22-11-2022: Concentración para exigir la finalización inmediata del IES Francisco de Pedraza (12:30 h., en la Consejería de Educación. C/ Alcalá 32)

 

La mentira como arma política (Agustín Moreno)

 Agustín Moreno nos envía este artículo:

Tenemos un grave problema cuando se miente desde responsabilidades institucionales con el mayor desparpajo dando apariencia de veracidad. Ya se sabe aquello de que una estadística torturada convenientemente acaba confesando lo que el poder quiere.

La mentira es una línea que cuando se traspasa no tiene marcha atrás, porque si se miente una vez, se miente mil veces. En política es especialmente grave, por la responsabilidad que deberían tener los representantes políticos. Mentir, manipular datos, intoxicar a la ciudadanía debería estar penado, al menos con la sanción moral y electoral. Pero, para ello, es fundamental que haya una ciudadanía crítica y bien informada, y unos medios de comunicación independientes que aseguren el derecho a la información y no sean cómplices en la difusión de bulos y falacias.

Los hechos hablan más alto que las palabras. Veamos un ejemplo concreto. Isabel Díaz Ayuso dice que Madrid es la comunidad con la tasa de abandono escolar más baja. El hecho es que es la quinta comunidad y empeorando: en 2021, la tasa de abandono escolar disminuyó en todas las comunidades autónomas con respecto al año anterior excepto en Asturias y en Madrid. No parece un error sin mala intención. El problema aumenta cuando se repite una y otra vez, cuando se descubren infinitos aspectos de la mentira. En el Debate sobre el estado de la región, Ayuso utilizó la propaganda en todos los campos. Solo en educación, hemos denunciado una decena de tergiversaciones y falsedades.

Es especialmente grave lo que sigue. Es tan escandaloso defender que una pareja con dos hijos que ingrese 143.652 euros al año necesite una "beca", que Díaz Ayuso se ha tenido que sacar de la manga unos datos para calmar la alarma social generada. Hasta el propio Feijóo dijo en julio que consideraba "discutible" dedicar dinero público a becas para familias de rentas altas. Pues bien, el 13 de septiembre, Ayuso dijo en la Asamblea de Madrid, durante el debate citado, que el 93% de las becas van a familias con rentas inferiores a 20.000 euros. Aunque así fuera, obvia dos cosas: 20.000 euros per cápita son 80.000 euros de ingresos en una familia de cuatro miembros, algo muy alejado de la renta media por hogar en la Comunidad de Madrid que es de 37.687 euros en 2021. El solo hecho de dar cheques regalo a 12.000 familias de rentas muy altas, como reconoce y cuantifica el consejero Ossorio, es una obscenidad. Es profundamente injusto, desde el punto de vista social, que familias con rentas altas puedan cobrar esos cheques regalo para sus gastos en la educación privada, mientras se abandona a la educación pública.

Yo mismo, como diputado, realicé trece Peticiones de Información donde solicitaba el "Listado en formato digital, a ser posible en fichero Excel o CSV, que incluya cada uno de los beneficiarios de las becas para el estudio de Bachillerato en la Comunidad de Madrid correspondientes al curso 2021-2022 incluyendo el dato de renta de cada perceptor, con nombre y apellidos anonimizados". La misma información se exigía para cada tipo de becas de educación infantil en centros privados, Formación Profesional de Grado Medio y FP de Grado Superior. Las peticiones de información se referían también a los cuatro cursos que van desde 2019 a 2023.

Pues bien, el 27 de septiembre, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, ante el conjunto de las peticiones de Información requeridas, responde a este diputado lo siguiente: "La información solicitada por su señoría se encuentra en curso de elaboración para su posterior publicación en la página web de la Asamblea de Madrid". No se nos facilita ninguna información e intentan tomarnos el pelo. Ahora bien, si están elaborando la información y no disponen de ella, ¿cómo pudo realizar las afirmaciones anteriores la presidenta de la Comunidad de Madrid el 13 de septiembre en la Asamblea ¿O Ayuso mintió, inventándose los datos, o nos los está ocultando descaradamente? Quizás ambas cosas.

Hay que recordar de qué estamos hablando, porque no es un tema menor. El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado este año una fuerte derivación de dinero de todos los madrileños que deberían ir a la educación pública, para destinarlo a cheques regalo para los centros privados. Son un total de 226 millones de euros destinados a pagar cheques en la educación no obligatoria (escuelas infantiles de 0 a 3 años, bachillerato y grados de Formación Profesional de grado medio y de grado superior...). Además de la elevada cantidad de dinero público mal utilizado, esos cheques han sido piedra de escándalo por los requisitos establecidos para poder beneficiarse de ellos con una renta per cápita de 35.913 euros. La consecuencia de esta medida no es solo que se financia a familias ricas con cheques, sino que aumenta la segregación escolar y social (NOTA 7) y refuerza algo que denuncia el último informe de EsadeEcPol (NOTA 8): la escuela no corrige las desigualdades, sino que las aumenta.

Estamos ante una clara voluntad de ocultación de una información necesaria para facilitar la labor parlamentaria de la oposición. Esto no es nuevo y llueve sobre mojado: se ocultan informaciones, las respuestas muchas veces son insultantes, y como la Mesa de la Asamblea es el reino de la arbitrariedad, deniega las peticiones de amparo a los diputados. Otro ejemplo. El PP ha convertido la educación en un mercado y están aterrizando en Madrid grupos de inversión al calor de la oportunidad de negocio. Es lo que se conoce como "nueva concertada". Cuando pedimos acceso a documentación sobre estas entradas de capital no se nos facilita de forma global. Cuando pedimos consultar a colegios concertados concretos, los obstáculos que se ponen son de tal calibre que hacen difícil acceder a la información: "El diputado podrá tomar notas, más no podrá obtener copia o reproducción ni actuar acompañado de personas que le asistan". Esta limitación sólo puede ser establecida en protección de derechos fundamentales y libertades públicas, según la Sección Primera del Título Primero de la Constitución. Pero estamos hablando de información puramente mercantil sobre la gestión del dinero público que debería estar disponible por afectar a conciertos que se pagan con dinero de todos.

En definitiva, si Ayuso dispone de los datos concretos sobre quién se beneficia de los cheques escolares y no proporciona la información a la oposición, está obstruyendo la labor parlamentaria de control a su Gobierno. Si se los inventó para salir del paso y negar las críticas recibidas, está mintiendo en el ámbito parlamentario. Los dos supuestos son graves. El problema es la impunidad. Ello impide que funcione aquella frase de Abraham Lincoln de "puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo". Con Ayuso, el hecho que denunciamos es, desgraciadamente, uno de tantos y demuestra el uso habitual de la mentira como arma política.

NOTA 7: Cheques escolares para ricos, segregación y desigualdad (artículo de Agustín Moreno publicado en blogs.publico.es/otrasmiradas

NOTA 8. Informe de EsadeEcPol: Fracaso escolar en España: ¿Por qué afecta tanto a los chicos y alumnos de bajo nivel socioeconómico?

 

Este artículo se ha publicado en blogs.publico.es/otrasmiradas el día 2 de octubre de 2022

Firma para exigir NO AL CIERRE DE AULAS EN EL CEIP ARQUITECTO GAUDÍ (CHANGE.ORG)

Para el próximo curso 2022-23 la DAT DE MADRID CENTRO nos acaba de informar que ha decidido no abrir dos líneas en 1ro de infantil y 1ro de primaria en nuestro colegio.

Nuestro colegio es un cole PÚBLICO familiar y acogedor, volcado en darle a los niños y niñas el mejor ambiente. 

No es un cole bilingüe, pero tiene un proyecto de ampliación de inglés con auxiliares nativos y otro de francés implantado hace dos años. 

Su oferta educativa es única en el distrito de Chamartín donde el porcentaje es de 80 colegios privados y concertados aproximadamente frente a 8 públicos, de los que solo nuestro colegio no es bilingüe.

