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martes, 4 de noviembre de 2025

5-11-2025: ¡No tenemos enfermeras en los colegios! (17:30h., en el Pleno de la Junta Municipal de Vallecas. Avda. de la Albufera)


 @EscPublicaVK

Es una vergüenza que no se cubran las necesidades de enfermeras en nuestros centros....este miércoles 5, a las 17,30h, lo exigiremos en el pleno de la Junta Municipal de Vallecas, en la Avda. de la Albufera. Participa.

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    miércoles, 2 de abril de 2025

    La Plataforma en Defensa de la Educación Pública de Majadahonda reclama medidas urgentes ante el grave deterioro del gimnasio del CBEIP Federico García Lorca (NdP 28-3-2025)

     La Plataforma en Defensa de la Educación Pública Majadahonda nos envía este correo:

    Por si es de su interés adjuntamos esta nota de prensa sobre la pregunta que realizamos en el Pleno de Majadahonda acerca del preocupante estado del gimnasio del colegio Federico García Lorca de Majadahonda.

    NOTA DE PRENSA Majadahonda, 28-3-2025

    LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA DE MAJADAHONDA RECLAMA MEDIDAS URGENTES ANTE EL GRAVE DETERIORO DEL GIMNASIO DEL CBEIP FEDERICO GARCÍA LORCA

    La Plataforma ha trasladado al Ayuntamiento, a través de una pregunta formulada en el Pleno municipal, su profunda preocupación por el estado del gimnasio del colegio público Federico García Lorca.

    Desde hace tiempo, el gimnasio presenta filtraciones de agua desde el subsuelo, lo que podría estar afectando a la estructura del edificio. Además se han desprendido algunos de los testigos colocados en las grietas, y se ha detectado la penetración de luz solar por una de las esquinas, lo que sugiere la existencia de una grieta profunda. A este deterioro se suma un incidente hace meses en el que un ladrillo cayó desde la parte alta de la instalación, lo que supone un grave peligro para la comunidad educativa. Desde entonces, según nuestra información, la única intervención realizada ha sido perimetrar la zona con una valla.

    No nos consta que el Ayuntamiento haya previsto una intervención integral que solucione estos problemas estructurales. Y a ello se une que en las últimas semanas se han registrado goteras en la instalación, lo que agrava aún más la situación.

    Por todo ello el pasado 25 de marzo una representante de la Plataforma registró una pregunta dirigida a la Concejalía de Educación solicitando información sobre:

    • La fecha en la que se colocaron los testigos en las grietas del gimnasio.
    • La existencia de un informe técnico reciente sobre el estado de dicha instalación y sus conclusiones.
    • Las garantías de seguridad que el Ayuntamiento puede ofrecer, en su caso, sobre la instalación y, de no ser así, las medidas que piensa adoptar de forma inmediata.

    Aun cuando la pregunta fue registrada con la antelación necesaria, el hecho de que estuviera dirigida a la Concejalía de Educación en lugar de al Pleno, dio lugar a que no se respondiese nada concreto por parte del equipo de gobierno, a pesar de que sí pudo ser formulada por la representante de la Plataforma con la previa autorización de la Sra Alcaldesa.

    No acabamos de entender que estando presente todo el equipo de gobierno cuando se formuló la pregunta, no hubiera concejal o concejala alguna que pudiese aclarar algo sobre el asunto planteado. Nos parece muy preocupante que este tipo de situaciones se den reiteradamente en nuestros centros públicos y no se adopten medidas concretas inmediatas ante un problema de seguridad de tal gravedad.

    “Desde la Plataforma en Defensa de la Educación Pública de Majadahonda reclamamos una respuesta urgente por parte del Ayuntamiento y la adopción de soluciones inmediatas para garantizar la seguridad del alumnado y del personal del CBEIP Federico García Lorca. La educación pública no puede permitirse espacios inseguros ni el desamparo de las instituciones responsables. Por ello solicitaremos una reunión urgente con la Concejalía de Educación, junto con la de Infraestructuras, para conocer de primera mano las medidas que se van a adoptar. Asimismo, instamos a familias, docentes y ciudadanía en general a sumarse a nuestra reivindicación de espacios educativos seguros y en condiciones adecuadas. Por una educación pública de calidad y segura en Majadahonda.” (Merche Gila, portavoz de la Plataforma).

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    lunes, 17 de marzo de 2025

    19-3-2025: Concentración y cacerolada por integrador/a social en el CEIP Maestra Trinidad YA (8:30 h., en el CEIP Maestra Trinidad. Fuenlabrada)

     


    La FE CCOO de Madrid nos envía esta convocatoria:

    ‼CCOO Convoca y llama a participar‼

    Concentración y cacerolada Integrador/a social en el  CEIP Maestra Trinidad YA 

     ❌A lo largo de este curso ya han estado más de un mes  sin TSIS y ahora que ya llevan sin TSIS desde el 25 de febrero. 

    Paralelamente han cesado el viernes 7 de marzo a la Técnico especialista III, ya sustituida por otra desde el lunes 9 de marzo gracias a las gestiones desde el centro, desde CCOO y al anuncio de esta movilización con la que seguimos adelante porque sigue faltando integrador social no garantizando el derecho fundamental a la educación, en igualdad de condiciones, del alumnado ni los derechos del profesorado del centro. 

