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Artículo de Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es
La comunidad dedica al sector educativo un 2,26% del PIB frente al 4,21% de media a nivel nacional; mientras el Gobierno regional es el que menos dinero público dedica a la Educación en términos relativos en toda España, las familias madrileñas son las que más gastan
29 de abril de 2021
Aunque para según qué siempre hay dinero, Madrid es la comunidad autónoma que menos invierte en Educación de toda España. La región presidida por Isabel Díaz Ayuso dedica al sector un 2,26% de su PIB, según el informe 10 años de degradación de la enseñanza pública en Madrid (2009-2018), presentado este jueves por CCOO, la cifra más baja no solo de este país, sino de toda la OCDE. La media nacional es del 4,21%. Está comúnmente aceptado que el 7% es la cifra ideal –que prácticamente ningún país alcanza–.
Además, en los últimos diez años este indicador –utilizado habitualmente para comparar la inversión en Educación entre diferentes territorios– ha caído un 18,1%. Este comportamiento descendente se asemeja al del resto de España, aunque la caída es algo mayor, de un 18,1% frente al 16,5% de media. Y contrasta con otro dato: el PIB total madrileño ha subido en el mismo periodo un 16,3%. La riqueza global sube en Madrid, el dinero que proporcionalmente se dedica a Educación baja.
Hay más datos que dibujan un panorama “desolador” en la comunidad, en palabras de Jaime Cedrún, secretario general de CCOO Madrid. En 2009, la comunidad dedicaba el 28% de su gasto total a la Educación. Diez años después esta cifra es del 22,5%.
Pero no todas las partidas han sufrido una evolución similar en esta última década. Pese a que la inversión total es inferior hoy que hace diez años, el gasto en conciertos sí ha subido, pasando de 869 millones en 2009 a 1.018 millones de euros en 2018, un aumento del 17,1% que casi duplica al nacional. En el conjunto de España la evolución del gasto en conciertos ha seguido la misma línea, también ascendente, aunque en magnitudes inferiores (de 5.850 millones a 6.276 millones, un 7,1%).
CCOO denuncia los caminos contrarios que llevan una y otra partida. Según el sindicato, y pese a que en conjunto el gasto para enseñanzas no universitarias ha subido en 67,3 millones de euros en diez años –a diferencia de la media española, además–, cuando se desglosa se observa el comportamiento diferente de los presupuestos: el sistema público ha ganado 90.000 alumnos en una década pero perdido 81,7 millones; la escuela concertada ha ganado 64.000 alumnos y ganado 149 millones de euros.
Todos estos datos contrastan, sostiene Isabel Galvín, secretaria general de la sección educativa de CCOO en Madrid, con el hecho de que mientras las partidas de gasto público caen y dejan a la región a la cola de las diferentes tablas, la comunidad sí lidera la clasificación de gasto privado familiar. En el periodo analizado, este ha subido un 31,7% mientras que a nivel nacional, donde también asciende, lo ha hecho un 10,2% (incluyendo el dato madrileño, que tira de la media hacia arriba).
“Este conjunto de datos describe una situación que tiene, como única explicación objetiva, la política fiscal de la Comunidad de Madrid, que limita de forma consciente los recursos financieros existentes, y su desprecio total por los servicios públicos de calidad”, lamenta el sindicato.
Cierto es que la inversión absoluta, en euros contantes y sonantes, ha tenido un comportamiento distinto, con bajadas al principio de la década y subidas en la segunda mitad. Pero aún así también sigue por debajo de la que había hace diez años, y como la subida de las partidas ha sido menor de lo que iba creciendo la economía del país, la inversión relativa, el dato que se utiliza para medir el nivel de inversión y hacer comparaciones entre países (no tiene sentido medir la inversión total en educación de un país como EE UU con otro como Holanda, por ejemplo), solo baja.
¿Que parte de su PIB destina España a la Educación? Evolución del gasto público en Educación. Cifras totales (izquierda) y % sobre el PIB (derecha)
Fuente: Ministerio de Educación y Formación Profesional
En España, el primer tijeretazo vino en los presupuestos de 2010, tanto absoluto como relativo. Mariano Rajoy no es el único culpable: José Luis Rodríguez Zapatero era todavía presidente. Igual de cierto es que el PP abrazó la idea en su llegada al Gobierno y la llevó un poco más allá desde el primer momento. De 2011 a 2012 se produjo la mayor caída en inversión educativa en la historia de la democracia española: 2.000 millones de euros menos en el sistema (un 2% de descenso) y dos décimas menos respecto a un PIB que también se desplomaba, pero menos. Abriendo un poco el foco, en el periodo 2009-2013 la educación perdió casi 9.000 millones de euros, un 16,6% de la partida.
Eran los años en los que la OCDE, de la mano de su director educativo, Andreas Schleisser, explicaba que a partir de cierta cantidad, que en su opinión España había alcanzado, la inversión en Educación no se traducía necesariamente en mejoras en el sistema. Montserrat Gomendio, quien fuera número dos de Educación del ministro José Ignacio Wert, se pasó 2013 hablando de esta cuestión. "En España vemos que, teniendo niveles de inversión que están por encima de la OCDE [por aquel entonces], estamos por debajo del rendimiento que nos correspondería", afirmaba.
Sostenía Gomendio que "la mayor parte de la inversión [en Educación] se ha desviado a reducir la ratio alumno-profesor y mejorar el salario de los profesores". Hablaba la secretaria de Estado del periodo 2000-2010, aunque esa afirmación data de 2013, cuando a los profesores se les había recortado una paga extra y congelado el salario, y se habían subido las ratios. El tándem Wert-Gomendio recibió un sector que contaba con 50.343 millones de euros (el 4,73% del PIB) y dejaron uno, en 2015, que gastaba 46.262 millones, un 4,29% del PIB. Siendo cierto que les tocó gestionar lo peor de la crisis, también lo es, como recuerda Paco García, secretario general de la federación de Educación de CC.OO, que recortar en este ámbito fue una elección del Gobierno. Bruselas le dijo a los países: "Tenéis que recortar gastos". Pero nunca dijo de dónde.
Esta misma situación se ha venido dando prácticamente en toda Europa desde que empezara la anterior crisis, a partir de 2008 (ver gráfico). Independientemente de la situación de partida de cada país, las curvas de inversión en el mejor de los casos se mantienen planas, en caso de inclinarse lo hacen siempre en la misma dirección: hacia abajo. La tendencia es independiente del punto de partida, pero igual de cierto es que este punto difiere. Los grandes (y más ricos) países europeos superan el 5%, excepto Alemania.Sea como fuere, el recorte del sector entre 2011 y 2015 sirvió para devolver a la educación a su lugar histórico, del que no ha salido. El 4,21% que se invierte hoy en día en la educación se parece mucho al 4,3%, centésima arriba, centésima abajo, que hubo durante los 2000. Observando la evolución en el gráfico, la anomalía parece más bien el periodo entre 2007 y 2011, cuando España se creía rica, se veían grúas mirara donde se mirara, y se rozó el 5%. Esta cifra es la que pretende alcanzar en el corto plazo la actual ministra, Isabel Celaá.
