El Plan Presupuestario enviado ayer por el Gobierno Sánchez a Bruselas calca las políticas de recorte del PP (César Pérez Navarro para TERCERA INFORMACIÓN)

TERCERAINFORMACION.ES publica esta noticia



El Responsable Políticas Económicas IU, Carlos Sánchez Mato, denuncia que el Plan Presupuestario enviado a Bruselas por el Gobierno en funciones del PSOE "sitúa el gasto público en el 41,3% del PIB, el segundo más bajo desde el estallido de la crisis" en 2008, lo que nos "aleja cada vez más de la media de la Eurozona".

España debería dedicar 60.000 millones más al año en gasto público para llegar a esa media.





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Mientras el llamado "conflicto catalán" abre todos los informativos y ocupa todas las portadas de la prensa, siempre incidiendo en las escenas con alto contenido de violencia, el Gobierno Sánchez remitió ayer a Bruselas su Plan Presupuestario 2020 del Reino de España. En el mismo (adjunto en PDF al final) se consagran las políticas de "ajuste" o recortes aprobadas por el anterior ejecutivo Rajoy de la mano de su ministro de Hacienda, Cristobal Montoro.

Tras el análsiis del documento, quien fuera concejal de Economía de Ahora Madrid, señala que la "sanidad reduce su peso hasta el 5,9% del PIB", y añade que es "la primera vez desde 2007 que no alcanza el 6%, lo que consolida los recortes de estos 12 últimos años". El peso de la sanidad sobre el gasto público total también se está reduciendo en 2019, y se reduce desde el 14,6% de 2018 al 14,4% previsto para 2020.


El presupuesto de Educación se ve igualmente afectado por la continuidad de las políticas económicas de ajuste neoliberal. Así, el presupuesto "se mantiene congelado en el 4% del PIB, la cifra más baja desde 2007". En conjunto, apunta Sánchez Mato, "Sanidad y educación están un 13% por debajo de 2009".

En total, "el gasto público se sitúa en el 41,3% del PIB, el segundo más bajo desde el estallido de la crisis", lo que significa que España se aleja cada vez más de la media de la eurozona, donde el gasto público supera ampliamente el 46% del PIB. La principal causa de este desbarajuste está en los ingresos, ya que España recauda 80.000 millones de euros menos que la media de la Eurozona porque "brillan por su ausencia las medidas para que paguen más quienes más tienen".

Para 2020, el déficit de las cuentas públicas se reducirán un 0,3% del PIB (del 2% al 1,7%), es decir, 3.767 millones. Solo se prevé aumentar en 1.452 millones los ingresos porque no se aumenta ningún impuesto a las rentas más altas. Se renuncia a la tasa Google tras las amenazas de Trump, se repite la carga fiscal sobre el tramo de IRPF correspondiente a rentas de más de 130.000 euros, o se mantiene el impuesto de sociedades en el 15%, entre otros ejemplos. Esto se traduce en que solo se sube el sueldo como corresponde a los funcionarios públicos (2%) y se mantienen las pensiones.

El pasado mes de septiembre, fuentes del Ministerio de Economía confirmaron que el nuevo cuadro macroeconómico estaría marcado por la "prudencia", ya que los hipotéticos Presupuestos de 2020 tendrán que elaborarse por el próximo Ejecutivo que se forme tras las elecciones del 10 de noviembre y llevarán incorporadas unas medidas u otras en función del color político. Con todo, en su actual redacción, el plan presupuestario sigue la línea marcada por el PP en años anteriores.



Plan Presupuestario 2020 
https://www.hacienda.gob.es/CDI/EstrategiaPoliticaFiscal/2020/Plan_Presupuestario_2020.pdf …

La resaca de los recortes educativos: plantillas de profesores menguadas, envejecidas y con más horas que en Europa (Daniel Sánchez Caballero para ELDIARIO.ES)

ELDIARIO.ES publica este artículo:

• Las maestras españolas trabajan un 15% más de horas que sus homólogas europeas

• El cuerpo docente perdió más de 30.000 profesores a raíz de los recortes de 2012; siete años después no se han recuperado las plazas

• Los profesores mayores de 50 años han subido siete puntos desde 2012 y ya superan un tercio del total

Docentes que trabajan más horas, plantillas envejecidas y menguadas. Este panorama dejaron los recortes entre un cuerpo docente de la educación pública en España que, casi siete años después, aún no se ha recuperado.

Contra ciertos tópicos y algunos mensajes políticos, los profesores españoles trabajan más que sus colegas europeos y en peores condiciones. Y el sistema afronta un problema de números: en los próximos años se van a jubilar unas cuantas decenas de miles de docentes y con la tasa de reposición al 100% se podrán renovar esas plazas, pero no recuperar ninguna.

Casi todo empezó con el Real Decreto 14/2012 que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy nada más desembarcar en La Moncloa. Se abrió la puerta al aumento de la jornada lectiva de los docentes fijando como un mínimo para Infantil y Primaria lo que era la jornada estándar (25 horas semanales) y subiendo en Secundaria la semana de 18 a 20 horas. Los efectos del decreto se han extendido como una mancha de aceite persistente en el tiempo.

El mensaje de algunas administraciones para justificar la reducción de recursos incluyó el menoscabo de la imagen de los docentes. Así, la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, incluso dijo que los profesores trabajaban 20 horas semanales, (aunque luego rectificó). Su Gobierno llegó a organizar (y pagar con dinero público, según la instrucción del caso Púnica) una campaña de propaganda contra la Marea Verde que protestaba ante los recortes: un ejército de tuiteros y medios fantasma al servicio de la Consejería de Educación repetía en internet el argumentario del PP contra la movilización que llamaba directamente vagos a los profesores.

Ahora el sindicato CCOO ofrece datos para tratar de revertir la imagen instalada. Los profesores españoles trabajan más que la media de sus compañeros de continente y que en toda la OCDE. En España una maestra de Primaria dedicó en 2017 un total de 880 horas a su trabajo. La media de la UE de los 22 son 762 horas y la de la OCDE 784. Dicho de otro modo: por cada seis horas de trabajo en Europa, una maestra de Infantil o Primaria en España hará siete.

En Secundaria la situación es parecida, aunque la diferencia es menor. Los profesores españoles trabajan 713 horas de media en la etapa obligatoria, los europeos 668 y en la OCDE 703. Aquí hay que irse hasta las 16 horas de trabajo en Europa para que los españoles empleen otra extra.