     ⭕Desde CCOO apoyamos y reivindicamos al personal laboral de los centros educativos como personal esencial y exigimos la sustitución inmediata de los integradores e integradoras sociales. 

     ‼Te esperamos el 19 de marzo a las 8.30 en el CEIP Maestra Trinidad‼ 

     🥘 tráete tu cacerola 🥘

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    domingo, 24 de septiembre de 2023

    7-10-2023: Cadena humana por Justa Freire (12:00 h., en la estación de Cercanías Maestra Justa Freire - Polideportivo de Aluche -Línea C5). Convoca: Plataforma Calles Dignas - Justa Freire

     CADENA HUMANA POR JUSTA FREIRE  ¡ABRAZAMOS A JUSTA!: TENEMOS SU ESTACIÓN, PERO NOS FALTA SU CALLE. 


     Sábado 7 de octubre a las 12h en la estación de Cercanías Maestra Justa Freire - Polideportivo de Aluche (Línea C5) 


    Plataforma Calles Dignas - Justa Freire



    viernes, 20 de noviembre de 2020

    Escuela concertada, Religión, el castellano o las repeticiones: estas son las principales novedades que trae la ley Celaá

     Artículo de Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es

    • La aprobación definitiva por el Congreso de la LOMLOE pone a la que será la octava ley de la democracia a un mes aproximado de su publicación en el BOE y entrada en vigor
    19 de noviembre de 2020

    La ley Celaá (Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica de Educación, Lomloe) ya ha sido aprobada por un Congreso dividido en la que será su versión definitiva, o casi. La nueva norma, que será la octava de la democracia para el sector, viene a sustituir a la Lomce de José Ignacio Wert, aprobada en solitario por el PP haciendo uso de su mayoría absoluta en 2013. El texto aún tiene que viajar al Senado, donde puede ser enmendado aunque la mayoría del PSOE en la Cámara Alta lleva a intuir que sufrirá pocos cambios, antes de su aprobación definitiva. El Gobierno espera que en aproximadamente un mes esté el nuevo texto publicado en el BOE y por tanto vigente, de manera que las partes organizativas y de gestión de la ley entren en vigor ya el próximo curso. Para los cambios curriculares habrá que esperar al desarrollo reglamentario por lo menos otro curso más.

    El Congreso aprueba la ley Celaá con el apoyo de ERC y el PNV y la amenaza de la derecha de llevarla al Constitucional SABER MÁS


    La Lomloe trae novedades en muchos ámbitos. Reorganiza los estudios y modifica asignaturas, como la Religión o la Ética, cambia el reparto de asignaturas entre el Gobierno central y los autonómicos, elimina la referencia al castellano como lengua vehicular de la enseñanza, limita la expansión de la escuela con conciertos (privada sostenida con fondos públicos) y rebaja su peso en el sistema dando un papel preponderante a la escuela pública, intenta repartir mejor al alumnado entre las dos redes para reducir la segregación, incorpora medidas para reducir la repetición, recupera un papel más fuerte de los Consejos Escolares e impulsa el primer ciclo de Educación Infantil, entre otras novedades. Además, introduce elementos de manera transversal a toda la educación, como la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres.

    Además de estas novedades –y muchos otros cambios que ellos meterían– el profesorado echa en falta una rebaja por ley de las ratios de alumnos por clase, probablemente una de las principales reivindicaciones, si no la principal, de los docentes. Unidas Podemos intentó enmendar la ley en este sentido, pero lo hizo sin el apoyo del PSOE y la idea no salió adelante. Todo sigue igual en este aspecto: las ratios se mantendrán en un máximo de 25 alumnos por clase en Primaria, 30 en Secundaria y 35 en Bachillerato (ampliables todas un 10% en situaciones excepcionales que a veces no lo son tanto). El Ministerio de Educación y el PSOE aducen que las cifras son un máximo y que en manos de las comunidades autónomas está bajarlas, si es su deseo.

    Rebajar la repetición

    La norma pretende abordar el problema que tiene España con la repetición de curso. Aproximadamente un tercio del alumnado de 15 años no está en el curso que por edad le correspondería, según datos oficiales, y además la repetición ejerce de elemento segregador: no todo el alumnado tiene las mismas posibilidades de repetir ni siquiera en condiciones de igualdad de competencias. La Lomloe establece que la repetición será un recurso "excepcional" y lo limita a lo largo del ciclo educativo: será posible como máximo una vez en Primaria y dos en el ciclo obligatorio (hasta 4º de la ESO). La repetición ya no estará sujeta necesariamente, como hasta ahora, a un número máximo de suspensos: el claustro decidirá de manera colegiada si el alumno está preparado o no para seguir avanzando por el sistema. "Los alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando el equipo docente considere que la naturaleza de las materias no superadas le permita seguir con éxito el curso siguiente y se estime que tiene expectativas favorables de recuperación", reza el texto.

    Promoción de curso y titulación

    El Gobierno pretende rebajar también el fracaso escolar y que haya más titulados al menos de Secundaria Obligatoria. Para ello, permitirá titular con algún suspenso, de nuevo bajo la premisa de que "obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria los alumnos y alumnas que al terminar la educación secundaria obligatoria hayan adquirido las competencias establecidas y alcanzado los objetivos de la etapa", sin más mención al límite de suspensos en 4º de la ESO que los referidos a la promoción de curso, y vuelve sobre la decisión "colegiada" del profesorado. La Lomloe también otorgará el título de la ESO a todos los alumnos que concluyan la Formación Profesionales Básica (hasta ahora se le otorgaba este título solo a algunos de estos alumnos).

