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Con motivo de la vuelta al cole, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) ha presentado este lunes un informe en el que compara las distintas legislaciones entre las distintas comunidades autónomas que protegen derechos de infancia y juventud trans. Mientras Navarra o Aragón son de las regiones más avanzadas, aún hay cinco comunidades autónomas que no disponen de legislación específica vigente para las personas LGTBI: Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja y Principado de Asturias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
En las conclusiones adelantadas del informe, titulado Realidad del alumnado trans en el sistema educativo, llama la atención sobre las desigualdades en el reconocimiento legislativo de derechos entre el alumnado trans español de distintas regiones. Aún así, solo analiza la existencia de las legislaciones, pero no su grado de cumplimiento. "Queríamos poner de manifiesto la necesidad de una ley estatal que proteja a todo el colectivo y también conocer las buenas prácticas", explica el coordinador de Educación de la FELGTB,JoséLuis Ferrándiz.
En el informe ejecutivo, se concluye que "el alumnado trans, o disconforme con las normativas de género, vive una problemática compleja en el entorno educativo a la que, hoy por hoy, no se está dando una respuesta plena y satisfactoria", es decir, que no se garantizan aún de manera plena los derechos fundamentales. El documento considera que, pese a que, "España ya dispone de un cuerpo legal abundante que va a creciendo año a año", las normativas autonómicas son "desiguales, generan diferencias entre comunidades, no están implementadas (faltan reglamentos, protocolos, organismos de participación, etc.), son muy desconocidas y no son completas".
Además, el documento incide en una "buena noticia": el cambio social ya está en marcha, aunque algunos territorios vayan rezagados en materia legislativa: "La visibilidad que hoy tienen las personas trans en la infancia y la adolescencia permite que todos los cambios que se están produciendo se hagan con el apoyo y la comprensión de la mayor parte de la sociedad, especialmente de la juventud", asegura el documento.
El responsable de Educación pone el acento en la necesidad de que haya una ley estatal que no deje desamparado a ningún niño, ni los desiguale por territorios: "Estamos hablando de personas que viven una experiencia compleja y multidimensional que requiere protección legal", asegura Ferrándiz.
Aunque el documento asegura que en la gran mayoría de Comunidades Autónomas se reconoce el "derecho a la libre autodeterminación de género sin necesidad de aportar informe médico o psicológico alguno que acredite su circunstancia", en Canarias y Galicia aún no lo contemplan. Si hablamos de la falta de un régimen sancionador que haga cumplir la ley, a estas dos comunidades hay que sumarle el País Vasco. "Es importante que la ley obligue y que quien la contravenga tenga consecuencias", explica Ferrándiz sobre el peligro de que las normas queden en papel mojado.
Gráfico: leyes que protegen a los alumnos trans en los coles
El informe también aprovecha para insistir en una legislación estatal que permita el cambio de la mención registral del sexo de "una manera sencilla, rápida, sin requisitos abusivos y sin connotaciones patologizantes, es decir, basada en la autodeterminación de género".
En cuanto a las acciones dentro del aula, el informe insiste en que hay que incorporar "diseños integrados de estrategias de intervención y atención que incluyan un enfoque multiprofesional y coordinado". Esto implica contar con toda la comunidad educativa, desde las familias a los equipos del centro, que debe tener "una correcta e imprescindible coordinación con servicios sociales y organizaciones externas".
El informe también pide a las administraciones públicas que hagan un "mayor esfuerzo para la formación a través de las AMPA y espacios de educación no reglada, como de prestarse especial atención al diseño, distribución y accesibilidad de materiales pedagógicos específicos y de apoyo".
Otro de los apartados a mejorar en la parte educativa es, a juicio de los autores del informe, "la ausencia de mecanismos de seguimiento, evaluación y redimensionamiento de los instrumentos de intervención" que garantice que los recursos funcionan bien y que sirven para apoyar a este alumnado.
