La 'vuelta al cole' será presencial: “Es la única manera de garantizar el derecho a la educación y la igualdad” (Marta Borraz para eldiario.es)

Artículo de Marta Borraz para eldiario.es

• Las clases en el aula es la apuesta que el Gobierno y la exigencia de familias y docentes que no han parado de alertar sobre los daños que causa la educación virtual en el alumnado

• — Madrid establece la presencialidad en todas las etapas educativas tras la Navidad

3 de enero de 2022 

Las clases volverán tras las fiestas navideñas el próximo 10 de enero sin cambios de calado. A pesar de generarse cierto debate en los últimos días, el Gobierno y las comunidades se inclinan por no retrasarlo y por garantizar la presencialidad. Es la propuesta que llevarán este martes Sanidad, Educación y Universidades a la reunión con las autonomías para preparar la vuelta al cole y es también la posición a la que finalmente ha virado la Comunidad de Madrid, que amenazó en la última semana con imponer la "semipresencialidad" al alumnado más mayor, lo que ha solivantado a la comunidad educativa. Por su parte, la Región de Murcia, que había dejado en el aire su posición, ha aclarado este lunes que su propuesta es que "se retomen las clases en la fecha prevista".

La decisión definitiva de volver a las aulas de forma presencial en todas las etapas educativas en Madrid la ha tomado este lunes el Gobierno autonómico, solo unos días después de que Isabel Díaz-Ayuso asegurara que no descartaba lo contrario. Ya entonces, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, adelantó que la presencialidad es "es un éxito y es el modelo del Gobierno" aunque la sexta ola esté en pleno ascenso, mientras el Ministerio de Educación advertía de que no abrir las escuelas tendría "mayores inconvenientes que ventajas". Fuentes de Sanidad confirman este lunes que la presencialidad "es la apuesta" del Ejecutivo de Pedro Sánchez, informa Sofía Pérez.

La sola posibilidad de plantear un regreso a las aulas tras la Navidad que no fuera presencial se ha encontrado con la contundente y unánime oposición de la comunidad educativa, que no entiende cómo este podría ser uno de los pocos ámbitos en los que se podrían imponer este tipo de restricciones férreas ante el avance de los contagios. "Volver de forma presencial y segura es la única manera de garantizar el derecho a la educación y la igualdad de oportunidades del alumnado, y ha quedado demostrado...La semipresencialidad ha causado estragos en el plano académico y emocional", lamenta Carmen Morillas, vicepresidenta de la Confederación Española de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA).

La demanda la replicaron en los últimos días otras tantas asociaciones de familias, pero también de docentes y sindicatos. En Madrid, la FAPA Giner de los Ríos se ha mostrado especialmente indignada por el amago de Ayuso: "Se debe garantizar el acceso a un derecho fundamental como es el de la educación (...) Quizá la única manera de dar clase es en los bares, abiertos y sin mascarilla", ironizaba a través de un comunicado de prensa. También para Morillas era una propuesta "incoherente" al mantener al mismo tiempo en la región abiertas las discotecas "o haber visto en fin de año algunas macrofiestas".

Habrá cuestiones, como las cuarentenas de contactos estrechos de positivos o la gestión de los casos, que aún deberán ultimarse en la reunión de este martes, aunque son las comunidades las que tendrán la última palabra. Aunque la incidencia acumulada en la franja de edad de los cinco a los once años se disparó en el último trimestre del año, este grupo de población ya no es el que más contagios reporta en la reciente explosión de la sexta ola: ahora son los veinteañeros y treinteañeros los que lideran la incidencia.

Además, el Gobierno central confía en que la vacunación pediátrica llegue a prácticamente el cien por cien de los menores este mes de enero. Son 3,3 millones de niños y niñas de entre cinco y once años, de los que un 26,8% se ha puesto al menos una dosis. Los últimos datos de Sanidad, del pasado día 23, muestran que en la última semana escolar completa el 98,7% de las aulas han estado en funcionamiento y sin cuarentenas. El número de aulas confinadas en Infantil y Primaria era de 3.000 sobre un total de 417.000, cifra que se reduce a un centenar entre los cursos con alumnado ya vacunado, es decir, de los niveles de ESO, Bachillerato y Formación Profesional.

Una vuelta a las aulas "segura"
En este escenario, también otras organizaciones como Save the Children o el Club de MalasMadres han reclamado el mantenimiento de la presencialidad y se han dirigido por carta a todas las Consejerías de Sanidad y Educación de todas las comunidades para subrayar su importancia. "El impacto de esta medida en la educación o la salud mental de los niños y niñas, así como en las familias en términos de conciliación, hace que ésta deba ser el último recurso", destaca Laura Baena, presidenta de MalasMadres. La escuela tiene, además, "un papel protector de los derechos de la infancia", señala Catalina Perazzo, directora de Incidencia Social y Política de Save the Children, sobre todo de aquellos menores más vulnerables.

Ambas organizaciones llaman a que, en vez de discutir sobre si la 'vuelta al cole' debería ser o no presencial, el debate verse sobre "cómo garantizar la presencialidad en el reinicio de curso, es decir, cómo mantener los centros escolares abiertos para evitar que se amplíe la brecha educativa o que el impacto en la salud mental de la infancia y la adolescencia sea aún mayor".