    En Bachillerato, se permite pasar de 1º a 2º con hasta dos materias suspendidas, que tendrán que ser cursadas en el siguiente curso. Los alumnos de Bachillerato podrán graduarse de manera excepcional con una asignatura suspendida "siempre que en ella no se haya producido una inasistencia continuada y no justificada y se considere que ha alcanzado los objetivos y competencias vinculados a ese título". También aparece como novedad que quien tenga el título en Técnico en Formación Profesional y Técnico en Artes Plásticas y Diseño podrá obtener el título de Bachillerato si superan las materias necesarias para alcanzar los objetivos de la etapa.

    Vuelven los programas de diversificación curricular en la ESO

    La Lomloe recupera los llamados Programas de diversificación curricular (de momento se mantiene el nombre), que la Lomce eliminó. En la LOE, estos programas estaban destinados al alumnado que no fuera capaz de pasar de 2º de la ESO a 3º, tenían muy buena acogida en la comunidad educativa y la Lomloe ahora los recupera. "En este supuesto, los objetivos de la etapa y las competencias correspondientes se alcanzarán con una metodología específica a través de una organización del currículo en ámbitos de conocimiento, actividades prácticas y, en su caso, materias, diferente a la establecida con carácter general", explica la ley. Se trata de una vía diferente a la general para lograr que el alumnado con necesidades de apoyo educativo no deja los estudios y logre titular en Secundaria Obligatoria.

    El castellano deja de ser vehicular

    Es a la vez una de las modificaciones que más ruido ha provocado y que menos efectos reales va a tener a priori en las aulas. Una enmienda pactada por el PSOE, UP y ERC elimina la referencia a que el castellano sea lengua vehicular de la Educación (expresión que se inventó José Ignacio Wert, antes de su Lomce, en 2013, no existía). El nuevo texto reza: "Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía y la normativa aplicable", junto al compromiso, no especificado en la forma, de que el alumnado dominará ambas lenguas donde las haya y si no, se tomarán medidas correctoras. Los conocedores del sistema de inmersión lingüístico catalán (modelo en el que se estaba pensando cuando se incluyó este cambio) destacan que esto ya funcionaba así de facto y que en cualquier caso los tribunales ya han establecido que las familias que así lo pidan tienen derecho a recibir un 25% de sus clases en castellano. Apenas un centenar de ellas lo solicita al año en toda Catalunya.

    Religión y Cultura de las religiones

    Otro de los elementos ruidosos pero que parece generar más debate a nivel social que en los propios colegios. La Lomloe mantiene la asignatura como de oferta obligatoria para los centros, pero optativa para el alumnado. La norma le resta peso en el sistema a la materia: no contará para la nota media final, como había introducido la ley Wert, y no tendrá asignatura alternativa como hasta ahora, lo que promete causar quebraderos de cabeza la dirección de los centros, que se verán forzados básicamente a ponerla al principio o final de la jornada escolar porque no puede haber alumnos sin clase en mitad del horario escolar.

    Además, una enmienda de PSOE y ERC establece que "en el marco de la regulación de las enseñanzas de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, se podrá establecer la enseñanza no confesional de cultura de las religiones". No hay más información en la ley, y fuentes socialistas aclaran que se regulará posteriormente, que no será obligatoria ni tampoco ejercerá de alternativa a Religión.

    Ética y filosofía

    Descontados los cambios en Religión, la Ética es la materia de la que más se ha hablado en la última semana. El PSOE ha roto en la Lomloe el consenso que alcanzó el Congreso para recuperar el ciclo de formación filosófica (una sucesión de asignaturas en cursos consecutivos con un sentido conjunto) que rompió la Lomce, según denuncia la Red Española de Filosofía, que agrupa a profesionales de todo tipo relacionados con la Filosofía. La redacción de la nueva ley no prevé ninguna asignatura con estos contenidos en la Secundaria Obligatoria –las comunidades autónomas podrán incluir alguna optativa dentro de su margen de actuación–, pero sí una materia de Educación en Valores Cívicos y Éticos, "que prestará especial atención a la reflexión ética y se incluirán contenidos referidos a la Constitución española, al conocimiento y respeto de los Derechos Humanos y de la Infancia, a la educación para el desarrollo sostenible", etc. La materia tiene, a falta del desarrollo del currículo, un aire a la extinta Educación para la Ciudadanía y amenaza con provocar los mismos desencuentros que aquella, que la derecha tachó de ideologizante y adoctrinadora. La REF sostiene que, diga lo que diga el Gobierno, no es la materia de Ética que ellos piden.

    La Lomloe sí recupera la obligatoriedad de dos asignaturas de Filosofía en Bachillerato, una en 1º y otra en 2º, que laminó Wert.

    Agrupación de asignaturas por ámbitos

    Otra de las novedades más puramente educativas que trae la Lomloe es que permitirá la agrupación de las asignaturas por ámbitos de conocimiento, de manera que no haya que impartir necesariamente una materia de Biología y otra de Física y Química, podrán ir juntas. "Los centros educativos podrán establecer organizaciones didácticas que impliquen impartir conjuntamente diferentes materias de un mismo ámbito, de acuerdo con su proyecto educativo", explicita la ley. Esto supone darle carácter normativo a algo que se venía haciendo en ciertos lugares. Queda exento de esta práctica el 4º curso de la ESO.

