Mostrando entradas con la etiqueta Ranking. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Ranking. Mostrar todas las entradas

sábado, 4 de mayo de 2024

Comunicado sobre las pruebas de 6º de Primaria y 4° de ESO en la Comunidad de Madrid (Asamblea Marea Verde Madrid. 4-5-2024)


La Comunidad de Madrid vuelve a repetir las pruebas de evaluación externa en los centros educativos de 6º de primaria y 4º de ESO sin justificar una finalidad educativa de las mismas y generando caos y desconcierto por la decisión de hacerlas a última hora, sin comunicación previa.

Para el profesorado estas pruebas además son un sobreesfuerzo, dejando sus clases y su tiempo para ellas y obligando al resto de compañeros a sustituirlos. La corrección de las pruebas recaerá sobre ese mismo profesorado sin ser compensado por las horas extras o el trabajo extra de corrección realizado.

Para la administración se trata de hacer pruebas que penalizan y segregan a centros y alumnado en meras clasificaciones competitivas, en vez de hacer evaluaciones que detecten necesidades educativas y recursos para paliar los problemas que encuentren.

La mera evaluación de los aprendizajes individuales sin contextualizarlos en sus medios sociales y familiares obvia que las familias con menos recursos socioeconómicos tienen más dificultades para desarrollar la educación de sus hijos e hijas en todas sus posibilidades o para abordar los problemas.
Por lo tanto, es fácil saber qué centros pueden arrojar evaluaciones desfavorables y cuáles no. La cuestión, una vez más, es si se trata de mejorar la situación de todo el alumnado de forma equitativa o de aplicar pruebas estandarizadas en “aparente igualdad” a alumnado con profundas desigualdades socioeducativas y de recursos que los colocan indefectiblemente en desventaja en ese tipo de clasificaciones.

Pero a la Comunidad de Madrid no le preocupan las dificultades del alumnado madrileño, sino que promueve esas dificultades especialmente en la Educación Pública creando nuevas normativas que afectan al alumnado con necesidades educativas especiales o restando recursos y profesorado especializado, aumentando las ratios, cerrando plazas en centros públicos o no construyendo centros necesarios. El mismo programa bilingüe, sin evaluar, curiosa paradoja, ha promovido desigualdades y problemas de aprendizaje en alumnado con pocas posibilidades de solventarlas, relegando el castellano en materias formativas en la propia lengua, aunque los centros concertados no tuvieran la obligación de impartirla, otra desigualdad incomprensible con la Educación Pública.

Estas pruebas evalúan al alumnado en determinadas situaciones y solo de aspectos parciales de los objetivos y competencias educativas que no tienen visión global competencial del alumnado, fomentando una forma de trabajo o metodología educativa dirigida a su preparación restando tiempo e interés por diferentes prácticas y homogeneizando la labor pedagógica que abandona la atención a la diversidad y controla la labor del profesorado.

Además estas pruebas derivan de una llamada “Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa” para clasificar, competir y fomentar la diferenciación entre centros con grandes desigualdades sociales y de recursos en donde familias tampoco pueden elegir plazas públicas porque no se crean o se cierran. Sin duda, favorecen a aquellos centros privados y privado-concertados que escolarizan solo a alumnado sin necesidades específicas de apoyo educativo, que en lugar de atender a la diversidad segregan al alumnado madrileño.

Por todo lo expuesto, desde Asamblea Marea Verde manifestamos nuestro firme rechazo a estas pruebas, porque en lugar de servir para formar y mejorar la calidad educativa, solo sirven para competir, segregar y sobrecargar aún más al profesorado y alumnado madrileño. Por el contrario, lo que necesita la comunidad educativa son otras medidas urgentes como la bajada de las horas lectivas, la bajada de ratios, menos burocratización y más recursos para atender a una diversidad olvidada por el gobierno de la comunidad de Madrid.


4 de mayo de 2024

Asamblea Marea Verde Madrid

Comunicado sobre las pruebas de 6º de Primaria y 4° de ESO en la Comunidad de Madrid (Área de Educación Podemos CM. 25-4-2024)

Comunicado sobre las pruebas de 6º de Primaria y 4° de ESO
en la Comunidad de Madrid

Nuevamente vuelven este curso 2023/24 las evaluaciones externas (*1) de los centros educativos de la Comunidad de Madrid.

Y lo hacen sin haber resuelto (ni asomo de voluntad para ello) el problema de las evaluaciones estandarizadas de lápiz y papel, que no tienen en cuenta los contextos concretos donde se desarrollan los aprendizajes, es decir el esfuerzo de los docentes y familias, la variabilidad socioeconómica poblacional y los escasos recursos personales con que cuentan los centros, para atender las muy diversas necesidades educativas del alumnado de nuestra región.

La evaluación es necesaria sin duda y ha de perseguir ante todo mejorar no solo la presencia sino la participación y el éxito en los aprendizajes de todos los alumnos y alumnas, en un proceso continuo de mejora de la inclusión educativa.

Las variables estructurales (excesivas ratios, sobresaturación de horas lectivas que dificultan la coordinación docente, escasos recursos para atender la diversidad funcional de las aulas, el área única de elección de centro, etc.), así como decisiones políticas segregadoras como el bilingüismo y las nuevas normativas, desarrolladas en nuestra comunidad por los actuales gestores a partir de la Ley Maestra, están teniendo consecuencias nefastas en el progreso de la educación en Madrid. Estos aspectos nunca se tienen en cuenta a la hora de evaluar el sistema educativo madrileño.

Desde el Área de Educación de Podemos Comunidad de Madrid siempre nos hemos opuesto a este tipo de pruebas y al uso espurio que se ha hecho de ellas, como la publicación de resultados que sitúan a los centros en torno a un ranking. Estas pruebas generan estereotipos sobre los centros educativos y los contextos en los que se encuentran, sobre las expectativas del alumnado, familias y la elección de itinerarios, situando a los centros en dinámicas de competición opuestas a los fines de una educación para todos y todas.

Estas evaluaciones no aportan además ningún cambio sustancial en la mejora de los procesos educativos, como se ha venido comprobando a lo largo de los años. Ni vienen a corregir desigualdades ni la mejora del sistema educativo, ya que en ningún momento proponen medidas realmente necesarias y efectivas, como incrementar el número de profesionales, reducir ratios para favorecer mayor atención individualizada, compensar con más recursos materiales en contextos más desfavorecidos, o facilitar el desarrollo de prácticas pedagógicas que dan buenos resultados para todo el alumnado, tengan o no necesidades específicas de aprendizaje.