La segunda consecuencia directa de aumentar las horas de clase que impartía cada profesor, unido a la tasa de reposición del 10% (solo se renovaba una de cada diez plazas que se perdían por jubilación) fue una pérdida de empleo que dura hasta hoy. El curso siguiente a la aplicación del RD 14/2012 la destrucción de puestos de trabajo alcanzó las 32.821 plazas, según CCOO. En el curso 2017-18 seguía habiendo casi 31.000 profesores menos que hace siete años, según datos del Ministerio de Educación.

A caballo entre una problemática y otra, el sindicato ha echado cuentas y calcula que haría falta contratar a 48.861 profesores para por un lado recuperar el empleo perdido y por el otro equiparar la jornada laboral docente española con la europea.

La otra consecuencia fue el envejecimiento y la precarización de las plantillas. Como en los últimos años apenas se han convocado oposiciones al cuerpo de docentes (se están empezando a recuperar ahora), no han entrado jóvenes profesores, de manera que se ha incrementado la edad de quienes dan clase en colegios e institutos.

Observando el cuerpo docente por tramos de edad y realizando una comparación por años, se observa que los profesores mayores de 50 han pasado de ser el 30% en el curso 2012-13 al 37% en el 2016-17 (el último del que hay datos consolidados). La relación de menores de 50 ha seguido el camino contrario, obviamente: del 70% hace seis años al 63% actual.

Según CCOO, la OCDE establece como composición óptima de las plantillas que por cada dos profesores mayores de 50 haya uno de 30 (una relación de 0,5). En España en la actualidad la ratio es de 0,15 (un joven por cada siete mayores).

Este desglose también indica que en los próximos años se van a jubilar varias decenas de miles de profesores (los docentes pueden empezar su retiro a partir de los 60 años). Si las Comunidades Autónomas cumplen el cupo y convocan oposiciones que cubran todas las plazas, el problema de la edad se puede mitigar. Pero con una tasa de reposición del 100% no se recuperará empleo en el sector, advierten desde CCOO. Si solo se recuperan las plazas de aquellos que se jubilan, el número de trabajos seguirá siendo el mismo.

Expectativa (Manuel Menor)

Se abre un duro tiempo político, esperanzador pese a todo

Veremos, por ejemplo, si lo que prima en Educación es tanta España invocada sin españoles o son preferidos los españoles sobre tanta esencia irredenta.

El nuevo inquilinato de La Moncloa ha propiciado apreciar, entre otras, la calidad democrática de la escena mediática. Los términos con que fue acogida de inicio la sorprendente moción de censura, son significativos. A Celia Villalobos le ha debido venir a la memoria aquello de que contra Franco vivíamos mejor, porque, según ella, el medio que se interesaba por su opinión se iba a quedar sin tema de conversación ni capacidad crítica a causa de la caída de Rajoy.

Esa salida está próxima al tipo de insidias que se han visto en muchos medios. Denotaban un malestar que ni la Bolsa mostraría. Inductores del miedo, los términos que emplearon rozaban la hecatombe: “apocalipsis”, “zozobra”, “caos” y temor fueron muy frecuentados y los partidarios de la confesionalidad escolar se aprestaron a protegerse. En las Redes, entre mucho sarcasmo, tampoco faltaron alusiones a una repetición del “Frente popular” de los años 30.

A muchos “analistas” de la caída de Mariano –y de la suya propia, tal vez- este modo de llegar a la Moncloa les resultó indignante pese a que esté contemplada en la Constitución. En tres ocasiones anteriores no había prosperado y, si se le unía que los votos que necesitaba Pedro Sánchez eran de una variedad tan amplia –al implicar todo el espectro político salvo al PP y Ciudadanos-, les era ahora más fácil mostrar su histérica oposición a lo acontecido que haber estado críticos con el distanciamiento del Gobierno respecto a las dificultades crecientes de los ciudadanos. Fue la crudeza de la sentencia judicial de la Gürtel la que agudizó las contradicciones y mentiras que, desde hace bastante más de dos años, estaban en el aire. Esa penosa conjunción de la primera de las grandes sentencias sobre corrupción con las evasivas del PP en el Parlamento, y con acontecimientos como los de Cataluña, solo repitió, sin embargo, estables gestos de aburrimiento y dejación ante los problemas, como si fuese misión de la judicatura o del mero paso del tiempo el solucionarlos.

¿Con cuánta LOMCE nos quedamos?

Cabe saludar este momento como el de la esperanza de buen oído para un serio diálogo social y político. Sin armonizar estos dos planos –el social y el político-, lo que dure el nuevo Gobierno habrá sido otra pérdida de tiempo para los ciudadanos, destinatarios y posibles beneficiarios de este cambio. El panorama es muy complicado y los riesgos de desacierto múltiples: son muchos ojos a mirar –pues estamos en democracia-, y también muchos los intereses a conjugar –contradictorios muchas veces-, lo que es más difícil de sortear. Y, de fondo, la realidad económica de España es más deficiente de lo que aparentan las cifras macroeconómicas que se publicitaban. Se verá ahora cómo los déficits estructurales siguen ahí; que los modos de afrontar la crisis desde los meses finales de la etapa Zapatero -incrementados en la etapa de Rajoy-, aumentaron las carencias de los más débiles y arrastraron consigo las de los niveles inferiores de las clase media cebándose sobre todo con amplios sectores de jóvenes y mujeres; y que ello no nos privó de aumentar el déficit exterior, poner en riesgo las pensiones y, de paso, el patrimonio común de las prestaciones sociales para abaratar responsabilidades del Estado como  la Sanidad y la Educación.

El de la enseñanza es un paisaje especialmente dañado. Ni han prosperado fórmulas de “pacto educativo” pensadas en gran medida para publicidad engañosa -al no tocar los serios problemas estructurales del sistema-, ni tampoco asuntos como la carrera y el estatuto docente, la selección previa a la misma o la tan anhelada Educación Infantil. Pero la LOMCE sigue ahí, los presupuestos educativos están en mínimos históricos, la enseñanza pública languidece mientras se sostienen intereses muy privados y confesionales, y no se ha revertido apenas nada, cuando en la enseñanza ha tenido lugar el ERE más grande de estos años… Señores del PSOE, ¡que tengan suerte! La van a necesitar para que la normalidad de la participación plural no sea una debilidad.

Manuel Menor Currás

Madrid, 03.06.2018

EL CLAN DE LOS PERROS PODRIDOS -siglas PP- (Valentín Huerta)

Valentín nos envía este artículo:

Este Clan se ha reunido en Sevilla para preparar su actividad. Allí han ovacionado a una compañera que está de actualidad. El Capo Supremo está de visita en un país americano, y desde allí le manifiesta su admiración y apoyo.

Ese país hace ya unos años también padeció a un dictador que a sus víctimas no las enterraba en cunetas y barrancos..Le “divertía más” lanzarlas desde unos aviones militares vivas al mar o al Rio de la Plata.