Con el cierre de aulas en nuestro centro se menoscaba el derecho de libertad de  elección de las familias que deseen matricularse en él. Así, no solo se causa un daño innecesario al colegio y a sus proyectos educativos, sino que se reducen todavía más los servicios públicos del distrito. 

Creemos que es deber de las autoridades educativas proteger el patrimonio de lo público y garantizar LA LIBERTAD EDUCATIVA. Por eso pedimos a la DAT y LA INSPECCIÓN EDUCATIVA que no cierren aulas en el Gaudí. 

Os pedimos que firméis esta petición POR UNA ESCUELA PÚBLICA LIBRE, DE TOD@S Y PARA TOD@S

FIRMA EN CHANGE.ORG

Ayuso suprime más de 6.000 plazas públicas mientras da dinero al alumnado de Bachillerato para irse a la privada (Sara Plaza Casares para ELSALTODIARIO.COM)

 ELSALTODIARIO.COM publica esta noticia

“Con los impuestos de todos financiamos los privilegios de unos pocos”. Isabel Galvín, secretaria general de Enseñanza de CC OO Madrid, resume así el proceso de escolarización para el curso que viene. Un curso en el que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha multiplicado por diez el dinero en becas que se dará a los alumnas y alumnos que se salgan de la escuela pública en Bachillerato. Al mismo tiempo, y según los datos recabados por CC OO, en todas las zonas educativas se recortarán 233 aulas en la pública, lo que supone la supresión de 3.600 plazas en Primaria y más de 2.600 en Secundaria. Un total de 6.200 plazas menos, lo que acarrea además una pérdida de 395 docentes: 144 en Primaria y 89,5 en Secundaria.

“A la vez que se suprimen unidades en todas las enseñanzas, pocos días antes del proceso de escolarización, se difunde la ampliación de las mal llamadas becas en centros privados para cursar Bachillerato. Son políticas educativas claras. Manipulan la oferta de la enseñanza pública antes del proceso de escolarización, hacen actuaciones que promueven e incentiva a las familias el uso de escuelas privadas. Estamos en una comunidad donde el gobierno de Díaz Ayuso ha decidido que quiere minimizar la oferta pública y aumentar la privada”, asegura Galvín en rueda de prensa, en la que han presentado el resultado de sus indagaciones sobre el total de aulas públicas que desaparecerán, después de recabar el 92% de datos de todos los colegios de la red pública madrileña.

Este año las becas para Bachillerato serán para el alumnado que entre en la privada y se invertirá un total de 43,5 millones de euros

Las becas para Bachillerato, que arrancaron durante el curso 2019/2020, supusieron la concesión de 4,5 millones para alumnos y alumnas de Bachillerato que decidieran irse a la concertada durante el curso pasado. Este año serán para el alumnado que entre en la privada y se invertirán un total de 43,5 millones de euros. “La concertada se les queda corta y dan un salto a la escuela privada. Esto rompe el consenso constitucional, que se desarrolló en la primera ley orgánica de educación tras la Constitución. El gobierno de España debería reflexionar, porque si en Madrid se está haciendo esto es que algo falla”, avisa Galvín.

Dinero para familias pudientes

Así las cosas, el pasado 19 de abril, dos días antes del inicio del proceso de escolarización, la Consejería de Educación anunciaba que las becas de Bachillerato para el alumnado que acude a centros privados pasarán de los 2.861 beneficiarios actuales a 15.130 y su cuantía, ahora de hasta 3.000 euros, también crecerá un 25% durante la próxima convocatoria. 

Esto significa que una familia de cuatro miembros tiene que ganar menos de 143.652 euros al año, es decir, familias que ganan más de 100.000 euros pueden optar a estas ayudas

Para poder solicitar estas becas, la Consejería pone un límite máximo de renta per cápita de 35.913 euros para cada familia. Esto significa que una familia de cuatro miembros tiene que ganar menos de 143.652 euros al año, es decir, familias que ganan más de 100.000 euros pueden optar a estas ayudas.

Para Galvín, además de constituirse como un método para transvasar dinero público a la privada, más que ayudas a la educación son ayudas fiscales para las clases pudientes. “Estas ayudas, que se dan en centros cuyas matrículas rondan los 6.000 y hasta 10.000 euros anuales, son un incentivo fiscal. En Madrid hay una preocupación porque los que más tengan paguen menos y esto ayuda. Las familias se pueden desgravar las matriculas realizadas en la privada y además les damos una compensación“, se queja la portavoz de CC OO.

Y todo esto en una comunidad en la que la financiación a la educación está a la cola de España, siendo del 2,7% del PIB. “Y también a la cola de Europa, donde países de nuestro entorno están en el 7%. Con los impuestos de todos financiamos los privilegios de unos pocos”, insiste Galvín, quien espera que la situación se reconduzca.

¿Libertad de elección?

“La libertad de elección es uno de los buques insignias del PP desde Esperanza Aguirre, la que promovió la libertad de centro”, añade Eugenia Alcántara Miralles, inspectora de Educación. Sin embargo, y tal y como se constata con estas medidas, estamos ante una libertad “muy sui géneris”. Desde luego, no para las familias que eligen la pública, tal y como denuncia Alcántara, quien avisa de que CC OO ha judicializado la situación.

“Hay unos 60 centros en los que estimamos que hacía falta abrir una unidad más y en junio no se abrieron. Se está incumpliendo el decreto de libre elección de centro porque no se están teniendo en cuenta las preferencias de las familias”

Tal y como explica esta inspectora de Educación, el decreto de libertad de elección de centro 29/2013 obliga a la consejería a tener en cuenta para reorganizar la oferta educativa las preferencias manifestadas por las familias en los procesos anteriores. “Tenemos judicializado la rectificación con respecto a lo elegido por las familias en Madrid capital en el curso pasado. Hay unos 60 centros en los que estimamos que hacía falta abrir una unidad más y en junio no se abrieron. Se está incumpliendo el decreto porque no se están teniendo en cuenta las preferencias de las familias. No solo no se han ofertado esas unidades sino que se han cerrado más”, se queja.

Y desde este sindicato estarán vigilantes durante el curso 2022/2023 para ver como evoluciona la situación. “En este curso, cuando salgan las resoluciones de cada centro educativo, iremos contrastando y viendo donde ya en el curso pasado no se abrieron pese a la demanda e impugnaremos. Se vulnera el derecho a las familias a elegir centro y estaremos tras ello”, concluye.

Bebés al cole: el proyecto de Ayuso que aún está en pañales (Sara Plaza Casares para ELSALTODIARIO.COM)

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El director general de Educación de la Comunidad de Madrid, Ignacio Martín Blasco, se reunía el 22 de febrero con la Junta de Portavoces de Educación Infantil 0-6 y con la asociación Amegi, colectivos de profesionales preocupados por una nueva medida que el Gobierno regional anunciaba de manera sorpresiva el 15 de febrero. Durante un desayuno informativo, la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, aseguraba que algunos colegios públicos iban a ampliar su oferta para acoger a la infancia de cero a tres años a partir del curso 2022/23. En concreto, 2.000 primeras plazas en 46 colegios.

“Quedan siete meses para el inicio del próximo curso y se está hablando de adaptación de espacios (que no llevaría mucho tiempo) y no de construcción de espacios nuevos. Esta propuesta tiene muchas patas y quedan muchos flecos que se irán solventando según vayan surgiendo”, aseguraba Martín Blanco, según la transcripción de la reunión que han hecho pública las asociaciones. “Quedan siete meses y muchos temas por concluir, que se irán abordando según vayan saliendo, pero las condiciones serán las mismas en los Colegios de Educación Infantil y Primaria (CEIP) que en las escuelas infantiles”, insistía en otro momento.

A María López, secretaria de la Junta de Portavoces, no le extrañaría que el curso que viene comenzara con bebés entre maquinaria de obra. Se queja de que el proceso decisivo lo han realizado con oscurantismo y sin la participación de la comunidad educativa

Muchos flecos, temas por concluir… cabos sueltos que preocupan a las asociaciones. A María López, secretaria de la Junta de Portavoces, no le extrañaría que el curso que viene comenzara con bebés entre maquinaria de obra. Se queja de que el proceso decisivo lo han realizado con oscurantismo y sin la participación de la comunidad educativa. Y reconoce cierta preocupación.