Para ello va a necesitar que la partida destinada a educación suba ocho décimas, que son unos 8.000 millones. Otra posibilidad es mantener la inversión, hecho que en un contexto de bajada del PIB haría que automáticamente el gasto relativo aumentara. Aunque consiga alcanzar ese 5% –aún no hay ni presupuestos– España aún estará lejos del 7% óptimo. Para alcanzarlo tendría que aumentar su gasto educativo actual en un 66%.
La peculiaridad española
La peculiaridad del modelo español se llama escuela concertada. Financiar con fondos públicos centros privados no es exclusivo de este país, pero España sí es uno de los tres europeos donde más se da. La paradoja es que mientras la inversión en la red pública caía, el dinero estatal para la red privada concertada ha tenido un mejor comportamiento.
Los fondos para la escuela concertada sí están mejor hoy que hace diez años, tanto en términos absolutos como relativos. Lo que en 2009 eran 5.891 millones de euros (y el 10,9% del gasto educativo) en 2018 se han convertido en 6.340 millones de euros, un 12,4% del total. Y todo con el mismo número de alumnos, variable que es la que, sobre el papel, marca el gasto en conciertos. En 2009 la concertada acogía exactamente al 25% del alumnado; en 2018 era el 25,6%.
El lector observador habrá pensado –argumento que utiliza la patronal de la escuela concertada, principalmente la iglesia católica– que la escuela concertada educa mucho más barato: un cuarto de los alumnos con un octavo de la inversión. La explicación básica a este desajuste es que la concertada no atiende apenas población educativamente problemática, que consume muchos más recursos. Tampoco está presente en el campo: las escuelas rurales son mucho más caras porque apenas tienen alumnos. Muchos analistas educativos sostienen que este es el verdadero motivo que explica su pervivencia –e incluso mejoría– en el tiempo.
"Llevamos 40 años de democracia. La educación se ha modernizado (...), pero no ha habido una voluntad consciente de apostar económicamente por la educación pública. No era necesario echar muchísimo dinero un año concreto, sino estar aumentando los recursos paulatinamente hasta que fuesen adecuados", explica. "Y así tenemos (...) en muchos sitios ratios tercermundistas. Si tuviéramos unas ratios razonables (15-20 alumnos por aula), casi no habría que haber adoptado nada para septiembre, y sin embargo ahora debemos cumplir unas medidas de seguridad que son absolutamente irrealizables".
Y no son solo las ratios a las que alude Gómez. La falta de inversión también se ha notado en las infraestructuras, elemento que ahora se está revelando clave para la gestión de la pandemia. Como no había dinero, no se han construido nuevos centros ni se han adaptado los existentes. ¿Resultado? Colegios e institutos acogen hasta dos y tres veces más alumnos de los estaban previstos cuando se construyeron. Como ha sucedido en muchos sectores, mientras las cosas iban medio bien esta circunstancia no era una preocupación. Hasta que han dejado de ir medio bien.
Artículo de Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es
España no ha sido ajena a la mercantilización generalizada de la educación, pero lo ha hecho a partir de conceptos propios como "libertad de elección" y una regulación que ha atraído a grandes fondos de inversión
En su momento la medida se justificó porque se ampliaba la educación obligatoria desde los 14 a los 16 años y no había colegios suficientes para acoger a este nuevo estudiantado. Pero desde entonces esta partida no ha hecho más que crecer (se ha multiplicado al menos por dos desde 1992, teniendo en cuenta la inflación) y la normativa ha ido reforzando los conciertos hasta culminar con la LOMCE, la actual ley, que llegó a blindar el pago a centros que segregaran por sexo.
La todavía vigente LOMCE ha sido el intento más obvio de desarrollar esta apuesta por hacer negocio con la educación en España. Y para entender la LOMCE hay que mirar a un sector no tan activo en España, pero muy habitual en otras coordenadas: los lobbies, y en concreto FAES, la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales del PP.
"El think tank FAES es el actor que está ejerciendo especial protagonismo en el diseño y la defensa de nuevas políticas neoliberales en el ámbito educativo", escribió Geo Saura, profesor de la Universidad de Barcelona, en el estudio Think tanks y educación. Neoliberalismo de FAES en la LOCME.
"Desde su comienzo, FAES ha ido generando narrativas para reformar el sistema educativo desde una vertiente ideológica y práctica del neoliberalismo", comenta Saura. "Los ejes centrales han sido la elaboración de discursos en los que se aboga por ofrecer libertad de elección de centro a las familias y modificar los roles que debe ocupar el Estado en el control de la educación".
Francisco López Rupérez, uno de sus más ilustres miembros en cuestiones educativas, escribió en 2003 que la educación estaba afectada por la "enfermedad de lo público". Enfermedad que se curaba con mecanismos de privatización. Pedro Schwartz, otro de los ideólogos de cabecera de FAES, definió en 2008 el sistema de distribución de alumnado como "soviético centralizador" y que no promovía la libertad de elección familiar.
Cinco años más tarde de las palabras de Schwartz teníamos la LOMCE, que ya en su artículo 1 cambiaba todo el corpus legal educativo histórico al cambiar la garantía de plazas escolares para todos: ahora podrían ser públicas, como siempre, o privadas concertadas, según decidieran los padres y reclamara la "demanda social", un término lo suficientemente ambiguo como para recoger muchas cosas.
La otra pata de la mercantilización educativa, previa a la LOMCE pero consolidada en esta, son las famosas evaluaciones estandarizadas. "Son el instrumento esencial para posibilitar las políticas de privatización encubierta de cuasimercados, rendición de cuentas y gestión de resultados", analiza Saura. Durante un tiempo se llegaron a publicar clasificaciones de colegios en la prensa. Los colegios competían entre sí y los padres elegían al mejor, en una maniobra que ahondó en la
situación inversa: al final son los colegios privados-concertados los que eligen a sus alumnos mediante diferentes artimañas.
Un poco de historia
La LOMCE fue la culminación, pero tampoco surgió de la nada. La situación venía de atrás. Empieza con la LODE, en 1985, que asimila los privados en el sistema a través de los conciertos. "La LODE establece el inicio del cuasimercado educativo español distinguiendo entre colegios privados, privados-concertados y públicos para posibilitar la elección a las familias", explica Saura. Los colegios tenían que competir por el alumnado.
La LOGSE trae cosas positivas, cuenta Beatriz Quirós, catedrática de instituto jubilada que ha estudiado la materia y publicado diversos estudios al respecto. Pero también abrió la puerta al reglamentarismo y a las desigualdades académicas. En el 95 se pone en marcha la LOPEG, que dibuja el marco legal para la entrada de la privatización del sistema educativo y profesionaliza la dirección de los centros, quitando a los Consejos Escolares la capacidad de decisión que tenían en favor de los directores.
