jueves, 30 de noviembre de 2017

Información destacada de la Marea Verde

¡Atent@s a los presupuestos de Cifuentes y Van Grieken!

Inicio de curso 2017-18 en la Comunidad de Madrid


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 ¡Sí se puede!: La movilización da sus frutos

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viernes, 17 de noviembre de 2017

Los hogares madrileños gastan un 42% más en Educación que antes de la crisis (por Fco. Pelayo para 20 MINUTOS)

Reproducimos esta noticia publicada en 20minutos.es
Los hogares madrileños tuvieron que apretarse el cinturon durante la crisis económica. Redujeron su gasto medio en casi 4.900 euros, pero no escatimaron en la educación de sus hijos. La subida de los precios en las Escuelas Infantiles (de 0 a 3 años), el incremento de las matrículas universitarias, la proliferación de centros concertados (privados subvencionados) y la instauración de una tasa en la Formación Profesional Superior han obligado a las familias de la región a gastar en la actualidad, de media, un 42% más (de 478 a 678 euros) en garantizar la educación de sus hijos que en 2008. Así lo reflejan los datos de la encuesta de presupuestos familiares que publica cada año el Instituto Nacional de Estadística (INE). Expertos consultados por 20minutos coinciden en que los recortes en el gasto público y la subidas de los precios públicos han sido las claves de este incremento. No en vano, de 2008 a 2016, el presupuesto que la Comunidad de Madrid destinó a Educación descendió en 408 millones de euros, un 8,5% menos. Esta contención en la inversión pública ha servido para incentivar la iniciativa privada.

"La red de centros privados/concertados se ha multiplicado durante la crisis. Madrid es la región con la oferta más alta solo por detrás del País Vasco", explica Isabel Blanco, responsable de Educación del sindicato UGT en Madrid. "El cambio de jornada escolar de partida a continua ha favorecido a las escuelas concertadas. Muchas familias han cambiado a sus hijos a estos centros con el coste económico que ello conlleva", opina Camilo Jené, presidente de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos Francisco Giner de los Ríos.

Según datos del Consejo Escolar, en la última década (de 2006 a 2016) se han abierto en la región 56 nuevos centros públicos educativos de enseñanzas no univesitarias de régimen general (Primaria, Secundaria, Bachillerato, FP ...) frente a los 68 privados y los 131 concertados. En los colegios concertados es común el cobro de cuotas mensuales que llegan en algunos casos a los 198 euros y que, teóricamente, son voluntarias, ya que estos centros están financiados con fondos públicos. Tasa de 400 euros en FP UGT denuncia además la subida de tasas y precios públicos en centros educativos realizadas por el Gobierno regional años atras. "Aún no se han revertido las subidas experimentadas durante los años de crisis. Las bajadas que se han anunciado son insuficientes", critica Blanco. Durante la crisis, la Comunidad de Madrid incrementó los precios en diferentes niveles educativos, estableciendo incluso una tasa inédita de 400 euros en 2012 en la Formación Profesional Superior. En la red de Escuelas Infantiles, la expresidenta regional Esperanza Aguirre (PP) decretó en 2012 una subida que alcanzó el 175% para las familias de rentas más bajas con un niño menor de un año, además de establecer el pago de una cuota de 60 euros para los menores de un año. La enseñanza universitaria también sufrió dos subidas consecutivas en 2012 y 2013. Las matrículas se encarecieron de media un 38% en el curso 2012/2013 y del 20% en el curso 2013/2014. De esta forma, el precio medio de la matrícula media de grado alcanzó los 1.813 euros, 800 más que en el curso 2011/2012. Esta medida viene después del útlimo de 'tasazo' universitario por los que el Gobierno regional aumentó el coste de la matrícula hasta un 20% de media (entre un 13% y un 27%), lo que supuso pagar 4,97 euros más por crédito. Este tasazo se sumó al que ya sufrieron 188.719 alumnos durante el curso de 2012-13, cuyas matrículas se encarecieron un 38%. En estas dos subidas consecutivas, los 'sablazos' más fuertes fueron para las careras de ciencias y ciencias de la salud, con un incremento del 21,59% y en humanidades y ciencias sociales, con casi un 27%. Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/2196128/0/tasas-de-grados/congela/madrid/#xtor=AD-15&xts=467263 Bajadas con Cifuentes Con la llegada de Cristina Cifuentes a la presidencia del Gobierno regional, en junio de 2015, los precios de las Escuelas Infantiles y de las matrículas universitarias han bajado, aunque aún no se han alcanzado los niveles precrisis. En el caso de las guarderías, el Ejecutivo impuso un descenso de las tarifas del 20% para el curso 2016/2017 y del 5% para el presente. Por su parte, las tasas universitarias han sufrido tres descensos consecutivos en esta legislatura: del 10% en el curso 2015/2016 y del 5% en los dos cursos siguientes.

Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/3168514/0/hogares-madrilenos-gasto-educacion-crisis/#xtor=AD-15&xts=467263

Los escollos que tendrá que sortear el 'Acuerdo por la Educación 2017-2020' (por Hayda Ramos para MADRIDIARIO)

Reproducimos este artículo publicado en MADRIDIARIO.ES

Tras dos años de reuniones en el marco de un proceso de participación, el Gobierno regional y los sindicatos se sentaban al fin a negociar el 'Acuerdo por la Educación Madrileña 2017-2020' el pasado 6 de noviembre. Lejos aún de un pacto, las conversaciones no parecen de momento halagüeñas: las organizaciones sindicales con representación en la enseñanza pública exigen a la Comunidad de Madrid, entre otras cosas, la firma del 'Acuerdo sectorial' ratificado el pasado mes de junio y ahora paralizado.
El Ejecutivo encabezado por Cristina Cifuentes quiere que el 'Acuerdo sectorial' y el 'Acuerdo por la Educación' se firmen de manera conjunta. Sindicatos como CCOO y UGT se oponen y exigen formalizar el primero "para recuperar la confianza perdida". No solo eso: ante la recién iniciada negociación del segundo texto, critican su contenido y las formas. "Hasta ahora lo único que ha pasado es que han quitado medidas que rechazamos, pero no se incorporan nuestras propuestas", explica Isabel Galvín a Madridiario.
La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid va más lejos y critica que el Gobierno autonómico "se ha negado a hablar de diagnóstico", algo que "es de sentido común": "Si queremos un acuerdo, lo primero que tenemos que hacer es determinar qué problemas tiene la educación madrileña", afirma.
A pesar de no contar con ese punto de partida que piden los sindicatos, el Ejecutivo regional les ha presentado un borrador del 'Acuerdo por la Educación Madrileña 2017-2020', que contempla 80 medidas repartidas en 10 ejes: un plan al que Madrid destinaría 855 millones de euros en cuatro años. Inversiones "insuficientes" que "no revierten los recortes de la crisis", según Galvín, para quien es "imprescindible" que el pacto incluya "medidas que compensen las desigualdades, que atiendan a la diversidad y que corrijan los desequilibrios". Además, "es básico que se recuperen las becas".
Por la igualdad, más centros y una bajada de ratios
Cuando analiza el texto con Madridiario, la representante de CCOO se detiene en primer lugar en el Eje 3 (Formación complementaria del alumnado), concretamente en lo que se refiere al fomento de la práctica deportiva en los centros docentes y a la promoción de los valores artísticos y culturales: "¿La solución para que se imparta más Educación Física o que se aprenda música o danza es que haya centros especializados?", se pregunta Galvín, que pide que dicha oferta llegue a "todo el alumnado para garantizar la igualdad de oportunidades".
El Eje 7 (Infraestructuras educativas y conectividad) es "básico" para el sindicato: "Es imprescindible ampliar la oferta pública construyendo más centros y bajar las ratios". Precisamente ese último punto no aparece en el borrador, por lo que Galvín se muestra tajante: "No puede haber un acuerdo educativo en Madrid que no proponga una bajada de las ratios".
"No nos han escuchado"
Medidas que faltan… y otras que sobran: "Todas las que forman parte del acuerdo de Gobierno entre PP y Ciudadanos", dice la representante sindical. Por ejemplo, las contempladas en el Eje 8 (Convivencia escolar), que aboga por impulsar el Observatorio para la Convivencia Escolar o luchar contra el acoso y la violencia de género: "Todo lo que han incluido ya lo están desarrollando. Pero es que, además, tiene omisiones muy grandes, pues no habla de la Ley de Igualdad ni de la Ley para la Inclusión LGTBI".
El Eje 6 (Tiempos, tareas y calendario escolar) también provoca desencuentros entre el Gobierno regional y los sindicatos. "Lo están aplicando, aunque ha pasado por el Consejo Escolar y no ha habido acuerdo", reprocha Galvín: "Esto demuestra que no nos han escuchado", añade.
Tampoco son nuevas, por ejemplo, dos actuaciones del Eje 2 (Formación, buenas prácticas y reconocimiento de la labor docente): "Ampliar el Plan de Formación del Profesorado y el catálogo de actuaciones de formación permanente aparece en el nuevo decreto de formación, que ya está publicado", relata a este periódico una indignada Galvín. También hay medidas que CCOO considera "papel mojado". Por ejemplo, la actuación 13: "¿Cómo voy a firmar en un acuerdo que colaboren las universidades si no están en el pacto?".
CCOO avisa: habrá movilizaciones
Hay más quejas sobre la "no-negociación": "No vale el blablablá, como el Eje 1 (Participación y diálogo de la comunidad educativa), donde recogen que se va a fomentar la creación de una Mesa, algo que está en la Constitución". Ante redacciones así, Galvín pide "unos niveles de concreción mayor". "¿Quién va a estar en contra de que la Mesa Sectorialfuncione?", pregunta, al tiempo que advierte "una contradicción flagrante" y plantea otra cuestión: "¿Quieren firmar un 'Acuerdo educativo' que habla de potenciar la Mesa Sectorial y el 21 de junio han ratificado un acuerdo que no quieren firmar?". "La mejor manera de lograr esa potenciación es firmar el 'Acuerdo sectorial'", zanja.
Estudiado minuciosamente el borrador entregado por el Ejecutivo autonómico, y ante una negociación que no ha hecho más que comenzar, CCOO rechaza "que se utilice a los profesores de la enseñanza pública como rehenes" y avisa: "Llevan dos años mareando la perdiz. Nos vamos a movilizar y no nos vamos a callar, pero, además, llegaremos hasta las últimas instancias si hace falta". "Si el Gobierno quiere tener un acuerdo educativo, tiene que hacer algún tipo de esfuerzo y escuchar a los agentes con los que quiere firmarlo", concluye Galvín, que recuerda que el último pacto de este tipo data de 2005.

