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La LOMLOE introduce
menos cambios que los que le achacan
Deja intactos núcleos que arrastra el sistema desde muy atrás. La Constitución aparentó conciliarlos, pero no cesan de motivar desavenencias
Como era previsible, la LOMLOE, desde antes de aparecer en el BOE, ha empezado a dar señales de que molestaba a una parte de la población. No es nada nuevo y hay cuerda para rato. Las protestas de unos y el documento que se va a votar en el Senado son provisionales; forman parte de una tradición alternante que, a lo corta, proviene de una redacción complicada y extraña del artículo 27 de la Constitución, con la que hasta ahora no ha sido nunca posible un pacto educativo firme; más atrás, tiene una larga historia de conflictos, algunos muy graves.
El productivo conflicto educativo
Manifestaciones como la que días pasados hubo en muchas ciudades españolas, de la que quedan huellas en muchos colegios con sus globitos anaranjados, repiten las que hubo, sobre todo, en 2005 –previas a la LOE y a la ampliación- y, también, a algunas anteriores como la de aquellos quince meses de desencuentros continuos –en la calle, en los púlpitos y en los medios afines- anteriores a 1985, en vísperas de que Maravall lograra convencer a los obispos de que aceptaran la LODE, en que se oficializaban sus colegios.
A los dos principales partidos les debe ir bien con este renovado alboroto. Ninguno se rinde en su pelea por tener un motivo simbólico tan fuerte para contentar a sus votantes más fieles, causante, además, de que mientras se habla de esto, parezca que no existen cuestiones más inquietantes. En este momento, los del PP tienen en esta LOMLOE una causa capaz de unirles en el conservadurismo; a su vez, al PSOE le satisface haber frenado algunos excesos en que había incurrido la LOMCE si nadie pregunta qué haya sido de aquella “Alternativa para la Enseñanza” que apareció en el Boletín del Colegio de Doctores y Licenciados de Madrid en febrero de 1976 y reclamaba “escuela única”. ¿No era esa la base del programa socialista en 1982?
Entretanto, muchísimos opinadores que pasan por este asunto como ante un cotilleo más, dicen lo primero que se les ocurre y no tienen inconveniente, incluso, en sacar a relucir a sus hijos como sufridores de unos malévolos que se empeñan en meter el dedo en un mundo de gente guapa y de mucho éxito. Estos días, se puede oír de todo; cada cual saca a relucir sus propias frustraciones con el sistema educativo; todos tienen alguna experiencia escolar hasta los 16 años como mínimo, e invocan a San Narciso con prontitud.
A decir verdad, nadie debiera extrañarse mucho de todo esto; pero cabría esperar más coherencia de nuestros gestores políticos; de lo que han hecho en estos veinte años últimos por ejemplo, y de lo que van a hacer ahora que Casado anima a los suyos a continuar una guerra como taifas desde cada Autonomía, frente a los supuestos despropósitos de esta octava ley orgánica que propone el PSOE.
Una historia larga
Los intereses contrapuestos de esta película vienen de antiguo. Claudio Moyano, cuando inició en 1857 la legislación general sobre el sistema educativo ya fue condicionado por el Concordato de 1851. La otra mitad del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX no fueron una balsa de aceite: los buenos conocedores de la historia de la Institución Libre de Enseñanza conocen bien que la “libertad de enseñanza” -que tanto se menciona- fue invocada para perseguir despiadadamente a los mentores de aquella gran institución. Si se avanza un poco más y se entra en los porqués de la insurrección contra la II República, además de seguir siendo de gran interés el libro de Mariano Pérez-Galán en 1975, si no tienen mucho tiempo lean en el BOE el preámbulo a la Ley de Educación Primaria (BOE del 18.07.1945) y, si tienen humor, también en ese medio oficial encontrarán una secuencia metódica de órdenes por las que se cerraron institutos públicos y se dio cancha abierta a los colegios de la Iglesia; por ejemplo, una de abril de 1939 (BOE del 15.04.1939), en que los 13 institutos que tenía Madrid fueron reducidos a seis y, al menos a dos de ellos, les cambiaron el nombre anterior. En poco tiempo, el 70,7% de los pocos españoles que, en 1943, pudieron hacer Bachillerato Superior habían pasado por colegios vinculados a la Iglesia; en 1931, la proporción solo era del 28,9%.
Con algo de paciencia, en 1953 verán que hay otro Concordato que, a cambio de facilitar al régimen acomodo internacional, reiteró innumerables privilegios al Vaticano en el mundo educativo; era fama que los obispos llevaban las órdenes y decretos al ministro de turno para que los firmara, y la ley de Enseñanza Media de 1953 deja bien claro que pasó la supervisión de los obispos. Cuando Marcelino Oreja se apresuró en 1977 a reafirmar esa situación, en los artículos 16 y 27 de la CE78 –y en los Acuerdos de 1979- quedó la matriz de cuanto desde entonces venimos rondando sin tocar. Tanto si el PP como el PSOE quieren que acabemos con esta pantomima de estar jugando a buenos y malos en los asuntos de todos con reglas medievales, empiecen por considerar adultos a sus votantes; expliquen por qué no quieren o no pueden denunciar estos Acuerdos. Su grado de modernidad estará en entredicho mientras no lo hagan; del refugio en la CE78 olvídense: ya sabemos que fue un paripé.