La LOCE del PP, en 2002, ya introduce el neoliberalismo sin ambages: "Cultura del esfuerzo", jerarquización de los centros escolares, que compiten entre sí... De esta norma los expertos destacan que se centró en la figura de la dirección de los centros, "otorgándole a la figura una toma de decisiones propias de planteamientos gerenciales", cuenta Saura. Nunca entró en vigor porque llegó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y aprobó la LOE, pero el camino ya estaba marcado.
"La LOE debería haber supuesto un freno a las políticas neoliberales, pero no lo hace. Se aplica la estrategia de Lisboa, no hay medidas para mantener el personal en los centros, se introducen las competencias básicas, las evaluaciones de diagnóstico, se filtran clasificaciones de colegios, empieza el gusanillo de PISA, hay que quedar bien colocado... Calan esas ideas y se pervierte la educación", explica Quirós.
En paralelo, y al calor de la crisis de 2008, en España empiezan a recortarse los presupuestos. La administración dedica hoy a la Educación exactamente el mismo dinero que invertía en 2007, unos 47.500 millones de euros en total. Pero la escuela privada concertada, en manos de la Iglesia en su mayoría, recibe un 25% de fondos públicos más que entonces.
cada, pasando de 8.700 millones de euros al año en 2007 a 12.300 diez años después.
En el mundo se siguió una tendencia parecida. Por seguir con la misma referencia temporal, los países invertían de media el 4,41% de su PIB en Educación en 2007. Una década más tarde ese porcentaje era del 4,67% de su PIB en Educación, una subida del 5%. Pero el PIB ha subido en el
mismo periodo cerca de un 30%, al pasar de unos 60.000 miles de millones de euros a unos 80.000.
La escuela que segrega
Esta mercantilización de la educación está modelando una escuela más sectaria, menos social y que poco a poco va perdiendo el papel de ascensor social que sí ha llegado a ejercer. Lo dicen los profesores, que lo ven, y lo dice la estadística.
En España, el 69% de los hijos de familias con estudios superiores irá a la universidad mientras que el 56% de los descendientes de familias que no pasaron de la secundaria obligatoria (16 años) se quedarán en el mismo punto, según datos de la OCDE. Más: los descendientes del 20% de las familias más pobres necesitarán cuatro generaciones enteras para alcanzar el nivel de vida medio en el país.
La segregación campa por las escuelas. Los ricos van a clase con los ricos a la escuela privada (concertada o no) y los pobres con los pobres a la pública. Lo dice la Fundación BBVA en el informe Diferencias educativas regionales 2000-2016, lo escribió el profesor de la UAM Javier Murillo en un detallado estudio que colocaba a España como el sexto país que más segrega de Europa y a Madrid –laboratorio educativo del PP durante todo el principio del siglo XXI– como la región puntera en este apartado en Europa.Esta distribución del alumnado tiene sus consecuencias: mejores colegios, mejores compañeros, mejores notas, mejores estudios, mejores trabajos. Esto es una cadena, está estudiado que funciona así (hablando de grandes grupos, los individuos se pueden salir de esta lógica). Si tus padres estudiaron y tienen libros en casa, más opciones tendrás tú de seguir su camino.
Y llegaron los másteres
La llegada de Bolonia supuso una especie de confirmación de estas tendencias. Fuera su intención o no, el desembarco del espacio superior de educación europeo en España (el conocido como plan Bolonia) en el curso 2008-2009 tuvo al menos un doble efecto: los másteres pasaron a ser parte fundamental de los estudios (cuestan el doble o triple que un grado) y como consecuencia las universidades se encontraron con una nueva entrada de ingresos privados. Bolonia cambió la estructura de los estudios universitarios para proponer, con carácter general, carreras más cortas (y más genéricas) que idealmente se completan con un máster para la formación específica.
Alumnos de máster en las universidades privadas.
El individualismo aspiracional con el que bombardea el capitalismo neoliberal lleva a una frenética carrera por llegar a los mejores empleos (o al menos los más remunerados). Estudiar se convierte en obligatorio por el mercado, de manera que ya se ofrecen más másteres (3.540 el último curso) que grados (2.854). Haz un máster. Haz otro. Y los hacemos: en diez años el número de alumnos de posgrados se ha cuadruplicado, multiplicando los 50.000 que hicieron uno el curso que se implantó Bolonia hasta los más de 200.000 del pasado año, según datos de Educación. Antes, uno de cada 25 estudiantes hacía un posgrado. Ahora es uno de cada seis y medio.
Y no son precisamente baratos. Además, la llegada de esta creciente fuente de ingresos para las universidades coincidió en el tiempo con el recorte a la financiación pública que impulsó Rajoy cuando empezó la crisis. Son las universidades privadas las que cada vez más están recogiendo ese pastel: han pasado de tener uno de cada seis alumnos de máster a uno de cada tres en diez años. Y subiendo.
Pero el mercado laboral dual que se está conformando (unos cuantos trabajos bien remunerados arriba, una mayoría de empleos que no requieren de demasiada formación) no es capaz de absorber a todos estos estudiantes formados y el resultado es que España el país de Europa con más universitarios en trabajos que no necesitan esa cualificación. Somos campeones en sobrecualificación: uno de cada tres empleados ha estudiado bastante más de lo que exige su puesto.
Por el camino, miles de euros gastados en una formación que quizá no se utilice nunca.
Compraventa de colegios y universidades La evolución de estas ideas y del propio mercado ha llevado a la creación de un sector educativo de dimensiones a considerar. La Educación mueve mucho dinero. Pese a los recortes, las cifras siguen siendo golosas. Los países de la UE gastaron 716.000 millones de euros en Educación en 2015, a lo que habría que sumar el gasto privado, que solo en España fueron más de 12.000 millones de euros el pasado año. Y esta partida –la de las familias–, al contrario que las públicas, solo sube.
Porque todo el mundo quiere lo mejor para sus hijos. Los padres no escatiman, dentro de sus posibilidades. Los Gobiernos gastan en escuelas, en profesores, en equipamiento, tanto hardware como software. Las tecnológicas pelean por coger su trozo del pastel. Google, IBM, HP y muchos otros gigantes han saltado de lleno al sector ofreciendo recursos, en forma de maquinaria o programas, conocedores de que meter el pie en el sector solo puede traer buenas noticias. Las start-ups crecen como setas. Solo el pasado año el sector tecnológico movió unos 6.500 millones de euros en todo el mundo.
Ejemplos de este negocio en torno a la educación se pueden observar en España en todos los niveles educativos. En educación obligatoria sirva el ejemplo de los colegios Laude, un grupo compuesto por diez centros privados repartidos por el país. En 2006, los fondos Dinamia y N+1 compraron cinco colegios en una operación que se cerró por unos 18 millones de euros, según contaba la prensa entonces. El "tamaño" y el "crecimiento sólido del mercado" se citaban como puntales para una buena inversión.
El grupo fue creciendo con la compra de más centros hasta que en 2014, tras una inversión total de 35 millones, se vendió por entre 35 y 45 millones de euros al gigante International School Partnership (ISP), cuyo principal accionista es Partners Group, la firma de capital riesgo más grande de Suiza. A día de hoy, el grupo Colegios Laude SL es el segundo más grande del sector con una facturación anual de 46,8 millones de euros en 2017 y un resultado de explotación de 3,6 millones de euros.