Por su parte, los sindicatos reclaman volver a poner en marcha las medidas que estuvieron vigentes durante el curso 2020-2021 y que en el fondo son demandas históricas, entre ellas la reducción de ratios o el refuerzo de las plantillas. "Garantizar la presencialidad segura implica una inversión económica y voluntad política decidida. Deberíamos volver a lo que sabemos que ha funcionado", asegura la responsable de Enseñanza de UGT, Maribel Loranca. En CCOO comparten el planteamiento y apuntan a que las recetas para esta sexta ola "no pasan por la semipresencialidad", añade Paco García, secretario general de la Federación de Enseñanza del sindicato, "sino por medidas de apoyo que garanticen la presencialidad segura".

Es algo que la comunidad educativa ya demandó de manera unánime al inicio del curso, cuando los responsables educativos decidieron renunciar a las ratios de un máximo de 20 alumnos mantenidas el curso anterior y una distancia interpersonal de 1,5 metros. El acuerdo fijó entonces que los topes para las comunidades volverían a ser los establecidos en la ley: 25 alumnos por clase en Infantil y Primaria, 30 en Secundaria y 35 en Bachillerato. "Fue una decisión torpe y miope. Sabemos que las comunidades no han gastado todo el dinero del fondo covid del Gobierno central, es un despropósito que al mismo tiempo no se recuperen estas medidas", cree García.

Nota de prensa de FAPA Giner de los Ríos sobre el reconocimiento a la labor de CEAPA

Dinfundimos esta información

Estimadas/os amigas/os:

Adjuntamos enlace a la nota de prensa que acabamos de publicar sobre la concesión de la Corbata de la Orden Civil de Alfonso X El Sabio a la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA).

Enlace a la nota de prensa:

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Recibid un cordial saludo.

FAPA FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS

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CEAPA defiende la LOMLOE por tramitarse con máximo consenso y avanzar a enseñanzas más modernas e inclusivas (Nota de prensa)

 Publicamos esta nota de prensa de CEAPA

El 89 % de la concertada cobra cuotas mensuales, según un estudio de CEAPA y CICAE (Pablo Gutiérrez del Álamo para ELDIARIODELAEDUCACION.COM)

 ELDIARIODELAEDUCACION.COM publica esta información

• Desde hace un par de cursos, la confederación de familias de la pública y la asociación de colegios privados, vienen realizando estudios sobre las cuotas que se cobran en centros concertados por medio país. En esta edición, han realizado su investigación en ocho comunidades. El 89 % de los centros estudiados obligan, de una manera u otra, a pagar cuotas mensuales. Solo un 11 % afirma que no hay que pagar estas cantidades. La ley dice que son ilegales.

«No es obligatoria, pero todo el mundo la paga y viene bien». Esta podría ser una de las explicaciones que una familia recibe durante el periodo de matriculación en un centro educativo concertado. Es, de hecho, una frase que recoge el estudio de CEAPA y CICAE, elaborado por Garlic B2B, empresa con la que vienen trabajando en este tipo de estudios desde el curso 2018-2019.

Nuevamente, los centros concertados (se ha hecho el informe con datos de 336 de ocho comunidades), aparecen en el punto de mira. Casi la mitad obligan al pago de una cuota mensual no adscrita a actividades como extraescolares, comedor o transporte. Es lo que se conoce como la famosa cuota voluntaria que, en estos casos, no lo es.

El informe se ha realizado durante la primavera pasada, a través del teléfono o por videoconferencia con los centros, con la metodología de hacerse pasar por una familia que busca plaza en algún centro concertado. Salvo en el caso de los centros catalanes, a los que se inspeccionó en el mes de noviembre de 2019.

El estudio recoge que un 10 % de la muestra realiza algún tipo de política de discriminación hacia el alumnado cuyos padres no abonan la cuota mensual. Normalmente, tiene que ver con la imposibilidad de que el niño o la niña participe en una actividad concreta (actividades extraescolares en horario lectivo, hora de comedor, etc.), de manera que obligan a las familias a recoger al alumno durante ese tiempo para que no quede sin vigilancia. Cabe destacar, según informan las organizaciones que hacen el estudio, que en la Comunidad de Madrid, este porcentaje es realmente del 28 % de centros que ejercen algún tipo de exclusión. En el resto de las autonomías, los porcentajes son muy bajos (un 2 o un 3 %) o inexistentes.

A este porcentaje se suma un 35 % que no excluye, pero que informa a las familias de que el pago de esta cuota, no adscrita a una actividad concreta, no es voluntaria, sino obligatoria, pues de ella se detraen fondos para pagar la actividad cotidiana del centro. En este grupo de centros, también hay importantes diferencias autonómicas. Mientras que en Cataluña o País Vasco esta obligatoriedad se da en más del 80 % (95 y 81 % respectivamente), en Aragón solo ocurre en el 11 % de los centros consultados.

Frente a estos datos se encuentra el 44 % de los centros que, preguntados por la obligatoriedad de este pago, informan a las familias de que no es condición sine qua non, aunque se agradece y ayuda a sostener el proyecto educativo concreto del centro. Según explica Amparo Núñez, directora del estudio en Garlic, estos mismos centros ejercen posteriormente algún grado de presión para que las familias acaben por pagar lo que se les pide. Nuevamente, las diferencias territoriales son muy importantes. Mientras que en Cataluña solo el 2 % de los centros asegura que no hay problema si no se paga la cuota, en Aragón lo hacen el 67 % de los colegios.

