Nadie se moja sobre la llegada del nuevo texto al Consejo de Ministros; algo que podría ser en las próximas semanas. Aunque existe una urgencia en que el trámite comience lo antes posible para derogar la Lomce antes de final de curso.
11/2/2020
El texto, que ya pasó hace un año por los trámites obligatorios de participación de la comunidad educativa en su redacción, llegará exactamente igual al Consejo de Ministros las próximas semanas. Luz Martínez Seijo, portavoz de Educación del PSOE en el Congreso aseguró el pasado viernes, ante representantes de diferentes organizaciones sociales y educativas, que tanto desde el PSOE como desde el Gobierno quiere agilizarse todo lo posible la llegada de la ley al Parlamento.
Para ello es necesario que no se toque ni una coma del proyecto dado a conocer hace un año. Y que los cambios que puedan realizarse se hagan vía enmiendas en el trámite parlamentario.
En un acto organizado por Redes por una nueva política educativa y el Foro de Sevilla en Madrid, la parlamentaria volvió a recordar el acuerdo de toda la oposición para la derogación de la Lomce en el momento en el que hubiese una mayoría suficiente en el Congreso. Esta mayoría existe ya, aunque tenga por delante una gran dificultad para ponerse de acuerdo. En dicho encuentro, además de Martínez Seijo, también participaron Javier Sánchez, homólogo en Unidas Podemos, y Josep Nuet, del Grupo Republicano (Esquerra Republicana de Catalunya). Entre estos tres grupos sumarían 165 diputados, lo que les dejaría a 11 de conseguir la mayoría absoluta necesaria para derogar la Lomce y aprobar la Lomloe. Las leyes orgánicas (relativas a derechos fundamentales) obligan a alcanzar mayorías absolutas para su aprobación o modificación.
A pesar de las dificultades existentes en la negociación que, presumiblemente, será complicada, la intención expresada por Javier Sánchez es que este curso termine con la nueva ley ya aprobada y que pueda entrar en vigor para el próximo.
Entre las modificaciones cabría destacar, por ejemplo, la vuelta a la organización de la educación primaria por ciclos, tres; la puesta en marcha de dos evaluaciones de diagnóstico, en primaria y secundaria respectivamente; la apuesta por una educación inclusiva que prevea la redacción de un proyecto para que, en el plazo de 10 años, la escuela ordinaria tenga los recursos necesarios para atender a niñas y niños con necesidades especiales de apoyo educativo y para que los centros de educación especial vayan, progresivamente, convirtiéndose en centros de recursos y apoyo para el resto.
También prevé la recuperación del peso de los consejos escolares de centro en la toma de decisiones como la elección de las direcciones escolares; la puesta en marcha de una asignatura de Valores Cívicos en primaria y secundaria; la pérdida de importancia de la Religión al no computar para la nota y no llevar aparejada una materia espejo, o la vuelta al reparto porcentual del currículo de la LOE: el 65% corresponde al Ministerio en las comunidades sin lengua propia y un 55% en aquellas que sí la tengan.
Además de las posibles y más que probables modificaciones que sufrirá el texto en su paso por el Congreso, una duda (y también una demanda) queda en el aire: si la ley llevará aparejada una memoria económica que dé carta de naturaleza a las medidas que pretende poner en marcha. Sin un compromiso de financiación claro, será complicado que haya cambios reales y prácticos en cuestiones como la educación inclusiva, la adecuación a la Agenda 2030 de los ODS o la apuesta por un sistema educativo que evite la segregación socioeconómica de su alumnado con una escolarización más equilibrada entre los centros escolares. Una segregación, como la de la Comunidad de Madrid, relacionada, en palabras de Martínez Seijo, por el avance de la concertada en muchos territorios.
Sánchez señaló que uno de los puntos claves de la futura ley es que suponga un freno a la segregación socioeconómica del alumnado, causada en gran medida, dijo, por la privatización de los últimos años. Una ley que «avance en la defensa de la educación pública», afirmó, «y que no permita la segregación». En este sentido puntualizó que una posibilidad sería cambiar los criterios de baremación para la escolarización.
La comunidad educativa presente en la jornada señaló otros problemas importantes como las ratios en muchas comunidades autónomas, la continuación sine die de los conciertos educativos, la salida de la religión fuera de la escuela o la necesidad de un texto legal que imponga unos mínimos para la puesta en marcha de centros de educación infantil. También la necesidad de una importante reflexión sobre unos currículos enciclopédicos y poco flexibles o sobre la necesidad de que la ley, más que hablar de desarrollo sostenible, haga suya la urgencia climática.
Tanto Luz Martínez Seijo como Javier Sánchez insistieron en que la Lomloe no es simplemente volver a la LOE y sus parámetros, sino que ha de ir más lejos puesto que las circunstancias sociales y educativas han cambiado en los últimos 13 o 14 años.
Ambos hicieron hincapié en la necesidad de que la comunidad educativa vaya marcando el camino de las posibles enmiendas y mejoras que la ley vaya asumiendo durante su trámite en el Congreso. Martínez Seijo insistió en «no perder un minuto» en esta tramitación.
En este sentido, los tres diputados que acudieron a la jornada hablaron de las dificultades que habrá durante la tramitación de la ley, de las presiones que habrá por parte de las derechas, de las posibles acusaciones de adoctrinamiento a las que se someterá al nuevo texto legal. Todos expresaron la necesidad de que la comunidad educativa, además de hacer presión para conseguir mejoras en el texto, debe estar unida para conseguir la aprobación del texto que derogue la Lomce. «Vamos a un debate duro, debéis ser conscientes, dijo Nuet; sin la comunidad educativa lo podemos perder».
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