En la universidad se pueden mencionar los casos de la Alfonso X El Sabio de Madrid o la Universidad Europea, dos centros privados adquiridos recientemente por unos 770 y 1.100 millones de euros, respectivamente, por sendos fondos de inversión. Las universidades dan dinero: el sector de la educación superior privada facturó 2.255 millones de euros en 2017, según la consultora DBK, con un crecimiento anual del 7%. Un total de 23 centros privados analizados por este diario ofrecieron ese año una rentabilidad media del 9,41%.
Al menos, siempre quedarán las competencias y la satisfacción de tener una escuela "eficiente" que dé "empleabilidad" a los jóvenes. Pero, se preguntan los expertos, ¿es la "empleabilidad" una garantía de empleo por sí misma?
Artículo de Daniel Sánchez Caballero publicado en eldiario.es
La educación se ha mercantilizado en los últimos 20 años, coincidiendo con las llamadas de los lobbies a hacer de este un sector más con el que ganar dinero
Los últimos 20 años le han dado la vuelta a la educación. Poco antes de entrar en el siglo XXI hubo un cambio de paradigma: el sector, que hasta entonces había conseguido más o menos volar por debajo del radar del mercado capitalista, pasaba a ser tan bueno como cualquier otro para ganar dinero.
El cambio también ha afectado hacia dentro, en un doble movimiento interdependiente. En dos décadas han variado los objetivos de la educación, cada vez menos humanista y más centrada en el mercado laboral. Llegaron las competencias, se fueron las humanidades. Como explica Carmen Rodríguez, profesora de la Universidad de Málaga y miembro del Foro de Sevilla: "Solo importa el resultado educativo, no los procesos. Lo mejor para nuestros hijos ya no es una educación como bien social que forme ciudadanos, sino que vayan a las mejores escuelas. En la base de todo esto están las evaluaciones y la competición entre escuelas y entre estudiantes". La escuela enseña lo que le interesa a la empresa y la empresa se acerca a la escuela y la financia.
El pastel es goloso. Por un lado están los datos sobre el capital humano que mueve: en 2019 y solo en la UE hay unos 137 millones de estudiantes entre todas las etapas educativas, 20 de ellos en la Universidad. Por otro, los puramente económicos: en lo que es estrictamente negocio, el sector tecnológico en torno a la educación movió en 2019 un total de 6.500 millones de euros en inversiones en todo el mundo.
Con carácter general, los países de la UE superan los 700.000 millones de euros anuales en gasto en educación, una partida que no para de crecer. No de manera relativa –el porcentaje de los presupuestos ha pasado del 4,41% del PIB en 2007 al 4,67% en 2017–, pero sí absoluta: el PIB ha subido en este mismo periodo un 30%, por lo que el gasto educativo lo hizo en la misma relación. Las posibilidades de negocio son muchas: softwares educativos, ordenadores para clase, tabletas, pizarras digitales, cursos, academias, plataformas de gestión, aplicaciones, herramientas educativas, educación online o consultorías educativas son los nuevos campos abonados para la colaboración público-privada o la inversión puramente privada, hablando en neolengua. Un ejemplo: en 2011 se descargaron 270 millones de aplicaciones gratuitas (que no cuestan dinero) relacionadas con la educación y otras 36 millones de pago, según McKinsey. Las grandes multinacionales, como Google o IBM o HP se han tirado de cabeza al sector con tácticas similares.
Google ofrece varios servicios relacionados con la educación. La plataforma G Suite for Education ofrece una serie de herramientas gratuitas "para permitir que los educadores y los alumnos innoven y aprendan juntos". Solo hace falta registrar el centro y se accede a un paquete de servicios para gestionar las clases, organizar deberes, evaluaciones, etc. Y todo gratis. Solo hace falta registrarse y ofrecerle tu alma a Google en forma de información personal. Según sus propios datos, más de 80 millones de personas utilizan ya G Suite en todo el mundo y más de 40 millones la herramienta Google Classroom.
El gigante tecnológico también ofrece a profesores y alumnos sus Chromebooks, unos dispositivos a medio camino entre la tableta y el ordenador comercializados por diferentes marcas y en diferentes rangos de precios pensados específicamente para la educación y llenos de apps y herramientas. Más de 30 millones de estudiantes del mundo ya utilizan estos aparatos –a partir de 200 euros–, principalmente los que fabrica HP, otra de las multinacionales volcadas en la Educación que también cuenta con sus propia línea de productos, desde la HP Touchpoint Manager, una aplicación para gestión educativa, hasta la HP Classroom Manager, pasando por alianzas con entidades como Tablet Academy, una organización de profesores del Reino Unido.
La premonición de De Sélys Algunos lo vieron venir. Corría 1998 cuando el periodista belga Gérard de Sélys escribió: "La OCDE cifra en un billón de dólares los gastos anuales de sus Estados miembros en favor de la enseñanza. Un mercado de tales dimensiones es muy codiciado. Actualmente, cuatro millones de profesores, 80 millones de alumnos y estudiantes, 320.000 centros escolares están en el punto de mira de los mercaderes. Pero se necesitarán muchos esfuerzos para aplicar esos textos e informes que exigirán un desmantelamiento de lo esencial del servicio público de la enseñanza".
Se equivocó poco. Han pasado 22 años desde la profecía de De Sélys. Los "esfuerzos" que comentaba el belga serían necesarios para la mercantilización educativa se hicieron. Dicho de otra forma: recortes en Educación que rebajan la calidad, formación más laboral que social, compra-venta de centros educativos, clientes garantizados, bien por la obligatoriedad de la etapa, bien porque lo impone el mercado, familias que gastan más cada año en educar a sus hijos (12.290 millones de euros en 2016 solo en España) o el uso de "competitividad", "empleabilidad" y "eficacia" como términos claves en la educación configuran un nuevo panorama educativo, tanto dentro del sistema como alrededor de él.
Sobre el cómo hemos llegado hasta aquí hay versiones, según a quién se pregunte. Una corriente de opinión ve todo un plan elaborado que viene desde hace más de dos décadas, que incluye lobbies, informes y una búsqueda casi desesperada de nuevos mercados. Entre ellos se encuentra Beatriz Quirós, catedrática de instituto jubilada y miembro del sindicato STES. Otros, como el profesor Antoni Verger, de la Universidad Autónoma de Barcelona, son más escépticos. "Sí, se habla de los lobbies, de un informe de 1998... Pero es tan difícil acceder a información y datos que no sabemos el impacto que pudieron tener esos informes", sostiene. Lo que nadie duda, tampoco él, es del negocio educativo.
La versión que ve todo un plan trazado cuenta que la primera semilla de la mercantilización europea la sembró el lobby empresarial europeo European Round Table (ERT). Es enero de 1989 y el mundo vive un cambio de paradigma. La era de la explotación de recursos ha quedado atrás, los mercados tradicionales se agotan y hay que buscar nuevos, explica Quirós. En paralelo, "el modelo de escuela que venía funcionando ya no interesa más. No interesa la masificación de la educación, el tipo de trabajadores que empiezan a necesitar las empresas es diferente".