Lo simbólico (Manuel Menor Currás)

Manuel Menor nos envía su último artículo:

Lo simbólico es muy importante en nuestras vidas: nos expresamos por símbolos

Empezando por la facultad de hablar, que no es lo mismo que dar voces: “Sólo el hombre entre los animales –decía Aristóteles- posee la palabra”.

Tras la declaración de Carmen Forcadell en el Supremo se ha puesto el foco en lo “simbólico”. Lo que le oyó el juez Pablo Llarena el pasado día diez acerca del valor de la declaración del Parlament y del Govern, mostrando que era consciente de su nulo valor jurídico efectivo, sirvió  para que las cautelas que le impuso fueran menores que las que en la Audiencia se habían ordenado para otros actores de este “procés”. Y, al tiempo, valió para imaginar una ligera distensión en el rumbo que había tomado todo lo relacionado con este engorro. Creer que fuera estrategia provisional o propósito firme en la vuelta a la legalidad constitucional, el futuro lo dirá. Entretanto, no debiera obviarse qué sea lo simbólico, algo cuya entidad está muy alejada de lo puramente etéreo y espiritual.

La violencia simbólica
La conocen muy bien las mujeres -mejor que la mayoría de los hombres- a causa de violencias que siguen sufriendo, incluso con la muerte, como documenta asiduamente la prensa. En estos casos, generalmente alguien del género masculino ha pretendido hacer prevalecer un dominio absoluto basado en unos supuestos derechos que le confirieran, sobre todo, supremacía. Casi siempre se trata de algún varón que cree sentirse obligado a ejercer de macho dominante ante situaciones de desacuerdo. Esta conducta suele estar asociada a pautas culturales de un entorno propicio a una jerarquización de roles opuestos al reconocimiento de derechos y libertades de los demás en igualdad. En la práctica, se traduce en desatención y desprecio a los otros, sobre todo si concurren diferencias de cualquier tipo como pretexto de clasificación, dominio y violencia. Incluso en los supuestos espacios del conocimiento universitarios puede acontecer, Y en los no menos relevantes de carácter religioso, por chocante que pueda parecer a Monseñor Munilla. Tales hábitos demostrativos, con su secuela de sometimiento y humillación del más débil, suelen entrar por los poros desde antes de nacer, en  climas de poco afecto familiar; a muchos profesores y maestros ya les es dado verlos crecidos cuando tienen delante casos de bullying y ciberbullying.