Quedaría un 11 % hasta la totalidad de centros investigados. En este caso, no informan a las familias de ninguna manera sobre las consecuencias o no que tendría el no pago de estas cuotas.

Una de las mayores diferencias con respecto a los estudios de años anteriores, además de incluir a varias comunidades autónomas en esta edición, es el aumento, al menos en el caso de Madrid, de la voluntariedad de pago de estas cuotas. En la edición del año pasado, el estudio puso el foco en lo que se conoce como «nueva concertada» y que, fundamentalmente, está sustentada por empresas sin ninguna o muy poca experiencia en el sistema educativo pero que han conseguido importantes conciertos en esta comunidad autónoma. Cuando este año, la muestra ha tocado la puerta de centros concertado sustentados por entidades de mayor trayectoria, la voluntariedad en el pago ha aumentado.

Transparencia

Además de la recogida de información sobre las cuotas «voluntarias» que se cobran en la totalidad de los centros concertados consultados, CEAPA y CICAE han querido destacar en su informe la falta de transparencia de la información que, en general, aportan los centros a las familias en relación a pagos por servicios.

Los colegios no se lo ponen nada fácil a las familias. O bien nunca terminan de dar toda la información que se les pide, o no la recogen en un documento que les hagan llegar. O, incluso, cuando sí lo hacen, este no tiene membrete ninguno del centro educativo.

De hecho solo el 45 % de los 336 centros ha facilitado documentación relativa a la cuantía de las cuotas complementarias, aunque muchos no han actualizado la información con respecto a la del curso 2019-2020.

A esto se suma que buena parte de la muestra no facilita información clara sobre horarios o qué tipo de actividades se realizan bajo el paraguas de estas cuotas complementarias, de manera que solo el 22 % especifica qué, cuándo y a qué precio.

A Flourish map

 

A Flourish map

Enorme variedad de precios

Los precios de estas cuotas, como no podría ser de otra manera, son muy dispares de unos territorios a otros. El precio más elevado de la cuota complementaria lo han encontrado los investigadores en Cataluña, en el coletio St. Paul’s que, según explican, cobra 950 euros al mes por diferentes servicios (el año pasado era de 860 según los datos del mismo estudio).  En las antípodas están los centros concertados en los que esta cuota complementaria es de cero euros mes.

De cualquier manera, según han recabado CEAPA y CICAE, el 90 % de los centros consultados cobran algo de dinero, siendo Madrid, Catalula y País Vasco comunidades en las que ese porcentaje es del 100 %.

La cuota promedio de lo que se cobra, está más o menos cerca de los 60 %, una cifra que esconde importantes diferencias, ya que, por ejemplo, en Cataluña, el promedio mensual es de 225 %. Y, en cualquir caso, en todas las comunidades hay centros que cobran más de 100 % mensuales a las familias.

Los centros que más cobran, sostienen las organizaciones que han contratado el estudio, además, limitan la posibilidad de no pagar o reducir lo que pagan a través de una más o menos compleja estructura de cobros. Por ejemplo, la cuota se condiciona a los servicios contratados. Es decir, que si yo no quiero que mis hijos vayan al comedor, la cuota será igual porque el previo de los otros servicios que sí quiero que utilicen, como las extraescolares, ascienden. A esta fórmula se le unen otras como la creación de packs para cobrar varias actividades en un conjunto. Si estas mismas actividades se quieren pagar por separado su precio asciende por encima de la cuota.

Finalmente, en Cataluña y País Vasco, ebn no pocos centros también se cobra una cuota a la entrada de los estudiantes en los centros. Un pago que puede ir desde los 100 euros hasta los 3.000.

Aquí puede consultarse el resumen ejecutivo del informe de CEAPA y CICAE.

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Los colegios privados denuncian que el 90% de los concertados cobran cuotas irregulares a las familias (Daniel Sánchez Caballero para ELDIARIO.ES)

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El 90% de los colegios concertados cobran cuotas irregulares a las familias pese a estar financiados con fondos públicos. En el 89% de los casos, estas cuotas no son realmente voluntarias por las consecuencias que implica no pagarlas, lo que contravendría la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE). Estas son las dos principales conclusiones del informe anual que realizan desde 2016 la patronal de centros privados Cicae junto a la federación de asociaciones de AMPAS de la escuela pública Ceapa, presentado este miércoles.

A ambas organizaciones, que podrían situarse cada una en un extremo del espectro educativo, les une en este caso una causa común: denunciar los desmanes –dicen– de la escuela concertada con el cobro de las cuotas. Unos porque ven competencia desleal en un modelo de escuela que de alguna manera aúna las ventajas de lo privado (recursos y alumnado selecto) y de lo público (gratuidad teórica). Otros porque ven en la concertada una disfunción que detrae recursos del sistema público y que a la vez se pueden ver abocados a utilizar según dónde. También matizan: "Hay centros que no cobran nada, hemos querido recoger estos colegios para mostrar el respeto que tenemos a los que hacen una labor educativa y social y no abusan de su estatus". El Ministerio de Educación dedicó en 2018 un total de 6.342 millones de euros a conciertos.

"Todos sabemos que existen estas mal llamadas cuotas voluntarias, todos sabemos que es una vía de financiación de los colegios concertados. Nuestro objetivo es aportar datos para exigir que se haga buen uso de los fondos públicos y evitar que algunos concertados sean un negocio rentable", ha explicado Elena Cid, directora de Cicae. María Carmen Morillas, portavoz de Ceapa, ha añadido que "no existe voluntariedad, cuando se les pregunta [a los colegios] por la cuota responden que son los costes del centro. Los padres lo vivimos con angustia. En la escolarización hay que poner una lista de varios centros, puedes acabar en uno de estos y a la hora de matricularse resulta que hay que pagar cuotas".

