Ayuso aumenta un 20% el presupuesto para la educación concertada (Guillermo Martínez para elsaltodiario.com)

 Artículo de Guillermo Martínez (@Guille8Martinez) para elsaltodiario.com con declaraciones de nuestra compañera y portavoz Sandra Villa.

La financiación de la escuela concertada sigue en aumento en el proyecto de ley de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022. Sindicatos y la Marea Verde critican unas cuentas que considerándolas elitistas y segregadoras.

10 NOV 2021

El proyecto de ley de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2022 roza la inconstitucionalidad en materia de educación. Así de firme se muestra Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza en Comisiones Obreras (CC OO) en la región, al afirmar que las cuentas presentadas por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso van en contra del mandato establecido en la Carta Magna que blinda el derecho a la educación en condiciones de igualdad: “Lejos de lo que dice, la presidenta aspira a un Madrid totalitario. Si dejas a cientos de niños y jóvenes sin oportunidades, lo que genera es una fractura social y democrática”, en sus propios términos.

Las cuentas presentadas por los populares para el año que entra establecen una inversión de casi 1.102 millones de euros para la Educación Pública Infantil (no obligatoria), en Primaria y Educación Especial. “Mientras tanto, para la red pública de Enseñanza Secundaria y Formación profesional, la cifra alcanza los 1.104 millones”, agregan desde la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF).

 Asimismo, 200 millones de euros más del erario público irán a parar a la educación concertada, que pasa de los 1.104 millones en 2019 a 1.321 en 2022. La misma organización ilustra los hechos: “En caso de que educación pública recibiera un incremento proporcional al que va a percibir la enseñanza concertada, podría suponer la bajada de ratios en todos los niveles, una reducción horaria de clases (hasta las 18 horas y las 23 horas en secundaria y primaria, respectivamente) y, por supuesto, una mejor atención al alumnado con necesidades educativas especiales”.

“Los conciertos educativos se crearon hace unos 40 años para que la privada fuera subsidiaria de la pública, pero es que ahora va a ser al revés, la pública se va a convertir en subsidiaria de la privada”

Miguel Ángel González, responsable de Educación en el CSIF para la Comunidad de Madrid, aporta el contexto: “Los conciertos educativos se crearon hace unos 40 años para que la privada fuera subsidiaria de la pública, para que la educación llegara a sitios donde no llegaba la red pública, pero es que ahora va a ser al revés, la pública se va a convertir en subsidiaria de la privada”. Desde su punto de vista, la educación concertada es la “mimada” de la Comunidad de Madrid: “Eso es un error porque la única educación que garantiza la igualdad de oportunidades es la pública; todo lo demás es pagarle a los papás el colegio de sus hijos”.

Discriminación en la educación

En la misma línea se expresa Galvín al analizar el gasto destinado a conciertos educativos, que asciende un 20%: “Esto es un signo de la privatización que, acompañado de la Ley Maestra, son una clara muestra de apoyo a un modelo educativo segregador y elitista”. Según la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CC OO, “la presidenta centra su proyecto en un sistema educativo fracasado si se atiende al sentido que le da la propia Constitución y que establece que todos los niños y jóvenes tienen derecho a una educación sin discriminación”, refiriéndose a los desequilibrios entre distintas zonas de la región, cuyo factor común es la diferencia de renta.

“Aunque el Consejero de Educación ha dicho previamente que Madrid cuenta con 136.000 alumnos de Formación Profesional, los presupuestos de este año contemplan solamente 81.000 alumnos, es decir, un 60% del total”

Ella misma se refiere a la financiación que, de ser aprobados los Presupuestos, irá destinada a la Formación Profesional (FP): “Aunque el Consejero de Educación ha dicho previamente que Madrid cuenta con 136.000 alumnos de Formación Profesional, los presupuestos de este año contemplan solamente 81.000 alumnos, es decir, un 60% del total. Continúa así la estrategia privatizadora de Ayuso: crea un déficit de plazas públicas y deja espacio al crecimiento de la oferta educativa privada”. Esta falta de oportunidades es aprovechada por fondos de inversión y fondos buitre, afirma la misma Galvín, para hacer negocio con la educación, “como si este derecho se vendiera en el libre mercado”.