Los sociólogos críticos como Pierre Bourdieu la tuvieron muy en cuenta cuando analizaron con minuciosidad de qué vaya La dominación masculina o, más propiamente, la violencia simbólica. Entre dominadores y dominados, es decir, en las relaciones de poder asimétricas, hay siempre valores implícitos, soterrados y subyacentes, que han predispuesto las mentalidades y los afectos para que parezca “natural” lo que solo es un hábito de imposición arbitraria de la fuerza. Favorecen esta violencia simbólica las diferencias de tipo fisiológico, físico, cultural, del color de la piel, la religión o la ley y, no menos, la lengua de nacimiento, las costumbres más nimias y las tradiciones que cada cual quiera arrogarse como distintivas, aunque casi nunca lo sean, pero que pueden valer para alardear y tratar de sostener la distinción. En algunos de estos estudios, se aprecia bien cómo algunas culturas de lo simbólico puede ser tan dañinas y perversas como la pura violencia física. Están en su base generadora, son capaces de dominar las voluntades -sobre todo, desde la perspectiva de lo que está bien visto o mal visto por los demás del grupo- y van más allá de las puras leyes de la moralidad básica. Esta dependencia suele formar parte también de los mecanismos utilizados por distintos tipos de sectas para la adhesión de sus adeptos, y más próximamente, fundamenta no pocas leyes rectoras de la publicidad a fin de lograr nuestra fidelidad.

La única manera de sobreponerse a esta sibilina manera en que casi solo los científicos sensatos de la paleontología y antropología distinguen lo natural de lo cultural, es una buena y digna educación. Aristóteles ya reclamaba (Política, 8.1) su necesidad si se quería la unidad de la POLIS. Razonaba que el fin de toda ciudad es único y, por ello, “es evidente que necesariamente será única y la misma la educación de todos”; el “cuidado por ella ha de ser común y no privado -proseguía- pues el entrenamiento en los asuntos de la comunidad ha de ser comunitario. Ninguno de los ciudadanos se pertenece a sí mismo, sino todos a la ciudad”. A quien le parezca exagerado, entienda que la pugna por los Derechos Humanos y Sociales es hoy inexcusable en la continuidad de esa política humanizadora. Si no se quiere que la pasividad domine -que es lo que todo poder hegemónico anhela de continuo-, ese referente orientador de la educación y cultura es el único modo de alentar el crecimiento humano. La ignorancia desarma las posibilidades de resistencia y facilita el trabajo a la fuerza bruta. El propio Aristóteles sostenía que “cada régimen suele preservar su constitución política originaria”. Es propio del régimen oligárquico tratar de preservarse, y no todo es democracia porque lleve ese nombre. 

Pero en Educación también suele darse gato por liebre.  Por eso los más críticos alertaron acerca de cómo es a menudo muestra  de la violencia simbólica. Un topos socorrido en los estudios de los años setenta acerca del sistema educativo en EEUU o en Francia –que todavía hoy sirven de referencia-, fue el de la “reproducción” que, desde diferenciales oportunidades  para los estudios y la cultura, sitúa a los herederos de unos u otros grupos en posiciones bien diferenciadas. Los estudiosos de la equidad educativa, como José Saturnino, nos han hecho recordarlo reiteradas veces cuando, por ejemplo, hablan del capital cultural diferencial de partida y que a muchos les distanciará siempre. Los profesores que investigan lo que sucede en sus aulas conocen mejor que nadie esas distancias iniciales en algo tan básico y simbólico como el uso del lenguaje. El manejo  que muestran los alumnos de su riqueza de significados y complejidad de matices, puede marcar distancias de más del 50%. Con los ritmos burocráticos de la escolarización, si no se atiende a ese diferencial inicial, la mecánica aplicación homogénea del sistema hará que aumente y se haga insalvable.