¿Nuestro Capo va allí en busca de asesoramiento? ¿O a pedir desde allí que le convaliden un Máster (que por supuesto no ha hecho) y que le daría un poco de dignidad?..Le gustaría mucho saberlo a…

Un rojillo cachondón.

Rajoy aconsejó a las familias ahorro para pagar la educación tras encarecer los estudios desde que es presidente (Daniel Sánchez para EL DIARIO)

Reproducimosesta información de ELDIARIO.ES

Dijo la semana pasada el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que las familias debían ahorrar para, entre otras cosas, la educación de sus hijos y se armó un  buen revuelo. Rajoy no estaba diciendo nada que cualquier persona que esté observando lo que ocurre con la educación no haya visto ya. Cada vez cuesta más dinero estudiar en España.

Las palabras del presidente van en consonancia con el escenario que las políticas del Ejecutivo llevan años dibujando y con las consecuencias que estas traen. La educación, esa que se supone gratuita en sus etapas obligatorias, cada vez cuesta más. De un primer vistazo: en los últimos diez años las familias gastan un 35% más en la educación de sus hijos, según datos del Gobierno, y las matrículas universitarias —aunque esta etapa no es gratuita— han subido hasta un 67% en según qué regiones.

Bolsillos privados

Alguien tiene que pagar la educación. El grueso recae sobre el Estado, pero donde no llega este solo hay dos alternativas: empresas privadas (o fundaciones) y las familias.

Pues bien, el gasto público en Educación está a niveles de 2007 tras años de recortes por la crisis, según datos del propio Ministerio de Educación. ¿Cómo se ha compensado este estancamiento? A costa de las familias. El gasto particular en educación subió un 35% entre 2007 y 2015 (último año del que el Ministerio de Educación ofrece datos consolidados). Las familias pasaron de gastar 8.753 millones de euros a 11.863. Este dato implica que por cada cuatro euros que pone la administración para Educación, los padres ponen otro más (realizan el 20% del gasto total).

Los precios de las escuelas infantiles, libros de texto, comedor, material escolar, transporte, actividades extraescolares, estudiar idiomas fuera del colegio o apuntar al hijo a una academia privada o a clases de repaso son algunas de las partidas en las que las familias invierten dinero para la educación [obligatoria] de sus hijos. En los presupuestos familiares, estas partidas pueden alcanzar los 700 euros anuales de media. Esta cifra ha subido un 42% desde que empezó la crisis.

Aunque no todas lo hicieron de igual manera. Un estudio de la Fundación BBVA explicaba que el gasto familiar se duplica para las familias con sus hijos en la escuela concertada y se hasta cuadruplica si acuden a privados sin concierto. Las familias con padres con mayor formación “pueden pagar hasta seis veces más por los estudios primarios y superiores de sus hijos”, según Francisco Pérez, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia y codirector del informe.

Lo cual nos lleva al modelo educativo que preconiza el PP, cristalizado en Madrid, que ha sido la comunidad autónoma considerada "laboratorio" de las ideas populares en las aulas. Un estudio reciente de la UAM señalaba a la región como la más segregadora de Europa, solo por detrás de Hungría como país.

Los autores del estudio destacaban que el modelo "de cuasi-mercado" aplicado en Madrid había llevado a esta segregación tan alta. También, aunque esto no lo dice el estudio, ha incrementado la carga económica sobre las familias. La competencia entre centros, unida al distrito único instaurado en Madrid lleva a los padres a querer matricular a sus hijos en el mejor colegio posible (se llegaron a publicar ránkings de centros).

Súmese a esta circunstancia la alta presencia de escuela concertada en la región y tenemos el cóctel preparado. La escuela concertada es gratuita, pero implica directamente un gasto familiar a través de las cuotas (no) "voluntarias" que han de pagar los padres, un problema del que el Gobierno regional es consciente.

La universidad

Es l a etapa educativa en la que más evidente ha sido el encarecimiento de los estudios es la Universidad. Prácticamente cada medida que el PP ha implementado en los campus ha provocado que estudiar un grado o máster sea un poco más caro cada vez.  Que el ministro de Educación Méndez de Vigo dijera hace un par de años que "hay demasiados universitarios" quizá explique esta subida de precios, aunque hubiera empezado sobre todo con su antecesor, José Ignacio Wert.

El Real Decreto 14/2012, el famoso de los recortes y de lo primero que hizo el PP cuando tocó la Moncloa, permitió a las Comunidades Autónomas subir el precio de las tasas públicas hasta llegar al 25% del coste real de los estudios (coste real que no se conoce, pero eso es otra historia).

Con esta medida el Ejecutivo pretendía que las universidades compensaran la caída en la financiación que se estaba gestando y produciendo ya ( un 20% menos de presupuestos en los últimos años, según el informe ¿Quién financia la universidad? Comparación entre comunidades autónomas en España, Europa y laOCDE, del Observatorio Universitario). Los gobiernos regionales abrazaron la idea con desigual entusiasmo y en un par de cursos el precio de las matrículas se disparó en algunas comunidades autónomas.

Las subidas han ido desde el 67% de Catalunya hasta el 2,2% del País Vasco, pasando por el 60% de la Comunidad Valenciana o el 40% de Madrid. En el otro extremo, La Rioja y Galicia han bajado los precios un 7,2% y un 15,7%.

Una de las consecuencias que ha tenido la caída de los ingresos de las universidades ha sido la precarización de las plantillas, con una alta presencia de temporales (el 42% de los profesores lo son, por encima del máximo que permite la ley, el 40%) y un creciente cuerpo de profesores asociados que cobra 400 o 500 euros por dar clase en los centros del saber que se supone son los campus.

La aprobación del 3+2, aún pendiente de ser implementada por las universidades, pero no muy lejos de empezar a ser real, ahondó en el encarecimiento. Los máster son notablemente más caros que los grados, por lo que es fácil echar la cuenta: tres años de carrera más dos de máster siempre van a costar más que cuatro de carrera y uno de máster.

Esta subida de las tasas está provocando un trasvase de estudiantes de los campus públicos a los privados, una curva ligera en los grados pero muy evidente en los máster. En los últimos diez años, los centros estatales han pasado de tener el 89% de los estudiantes de carrera al 87% (perdiendo casi 80.000 alumnos por el camino), mientras los privados pasaban del 11% al 13% (con 26.000 estudiantes más). En los máster, las matriculaciones públicas han caído del 85% al 68% y las privadas han pasado del 15% al 32%.