En ese contexto, el lobby empresarial europeo escribe ese año el informe Educación y competencia en Europa. Tras una reunión en la que participan los presidentes de Fiat, del gigante francés de agua y saneamiento Lyonnaise des Eaux o Nestlé, presentan su texto, en el que declaran sin sutilezas que "la educación y la formación (...) se consideran inversiones estratégicas vitales para el éxito futuro empresarial". Los grandes grupos de presión se ponen en marcha.
El saber y la competencia Paso a paso se va haciendo camino. En 1995, la Comisión Europea presenta su libro blanco sobre la educación y la formación, en el que explica: "Los países europeos ya no tienen elección. Para conservar su lugar (…) tienen que completar los progresos realizados en la integración económica con una inversión en el saber y la competencia".
La línea de pensamiento que marcaba las políticas educativas la resumió el presidente de Coca Cola tres años después, en 1998, en el encuentro mundial de la Global Alliance for Transnational Education (GATE). Dice Glenn R. Jones: "Desde el punto de visto del empresario, la enseñanza constituye uno de los mercados más vastos y de mayor crecimiento (…). El sector resiste a la tecnología, sus costos aumentan y hay demasiada poca competencia. Se hace cada vez mayor la distancia entre la demanda de formación y la capacidad de acogida de la enseñanza superior. Por todas estas razones, los empresarios consideran que la enseñanza es un extenso mercado por conquistar".
La OCDE, esa organización económica hoy convertida por alguna razón en referente educativo a través de su examen PISA, también aporta su granito de arena. En 1996 ya es consciente de la dualidad del mercado laboral que se avecina y de que las empresas no tendrán ninguna necesidad de tantos trabajadores tan formados. Pero, políticamente, no es tarea fácil de acometer. La OCDE aportaba entonces algunas ideas de cómo hacerlo, también negro sobre blanco.
"Se pueden aconsejar numerosas medidas que no crean ninguna dificultad política (…). Si se les disminuyen los gastos de funcionamiento a las escuelas y universidades, hay que procurar que no se disminuya la cantidad de servicio, aún a riesgo de que la calidad baje (…). Sería peligroso restringir el número de alumnos matriculados. Las familias reaccionarán violentamente si no se matricula a sus hijos, pero no lo harán frente a una bajada gradual de la calidad de la enseñanza y la escuela puede progresiva y puntualmente obtener una contribución económica de las familias o suprimir alguna actividad. Esto se hace primero en una escuela, luego en otra, pero no en la de al lado, de manera que se evita el descontento generalizado de la población", escribió Christian Morrison.
Correlación o causalidad, la evolución del gasto en Educación de los países refleja esta línea de pensamiento. Desde el año 2000, casi en simultáneo al informe de ERT y la premonición de De Sélys, el porcentaje respecto al PIB que se invierte en Educación está estancado alrededor del 5% en todo el mundo. Pocos países alcanzan el 7%, considerado la cifra mágica en Educación.
Es cierto que la inversión absoluta sí sube, igual que lo ha hecho el PIB durante estos años. Los países gastan cada vez más dinero en sus sistemas educativos –también es más dinero a repartir–, pero como la inversión relativa no aumenta son las familias las que intentan compensar estas diferencias. En España, por ejemplo, el gasto privado en educación ha subido un 50% desde que empezó la crisis en 2008, pasando de 8.700 millones de euros a 12.300 millones de euros, según datos del ministerio.
El impacto de género En esta partida de ajedrez entre educación y negocios hay piezas que valen más y piezas que valen menos. Suelen ser las mismas siempre. El gran negocio educativo lo sufren más las mujeres que los hombres, explica Carmen Rodríguez, profesora de la Universidad de Málaga.
"En este marco globalizado, donde priman los intereses del mercado sobre los derechos sociales, la educación colabora en el mantenimiento del sistema, por su intervención o por la ausencia de esta", explica. Rodríguez destaca cuatro aspectos en los que la mujer se ve especialmente perjudicada por la "educación mercantilizada": la desvalorización de la vida íntima, la híper-sexualidad como nueva liberación, el mito de la libertad de elección y el conocimiento escolar.
"Las personas más vulnerables son las que más van a perder con estos nuevos modelos", opina la profesora. "Se despolitizan los derechos sociales que son comunes a las mujeres y se convierten en problemas individuales y de libertad de elección: la violencia de género es un problema individual, no relacionada con la estructura patriarcal o las relaciones de poder. La prostitución, los vientres de alquiler, son problemas de elección personal", elabora.
Según esta visión de Rodríguez, "la situación de las mujeres se ve doblemente perjudicada: por un lado, por la pérdida de derechos sociales; por otro, por el sometimiento a situaciones de empleo precarias como consecuencia de una mayor incorporación al mercado laboral, pero como trabajadoras secundarias que acceden a peores trabajos y además pagan el impuesto reproductivo".
Reproducimos esta entrevista a Gabriel González-Bueno, especialista en políticas de infancia de Unicef,publicada en ELDIARIODELAEDUCACION.COM:
El 30% de los menores están en riesgo de pobreza. Desde Unicef se resalta la necesidad de mayor inversión social y educativa en el ciclo 0-3, también contra el abandono temprano o en prestaciones por hijo a cargo como posibles soluciones.