El precio de estas "aportaciones" varía mucho entre comunidades autónomas, según el informe, realizado a partir de información 336 colegios concertados de toda España (de un total nacional de 5.248, según datos del Ministerio de Educación) que la consultora Garlic B2B, responsable del mismo, considera representativo del total. El informe se ha realizado por la técnica del cliente misterioso (gente que llama haciéndose pasar por una familia interesada en matricular a su hijo para obtener la información del centro).

Debido a las diferentes realidades por todo el territorio, los responsables han decidido no calcular la media de las cuotas a nivel nacional, según ha explicado en rueda de prensa Amparo Núnez, de la consultora Garlic B2B y responsable del informe. En Catalunya, Madrid, Euskadi y Navarra son las cuatro comunidades en las que el pago es "obligatorio" en el 100% de los casos. También son, a excepción de Navarra, las que tienen unas cuotas promedio más altas. Así, la media alcanza máximos en Catalunya, donde asciende a 255 euros al mes. Un colegio de la comunidad, el Saint Pauls, también tiene el récord absoluto, y por mucho, con una cuota de 950 euros cada 30 días. Le sigue Madrid, donde se pagan 110,81 euros de media y el coste más alto lo tiene el colegio Casvi, con 209 euros mensuales. En Euskadi la media es de 97,35 euros al mes y el colegio Claret Askartza cobra 205,46 euros cada 30 días.

Los centros privados y las familias denuncian que los centros no son transparentes con las cuotas: que tienden a no informar del carácter voluntario del pago de las mismas (lo contrario es ilegal, los centros con concierto, como parte de la red pública por financiarse con fondos del estado tienen que ser gratuitos) y cuando una familia se niega a pagar, excluyen a sus hijos de ciertas actividades.

"Falta transparencia y hay una gran dificultad de las familias para obtener la información y los documentos que indiquen con claridad la cuantía de las cuotas y los conceptos [por los que se pagan]", ha explicado Amparo Núñez, de Garlic. "Tras varias visitas y llamadas, un alto porcentaje de colegios no ha facilitado ninguna muestra por escrito", añade. "¿Alguien se imagina contratar un servicio y no saber cuánto se va a pagar por él?", se pregunta Elena Cid, de Cicae. Solo el 22% de los centros especifica las actividades que realizan y los conceptos que incluyen las cuotas, según la consultora.

A la hora de justificar estos pagos, los centros aluden a las "actividades complementarias", explica Núnez. Pero según el informe, "llama la atención que se puedan considerar actividades voluntarias" elementos como talleres de psicomotricidad, de hábitos de vida sana, lectura y grafomotricidad o de competencia digital. Y menos aún si se dan, como sucede, durante el horario escolar (la franja más habitual detectada es entre las 12h y las 15h). "Las actividades complementarias, concebidas en su origen como cuestiones puntuales para complementar la formación, se han convertido en una hora complementaria y dentro del horario escolar", asegura Cid. "Lo que pedimos que no sean recurrentes y no se den dentro del horario escolar".

Las consecuencias de no pagar se condensan en una palabra, según los autores del informe: exclusión. Y aporta algunos ejemplos de respuestas de los colegios cuando se plantea la posibilidad de no pagar: "No se puede quedar a comer, ya que no tendrá vigilancia"; "No hay problema, pero el niño entraría una hora más tarde, a las 10h, que es cuando empieza el currículo habitual"; "No va a las clases y es una pena porque es lo que diferencia al centro. O entra una hora más tarde o sale antes, depende del día".

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Prudencia ante el protocolo anunciado por el Ministerio de Educación de cara a septiembre (Pablo Gutiérrez de Álamo para ELDIARIODELAEDUCACION.COM)

Reproducimos esta noticia de ELDIARIODELAEDUCACION.COM

"Está habiendo una presión lamentable por parte de muchas comunidades autónomas, para rebajar los requisitos de la vuelta al centro y para que volvamos, no a la nueva normalidad, sino a una antigua normalidad que ya no existe a todas luces". Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO tiene claro que en los últimos días, a causa de la Conferencia Sectorial de mañana, está habiendo una gran cantidad de presión sobre el Ministerio de Educación, para que los requisitos que se anunciaron hace semanas se relajen un poco, al menos.

A pesar del cambio de criterio desde los 15 alumnos a los 20, o de la distancia entre mesas, de 2 metros a 1,5, la necesaria inversión tanto en personal como en infraestructuras sigue estando muy presente.

«En el colegio de mi mujer, continúa García, tendrían que desdoblar casi todos los grupos desde infantil hastas 4º de primaria». Algo parecido cuenta Leticia Cardenal, presidenta de CEAPA: «La clase de mi hijo, en la que normalmente son 24, es muy pequeña. Están en tres filas. Para mantener la distancia hay que quitar una de las tres filas; es imposible mantener la distancia si no».

A pesar de esto, Cardenal asegura que «hemos defendido siempre que la escuela presencial era insustituible y el alumnado debía ir a los centros lo antes posible. En ese sentido estamos contentos». La importancia de la presencialidad para ofrecer una educación con equidad y que trabaje por la igualdad de oportunidades se convierte aquí en central, habida cuenta de que «se han quedado muchos alumnos atrás estos meses».