En paralelo a esta subida, el entonces ministro de Educación, José Ignacio Wert, metió mano al sistema de becas. El objetivo era hacerlo "sostenible"; el resultado fue bajar la cuantía que recibían los estudiantes y subir los requisitos académicos para acceder a ellas y mantenerlas. Según el informe de la CRUE La Universidad Española en Cifras el importe medio de la beca se sitúa hoy en 2.637 euros anuales, un 20% por debajo de los 3.256 euros del curso 2012-13, en niveles del curso 2006-07. Y casi 120.000 estudiantes han tenido que devolver su ayuda al Gobierno desde el curso 2012-13 por no cumplir los requisitos que Educación había fijado.

La semana pasada Mariano Rajoy no estaba avisando de algo que va a suceder ni de un proyecto desconocido del Gobierno. Rajoy solo estaba constatando una realidad creada a partir de pequeñas decisiones desde que gobierna el PP. Las familias ya necesitan ahorrar para la educación de sus hijos. Sobre todo si quieren que vayan a la universidad. Pero no solo.

La segregación escolar o el techo de cristal de los chicos de la clase obrera (Agustín Moreno)

Agustín Moreno nos envía este correo:

Buenos días:

Te mando este artículo donde analizo cómo el sistema educativo en España reproduce el modelo social y se convierte en un espejismo la equidad por las políticas educativas del PP: La segregación escolar o el techo de cristal de los chicos de la clase obrera.

Un abrazo.

Agustín

Artículo de Agustín Moreno publicado en cuartopoder.es

• «La Comunidad de Madrid es quien más ha impulsado la creación de un sistema de mercado escolar y políticas de selección del alumnado por nivel socioeconómico»

• «El 80% del alumnado con dificultades se concentra en los centros públicos, que a su vez se han visto sometidos a fuertes recortes de profesorado y de recursos»

• «Es la escuela pública, de todos y para todos, la que debe articular el sistema educativo y el instrumento más útil para la igualdad y la cohesión social»

Hace poco se ha reeditado un estudio clásico de la sociología de la educación y de la etnografía urbana, Aprendiendo a trabajar, de Paul Willis. Se basa en un seguimiento de jóvenes de familias obreras británicas, en sus dos últimos años de escolarización y al comienzo de su inserción en el mercado laboral. Analiza la resistencia a la escolarización y desmonta el mito neoliberal de que cualquier persona puede alcanzar los sueños que se proponga si se esfuerza, independientemente de su origen social: los chicos de la clase obrera consiguen trabajos de clase obrera. Tiene toda vigencia su conclusión sobre cómo el sistema educativo perpetúa las desiguales relaciones sociales existentes.

Conviene conocer que el sistema educativo inglés y galés es la mezcla de dos sistemas: a) el tripartito de la ley de 1944, que establece tres tipos de escuelas: para alumnado aventajado orientado a las carreras de letras (grammar schools), a las de ciencias (technical schools) y las secondary schools para los alumnos de menor rendimiento, que es una prolongación de la enseñanza primaria; b) las comprehensive schools, que teniendo a todo el alumnado bajo un mismo techo y con el mismo currículo, le distribuye en grupos homogéneos en función de su rendimiento escolar. ¿A qué nos suena? A la LOMCE, una ley profundamente segregadora (PMAR, FPB, 4º ESO propedéutico con tres itinerarios), que facilita las políticas en este sentido y que consolida los recortes de la inversión educativa.

Lo anterior no es nada comparado con la deriva que ha adquirido nuestro sistema educativo. Una reciente investigación de la Universidad Autónoma de Madrid (PDF) sobre la magnitud de la segregación escolar por nivel socioeconómico en España y sus comunidades autónomas, compara los resultados con los países de la Unión Europea (UE), utilizando los datos PISA2015. Los demoledores resultados indican que España es uno de los países más segregadores de Europa, con cifras muy alejadas de los países de su contexto más cercano. En concreto, España está en sexto lugar, mientras que Reino Unido está vigésima posición y Finlandia en último lugar. Todo es coherente con el primer puesto en desigualdad por renta que tiene España y que ha alarmado a la UE, o con los ocho puntos por encima de la media que tenemos en abandono escolar temprano.

La segregación escolar en las comunidades ofrece resultados extremos. Algunas se encuentran entre las más bajas de Europa (Illes Balears, Galicia y Aragón) y otras como la Comunidad de Madrid con una segregación muy alta, solo superada por Hungría dentro de la UE. Son los lodos de las agresivas políticas del PP de Esperanza Aguirre, González y Cifuentes, favorecedoras de una estrategia donde la educación no persigue la igualdad, sino la desigualdad. El estudio constata la incidencia de las políticas educativas regionales respecto la segregación escolar por los criterios de admisión en los centros, mostrando que el fomento de la educación privada, de la competencia entre centros mediante la publicación de rankings o la creación de un distrito único, configuran sistemas educativos inequitativos que atentan contra la igualdad de oportunidades.

La Comunidad de Madrid es quien más ha impulsado la creación de un sistema de mercado escolar y políticas de selección del alumnado por nivel socioeconómico. Se ha instaurado la libre elección por parte de (algunas) familias y estudiantes a través del establecimiento de un distrito único; se publica un ranking de centros según los resultados de pruebas estandarizadas externas en colegios de educación infantil y primaria e institutos de secundaria; se desarrolla una cuestionada política de creación de centros bilingües que produce procesos de selección del alumnado con más recursos, excluyendo a los que tienen más dificultades. Además, está la apuesta decidida por la educación privada, siendo la Comunidad de Madrid la región de España con más estudiantes matriculados en centros de titularidad privada, aunque esté financiada con dinero público y la llamen concertada; una red privada que basa su oferta en evitar la mezcla social del alumnado, y que busca el negocio económico e ideológico-religioso.

En Vallecas conocemos bien esto y venimos denunciándolo. Sufrimos un proceso de agresión a la escuela pública que se refleja en estos datos: el 80% del alumnado con dificultades se concentra en los centros públicos, que a su vez se han visto sometidos a fuertes recortes de profesorado y de recursos. Este desequilibrio en la escolarización produce guetos en algunos centros públicos.

No se puede esperar ningún cambio desde el poder actual. Cuando Rajoy pide a los españoles que tienen que ahorrar para educación (derecho que debe ser gratuito), nos anuncia que va a seguir con los recortes y el proceso de privatización; que no va a haber equidad educativa en España (dando más a quién más lo necesita) ni igualdad de oportunidades apoyando a quién tiene más capacidad, sino a quien tiene más dinero. Es la decisión política de apostar por escuelas para ricos y escuelas para pobres, como modelo neoliberal educativo que reproduzca fielmente un modelo social injusto por desigual. Brutal.