Las conclusiones del informe también ponen en valor las alianzas entre administraciones y las organizaciones, que aportan su experiencia e información para difundir y sensibilizar en los centros. Además, también piden no "minusvalorar la importancia vital" de los referentes reales, en los que los alumnos y alumnas se vean reflejados y que sirvan de apoyo "en el desarrollo de la personalidad de las personas trans menores".
Dice la vicepresidenta Calvo que la nueva ley de memoria democrática actualizará los contenidos de la ESO y el bachillerato, así como la formación del profesorado, para que "nuestros jóvenes sepan de dónde venimos".
No les veo muy asombrados con la noticia. A ver así: en el año 2020, 42 años después de aprobada la Constitución, la nueva ley de memoria democrática actualizará contenidos educativos para que "nuestros jóvenes sepan de dónde venimos". Nunca es tarde, ya sé, pero ahí queda el dato: llevamos 42 años sin que el Estado asegure que los jóvenes "sepan de dónde venimos", conozcan el pasado reciente, reconozcan a las víctimas de la represión y cuánto ha costado vivir en democracia.
Cuarenta y dos años dan para unas cuantas generaciones de jóvenes. Yo mismo fui uno de ellos: pasé por el bachillerato de finales de los 80 y principios de los 90 sin oír hablar ni una sola vez de la Guerra Civil, ni del Franquismo, ni de la Transición más allá de la versión edulcorada que te contaban cuando llegaba el Día de la Constitución. Como yo, millones de estudiantes. Por supuesto, muchos acabamos sabiendo "de dónde venimos", pero fue por otras vías, no gracias al sistema educativo.
Durante años creí que esa carencia era exclusiva de mi generación, la de los nacidos en la Transición, y confiaba en que las posteriores ya llegasen a la escuela en una democracia consolidada. Y resultó que no: seguían pasando los años, las promociones de estudiantes, pero el conocimiento del pasado reciente y la memoria de la lucha por la democracia continuaban siendo la eterna asignatura pendiente: la guerra y la dictadura estaban en el currículum, eran un capítulo del manual de Historia de España; pero se acababa el curso y nunca daba tiempo a llegar a ese tema, o se pasaba deprisa por el mismo memorizando un par de fechas y nombres sin más. Por no hablar de las versiones que daban algunos libros de texto, según decidiese el editor, o según soplase el viento en la autoridad educativa autonómica de turno. Salvo que tuvieran la suerte de cruzarse con un profesor con ganas de profundizar, miles de jóvenes seguían saliendo del instituto sin saber "de dónde venimos".
La ignorancia daba para echarse unas risas: recuerdo que en cada aniversario del comienzo o el final de la guerra, o de la muerte del dictador, no faltaba una encuesta de periódico o un reportero televisivo en la calle preguntando a los jóvenes quién era Franco, para que nos echásemos unas risas con las respuestas locas de los chavales: "un rey que hubo en España hace mucho tiempo", "un presidente de la república", "uno que era comunista o algo así". Qué risa.
Durante años he visitado institutos, en encuentros con jóvenes lectores. Y en varias ocasiones los he sometido a un acertijo tramposo: les he pedido que me digan el nombre de un país donde haya habido una dictadura con persecución política, asesinatos, desaparecidos, torturados, encarcelados, exiliados, presos políticos, censura… Las primeras respuestas solían ser Argentina, Chile o la Alemania Nazi. En pocos casos les venía a la mente España en primer lugar. Y no solo jóvenes: me ha pasado también con adultos a los que hice el mismo juego.
Uno pensaría que a estas alturas, después de 42 años de Constitución, los jóvenes españoles ya no ignoran nuestro pasado reciente. Pero las palabras de la vicepresidenta presentando la nueva ley reconocen ese fracaso de nuestra democracia: todavía hoy ese conocimiento y esos valores dependen de la Comunidad Autónoma en la que vivas o del gobierno de turno, o de la buena voluntad de los profesores –y los hay con muy buena voluntad, me consta-, o de que su centro participe en alguna actividad de las que desarrollan las asociaciones de víctimas, en ocasiones con gran escándalo y oposición de algunas familias.