    Límites a la escuela concertada

    La Lomloe incluye varias novedades respecto a la situación, extensión y rol de la escuela concertada en el sistema educativo. Algunas de ellas se han realizado pensando exclusivamente en ciertas prácticas que se han venido desarrollando en la Comunidad de Madrid por los centros privados sostenidos con fondos públicos, según explican fuentes socialistas y del Gobierno. Dos de las que más demandaban los defensores de la pública son la prohibición de ceder suelo público para la construcción de centros concertados y la prohibición de concertar centros que segreguen a su alumnado por sexo. La ley Celaá incluye ambas medidas, que había introducido la ley Wert. La plataforma Más plurales no ha dado la batalla especialmente con estos dos asuntos.

    Además, el Gobierno quiere poner fin a esa práctica irregular pero asumida de que la escuela concertada cobre cuotas a las familias de manera más o menos transparente. Para ello, la Lomloe prohíbe introducir actividades complementarias dentro del horario lectivo (se cobran aparte y pone a las familias en el brete de pagarlas o ver cómo su hijo es excluido, a veces en mitad de la jornada escolar) y obliga a las administraciones educativas a controlar que no se paguen cuotas.

    Reparto de alumnado, "demanda social" y segregación

    El Gobierno también pretende reducir la segregación de alumnado en el sistema con varias medidas que también afectan a la escuela concertada agrupadas en dos ámbitos: la gestión de la oferta de plazas y el proceso de admisión y reparto del alumnado por los centros para evitar que los más favorecidos se junten en la escuela privada sostenida con fondos públicos y los más humildes se matriculen en las públicas. En cuanto a la oferta, la Lomloe retira de su articulado la expresión "demanda social", que se inventó la Lomce. José Ignacio Wert incluyó esta fórmula en su ley para determinar qué tipo de plazas debían ofrecerse a la población para garantizar el derecho a la educación que garantiza la Constitución, apelando a que si las familias querían escuela concertada habría que darles escuela concertada. El problema que encuentra el Gobierno es que esta fórmula al revés no funcionaba según dónde (de nuevo, con un ojo en Madrid). Las plazas en centros públicos no estaban garantizadas.

    El Gobierno quiere potenciar la escuela pública en la Lomloe. Para ello, ha introducido varios cambios en el articulado. Además de retirar la expresión "demanda social" –una de las medidas más criticadas por los defensores de la concertada, que acusan al Gobierno de restringir la libertad de elección de centro y han realizado una campaña contra la norma que incluye el uso de menores–, se establece por ley que la garantía de que exista una oferta de plazas suficientes corresponde a la escuela pública, mediante fórmulas como que esa garantía se articulará "mediante una oferta suficiente de plazas públicas" o que "las administraciones educativas programarán la oferta de modo que garanticen la existencia de plazas públicas", además de promover "un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública".

    La otra pata de las políticas para reducir la segregación es el reparto del alumnado por los centros. Los cambios fundamentales en este sentido, para deshacer los que introdujo la Lomce, son primar en la admisión la cercanía del colegio al domicilio o la renta per cápita, elementos que también recogía la ley Wert, pero no priorizaba: "Tendrán preferencia en el área o zona de escolarización que corresponda al domicilio o al lugar de trabajo, indistintamente, de alguno de sus padres, madres o tutores legales aquellos alumnos y alumnas cuya escolarización en centros públicos o privados concertados venga motivada por traslado de la unidad familiar debido a la movilidad forzosa de cualquiera de los padres, madres o tutores legales", dice la Lomloe. La otra medida es establecer "áreas de influencia" de los centros para hacer efectiva la aplicación de los criterios de proximidad y dar a las Comisiones de garantía de escolarización, encargadas de dirimir disputas cuando hay más demanda que oferta de plazas en un centro, el mandato de "evitar la segregación del alumnado por motivos socioeconómicos o de cualquier otra naturaleza".

    Cambios en la educación especial

    Otro de los aspectos que más ruido ha hecho, bajo acusaciones al Gobierno de que "los centros de educación especial van a desaparecer". La polémica se centra en torno a la disposición adicional cuarta de la Lomloe. Este apartado fija la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, firmada por España en 2008, como marco de referencia (al ser una convención internacional ratificada por el país es obligatorio, en el rango jerárquico está solo por debajo de la Constitución) y establece que todos los niños tienen derecho a una educación inclusiva en un centro ordinario.

    La disposición cuestionada no llega a tanto. Establece que "el Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años [aquí va la referencia a la Convención] los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad". Esta es la parte que desde la patronal se entiende como una amenaza a su existencia. Más adelante, en referencia a los centros de Educación Especial, la ley añade: "Las Administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios". Además, el articulado de la ley establece que se escuchará a las familias a la hora de matricular al alumnado con necesidades educativas especiales en unos centros u otros, con el fin de evitar situaciones como las que se dan de que las administraciones educativas deciden unilateralmente y luego la justicia corrige la decisión, pero varios años después. El Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional han establecido que los menores con discapacidad tienen derecho a ser escolarizados en centros ordinarios.