“Quedan muchos cabos pendientes. El director general dijo que se iban a ir ajustando, pero no estamos hablando de hacer tornillos, estamos hablando de que en cada centro va a haber tres unidades con 42 niños y niñas pequeños —ocho de cero a uno, 14 de uno a dos y 20 de dos a tres— y eso hay que cuidarlo. No es cuestión de crear plazas, es cuestión de que las plazas que se creen sean de calidad. Si no tienen calidad, lo que hacen es perjudicar a la infancia. Históricamente, esta consejería no ha apostado por la educación infantil y estos son nuestros miedos”, resume quien asegura que el Gobierno regional lleva veinte años sin construir una nueva escuela infantil de gestión directa y diez de gestión indirecta o externalizada.

Entre las dudas, además de la adecuación de espacios, compuestos de patios de cemento que tendrán que reconvertirse en zonas ajardinadas, con areneros y rampas para las salidas y entradas, destacan una: ¿Qué personal atenderá a la infancia? En la mesa sectorial del 10 de marzo, el director general aseguró que las plantillas estarían formadas por cinco educadores y un maestro de infantil. Este maestro, que se encargará de coordinar el proyecto, “será preferiblemente un docente voluntario del centro”. “¿Qué van a ser, maestros que a lo mejor no tienen formación de cero a tres? ¿Se va a permitir que algún educador de escuelas infantiles pueda acudir para formar?”, se pregunta López. Y añade más: se desconoce cómo se hará efectiva la participación de las familias en los centros, que en las escuelas infantiles son un pilar fundamental con un acceso frecuente, mientras que en los colegios no pueden ni entrar.

Colgarse la medalla

Mientras, la Comunidad de Madrid saca pecho. Habla de una iniciativa pionera en el Estado que se inserta en el proyecto de aumento de natalidad de Ayuso. Desde CC OO dan un volantazo a esta versión y señalan que es el Ministerio de Educación el que obliga a la creación de más plazas públicas de cero a tres, gracias a una dotación de 53,5 millones de euros inyectada en la comunidad, provenientes de fondos europeos. El 21 de noviembre de 2021 el Consejo de Ministros aprobó la distribución entre las comunidades autónomas de 666,5 millones de euros para crear 65.382 plazas de educación infantil. Madrid ha optado por insertar estas plazas en los colegios públicos.

“Ayuso trata de meterlo en su relato, pero es una obligación impuesta por el Gobierno. Lo quisieron imputar al plan de natalidad de Ayuso, pero no es así. Es un dinero que viene de Europa a través del Gobierno”

“Ella trata de meterlo en su relato, pero es una obligación impuesta por el Gobierno. Lo quisieron imputar al plan de natalidad de Ayuso, pero no es así. Es un dinero que viene de Europa a través del Gobierno”, explica la secretaria general de enseñanza de CC OO Madrid, Isabel Galvín, quien también está preocupada por el oscurantismo y asegura que los directores de los centros seleccionados se enteraron de la noticia en Twitter. “Lo más grave es que es un proyecto que no tiene solidez porque no hay nada por escrito. Todos son palabras, te lo cuentan con entusiasmo, pero como en una rueda de prensa”, asegura Galvín, quien insiste en que hay muchos interrogantes sin resolver, como, por ejemplo, cuánto dinero se van a destinar a las obras. “En algunos casos se ha pedido a los directores que se encarguen, y no hay unos requisitos mínimos. No queda clara la parte de la financiación. Toda la financiación está fuera del presupuesto; es un dinero líquido, que les llega de fuera, no sometido a los criterios de gasto”, advierte.

“Con ello, este monto presupuestario queda al margen de los mecanismos de control regulados y promueve la adjudicación “a dedo” de las obras que son necesarias para implantar el modelo”

En este sentido, desde CC OO alertan de que las obras se han adjudicado al margen de los procesos de licitación regulados y que los fondos que llegarán para el año 2022, concretamente 26,6 millones de euros, no han quedado incorporados en los presupuestos para 2022 del Gobierno regional. “Con ello este monto presupuestario queda al margen de los mecanismos de control regulados y promueve la adjudicación “a dedo” de las obras que son necesarias para implantar el modelo”. Sombras sobre un proyecto “en el que deberían prevalecer las luces”, concluyen desde este sindicato.

Medida conciliadora

Y es que la incorporación de la infancia de cero a tres años en la educación pública es una medida que llega para favorecer la conciliación y acabar con la brecha entre familias. Cuando el Consejo de Ministros aprobó los fondos destinados a tal fin, la ministra de Educación, Pilar Alegría, aseguraba que llegaban para aliviar “la economía de muchas parejas y les permitirá también reincorporarse antes a la vida laboral activa, especialmente a las mujeres jóvenes, ya que suele ser sobre las que recae mayoritariamente el cuidado de los hijos”. Al mismo tiempo recordaba que la escolarización en el primer ciclo de infantil se sitúa en el 38,3%, pero con grandes diferencias según la riqueza de las familias: mientras que en los hogares humildes se sitúa en el 26,3%, entre los de rentas más elevadas alcanza el 63,5%. Insistía además que a la hora de invertir los fondos las comunidades deberán “priorizar el acceso del alumnado en zonas con mayor incidencia de riesgo de pobreza o exclusión social”.

“El modelo si se plantea y se planifica con responsabilidad y con la participación de toda la comunidad educativa puede ser interesante pero siempre que se trabaje con planificación y con todos y todas”

“El modelo, si se plantea y se planifica con responsabilidad y con la participación de toda la comunidad educativa, puede ser interesante, pero siempre que se trabaje con planificación y con todos y todas. Pero de esta manera te vas enterando de cosas según van transcendiendo y sin haber participado en el proceso”, se queja Mari Carmen Morillas, portavoz de la federación de familias FAPA Francisco Giner de los Ríos.

Morillas explica que los colegios seleccionados por la Comunidad de Madrid coinciden con aquellos que estaban perdiendo alumnado y cerrando líneas. “El criterio que se ha utilizado es centros grandes con espacios libres sin tener en cuenta otros contextos como la población. Si hay centros que son grandes y han ido perdiendo líneas puede ser que la población infantil también se haya reducido”, expresa la portavoz de las familias.

Para Morillas la decisión ha sido tomada a contrarreloj y de manera sobrevenida. “La Comunidad de Madrid tiene una red de escuelas infantiles públicas muy debilitada. Poco más de un 10% del total de las escuelas son 100% públicas. Viendo estos datos y que ampliar esas escuelas infantiles es incompatible con el tiempo que queda ya para septiembre, para no devolver ese dinero, la única forma es implementar este ciclo en los CEIP sin ningún criterio”, afirma.

“Si nos remitimos al historial de la Comunidad de Madrid en cuanto a la construcción de centros educativos, no es muy halagüeño. En esta comunidad hay centros que han estado sufriendo obras durante más de diez años e incluso que aún continúan sin acabar”

Y desconfía de que se pueda estrenar sin problemas con el inicio del nuevo curso. “Si nos remitimos al historial de la Comunidad de Madrid en cuanto a la construcción de centros educativos, no es muy halagüeño. En esta comunidad hay centros que han estado sufriendo obras durante más de diez años e incluso que aún continúan sin acabar”, asegura.

 “Vamos a estar muy observantes para ver en qué condiciones van a comenzar. La idea nos parece bien que se implante en un centro público, siempre que esto no vaya en detrimento para las escuelas infantiles actuales, que haya más inversión y más construcciones de escuelas”, expresa Sandra Villa, profesora y portavoz de Marea Verde. En este sentido, el director general de Educación ha prometido a los sindicatos la construcción de cinco nuevas escuelas infantiles.