La sindicalista de CC OO también indica un “truco trampa” en los presupuestos destinados a educación. Es cierto que el texto establece cierto aumento del presupuesto en relación con el PIB, pero es que el propio PIB también se ha reducido. “Algo mejora, pero no todo lo que podría parecer desde un primer momento. De todas formas, aun así no llegamos al 3%, muy lejos de la media nacional del 4,5%”, cifra Galvín. Preguntada por qué pasará en el futuro, la secretaria general no duda al afirmar que “son políticas ultraliberales, muy conservadoras, en materia educativa que en los lugares en los que se han aplicado, como Chile, Gran Bretaña o algunos estados de Estados Unidos, han fracasado en materia de equidad e igualdad, y han descolgado a millones de personas de las oportunidades que les podrían brindar su futuro”, se explaya.

El rodillo de la ultraderecha

De hecho, instituciones supranacionales como el Banco Europeo y la OCDE han dado algunas orientaciones de cara a cómo afrontar la salida de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus: “Esto que hará Ayuso en la educación dista mucho de las políticas de redistribución enmarcadas en la Unión Europea para salir cohesionados de esta situación”, agrega al respecto Galvín.

“Querrán liberalizar mucho más las cuentas y ofrecer más cheques, porque así es como funcionan. La diferencia entre Vox y el PP es que los primeros se inclinan mucho más por la privada, así que pretenderán extender el cheque infantil, que eso es a lo que se refieren cuando hablan de universalizar la educación en este rango de edad”

De todas formas, se trata de unos Presupuestos que necesitarán el voto a favor de Vox a la hora de su aprobación. La sindicalista de CC OO habla sobre las consecuencias: “Querrán liberalizar mucho más las cuentas y ofrecer más cheques, porque así es como funcionan. La diferencia entre Vox y el PP es que los primeros se inclinan mucho más por la privada, así que pretenderán extender el cheque infantil, que eso es a lo que se refieren cuando hablan de universalizar la educación en este rango de edad”. Y tampoco se olvida del conservadurismo: “Esta ultraderecha no dudará en exigir el pin parental, atacando así el proyecto educativo de los centros que se sitúan en el marco constitucional y trabajan la igualdad entre personas independientemente de cualquier característica”.

Bilingüismo, religión y servicios privatizados

Sandra Villa, portavoz de la Asamblea Marea Verde de la Comunidad de Madrid, adolece de la continua falta de participación por parte de la comunidad educativa en las cuentas que atañen a la misma.

“Vemos cómo más de 20 millones de euros van destinados a becas, pero mucho de ese dinero terminará en centros concertados o privados”, inicia su exposición. El aspecto de la digitalización, también abordado en las cuentas, se cifra en más de 38 millones de euros destinados a equipos informáticos: “Lo que necesitamos realmente es la bajada de ratios generalizada, y aquí no se hace mención a desdobles ni a apoyos en asignaturas como robótica”, responde la activista.

A ello se suman unos 28 millones para la extensión del bilingüismo, “un programa que no ha sido evaluado aún y que llega a suponer un problema para muchas familias que no encuentran un colegio público en su entorno que no sea bilingüe porque sus hijos necesitan otro tipo de educación”, en palabras de Villa, quien también critica la cifra superior al millón de euros destinada a religión.

Asimismo, estos presupuestos consolidarán la implementación del servicio de orientación en los centros de primaria concertados y privados. “Hasta ahora, este servicio era totalmente público y también atendía a los centros que se sitúan fuera de la red pública. De aquí en adelante, será otro servicio que privatizarán. Empiezan ahora con Primaria, e imagino que lo implementarán en todas las etapas educativas”, explica la participante de la Marea Verde.