La estandarización y descontextualización de estas pruebas para valorar el rendimiento académico del alumnado sin tener en cuenta su punto de partida, la variedad sociocultural y educativa de los centros, obstaculiza a muchos alumnos y alumnas a la hora de realizarlas. Las competencias evaluadas a través de este tipo de exámenes escritos, no tiene en cuenta una visión global competencial, quedando fuera aspectos educativos muy relevantes para la formación global de una ciudadanía consciente, crítica, solidaria y proactiva, para responder a los desafíos de las sociedades actuales, que aparecen de manera explícita formulados en nuestro marco legislativo estatal de educación (LOMLOE). Tal es el caso de la música, las artes, la convivencia, la autonomía personal, el trabajo en equipo, la educación física o la educación en valores, entre otras.

Estos instrumentos de evaluación condicionan las prácticas escolares, reorientando la metodología y la práctica educativa. Influyen en la temporalidad y selección de contenidos, privilegiando ciertos temas sobre otros, dejando de lado ciertos aprendizajes frente a otros, homogeneizando prácticas docentes, dedicando tiempo al entrenamiento en estos exámenes, con el objetivo de que una mayoría del alumnado supere con éxito dichas pruebas. Esto afecta a la atención a la diversidad de las aulas, escasamente representada en ellas.

Estas pruebas constituyen en sí mismas un instrumento de regulación y control del profesorado, descontextualizando los contenidos curriculares intentando homogeneizar al alumnado, profesorado y a la comunidad educativa, haciéndoles competir por los resultados.

Esta forma de evaluar el sistema educativo atenta contra la inclusión y la equidad. Excluyen a un alumnado diverso funcionalmente, que debería ser foco de mayor atención. Incluso aunque se adopten medidas de adaptación curricular de estos exámenes, en los cómputos globales, determinados resultados no se tienen en cuenta a la hora de establecer medias de cada centro, por lo que esta práctica excluye al alumnado más vulnerable.

No evalúa procesos sino productos. Las evaluaciones han de contemplar el progreso de todos y de todas, especialmente las más vulnerables. Con estas pruebas, algunos centros pueden obtener malos resultados, a pesar de que conocemos que hacen un trabajo espléndido en la atención de la diversidad e inclusión. Salen mal en esa foto.

Las escuelas han de avanzar hacia mayores niveles de inclusión, pero también promoviendo aprendizajes para formar sociedades más inclusivas.

La resolución por la que se dictan las instrucciones de estas pruebas, vuelve a cometer los mismos errores que en ocasiones pasadas, lo que lleva a pensar que se trata de una intención deliberada, que parte de concepciones erróneas e ideologizadas sobre la evaluación como diagnóstico, poniendo una vez más el énfasis en determinados conocimientos a transmitir y evaluar.

Así pues, rechazamos esta supuesta evaluación porque:
  • No es más que un etiquetaje y calificación de centros con la más que probable comparación entre ellos y el grave riesgo de que vuelvan a aparecer listados clasificatorios, como si de una competición se tratara.
  • Estas pruebas no son necesarias, ni van dirigidas a la mejora de la calidad, de la equidad y de la excelencia (no sabemos de quienes) como falazmente señala en su justificación la resolución.
  • Es falso que contribuya a detectar los factores que afectan a las trayectorias y al rendimiento del alumnado (ni siquiera lo plantean) y tampoco sirven para identificar las causas de los resultados como pretenciosamente señala la resolución.
  • Es segregadora, excluyente del alumnado más vulnerable y deja en manos de los centros las medidas y propuestas de mejora. El apoyo por parte de la administración educativa a la mejora de los procesos de aprendizaje y la posible provisión de recursos para atender un alumnado heterogéneo ni están ni ya se las espera.
  • Consideramos que hay otras herramientas de investigación y diagnóstico, complementarias en sí mismas, que pueden contribuir a esclarecer dificultades y líneas de actuación de apoyo decidido a los centros y a los procesos educativos, respetando la iniciativa y autonomía de los propios centros.
  • No cuentan ni han contado nunca con la opinión de los docentes, las familias y el propio alumnado.
  • Son sólo un paripé, una impostura de propaganda, a la que nos tienen desafortunadamente ya acostumbradas, desviando la atención de las necesidades educativas reales de los centros y del alumnado.
En Podemos Comunidad de Madrid entendemos que la función evaluadora es algo más que calificar y forma parte de un proceso reflexivo compartido y participativo, cuya finalidad última ha de ser construir comunidades cohesionadas e inclusivas.

Por todo ello:
  • Compartimos las reticencias y el rechazo de Marea Verde, de diversos colectivos, organizaciones y plataformas vinculadas a la Educación Pública y entendemos, por tanto, la desconfianza que dichas pruebas suscitan en la comunidad educativa.
  • Respaldamos cualquier intervención evaluadora de diagnóstico, dirigida a identificar problemas y encontrar soluciones.
  • Apoyamos y apoyaremos cualquier iniciativa dirigida a rechazar este tipo de pruebas.

25 de abril de 2024

Área de Educación de Podemos Comunidad de Madrid



Puedes descargar el comunicado en este enlace.

Fuente: areaeducacionpodemoscmadrid.blogspot.com

Entradas relacionadas:

¡¡No a las “Pruebas Externas”!! ¡¡No a la segregación!! (Comunicado de CGT)


domingo, 26 de abril de 2020

"Educación lenta: menos, es más" (Enrique Díez para ELDIARIODELAEDUCACION.COM)

Reproducimos este artículo de ELDIARIODELAEDUCACION.COM

En este tiempo de coronavirus y encierro, en donde a veces parece como si “perder clases”, en estos meses de estado de alarma, implicara que nos estamos jugando el futuro educativo de las próximas generaciones, quizás sea el momento para retomar y replantearnos un modelo de “educación lenta”.

Entroncada con la filosofía del decrecimiento se plantea la slow education (1). Una filosofía de la educación donde se prima el proceso de aprendizaje, se centra el esfuerzo en facilitar las estrategias para la reflexión crítica, el análisis en profundidad y se tienen en cuenta los distintos ritmos de maduración; frente al modelo tradicional de primar los resultados, memorizar para continuos exámenes y avanzar en el temario acumulando contenidos.

La educación es un proceso a largo plazo. Los autores de Elogio de la educación lenta (Joan Doménech) o La pedagogía del caracol (Gianfranco Zavalloni), nos recuerdan la imperiosa necesidad de parar los pies a las prisas y la intensificación del trabajo, a las presiones y el estrés, que son contraproducentes para cualquier proceso de aprendizaje en profundidad. Nos piden recuperar el tiempo de aprender con profundidad y con sentido, retomar un ritmo más pausado de aprendizaje. Sobre todo, en un momento de crisis como éste, donde el alumnado quizá necesita mucho más del acompañamiento y el cuidado, y la posibilidad de reflexionar sobre la experiencia que están viviendo, cómo le ha impactado a cada uno, a sus familias, a su entorno y a su barrio o su pueblo. Y los adultos debemos aprender a “perder el tiempo” en escucharles y acompañarles.