Desde el punto de vista de los futuros profesoras y profesores, Villa pide que la Comunidad cumpla con las condiciones laborales y que las nuevas profesionales estén integradas en los claustros. “Deben de participar en la vida de los centros educativos, no las deben situar aparte”. Pero a esta profesional le asaltan muchas dudas al respecto. “Hay muchas dudas y no es un gobierno regional que se caracterice por ser dialogante. Primero lo han sacado en prensa y luego se han visto forzados a reunirse con la comunidad educativa y con la mesa sectorial. Hay mucha preocupación, no lo podemos negar. Pero vamos a estar vigilantes”, insiste.

Regreso a las aulas el 10 de enero de 2022 (Carta de CONFAPA al Consejero de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía)

 

Puedes leer la Carta en el canal de telegram de la Confederación de FAPAS y AMPAS de la Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid determina presencialidad en la vuelta a clase en todas las etapas educativas desde el 10 de enero (3-1-2022)

 

Fuente: comunidad.madrid/noticias

Comunicado Escuelas Infantiles 06 (AFA Zaleo)

 

Familias y escuelas infantiles de 0 a 6, en pie de guerra ante el plan de cierre de Ayuso (Somos Tetuán para ELDIARIO.ES)

ELDIARIO.ES publica esta información

La semana pasada saltó la noticia. Tras una reunión con las directoras de las escuelas infantiles de 0-6 años, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid expresó la intención de cerrar el segundo ciclo de infantil de las nueve escuelas que aún lo mantienen. O lo que es lo mismo, finiquitar la singularidad del modelo 0 a 6. Según la directriz, el año que viene ya no habrá en estas escuelas primer curso de segundo ciclo y los alumnos que están terminando el primero deberán pasar a cursar infantil en un colegio. Quedarían los niños de cuatro y cinco años solamente, a la espera de la extinción del ciclo en un par de cursos ¿La excusa? Liberar espacio en estos centros y crear más plazas de 0 a 3 años.

Se trata de escuelas en las que aún pervive la gestión pública directa, frente el resto de escuelas infantiles 0-3, donde los alumnos y alumnas pueden completar el ciclo completo para entrar directamente en Primaria en los colegios. Las escuelas afectadas son El Zofío, La Jara y San Fermín (Usera); El Zaleo y Los Girasoles (Puente de Vallecas); Los Títeres (Carabanchel), y Los Ángeles y La Plazuela (Tetuán).

Días después de que el anuncio cayera como una bomba sobre las familias, el profesorado de los centros (solo una directora de mostró su conformidad en la mencionada reunión) y sus comunidades educativas ya se han organizado, articulando movimientos de protesta para salvar un modelo que estiman pedagógicamente avanzado.

AMPAS y AFAS de las escuelas infantiles vienen planteando acciones de protesta a la puerta de los centros desde el pasado sábado. Es el caso de la vallecana Escuela Infantil Zaleo o de la Escuela Infantil La Jara, cuya comunidad educativa hizo un abrazo simbólico al centro, entre otras. La insoslayable petición de Change.org ya va camino de las 5000 firmas y fuentes de distintas asociaciones de madres y padres han declarado a este medio que siguen trabajando intensamente en acciones coordinadas de protesta y reivindicación del modelo. Próxima parada: una concentración este lunes, 29 de noviembre, frente a la Consejería de Educación (calle de Alcalá, 32) a las 17.30 h.

Familias abrazan su escuela infantil, La Jara, frente al recorte de la Consejería de Educación
AFA La Jara

Las familias y docentes defensores del 0-6 explican que se trata de un modelo elogiado en Europa por ser especialmente respetuoso con las necesidades de la primera infancia, que permite el trabajo transversal durante todos los años de infantil y ayuda a la detección de necesidades especiales a los equipos de atención temprana. Es, hoy, un modelo demandado por muchas familias, advierten desde las AMPAS, que no puede ser sacrificado en aras de crear más plazas 0-3 en lugar de crear aulas nuevas.

“Se trata de escuelas que, la que más la que menos, tienen proyectos educativos muy potentes, es algo reconocido por la profesión. Otra de las ventajas de este tipo de escuelas es que permiten crear una comunidad activa. La continuidad durante más años lleva a que se generen AMPAS fuertes, solo hay que ver cuáles son las escuelas infantiles que han participado en la Revuelta Escolar o la rapidez con que se están organizando ante esta amenaza. A lo mejor eso no interesa”, explica M., una profesora de Infantil que prefiere no dar su nombre.

Aunque desde algunas instancias próximas a las escuelas infantiles se expresaba el temor a verse solos por la singularidad y la dimensión minoritaria de su modelo, por el momento están recibiendo muestras de apoyo desde el resto de la comunidad educativa. El próximo día 30 su defensa será el primer punto en la asamblea de la Marea Verde de Madrid.

Desde la Plataforma por la Educación Pública de Tetuán también han emitido un comunicado de apoyo a las Escuelas Infantiles de 0 a 6 años en su configuración actual. En el distrito hay dos: Los Ángeles (Bravo Murillo, 241) y La Plazuela (Mártires de la Ventilla, 32). Según explican, “proporcionan una educación inclusiva y con identidad propia, que muchas familias de Tetuán eligen para sus hijos e hijas. Todos los años tienen más demanda que la que pueden absorber y por ello la solución nunca puede ser cerrar el ciclo de 3 a 6 años, sino abrir más escuelas.” Según esta plataforma, que aúna a docentes y familias defensoras de la educación pública, la medida solo puede redundar en una situación deficitaria del distrito donde trabajan, que “está a la cola de Madrid en todos los indicadores de cobertura escolar (en Primaria, Secundaria, Formación Profesional) y en la oferta de plazas públicas respecto a las privadas”.

¡Viva la escuela de 0 a 6!

Al filo de las 12 de la mañana, uno de los puestos más concurridos del Día del Niño era el del AMPA de la Escuela Infantil Los Ángeles. Las familias organizadas del cole habían conseguido en tiempo récord solicitar los permisos y organizarse para ofrecer un día entero de talleres y actividades para niños. La intención primera era, por supuesto, aprovechar uno de los días con más movimiento para las familias (una vez al año se cierra la calle de Bravo Murillo, entre Cuatro Caminos  y Plaza de Castilla, y se llena de actividades infantiles) para dar a conocer su reivindicación sobre la permanencia del modelo de escuela infantil de 0 a 6 años y por lo tanto de la suya, situada en la misma calle Bravo Murillo.

Algunos papás o mamá iban disfrazados con los personajes que se utilizan en los seis años de la escuela –Frankie el Dragón o Clemente, una lustrosa bola del mundo– y preguntan por ellos en un cuentacuentos. La pequeña Violeta, por ejemplo, ahora va al Colegio Público Ignacio Zuloaga pero sigue jaleando enérgicamente a los personajes entre el público. Uno de los problemas con los que se encuentran las escuelas de 0 a 6 es la escasez de plazas en los colegios en Primaria, pero en Los Ángeles lo suplen con acuerdos de preferencia con centros de la barriada, como el propio Zuloaga.

El cuentacuentos acaba en mani de familias hacia la cercana escuela, con gritos de consignas,–“ ¡Que viva la escuela de 0 a 6”!”– y la colgadura de pancartas en las paredes del centro.

Una asistente, desde su experiencia como docente, nos asegura que a la luz de su dilatada experiencia el modelo tiene ventajas “para niños, familias y equipos, por la continuidad que se da en una etapa evolutiva única, que facilita que el equipo de atención temprana haga seguimientos muy exhaustivos y cercanos, y hace que se cree una cultura de participación de las familias que no se da desde el principio, pues las familias llegan a la escuela infantil asustadas y con la única preocupación de que sus hijos estén bien cuidados; para los equipos educativos la continuidad 03- y 3-6 también favorece el trabajo en equipo”, explica entre la algarabía infantil.