Nunca es tarde, y ojalá la nueva ley tape ese agujero de cuatro décadas. Pero que sucesivas generaciones de españoles hayan pasado por las aulas sin recibir esa formación más que superficialmente, sin "saber de dónde venimos", desconociendo el sufrimiento de tantas mujeres y hombres que lucharon por la democracia, ignorando lo que ha supuesto el fascismo en nuestro país, y quedando por tanto a merced de lo que aprendan en casa, en su círculo social, en ciertos autores o directamente por bulos en redes sociales, dice mucho de nuestro país, y seguramente permite entender algunas disfunciones de nuestra democracia y de nuestra vida política.
El Ayuntamiento de Madrid, tras declararse la pandemia, aprobó un presupuesto para hacer frente a los gastos extraordinarios del covid. El montante era de 45 millones. A 10 de agosto, tan sólo se habían ejecutado algo menos de 16 y casi 12 de ellos eran destinados a la Funeraria. Es decir, seis meses después del inicio de la emergencia, el Ayuntamiento solo ha sido capaz de ejecutar 4 de los 45 millones para hacer frente a todos los gastos extraordinarios que se supone ha provocado la situación sanitaria. Eso abarca todas las ayudas a las familias, empresas, autónomos o a la propia institución municipal para adaptarse a las nuevas condiciones. El Ayuntamiento de Madrid tan sólo ha sido capaz de ejecutar el equivalente al 0,2% de su presupuesto total en actuaciones relacionadas con el covid. Esta incapacidad de ejecutar explica, por ejemplo, la ramplonería que la corporación ha tenido respecto a las nuevas necesidades alimenticias y de productos básicos de un sector importante de la población que han tenido que ser cubiertas, en gran parte, por la solidaridad vecinal.
Pero bueno, una cosa es el presupuesto extraordinario ante la epidemia, y otra el presupuesto ordinario. Si la abulia para poner en marcha las medidas que la nueva situación exigía hubiese sido compensada por una ejecución medianamente satisfactoria del presupuesto ordinario, quizás la aportación del Ayuntamiento para paliar los efectos de la crisis hubiese sido significativa. Pero nada de eso ha ocurrido. Su aportación ha sido cercana al cero, tal y como demuestran los números.
Lo cierto es que el equipo de gobierno de Almeida no tiene la más mínima intención de incrementar el gasto social, a pesar de que la situación lo requiere, sino más bien todo lo contrario. En los presupuestos de 2020, aún sin crisis sanitaria ni económica, ya habían metido la tijera en muchos de los capítulos sociales pero, ahora, están aprovechando la coyuntura para recortar sin contemplaciones el gasto social ocultándolo tras el velo de la pandemia que se está utilizando como excusa para olvidar cualquier necesidad social.
En esta ocasión nos queremos centrar en un solo ejemplo para demostrarlo: La Educación. En estos cuadros se analiza el gasto hasta 30 de junio de este 2020 vamos a intentar desentrañar que hay en ellos en esos seis meses:
La Educación no es una competencia municipal pero su papel complementario de la red pública en una ciudad como Madrid, es decir, en los barrios de menor renta, es cada vez más importante. Desde las escuelas infantiles municipales, al mantenimiento y limpieza de los colegios (que sí son competencia municipal), hasta las actividades extraescolares o el seguimiento del absentismo, son facetas imprescindibles e inseparables del desarrollo educativo.
Lo primero que destaca en el siguiente cuadro es que mientras se experimenta un crecimiento presupuestario global de Educación entre 2015 y 2019 en torno al 70%, pasando de 80 a más de 140 millones de euros, en 2020 tenemos una reducción del presupuesto inicial.