Más contenidos no es sinónimo de mejor educación. Por eso debemos cuestionar la intensificación del trabajo escolar. Desocupar el tiempo de tantos deberes (las investigaciones señalan que hacer más deberes no necesariamente mejora el rendimiento académico) y actividades a veces repetitivas, en bastantes casos ligadas a contenidos y conocimientos desvinculados y fragmentados, que provocan aprendizajes efímeros. Replantear el currículum sobrecargado de temas y contenidos, para centrarse en lo realmente sustantivo, los aprendizajes comunes y básicos que realmente deben ser comprendidos y adquiridos por todo el alumnado. Haciendo una propuesta con sentido común, frente a esta ola, cada vez más acuciante, de teaching for test, que exige centrar la docencia en la preparación y “entrenamiento” para superar reválidas, exámenes y evaluaciones estandarizadas y obtener resultados que sitúen al centro en lo alto de los rankings escolares.

Quizás, entonces, se podría tener tiempo para trabajar más reposadamente, más profundamente, destinando tiempo a la reflexión, a la lectura, a la contemplación, al disfrute, a la relación. Para organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje adecuado a los ritmos de un alumnado diverso, pudiendo llevar a cabo una auténtica “educación lenta y serena”, que cuestione la cultura de la cantidad y de la acumulación. Disfrutar de un tiempo pausado y sensible en el que más que aprendan muchas cosas, las aprendan bien.

También para reconquistar el tiempo personal, y poder dedicarlo a otras actividades, que implican no solo aprendizajes valiosos sino que nos ayudan a realizarnos: la solidaridad con los vecinos y vecinas que no pueden salir de casa, el desarrollo del lenguaje y la comunicación con quienes viven el confinamiento solos, recuperar los espacios del hogar como áreas de experimentación “científica” (cocina, plancha, lavadora) y compartir las tareas de forma igualitaria, analizar la realidad que están viviendo y las noticias que ven, el desarrollo de actividades culturales (estos días a distancia), el compromiso con los movimientos sociales (en las redes durante este confinamiento), o incluso simplemente “mirar por la ventana y ver las nubes en el cielo”, como dice Zavalloni.

Menos, es más, nos dice la educación lenta. Por eso, para poder llevar a cabo una educación lenta, más reposada, más inclusiva, donde se pueda personalizar más el proceso de aprendizaje, garantizando un currículo común, y sea posible atender más a la diversidad de forma inclusiva, es necesaria menos ratio, menos número de alumnado por profesor. Tras una larga etapa de recortes de profesorado y de sus condiciones laborales y profesionales, es el momento para apostar de forma decidida por un modelo de educación pública inclusiva y lenta, con los recursos suficientes para que éste modelo se pueda llevar a cabo.

Debemos aprender de este tiempo de crisis. No solo aprender que hemos de educar y apostar socialmente por el apoyo mutuo, el valor de lo común, de la solidaridad y los cuidados, frente al dogma neoliberal del capitalismo. Ciertamente es crucial aprender que el capitalismo neoliberal es la pandemia subyacente que hemos de superar, como explican los filósofos Slavoj Zizek, Byung-Chul Han o el pedagogo Henry Giroux, analizando su ideología virulenta de competitividad extrema y egoísmo irracional. Pero, si realmente no queremos que nadie quede atrás, también en educación, debemos aprender también de la experiencia educativa que hemos vivido en esta crisis del coronavirus.

Franco «Bifo» Berardi, en su Crónica de la psicodeflación, constata que “podríamos salir de esta situación imaginando una posibilidad que hasta ayer parecía impensable: redistribución del ingreso, reducción del tiempo de trabajo. Igualdad, frugalidad, abandono del paradigma del crecimiento, inversión de energías sociales en investigación, en educación, en salud”. En nuestras manos está.


(1) Maurice Holt fue el principal impulsor de la slow education en Europa, a partir de la publicación, en 2002, de su artículo-manifiesto titulado: It’s Time to Start the Slow School Movement, en la revista Phi Delta Kappan.

Enrique Javier Díez Gutiérrez. Profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de León, miembro del Foro de Sevilla y de Uni-Digna.


domingo, 26 de mayo de 2019

Las universidades privadas en España se centran más en captar alumnos que en desarrollar investigaciones (Daniel Sánchez Caballero para EL DIARIO)

ELDIARIO.ES publica esta noticia

Mucho aprobado, poca investigación. Las universidades privadas en España (muchas de ellas vinculadas a la Iglesia católica) se centran especialmente en enseñanza y aprendizaje (la parte que atañe a los alumnos matriculados), pero se olvidan más de la otra pata que sustenta la esencia universitaria: la investigación y transferencia de conocimiento, según el ranking CyD.

En este estudio, la Fundación CyD (Conocimiento y Democracia) evalúa las principales universidades españolas y su rendimiento en las diferentes actividades que marcan la idiosincrasia de los centros de educación superior. Y una de las conclusiones de los datos da la razón a los críticos con los centros de iniciativa privada, a los que desde algunos sectores se acusa de no invertir en investigación porque no es rentable, conformando una universidad de baja calidad.

El exrector de la Universidad Complutense, Carlos Andradas, lo explicaba así: "La única condición para crear una universidad privada, aparte de unos estándares físicos de espacio, etc., es ofrecer ocho titulaciones oficiales, nada más, sin siquiera especificar si grado o máster. Es una ridiculez. ¿Qué clase de universidad es esa? Nos parece incomprensible que no haya unos requisitos de investigación, etc. Eso es la calidad de un centro".

Calidad escasa

En ese sentido, la mayoría de las universidades de la Iglesia ejemplifica esta situación. El ranking CyD, que incluye información de 12 universidades católicas (la mitad de las 25 privadas analizadas), refleja cómo estos centros destacan en el apartado enseñanza y aprendizaje, pero no lo hacen en los de investigación, transferencia de conocimiento o contribución al desarrollo regional.

El listado establece una serie de indicadores para cada apartado, cada uno de ellos con cuatro posibles clasificaciones: alto rendimiento, intermedio, bajo o sin datos. En el de enseñanza, que tiene 9, se mide por ejemplo la tasa de graduación de grado y máster o la relación entre créditos matriculados y aprobados, entre otras. En la de investigación hay otros 9, que evalúan aspectos como los fondos externos obtenidos para proyectos, las publicaciones por profesor o los postdoctorandos que tiene una universidad.
Así, en el apartado de enseñanza los 12 centros de la Iglesia obtienen un 58% de indicadores de alto rendimiento, un 20% de intermedio y un 21% de bajo. En el apartado de investigación, los porcentajes se invierten: un 18% de alto, un 7% de intermedios, un 44% de bajos y un 29% no tienen datos o no aplica.