Los más pequeños y pequeñas también tienen muchas ganas de hablarle a la grabadora. Hay un grupito de niños y niñas, antiguos alumnos de Los Ángeles, que se han acercado al Día del niño con ánimo de pelear por la que hace poco fue su escuelita. “Echamos de menos a nuestras clases, a Ana, a Patricia, íbamos a las clases de los bebés, hacíamos cosas juntos todos”.

Arancha es madre y profesora de la escuela pública e insiste: “todas las escuelas infantiles deberían ser 0-6 y los colegios de primaria de 6 a 12 porque es un modelo más respetuoso con las necesidades de la infancia”.

La jornada de talleres, festivo-reivindicativa, continuó todo el día. Ya por la tarde, las familias descolgaron una de las grandes pancartas que habían colocado a la mañana en la escuela y marcharon en mini manifestación por Bravo Murillo hasta la Junta de Distrito, donde un montón de familias aguardaban ansiosas el comienzo del concierto que había de clausurar el Día del Niño: el de la estrella de la música infantil Yo Soy Ratón, que mencionó entre las canciones a los pequeños manifestantes.

La lucha de las escuelas infantiles de 0 a 6 acaba de empezar, pero si uno de los retos era demostrar que su modelo educativo propicia comunidades escolares fuertes, ya lo han conseguido.

Escrito de las familia del IES Francisca de Pedraza contestando a la Consejería de Educación por el retraso en la construcción del instituto (6 de noviembre).

 

UNIDAS PODEMOS DENUNCIA QUE 17.976 ALUMNOS SE QUEDAN SIN PLAZA EN LOS CICLOS DE GRADO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL (Nota de prensa de Unidas Podemos)

Difundimos esta nota de prensa que os envían desde UNIDAS PODEMOS Comunidad de Madrid


El Grupo Parlamentario de Unidas Podemos ha pedido la comparecencia del consejero de

Educación en la Asamblea de Madrid. Exige la máxima transparencia al Gobierno de la

Comunidad y una Comisión de Seguimiento para la gestión de fondos provenientes de Europa

para la FP.


Los últimos datos de alumnado no admitido en el proceso de matriculación de ciclos de Grado Superior de Formación Profesional (FP) son demoledores. Según la información recogida por CCOO en el 88,9% de los centros, 17.976 alumnos y alumnas se quedan sin una plaza pública para cursar un ciclo de Grado Superior y están obligados a buscarse la vida en centros privados y concertados o a quedarse en su casa. Tan solo han sido admitidos 14.976 alumnos, es decir, el 46%. Estos datos hay que acompañarlos de tres comentarios. Por un lado, si se compara con la cifra de otros años, demuestran el carácter estructural del déficit de plazas públicas en FP, que se sitúa de nuevo en el orden de las 20.000 solicitudes rechazadas. Por otro, la dificultad para obtener esta información, dada la poca transparencia de la Consejería, que obliga a obtener centro a centro y grado a grado la demanda concreta que se queda sin atender. Por último, llama la atención que las familias sanitarias son las que tienen más déficit de plazas, entre un 70% y 90% de rechazo, lo que demuestra una falta de previsión absoluta de la demanda real.

A estas cifras escandalosas, hay que sumar las 6.938 personas que se han quedado sin poder matricularse en Ciclos Formativos de Grado Medio, lo que totaliza 24.914 solicitudes rechazadas para cursar ciclos de Formación Profesional de Grado Medio y Superior. Estamos ante un grave problema educativo, como demuestra el déficit estructural de plazas, la falta de planificación y la crisis en el proceso de admisión que hace que sean rechazadas el 54% de las solicitudes de Grado Superior, y el 25% de las de Grado Medio. Es una crisis social, ya que afecta a la equidad y a sectores del alumnado con menos recursos que eligen la FP como itinerario formativo.

Por último, refuerza la debilidad del mercado de trabajo, al negar una mayor cualificación profesional a decenas de miles de jóvenes que, sin ella, se ven abocados al paro, la precariedad y los bajos salarios.

Esta situación tiene que ver con la bajísima inversión educativa y con el proceso de privatización galopante que vienen realizando los gobiernos del PP. La inversión educativa es la más baja del país (un 2,2% del PIB regional, frente al 4,2% de media en España), a pesar de ser la comunidad autónoma más rica. En cuanto a la privatización, se observa en la evolución de la formación profesional en Madrid en los siguientes datos: en la década que va del curso 2010-11 al curso 2019-20, la formación profesional de Grado Superior ha pasado de suponer un 72,8% al 56,5%; es decir, se ha reducido en un 16,3% en beneficio de los ciclos de Grado Superior privados. En número concretos, el alumnado de la pública ha pasado de 24.889 a 30.549; mientras que el alumnado de la privada ha pasado de 3.716 a 21.885. En los ciclos de Grado Medio, la evolución ha sido similar: en esa misma década el sector público ha pasado de suponer el 72,8% al 55,9%, es decir, se ha reducido en un 16,9%. Para activar esta brutal privatización, se combina el déficit estructural de plazas públicas con la política de becas para estudiar en los centros privados. Así, en la orden 1485/2021, de 22 de mayo de la Consejería de Educación, se destinan 18,5 millones de euros para becas de una media de 2.000 euros, lo que supone más de 9.000 alumnos derivados a la FP de Grado Superior privada. Las becas se gestionan directamente desde las
secretarias de los centros privados.

En este contexto, solo cabe hablar de duro golpe a la educación madrileña por los Gobiernos del PP. Por ello, impresiona que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hable de desastre en la educación madrileña (y en la Atención Primaria), cuando ella es la principal responsable de la educación al tener trasferida toda la capacidad de actuación, y cuando su partido lleva gobernando 26 años consecutivos. El déficit estructural de plazas pone de manifiesto que, más allá de la propaganda (la FP dual solo supone el 5%), al gobierno de Madrid le importa muy poco la Formación Profesional, ya que no se planifica algo que es fundamental: la oferta educativa en base al grado de inserción laboral de los ciclos. Este desprecio hacia la FP se evidencia en que Madrid es la Comunidad autónoma con menos alumnos matriculados en FP sobre el total de alumnos matriculados en todo el sistema educativo, la que menos plazas oferta en la FP pública, y la única que cobra unas tasas académicas en la FP de grado superior de 400 euros.

El Grupo Parlamentario de Unidas Podemos ha pedido la comparecencia del Consejero de Educación en la Asamblea de Madrid. Exige la máxima transparencia al Gobierno de la Comunidad y una Comisión de Seguimiento para la gestión de fondos provenientes de Europa para la FP. El Gobierno central ha transferido 23 millones de euros a Madrid para FP y hay que asegurar su carácter finalista y que no sean desviados a la privatización y a otros capítulos.

Unidas Podemos pide, también, que se negocie un Plan de Choque de Formación Profesional para hacer frente a la situación de emergencia existente y se atienda en septiembre la demanda insatisfecha con mayor inversión, contratación de profesorado y apertura de las aulas taller en turno de tarde. A medio plazo, se deberá negociar una política de Formación Profesional que incremente la oferta de plazas públicas de FP en función de la demanda del alumnado y no del negocio de los centros de FP privados, que aumente la dotación de medios humanos y técnicos, que refuerce de los departamentos de orientación profesional, que implante nuevos títulos profesionales y que garantice la gratuidad de las matrículas.

Madrid, 6 de agosto de 2021

La vuelta a la normalidad en las aulas madrileñas tras la COVID no acaba con los barracones (Sofía Pérez Mendoza para ELDIARIO.ES)

 Reproducimos esta noticia de ELDIARIO.ES

• La Comunidad de Madrid repliega las ratios reducidas pero usará el curso que viene los módulos prefabricados que compró por la pandemia para sustituir las ampliaciones de centros que no se han hecho a tiempo
• 
  Los barracones regresaron a la Comunidad de Madrid en 2020. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso compró 249 aulas prefabricadas para crear clases con menos alumnos y alumnas por el peligro de contagio del coronavirus. En el curso que empezará el próximo septiembre, las ratios volverán a la normalidad —se desmantela la reducción por la pandemia—, pero los barracones se quedan.
  
