La ronda de conferencias sectoriales de educación, en la que las comunidades autónomas y el ministerio analizan la futura reforma educativa, acabó como empezó: sin consenso. Cinco autonomías (Andalucía, Cataluña, País Vasco, Asturias y Canarias) rechazaron de plano la memoria económica que acompaña a la Ley Orgánica de Mejora de la calidad Educativa (LOMCE). Las otras 12 (las gobernadas por el PP más Navarra) respaldan la propuesta de financiación aunque no de forma cerrada. Piden que los cálculos sean más finos y que se ajusten los criterios de reparto. La llamada ley Wert contempla 408 millones de euros en costes directos a financiar por el Estado en tres años y hasta 927 millones que deberían asumir en principio las autonomías. En la calle, miles de estudiantes se manifestaban contra la reforma tras convocar tres jornadas de huelga en defensa de la escuela pública.
Al rechazo de cinco regiones en las que no gobierna el PP (Andalucía, Cataluña, País Vasco, Asturias y Canarias) se sumaron los peros de las aliadas habituales. Las comunidades gobernadas por el PP centraron la crítica más en el reparto que en el trazo grueso. Castilla-La Mancha pidió que se tenga en cuenta “el factor de dispersión” de los alumnos a la hora de distribuir los fondos, según el consejero Marcial Marín. Y la Comunidad de Madrid reclamó que el criterio que tenga peso sea el número de alumnos por autonomía y “no solo aspectos como la insularidad o la dispersión”, según explico la consejera Lucía Figar. “Nos vamos tranquilos y esperamos que el documento se ajuste algo más a las necesidades de financiación que hemos expuesto”, dijo.
El consejero de Educación de Castilla y León, Juan José Mateos, propuso un acuerdo-programa para la implantación de la reforma al entender que aún existen “diferencias importantes” en lo que se refiere a la financiación. Un ejemplo lo ofreció el País Vasco, gobernado por el PNV. El cambio de profesores solo en la pública “costará 290 millones más” de lo que calcula el ministerio, según la consejera vasca, Cristina Uriarte.
La reunión, de casi tres horas y media, terminó con la manifestación de Madrid a mitad de recorrido y los estudiantes desfilando por delante del edificio principal del Ministerio de Educación, en la calle de Alcalá. Los más críticos salieron del encuentro tildando la reforma de “tóxica” o “desoladora”. La consejera de Educación andaluza, Mar Moreno, aseguró que su comunidad ni siquiera iba a entrar a discutir una normativa que no comparte. “Se han recortado 4.000 millones en equidad, profesores y refuerzos y se van a poner 200 o 300 en barreras”.
Los dos sindicatos mayoritarios, CC OO y UGT, pidieron ayer que el dinero que el ministerio ha calculado para la implantación de la LOMCE “se destine a la escuela pública”. La consejera catalana, Irene Rigau, considera que la reforma es “incompatible” con el desarrollo de políticas de austeridad. Para la asturiana, Ana González, el cálculo también es insuficiente “porque se ha hecho sin tener idea de educación”.
Pero los números recogidos en la memoria se mantendrán durante lo que queda de tramitación, según insistió José Ignacio Wert tras el encuentro. En ese documento quedarán reflejados sin cambios pero se creará un grupo de trabajo, en el que solo participarán algunas autonomías, para definir cómo se calcula el impacto y el reparto de los gastos indirectos para su debate en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. “Las previsiones de la memoria económica son perfectamente compatibles con el curso de consolidación fiscal y no habrá costes significativos hasta 2016”, dijo Wert.
Hace dos semanas, el ministerio envió a las comunidades una nueva memoria económica que quintuplicaba el coste y hacía recaer sobre los hombros regionales el peso de la gran pelea educativa: la reducción del abandono escolar desde el 26,5% actual —un 24,9% según la estimación adelantada de CC OO—, una de las tasas más altas de la UE, hasta el 15% que establece la Estrategia Europea 2020. La implantación supondrá los 408 millones de euros de costes directos que asume el ministerio, y una horquilla de entre 150 y 927 millones anuales a sufragar por las autonomías en función del éxito en el regreso a las aulas de alumnos que ahora están fuera del sistema.
El último borrador de la LOMCE admite que el coste de implantación de la ley “es muy limitado” para una reforma “de esta envergadura” y señala incluso que se prevé una reducción de estos costes. También supedita la financiación “a las disponibilidades presupuestarias” que autorice el Ministerio de Hacienda que serán compensadas “en su caso, con bajas en otros programas del departamento”.
Educación atribuye el incremento en la financiación de la LOMCE a tres aspectos. La implantación de dos itinerarios en 4º de la ESO (hacia FP o Bachillerato) tendrá un impacto mayor en las comunidades con más dispersión de alumnos en escuelas rurales. También contribuye que la nueva FP básica durará dos años y una reducción en el ahorro por la “compactación” de asignaturas de Bachillerato.
Su previsión es que la implantación —medida en tres años naturales pero en dos cursos académicos— suponga en costes directos 23 millones el primer año, 130 millones el segundo y 255 el tercero.
Los llamados costes indirectos comenzarán a pagarse a partir del cuarto año con tres opciones distintas, que serían asumidos inicialmente por las comunidades a la espera de lo que depare la negociación. En el primer escenario, de éxito moderado, se reduciría un 6% el abandono escolar (150 millones de euros). Otro intermedio supondría reducir el índice un 11%, valorado en 332 millones y un tercer escenario, el más optimista, que supondría reducir el abandono por debajo del 7% (927 millones).