    El reparto competencial

    La Lomloe modifica también el reparto entre Gobierno y comunidades autónomas sobre el currículum educativo y sustituye el método que instauró Wert (por el que el Gobierno central decretaba un número de asignaturas comunes para toda España y daba a las autonomías capacidad de introducir unas pocas optativas) por uno de porcentajes. Así, tras enmendar el texto original, el Ministerio de Educación se ocupará del 60% del currículo, porcentaje que caerá al 50% en las comunidades con lengua cooficial. También se añade en la ley que los centros educativos "desarrollarán y completarán, en su caso, el currículo de las diferentes etapas en uso de su autonomía". Algo más de libertad para los centros.

    Colegios e institutos también ganarán algo de autonomía respecto a la Lomce. El articulado de la Lomloe recupera el papel de los Consejos Escolares, disminuidos en la ley Wert en favor de la dirección de los centros. La nueva norma establece que "la comunidad educativa participará en el gobierno de los centros a través de su Consejo Escolar".

    Impulso a la Formación Profesional

    No es exclusivo de la Lomloe porque vendrá con una ley propia, pero también vienen cambios en la FP. Ya se ha mencionado que titular en la etapa básica, para alumnos de 15 años que tienen problemas para seguir el ritmo en Secundaria, otorgará directamente el título de la ESO para que este alumnado pueda seguir progresando por el sistema o al menos tenga una titulación obligatoria. También habrá una especie de másteres de la FP, para la especialización al modo de los universitarios, y se flexibilizan los estudios para que no tengan que durar necesariamente todos lo mismo, como sucede ahora.

    Más plazas públicas en la etapa 0-3

    El Gobierno quiere impulsar la Educación Infantil, que no es obligatoria pero sí prácticamente universal en el segundo ciclo (3-6 años) aunque flojea en el primero (0-3 años), con una oferta de plazas "pública, suficiente y asequible". El objetivo que se quiere alcanzar, expone la ley, es "atender todas las solicitudes de escolarización" en la etapa inicial. También se recupera parte del carácter educativo de la etapa, que la Lomce laminó por otro más asistencial.

    El profesorado podrá ser apartado

    La Lomloe incluye una disposición adicional nueva, la cuadragésima octava, que no ha gustado mucho a los sindicatos porque entienden que corresponde al ámbito del Estatuto docente, aún pendiente de negociar. Es de carácter disciplinar sobre el "cambio de las funciones del personal docente", y dice así: "Los funcionarios docentes que muestren una manifiesta falta de condiciones para ocupar un puesto docente o una notoria falta de rendimiento que no comporte inhibición, podrán ser removidos de su puesto de trabajo y realizar otras tareas que no requieran atención directa con el alumnado. La remoción ha de ser consecuencia de un expediente contradictorio que finalice con una evaluación negativa realizada por la inspección educativa".

    viernes, 11 de octubre de 2019

    La presión de las grandes editoriales de libros texto en los colegios: regalos, visitas insistentes y vigilancia de la competencia

    Artículo de Laura Galaup en eldiario.es

    • Los pasillos de colegios se han convertido en el espacio en el que las editoriales compiten para lograr que sus libros se prescriban en el centro educativo
    • Competencia acredita que estas compañías pactaron en 2012 dejar de ofrecer libros gratis, pantallas digitales u ordenadores para ahorrarse 80 millones
    • "Llegan sin cita, son bastante insistentes y el conocimiento sobre el contenido no es muy profundo", apunta un jefe de departamento de un instituto público de Madrid
    Los pasillos de colegios o institutos se han convertido en el espacio en el que las editoriales compiten para lograr que sus libros se prescriban en el centro educativo. "Llegan sin cita, son bastante insistentes y el conocimiento sobre el contenido no es muy profundo. Su intervención se centra más bien en contarnos si nos regalan algo, o si ellos aportan más o menos", cuenta Enrique, jefe de departamento en un instituto público de Madrid.

    Los docentes consultados por esta redacción perciben el trabajo de los comerciales como "muy insistente". De esta forma lo describe la responsable de área de otro centro educativo, que explica que a lo largo del mes que llevan de curso ha llegado a tener cuatro visitas. "Vienen y vienen. No desisten", cuenta esta profesora.

    En su caso, los comerciales adoptan esta actitud a pesar de que ella no utiliza libros de texto en clase. Los empleados que han pasado por este sector trabajan con la mente puesta en las ventas que deben facturar cada curso. El objetivo más codiciado son los grandes centros con muchas clases por curso.

    Antonio (nombre ficticio), comercial jubilado, reseña que la introducción de un libro de texto en un centro educativo con muchos alumnos "es una pelea fuerte" en la que tienen que "arriesgar". "Si perdías un colegio era un drama para ti y el resto de compañeros", explica. Entre las armas que desplegaba para convencer a los profesores alude a "regalos" y a "invitaciones para comer".

    La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) acreditó que estas compañías ofrecían libros gratis para las ampas, la biblioteca o para hijos de profesores, pantallas digitales u ordenadores para las aulas o impartir formación a los docentes antes de 2012. Después de ese año hubo un pacto en la patronal Anele -liderada por Santillana (Grupo Prisa), Editorial SM (de los marianistas), Anaya (de la francesa Hachette Livre) y Oxford (británica, de libros en inglés)- para que nadie ofreciera esos regalos y ahorrarse 80 millones anuales. La resolución de la CNMC propuso en mayo multar con más de 33 millones a la patronal de libros Anele y a 34 editoriales por ese acuerdo que considera que se impuso con todo tipo de presiones..