  
  Ocurrirá así porque la Consejería de Educación empleó casi la mitad de los módulos adquiridos el año pasado en centros educativos con ampliaciones que no se habían terminado a tiempo, según denunciaron sindicatos y familias y publicó El País. Ya entonces temieron que estas infraestructuras temporales, que había costado años erradicar de las aulas madrileñas, dilataran las obras de los colegios e institutos a medias o el inicio de los proyectados.
  
  
  
  
  El retraso en los plazos de construcción se ha convertido en habitual en la región y eso da lugar a situaciones tan rocambolescas como empezar el curso en un centro que se podía elegir en el periodo de admisión aunque no tiene puesta ni la primera piedra. Son los llamados colegios e institutos 'fantasma'.
  
  El departamento que dirige Enrique Ossorio, también portavoz del Gobierno regional, confirma que las aulas prefabricadas "se van a mantener o reubicar", pero una portavoz achaca esta prórroga a que "en muchos centros siguen siendo necesarias para mantener las distancias de seguridad indicadas por el Ministerio de Educación para el nuevo curso".
  
  Sin embargo, elDiario.es ha podido corroborar a través de plataformas por la educación pública que los barracones se emplearán para sustituir aulas no construidas en tiempo y forma. En Rivas, por ejemplo, el colegio Dulce Chacón va a acoger en dos aulas situadas en su patio a los niños y niñas de tres años matriculados en el CEIP Hispanidad, que todavía no se ha construido. En este caso, Educación sí matiza que los módulos se han trasladado por necesidad de "apoyo en la escolarización".
  
  
• "Los barracones escondían la errática política de planificación"
  
  Según datos del Gobierno regional, el uso de barracones solo tendrá esta finalidad en cinco aulas en toda la región, pero las cifras que maneja la Plataforma Centros Públicos Ya son mucho más abultadas. Doce barracones en el instituto de Secundaria Simone Veil (Paracuellos), cuatro más en el CEIP Casamayor (mismo municipio) y ocho en el instituto Elisa Soriano Fischer de Getafe. Los alumnos del CEIP Teresa de Calcuta, en Parla, seguirán en barracones, pero en el IES Humanejos. Y también los matriculados en el instituto Jane Godall, del barrio de Rejas, donde ya el curso pasado había ocho módulos y continuarán.
  
  "Vemos como un retroceso recuperar los ratios anteriores, pero también mantener unos barracones que escondían la errática política de planificación de infraestructuras educativas públicas en la Comunidad de Madrid", apunta Fernando Mardones, portavoz de la plataforma que agrupa AMPAS de colegios e institutos de toda la región. "Pudieron tener algo de razón para solventar las exigencias derivadas de la pandemia sanitaria, pero el Gobierno de la señora Díaz Ayuso debería haber hecho sus deberes y haber resuelto la necesidad de nuevos centros o de ampliaciones pendientes en los ya existentes, tal y como llevamos denunciando miles de familias desde hace años", añade.
  
  Los últimos barracones en Madrid se desmontaron a principios de 2019 en el instituto Neil Armstrong de Valdemoro, nueve años después de que Esperanza Aguirre prometiera erradicar estas infraestructuras al llegar a la Puerta del Sol en 2010. Los módulos que volvieron el año pasado con la excusa sanitaria, de momento, han llegado para quedarse.

Ayuso presume de libertad educativa mientras su Gobierno manda a menores a colegios especiales contra su voluntad

 Reproducimos esta noticia de ELDIARIO.ES

Una sentencia obliga al Gobierno regional a escolarizar a una menor con necesidades educativas especiales en un centro ordinario después de que la Consejería de Educación decidiera, contra la voluntad familiar, que acudiera a un centro de educación especial. En los últimos meses Madrid ha recibido al menos tres reproches judiciales en este sentido.


Tercer golpe de la Comunidad de Madrid contra la libertad de los padres a elegir centro escolar en menos de un año. Y tercer reproche judicial a las decisiones de la Consejería de Educación de Isabel de Isabel Díaz Ayuso. Una jueza acaba de obligar al Gobierno regional madrileño a anular una resolución de escolarización por la que imponía a una pequeña de entonces tres años la matriculación contra su voluntad en un centro de educación especial y ordena que la niña acuda a un colegio ordinario con los recursos de apoyo necesarios, como prefieren sus progenitores.


La historia de Delfina, José Alberto y la pequeña Mía, como la de Carmen Nacho y Atenea el pasado mes de junio, o como la de Cristina y Carlos en mayo, es la de una familia que no acepta que la Administración, la Consejería de Educación que dirige Enrique Ossorio en este caso, decida unilateralmente y contra su voluntad que la menor tiene que ir a un centro de educación especial. Una familia que quiere para su hija un colegio ordinario, como el resto de los niños. Que rechaza la resolución de escolarización emitida por Educación aún a costa de perder todo un curso escolar, como les pasó. Que van a juicio cuando se quedan sin más opciones. Y que, como toda la normativa sobre inclusión educativa les da la razón, jurisprudicencia del Tribunal Supremo incluida, acaban ganando y pueden llevar a su hija, que padece el síndrome de Wolf-Hirschhorn, al colegio de su elección.

Ganan pero realmente pierden, matiza Delfina. Sobre todo pierde la menor, ya que los dos cursos no disfrutados y a los que tenía derecho, se han perdido y no volverán, añade.

Mientras los tribunales iban acumulando sentencias en contra del Gobierno autonómico, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha presumido de libertad de elección como bandera. Sin ir más lejos, este martes, Díaz Ayuso declaraba: "El sistema educativo lleva la libertad como bandera, porque permite que sean las familias las que elijan libremente el sistema educativo que sea mejor para sus hijos y, lo más importante de todo, (...) que es elegir su centro educativo (...). Elegir entre un colegio público, privado, concertado, religioso o laico (...). O la educación especial, que para nosotros es un objetivo prioritario a cuidar. Hay que tener en cuenta que son niños que tienen discapacidades, otro tipo de dificultades añadidas, y son sus padres quienes saben en qué modalidad educativa pueden integrarse mejor y conquistar sus metas".

Delfina y José Alberto, padres de Mía, no tuvieron esa suerte. "Pertenecemos a la Asociación Española de Síndrome Wolf-Hirschhorn y realizamos algunas averiguaciones: en el resto de España, aquellos que se propusieron que sus hijos, con circunstancias parecidas a la nuestra, acudieran a centros ordinarios, lo consiguieron. Somos los únicos que hemos tenido que ir a juicio", señala la madre, Delfina. "Parece que Ayuso no les otorga el mismo valor a los padres que saben que la mejor modalidad educativa para sus hijos con discapacidad es la ordinaria… estos tienen que ir a juicio contra su propia Consejería de Educación, y esto es bastante ofensivo".

"Esta sentencia es especialmente importante", explica Carme Fernández, presidenta de la Fundació Gerard y perito que ha trabajado en el juicio con la familia, "porque Madrid es donde más resistencia hay a la inclusión educativa y porque se afea a la Comunidad que hayan realizado una evaluación predeterminada". Esto es, se ajustó la evaluación a la decisión tomada (escolarizar a Mía en un centro especial) en vez de evaluar, probar y luego decidir.

La libertad de las familias para escoger centro en Madrid depende, a veces, de qué centro se elija.
"No te escucha nadie"

Mía tiene la suerte de que sus padres son maestros los dos. Conocen el sistema y conocen sus derechos. Delfina es, además, pedagoga terapeuta. "Como trabajo en un colegio, un curso me encontré con que hay un niño al que le ponen una integradora social para él solo durante toda la jornada (justo el recurso que pedíamos para nuestra hija). El niño no tiene discapacidad, pero necesitaba a la profesional. Ahí vi que se le pueden dar todos los recursos necesarios a un niño o niña, pero a mi hija se la ha discriminado por su condición de discapacidad", explica.