Para José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas, es una buena noticia que se piense en una vuelta a los centros con la mayor presencialidad posible para que el alumnado retome el contacto con sus docentes y sus compañeros. Pero prefiere mostrarse prudente hasta no ver cómo se concretan las decisiones que se adopten mañana en la Conferencia Sectorial.

Pero esta alegría por un inicio de curso con la mayor presencialidad posible no está reñida con cierto miedo y desconfianza, afirma Cardenal, a «que los menores de 10 años no tengan que mantener esas distancias de seguridad» o que las ratios se hayan decidido sin tener en cuenta la superficie de las aulas. «Se debería haber controlado de otra manera», asegura la representante de las familias de la escuela pública.

El documento de Educación contempla también que los centros educativos, sus equipos directivos, sean los encargados de la elaboración de planes de actuación y protocolos relacionados con la salud y la higiene en el trabajo. Algo para lo que, dice Francisco García, los equipos directivos no tienen formación ni competencias.

Para eso están los servicios de prevención de riesgos laborales de las comunidades autónomas o los comités de seguridad y salud de las juntas de personal. En su opinión deberían ser los territorios los que «establecieran criterios muy estrictos y generales para todos sobre planes de contingencia, y no depositar esa responsabilidad en cada centro».
Nada es gratis

«La presencialidad, comenta García, debe ser lo más segura posible, pero no sale gratis». Tanto la nueva ratio, con un tope máximo de 20 alumnos, como la distancia de 1,5 metros entre mesas (que se traduciría en que cada estudiante tuviera a su alrededor un área de 2,5 metros cuadrados), sobrepasan las condiciones habituales de los centros educativos, tanto de infantil y primaria como de secundaria.

Para María Isabel Loranca, responsable del sector de Enseñanza de la FeSP-UGT, «es importante la apuesta por la educación presencial», pero «las medidas anunciadas exigen presupuesto propio para su implementación en los centros, y refuerzo de als plantillas docentes».

Pero no solo preocupan estas decisiones. García piensa también en las indicaciones dadas para la limpieza e higiene en los centros educativos. «Limpiar los aseos tres veces al día, en un IES de 800 alumnos se me hace poco, creo que es insuficiente», por no mencionar que aunque desde el Ministerio se dice que han de ser los centros los que establezcan sus necesidades, la contratación del personal de limpieza recae, en el caso de los colegios, en los ayuntamientos, y en el caso de los institutos, en las comunidades autónomas. «Si no te mandan más gente (al centro), te da igual el protocolo».

José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas, se muestra prudente, a la espera de lo que salga de la Conferencia Sectorial en la que se discutirá sobre este documento, así como sobre la inversión de los 2.000 millones comprometidos por el presidente, Pedro Sánchez. Pero sí asegura que reclamarán algunas cantidades de financiación extra para cubrir gastos sobrevenidos por la COVID-19.

En este sentido asegura que, en respuesta a quienes han dicho que los gastos extraordinarios salgan de la partida de «otros gastos», dicha partida es deficitaria. Y si se contempla una inyección económica extra para la escuela pública, debe hacerse con la concertada. Sería, dice, «una nueva discriminación».

El responsable de la principal patronal de la concertada también muestra cierto excepticismo ante otras medidas como la ratio máxima de 20 o la utilización de otros espacios, más allá del aula, para dar clase. Espacios con los que no todos los centros educativos cuentan.

Y mientras, el profesorado…

Aunque parece que las diferentes organizaciones, ya sean sindicales o de familias, no están en desacuerdo con el hecho de que en septiembre vuelvan las clases presenciales, las redes sociales se han convertido en un hervidero de todo tipo de críticas hacia el protocolo anunciado por el Ministerio.

YoEstudiéenlaPública@YoEPublica

Docentes y estudiantes, abandonados a sus suerte. https://twitter.com/diarioeduca/status/1270675542988197889 …

Diario Educación@diarioeduca

Isabel Celaá: "Flexibilizaremos los dos metros, iremos a 1,5" en los centros educativos https://eldiariodelaeducacion.com/2020/06/10/isabel-celaa-flexibilizaremos-los-dos-metros-iremos-a-15-en-los-centros-educativos/ … @ftsaez @STESIntersindic @anpenacional @csifeducacion

15:52 - 10 jun. 2020

Manuel F. Navas@nolo14

Mi sensación con esto de la vuelta al cole en septiembre, resumida en una frase: “No hay nadie al volante”

15:34 - 10 jun. 2020

Toni Solano @tonisolano

 · 19h

En respuesta a @octavio_pr @anam_cid

Al final caben todos...

FrancescLlorens@FrancescLlorens

Ya no pueden más con las presiones. Y tienen que anunciar lo que sea para que parezca que lo ponen todo de nuevo a funcionar como si nada hubiera pasado.