    En relación a esta resolución, Anele niega los hechos y llega a asegurar que se multa a sus miembros sin motivo "por cumplir la legalidad y evitar prácticas poco éticas en centros de enseñanza". Sobre estas actuaciones, Enrique reseña que "era un mercadeo casi desagradable, importaba menos la calidad de los ejemplares que las pizarras digitales". "En la década anterior y años previos era el acabose. El colegio era una jungla, un mercado de abastos", cuenta Tomás Rodríguez, uno de los editores de Akal especializado en este campo.

    En 2012 la patronal trató de terminar con esta actuación y pactaron estrategias que afectaron a la competencia. El informe sancionador acredita que ese año el lobby de los libros introdujo un llamado "Código de Conducta". Con la aprobación de este documento, editores, profesores y comerciales coinciden en señalar que desapareció el "mercadeo".

    Aunque Enrique considera que este cambio "ha beneficiado" a las empresas porque "siguen siendo muy competitivas", pero sin ofertas para profesores; Antonio reconoce que a partir de ese momento "empezó la picaresca" y continuaron "regalando de otra forma". Esta decisión también afectó a su trabajo diario al convertirse "en chivatos" de los compañeros que trabajaban para la competentecia. "Nos denunciábamos entre nosotros", señala.

    Recortes: "cóctel perfecto" para introducir libros
    Para el editor de Akal el contexto económico, los recortes educativos y la libre elección de centros, en autonomías como la madrileña, han contribuido a crear un "cóctel perfecto para que la elección de los libros de texto no pase solo por el contenido".

    Asimismo, lanza una reflexión sobre estas prácticas: "La cuestión es en qué situación ponemos al profesorado para que no tengan capacidad de elección y que no solo tengan que elegir sobre el contenido, sino sobre lo que también conlleva esa decisión para el centro".

    Según los comerciales contactados por esta redacción, la estrategia que despliegan las grandes editoriales para acercarse a los centros no tiene margen para la improvisación. "Nos preparaban durante meses para afrontar cómo teníamos que presentar los libros", incide Antonio.

    Estos entrevistados explican que desde la editorial hay un seguimiento de los centros que se visitan. Se distribuyen por zonas y tienen unos centros atribuidos. Cada cierto tiempo deben rellenar una relación de los visitados, entre los datos que les requieren les llegan a solicitar "información importante referida a la competencia", como figura en la jurisprudencia de un conflicto laboral iniciado por un comercial.

    Entradas relacionadas:

    La Federación de Padres y Madres presenta una demanda colectiva contra el cártel de los libros de texto (L. Galaup y R. Ejerique en eldiario.es)

    Artículo de Laura Galaup y Raquel Ejerique en eldiario.es
    • La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sancionó en mayo a las mayores editoriales de España por acordar precios y sellar un pacto comercial que aumentó sus beneficios sin que se redujera el precio de los manuales
    • La Federación madrileña de asociaciones de padres y madres, la FAPA Giner de los Ríos, inicia este lunes una denuncia colectiva a nivel nacional contra estas empresas para recuperar el dinero cobrado de más a las familias
    • Fuentes jurídicas confirman que las infracciones detectadas por Competencia abren la puerta a que las familias inicien un procedimiento para exigir "la reparación de daños"
    La Federación de la Comunidad de Madrid de asociaciones de padres y madres, la FAPA Giner de los Ríos, va a iniciar una batalla judicial contra más de 30 editoriales de libros de texto tras la sanción que les impuso la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Lo que hicieron estas empresas y su patronal (Anele), según el extenso informe oficial, fue pactar el precio de los libros digitales poniéndolos como mínimo a diez euros. También acordaron no dar descuentos, formación ni ningún tipo de obsequio a los colegios, que son quienes eligen los manuales, para ahorrarse los costes de estos incentivos.
    La entidad presentará una denuncia colectiva contra estas compañías, con la intención de que se sumen a título individual familias de todo el país y puedan solicitar la devolución de parte del dinero que, consideran, han estado pagando de más desde 2012, cuando se produjo el pacto, hasta 2018, cuando supuestamente terminó.
    Desde la Giner de los Ríos acusan a las editoriales de imponer "precios sin mucho más control por parte de la administración". Además, consideran que las familias han sido "las más perjudicadas" por estas actuaciones porque "han asumido este coste de forma mayoritaria". Fuentes jurídicas confirman a esta redacción que la reciente sanción emitida por la CNMC les abre la puerta para iniciar una reclamación exigiendo la reparación de daños, aunque para que prospere las familias necesitan "aportan un informe pericial muy documentado" que acredite los perjuicios.
    Según la CNMC, lo que hicieron las grandes editoriales del país –lideradas por los gigantes Santillana (PRISA), Anaya (de la francesa Hachette Livre), SM (de los marianistas) y Oxford (británica, de libros en inglés)– fue poner un precio mínimo al libro digital y acordar estrategias que les ahorraron 80 millones de euros en gastos de promoción. Antes de que se produjera el pacto, los agentes comerciales de estas empresas editoriales visitaban todos los centros educativos de España y ofrecían manuales, ordenadores o pizarras digitales gratis como incentivo. A veces también montaban cursos de formación para profesores o hacían donaciones de libros a las Ampas o las bibliotecas. Estas estrategias comerciales iban encaminadas a que su libro fuera elegido por los jefes de los departamentos de colegios e institutos, donde permanecerían un mínimo de cuatro años por ley. Pero a partir de 2012 hay un acuerdo orquestado para que nadie ofrezca esos incentivos, un gasto que la propia patronal califica en documentos internos de "barbaridad" y algo "insoportable", como relata el informe de la CNMC.
    De este modo, aumentó el margen de beneficio de las editoriales más de un 10%, ahorraron unos 80 millones, pero nunca repercutieron ese ahorro en el coste de los manuales. Si en el curso 2006-2007 cada uno de estos libros suponía 15,21 euros de media, una década después el coste aumentó a 18,05 euros. Además, los libros de texto son un bien más caro que los libros de lectura. Si el precio medio de un libro ordinario es de 23,74 euros, el coste de uno de texto es de 35,11 euros, según los datos publicados en el informe El sector del libro en España 2017, editado por el Ministerio de Educación.