Desde el punto de vista del colectivo que lucha por una educación pública y de calidad, estos presupuestos van en línea con la Ley Maestra: “Bajo el falso título de libertad de elección, quieren seguir potenciando la privada y concertada cuando hay sitios en Madrid cuyos centros están masificados y no se terminan a tiempo los que están por construir”, determina Villa. Galvín, por su parte, también se refiere a la Ley Maestra como un ejemplo más del argumentario neoliberal y neoconservador que abandera Ayuso: “Han redactado una norma mediante la que blinda los conciertos con los centros educativos una década, mientras en los públicos todos los años se revisan la plantilla, la oferta y la demanda. Es decir, ya puede haber estudiantes o no, que el colegio seguirá siendo concertado hasta que se cumplan los 10 años”, finaliza.

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• Presupuestos

Los PGE para 2022 contemplan 2.150 millones para becas y ayudas al estudio (ELDIARIODELAEDUCACION.COM)

 Publicamos esta información de ELDIARIODELAEDUCACION.COM

El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha presentado, en un comunicado, las cifras que se contemplan en el proyecto de Ley de Presupuestos para el año que viene. El apartado de becas y ayudas al estudio ascenderá hasta los 2.150 millones con la previsión de que alcance prácticamente al millón de beneficiarios.

 

Finalmente serán 6.036 millones de euros los que le corresponderán al Ministerio de Educación y FP para el próximo año, si las cuentas presentadas esta semana por el Gobierno se aprueban tal cual en el Congreso de los Diputados. Del monto total, 4.383 millones son los que invertirá directamente el Estado, mientras que otros 1.653 salen del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea.

En cualquier caso, es el presupuesto más alto que ha tenido nunca el Ministerio de Educación y que, entre los principales puntos que tiene están, primero, las becas y ayudas al estudio con esos 2.150 millones. Por detrás, 1.151 millones dedicados a la formación profesional para el empleo. Según los datos facilitados por el departamento que dirige Pilar Alegría, supone un incremento del 24,6% con respecto al año anterior.

La política de becas siempre ha sido una de las partidas principales del Ministerio. Este año, según se prevé, será la mayor de la historia y alcanzará al mayor número de benediciarios, casi un millón. Además del aumento hasta los 2.150 millones, esta vez, la cuantía de la beca base para cursar FP básica sube de 300 a 350 euros, lo que se añade al aumento del nivel de renta 1 para poder solicitarlas, el aprobado como único requisito académico para conseguir una de estas ayudas y la subida de 100 euros la cuantía fija de las becas introducidas en la convocatoria anterior.

“El objetivo de las becas y ayudas al estudio es garantizar el derecho a la educación de todas las personas. No solo el acceso, sino también la permanencia en el sistema educativo. Necesitamos todos los talentos y debemos poner los medios necesarios para que todos los estudiantes sigan su proceso formativo, sean cuales sean sus circunstancias”, valora la ministra, Pilar Alegría en el comunicado hecho público por el Ministerio.

Otros de los proyectos que recibirán una importante inyección económica serán los programas PROA+ (120 millones), la creación de plazas públicas de 0-3 años que recibirá un total de 338,82 millones; la transformación digital de las aulas (341,5 millones) o los 206,66 millones destinados a la modernización de la formación profesional. Todos estos serán directamente financiados con los Fondos de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea.

Virginia Eubanks: "Si no los diseñamos para inclinarse hacia la justicia social, los algoritmos ampliarán las brechas sociales" (eldiario.es)

Entrevista de Carlos del Castillo a Virginia Eubanks (Profesora de Ciencia Política) para eldiario.es

• "La historia que nos contamos a nosotros mismos sobre la neutralidad de la tecnología es peligrosa y no es empírica", avisa Virginia Eubanks, autora de 'La automatización de la desigualdad'

• — La ingeniera de 28 años que le explicó al rey cómo funciona la inteligencia artificial

12 de mayo de 2021

"En su célebre novela 1984, George Orwell se equivocó en una cosa. El Gran Hermano no nos observa como individuos, sino colectivo. La mayoría de las personas somos objeto de control digital como integrantes de grupos sociales, no a título individual", avisa Virginia Eubanks, profesora de Ciencia Política de la Universidad de Albany (Nueva York). "Todos habitamos en este nuevo régimen de datos digitales, pero no todos lo experimentamos de igual modo", añade.