La segunda cuestión que pone de manifiesto el cuadro es que en más de la mitad del año se ha ejecutado menos del 30% del presupuesto.
Presupuestos Abiertos Ayuntamiento de Madrid
Pasando a los Servicios complementarios a Educación el presupuesto se multiplica por cuatro entre 2014 y 2019 pero el grado de ejecución es lamentable en 2020 a pesar de que se partía en este caso concreto de un incremento presupuestario. Tan sólo se ha ejecutado algo más de la quinta parte en siete meses. Quedan cuatro útiles.
Presupuestos Abiertos Ayuntamiento de Madrid
El crecimiento del presupuesto de Absentismo (ver siguiente cuadro) se ha ralentizado en 2020, pues había crecido más de un 200% en los años anteriores. Sin embargo, el grado de ejecución no llega al 45%.
Presupuestos Abiertos Ayuntamiento de Madrid
La educación es una de los elementos que permiten la cohesión y el avance social, comprende no solo cuestiones estrictamente lectivas, sino todo un conjunto de actuaciones y programas que permiten clases de refuerzo, actividades extracurriculares que permiten al alumnado e la educación pública enriquecerse a nivel formativo como programación, ciencia divertida, lectura, apoyo escolar, educación emocional, deporte…
Nos preguntamos si, además de poner como excusa al covid, alguien se ha preocupado de rediseñar los programas presupuestarios de educación o si únicamente van a repetir el mantra: “Ha sido culpa del covid”, dejando a la escuela pública y su alumnado en clara desventaja frente a la escuela concertada y privada
La preocupante brecha educativa entre alumnado con mejores medios económicos, materiales y sociales y el alumnado con menos oportunidades se ha agravado durante estos meses y amenaza con golpear de nuevo a toda una generación de jóvenes, adolescentes y niñas y niños. ¿Por qué no se recondujeron las actividades (extraescolares, seguimiento del absentismo…) para prestar apoyo a las familias mediante medios materiales y humanos con los medios tecnológicos existentes? ¿A dónde ha ido a parar ese dinero que han dejado de pagar a las empresas prestatarias de servicios? ¿Se han realizado las modificaciones de las partidas presupuestarias para permitir dotar a docentes y alumnado de herramientas tecnológicas para que puedan hacer frente a esta situación?
¿Por qué no se han instalado cámaras en las aulas así como dotación de conexiones óptimas de internet en los centros realizando las obras de mejora necesarias para que si el alumnado tiene que hacer turnos presenciales se puedan seguir las clases desde casa? ¿Se ha previsto reforzar la limpieza para el nuevo curso aprovechando lo no ejecutado en meses anteriores? ¿Se podían haber hecho limpiezas a fondo de los centros en vez de suspender contratos? ¿Se ha creado una partida que permita dotar de material de protección sanitaria a menores con menos recursos en cantidad suficiente? ¿Se ha pensado en crear un servicio de enfermería en los centros públicos que permita una rápida detección y análisis con test de alumnado y profesorado que permita el aislamiento de grupos específicos que permita seguir funcionando a los centros con seguridad? ¿Ha adquirido Madrid Salud test para actuar preventivamente en lo que parece que serán los nuevos focos infecciosos? ¿Podían reconducir los programas de servicios en otros que apoyaran psicológicamente a las familias y alumnado tan castigado por esta situación?
Si seguimos viendo la situación global de Madrid, vemos que en 2020 ni siquiera se preveía inversiones en creación de nuevas escuelas Infantiles, la partida era cero tanto en presupuestado como en ejecutado, independientemente de promesas electoralistas, puede que dada esa clarividencia de grandes gestores que dicen poseer, supieran que habría pandemia y no preveían que fuesen bebes a escuelas infantiles. Vicálvaro
La ausencia forzosa de alumnos, profesores y familias en las aulas ofrecía una ventaja al dejar libres unos espacios que normalmente están ocupados y solo se dispone de los períodos vacacionales para realizar muchas de las obras de mantenimiento y mejora de los centros. ¿Se ha aprovechado esta circunstancia en el caso del distrito de Vicálvaro?