Esa es, en el fondo, la jugada de la segregación: la reproducción del sistema social y cultural con todas sus desigualdades, como si se tratase de un sistema de castas o estamentos, a pesar de la igualdad teórica que las leyes y la Constitución dicen garantizar. La segregación escolar es un poderoso mecanismo para convertir en un espejismo la igualdad de oportunidades.

La cuestión principal que debe abordar el pacto educativo es si apuesta por la segregación o por la integración. Segregar para perpetuar el sistema social con todas sus desigualdades, o integrar para garantizar más equidad, igualdad de oportunidades y una sociedad más justa. Según la respuesta que dé, será un fracaso o un acierto en términos de futuro para este país. La existencia de ese techo de cristal que produce la segregación escolar para la mayoría de la población de origen socialmente humilde, es el mayor fracaso para una sociedad que aspire a ser de verdad democrática. Es la escuela pública, de todos y para todos, la que debe articular el sistema educativo y el instrumento más útil para la igualdad y la cohesión social.

¿Año nuevo? (Manuel Menor)

Manuel Menor nos envía su último artículo:

2018 puede no ser un año nuevo, sino repetición de un  tiempo educador trasnochado

Las líneas rojas del posible pacto educativo pueden dejar  el panorama político en una continuidad desubicada, alérgica a la extensión exigente de la democracia educativa.

 Merkel acaba de terminar el año reclamando conciencia sobre lo que une más profundamente a sus conciudadanos, anteponer lo común y esforzarse en el respeto mutuo de los unos con los otros: “estar atentos, escuchar de verdad y ser comprensivos”. Necesidades de todos y desafíos de futuro han de estar presentes conjuntamente –dijo la canciller alemana- para lograr un gobierno estable para Alemania. Como programa, no está mal para tratar de encontrar lazos con que superar la estrecha posición en que la han dejado las últimas elecciones.

Sentimentalismo e irracionalidad

Aquí estamos más bien en “tiempo de tregua” después del 21-D, pero  sin que las trampas con el solitario puedan sostenerse por mucho tiempo. Mientras los catalanes –especialmente su empresariado- trata de acomodarse al nuevo escenario de la hegemonía de Ciudadanos, PP y Convergencia, los dos partidos más corruptos de España como anota Gregorio Morán, siguen apelando a la sentimentalidad y al irracionalismo sin dar crédito a lo ocurrido.

Mal síntoma para un momento en que la política -con mayúscula y con minúscula- necesita más que nunca de  reflexión a partir de la realidad y no de subterfugios para, en nombre de esencialismos de diverso pelaje, seguir mangoneando las Administraciones en beneficio de intereses ajenos a los que corresponde defender: los derechos y libertades de los ciudadanos. Parece que todo les fueran problemas, insolubles por “congénita deficiencia política”.

El esquizofrénico pacto

El equivalente de esta esquizofrenia que amenaza con prolongarse en 2018 puede verse en el panorama que ha tejido Méndez de Vigo para el nuevo año a cuenta de un supuesto nuevo pacto educativo. Lo de “nuevo” es un decir, porque de hacer caso al rastro documental dejado tras la elaboración del artículo 27 para la Constitución de 1978, lo que más bien se encuentra de año en año, y reforma tras contrarreforma alternante desde la LOCE de UCD en 1980 hasta la LOMCE  de 2013 –todavía plenamente vigente para el presente curso-, es que aquel inicial consenso genérico, que no pacto, sigue siendo en el presente fuente de desacuerdos continuos, pese a la demostrada voluntad de algunos actores principales en este trayecto de intentar modificar esta soterrada “guerra escolar”. Así  se llamó antaño a las desavenencias  que venían produciéndose en este terreno desde las Cortes de Cádiz en 1812, como testimonió José María Blanco White muy pronto, desde su exilio en Londres.

Entre los documentos internos de trabajo que se han facilitado a quienes han pasado por la Subcomisión parlamentaria en el transcurso del año que termina, hay un índice de 15 bloques temáticos. Más o menos equivalen a los que tiene cualquiera de las ocho leyes orgánicas que, en los 40 años últimos, han tratado de interpretar –de modo muy contrario en cuestiones principales- la particular versión de cada partido político gobernante acerca del modo de cumplir con los dos principales derechos recogidos en el artículo 27 de la Constitución: la universalización y la libertad educativas. Terminados los trabajos previos de comparecencias, cuando ya estaba bien de oír opiniones contradictorias, acordes con los intereses contrapuestos que unos y otros dijeron defender siempre “por una mejor educación”, esta segunda etapa en que los principales grupos políticos parecen haber asumido el proponer un texto consensuado, el ministro parece arrogarse el privilegio de que si le dan todo bien apañadito y sin demasiadas distorsiones respecto a lo que  tiene establecido el PP, muy bien. De este modo, ya le dan prácticamente las bases de una nueva ley orgánica y, como  aconteciera con la LOMCE de Wert, le bastará pasearla por el Congreso en olor de multitudes, como si tuviera la mayoría absoluta de 2013. Todo muy fino y aparente.

Las líneas rojas

El problema es que existen líneas rojas, capaces de teñir –o desteñir, según se mire- el satinado diplomático e impoluto de esos bloques temáticos. Por si acaso, los medios afines al Gobierno –de manera entreverada con lo que la Conferencia Episcopal desea- ya han adelantado que hay tres cuestiones problemáticas, susceptibles de quedar fuera de los acuerdos precisos. En primer lugar, la financiación, asunto principalísimo en la definición del valor que cabe conceder a educación con una política de decisiones concretas, sin caer en grandilocuencias vacuas. En segundo lugar, las relaciones entre enseñanza privada y pública –un contencioso que viene de la etapa de la Restauración canovista y su ministro Manuel Orovio, sin que haya encontrado más que parches que pronto resultan extraños a la idea democrática original de una enseñanza común para todos los ciudadanos de cuyo derecho el Estado sea garante responsable. Y en tercer lugar, el asunto de la Religión en el sistema educativo que, en el caso español, está muy enzarzado con la propiedad del 60% de los colegios privados y concertados y, además, supone una constante mediatización tergiversadora  de la libertad de conocimiento y de la igualdad de trato: dos libertades previas a las de una coherente libertad de conciencia y religiosa.

En los últimos tiempos -desde octubre por más señas- a Rajoy le están creciendo los enanos en su entorno: las cosas de comer de muchos que han vivido de la Administración como si fuera suya han empezado a correr serio peligro. En los inicios de 2018 ni es deseable una prolongación de provisionalidad la situación existente en el sistema educativo español ni, menos, que quiera buscársele un nuevo apaño a la irracionalidad y sentimentalismo nostálgico de un pasado que nunca fue lo que muchos se han empeñado en que pareciera que era.