¿Igualdad de qué?
Por otro lado, las razones que invocan en este momento las personas implicadas en la concertada, no se sostienen ante la supuesta igualdad democrática, que es lo que tiene que procurar, ante todo, cualquier red educativa que financie el Estado. Su avidez monopolística aparece especialmente interesada en un momento en que la Covid-19 está desnudando implacable las adherencias inútiles que tiene nuestra organización social. No estaría de más que se hicieran ver, sin ficción, la proporción inversamente diferencial con el PIB que ha tenido el presupuesto de la enseñanza Pública y el de la Privada desde 2008; y, si tanto aman a esta España de todos, auditen a fondo las prácticas de las Autonomías a las que todo les ha sido poco para incrementar los recursos de quienes menos lo necesitan. La repercusión de las prácticas desleales que, en vez de ocuparse de la mejora interna del sistema educativo solo se han ocupado de las apariencias que tanto gustan a la libertad de mercado, también las pagamos todos, aunque las bendigan los obispos..
Madrid, 24.11.2020
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Desde Mareas por la Educación Pública expresamos nuestra más absoluta disconformidad e indignación ante los ataques sufridos por los sectores representantes de la enseñanza privada-concertada y los partidos que la apoyan ante la aprobación de la LOMLOE o Ley Celaá. A estos ataques hay que añadir el agravante que supone la utilización de niños y niñas en las manifestaciones organizadas y la lectura de manifiestos contra la LOMLOE en muchas aulas de centros educativos privados-concertados. No deja de ser curioso cuando son ellos precisamente los que pregonan ese mantra falaz repetido hasta la saciedad, en especial por la extrema derecha, de que la enseñanza pública adoctrina.
Es más, nos indigna profundamente que de repente se hayan convertido en los adalides de la libertad de enseñanza, defendiendo el ya tan manido argumento de la “libertad de elección”, argumento completamente falaz. En primer lugar, en ninguna legislación, ni siquiera en la Constitución, aparece mencionada como tal, y en segundo lugar porque están defendiendo elegir segregación y clasismo.
Está claro que solo pueden acceder a esa “libertad” de elegir un centro privado-concertado aquellas familias que puedan permitirse pagar las cuotas, donaciones, uniformes y otros gastos. Aquí es donde tenemos que recordar que son centros privados subvencionados con fondos públicos y, por tanto, aunque tienen obligación de ser gratuitos en las etapas obligatorias, cuentan con doble financiación mediante el cobro de cuotas y donaciones, haciendo competencia desleal tanto a la educación pública como a la privada. Además, los centros privados-concertados tienen un menor número de alumnado migrante y de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Y tampoco llega a todas partes como tanto defienden, solo llegan donde hay una oportunidad de negocio, por lo que su presencia en áreas rurales es prácticamente inexistente.
Además han aprovechado la oportunidad para mezclar otros temas como el que el castellano deje de ser “lengua vehicular”, elemento introducido en una ley de educación por primera vez en la LOMCE, o el supuesto cierre de los centros de educación especial que no es tal. El primer asunto no va a afectar en nada a la competencia lingüística puesto que las competencias, como se debería saber, están transferidas a las comunidades autónomas. Esto recuerda a una nostalgia franquista con su visión totalitaria del español como lengua del imperio. La negación de la realidad plurilingüe del estado español, supone un ataque a las lenguas cooficiales reconocidas en el Artículo 3 de la Constitución, esa que tanto presumen de defender y de la que de vez en cuando hay que recordarle ciertos artículos, y a otras lenguas regionales como el asturiano que aspira a tal cooficialidad.
Respecto al supuesto cierre de los centros de educación especial, la nueva Ley de Educación, en su Disposición adicional cuarta, dispone que Las Administraciones educativas velarán para que las decisiones de escolarización garanticen la respuesta más adecuada a las necesidades específicas de cada alumno o alumna, de acuerdo con el procedimiento que se recoge en el artículo 74 de esta Ley. El Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años, de acuerdo con el artículo 24.2.e) de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Las Administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios.
El problema radica en que muchos de estos centros tienen concierto y, temerosos de que se les acabe el negocio, contraatacan con argumentos falsos.
Desde Mareas por la Educación Pública defendemos que hay temas importantes que sí se han quedado al margen. Tendríamos que estar hablando de una financiación apropiada de la escuela pública. Tendríamos que estar hablando de bajadas de ratios y de disminución de periodos lectivos de docencia directa del profesorado que tanto daño han hecho. Tendríamos que estar hablando de mayor inversión en acondicionamiento y en la construcción de nuevos centros públicos. También tendríamos que estar hablando de otros temas como la salida de las religiones del ámbito educativo. Deberíamos estar hablando de la progresiva incorporación de los centros privados-concertados a una red única de titularidad y gestión pública.
Se han quedado muchos temas fuera de esta nueva ley de educación. A pesar de esto, y a pesar de los ataques de los defensores de una educación privatizada y segregadora, seguiremos defendiendo una Educación Pública, laica, inclusiva, democrática, de calidad y segura, de todas y para todas.
Mareas por la Educación Pública
Noviembre de 2020
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