La familia pasó un periplo de dos cursos de duración. Con la Administración enrocada en que le correspondía un centro de educación especial, el primer año decidieron que la niña no iría al colegio. El segundo, este curso escolar 2020-21, con Mía loca por socializar con otros pequeños, según cuenta Delfina, acabaron aceptando el "mal menor" y llevaron a la pequeña al centro designado mientras se resolvía la vía judicial.

Delfina relata unas negociaciones, por llamarlo de alguna manera, desesperantes. "Se reúnen contigo. Se supone que te escuchan para encontrar un entendimiento. Pero no nos escuchó nadie, la reunión era para convencernos de que teníamos que ir al centro especial. Empiezan a tocar temas emocionales, insinúan que no queríamos lo mejor para nuestra niña, que no estábamos pensando en ella... Más tarde supe que mucha gente se derrumba en esta fase y se aprovechan de eso", asegura.

María José Alonso Parreño, la abogada que ha acompañado a la familia en todo este proceso, corrobora este punto. "En general las familias no reciben suficiente información sobre sus derechos. Muchas veces acaban de recibir la noticia y están todavía sobrecogidos con las dificultades que conlleva en la sociedad gestionar una discapacidad y así es difícil que cuando te mandan a un colegio especial te pongas a luchar", relata.


Las administraciones educativas en sus presupuestos tienen previstos financiar tantos colegios de educación especial, tantos públicos y tantos concertados. Y una vez presupuestado tienes que llevar a los niños allí porque si no gastas dinero por dos sitios
María José Alonso Parreño — Abogada de la familia

Pero la normativa es bastante clara, recuerdan tanto la abogada como la perito Fernández. Como recoge la jueza en su sentencia, argumentos que se repiten una y otra vez en este tipo de decisiones, desde la Constitución hasta la ley educativa vigente, pasando por la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, establecen los principios de "no discriminación" e "igualdad de oportunidades" de todos los niños, el derecho a la igualdad en el acceso a la educación como derecho fundamental e incluso, específicamente, que "la escolarización del alumnado que presenta necesidades educativas especiales se regirá por los principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo (...)".

El Tribunal Supremo concluyó en una sentencia, que es una referencia en el sector, que es obligación de la Administración poner los recursos necesarios para que esta inclusión sea efectiva en el sistema ordinario. Los recursos deben ir al niño, sostiene el TS, no el niño a los recursos en el centro especial, excepto en contadísimas ocasiones en las que la primera opción no sea posible o se demuestre que los apoyos no funcionan. La reciente modificación de la ley educativa, ahora la Lomloe, solo ha ahondado en el derecho a la inclusión y establece que se tendrá en cuenta la opinión de los padres a la hora de escolarizar a un menor con necesidades educativas especiales, pero no llega a prohibir la práctica contraria.

En esta sentencia, este jueza destaca que "se concluye que las resoluciones de la Administración no explican el motivo por el que considera una carga desproporcionada la educación de Mía en un centro ordinario, en una edad tan temprana, siendo ésta la principal justificación de la decisión. Del expediente se deduce que incluso antes de la evaluación de la menor ya se consideraba adecuada la educación especial, sin haber estudiado a la niña en el contexto escolar y sin agotar las posibilidades de su inclusión". Los mismos argumentos una y otra vez.

"Esta sentencia viene a reflejar hasta dónde es capaz de llegar la administración educativa, incluso con niños de temprana edad aún sin escolarizar", explica Fernández. "Porque la evaluación que han hecho para justificar el dictamen de escolarización [en un centro especial] es predeterminada porque no se ha realizado en el contexto escolar, no se han podido determinar las necesidades de la niña, por lo tanto no se puede concretar los apoyos, y si no se pueden probar los apoyos no se puede concluir que implican una carga indebida o que hayan fracasado", elabora. Y ese, el fracaso probado de los recursos adicionales en su cometido de la inclusión, es el único argumento que podría justificar una escolarización forzosa en un centro especial, explica la experta. "No se puede dictaminar la educación especial sin estar el niño escolarizado, haber probado los ajustes y que además hayan fracasado, aunque impliquen un coste elevado. Porque si están funcionando orientados al fin de la inclusión son pertinentes, nunca serán desproporcionados", concluye.
"Penaliza que haya tantos centros"

Delfina tiene sus propias teorías sobre por qué la Comunidad de Madrid actúa como lo hace. "Madrid penaliza bastante por el hecho de tener tantísimos centros de educación especial. Allí donde casi no hay, no te pueden obligar y te acaban poniendo el recurso necesario [profesionales de apoyo, normalmente] en el centro más cercano", sostiene. La abogada Alonso Parreño coincide en parte. "Las administraciones educativas en sus presupuestos tienen previstos financiar tantos colegios de educación especial, tantos públicos y tantos concertados. Y una vez presupuestado tienes que llevar a los niños allí porque si no gastas dinero por dos sitios", afirma.

Según los datos oficiales, Madrid no es la comunidad autónoma que más alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE) matricula en centros específicos, pero sí está por encima de la media, según datos del Ministerio de Educación. Mientras en España el 82,4% de estos alumnos acuden a centros ordinarios, en Madrid lo hace un 80,2%. La Comunidad Valenciana, Extremadura, Aragón, Canarias y Catalunya tienen, porcentualmente, más alumnado en centros de educación especial.

Tampoco es la que más centros tiene, con un total de 68, frente a los 100 de Catalunya, por ejemplo. Pero sí tiene más que Andalucía (59) pese a tener menos población. De los 68 centros madrileños, 25 son públicos y 43 privados, con o sin concierto. Llama la atención en este sentido, aunque más o menos sucede lo mismo por toda España, que pese a que la proporción de centros es de casi 2 a 1 favorable a los privados, hay más profesores en los públicos (882 frente a 738).

Orden por la que la Consejería de Educación vuelve a publicar la convocatoria de becas para Bachillerato en centros privados

 

ORDEN 604/2021, de 10 de marzo, de la Consejería de Educación y Juventud, por la que se establece el procedimiento para la inscripción en el “Listado de centros de becas de Bachillerato”, de los centros docentes privados en Bachillerato de la Comunidad de Madrid que admitan alumnos beneficiarios de las be- cas reguladas por la Orden 1410/2020, de 1 de julio, de la Consejería de Educación y Juventud, por la que se aprueban las bases reguladoras de becas para el estudio de Bachillerato en la Comunidad de Madrid (BOCM 25-3-2021)

La Consejería de Educación elimina en Leganés al menos 10 aulas de educación infantil afectando aproximadamente a un 30 % del total de los centros educativos públicos.

 

CNT-AIT prorroga huelga en la enseñanza no universitaria hasta el 30 de junio

El Sindicato de Enseñanza e Intervención Social de CNT-AIT Madrid prorroga la huelga indefinida en los centros de enseñanzas no universitarias de la Comunidad de Madrid desde el 6 de abril hasta el 30 de junio.

La nula aplicación de protocolos serios para el personal vulnerable ha expuesto a compañeras a situaciones de serio riesgo. En algunos casos con un final trágico como el de nuestra compañera del IES Felipe II, Marijose, que fue obligada a una exposición que le ha costado finalmente la vida:

https://ensenanza.cntmadrid.org/cronica-de-una-tragedia-anunciada-en-el-ies-felipe-ii/

Esta convocatoria no solo se dirige al personal vulnerable. Las personas con patologías previas siguen en situaciones de peligro, pero es una convocatoria que pueden secundar todos los trabajadores y trabajadoras de las enseñanzas no universitarias que así lo consideren, bien porque saben que los centros no son seguros (entre otras cosas por las deficiencias de la campaña de vacunación), bien porque quieren protestar por la dejadez de un gobierno regional que ya ha anunciado la vuelta a las clases abarratodas en el próximo curso.

Os adjuntamos el documento con los servicios mínimos:

Acta Servicios Mínimos Huelga del 6 de abril al 30 de junio

Para terminar, recordaros que la administración suele avisar a los centros de esta convocatoria en el BOCM del día anterior al inicio de la convocatoria.