La inversión en centros educativos de Vicálvaro, en los primeros seis meses de 2020 es de cero euros ejecutados en obras, ni siquiera se han ocupado de realizar las pequeñas obras de mantenimiento previstas. ¡Ni una bombilla! A través de los contratos de emergencia hubiese sido muy sencillo contratar las obras, que, además, no tenían que ser muchas para cumplir el exiguo presupuesto que se había aprobado. Pero ni a eso se ha llegado. Es muy llamativo ver la diferencia entre el dinero destinado en 2018, 2019 y 2020
Si en siete meses no se ha ejecutado ni un euro en obras en los colegios, pedir que mejorasen infraestructura de telecomunicaciones de los coles, pusieran sistemas de cámaras para retransmisión de clases en directo, mejorasen las conexiones de telecomunicaciones de los centros, habilitasen gimnasios, comedores, bibliotecas o laboratorios para desdoblar clases, colocar mamparas u otros elementos protectores… es simplemente ciencia ficción.
Ahora, en septiembre ¿cuál es la excusa? ¿No sabían que el Covid 19 volvería? ¿Qué se puede esperar del PP? La verdad es que de Almeida, muy poco, pues es evidente que le preocupa y ocupa mucho más su carrera política como “portavoz” de Casado que las necesidades de los barrios obreros de Madrid. ¿Y de su equipo de concejales de PP y Ciudadanos? Menos aún, pues si tomamos como rasero el de Vicálvaro, parece que les preocupa mucho más twitter que sus vecinos y vecinas.
Quedan por ejecutar 93.270.775,00 € en el presupuesto de Educación del Ayuntamiento de Madrid. Mucho tienen que cambiar las cosas para que el gobierno municipal de las derechas demuestre que no está aprovechando las circunstancias para recortar los recursos sociales. Disponen de cuatro meses para que dejen claro si tienen la mínima voluntad y capacidad para poner a disposición del alumnado y del profesorado de la ciudad de Madrid los medios necesarios para poder ejercer el derecho a la educación en condiciones dignas.
Los inicios del curso ya son conflictivos ante la situación derivada de la covid-19. El Sindicato de Estudiantes ha llamado a miles de estudiantes a una huelga estatal que tendrá lugar los días miércoles 16, jueves 17 y viernes 18 de esta semana. La convocatoria está dirigida a las enseñanzas medias -ESO, Bachillerato y FP- sin los universitarios, ya que muchos todavía no han comenzado las clases. “Es una situación de emergencia social. Nos hacen elegir entre nuestra salud y el derecho a la educación”, explica a este medio Marina Mata, secretaria de Organización del Sindicato de Estudiantes.
Una vuelta segura a las aulas era el reclamo que llevó al Sindicato de Estudiantes a registrar la convocatoria a finales de agosto. Hoy creen que el peligro del que advertían se evidencia en las al menos 120 incidencias que se detectaron en toda España la semana pasada, la primera semana de curso, casi todas relacionadas con contagios o sospecha de positivos. “No se han tomado las medidas necesarias. No hay ni un solo experto que pueda decir que la vuelta a las clases no vaya a suponer una fuente de contagio”, critica Mata.
El Sindicato de Estudiantes entiende que las CCAA también son responsables de la incierta vuelta a las aulas, pero pone el foco en el Ministerio de Educación, por ser “el máximo responsable de asegurar y garantizar el derecho a la educación y a la salud de millones de estudiantes”. En palabras de Mata, el ministerio ha impulsado “un protocolo que parecería una broma, si no fuera por lo trágico de la situación” al quedarse en recomendaciones como “la ventilación de las clases” o que “los alumnos opten por la bicicleta para evitar el transporte público”.