¿2018 será 2018?

En esto de la educación, ya han pasado más de ochenta años desde que la legislación de aquellos aciagos años estableciera una determinada uniformidad, que no igualdad, con exclusión depuradora de todo lo demás. Es de suponer que tal vez a Méndez de Vigo no le plazca, pero ni a todos los suyos les perecerá ya pertinente  sostener lo insostenible como no sea para seguir en un pasado en que perder credibilidad con una irracionalidad trasnochada. Como les ha pasado en Cataluña. Tampoco iríamos a ninguna parte –más bien al desastre generalizado- si, como tantas otras veces en nuestro propio pasado educador dejamos lo importante al albur de lo urgente para acomodarnos en una modalidad más de improvisación desatinada e impropia..

Manuel Menor Currás

Madrid, 31.12.2017

"¿Es sectaria la felicidad? ¿Qué felicidad corresponde a los segregados?" (Manuel Menor)

Aquí tenemos un nuevo artículo de Manuel Menor Currás

También en Educación, una sana economía política de la felicidad ha de gestionar el malestar de quienes no están integrados  en igualdad con los demás y no consiguen integrarse.

Hace mucho que nos vienen adoctrinando respecto a la provisionalidad de casi todo y de todos. Incluso en cuestiones importantes como el morir, nos han ido enseñando, mientras han podido, lo inconmovibles que eran las pautas establecidas bíblicamente.

Felicidad.es

Una denuncia anónima en 2005 hizo que el entonces Consejero de Sanidad en Madrid, Manuel Lamela –hoy reconocido privatizador de la Sanidad pública-, diera crédito a que médicos de Leganés, coordinados por Luis Montes, fueran acusados de “homicidio” por atender dignamente a sus pacientes en el momento de su trance final. Después de sobreseída la acusación en 2007, pronto se popularizó el dicho de que “En España se muere mal”, y el teólogo Francisco Prat publicó un libro sobre Bioética en residencias (Sal Terrae, 2008), en que hablaba de que la Iglesia pecaba de dogmatismo en estos asuntos, y, a conveniencia, en muchos otros. De 1998, cuando Ramón Sampedro decidió evitar los sufrimientos de la tetraplegia que había contraído en 1968, venía el debate mediático sobre eutanasia. Estos días, ha vuelto a escena la cuestión en el Congreso, donde su pudo comprobar la influencia de la doctrina católica acerca de “este valle de lágrimas”, y que esta cuestión todavía es buen pretexto para escenificar los desencuentros  de la oposición parlamentaria. Ya veremos cómo se decanta el BOE o si continúa como está.

Más provisional todavía –y no menos complicada por dificultades de todo tipo- es la secuencia del vivir. Tal vez por ello, periódicos como El Norte de Castilla o La Razón –únicos que pueden leerse en algún Meliá de la vieja Castilla- daban amplia cobertura el pasado día 20 a que “España mejora tres puestos y se queda en el 34”, superando ampliamente a China pero no a Noruega, que pasa a ser el “reino de la felicidad”. Comentaban el último Informe Mundial de la Felicidad, supuesto indicador sociológico que trata de contemplar factores como los ingresos económicos, junto a percepciones más subjetivas acerca de la libertad, la generosidad, la honestidad, el buen gobierno, la solidaridad o la salud. Según este Informe, los tres primeros países más felices serían: Noruega, Dinamarca e Islandia. Curiosamente, no advertía esta prensas sobre la carga semántica que arrastra el término “felicidad”: qué haya sido en su sentido estricto, en qué haya consistido y a qué se haya atribuido para, a continuación, centrar en ello el esfuerzo ético, político o económico –juntos o por separado- exigible a los humanos. La “felicidad” ha sido uno de los constructos normativos más usados a través de la historia para casi todo: para animar y disuadir, para gobernar y desgobernar, para someter y liberar, para emancipar y dominar, para comprar y vender. No hay publicidad que no trate de sugerir o proponer su parcela de felicidad al posible cliente y engatusarle. Y a pedagogías de “la felicidad” obedece el éxito que siguen teniendo los cuentos y libros de autoayuda, como también los horóscopos y consultorios de todo tipo. De gran predicamento en el reciente pasado fueron  los confesionarios, todos los libros de moral y, algo antes, incluso  los muy exquisitos libros de buen gobierno de príncipes. En Política, ya la mencionaba Aristóteles y, en pleno XIX, fue muy empleada como estímulo moralizador de la clase trabajadora, supuestamente para separarla del vicio –ese otro constructo  manejado estos días por el jefe del Eurogrupo frente a “los países del sur” europeo-, aunque lo que se quería con su precepto era cortocircuitar la fuerza que pudiera alcanzar la fraternidad de clase. Hace cinco años, la ONU declaró el 20 de marzo como “Día internacional de la Felicidad”, y así, sin más, suena raro. Conminados a ella, en diciembre pasado –en pleno festejo comercial feliz- el País fijaba objetivos en esto de “la felicidad”.

In.felicidad.es

Siendo muy subjetiva la percepción de “la felicidad”, su provisionalidad es altamente variable. Sería, pues, de interés saber si el valor que pueda difundir la perspectiva de la ONU sobre nuestro país –su posición relativa en el puesto 34- a partir de un topos tan aleatorio como instrumentado, se sostendría, bajaría o  mejoraría incluyendo otros informes. Organismos institucionales de no menor prestigio tratan de informar, por ejemplo, sobre asuntos de corrupción y similares, cuestiones de “memoria histórica” o libertad de expresión. ¿Qué pasaría con la felicidad española si se agregaran a estos los que se interesan por cuestiones nada etéreas como el salariado y el precariado creciente? En la política de “la felicidad” también ha de incluirse qué pasa con los pobres, los empobrecidos y los pauperizables a punto de empobrecerse. ¿Qué nos dice este informe feliz, sin embargo, acerca de la igualdad de las mujeres? ¿Nos aporta luz sobre el uso y abuso de monopolios como los que afectan al control de la energía o la gestión del agua?  ¿Atiende al descontento manifiesto que se advierte en las manifestaciones y huelgas que ritman nuestra cotidianidad feliz? Como dice Cinta Montagut, es un río interminable el silencio.