¡Cuidado con lo simbólico!
Existe, pues, una leve variante de lo “simbólico”. Complementa lo anterior y se refiere más a lo metafórico, alusivo a otra realidad. En este aspecto, el sistema educativo expresaría –simbolizaría- el valor que le confiere una determinada sociedad. Por ello reclama atención cuidadosa si se quiere que las políticas educativas expresen el lado más positivo del ser humano, sus aspiraciones más dignificadoras en igualdad democrática. De no ser así, el retrato que refleja, lejos de ser indiferente, mostrará las violencias que impregnan el tejido social. ¡Cuidado con lo simbólico, porque su realismo expresivo es pródigo en contradicciones de nuestras políticas educativas! Si tan alta es la consideración verbal que suelen dedicarle las instancias oficiales a la educación, no se entienden, por ejemplo, gran parte de los mecanismos normativos existentes, encaminados a sostener inmóviles las asimetrías de base del alumnado. Serán legales, pero no es la mejor formulación que debiera tener el art. 27 de la Constitución a día de hoy.

Menos se entiende que a Montoro le haya parecido inaceptable la inversión del Ayuntamiento madrileño en el SAMUR o en escuelas infantiles. Lo que la Constitución establece respecto al derecho universal a la educación estaría mejor protegido si exigiera a Cifuentes o a sus compañeros de Gobierno los cumplimientos básicos que, más allá de la escolarización, conlleva una enseñanza digna en igualdad para todos. En línea con lo que preconizaba Aristóteles, la construcción de sociedades democráticas más justas y equitativas requiere establecer fuertes vínculos entre educación y ciudadanía que no olviden la existencia de connotaciones socioeconómicas y políticas, amén de herencias históricas  conformadoras de esos hábitos culturales profundamente limitadores cuando son portadores de aquella violencia simbólica de que se hablaba más arriba. En ese punto de confluencia de lo invisible simbólico con la visibilidad de actitudes reales que encuentran cobijo en el BOE y en otros Boletines oficiales, cobran especial relevancia  las múltiples razones que Jurjo Torres señalaba en 2006 para explicar la desmotivación del profesorado escolar y que, en buena medida, están también en la de muchos alumnos. Los lazos de las culturas escolares con la sociedad no son tan distintos de los que subyacen a los hábitos que de continuo se renuevan en el pluriforme juego de las relaciones humanas.

En consecuencia, aun suponiendo que la alusión de Forcadell valiera de poco, en la cuestión catalana lo simbólico está urgido de otros gestos políticos en que el realismo y las renuncias se encaucen al mejor fin. También es un buen pretexto para observar en qué medida las simbologías expresadas en la LOMCE como norma estrella, defienden bien la obligación del Estado de promover la universalización del derecho a la Educación sin desdoro de lo que signifique hoy que sea igualmente digna para todos. Como complemento -nada simbólico de ese análisis-, ahí está el modelo Cifuentes –continuidad del modelo Aguirre-Fígar- manteniendo en precario a la enseñanza pública mientras apunta 1000 millones para la privada y concertada en los presupuestos del año próximo. Y por si hubiera dudas acerca de que lo simbólico y lo real no se entrecruzan,  el nuevo giro que está tomando el supuesto pacto “político” –que no social- de la Subcomisión parlamentaria es un buen paradigma. Los urgidos por adivinar la buena ventura que de ahí vaya a salir,  pronto podrán advertir cómo algunas de las más significativas diferencias simbólicas y reales –vigentes en el sistema educativo de este país-  siguen vivas. ¡A dónde iríamos a parar, si no!

