que aquilatar bien, a la luz de estos datos, el alcance de la reforma, pues puede suceder que acabe teniendo un impacto muy limitado sobre la mejora del rendimiento académico y, en cambio, tenga consecuencias irreparables sobre la igualdad de oportunidades.

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Regreso al pasado (Editorial de El País)

elpais.com: Regreso al pasado

El Ejecutivo propone una reforma educativa que causa rechazos y no busca el consenso
El ministro de Educación, José Ignacio Wert, desaprovecha la oportunidad de legislar desde la moderación y el consenso, tal y como exigía el ambicioso propósito de reforma de la enseñanza del que partió para corregir los defectos del modelo actual. La reforma que quiere aprobar gracias a la mayoría absoluta indica que, en capítulos destacados, el Gobierno pone su capacidad de iniciativa legislativa al servicio de la Iglesia católica y de sectores radicalizados de la derecha.

Con la nueva ley, la religión católica recupera una posición de privilegio en el sistema educativo al convertirse en materia evaluable en las calificaciones escolares y en los baremos para la obtención de becas. La Iglesia quiere frenar así el declive de su influencia en una sociedad plural y cada vez más secularizada. Se elimina la Educación para la Ciudadanía al tiempo que se crea una materia sobre “valores” de perfiles no definidos. El proyecto de ley refuerza además las posiciones de los centros religiosos concertados, en detrimento de la red pública, y blinda la posibilidad de que se pueda separar a los alumnos por sexo sin que los centros que lo hagan dejen de financiarse con fondos públicos. El propósito que anima al Gobierno queda claro cuando, allí donde la actual normativa indica que el Estado garantizará a los españoles una plaza escolar pública, se limita ahora a garantizar simplemente una plaza.

También recorta la capacidad de decisión de las autonomías al fijar con mayor amplitud las materias troncales, con la idea de reforzar una determinada idea de España en las comunidades con una cultura propia diferenciada. La solución por la que Wert ha optado para garantizar la enseñanza del castellano en Cataluña no solo augura un conflicto con las autoridades catalanas, sino una dificultad de aplicación; porque al garantizar que pagará la escolarización en castellano de los alumnos que lo soliciten en un centro privado, parece ignorar que en la mayoría de los centros privados catalanes la lengua vehicular no es el castellano, sino el catalán.

Con la nueva ley, profesores y padres pierden la capacidad de intervenir en decisiones tan importantes como los presupuestos, el proyecto educativo o el proceso de admisión, pues allí donde hasta ahora tenían una capacidad de voto del 60%, pasan a estar en minoría frente a la Administración. Finalmente, pero no es lo menos importante, con el nuevo sistema de itinerarios en 3º y 4º de la ESO se corre el riesgo de que se instale en la práctica un mecanismo de segregación de los alumnos más desfavorecidos socialmente. La articulación de un potente sistema de formación profesional es, sin duda, una asignatura pendiente desde la Transición: el proyecto del Gobierno proclama su propósito de conseguirlo, pero para ello hace falta algo más que intenciones. La nueva ley, ideologizada en sus postulados, queda ahora confiada al mecanismo de la mayoría absoluta.

Editoriales anteriores:
Incendios educativos (05/12/2012)Curso conflictivo (06/09/2012)

"Discutida reforma" (Editorial de El País)

El Partido Popular ha frenado la primera reprobación presentada contra un ministro del Gobierno de Mariano Rajoy. Los socialistas lograron agitar por un día el Congreso de los Diputados presentando esta moción contra el titular de Educación, José Ignacio Wert, a la que se sumaron la izquierda y los nacionalistas. La oposición, como quedó patente en el debate parlamentario, cree que la reforma educativa de Wert, unida a los recortes presupuestarios, amenaza la calidad de la enseñanza y es una recentralización de la misma al ampliar los temarios comunes para, como el mismo ministro expresó, “españolizar” por ejemplo a los alumnos catalanes.