Han pasado 30 años desde que se aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, un 20 de noviembre de 1989, pero España tiene camino por recorrer, explica Gabriel González-Bueno, especialista en políticas de infancia de UNICEF Comité Español. Sobre todo en lo que refiere a la desigualdad, con un tercio de los menores en riesgo de pobreza y casi un 20% de abandono educativo temprano. “España es un país que deja demasiados niños atrás”, lamenta este experto, que ha trabajado en el ámbito de las políticas sociales relacionadas sobre todo con la infancia. Y, aunque en ocasiones es una cuestión de falta de recursos, también hay un problema específico con cómo se reparten los que sí existen. González-Bueno, que salpica sus argumentos de cifras para darles más consistencia, aprovecha la efeméride —el 20N también se celebra el Día Universal del Niño— para explicar que es clave relacionar los derechos de los niños y la estrategia 2030 de la ONU para avanzar como país en aras de la justicia social con los menores y de la sostenibilidad. También de cara al futuro. No por obvio resulta menos cierto que los niños de hoy son el futuro del país. Es una pregunta muy amplia, pero ¿cuál es el estado de la infancia en España? Caben muchos matices, pero hoy habría que decir que los niños y adolescentes en nuestros país no son ajenos a un montón de desafíos globales respecto sus derechos, pero España tiene una situación privilegiada respecto a retos planteados a nivel mundial que tienen que ver con la desnutrición, el agua y el saneamiento y quizá la protección contra la violencia. Dentro de un contexto mundial, la situación de la infancia en España está relativamente bien. Pero hay desafíos muy potentes que permanecen 30 años después de la formulación de sus derechos. ¿Qué retos son estos? Quizá el más llamativo es la desigualdad. España es un país que deja demasiados niños y niñas atrás, en comparación con los de nuestro entorno. Especialmente en la protección social y en la educación. Dos cifras: casi un tercio de los niños en nuestro país está en riesgo de pobreza o exclusión social, y las políticas públicas se muestran poco eficaces reduciendo esos niveles de pobreza. A la vez, los datos de abandono y fracaso escolar nos siguen situando en los últimos puestos de Europa. En abandono educativo temprano es del 18% entre los adultos de entre 18 y 24 años, lo cual es un reflejo del impacto que ha sufrido el sistema educativo. En esta cifra somos el peor país de Europa. Creo que este es el primer problema, la cantidad de niños y niñas que se quedan atrás. Además, hay colectivos muy concretos que sufren especialmente esta desigualdad o incluso discriminación: los niños y niñas migrantes, los solicitantes de asilo, los niños migrantes no acompañados, los niños en el sistema de protección de menores, los niños y adolescentes gitanos o la infancia con discapacidad. En el tema de los niños y adolescentes gitanos hablamos de un 89% de pobreza, según un informe reciente del Secretariado Gitano, mientras la población infantil en general tiene un 29%. Un 30,5% de jóvenes gitanos llega a diplomarse frente a casi el 50% de la población general. Es uno de los grandes desafíos: cómo abordar esta desigualdad, cómo evitar que se queden al margen del bienestar de una sociedad que, con sus problemas y dificultades, no deja de estar entre los países más ricos del mundo. “Las políticas públicas se muestran poco eficaces reduciendo los niveles de pobreza”. ¿No funcionan bien o no hay suficientes políticas públicas? Las dos cosas. Una de las grandes reivindicaciones que tenemos desde Unicef y el sector de la infancia y de la protección social, es que España es el país de Europa que menos es capaz de reducir la pobreza infantil tras la intervención del Estado. Esto se hace midiendo la pobreza infantil de mercado y cómo interviene el Estado con sus ayudas y sus impuestos. Hay dos cuestiones aquí: un impacto muy serio de la crisis, especialmente en las políticas sociales de la infancia. Hay un momento en 2013 —hasta entonces la protección social de la infancia estaba creciendo— en que se reduce un 30% la dotación de políticas. Son datos de la contabilidad nacional. Tenemos un desentendimiento frente a la pobreza cuando más se necesitaba porque el impacto de la crisis en los hogares, especialmente el desempleo, fue muy dañino. Por otro lado, hay un problema estructural: en España no hay un mínimo de políticas de protección social de la infancia. Muchas han quedado en manos de las comunidades autónomas, y estas fueron las que más redujeron las ayudas a las familias con niños. Esta desprotección se ha ido larvando a lo largo de muchos años. Se ha puesto el acento en otras políticas y se ha dejado a los niños desprotegidos. Por eso hablamos de dos propuestas concretas: de una prestación económica, que podría ser a través de la prestación por hijo a cargo, que ahora, incluso con el aumento que ha habido este año, sigue siendo muy muy baja. Son 300 euros anuales y nosotros hablamos de mínimo 1.200 euros y una mayor cobertura. Sería una medida más inmediata, pero también tendría impacto a largo plazo, porque vivir en la pobreza para un niño no solo es un drama diario, también es una negación de oportunidades. Otro de los impactos más potentes sería con la educación. Ahí hay muchos desafíos, pero para nosotros uno que podría tener mucho impacto a medio plazo es la educación 0-3. Muchas veces está pensada para cubrir las necesidades de cuidado mientras los padres trabajan y, por tanto, no llega a quienes están en situaciones más precarias de vulnerabilidad social, los que más lo necesitan. Además, los situarían en un punto de partida parecido cuando empieza la educación primaria. ¿La educación ha dejado de ser el ascensor social que fue y debería ser? Con una mirada de más largo plazo vemos cómo, sobre todo desde el principio de la democracia y antes, la educación pública universal ejerció hasta, más o menos, los 90 un papel muy importante, se incrementó el número de licenciados, de personas que alcanzaban estudios superiores a los de sus padres. Lo que hemos visto en los últimos años, muy notorio con la crisis pero que ya venía de antes, es ese frenazo al ascensor social. Cuando hablamos de pobreza y bienestar pensamos en lo más inmediato —cubrir necesidades y que las personas tengan las mismas oportunidades—, pero también en cómo romper ese ciclo de la pobreza que se hereda de generación en generación en los hogares. Nuestra sensación es que se está rompiendo ese ascensor social y la educación está dejando de cumplir ese papel. Por eso es clave una ley de infancia y también una dotación de recursos más generosa. Igual que en protección social estamos muy lejos de la media europea, igual ocurre en el ámbito educativo. No es solo gastar más, si no en qué lo gastamos. La educación debe ser de calidad e inclusiva, y ambas van de la mano. Hay muchos desafíos y las cifras no nos engañan. Cuando hablamos del 18% de abandono educativo temprano algo debe haber ocurrido antes en el sistema educativo para que esos jóvenes hayan decidido abandonar los estudios, sobre todo en un mundo que viene con unos desafíos en el empleo cada vez más grandes. Las personas que no tengan una capacitación mínima van a tener muy difícil acceder a un puesto de trabajo digno. ¿Se cumple la Convención de Derechos? Como todos los tratados generales de derechos humanos tiene un punto aspiracional. Aparte de ser ley, aspira a mejorar la vida de los niños y las niñas. Se cumple en muchos aspectos, y creo que una de las reflexiones después de 30 años es que se han producido avances muy grandes en nuestro país y en el mundo en relación a las condiciones básicas de salud y de educación. Pero eso no debe quitar el foco de que el cumplimiento absoluto de la convención está lejos. Es un instrumento al servicio de la dignidad y los derechos de los niños. Por eso, decir que se cumple es un poco arrogante. Hasta que se cumplen los derechos del último niño en el último rincón no podemos decir que se cumple. Pero sí es verdad, y en España es una reflexión que hacemos mucho, que hay un cumplimiento más formal que efectivo. Una de las cosas que ha mejorado mucho esel marco jurídico con la modificación de ley de protección de la infancia en 2015. Se han mejorado los mecanismos institucionales de coordinación, hay un Alto Comisionado dependiente de la Presidencia del Gobierno que se ocupa específicamente de la pobreza infantil… La parte institucional y jurídica ha mejorado, pero se siguen planteando retos en la aplicación, en cómo esos derechos llegan a los niños directamente. No se cumple en determinados colectivos y niños y niñas que se están quedando atrás del resto, como comentábamos antes. Te he leído en algún sitio criticar que el gasto público en infancia es del 1% del PIB. El gasto en infancia es mayor, aunque solo sea porque el sistema educativo es uno de los principales gastos. Pero sí es verdad que en protección social de la infancia estamos en el 1,2% del PIB. En educación no universitaria estaríamos en el 3%. En Europa las medias son 2,4% en protección social y el 4% en educación no universitaria. Tenemos un desafío de recursos. Pero lo importante es focalizar estos en niños y niñas. Estamos preparando un análisis del impacto de las prestaciones sociales, y las cifras son muy bajas. No solo bajas, sino que están orientadas a otros ámbitos sociales, muy legítimos, pero que no están llegando a la infancia más pobre si no a las clases medias o altas. Tenemos un problema de recursos, y de enfoques. En el sistema educativo también pasa. Faltan recursos, pero no es incrementarlos porque sí. Es dedicarlos a esa atención más individualizada, al sistema de apoyo educativo y social que debemos tener.