Manuel Menor Currás

Madrid, 13.11.2017

jueves, 16 de noviembre de 2017

"El mejor cole es el que está cerca de casa: apoyamos la construcción del IES La Garena", dice Lorena Ruiz-Huerta (PODEMOS)

Podemos contesta a través de OSOIGO.COM a la Plataforma por un IES en La Garena

Sabemos que es fundamental apostar por unas infraestructuras educativas de calidad para garantizar el derecho a la educación recogido en el artículo 27 de la Constitución. Para Podemos es central garantizar que todos los niños y niñas madrileñas tenga un instituto y colegio público cerca de casa . Por este motivo, apoyamos con firmeza la construcción del IES la Garena.
En el año 2016, sólo el 1% del presupuesto se dedicó a las infraestructuras educativas (construcción, ampliación, reformas y mejoras), 48 millones de los 4600 ejecutados. Seguiremos con una postura responsable, cuestionando al gobierno de la Comunidad de Madrid que, invertir únicamente el 1% del presupuesto de educación en infraestructuras, es clara y objetivamente insuficiente.
De igual manera, estaremos junto a las familias para que se construya en el menor tiempo posible, porque necesitamos una educación pública y de calidad, y porque "el mejor cole es el que está cerca de casa".  
Lorena Ruiz-Huerta [Podemos]

Lorena Ruiz-Huerta [Podemos]

El alumnado devuelve a Educación más de 150 millones por becas en cuatro cursos (EL DIARIO)

Reproducimos esta noticia publicada en ELDIARIO.ES

Estudiantes universitarios y no universitarios han reintegrado al Ministerio de Educación más de 150 millones de euros de las becas recibidas entre los cursos 2012-13 y 2015-16, después de serles revocadas estas ayudas por haberlas destinado a otra finalidad de la concedida.
Así se desprende de una respuesta por escrito del Gobierno al diputado socialista Miguel Ángel Heredia, en la que se detalla que estos reintegros de la convocatoria general "se reponen en el presupuesto de becas", ampliando el crédito de las mismas y permitiendo la concesión de un mayor número.
En su respuesta, se señala que entre 2012 y 2016, los universitarios devolvieron voluntariamente 46.692.044 euros y los no universitarios 42.241.439 euros; en el caso de los expedientes que resultaron con resolución de reintegro, los universitarios devolvieron 24.414.486 euros y los no universitarios 37.190.673 euros.

En total, la cifra reintegrada por los estudiantes en los cuatro cursos citados ascendería a 150.538.642 euros.
En otra respuesta del Gobierno a Heredia, se informa de que entre los cursos 2012-13 y 2015-16 el número de universitarios con expedientes abiertos para devolución de becas fue de 49.509 y 72.160 los no universitarios.
Además, había 29.509 universitarios que devolvieron voluntariamente las becas de la convocatoria general y 37.122 no universitarios.
Asimismo, el Gobierno responde otra pregunta de la portavoz de Educación del PSOE en el Congreso, Luz Martínez Seijo, destacando que en la actualidad se mantienen "exactamente igual que en años anteriores" los requisitos académicos de becas universitarias para quienes se matriculen por primera vez en estudios oficiales de grado: una nota de 5,5 para la beca de matrícula y un 6,5 para la beca completa.
"El actual modelo de distribución de becas ha tenido un total refrendo jurisdiccional", recuerda asimismo el Ejecutivo al portavoz educativo del grupo parlamentario Podemos, Javier Sánchez, en otra respuesta.
"El Gobierno, a través de la convocatoria de becas generales, garantiza la igualdad de oportunidades, facilitando que a quienes tienen el talento y la voluntad de estudiar más allá de las etapas obligatorias y gratuitas puedan hacerlo al margen de sus circunstancias socioeconómicas. A cambio impone una corresponsabilidad a quien recibe ese esfuerzo de la sociedad", se señala en dicha respuesta a Podemos.
Por último, el Gobierno señala al PSOE en otra respuesta parlamentaria que una vez que se tienen datos de cuatro cursos completos desde la implantación del actual modelo de becas en 2013-14, se puede realizar en colaboración con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, un análisis de los resultados económicos del modelo.
También permite valorar, según el Ejecutivo, "la pertinencia de realizar modificaciones o ajustes que, en su caso, sería necesario introducir en el sistema para futuras convocatorias".
Asimismo se informa de que se va a realizar un estudio de los resultados académicos.

Nadie hablará de nosotros mientras el conflicto de Cataluña lo eclipse todo (Agustín Moreno)

Agustín nos envía su último artículo publicado en www.cuartopoder.es

  • «El CIS de octubre ha colocado a Cataluña como la segunda preocupación de la ciudadanía, por delante incluso de la corrupción».