Si se comparan estos resultados con los de 12 universidades públicas de mitad de tabla, excluyendo las mejores y las peores, se observa la diferencia entre los modelos. Los centros públicos presentan índices de estudiantes aprobados mucho más bajos, pero de investigación mucho más altos.

En las universidades públicas, el 13% de los indicadores de enseñanza son altos, el 32% medios y el 55% bajos. En la investigación, estos 12 centros presentan un 44% de indicadores de alto rendimiento, un 41% de intermedios, un 13% de bajos y un 2% sin datos.

La explicación que ofrecía Andradas sirve de referencia para entender esta situación. Investigar es caro y, en general, tiene poco retorno económico para las universidades. Obvio que no todos los centros son iguales (ahí están la Universidad de Navarra y la Pontificia de Comillas como excepciones a la norma, ambas privadas y con buenos resultados en investigación), pero cuando los fondos de inversión están entrando en un sector cada vez más rentable no es para meter su dinero en aventuras filantrópicas.

Las universidades de Madrid y el norte, las mejores

El ranking CyD también señala que las mejores universidades de España, o al menos las que tienen mejor rendimiento según sus estándares, están en el norte y en Madrid, en perfecta armonía con las comunidades autónomas más ricas.

Entre las diez que ocupan las primeras posiciones hay cinco catalanas (la Autónoma de Barcelona, la Pompeu Fabra, la Universidad de Barcelona, la Ramón Llull, la Politécnica de Catalunya y la Rovira i Virigili), tres madrileñas (la Autónoma de Madrid, la Pontificia de Comillas y la Carlos III), una vasca (Mondragon Unibertsitatea) y una navarra (la Universidad de Navarra).

Con la misma lógica, los centros con peores resultados se sitúan en las regiones más pobres: Andalucía, Castilla La Mancha, La Rioja (la excepción) y Extremadura cierran por ese orden la tabla.

De todas ellas, la Autónoma de Barcelona es ocupa la primera posición global. El centro en el que más se aprueba es la Universidad de Navarra (privada) y el que menos la Politècnica de Catalunya (pública), mientras que el mejor resultado en investigación lo ofrece la Pompeu Fabra (pública) y el peor lo comparten la Pontificia de Salamanca, la Internacional de Valencia, la Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila, la Internacional Isabel I de Castilla, la Abat Oliba CEU y la Antonio de Nebrija, todas privadas.

domingo, 7 de abril de 2019

COMUNICADO DE ASAMBLEA MAREA VERDE MADRID SOBRE LAS PRUEBAS EXTERNAS LOMCE CURSO 2018-2019


Ante la decisión de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid de realizar las pruebas externas LOMCE para 3º y 6º de Primaria y 4º de la ESO, desde Asamblea Marea Verde Madrid queremos expresar nuestro más absoluto rechazo a estos exámenes externos. 

Gracias a las huelgas y movilizaciones de la Marea Verde en cursos anteriores, se consiguió una victoria, ya que el gobierno retiró los efectos académicos de las reválidas. Pero fue una victoria a medias, porque se dejó a las comunidades autónomas la posibilidad de realizarlas y eso es lo que ha optado por hacer el gobierno del PP en Madrid.

Así, las reválidas serán censales, para todo el alumnado, o muestrales, solo para algunos centros. Este año es muestral en centros seleccionados de las cinco DAT madrileñas, y censal en el resto de la Comunidad; siendo de aplicación externa en los centros pertenecientes a las DAT Este y Oeste y de aplicación interna en el resto de centros de la Comunidad no incluidos en los dos hechos anteriores. Esta arbitrariedad supone otro motivo por el que las pruebas externas no sirven para nada bueno ni para tener datos realmente fiables, si entramos en su lógica.

La cuestión es ¿si no tienen efectos académicos, por qué se realizan estas pruebas? Afirman que es una prueba de diagnóstico. Si así fuera, tendrían sentido a principio de curso, para, localizadas las dificultades, poner los medios para resolverlas. A final de curso solo sirven para seleccionar y segregar al alumnado y para culpar a profesorado y estudiantes de las carencias que se detecten. Carencias que se deben, en todo caso, a los recortes en la atención a la diversidad.

Respecto de las pruebas en sí mismas, resolvemos que no tienen objeto evaluativo, si ese fuera el objetivo de la Consejería. Se pretende mostrar, mediante una única prueba, el nivel formativo del alumnado, sin tener en cuenta que este se debe fundamentar en el progreso de cada alumn@ y se deben considerar los factores socioeconómicos que afectan a su rendimiento. Cualquier tipo de valoración del alumnado debe tener muy presente las diferentes realidades y los puntos de partida desde donde el alumnado comienza su proceso de aprendizaje.

Asimismo, en cuanto a las pruebas de cuarto de ESO, estas reválidas, en palabras de la propia consejería, siguen las pautas del informe PISA, cuyo carácter probatorio de progreso en el proceso de aprendizaje no está en absoluto demostrado. Por otro lado, un curso más la Comunidad Educativa no ha sido debidamente informada ni de los objetivos ni del porqué de esos contenidos con casi la mitad del último trimestre por desarrollar. Simplemente, los centros informan de la obligatoriedad de hacer las pruebas, sin añadir que eso es así siempre y cuando las alumnas y alumnos acudan al centro.

La administración se debe encargar de primar el concepto de EQUIDAD en sus actuaciones. Ese es el verdadero éxito de un sistema educativo: que tod@s lleguen. Por el contrario estas pruebas no tienen nada que ver con ello y sí con realizar cuantificaciones que no muestran nada más que una foto fija de un momento determinado, que no valora el progreso del alumnado durante todo su proceso de aprendizaje. En vez de construir la Escuela desde la evaluación continua y formativa, se destruye desde la evaluación finalista y punitiva.

Estas pruebas suponen un ejercicio de desprecio para la acción docente. El profesorado se convierte en mero preparador de un examen y se le excluye del supuesto diagnóstico que se dice querer realizar, ya que a ell@s no se les consulta en ningún momento.

En el fondo, las reválidas son consustanciales a la LOMCE y esta exhibe un modelo ideológico de la educación al que no escapan las pruebas externas. Es evidente que el neoliberalismo tiene como objetivo que todo sea bienes sujetos a la lógica del mercado capitalista. Los derechos sociales no escapan a esta pretensión. De hecho, la crisis ha servido como excusa y coartada para desmantelar los derechos que tanto tiempo de lucha nos ha costado conseguir. Los recortes en los servicios sociales básicos (educación, sanidad,…) han estado constantemente en el punto de mira de las políticas neoliberales con el objetivo de sacar tajada de ellos con su privatización. Clientes en vez de usuarios.