¿Nos preocupa poco como sociedad la infancia en general? Anteayer presentamos el barómetro y uno de los resultados es que ya se percibe en los niños y niñas una cierta desafección y desinterés por la política y, en concreto, por los partidos. En la presentación, que hicieron varios adolescentes, uno de los temas que salió es que no les interesa esta política. Decían que les interesan las causas sociales, pero que el marco político no les presta atención. La infancia no vota, y si el político de turno está pensando solo en el voto y el corto plazo es difícil que piense en ellos. Hacen falta miradas más amplias. Hemos avanzado, pero nos cuesta introducir en los programas electorales aspectos concretos sobre la infancia. La tentación de dirigirse solo al votante es grande, pero lo que les está pasando a los niños ahora va a tener un impacto potente a medio y largo plazo para un país que afronta desafíos muy grandes en términos de empleo, medio ambiente o capacitación para afrontar nuevos modelos económicos. En el informe internacional se habla de que los derechos de la infancia no han cambiado. La infancia lo ha hecho: internet no existía en el 89, los efectos del cambio climático no eran tan evidentes, los conflictos afectan a la migración de niños y niñas, que afecta a España directamente. Es evidente en el caso de los niños no acompañados que llegan a España. Hay que plantearse la manera en que se aplican los derechos. Y esto la política debe tenerlo en cuenta, si no estaremos haciendo políticas a corto plazo. Siempre digo que estamos dejando una deuda muy grande sobre las espaldas de las generaciones que vienen. Su bienestar repercutirá en el nuestro. Tener pensiones, por ejemplo, depende de las generaciones que viene. ¿Qué refleja el barómetro? La intención era hacer, al menos en parte, un remedo del barómetro del CIS. Siempre se pregunta a los adultos por sus preocupaciones. Antes les habíamos pedido la opinión sobre qué les pasa, pero también es importante preguntarles cuáles son sus preocupaciones más allá de la propia infancia. En estos ámbitos, las principales preocupaciones tienen que ver con la educación, con la igualdad de género y el medio ambiente. Frente al barómetro de los adultos, que pone más el paro y los asuntos económicos. Muchos dicen que les gustaría poder votar e, incluso, tienen claro qué votarían. Están reclamando mayor protagonismo, sobre todo en la escuela, el ámbito municipal y la familia. Acabo preguntando por la obesidad, otra de tus especialidades. ¿Tenemos un problema en España? En la comparativa internacional entre los países más desarrollados estamos los décimos de 42 países. Tenemos un 35% con sobrepeso u obesidad. La obesidad es una enfermedad crónica que influye en otras. Un documental contaba cómo hace 20 años no había en EE UU ni un niño con diabetes tipo 2, muy relacionada con la obesidad, mientras ahora hay miles. Esta diabetes se decía que era “de los mayores”. Un niño obeso tiene muchas posibilidades de ser un adulto obeso. La preocupación es cómo estamos en un entorno obeso-génico. Tenemos un entorno que propicia comer mal y no hacer deporte. Muchas veces no es tanto comer mucho como comer mal. Es uno de los problemas que se puede abordar desde las políticas públicas. La tentación de comer más comida procesada, acudir a establecimientos de comida rápida, los anuncios en televisión, la mayoría son de productos alimenticios con un valor nutritivo muy bajo y son productos malos para la salud… Ahí hay un desafío muy potente. Hemos cambiado nuestros hábitos alimenticios mucho y han traído la obesidad infantil. También la adulta, pero la infantil la arrastarán muchos años. Y, para cerrar el círculo, la obesidad relaciona con la pobreza. Hicimos una explotación de datos junto a la Fundación Gasol. Había datos anteriores de la Encuesta Nacional de Salud por tipos de empleo de los padres y la obesidad en niños y niñas se triplicaba en los hogares en los que la persona con los principales ingresos en el hogar era una persona no cualificada (15% de obesidad) respecto a cuando era un directivo (5%). No es solo una epidemia sanitaria, también tiene un componente social importante. Nosotros identificamos dónde estaban los colegios que se habían hecho las encuestas y relacionándolo con la renta de las zonas, vimos un crecimiento muy notable de la obesidad en los sitios donde hay menos de un 10% de pobreza a aquellas en donde hay hasta el 40%. Cada vez hay más estudios que relacionan pobreza y obesidad. Tiene que ver con los recursos económicos, pero también con la cultura de la alimentación. En España hemos perdido la dieta mediterránea, que hemos sustituido por productos procesados que nos hacen la vida más fácil, pero no tienen valor nutritivo. Sí que pasa que en los niveles más altos de pobreza (más del 40%) vuelve a haber menos obesidad, no sabemos si porque no hay acceso a estos alimentos elaborados o por una pobreza de alta intensidad que hace que los alimentos no sean suficientes en el hogar.
Bruselas ha constatado que la inversión educativa en España está prácticamente congelada. La Comisión alerta de que "mientras el gasto público permanece estático en relación con el PIB", se produce un "significativo" gasto en el sector privado. El gasto en educación en España se encuentra en mínimos, en el 4,2% del Producto Interior Bruto (PIB), mientras que en 2009, hace una década, alcanzó el 5%, según un análisis presentado este jueves.
El Education and Training Monitor EU analysis 2019 es un informe de 131 páginas sobre los Estados miembros de la UE y señala también que "la profesión de la enseñanza es atractiva, pero las condiciones laborales difieren entre regiones y entre el sector público y privado".
Bruselas, además, señala que "las reformas previstas, reflejando las incertidumbres políticas, se han frenado".
En la UE, la media es de 21 alumnos por aula en primaria, y de 23 en secundaria. EN primaria, las clases son más grandes en Reino Unido (27 alumnos), mientras que en secundaria, las mayores clases están en Francia y España (25).
En 2018, el abandono temprano de la educación se situó en un 10,6% en la UE, pero España estaba entre los tres países con tasas más altas: España (17,9%), Malta (17,5%) y Romanía (16.4%).
España también está a la cabeza de los países en los que la crisis tuvo consecuencias en la búsqueda de trabajo tras los estudios. Así, la tasa de quienes conseguían un trabajo al poco de graduarse cayó 28.3 puntos en Grecia y 26,1 puntos en España. Los efectos de la crisis aún se mantienen, y el empleo de recién graduados aún está por debajo de 2008 en países como Grecia, Italia, Rumanía o España.
Artículo publicado en que.es Este documento anual incluye en su última edición dos indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, un indicador sobre alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y otro sobre competencia financiera.