    La educación no universitaria es un gran negocio porque el público es fijo y además el libro se debe mantener un mínimo de cuatro años en el colegio o instituto, que es el que tiene autonomía para elegir. Cada año necesitan libros escolares más de ocho millones de estudiantes (desde Educación Infantil hasta Bachillerato y Formación Profesional).
    El 30 de mayo la CNMC reconoció en su extensa resolución la peculiaridad de este mercado reseñando que la "oferta es muy limitada", así como que "no existe sustituibilidad" del producto porque las familias "adquieren el libro de la editorial que se indique desde el centro educativo". En este escrito, en el que se impone una multa de 32 millones de euros a la patronal y más de 30 editoriales, llegan a identificar a los padres y madres como "demanda cautiva" de esta actividad comercial. La investigación se inició después de que la editorial Vicens Vives denunciase estas actuaciones que limitaban la competencia, ya que la patronal, controlada por las grandes editoriales, presionó para que nadie ofreciera rebajas ni promociones e incluso se llegaron a iniciar procedimientos judiciales contra editoriales díscolas como Edelvives (que más adelante llegó a un pacto con la patronal).

    Anaya, Santillana, SM y Oxford (OUP) tuvieron "un papel preeminente en la toma de decisiones y han participado activamente y desde sus inicios en la Comisión de Supervisión de la patronal Anele –siempre según el texto redactado por la CNMC–, que era el órgano decisorio principal para limitar las políticas comerciales de las editoriales". A ese órgano interno se elevaban las quejas y chivatazos sobre posibles incumplimientos. Para que nadie hiciera competencia introduciendo promociones usaron la vigilancia mutua: los propios comerciales alertaban si alguna editorial estaba haciendo regalos. También Anele envió cartas "intimidatorias", según la CNMC, a directores de 
    centros para que no aceptaran regalos.
    Sanción recurrida
    Desde el gabinete de prensa de Anele reconocen que "todas las empresas han recurrido la sanción" ante la Audiencia Nacional, alegando que "no se ha incurrido en las prácticas que señala la CNMC", que son las prácticas de cártel aunque el informe no las califica con ese nombre, y que el código de conducta que aprobaron en 2012 y que recrimina la resolución buscaba "asegurar que la selección y prescripción de los libros de texto se hiciera única y exclusivamente por la calidad de los mismos y no porque mediara regalo o prebenda a los centros o a los profesores".
    La CNCM dice sin embargo en sus conclusiones que "las medidas acordadas han sobrepasado de manera nítida los límites de una autorregulación de carácter ético y han diseñado un completo modus operandi para coaccionar y boicotear a aquellas editoriales que no querían adherirse a esta estrategia anticompetitiva. Ese modo de actuar ha tratado de condicionar la actuación de los centros educativos y de reducir su poder de negociación".
    El recurso anunciado por estas empresas podría paralizar de forma temporal la demanda colectiva que los padres quieren presentar, tal y como confirman fuentes jurídicas. Las letradas Lourdes Ruiz y Susana Beltrán, especializadas en competencia, explican que la decisión de las editoriales podría provocar que el juzgado que reciba la actuación iniciada por la FAPA Giner de los Ríos la suspenda de forma cautelar a la espera de que la Audiencia Nacional se posicione sobre la sanción. Aunque también explican que la actuación de las familias les permite evitar que prescriba la infracción. La Federación de padres y madres presentará este lunes los detalles para participar en la demanda colectiva y reclamar la cantidad de dinero que, consideran, las familias han pagado de más.
    Por su parte, desde ANELE aseguran que no se han "producido daños o perjuicios a las familias" ya que aseguran que "el gasto medio en libros de texto por alumno se ha reducido". Según los datos planteados en un comunicado, desde la patronal indican que el incremento entre 2012 y 2018 "ha sido del 1% pese a la inflación". Además, destacan que la resolución del órgano sancionador "está relacionada fundamentalmente con la elaboración, aprobación e implementación de un código ético del sector" y no por el "sobrecoste".

    viernes, 5 de julio de 2019

    La precariedad en la Educación lleva al despido en verano de más de 50.000 profesores interinos (Daniel Sánchez Caballero para EL DIARIO)

    ELDIARIO.ES publica esta información

    Un año más, la Educación se convierte en el punto negro del empleo en verano. Un total de 53.423 profesionales fueron despedidos el pasado mes junio, según datos de la Seguridad Social recopilados por el sindicato CSIF, evidenciando el problema de estacionalidad que tiene el sector y de precarización de sus profesionales: se contrata a los profesores interinos en septiembre o a lo largo del curso y se les despide el 30 de junio para no pagarles en verano.
    Y la situación no se detendrá ahí, si se atiende al comportamiento de cursos pasados. El año pasado, los 54.231 despidos de junio constituyeron la cifra más alta desde 2008 –aquel fue un curso de récord con 69.229 despidos–, pero en julio los números se duplicaron: 109.229 profesionales del sector pasaron a engrosar las listas del paro.