15:00 - 10 jun. 2020

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Confinamiento y desigualdad educativa: 500.000 niños viven en casas sin ordenador (ctxt.es)

Artículo publicado en ctxt.es

100.000 hogares de familias con bajos recursos no tienen conexión a internet. El exceso de tareas y la sobreexposición a la información son algunos de los problemas que están floreciendo durante esta crisis

8/04/2020

El confinamiento forzoso que enfrenta la población en España ha traído consigo un aumento exponencial de la conectividad a internet: el tiempo invertido en redes sociales se ha disparado durante el mes de marzo, y las plataformas de ‘streaming’ están viviendo sus particulares semanas doradas. Sin embargo, y paralelamente a las cifras sobre acceso a ocio y cultura, el encierro forzado también está destapando el riesgo de que la brecha digital se dispare durante los días que dure el encierro. Gran parte de la información sanitaria, las leyes y decretos sobre el estado de alarma, las operaciones bancarias, el teletrabajo o el los mecanismos de empleo y de ayudas públicas se han convertido estos días temas sensibles en materia digital: el confinamiento obliga a que estas tareas se realicen de forma telemática, pero no todo el mundo tiene la misma facilidad de acceso a internet y, sobre todo, no todo el mundo cuenta con las mismas capacidades y conocimientos tecnológicos.

En el caso concreto de la educación, el cierre de centros ha provocado que cerca de 10 millones de estudiantes –8,5 millones en enseñanzas no universitarias– tengan que continuar su formación a distancia y desde sus hogares. Unos espacios heterogéneos donde la desigualdad de recursos se traducirá, durante el tiempo que se mantenga el encierro, en inequidad educativa. Así lo ha expresando la Unesco en varias ocasiones durante las últimas semanas y así lo recoge la Plataforma de Infancia en un comunicado que expone algunos de los datos más preocupantes sobre esta cuestión en el contexto nacional: medio millón de niños viven en casas que no tienen ordenador, y hasta 100.000 hogares no disponen de acceso a internet para que los menores puedan conectarse.

Frente a esto, la plataforma, que se encuentra conformada por numerosas entidades sin ánimo de lucro centradas en la infancia, pide que los esfuerzos públicos se concentren en las familias con pocos recursos, principalmente aquellas que cuentan con ingresos por debajo de los 900 euros al mes y en las que el impacto de las circunstancias educativas será mayor. Solo en este grupo de población, un 42% de los hogares no tiene ordenador y un 22% no tiene acceso a la red, tal y como ha advertido Save The Children.

Según la ONG, otra de las organizaciones que está haciendo un especial seguimiento al efecto del confinamiento en los menores, el aumento de la inequidad educativa provocado por el cierre de los centros no solo tiene que ver con los recursos digitales de los que disponen las familias: con la escuela trasladada al hogar, la facilidad de los progenitores para conciliar, así como su nivel formativo y socioeconómico, se convierten en ventajas todavía más destacadas para los alumnos con más recursos.

Por otra parte, la Plataforma de Infancia también apunta a la incidencia de la nueva excepcionalidad educativa en el bienestar de los menores, y hace especial mención a los efectos sobre la salud psicológica que está provocando el encierro y que se pueden agravar por la excesiva carga de tareas que reciben los menores desde los colegios y por la gran cantidad de tiempo que pasan frente a la pantalla de los ordenadores.

En esta misma línea se ha manifestado la Confederación Española de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado (CEAPA), que también ha solicitado recientemente reducir las tareas que están recibiendo los menores durante el confinamiento y que no computen en la evaluación. El encierro, aseguran desde CEAPA, no puede diluir el tiempo de ocio de los niños, y es necesario que siga existiendo una rutina de desconexión para los estudiantes.

Tanto las advertencias de la Plataforma de Infancia como las de la CEAPA han quedado constatadas en los resultados de una reciente encuesta que ha realizado la Asociación de Familias de la Escuela Pública Gallega (CONFAPA), una de las secciones territoriales de la Confederación. Según el sondeo, uno de cada tres alumnos gallegos tienen que compartir ordenador con sus familiares, y cerca de un tercio carece de una conexión suficientemente buena para realizar una video llamada. Además, muchos de los alumnos señalan un exceso en la carga de trabajo.

En última instancia, los problemas educativos asociados al confinamiento y el incremento de las brechas digitales en materia educativa no solo está afectando a los estudiantes. Otra encuesta publicada en los últimos días, en este caso por parte de Comisiones Obreras, señala las dificultades que también están sufriendo los profesores para impartir las materias de forma telemática: un 76% de los docentes de escuelas públicas –65% en el caso de las concertadas– asegura que tiene problemas para llevar a cabo las clases en línea, bien por falta de medios técnicos o por falta de conocimiento de las herramientas virtuales.

De la falta de acceso a la sobreexposición

El incremento de las distintas brechas digitales en el ámbito de la educación no es el único problema que están enfrentando los más jóvenes durante las semanas en las que se está prolongando el confinamiento. En el extremo contrario, el abuso y la hiperexposición a la red también se puede convertir, según Save The children, en una lacra para la infancia.

El ciberacoso, la incitación a cometer conductas lesivas o la exposición involuntaria a material sexual o violento son algunos de los riesgos que, según la organización, se puede ampliar en estas fechas, sobre todo cuando los datos de partida ya arrojaban una realidad preocupante en el país: en una encuesta de 2018, la ONG ya encontró que tres de cada cuatro jóvenes había sufrido violencia en la red durante su infancia.

Brechas digitales territoriales

En España, el acceso a internet ha crecido de forma continuada durante los últimos años, lográndose la universalización en muchos de los indicadores sobre digitalización. Sin embargo, las cifras de conectividad también demuestran las distintas brechas cualitativas que aún persisten en este ámbito, y que se superponen a otras desigualdades más amplias como las socioeconómicas o las territoriales. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Economía, apenas el 38% de la población que vive en la España rural dispone de conexión de banda ancha de alta velocidad (100 Mbps), mientras que en el conjunto del país este tipo de cobertura llega al 80%.