En esta entrevista con elDiario.es, Eubanks relata cómo estos sistemas pueden basarse en injusticias para atrapar a las personas a las que evalúan en un círculo de castigos y disciplina moral. Ella misma pasó por ese proceso cuando su marido sufrió un robo y una paliza de muerte justo después de cambiar de seguro médico. Los algoritmos congelaron todos los pagos durante meses, dejándoles con una enorme deuda. "Lo que hizo soportable mi experiencia familiar fue el acceso a la información, el uso discrecional del tiempo y la determinación personal que la gente de la clase media a menudo da por sentados. Yo sabía lo suficiente sobre la toma de decisiones algorítmica como para sospechar de inmediato que nos habían marcado para investigarnos por fraude", explica.

Eubanks (EEUU, 1972) ha pasado las últimas dos décadas analizando como mira ese Gran Hermano digital a cada uno de esos grupos sociales. Su conclusión fue La automatización de la desigualdad (Capitán Swing), publicada por primera vez en 2018 pero traducida ahora al castellano, una de las obras clave para entender cómo los sistemas de decisión algorítmica pueden convertirse en "herramientas de tecnología avanzada para supervisar y castigar a los pobres".

Aunque recalca las diferencias entre EEUU y Europa sobre cómo se han implantado los algoritmos en los procesos estatales, adelanta la necesidad de globalizar la conversación sobre los problemas de estos sistemas y derribar la apariencia de neutralidad con la que a menudo se imponen. "Tenemos que ayudarnos mutuamente a identificar lo que podría ir mal y también a compartir estrategias sobre cómo resistirlo".

¿Cómo empezó a investigar cómo afecta la digitalización a la desigualdad?

Empecé con el movimiento de los Centros Tecnológicos Comunitarios en Estados Unidos a finales de los 90. La idea era básicamente que el acceso a la tecnología era una cuestión de justicia social muy importante. Pensábamos que uno de los problemas clave que los pobres y la gente de color en los Estados Unidos iban a enfrentar era la brecha digital, la idea de que la gente rica obtiene la tecnología primero y otras personas pueden quedar atrás. Con esta mentalidad empecé a trabajar en una comunidad de mujeres en mi ciudad natal, alrededor de 90 mujeres pobres de clase trabajadora que vivían en una especie de vivienda colectiva. Hicimos todo tipo de proyectos que trataban de salvar la brecha en el acceso a la tecnología, pero alrededor de un año después algunas de esas mujeres de la comunidad me sentó y me dijo: Virginia, nos gustas mucho, eres muy dulce, pero tus preguntas son estúpidas y no tienen nada que ver con nuestras vidas.

Para mí fue como ¡oh!, ok. Así que si lo estoy entendiendo mal, ¿cómo lo hacemos mejor? Y lo que me dijeron es que esta suposición de que no había tecnología en sus vidas era un error. La tecnología era absolutamente omnipresente. Pero las interacciones que tenían con ella tendían a ser explotadoras y extractivas, peligrosas. Me contaron que los lugares donde normalmente entraban en contacto con la tecnología es en el sistema de justicia penal y en la vigilancia digital en sus barrios. Lo que me dijeron cambió la dirección de mi vida, porque desde entonces me centré en averiguar cuál es la relación entre la tecnología y los servicios públicos. Resultó ser un tema realmente muy importante y fascinante, pero también aterrador y en gran medida ignorado.

Una de las advertencias del libro es que las sociedades pueden volverse más desiguales a medida que se digitalizan y se añaden nuevos métodos de decisión automática, aunque tienda a pensarse lo contrario.