    Esta situación no es ilegal, pero evidencia un problema de temporalidad en las escuelas públicas y privadas. El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, subrayaba la gravedad de estas prácticas: "En junio se destruye mucho empleo en un sector abiertamente feminizado, como es el de la docencia. Nosotros intentamos realizar campañas en contra de esta práctica, pero nos hemos encontrado con varias sentencias del Tribunal Europeo de Justicia y de los tribunales españoles justificando el despido de los interinos en la docencia y, evidentemente, acatamos las sentencias y no podemos invocar que existe irregularidad, por más que nos parece enormemente pernicioso para el colectivo, porque en el resto de trabajadores por los meses de verano se cotiza", informa Laura Olías.

    La Educación es el sector con el peor dato de empleo en junio y su caída contrasta con una subida generalizada en el resto.

    De tribunal en tribunal

    Tras muchas sentencias de diferentes tribunales, que han ido dando y quitando la razón a los profesores que reclamaban el verano según el caso, incluyendo una del Tribunal Supremo que anulaba los despidos en verano a profesores interinos, la Justicia europea acabó avalando el pasado noviembre la práctica, aunque sí dictaminó que los interinos despedidos tenían derecho a una compensación económica por los periodos vacacionales no disfrutados. Alegó entonces el tribunal europeo que al finalizar el curso "ya no se dan las razones de necesidad y urgencia a las que se supeditó su nombramiento".

    Mario Gutiérrez, presidente del CSIF, recuerda que aunque no sea ilegal, la situación de los interinos en la Educación ha sufrido con la crisis una merma importante de derechos que se ha consolidado con el tiempo. "Han perdido una condición laboral anterior a la crisis, conseguida en 1996, con la que con cinco meses y medio de trabajo al año se cobraba el curso completo", lamenta.

    En la actualidad no es así. Con la crisis, las comunidades autónomas rompieron la baraja y empezaron a despedir y, por supuesto, a no pagar el verano a los interinos y a apurar sus contrataciones casi al minuto. Los que se tenían que incorporar a principios de curso no lo hacían el 1 de septiembre, como sus compañeros funcionarios. Eran llamados el 8 ó 9, día que comienzan las clases, de manera que algunos aterrizaban en el colegio para irse prácticamente directos al aula. Luego, les despedían en junio, tanto en centros públicos como privados, concertados y academias, para ahorrarse el verano, y vuelta a empezar.

    De 5,5 meses a ocho
    La situación derivó en una ristra de demandas a las administraciones, que muchos interinos fueron ganando. Con el inicio de la recuperación económica, los Gobiernos regionales volvieron a plantearse pagar el verano. Pero el suelo de cinco meses y medio ya era historia. Cada una lo ha regulado a su manera, pero en la mayoría hace falta haber trabajado al menos ocho meses –prácticamente todo el curso– o 180 días trabajados, una cantidad prácticamente imposible de alcanzar si se tiene en cuenta que el curso escolar tiene entre 170 y 180 días lectivos. La sentencia del Supremo habla de ocho meses trabajados para tener derecho al verano.
    Con carácter general, estos requisitos los cumplen solo los interinos que vayan a trabajar todo el año. Aquellos que van cubriendo bajas o jubilaciones tienen casi imposible llegar a los mínimos para cobrar el verano.
    De fondo, explican los sindicatos, colea el elevado número de profesores interinos que tiene actualmente el sistema educativo, rondando el 24%. Esto quiere decir que uno de cada cuatro profesores en el sistema público son temporales, sea a tiempo completo o parcial. Su precariedad no consiste solo en la incertidumbre de no saber, la mayoría, si trabajarán el año próximo. Es también la de no saber dónde, cuánto tiempo ni en qué condiciones. Los que no trabajen todo el curso tienen todas las papeletas para acabar en la calle.
    El problema no solo afecta al sector público y al sistema reglado, aunque la Seguridad Social no desagrega los datos. El año pasado, solo uno de cada cinco despedidos era docente de lo público. El resto pertenecen a la red privada (concertada incluida) y a la educación no reglada (academias).
    ¿Cuánto afectan los despidos a cada una? Según Jesús Gualix, secretario de Enseñanza Privada de UGT, "la mayoría de los trabajadores son indefinidos y con una cierta antigüedad. Las bajas suelen darse por no renovaciones, más que despidos", sostiene.
    Y apunta el foco hacia la enseñanza no reglada –academias, empresas de formación, etc.–. "En estos centros, más del 70% de los empleados tienen jornadas parciales", expone. "El salario ha subido algo, pero si tienes una jornada del 50% es complicado subsistir, la gente no aguanta mucho tiempo. Tenemos la constancia de que muchos trabajadores empiezan en una academia mientras preparan la oposición o encuentran un trabajo en la concertada como una forma de engancharse al mundo educativo, pero lo acaban dejando desesperados", zanja.