Casi nada dicen las posiciones relativas  –provisionales, según qué cosas- que puedan atribuirnos los rankings internacionales. Informes como los relativos a la brecha creciente entre ricos y pobres no son ejemplares. Tanto da que se miren a escala mundial como si sólo se refieran a España: que 8 personas tengan en el mundo la misma riqueza que 3.600 millones de personas, tiene su duro correlato en nuestro país, donde 800.000 menores viven en familias sin empleo. Muy poco satisfactorio es igualmente contemplar el detalle de “la felicidad” al calor de lo que preceptuó la Declaración de los Derechos Humanos en 1948 –por inspiración de lo declarado  en la Francia de 1789 y, antes, con la independencia de EEUU en 1776-  en el sentido de que todo ser humano ha nacido libre. Cuatro breves ejemplos a nuestro alcance, ponen de manifiesto nuestra limitación: 1) Las leyes acerca de LGTBI que tienen que ver con la educación no impiden las prácticas subrepticias que tratan de que se protejan trampantojos como el del autobús de color butano que tanta hipocresía esconden. A este paso, este vehículo y sus patrocinadores van a ser un bien de interés cultural de altísima consideración. 2)Otro tanto va a pasar con lo que pretendía erradicar la Ley de Igualdad, que cumple diez años con muy poco que celebrar, como no sea el esfuerzo que derrocha gente de bien, también  en los centros educativos.  3) No muy distinto es el panorama que en sucesivas sesiones se está dibujando en el Congreso con el conjunto de iniciativas  que algunos medios califican como “leyes anti-Rajoy”, entre las que ocupa lugar especial la LOMCE y, a su lado, la conocida como “ley-mordaza”. Y 4) ¿qué hemos hecho con las recomendaciones sobre Derechos Humanos que el Comité homónimo de la ONU nos hizo el 20.07.2015?

Narrativas

La aspiración a la felicidad es un recurso genérico, inespecífico y fluctuante  que, de puro uso en la narrativa coloquial, nuestra tendencia sentimental desborda a menudo hacia el sentido de la provisional existencia. Ese estímulo, sublimador en dar sentido a un destino que nos iguala, se aplica en política a la transitoria provisionalidad de cada día. A Rajoy, un adelantado del “sentido común” y sus sinónimos, le vale para dar coherencia narrativa a su activa inercia de no dar a entender si sube o baja. Ahora mismo, está centrado en una lección magistral sobre “felicidad” al  hacer de la alternativa electoral  un gran proyecto político. Pretende salvar así -como si fuera “algo natural” y “como Dios manda”- el esfuerzo en que no sea ésta una de las legislaturas breves de la  historia democrática española. Con esa perspectiva electoral de recambio desplaza a quienes no se avengan a “dialogar”, y a “pactar” como a él le gustaría. Su particular “felicidad” residiría en que las débiles bazas de sus adversarios favorecieran que este  diálogo, encuestas y  subcomisiones en que nos ha metido no pasaran de artilugios –ya conocidos- para entretener, calmar y apaciguar, mientras se demoran soluciones que  descabalen supuestos logros que adornan el relato feliz de su mandato.

En auxilio de situaciones provisionales como la suya, vienen especialmente bien la catequesis y el masaje patrocinados. No vayamos a Razón y Fe de 1901; La Razón actual, sin ir más lejos, nos explicaba el pasado día 20 –el mismo que nos mentaban  “cómo va el índice nacional de felicidad”-  el baile de escaños en la intención de voto última y, antes de centrase en torno al “imparable avance del bipartidismo” deseado, anunciaba en paralelo la buena nueva: “Rajoy volvería a ganar y lograría más diputados que PSOE y Podemos juntos”. De inmediato, y a doble página, principalmente con gran fotografía de la retransmisión de la misa del domingo en la 2, un mensaje claro: “A esto se le llama servicio público, que no privilegio. En un Estado aconfesional, que no laico. Iglesia de todos, que no Iglesias excluyente. Fe catódica. Y católica”. Con leves matices, esta doctrina compacta se repitió en otros medios, poniendo más en claro el mensaje de Rajoy para su aparente provisionalidad. Buen aviso para los más ansiosos de “dialogar”, quienes deberán admitir la posibilidad de ser acusados de no querer “dialogar” ni “pactar” si no se avienen a continuar donde estamos, discretamente autosatisfechos y  encantados  por el feliz inmovilismo logrado.  A la vista de lo que dio de sí el debate de la estiba, en contra del decreto que tenía preparado el Gobierno, Antón Saracíbar llamaba el pasado día 22 a que las opciones progresistas aunaran sus fuerzas en la dirección de dar más presencia a la socialdemocracia y a los sindicatos; pero era muy consciente del desequilibrio y problemas internos que tienen esas fuerzas, ”muy desequilibradas en el actual contexto político y social”.   

En consecuencia, a la luz de las provisionalidades existentes, tomen nota cuantos cifren sus esperanzas de mejora del sistema educativo en que  la Subcomisión para el Pacto Social y Político llegue a un consenso concordante con las cotas equitativas de deseable “felicidad” colectiva. Lo que cabe leer en  los mensajes que se emiten desde Moncloa es que la estrategia de amagar y no ceder es la más idónea para sacar partido a su posicionamiento inicial respecto a la LOMCE y sus variaciones. Todo el arte de este “diálogo” consiste en que se acepte su monólogo o no hay nada que hacer. Quien quiera dialogar poniendo sobre la mesa cuestiones relevantes que distorsionen la construcción de un espacio público democrático en Educación, sin ningún tipo de exclusión y con equidad en la distribución de las cargas y beneficios de la sociedad, será acusado de obstruccionista. Puede que los apelativos se queden cortos en  la medida que crezca la reticencia a este feliz modo de “dialogar”.

Emancipaciones

En nuestra particular singladura nacional en pos de “la felicidad” se vende como un milagro el éxito creciente de “la mano invisible” del mercado en nuestros asuntos educativos y sanitarios. Sucede especialmente en Comunidades autonómicas como la madrileña, precoz en combinar proteccionismo y librecambio en contra de la enseñanza pública.  Lo estúpido sería que, en nombre de “la felicidad” que esta praxis genera para unos pocos, el resto  callara cuando, en la conducción de esta nave, tenemos cada vez más náufragos y disminuyen los navegantes. Ahora que también la Andalucía de Susana Díaz parece decantarse por la “liberalización” educativa, merece la pena recordar lo que, a propósito de la colonización de su tierra, Eduardo Galeano decía en Las venas abiertas de América latina (1971): “gracias al sacrificio de los esclavos del Caribe, nacieron la máquina de Watt y los cañones de Washington”. ¿A quién beneficia hoy tanto sacrificio de unos y tanto morro de otros?