Dentro de esta lógica liberal, las pruebas tienen como objetivo incentivar la competencia entre centros, haciendo de ellos una especie de “empresas” dirigidas a la captación de nuevos clientes. La prueba más evidente de ello es la posibilidad de comparar los resultados de estas pruebas en la propia web de la Comunidad de Madrid, con lo que las familias, guiadas por unos resultados que realmente no demuestran la calidad de un centro educativo, se pueden dejar influir a la hora de decidir su elección entre Educación Pública o Privada-Concertada. Es evidente que esta última utiliza estas pruebas como una herramienta más para su promoción entre las familias, preparando a su alumnado para la realización de este examen con el objetivo de sacar mejores resultados, dejando de lado la calidad de la educación que se imparte en sus instalaciones. Y todo esto amparado por la Comunidad de Madrid en su objetivo decidido de favorecerla.

El resultado final es la elaboración de un ranking de centros por el que se pretende, en primer lugar, dar promoción a aquellas empresas educativas, léase privada-concertada, que orientan a este examen todo su currículum con el fin de aparecer en lo más alto y, por lo tanto, tener más visibilidad a la hora de captar clientes, y por otro lado, crear una competencia entre los propios centros públicos por la que ninguno quiere perder alumnado, no sea que las diferentes DAT los señalen como el próximo candidato al cierre.

Frente a la dinámica liberal de la competición, nosotros apostamos por la cooperación. En lugar de competir por el alumnado y por recursos escasos, de manera que unos centros se masifiquen y otros se cierren, nosotros apostamos por la colaboración entre centros, el equilibrio en la escolarización, la atención a la diversidad y la garantía de que cada centro cuente con recursos suficientes en función de sus distintas necesidades.

Ante unas pruebas tan dañinas para el modelo educativo que queremos, afirmamos que sólo cabe el boicot activo. Recordamos que la no asistencia a las pruebas no supone el menor inconveniente en el expediente del alumn@, pues no tiene efectos académicos. Igualmente recomendamos que no se completen los cuestionarios para las familias, ya que serán manejados por la empresa adjudicataria sin que conozcamos su finalidad real. Además, invitamos al profesorado a que secunde las huelgas y se niegue a aplicar y corregir estas pruebas externas, en defensa de la dignidad de su trabajo, como docente perfectamente capacitado para la innovación pedagógica y la evaluación continua de su alumnado.

Por todo ello, hacemos un llamamiento a todas las organizaciones y colectivos educativos, asociaciones de familias, sindicatos, plataformas, a todos los integrantes de la comunidad educativa, para que se sumen al rechazo de estas pruebas impuestas con la LOMCE, bien mediante la objeción familiar, bien mediante las huelgas convocadas. Para la objeción familiar hacemos un llamamiento a la autoorganización de las familias, generando puntos de cuidados al alumnado o actividades para atender las necesidades de conciliación autoorganizados, o en colaboración con asociaciones u otras entidades.

Los integrantes de la Marea Verde, colectivos y organizaciones representantes de la comunidad educativa, seguiremos luchando para lograr con la movilización social y la presión institucional, la inmediata suspensión de las reválidas en Primaria y Secundaria, junto con la definitiva derogación de la LOMCE, la reversión de los recortes y las privatizaciones y la apertura de un verdadero debate social, con protagonismo de la comunidad educativa, para alcanzar un acuerdo por una nueva ley educativa que garantice el pleno derecho a la Educación en España.



¡NO LES DEMOS HERRAMIENTAS PARA SEGUIR ATACANDO LA PÚBLICA!

FRENTE A LAS PRUEBAS EXTERNAS LOMCE, ¡TOD@S A LA HUELGA!


 9 y 10 abril 3º Primaria                 29 y 30 abril 6º Primaria                25 y 26 abril 4º ESO


Entradas relacionadas:

domingo, 11 de febrero de 2018

La segregación escolar o el techo de cristal de los chicos de la clase obrera (Agustín Moreno)

Agustín Moreno nos envía este correo:

Buenos días:
Te mando este artículo donde analizo cómo el sistema educativo en España reproduce el modelo social y se convierte en un espejismo la equidad por las políticas educativas del PP: La segregación escolar o el techo de cristal de los chicos de la clase obrera.