Para el Sindicato de Estudiantes el inicio de curso debe pasar por una solución general: un aumento significativo de la partida económica destinada a la educación pública, para poner a disposición más docentes y recursos que permitieran seguir las recomendaciones sanitarias. Consideran que esta inversión no se ha producido. “Al margen de que el fondo de los 2.000 millones de euros destinado a la educación nos parece completamente insuficiente, no ha servido para la contratación de los más de 175.000 profesores que hacían falta ni para la reconversión de los centros por la covid-19”, denuncia Mata.
Por lo tanto, la huelga reivindicará una inversión en educación pública que permita mantener la ratio de 15 alumnos por aula, con la consiguiente contratación de profesores y construcción de nuevos centros de estudio. “El déficit es completamente insostenible incluso antes de la pandemia, cuando ya existía hacinamiento”, explica la representante estudiantil. Si la ministra de Educación, Isabel Celaá, no es capaz de garantizar esta vuelta segura a las aula consideran que debería dimitir.
El movimiento estudiantil se prepara para el curso
La huelga estudiantil estatal convocada para esta semana coincidirá con otras huelgas del profesorado y la comunidad educativa en Andalucía (18 de septiembre) y Galicia (10 y 16 de septiembre). Sin embargo, no coincidirá con otras convocatorias como la que han organizado CCOO, UGT y CGT en la Comunidad de Madrid, que se ha retrasado hasta la semana que viene (22 y 23 de septiembre).
La pronta convocatoria del Sindicato de Estudiantes no convence a todo el movimiento estudiantil. Desde Estudiantes en Movimiento, red de organizaciones estudiantiles presente en casi todo el territorio español, desaprueban esta “convocatoria unilateral” que principalmente busca “la notoriedad”, según su opinión, al obviar los procesos asamblearios y de agitación previa que necesitan este tipo de convocatorias para los estudiantes, explica Alfonso Galiza, responsable de Políticas Educativas en Estudiantes en Movimiento. Además, la fecha de la convocatoria deja fuera a miles de estudiantes universitarios que todavía no han regresado a las aulas.
De momento, desde Estudiantes en Movimiento prefieren sumar fuerzas a las convocatorias de huelga ya realizadas por los sindicatos de clase como la huelga educativa de Madrid o las organizadas por la comunidad educativa en su conjunto en Andalucía. También se sumarán a las protestas de la Marea Verde. A medio plazo, sí que planifican organizar una movilización contra esta incierta vuelta a las aulas en un sistema educativo que consideran ya seriamente dañado tras los recortes de la anterior crisis.
En el fondo, Estudiantes en Movimiento coinciden con las reclamaciones del Sindicato de Estudiantes y los motivos de la huelga. Por un lado, critican “la falta de información” de la vuelta a las clases, que ha perjudicado sobre todo a los estudiantes con menos recursos y va más allá de la señalada brecha digital. Por ejemplo, en la Universidad Carlos III algunos estudiantes han descubierto que sus clases serían telemáticas, cuando ya se habían comprometido a alquilar un piso durante todo el curso. Por otro lado, también señalan “la falta de financiación” común al Gobierno central y las autonomías. “No se ha invertido durante 15 años, lo que ha hecho que ni siquiera estuviera en el debate redoblar el presupuesto. Se considera que la educación no es tan relevante”, señala Galiza.
A su juicio, si no hay un cambio presupuestario drástico en el dinero destinado a la educación se agudizarán las barreras de los estudiantes “en función de su extracción de clase” que ya se presentaban antes como: la falta de becas, la brecha digital, las diferencias en el estudio telemático... En definitiva, los estudiantes observan con preocupación como la educación universitaria en tiempos de covid-19 corre el riesgo de trasladarse al ámbito privado por la falta de recursos y como esto perjudicará a aquellos que pertenezcan a hogares más vulnerables.