La mayoría absoluta del PP ha sido suficiente para esquivar una reprobación que, por otra parte, solo tiene carácter simbólico. Sin embargo, tampoco en el partido del Gobierno hay consenso sobre la reforma que plantea el ministro. Son razones distintas a las que esgrime el resto de las formaciones políticas, pero sitúa en una compleja situación política a un ministro que está suscitando rechazo de la comunidad educativa, incluidos los padres de alumnos, que en un decisión sin precedentes se sumaron a la huelga semanas atrás. El PP, a través de sus consejeros de Educación, exige más apoyo a la educación concertada y muestra su preocupación sobre el coste de las reválidas externas que el ministro desea imponer al final de cada etapa educativa. Son críticas —también las de los socialistas— que han movido a Wert a ampliar el margen del debate, lo que es positivo. El problema es que su reforma tal como está planteada no es una ley, como pretende, cuya finalidad esencial sea mejorar la calidad educativa. Algunas propuestas, aunque discutibles, se adaptan a las restricciones presupuestarias —menos profesores, más alumnos por clase y tasas más altas—. Otras, como la subvención a colegios segregados por sexo, el cambio de itinerarios obligando a los alumnos a definirse tempranamente por la FP o la recentralización de temarios tampoco responden a tal fin, sino que, además de estar teñidas de idelogía, amenazan el sistema.

Por lo demás, la no asistencia de Wert al pleno que debatió su reprobación y sus palabras sobre lo aburrido de una votación parlamentaria es un elemento más en su desempeño profesional que no ayuda a reducir la tensión.

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Padres en huelga (editorial de El País)

El sistema educativo prevé gastar cifras similares a 2008 con 800.000 alumnos más

Si hay algo que preocupa a la mayoría de los padres es poder ofrecer a sus hijos una educación de calidad que les prepare para enfrentarse a la vida cuando sean adultos. Los recortes aprobados en los presupuestos educativos —estimados en casi 6.000 millones entre 2010 y 2013— están haciendo mella en las aulas, y eso es algo que las familias acusan rápidamente. Hasta el punto de que los colegios públicos vivieron ayer una situación inédita en España: una huelga de padres en protesta por los recortes y en defensa de un sistema público de calidad.

Pese a los intentos del ministro de Educación, José Ignacio Wert, de argumentar que los recortes no afectan a la calidad de la enseñanza, los padres han visto que el curso comenzaba con menos profesores y más alumnos por clase, cómo desaparecían los profesores de refuerzo y cómo dejaban de cubrirse las bajas por enfermedad. Muchas familias han sufrido también los ajustes en sus propias economías al recortarse drásticamente las ayudas para libros de texto y otras necesidades. El propio ministerio ha reconocido que más de 500.000 alumnos dejarán de recibirlas este curso.

Las cifras globales del presupuesto indican claramente la dimensión del problema. El gasto público para este curso (50.448 millones de euros) es similar al que hubo en 2008, pero en las aulas hay 800.000 alumnos más que entonces. Y aunque el ministro pretenda que los recortes no aumentan la relación de alumnos por clase, sino que la “flexibiliza”, si hay más alumnos y menos profesores el concepto de flexibilidad solo puede ser en este caso al alza.

Los recortes en el sistema público de enseñanza coinciden además con dos fenómenos incipientes, pero significativos, con los que no se contaba y que son una consecuencia directa de la crisis: el retorno a los centros de formación profesional de muchos alumnos que en los años de euforia abandonaron los estudios para trabajar y ahora están en paro; y el trasvase paulatino hacia los centros públicos de alumnos de los centros privados y concertados cuyas familias no pueden seguir soportando, a causa de la crisis, los costes adicionales que se les exige en esos centros.

Este es el panorama que ha llevado a un notable número de padres —las cifras de participación, como es habitual, son dispares— a expresar su malestar dejando de llevar a sus hijos a la escuela. Y la respuesta del ministro ha sido menospreciar sus preocupaciones y tachar a esos padres de irresponsables. Las declaraciones del ministro se convierten con demasiada frecuencia en motivo de alarma. Primero fue displicente con los rectores de las universidades, que le respondieron con un plante; luego se enfrentó con los docentes y ahora acusa a estos padres de exagerar las consecuencias de los recortes y de perjudicar con la protesta a sus propios hijos. De un ministro de Educación se esperan mejores formas.

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Curso conflictivo (Editorial)

Con menos profesores para más alumnos, los recortes afectan a todos los niveles educativos

Más alumnos, menos profesores. Aulas más llenas, claustros disminuidos. Libros de texto y matrículas universitarias que se encarecen, menos ayudas escolares y menos becas. Este es el escenario que la comunidad educativa afronta al comenzar un nuevo curso marcado por los recortes y que se vislumbra conflictivo, pues las restricciones afectan a todos los niveles de la enseñanza. Resulta comprensible el malestar de la comunidad educativa: aunque la mayoría de docentes y familias comprende que la coyuntura exige sacrificios, algunas de las medidas adoptadas tienen un marcado carácter antisocial y afectan a algo que valoran por encima de todo, la calidad de la educación.