Un abrazo.
Agustín

Artículo de Agustín Moreno publicado en cuartopoder.es
  • «La Comunidad de Madrid es quien más ha impulsado la creación de un sistema de mercado escolar y políticas de selección del alumnado por nivel socioeconómico»
  • «El 80% del alumnado con dificultades se concentra en los centros públicos, que a su vez se han visto sometidos a fuertes recortes de profesorado y de recursos»
  • «Es la escuela pública, de todos y para todos, la que debe articular el sistema educativo y el instrumento más útil para la igualdad y la cohesión social»
Hace poco se ha reeditado un estudio clásico de la sociología de la educación y de la etnografía urbana, Aprendiendo a trabajar, de Paul Willis. Se basa en un seguimiento de jóvenes de familias obreras británicas, en sus dos últimos años de escolarización y al comienzo de su inserción en el mercado laboral. Analiza la resistencia a la escolarización y desmonta el mito neoliberal de que cualquier persona puede alcanzar los sueños que se proponga si se esfuerza, independientemente de su origen social: los chicos de la clase obrera consiguen trabajos de clase obrera. Tiene toda vigencia su conclusión sobre cómo el sistema educativo perpetúa las desiguales relaciones sociales existentes.
Conviene conocer que el sistema educativo inglés y galés es la mezcla de dos sistemas: a) el tripartito de la ley de 1944, que establece tres tipos de escuelas: para alumnado aventajado orientado a las carreras de letras (grammar schools), a las de ciencias (technical schools) y las secondary schools para los alumnos de menor rendimiento, que es una prolongación de la enseñanza primaria; b) las comprehensive schools, que teniendo a todo el alumnado bajo un mismo techo y con el mismo currículo, le distribuye en grupos homogéneos en función de su rendimiento escolar. ¿A qué nos suena? A la LOMCE, una ley profundamente segregadora (PMAR, FPB, 4º ESO propedéutico con tres itinerarios), que facilita las políticas en este sentido y que consolida los recortes de la inversión educativa.
Lo anterior no es nada comparado con la deriva que ha adquirido nuestro sistema educativo. Una reciente investigación de la Universidad Autónoma de Madrid (PDF) sobre la magnitud de la segregación escolar por nivel socioeconómico en España y sus comunidades autónomas, compara los resultados con los países de la Unión Europea (UE), utilizando los datos PISA2015. Los demoledores resultados indican que España es uno de los países más segregadores de Europa, con cifras muy alejadas de los países de su contexto más cercano. En concreto, España está en sexto lugar, mientras que Reino Unido está vigésima posición y Finlandia en último lugar. Todo es coherente con el primer puesto en desigualdad por renta que tiene España y que ha alarmado a la UE, o con los ocho puntos por encima de la media que tenemos en abandono escolar temprano.
La segregación escolar en las comunidades ofrece resultados extremos. Algunas se encuentran entre las más bajas de Europa (Illes Balears, Galicia y Aragón) y otras como la Comunidad de Madrid con una segregación muy alta, solo superada por Hungría dentro de la UE. Son los lodos de las agresivas políticas del PP de Esperanza Aguirre, González y Cifuentes, favorecedoras de una estrategia donde la educación no persigue la igualdad, sino la desigualdad. El estudio constata la incidencia de las políticas educativas regionales respecto la segregación escolar por los criterios de admisión en los centros, mostrando que el fomento de la educación privada, de la competencia entre centros mediante la publicación de rankings o la creación de un distrito único, configuran sistemas educativos inequitativos que atentan contra la igualdad de oportunidades.
La Comunidad de Madrid es quien más ha impulsado la creación de un sistema de mercado escolar y políticas de selección del alumnado por nivel socioeconómico. Se ha instaurado la libre elección por parte de (algunas) familias y estudiantes a través del establecimiento de un distrito único; se publica un ranking de centros según los resultados de pruebas estandarizadas externas en colegios de educación infantil y primaria e institutos de secundaria; se desarrolla una cuestionada política de creación de centros bilingües que produce procesos de selección del alumnado con más recursos, excluyendo a los que tienen más dificultades. Además, está la apuesta decidida por la educación privada, siendo la Comunidad de Madrid la región de España con más estudiantes matriculados en centros de titularidad privada, aunque esté financiada con dinero público y la llamen concertada; una red privada que basa su oferta en evitar la mezcla social del alumnado, y que busca el negocio económico e ideológico-religioso.
En Vallecas conocemos bien esto y venimos denunciándolo. Sufrimos un proceso de agresión a la escuela pública que se refleja en estos datos: el 80% del alumnado con dificultades se concentra en los centros públicos, que a su vez se han visto sometidos a fuertes recortes de profesorado y de recursos. Este desequilibrio en la escolarización produce guetos en algunos centros públicos.
No se puede esperar ningún cambio desde el poder actual. Cuando Rajoy pide a los españoles que tienen que ahorrar para educación (derecho que debe ser gratuito), nos anuncia que va a seguir con los recortes y el proceso de privatización; que no va a haber equidad educativa en España (dando más a quién más lo necesita) ni igualdad de oportunidades apoyando a quién tiene más capacidad, sino a quien tiene más dinero. Es la decisión política de apostar por escuelas para ricos y escuelas para pobres, como modelo neoliberal educativo que reproduzca fielmente un modelo social injusto por desigual. Brutal.
Esa es, en el fondo, la jugada de la segregación: la reproducción del sistema social y cultural con todas sus desigualdades, como si se tratase de un sistema de castas o estamentos, a pesar de la igualdad teórica que las leyes y la Constitución dicen garantizar. La segregación escolar es un poderoso mecanismo para convertir en un espejismo la igualdad de oportunidades.
La cuestión principal que debe abordar el pacto educativo es si apuesta por la segregación o por la integración. Segregar para perpetuar el sistema social con todas sus desigualdades, o integrar para garantizar más equidad, igualdad de oportunidades y una sociedad más justa. Según la respuesta que dé, será un fracaso o un acierto en términos de futuro para este país. La existencia de ese techo de cristal que produce la segregación escolar para la mayoría de la población de origen socialmente humilde, es el mayor fracaso para una sociedad que aspire a ser de verdad democrática. Es la escuela pública, de todos y para todos, la que debe articular el sistema educativo y el instrumento más útil para la igualdad y la cohesión social.

sábado, 16 de septiembre de 2017

"Y después de los rankings universitarios, ¿qué?" (Alejandro Tiana, para EL DIARIO DE LA EDUCACIÓN)

Reproducimos este artículo publicado en ELDIARIODELAEDUCACION.COM, escrito ppor Alejandro Tiana


Hace un año publicaba un artículo en esta misma página, tras la aparición de las ediciones correspondientes a 2016 de los tres rankings universitarios más populares: Academic Ranking of World Universities (ranking de Sanghai), Times Higher Education World University Rankings y QS World University Rankings. Ahora acaba de publicarse la nueva edición del primero de ellos y han vuelto a reproducirse los debates, los lamentos, los reproches y las justificaciones habituales. Decía entonces que considero importante llevar a cabo un debate riguroso y crítico en torno a los rankings y que aquella no era más que una primera entrega. Así que ahora vuelvo sobre el tema, con el propósito de aportar algunas nuevas reflexiones.

La pregunta que en esta ocasión me inquieta es la que se refiere a qué podemos y debemos hacer una vez que tenemos publicados los rankings. Se supone que son instrumentos que nos aportan información fiable acerca de nuestras universidades, de los que deberíamos poder extraer lecciones y adoptar medidas de mejora. ¿Es así? Para dar respuesta a esta pregunta podemos adoptar una triple perspectiva: individual, institucional y sistémica. Vamos a ello.

Como recordaba hace un año, los rankings nacieron con la intención de proporcionar información a los estudiantes y a sus familias acerca de la calidad de las universidades, a fin de que pudiesen elegir plaza con conocimiento de causa. Pero, aunque esa haya sido su intención primigenia, el objetivo se ha cumplido solo parcialmente. En efecto, la lectura de los rankings se detiene muchas veces en el nivel macroscópico, esto es, en las clasificaciones de las universidades consideradas en su conjunto. Sin embargo, cuando se desciende a la información menos consultada de los rankings, la relativa a las titulaciones que cada una de ellas imparte, se aprecia una notable dispersión de valoraciones. Mientras que algunas titulaciones de una determinada universidad ocupan posiciones destacadas entre sus pares, no sucede lo mismo con otras. La diversidad es la norma. Por lo tanto, la información que suele llegar al gran público (la relativa a las universidades en su conjunto) resulta insuficiente para poder decidir bien. Por otra parte, los indicadores habitualmente utilizados para clasificar a las universidades derivan mayoritariamente de su investigación, incluyendo aspectos como los Premios Nobel recibidos por sus profesores o estudiantes. Pero, ¿es cierto que dicha información sea concluyente? Por ejemplo, saber que determinados científicos fueron docentes o alumnos de determinada universidad, ¿de verdad resulta concluyente para que un estudiante elija estudiar allí? Y por si fuera poco, estos rankings no incluyen apenas indicadores de calidad docente, que es lo que más influye en la formación del alumnado. En suma, si un estudiante se fija en los rankings, lo que más puede determinar su elección es realmente el prestigio, la consideración social que tiene la universidad, lo que resulta ser una información limitada respecto de su calidad real.