Sí. Lo que he visto en mi investigación sobre la automatización de la desigualdad ha sido que, a menos que los diseñemos explícitamente para inclinarse hacia la justicia social, los algoritmos sólo ampliarán las brechas sociales que ya tenemos. Por otro lado está ese otro tipo de pensamiento mágico en la mente de muchos diseñadores y administradores de programas de que la tecnología será, de forma natural, más eficiente, más justa, menos sesgada. Que hay algo en la tecnología digital que la hace simplemente más objetiva y justa, internamente, por sí misma. Y eso no es cierto.

La historia que nos contamos a nosotros mismos sobre la neutralidad de la tecnología es peligrosa y no es empírica. Encubre toda una serie de prácticas malignas, agitando una pantalla frente a nosotros desde la que se toman decisiones muy políticas pero alegando que es solo un proceso administrativo, matemático. En el peor de los casos, todas estas herramientas nos permiten evitar decisiones políticas realmente importantes que tenemos que tomar o conversaciones políticas que tenemos que tener.

¿Cómo actúan esos algoritmos de la desigualdad, en la práctica?

Te pongo un ejemplo concreto. Una de las familias con las que trabajé muy estrechamente en la elaboración del libro vivía en Indiana. Sophie, la persona a la que dedico el libro, es en realidad Sophie Stripes. Cuando la conocí tenía 13 años y parálisis cerebral. Le habían cancelado el seguro médico cuando tenía seis años porque ella, con seis años, no cooperó para establecer su elegibilidad para el programa.

Lo que sucedió en Indiana es que construyeron un sistema automático para sustituir a los trabajadores sociales que decidían quienes podían acceder a esas ayudas. Pero era un sistema muy rígido, inflexible. La familia Stripes se olvidó de firmar un formulario y perdió su seguro sanitario. En ese año le ocurrió a más de un millón de personas en el estado de Indiana. La gente recibía avisos sobre su falta de cooperación con el programa, pero estos solo decían que había un error. No decían cuál era el error, lo que ponía toda la presión de averiguar qué estaba fallando sobre los hombros de las familias más vulnerables del estado. Así que, básicamente, tuvieron que convertirse en sus propios trabajadores sociales y solucionar los problemas por sí mismos. 

Esa es una de las formas clásicas de la que funcionan estos sistemas: automatizando los procesos de elegibilidad para un programa de ayudas. A menudo esto oculta el hecho de que se han tomado una serie de decisiones políticas sobre quiénes merecen la ayuda, cómo tendrán que demostrarlo y qué tipo de ayuda necesitan.

¿Las personas afectadas detectaban que esos métodos de decisión eran injustos? ¿O pensaban que como la decisión había sido tomada por un algoritmo, por una máquina debía haber otras personas que necesitaban más esas ayudas?

Eso es interesante. En mi investigación, al hablar con las familias afectadas por estos sistemas pude ver tenían algunas conjeturas realmente buenas sobre lo que estaba sucediendo.

¿O sea que eran más bien los políticos y los organismos públicos los que los utilizaban para evitar tomar decisiones difíciles? 

Sí, exacto. Hay dos maneras de que eso ocurra. Una es la austeridad, la idea de que no hay suficiente para todos y que es necesario tomar estas decisiones difíciles sobre quién merece apoyo y quién no. Eso es una posición política, pero a menudo los algoritmos sirven para convertirlo en una especie de matemática moral.

En Estados Unidos, además, la situación es diferente a la europea en cuanto al estado del bienestar. Aquí [por EEUU] existe la creencia de que si eres pobre, quizás es porque has tomado una serie de malas decisiones con las que los demás no estamos de acuerdo. Tenemos este sistema loco que cree que no podemos dar a todos un nivel básico de dignidad humana. Pero eso no es empíricamente cierto. Podríamos desarrollar un marco universal de derechos humanos que protegiera a la gente mucho mejor de lo que lo estamos haciendo. Por eso hacemos una especie de populismo moral sobre si eres lo suficientemente bueno, como persona pobre, para recibir ayuda. O si por el contrario eres una mala persona pobre. Juzgar eso es la otra idea que está incorporada en todos estos sistemas, incluso cuando no es su intención.