La lucha es el único camino.

https://xn--enseanza-g3a.cntmadrid.org/cnt-ait-prorroga-huelga-ensenanza-hasta-el-30-de-junio/

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CNT-AIT amplía la huelga (instrumental) en la enseñanza madrileña hasta el 25-3-2021

CNT-AIT prorroga la huelga (instrumental) en la enseñanza no universitaria madrileña del 11 de enero al 22 de febrero (Sindicato de Enseñanza e Intervención Social de CNT-AIT Madrid)

CNT-AIT convoca huelga por una vuelta segura a las aulas

Ayuso planea aumentar ya el próximo curso las ratios en los colegios (Sofía Pérez Mendoza para ELDIARIO.ES)

 ELDIARIO.ES publica esta noticia

La Comunidad de Madrid ya planifica acabar el curso que viene con la reducción de ratios que puso en marcha en las aulas por la pandemia, pese a que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, aseguró a finales de agosto que quería mantener las clases con menos alumnos de manera "permanente". Si la dirigente sigue gobernando el Ejecutivo autonómico para entonces –aún no está claro si habrá elecciones o pueden prosperar dos mociones de censura–, las aulas de Primaria pasarán de 18 alumnos a 25 y las de Secundaria (1º y 2º de la ESO) volverán a contar con 30 frente a los 23 de este curso. Las ratios del segundo ciclo de Secundaria y de Bachillerato no llegaron a reducirse porque el alumnado tiene un régimen semipresencial en días alternos.

Los centros educativos no han recibido ninguna comunicación oficial sobre este cambio, adelantado por la Cadena Ser. Se enteraron, cuenta el presidente de la Asociación de Directores de Instituto de Madrid, Esteban Álvarez, a través de la aplicación Raíces. "En el programa informático, fieles a su forma de actuar, asignan ya el número de unidades previstas y el número de plazas escolares por unidad. Ahí nos encontramos hace unos días con la misma estructura que antes de la situación de pandemia". El proceso de matriculación para el curso que viene empieza el 8 de abril y finaliza el 23.

Hace ahora justo un año, las aulas de Madrid y de toda España se vaciaron de un día para otro por el estallido de una pandemia mundial inédita cuyas consecuencias eran entonces desconocidas. Los escolares, sus familias y los docentes tuvieron que afrontar un final de curso muy complicado con clases exclusivamente online que dejaron a una parte de los alumnos atrás. Las consecuencias, el llamado desfase curricular, se siguen notando todavía en las aulas.

Por eso, los docentes no entienden que el curso que viene la planificación se haya hecho como si la pandemia no hubiera existido. O existiese aún. El ritmo de vacunación –problemas en la recepción de vacunas y en la administración– deja dudas sobre cuál será la situación en septiembre. La Consejería de Educación, dirigida por Enrique Ossorio –nuevo portavoz del Gobierno autonómico tras el cese de todos los consejeros de Ciudadanos–, ya afirmó en Navidad que los desfases curriculares habían sido superados y prescindió de los 1.300 docentes de refuerzo que había contratado al inicio del curso.

No es la primera vez que la organización que plantea la Comunidad de Madrid no considera la pandemia. En plena primera ola, Educación tuvo que afrontar el periodo de admisión para el curso 2020/2021. En su planificación contó con elevar al máximo las ratios en algunos centros suprimiendo las aulas menos numerosas pese a que la vuelta a la actividad lectiva iba a exigir, como se ha demostrado después, todo lo contrario: la reducción de escolares para garantizar la distancia física. Algunos profesores piensan que este año se podría repetir esta situación y que finalmente las ratios fueran más reducidas porque el programa Raíces no recoge los nuevos grupos burbuja.

Comunicado de la Comisión de Igualdad del IES Gómez Moreno (9-3-2021)

Comunicado de la Comisión de Igualdad del IES Gómez Moreno

Tras los sucesos acontecidos ayer, 8 de marzo, en el instituto Gómez Moreno a raíz de una actividad organizada por la Comisión de Igualdad, comunicamos que:

Como docentes de la escuela pública, tal y como se establece en los marcos reguladores de la educación, una de nuestras labores es educar en la igualdad, y por tanto, en contra de toda discriminación (ya sea por cuestión de género, raza, diversidad funcional, clase social, orientación sexual, religión, etc).

“La Comunidad de Madrid fomentará el desarrollo de los valores que potencien la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, y de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social”. Apartado 2 del artículo 9 del Decreto 48/2015 de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria.

La Comisión de Igualdad es un proyecto de centro de larga trayectoria en el IES Gómez Moreno (llevamos 15 años trabajando en igualdad), del que forman parte alumnos, alumnas y profesoras que, de forma voluntaria trabajan para favorecer que la escuela sea un espacio de igualdad y diversidad.

Dicha Comisión forma parte de la Red de Institutos del Distrito (RID) de San Blas - Canillejas, en la que participan siete institutos públicos, cada uno con su propia Comisión de Igualdad. La RID nos permite establecer redes, enriquecer nuestra experiencia educativa y colaborar, frente a la lógica de la competencia entre centros públicos que se nos quiere imponer.

Como cada año en los centros públicos, se conmemora el 8 de marzo (al igual que otras fechas señaladas en el calendario) con la realización de distintas actividades en horario lectivo, recogidas en la Programación General Anual (PGA). Para este curso, y orgullosas del trabajo realizado por las comisiones del distrito, junto a otras actividades, desde el Gómez Moreno nos planteamos invitar a la Ministra de Igualdad, máxima representante del estado en materia de igualdad.

Tras recibir la aceptación del Ministerio se procedió a organizar el acto. Para ello, se tuvo en cuenta en todo momento la situación de pandemia con la que convivimos a diario en las aulas desde septiembre. Se valoró así, tal y como se comunicó a la Consejería de Educación (al contrario de lo que se ha dicho), el lugar (espacio al aire libre), el número de participantes (menos personas que las permitidas por la Comunidad en el interior de las aulas), la distancia de seguridad, el uso de mascarillas e hidrogel, así como la programación del acto.

Éste comenzaba con la recepción de la ministra, a la que se iban a enseñar las instalaciones del centro (en el contexto, además, de la celebración del 50 aniversario de nuestro IES, al que están invitadas otras
personalidades como el Consejero de Educación o la Ministra de Educación). Posteriormente, se realizaría el encuentro de algunas alumnas, alumnos y profesoras de la Comisión con la ministra, para que el alumnado le explicara su implicación, inquietudes y propuestas en materia de igualdad, en el marco de su barrio y de la escuela pública. Por desmentir algunas informaciones vertidas al respecto, en ningún caso el acto consistía en una ponencia por parte de la ministra.

Queremos reconocer públicamente la admiración que sentimos por nuestras alumnas y alumnos, por su compromiso y valentía, especialmente por los que se han visto afectados por esta situación.

Por último, queremos denunciar que la desautorización del acto nos resulta injusta porque atenta contra la autonomía de los centros públicos y contra la libertad de expresión y de cátedra, así como contra los valores de pluralidad que establecen las leyes de educación estatales y autonómicas. Nos duele profundamente la falsa acusación de adoctrinamiento, cuando estamos cumpliendo con orgullo y profesionalidad con nuestra labor docente y con la legislación vigente.

Comisión de Igualdad – IES Gómez-Moreno

Madrid, 9 de marzo de 2021

Comunicado sobre la decisión de la Consejería de Educación de no autorizar la asistencia de la Ministra de Igualdad al IES GÓMEZ MORENO (ADIMAD 9-3-2021)

 

La FAPA “Francisco Giner de los Ríos” pone en cuestión que quien está al timón de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid se preocupe por la educación. (Nota de prensa FAPA Giner de los Ríos)

Hemos recibido este correo

La FAPA “Francisco Giner de los Ríos” pone en cuestión que quien está al timón de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid se preocupe por la educación.
Enlace a la nota de prensa:
www.fapaginerdelosrios.org/documentos?EntryId=2514&Command=Core_Download
Recibid un cordial saludo
FAPA FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS
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