Los responsables universitarios también tenemos complicado extraer conclusiones nítidas de la consulta de los rankings para mejorar nuestras universidades individualmente consideradas. En efecto, muchas de las condiciones que determinan nuestra actuación vienen fijadas por normativa externa, por marcos de acción prefijados, por tradiciones arraigadas. ¿Cómo puede, por ejemplo, decidir una universidad pública española contratar a un Premio Nobel como docente, si el sistema de acceso y las condiciones laborales vienen fijadas por normativas estrictas? Es evidente que tenemos margen de mejora, pero no tan amplio como para adoptar por nosotros mismos determinadas acciones, ya que muchas están condicionadas externamente. El margen real de autonomía de las universidades españolas es ciertamente reducido. Entiéndase que con ello no quiero evadir ninguna responsabilidad, pero tampoco asumir las culpas que muchas veces se nos echan encima.

Y en tercer lugar, los rankings son muchas veces considerados radiografías de los sistemas universitarios nacionales, que supuestamente pueden y deben orientar para la mejora colectiva. Este suele ser el enfoque más habitual en muchos comentarios y opiniones expresadas en los medios de comunicación y en las redes sociales. Este año, como en los anteriores, no han faltado análisis que hablan de una situación insostenible, una inercia insalvable, un sistema aquejado de una gangrena que requeriría una actuación quirúrgica. No voy a entrar a debatir sobre si situarse en estos rankings en la novena posición por número de universidades incluidas en el top-800 es un fracaso, cuando España ocupa la posición 14 entre las economías nacionales. Ni seré yo quien niegue la existencia de problemas en nuestras universidades que requieren tratamiento y solución. Se han hecho análisis rigurosos y concienzudos de aquellos y vamos sabiendo por dónde deberíamos avanzar. Y de hecho lo estamos haciendo.

Desgraciadamente, estos análisis precipitados, interesados y falsos, suelen ir acompañados de llamadas a la intervención radical con objeto de promover un cambio profundo e inmediato de modelo. Son cantos de sirena que pueden sonar bien a quienes no hayan reflexionado en profundidad sobre los problemas de la universidad y sus posibles soluciones, pero que inducen a llevar a cabo actuaciones milagrosas… y generalmente equivocadas, que pueden generar más problemas de los que resuelven. Demuestran un desconocimiento grave de las dinámicas de cambio en instituciones y sistemas, que suelen ser reacios al cambio instantáneo. Nos lo ha enseñado la historia de las reformas educativas y de sus fracasos.

Entonces, ¿no se puede hacer nada para mejorar nuestras universidades? Pues claro que se puede. Contamos con buenos diagnósticos, que nos pueden dar pautas sólidas de actuación. Conocemos la etiología de muchos de esos problemas e, incluso, hemos ensayado soluciones. Lo que nos hace falta es, por una parte, la voluntad de buscarles solución, cosa que, aunque algunos lo duden, no falta en nuestros medios universitarios, y por otra parte, aceptar que los cambios no se producen de la mañana a la noche, requieren tiempo, constancia y medios (no solo económicos). Cuando se trata de mejorar sistemas educativos o universitarios avanzados, como son los nuestros, no hay que creer en recetas mágicas, pues no existen. Todos intentamos mejorar a partir de la situación en que estamos. El cambio en este tipo de sistemas o es incremental o no lo será. Personalmente, me adhiero a quienes así piensan.

domingo, 27 de agosto de 2017

¿Le pasa algo a la Universidad española? (Pau Marí-Klose y Juan Ramón Barrada en eldiario.es)

Artículo de Pau Marí-Klose y Juan Ramón Barrada en eldiario.es
  • Si hay un problema en la Universidad española que a nuestro juicio es secundario, es que no tengamos universidades entre las 200 mejores del mundo según el ranking de Shanghai
Pau Marí-Klose / Juan Ramón Barrada