¿Cómo se puede evitar que se implementen sistemas como estos? 

Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? [ríe]

En el libro propone un juramento hipocrático para los diseñadores, científicos de datos, etc. para que cuando participen en este tipo de desarrollos respeten una serie de valores éticos. 

Un aspecto interesante al escribir un libro es que congela tu pensamiento en un momento determinado. Mi forma de afrontar el problema ha cambiado desde la publicación del libro. Sigo manteniendo que la conversación sobre la ética de la inteligencia artificial es útil, pero creo que centrarse sólo en los códigos éticos para los diseñadores no nos va a llevar a donde tenemos que ir. Es solo una pieza del rompecabezas. 

Para los casos que he estudiado en profundidad, creo que hay varias cosas que tienen que suceder para cambiar la forma en que estos sistemas funcionan. Una es que tenemos que cambiar las historias que contamos sobre lo que es ser pobre, quién es pobre, por qué es pobre.

Por ejemplo en Estados Unidos existe la narrativa de que la pobreza solo le ocurre a un pequeño porcentaje de personas, de manera probablemente patológica. Eso tampoco es cierto. Si estudias el ciclo de vida de la gente en EEUU ves que el 51% de las personas estará por debajo del umbral de la pobreza en algún momento de su vida. Es como si estuviéramos tratando el embarazo como si fuera una enfermedad, como una discapacidad. ¡Es sólo algo que le sucede a más del 40% de la población! No es una enfermedad, sino una experiencia que muchas personas tienen. Creo en el poder de las historias para ayudarnos a contar la realidad. Y creo que cambiar las historias que nos contamos sobre la desigualdad y también sobre los procesos de automatización es una parte muy importante de la solución.

Una de esas narrativas que pide derribar es ese determinismo sobre la tecnología: un algoritmo por sí solo no cambiará estructuras que llevan décadas establecidas.

Está integrado en su ADN. Funcionan con datos históricos. Se entrenan con datos históricos. Se integran e implementan en sistemas que ya existen. Están construidos por seres humanos que tienen como ideas la historia y su propia experiencia. 

Pero muchas veces los tratamos como si fueran ese monolito de 2001: Una odisea en el espacio que viene a revolucionar la evolución. A menudo pensamos en estas tecnologías como si vinieran de la nada, aterrizaran en un terreno vacío y lo cambiaran todo. Y es mucho más complicado que eso. Nuestros sistemas técnicos son manifestaciones físicas de las estructuras sociales en las que ya vivimos, a menos que los diseñemos explícitamente para hacer otra cosa. Profundizan el statu quo si no los construimos para hacer para hacer algo más.

Uno de los motivos por los que pienso que esta narrativa es peligrosa es porque crea un espacio emocional, intelectual entre las personas que los diseñan y los implementan y las personas que los padecen. En el libro lo llamo anulación de la empatía. El libro trata de sistemas técnicos complejos, pero lo escribí a partir de la experiencia de las personas que se ven afectadas por ellos porque quiero que la gente, cuando tenga estas conversaciones abstractas y conceptuales sobre la inteligencia artificial y la ética, vea ese espacio. Que recuerde que sus decisiones afectan a personas reales y están teniendo efectos realmente horribles para importantes comunidades de clase trabajadora.

A pesar de ser muy local, los resultados de su investigación han dado la vuelta al mundo. ¿Cree que conviene internacionalizar el debate sobre los algoritmos? 

Sí, hay dos cosas que en mi opinión son muy necesarias. Una es escuchar las voces de las personas que se ven afectadas directamente por estos sistemas, como decía. La otra cosa es globalizar la conversación sobre ellos, porque ciertamente las empresas y los gobiernos sí que están hablando entre sí, así que los que nos vamos a ver afectados también tenemos que hablar entre nosotros.