Por su parte, los datos del portal estadístico Eurostat ofrecen también más detalles sobre las diferencias que existen entre zonas rurales y urbanas en materia de capacitación tecnológica: apenas la mitad de la gente que vive en áreas rurales posee habilidades digitales básicas o superiores; en el caso de las ciudades, el porcentaje llega al 63%.

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La incertidumbre política marca el inicio de otro curso educativo con una ley del PP en vigor (Miguel Muñoz en cuartopoder.es))

Artículo de Miguel Muñoz  publicado en cuartopoder.es

• La situación política afecta a la educación. Así lo denuncian diferentes agentes sociales de la comunidad educativa que recuerdan que la LOMCE sigue vigente
• Entre las reivindicaciones principales, más allá de derogar la actual ley, se encuentran revertir los recortes, aumentar las ratios de alumnos o bajar las tasas universitarias

En los próximos días comenzará un nuevo curso educativo en todas las etapas. Septiembre es el mes de “la vuelta al cole”. Una gran mayoría de profesores empieza hoy su trabajo, con preparaciones de cursos, exámenes, etc. El curso 2019-2020 se inicia en medio de una fuerte incertidumbre política. Con un Gobierno en funciones, unos presupuestos prorrogados y el horizonte cada vez más factible de unas nuevas elecciones generales. La situación política afecta y mucho a la educación. Así lo denuncian desde diferentes agentes sociales de la comunidad educativa que recuerdan que la LOMCE, ley del PP, sigue en vigor.

Las reivindicaciones principales no han variado demasiado en los últimos tiempos. Sindicatos o movimientos sociales piden derogar la actual ley educativa, que fue impulsada por el ministro del PP Jose Ignacio Wert y tuvo desde sus inicios una contestación fuerte en las calles. Y por supuesto, los recortes presupuestarios sufridos años atrás y de los cuales la enseñanza pública todavía no se ha recuperado. El PSOE aprobó en Consejo de Ministros, durante el mes de febrero, su reforma de ley educativa. Pero el adelanto electoral echó por tierra su tramitación.

Para Francisco Garcia, secretario general de Educación en CCOO, existe una “incertidumbre” evidente por la falta de Gobierno. "No podemos seguir trabajando en educación con unos presupuestos ya prorrogados de hace dos años, y hace falta tomar medidas como derogar la LOMCE, recuperar los profesores perdidos o mejorar las políticas de becas y ayudas", resume a cuartopoder.es. El sindicalista recuerda que la educación ha sufrido muchísimos recortes y que “hay que empezar a recuperar el dinero que se fue por el sumidero en los gobiernos del PP”.

CCOO urge a que se conforme un Gobierno que retome la agenda con todos los asuntos pendientes y compromisos adquiridos en defensa de la educación pública.  “Estábamos trabajando con el anterior gobierno, pero ahora el principal problema es que no hay interlocución. Lo que queremos es que haya un gobierno que haga políticas sociales y favorezca una educación pública de calidad”, sentencia.

Y no oculta su preocupación por los problemas que se pueden generar en algunas comunidades autónomas en concreto como Madrid. “Donde gobierna el tripartito de la derecha se puede profundizar en una educación privatizadora o segregadora y por tanto se puede poner en riesgo una educación de calidad para todos y todas”, afirma García.

Además, apuestan desde CCOO porque ésta sea la “legislatura del profesorado”. En este sentido, señalan la necesidad de “activar un estatuto para el profesorado con la necesaria, y tantas veces reivindicada, carrera profesional”. “La carrera docente tiene que ser atractiva a nivel salarial e intelectual. Y fortalecer la autonomía profesional y una cultura no solo colaborativa sino de cooperación”, indican.

Durante los últimos años, la Marea Verde ha teñido las calles de ese color en lucha contra la LOMCE. Sandra Villa, portavoz de portavoz de Mareas por la Educación Pública, alerta de que en diferentes territorios la situación se ha ido agravando. Un ejemplo es Andalucía. “Se ha empezado a desregular la legislación, como se ha hecho en Madrid o Murcia, a través de las instrucciones de principio de curso”, señala.

La apuesta de estos colectivos pasa por derogar la LOMCE pero sin volver a la anterior legislación, la LOE, o pasar por una reforma de la actual. “Lo que queremos es que este gobierno se siente con todos los agentes sociales relacionados con la educación y poner encima de la mesa una nueva ley y un avance educativo global”, afirma. Para Villa, aunque el gobierno en funciones está abriendo unas mesas para escuchar, “a efectos prácticos no sirve para nada porque se inicia el curso con lo mismo de junio”.

La reducción de periodos lectivos es otro de los puntos importantes para el profesorado, recuerda Villa.  Además, varía mucho según la comunidad autónoma. “Pedimos lo que teníamos con anterioridad: 18 horas en secundaria y ahora pedimos 23 horas en primaria. Es decir, que como mínimo volvemos a pedir estos periodos lectivos, pero deberíamos estar avanzando en la reducción de los mismos". Además, se siguen exigiendo la disminución de las ratios de alumnos por aula.

Otros problemas señalados por Villa son la aparición de los cheques escolares, la construcción por fases en colegios, que genera que existan alumnos en barracones. Además alerta del aumento de 
plazas en la educación privada y concertada, “donde se invierte cada vez más dinero”.