El gasto de los hogares españoles en educación se ha incrementado casi continuamente en la última década, al pasar de 8.441 millones de euros en 2006 a 12.290 millones en 2016, lo que supone un aumento del 45,6%, según se refleja en el Sistema Estatal de Indicadores de la Educación (SEIE) correspondiente a 2018, publicado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y hecho público este jueves.
Este documento anual incluye en su última edición dos indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, un indicador sobre alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y otro sobre competencia financiera.
La publicación se divide en tres bloques: escolarización y entorno educativo, financiación educativa y resultados educativos. Los datos de referencia para los bloques de escolarización y resultados son del curso 2015-2016, mientras que para financiación se emplean los de 2016.
TASA DE ESCOLARIZACIÓN
Las estadísticas muestran que la tasa de escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil en el curso 2015-2016 fue más del doble respecto a 10 años antes. De tres a cinco años, España es el quinto país de la UE en cuanto a esta tasa
En Educación Secundaria, el 95,8% de la población está escolarizada a los 16 años, una tasa similar a la media de la UE. A los 17 años, la cifra disminuye hasta el 89,6%, algo inferior a la media comunitaria (92,2%), pero a los 18 años, con el 80%, la cifra es similar al promedio de la Unión.
Respecto al número de alumnos por grupo educativo en el curso 2015-2016, las etapas con mayor número de alumnos por grupo son ESO y Bachillerato, con 25,3 y 26,6 alumnos, respectivamente.
En Formación Profesional, aunque la tasa bruta de acceso a Grado Medio creció desde el curso 2003-2004 al curso 2012-2013, ha disminuido desde entonces hasta 2015-2016. En el caso del Grado Superior, la cifra de matriculados empezó a descender en 2014-2015.
El porcentaje de alumnado con necesidades educativas especiales que recibe apoyo supone un 2,6% de los matriculados. De este colectivo, el 83% está integrado en centros ordinarios.
FINANCIACIÓN
En cuanto a la financiación educativa, el gasto público en educación alcanzó su máximo en 2009, con 53.895 millones de euros. A partir de ahí, la cifra disminuyó hasta 2014. En 2015 y 2016 aumentó hasta los 47.579 millones de euros.
El gasto por alumno en relación al PIB por habitante se sitúa en el 24,8%, en línea con la mayoría de países de la UE.
En relación con los resultados educativos, en abandono escolar temprano España alcanzó su máximo porcentaje en 2008, con un 31,7%. Desde ese año y hasta 2017, la cifra ha ido disminuyendo hasta situarse en el 18,3%. El objetivo europeo es alcanzar el 15% de media nacional en 2020.
El SEIE lo conforman 19 indicadores y ofrece los resultados de las principales estadísticas educativas tanto nacionales como autonómicas, con datos internacionales que sitúan a España en el marco de la OCDE y de la UE.
No sucederá en Educación
lo acontecido con las pensiones
Las urgencias de voto
hacen milagros. Pero no tanto como para que los PGE se ocupen de una educación
buena para todos.
A causa de la aritmética imprescindible para sacar adelante el
proyecto de Presupuestos Generales del
Estado, ya no es problemática la subida generalizada de las pensiones en un
1,7%. Nos habían vendido películas dispares, incluida la del esfuerzo ímprobo
de sostenerlas con el 0,25 ya era una hazaña, reiterada además. Parecen haber encontrado
un benéfico nicho de recursos en los grandes de Internet, como Google, después de un largo imperialismo que los
colonizados debían agradecer.
Salvo que política sea solo lo que cuentan muchos políticos y
quienes les hacen la ola, habría que recordar que a Méndez de Vigo le dijeron
sus jefes que dijera que, en caso de “pacto”, en 2021 se alcanzaría en
Educación el 5% del PIB, desde el 3, 67% a que lo han reducido estos años.El ejemplo de las pensiones obliga a exigir
un cambio de perspectiva -también en Sanidad y demás prestaciones-, pues
existen multitud de aprovechados de nuestra tradicional ausencia de exigencia
tributaria. Ahí están las corporaciones que tanto evaden; los beneficiarios de muy
rentables privatizaciones de los años setenta y ochenta; las constructoras de
monumentos a la nada; los concesionarios de autopistas inútiles rescatadas a
cuenta de lo público; los prestigiadosemprendedores de oficios improductivos que detraen recursos de ciudadanos
cautivos de la necesidad; los empeñados –por similar motivo- en acrecentar la
privatización de servicios esenciales como el agua, espacios públicos urbanos,
seguridad, sanidad, educación o dependencia…. Y, amén de los corruptos de todos
los niveles, los jerarcas de idearios religiosos –el católico, desde luego, y
el de otros monoteísmos-, que financian edificios y actividades variopintas –sobre
todo educativas-agraciados con
exenciones, subvenciones y conciertos de diverso alcance: en conjunto, más de 11.000 millones de euros. Este neoliberalismo retrógrado imperante, ocupado en que
todos los ciudadanos paguen los privilegiados patriotismos de algunos en una
época de necesidades críticas como las que se mostraron el pasado día uno de mayo en toda España, es socialmente imposible: país periférico y
con mucha mano de obra intensiva sobrante, no da para tanta asimetría graciosa.
La patria del dos de
mayo
En su historia es difícil encontrar los términos “patria” y “patriótico”
antes de 1808, aunque han dado y dan mucho juego desde entonces como lenguaje
tópico, tan apto para un roto como para un
descosido, muy utilizable a conveniencia. Por poner un ejemplo –muy al hilo del2 de Mayo-, ahí está una fiesta madrileña
donde no es habitual diferenciar churras de merinas y, a menudo, aparece más
patriota cualquier reaccionario que los ciudadanos o ciudadanas que se hayan
propuesto vivir en una España en que no
estén gratuitamente limitados los derechos y libertades. Ha pasado muchas veces desde 1812. Y en 2018 –cuando, entre otros, arrecian los problemas con la libertad de expresión-, los últimos cuatro presidentes autonómicos,
pillados en majaderías mentirosas, impropias de patriotas atentos al bienestar
de sus conciudadanos, nos han recordado que lacorruptio optimipessima.
La ignorancia suele ir bastante asociada a lo patriótico cuando se
trata de que el lenguaje no deje al desnudo ranciedades patriarcales y propicie
la difusión de mentiras a gusto, pero en provecho propio. Llevamos viéndolo
años y años, con la manipulación de la historia y de las instituciones, la
invención de supuestas tradiciones culturales y la continuidad de falsedades
más o menos oficiosas. Ahora mismo, estos días, ahí están los chicos de
Ciudadanos –acompañados, al parecer, por Vargas Llosa en labores extrañas a la buena literatura que ha escrito- a
vueltas con el feminismo,Clara Campoamor y el voto femenino. Desde 1933 –y con mal conocimiento de la Historia-,mira que no hay problemas que solucionar o
motivos serios en que ocupar la atención de la ciudadanía. En un sistema
educativo justo e igualitario, por ejemplo, y en no decir tonterías
oportunistas.
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