El contexto de cada país importa a la hora de saber cómo va a tolerar la gente la implantación de estos sistemas, por supuesto. Pero también hay otros patrones. A menudo la gente que desarrolla esta tecnología la ofrece por todo el mundo. Uno de los casos que estudié, un sistema de predicción que se suponía que podía adivinar si los hijos de una familia serían víctimas de abuso o negligencia en el futuro, fue desarrollado por una empresa de Nueva Zelanda. Trataron de implantarla allí, pero rechazaron su herramienta y se fueron al condado de Allegheny, en Pittsburgh, que fue donde se la compraron. Pero si Pittsburgh la hubiera rechazado, se habrían ido a Kenia. Y si no, habrían aparecido en Togo. Tenemos que ayudarnos mutuamente a identificar lo que podría ir mal y también a compartir estrategias sobre cómo resistirlo.

5.700 millones será el presupuesto de Educación para 2021 (Pablo Gutiérrez del Álamo para ELDIARIODELAEDUCACION.COM)

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• Si finalmente se aprueban los Presupuestos Generales del Estado, el incremento de la financiación del Ministerio de Educación y FP será de un 139 % con respecto a los actuales y alcanzará la cifra de 5.697 millones de euros el próximo año.

De estos 5.700 millones, 1.800 corresponden a la redistribución de las partidas de formación profesional para el empleo, que pasarán definitivamente al Ministerio de Educación desde el de Trabajo, así como por el incremento de los presupuestos estatales y por los fondos que estén por llegar desde la Unión Europea.

Las apuestas fundamentales de la cartera de Isabel Celaá serán, principalmente, tres: equidad (vía becas), formación profesional y digitalización de la educación.

Apuesta por la equidad

En lo referente a equidad, se dedicarán 2.360 millones a tres partidas fundamentales: el aumento de las becas y ayudas al estudio; el aumento de las plazas públicas de educación infantil de primer ciclo (0-3 años), y a la lucha contra el abandono escolar temprano (AET).

El sistema de becas, que todavía se encuentra, como ha confirmado el secretario de Estado, Alejandro Tiana, en periodo de revisión para su transformación, recibirá 515 millones de euros adicionales para 2021 hasta un total de 2090 millones. Un incremento del 35%, el mayor presupuesto que se haya dado en este apartado de los presupuestos nunca.

Por delante, más allá de la aprobación de los PGE, está la convocatoria en próximas fechas del Observatorio de becas para que el Ministerio dé cuenta de las novedades. La intención de Educación es aclarar lo máximo posible cuáles serán las cuantías que cada peticionario recibirá para que, así, puedan organizarse de cara a cada curso escolar. Para ello, entre otras medidas, se intentará dejar en la menor expresión posible la parte variable que instituyera en su momento José Ignacio Wert como ministro de Educación.

Para el aumento de las plazas de educación infantil de primer ciclo, el ministerio se ha planteado un plan a tres años vista con la idea, ha sostenido esta mañana la propia ministra Celaá de que las familias vulnerables tengan mayor posibilidad de acceso a estas plazas. Idea en la que ha insistido Alejandro Tiana. Está previsto que sea mediante un programa de cooperación territorial en el que, además, quieren incluir a las administraciones locales. Para el próximo año está previsto que la mayor parte de las plazas que se creen se hagan en centros ya existentes, como escuelas infantiles o colegios de infantil y primaria. Algo que tendrán que decidir las comunidades autónomas.

El aumento de las plazas de 0-3 se ha interpretado como un ataque a la escuela concertada, que no recibirá financiación para el crecimiento de sus plazas. Según Alejandro Tiana «es un error desde cualquier punto de vista». El objetivo del Ministerio es pasar del actual 34 % de cobertura hasta porcentajes cercanos a los de comunidades como Euskadi, es decir, alrededor del 54 %. Pero cubriendo las necesidades de escolarización de la población más vulnerables, para lo que se apuesta por plazas públicas y gratuitas. «Son los más vulnerables, los que más necesitan esas plazas», ha insistido el secretario de Estado.