Rechazo a la inversión en educación concertada

Respecto a la Comunidad de Madrid, critican la reciente aparición en la región de una Dirección General que agrupa la educación concertada y el bilingüismo, “modelos segregadores”. En este sentido, desde el sindicato CGT destacan que los problemas en Madrid se pueden agravar. “Tenemos una situación de ratios muy elevada, plantillas muy ajustadas que se quedan en cuadro sobre todo en colegios pequeños o escuelas rurales. Los equipos de atención a la diversidad vienen siendo menos cada curso”, resume Enrique Díaz, delegado en la junta de personal docente del área territorial Norte de Madrid.

En Madrid, apunta Díaz, hay un “contexto especial” que se va a agravar, a su juicio, por el “descaradísimo apoyo a la enseñanza concertada” del nuevo Gobierno liderado por Isabel Díaz Ayuso. Sobre el panorama a nivel estatal, Díaz comenta que su sindicato tiene “poca confianza” en lo que pueda hacer el PSOE. “Ha tenido oportunidades para acabar con la LOMCE y no se ha hecho”, afirma.

Respecto a sus líneas de acción, apunta a dos líneas principales. Una, unitaria con otros sindicatos como CCOO y STEM. “Tenemos planteada una primera asamblea estatal el 17 de septiembre para analizar posibles alternativas de movilización”, afirma. Además, anuncia que CGT apoyará las movilizaciones que se den en aquellos colegios o institutos que vean que su situación sea insostenible.

Por su parte, Leticia Cardenal, presidenta de la Confederación Española de Asociaciones Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), también muestra la preocupación de las familias porque siga en vigor la LOMCE. “Queremos que se reviertan los recortes y de una vez por todas se apueste por la educación pública. En definitiva, apostar por la educación gratuita que eduque en equidad e igualdad de oportunidades”, señala. Otra preocupación es el desembolso económico de las familias al inicio del curso. “Nos preocupa que en algunos casos sea demasiado excesivo”, señala.

Sobre la conformación de Gobierno, resuena otra vez la misma palabra: “Vamos a empezar un curso con incertidumbre porque no sabemos qué pasará. Si a mitad de curso tendremos gobierno y se podrán llevar a cabo algunas de las propuestas que se incluyeron en el borrador de ley del PSOE. No sabemos si habrá que ir a las elecciones. Todo esto crea incertidumbre tanto a docentes como a familias”, apunta.

Tasas universitarias, becas, 3+2...

Mirando hacia la Universidad, que empieza sus clases más tarde, las reivindicaciones son también conocidas. Coral Latorre, Secretaria general del Sindicato de Estudiantes (SE), las sintetiza, más allá de la derogación de la actual ley educativa. “Queremos la derogación del 3+2 y una rebaja inmediata de las tasas universitarias”. En este sentido señala los “datos salvajes” de multiplicación de los precios de accesos.

“Queremos que esos jóvenes que han sido expulsados de la Universidad por motivos económicos puedan volver a acceder”, añade Latorre. También apunta a la necesidad de “lanzar un plan de urgencia en defensa de la educación pública con la cuestión de las becas”. Recuerda que éstas “han sido recortadas de forma dramática y es uno de los motivos por los que miles de jóvenes no han podido acceder a estudios superiores”.

Latorre tiene críticas a la gestión del PSOE. Considera que se han olvidado de derogar la LOMCE pese a que en campaña electoral utilizaron mucho esa consigna. “Para derogarla hay que confrontar con los poderes económicos y no parece que haya intención”, afirma. “Desde el SE votamos para expulsar a la derecha. Pero si el gobierno que se conforma quisiera realmente llevar a la práctica 
aquellas cuestiones por las que fuimos a votar, debería ponerse manos a la obra en serio. Es cuestión de voluntad política”, afirma.

Próximas acciones

Aún es pronto para precisar acciones concretas de movilización. Pero los colectivos ya se están empezando a organizar. Las mareas por la educación pública celebran el 7 de septiembre un encuentro estatal en Madrid. Ese día se tratarán las primeras movilizaciones conjuntas. Además, cada territorio convocará sus propias asambleas. Estos colectivos además apoyarán dos citas importantes fijadas ya en un “otoño caliente”. De este modo, las Mareas por la Educación Pública estarán presentes el 27 de septiembre en la Huelga Mundial por el Clima y el 26 de Octubre en la manifestación en defensa de las pensiones.

El 27-S también, según señala Latorre, tendrá lugar una huelga general estudiantil coincidiendo con la citada convocatoria contra el cambio climático. “Consideramos necesario que un mismo día salgamos a las calles no solamente a denunciar la barbarie ecológica sino poner encima de la mesa quienes son los responsables”, señala. En este sentido, desde el SE recuerdan la “responsabilidad de las grandes multinacionales el propio sistema y los gobiernos cómplices” ante el cambio climático.

Villa reconoce que el movimiento de las mareas “tiene una parte de desilusión” por “haber luchado mucho y estar viendo que las cosas cambian poco o retroceden”. “Pero no tenemos otra opción que seguir organizadas y luchando, nos estamos dando cuenta de que es una lucha muy larga en el tiempo”, apunta.  “No solo es una cuestión de España, es mundial. El modelo político social es lo que está en juego. No podemos hablar de educación sin hacerlo de feminismo, ecología o modelo productivo”, afirma.