Por mucho que pretendan maquillarse, los datos no admiten lecturas benévolas. Por eso puede ser irritante la insistencia de algunos responsables políticos en afirmar que la calidad de la enseñanza no se verá afectada por los recortes. Más horas lectivas para los profesores, más alumnos por clase y menos recursos para atender a los niños con necesidades educativas especiales no pueden sino afectar a esa calidad. La reforma aprobada por el Gobierno abrió la puerta a que las autonomías aumenten la ratio de alumnos por aula, hasta 30 en primaria y 36 en secundaria, y eso es lo que está haciendo la mayoría, con alguna excepción, como la de Andalucía. Decenas de miles de profesores, interinos en su mayoría, se han visto mientras tanto abocados al paro. Y las familias han de soportar una reducción de las ayudas y un incremento en el precio del material escolar por la subida del IVA, que ha pasado del 4% al 21%.

No es mejor la situación en la universidad. La reducción de presupuestos ha mermado las plantillas, especialmente entre los profesores asociados, mientras los alumnos, que hasta ahora sufragaban con sus matrículas el 15% del coste de la enseñanza, aumentarán su contribución hasta el 25%. La tasa de algunos másteres ha subido hasta el 200%. Siempre se había dicho que cualquier aumento de tasas debía ir acompañado, para mantener la equidad, de un aumento de las becas. Pues bien, han aumentado las tasas, pero no las becas. Al contrario, ahora es más difícil conseguirlas, con lo que la universidad resulta ahora menos accesible para los hijos de las familias con menos recursos.

Es lógico que el malestar que generan estas políticas aflore y se exprese. Pero debe hacerlo siempre por cauces pacíficos, de respeto y tolerancia, y no en la forma en que lo hizo un grupo de profesores y alumnos en la apertura del curso de las cinco universidades públicas de Madrid. Se entiende que un recorte de los presupuestos de esas universidades genere protestas, pero estas tienen cauces suficientes para expresarse sin necesidad de interrumpir un acto institucional. Es más: las razones se ven perjudicadas por las malas formas de la protesta. El respeto a la libertad de expresión, una de las bases de la democracia, debe ser una regla de oro en el recinto universitario. Y fuera.

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Desinvertir en educación

No se puede afirmar sin datos 

que el recorte en la enseñanza será neutro para la calidad

Se ha dicho muchas veces que invertir en educación es invertir en futuro. Pues bien, en el enésimo incumplimiento de las promesas electorales del PP a cuenta de la crisis, el recorte de 3.000 millones en educación primaria y secundaria anunciado el lunes por el ministro José Ignacio Wert no solo va a truncar las posibilidades de mejora de las que dependía la capacidad del país para asumir los retos de la sociedad del conocimiento, sino que va a suponer una regresión a parámetros y condiciones que creíamos superados desde hacía mucho tiempo.

Por la forma en que se va a aplicar, el recorte supone, en la práctica, desinvertir gran parte del esfuerzo hecho en los últimos años. El número máximo de alumnos por aula pasará de 27 a 30 en primaria y de 30 a 36 en la secundaria obligatoria; los centros solo podrán pedir un interino para cubrir una baja a partir de 10 días de falta, y se elimina la obligación de ofrecer en cada centro al menos dos de los tres tipos de bachillerato existentes (normalmente se imparten ciencias y letras). Si el recorte va a concretarse, como se ha anunciado, en reducir las plantillas en una cuantía que aún no conocemos, pero que puede ser importante, y en sobrecargar a los docentes con más horas lectivas, más alumnos por clase y la sustitución de sus compañeros enfermos, ¿cómo se puede afirmar, como hizo el ministro, que eso apenas va a afectar a la calidad? Solo hay que acudir a las hemerotecas para comprobar cómo la reducción de esos parámetros y la posibilidad de que los docentes dispongan de más tiempo para actividades de refuerzo y preparación se han presentado por sucesivos Gobiernos de uno y otro color como elementos clave de mejora del sistema. Si ayer eran una mejora, su retirada no puede ser presentada hoy como algo neutro para la calidad.

La crisis obliga, ciertamente, a racionalizar y a tratar de optimizar, con medidas organizativas, los recursos disponibles. Pero no es eso lo que presentó el ministro a los consejeros de Educación, sino un recorte lineal que cada autonomía tendrá que administrar como pueda. La forma en que el ministro anunció a los consejeros el plan, sin un triste documento o una memoria que cuantifique su impacto, puede ser considerada además una falta de respeto en la que nunca debió incurrir el titular de una cartera que se llama Educación.

18-4-12. Editorial de El País.