La coyuntura parece favorable a que un Rajoy bajo apariencia mutante siga enmascarando privilegios de algunos con arreglos que prolongan los problemas de la mayoría ciudadana. Su particular “populismo” trata, sin embargo, de proseguir, sin inmutarse, su forma de pilotar este barco con la aguja de marear de la anterior legislatura. Nadie parece haberle indicado que la apariencia de resignación de los no contabilizados en las proyecciones demoscópicas es poco fiable, ni que las ansias de emancipación de cuantos descubren que les roban la posibilidad de soñar su felicidad es impredecible. Veremos…

Manuel Menor Currás

Madrid, 24.03.2017

El Gobierno pide al Constitucional que frene el acuerdo parlamentario que paraliza la Lomce (ELDIARIO.ES)

Reproducimos esta noticia publicada en ELDIARIO.ES

El Gobierno ha optado por la opción menos comprometida para paralizar la actividad parlamentaria de la oposición encaminada a tumbar algunas de las leyes más polémicas de la anterior legislatura.

Íñigo Méndez de Vigo ha anunciado que el Consejo de Ministros ha aprobado presentar dos conflictos de competencias contra el Congreso en el Tribunal Constitucional por no haber parado la tramitación de sendas iniciativas legislativas del PSOE, una de ellas para cerrar el paso a la proposición de ley impulsada por el PSOE para derogar la Lomce y la equiparación de las condiciones laborales de los trabajadores propios con los de empresas subcontratadas.  

Mariano Rajoy tiene la potestad de utilizar a la abogacía del Estado para paralizar una Ley con un recurso enriquecido ante el Constitucional. Sin embargo, el actual momento político de búsqueda de consensos con otros partidos en temas tan sensibles como los Presupuestos o la propia renovación de varios cargos del Alto Tribunal, incluido su presidente, han pesado para que el Gobierno opte por una fórmula menos agresiva como la de recurso simple. De esta manera, Moncloa descarga en el Alto tribunal la decisión de parar las iniciativas legislativas socialistas. 

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, explicó que la medida responde a "los derechos constitucionales del Gobierno por los que puede oponerse a cualquier decisión parlamentaria que suponga un a caída de ingresos o aumento del gasto, ya que los presupuestos podrían alterarse".  En el caso concreto de la LOMCE, el Ejecutivo alega que su paralización conllevaría dejar de ingresar casi 615 millones de euros provenientes de Fondos Europeos. 

El Gobierno lleva pedida la paralización de 18 proposiciones de ley planteadas por la oposición o por parlamentos autonómicos y lo justifica en que, si salieran adelante, supondría un coste de más de 15.000 millones de euros, según reveló la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, según informa EP.

Méndez de Vigo ha encuadrado el conflicto entre el Ejecutivo y el Congreso "dentro de la normalidad, es parte del juego parlamentario", añadiendo que está recogido en la mayoría de las constituciones del mundo. 

El Gobierno reconoce que ha recortado las becas universitarias un 20% desde el curso 2011-12

CUARTO PODER.ES: El Gobierno de Rajoy ha bajado las becas más de un 20% desde que llegó al poder

Mariano Rajoy e Íñigo Méndez de Vigo, ministro de Educación, en un acto en el Palacio Real de Aranjuez. / Ballesteros (Efe)

El Gobierno del PP que preside Mariano Rajoy redujo en más de un 20% la cuantía de las becas universitarias desde desde el curso 2011-2012 hasta el presente, según ha reconocido ahora en respuesta por escrito al diputado socialista por Málaga y viceportavoz Miguel Ángel Heredia Díaz. La reducción de la beca media ha ha superado de largo ese porcentaje en algunas universidades públicas y privadas. Así, en la Universidad Internacional Andalucía, la cuantía era de 2.555,7 cuando el PP entró a gobernar a finales de 2011 y cayó a 1.829,91 euros en 2016.

Los hachazos a las becas universitarias durante los más de tres años que el inefable José Ignacio Wert ocupó la cartera de Educación, Cultura y Deportes fueron constantes, por más que como sociólogo manejara selectivamente los datos para negar los recortes en el Parlamento. En la Universidad de Granada la cuantía media de las becas pasó de 3.051,71 euros en 2011 a 2.838 en 2016. En la Pablo de Olavide de Sevilla bajó de 2.755,75 a 2.394,18 euros en 2014, aunque luego se ha recuperado hasta 2.546,99 el último año.

El cuadro detallado de la mengua revela que en la Universidad de Salamanca, la más antigua de España (a punto de cumplir ocho siglos), las becas bajaron con el PP de 3.198,02 a 2.731,05 euros; en la de Valladolid pasaron de 2.481,50 a 2.130,65 euros. Todo ello al tiempo que en algunos centros subían las tasas de las matrículas más del 20%.

En el conjunto de las universidad catalanes, el promedio de las becas descendió de 2.064,24 euros en 2011 a 1.710,43 euros. En la Complutense de Madrid bajo de 2.236,20 euros a 2.005,25 y en la Camilo José Cela, la que mayor reducción sufrió, el promedio pasó de 2.191,70 en 2011 a 1.402,94 euros el curso pasado. El recorte de las becas fue igualmente duro en las universidades valencianas (de 2.404,45 euros de promedio a 2.161,71), vascas (de 3.396,82 a 2.538,64) y gallegas (de 2.921 a 2.492,50 euros).

En el conjunto del Estado, las becas han sufrido una reducción de 332 euros en términos netos en los cuatro años de gobierno del PP con mayoría absoluta, con el consiguiente impacto en las familias trabajadoras y en las rentas medias y bajas, sobre las que el Gobierno de Rajoy ha cargado la mayor parte del peso de la crisis financiera y económica. La reducción en la enseñanza obligatoria ha sido mucho menor, bajando de 1.386,98 euros de media en 2011 a 1.376,76 el último curso.

Devolución del dinero

También vale decir que los controles han sido más rigurosos y el Ministerio de Educación ha iniciado miles de expedientes para que los estudiantes devuelvan el dinero de la beca (con excepción de la matrícula) por no haber cumplido los requisitos mínimos establecidos.

En este sentido, el departamento del que es titular Iñigo Méndez de Vigo ha contestado por escrito a los diputados socialistas Manuel Cruz, Ignacio Urquizu y otros que un total de 6.838 alumnos de enseñanza obligatoria a los que se ha reclamado la devolución de las becas han reintegrado el dinero del curso 2014-15 por un importe de 7,3 millones de euros. El plazo de devolución es de cuatro años.

En el caso de las becas universitarias, las reclamaciones para que devuelvan el dinero afectan a 8.697 estudiantes, de los que casi la mitad, 4.333, ya lo han reintegrado, con un importe de 5,3 millones de euros. En conjunto, más de 11.000 estudiantes han devuelto 12,6 millones de euros por no haber aprobado la mitad de las asignatura en las que se habían matriculado, no haber asistido al 80% de las horas lectivas o no haber cumplido otros requisitos de rendimiento académico introducidos en 2014.