Está previsto que se inviertan 200 millones de euros en aulas de 0-3 años, para que se abran 21.794 plazas que podrán estar en centros ya en funcionamiento y en otros que eventualmente se construyan.

Finalmente estarán el programa PROA+ centrado en la disminución del abandono escolar temprano. Durante este 2020 ya se repartieron 60 millones entre las autonomías para que lo pusieran en marcha y está previsto que para 2021 haya una propuesta a las administraciones educativas competentes para que estos programas reciban financiación tanto estatal como autonómica. Habrá 80 millones para que 1.800 centros de especial complejidad, el próximo año, puedan poner en marcha estos programas.

Digitalización de la educación

En los últimos meses, la pandemia y el confinamiento, han puesto de relieve la difícil situación en la que se encuentran muchos centros educativos. Redes wifi que no dan más de sí, equipos informáticos más o menos obsoletos y una gran brecha digital entre el alumnado que, aún hoy permanece sin contabilizar del todo.

Más allá de las iniciativas que se pongan en marcha por parte de empesas del sector tecnológico para esta digitalización, desde el Ministerio quieren aumentar la cifra de los dispositivos electrónicos anunciados hace meses para el alumnado con mayores dificultades. A esos 500.000 dispositivos que todavía se están licitando, Educación hará la inversión de 150 millones de euros más para que haya otros 250.000. Tres cuartos de millón de dispositivos que irán a parar al alumnado que las comunidades autónomas decidan en función de sus necesidades materiales.

También se invertirán 827 millones para la puesta en marcha de 23.000 aulas digitales para sostener el sistema híbrido de enseñanza. A estas cifras se sumarán 31 millones para la formación del profesorado en digitalización de la enseñanza y otros 2,5 para las y los docentes de formación profesional.

Con todo ello, este proyecto de digitalización absorverá 1.013 millones de euros en 2021.

La reforma de la FP

Esta es una de las grandes apuestas del Gobierno de Pedro Sánchez que ya anunciara una gran reforma hace unos meses. Además de la inclusión de la FP para el empleo dentro de las competencias del Ministerio de Educación, con su consiguiente ampliación presupuestaria, está previsto que la formación profesional reciba 1.628 millones de euros. De esta cifra, casi 1.000 millones (974) irán a parar a la FP para el empleo, mientras que la del sistema educativos recibirá en 2021 654 millones, lo que supone un aumento del 349 % si se tiene en cuenta que su presupuesto en 2020 es de 187 milllones.

Junto a este aumento tan importante de recursos, la reforma de la formación profesional se basará en la promulgación de una ley específica en los próximos meses.

Entre los programas sobre los que apuesta el Ministerio para la mejora de esta etapa educativa se encuentra la acreditación de la experiencia de más de medio millón de personas que, a pesar de tener conocimientos adquiridos por la experiencia laboral, no tienen ningún título que lo acredite. Para conseguir revertir esta situación se invertirán 127 millones.

La falta de plazas de formación profesional lleva siendo un importante problema grave en muchas comunidades autónomas desde hace ya años. Por ello, el Ministerio tiene un plan que prevé la creación durante cuatro años de un total de 200.000 nuevas plazas. El primer paso será invertir el año que viene 64 millones para que se creen 47.400 nuevas plazas que puedan cubrir la demanda actual de estos estudios.

La otra gran pata sobre la que se apoyará el plan de modernización de la FP en los próximos años tiene que ver con la entrada del bilingüismo a estos estudios profesionales, tanto en los grados medios como en los superiores. Para ello se invertirán 170 millones de eros.

El objetivo, ha explicado la ministra Celaá es que «en tres años, el 10 % de los ciclos de FP sean bilingües».