La pregunta es retórica. Obviamente, a la Universidad española le pasan cosas, y muchas merecen atención. La Universidad española adolece de múltiples problemas. Se ha hecho habitual señalar que los más importantes derivan de sus estructuras de gobernanza, que conducen al clientelismo y la endogamia. No seremos nosotros, que alguna vez hemos padecido en carne propia las consecuencias de esas prácticas, quienes quitemos razón a los que lo argumentan.
Pero en el mapa de problemas del sistema universitario español hay muchos otros sobre los que posar la mirada. Hay analistas que apuntan a la falta de recursos para investigar, o para enseñar (grupos-aula demasiado grandes para ofrecer atención personalizada, ausencia de profesores asistentes). Otros observadores destacan la falta de incentivos. La Universidad no atrae talento, claman en algunas banderías. O lo expulsa. O lo quema, asfixiado por la carga de trabajo burocrático. Están los que destacan los graves problemas de dualización laboral de las plantillas, fragmentadas entre profesores estables y bien pagados y otros con carreras laborales precarias. También están los que creen que el problema es la desconexión entre las enseñanzas que los estudiantes reciben en la universidad y las demandas del mercado de trabajo.    
Elijan el relato que quieran, o varios y combínenlos. Elíjanlos todos si quieren, recorten las puntas, salpimenten con anécdotas. Seguro que la radiografía resultante merecerá ser atendida. La Universidad está aquejada de muchos problemas, y son muchas las posibilidades de poner el foco selectivamente en los que más nos perturben o encajen en nuestras premisas ideológicas.
Al ser tantos y tan diversos son en buena medida insolubles de una tacada con reformas, por muy buena intención que tengan los reformadores. Las instituciones siguen inercias, se mueven dentro de la senda, y no se dejan cambiar radicalmente de un día para otro. Los grandes proyectos de transformación son generalmente inviables o provocan efectos colaterales no previstos. Sigamos avanzando incrementalmente.
Pero si hay un problema que a nuestro juicio es secundario es que no tengamos universidades entre las 200 mejores del mundo según el Academic Ranking of World Universities, habitualmente conocido como ranking de Shanghai. No tenerlas significa no incorporar ninguna al selecto club del 2% de mejores universidades en un ranking mundial de aproximadamente 12.000 universidades. Lo consiguió la Universidad de Barcelona en varias ediciones (2014-2016). Ahora la tenemos situada entre el puesto 200 y 500, junto a diez universidades españolas más. No tenerla esta vez entre las 200 primeras no habla peor de nuestro sistema universitario. Simplemente constata, una vez más, que la excelencia mundial quizás no es la mayor virtud del sistema, lo que no resta valor a otros méritos importantes. 
Lo que parece escandalizar sobremanera a algunos es perfectamente explicable. No figuramos en posiciones más selectas en casi ningún ranking sobre asuntos sociales o relativos a la administración pública. Seguramente les vendrán a la cabeza los buenos rendimientos de nuestro sistema sanitario, ampliamente reconocidos. Pues bien, tenemos razones para pensar que es muy bueno, pero según un ranking del CSIC que utiliza metodología parecida al ranking de Shanghai tenemos solo  dos hospitales entre los 200 mejores del mundo, situados en el puesto 169 y 194. Algo mejor que las universidades, pero en el fondo las diferencias parecen bastante pequeñas.
Es importante señalar algunas limitaciones de este ranking que nos pueden ayudar a templar los ánimos sobre la posición de las universidades españolas. Primero de todo, el ranking evalúa resultados de investigación. La dimensión docente, objetivo central de las universidades, queda fuera. En otras palabras, este ranking apenas ofrece información sobre dónde estudiar una carrera. Segundo, el ranking se centra en especializaciones de ciencia y apenas atiende a los resultados investigadores de campos como las humanidades. La mayor parte de las universidades españolas son generalistas, esto es, ofrecen docencia y tienen profesorado que apenas puede aportar en los indicadores contemplados. Tercero, el ranking se construye con indicadores de ‘excelencia extrema’, como artículos en Science o Nature y premios Nobel. Llevado al mundo de los deportes, sería como hacer campeón de liga de baloncesto al equipo que más canastas desde más de diez metros ha sido capaz de encestar.
El ranking de Shanghai está copado por universidades anglosajonas. Muchas de ellas son universidades privadas, que cuentan con un volumen desorbitado de recursos en comparación con los que manejan las universidades españolas. Como recordaba hace unos años en un  artículo de referencia obligada el ex rector de la Universidad Carlos III, Daniel Peña, el ranking lo encabezan universidades de élite norteamericanas (Harvard, Princeton, MIT), que tienen presupuestos de aproximadamente 150.000 euros por estudiante y año. Le siguen las universidades europeas que más invierten, Oxford y Cambridge (50.000), y un elenco de otras universidades que destinan muchos más recursos que la universidad española, cuyo presupuesto se sitúa en torno  a 6.500 euros como promedio por estudiante y año. En los últimos años, con la crisis y las políticas de austeridad, los recursos han tendido a disminuir, y por regla general las universidades mantienen dignamente su posición en el ranking.
Los abultados presupuestos de que disponen las universidades anglosajonas y algunas de otros países les permiten realizar grandes inversiones en investigación (lo que se traduce en publicaciones que contabilizan como puntuaciones en componentes centrales del ranking), fichar a los mejores docentes e investigadores y atraer a estudiantes de todo el mundo que están en condiciones de sufragar sus costosas matrículas (o encuentran patrocinadores que lo hagan). Recordemos que, sin ir más lejos, tenemos instituciones financieras españolas que sufragan la educación de estudiantes españoles en esas universidades a través de becas de excelencia, contribuyendo con ello a ofrecer oportunidades formativas a esos estudiantes brillantes, pero también a inyectar recursos en esos centros educativos que refuerzan sus ventajas comparativas. Nada que objetar, pero es así. Las universidades de élite se benefician claramente del llamado efecto Mateo: el que más tiene más recibe, y al más pobre se le priva de los pocos recursos que tenía.
Nuestro modelo de desarrollo universitario es la materialización de una política de descentralización del país en la que se consagró lo que llamamos despectiva (y probablemente de manera injusta) "café para todos". Las dinámicas a las que conduce este proceso tienen desventajas. Todas las CCAA, e incluso todas las provincias y ciudades medias con alguna ínfula de grandeza, han aspirado a que sus jóvenes dispusieran una universidad o campus "a mano", con multiplicidad de titulaciones, lo que seguramente ha dispersado recursos, ha provocado un posible exceso de oferta y dificultades para responder a estándares de excelencia en todos los lados.
Pero también hay que reconocer que prácticamente todas las CCAA se han esforzado en ofrecer enseñanza más que aceptable en alguna de sus instituciones universitarias. Esto se traduce en una distribución bastante homogénea de buenas universidades por el territorio, lo que garantiza el acceso de segmentos amplios de la juventud al sistema, con efectos seguramente positivos sobre la equidad.
Los análisis cuantitativos no truncados en la cúspide –es decir, que no se limitan a comentar posiciones en el ranking de 200 mejores universidades– revelan rápidamente que el sistema universitario español sale bien parado cuando ampliamos la foto. Como señala el profesor Julio del Corral, España cuenta con 11 universidades en el Top-500 y con 26 universidades (todas públicas) en el Top-800. Es decir, una buena porción de nuestras universidades se encuentran en la fracción del 7% con puntuaciones más altas.
España se sitúa en novena posición en cuanto a número de universidades incluidas en el Top-800, cifra similar a países como Francia, Canadá, Corea del Sur y Australia, todos ellos con renta per cápita superior a la española. Desde este punto de vista, la eficiencia del sistema se sitúa entre las más elevadas del mundo. Es algo que constatan también otros trabajos. España es un país con una amplia oferta de buenas universidades, algo de lo que no pueden presumir precisamente algunos de los países que se cuelan en el Top-200 de Shanghai.
Por otra parte, las informaciones que se ofrecen habitualmente sobre el rankingdescuidan que tenemos universidades excelentes en todos los campos de especialización. La Universidad de Granada se sitúa en la posición 45 en ingeniería, tecnología y ciencias de la computación. La Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de Barcelona y la Universidad de Valencia se encuentran entre las 200 primeras en Ciencias biológicas y agricultura. La Universidad de Barcelona, la Autónoma de Barcelona y la Complutense de Madrid entran entre las 200 mejores en Ciencias médicas y farmacia. La Universidad Pompeu Fabra aparece entre las 100 mejores en Ciencias Sociales. Es decir, la agregación en un ranking sintético invisibiliza la excelencia del sistema, que existe y ofrece a nuestros estudiantes más brillantes posibilidades de formarse en grados y posgrados de centros de primer nivel investigador.
Los rankings –éste y otros– son instrumentos de conocimiento útiles. Pueden ayudar a identificar defectos y alumbrar tendencias, y de este modo orientar nuestras prioridades políticas. Pero suelen también contaminar el debate público de juicios precipitados sobre una realidad que generalmente tiene muchos pliegues. Haríamos flaco favor a nuestras políticas públicas si las diseñáramos a golpe de las "evidencias" que muestra un ranking, olvidando todo aquello que oculta.