  • «La deuda externa de España ha llegado a un máximo histórico de 1,911 billones de euros entre pasivos públicos y privados, como publicó el Banco de España».

  • «La tasa de paro es insoportable; la precariedad no cesa de crecer, alcanza a uno de cada tres asalariados, y los salarios se devalúan a un nivel que preocupa al mismo Gobierno».


Hay quien dice que el conflicto de Cataluña se produce por la ausencia de política. Creo que es al contrario: hay una voluntad política de que el conflicto se eternice en el tiempo. Estamos hablando de una política basada en la confrontación, que no mide las heridas que produce y las consecuencias de enfrentar a los pueblos. Que es puro cálculo electoral para calentar a las hinchadas y obtener votos en Cataluña y en el resto del Estado. Que busca ensayar cómo aplicar la mayor intolerancia ante situaciones que se pudieran plantear en el futuro, por ejemplo, la propuesta republicana.

Pero, sobre todo, hay una política de utilización de Cataluña para que no se hable de aquello que al partido en el poder no le interesa. Es algo tan evidente, que hace unos días, la ex comisaria de Justicia de la UE se preguntaba cómo había podido Rajoy dejar pudrir de esta manera el asunto de Cataluña. En este sentido, hay que convenir que la estrategia del Gobierno del Partido Popular está siendo un éxito al desplazar deliberadamente el centro de gravedad de los temas más importantes. El CIS de octubre lo confirma: se ha colocado Cataluña como la segunda preocupación de la ciudadanía, por delante incluso de la corrupción.

Veamos los principales problemas que tiene este país, de los que apenas se habla y menos aún se buscan soluciones:
– La deuda externa de España ha llegado a un máximo histórico de 1,911 billones de euros entre pasivos públicos y privados, como publicó el Banco de España en junio de 2017. A pesar de todos los recortes, nunca se había registrado una cifra así en nuestra historia y es la principal hipoteca de la economía de este país. Hay que recordar que la mitad está en manos extranjeras, lo que nos hace más vulnerables ante las especulaciones financieras.
– La degradación del trabajo y de los salarios. La tasa de paro es insoportable; la precariedad no cesa de crecer y alcanza a uno de cada tres asalariados; los salarios se devalúan hasta un nivel que preocupa al propio Gobierno; se desmantela la negociación colectiva y se extiende la legión de trabajadores pobres que no pueden construir un futuro autónomo.
– El adelgazamiento del Estado de Bienestar. Las previsiones de recortes en servicios sociales fundamentales van a alcanzar cotas no conocidas. Según el compromiso del Gobierno Rajoy con la UE y su Plan Presupuestario, el gasto educativo pasará del 4,4% del comienzo de la década al 3,7% del PIB en 2020; el sanitario desde el 6,8% al 5,6% del PIB. Según Eurostat, la UE dedica de media un 7,2% en sanidad y un 4,9% en educación. El gasto en protección social también se recortará del 18% al 15.9%. En paralelo crecerá la desigualdad y la pobreza.
– El saqueo de las pensiones. En cinco años Rajoy se ha pulido las reservas de la Seguridad Social. Un día sí y otro también, los voceros del Gobierno y de los planes y fondos de pensiones privados, no hacen más que amenazar a los pensionistas con sus proclamas. Les quieren convencer que el sistema público actual es inviable y que solo cabe o reducir las pensiones a la mitad o subir las cotizaciones empresariales al doble.
– El tsunami de la corrupción en el Partido Popular. Está en marcha el juicio por la Gürtel y la fiscal ha afirmado que está totalmente acreditada la caja b del PP, que sirvió para financiar al partido y para beneficios de dirigentes. En el caso Lezo imputan al exministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Empiezan a cantar algunos de los procesados de la Púnica; la UCO señala a Cristina Cifuentes por cohecho y prevaricación en la financiación ilegal del PP; continua el escándalo del Palma Arena y Matas; reabren la investigación por blanqueo de dinero al exvicepresidente Rato; siguen los escándalos de Murcia, Valencia, etc. La prueba de cómo Cataluña lo tapa todo, es que los grandes medios callaron que Mariano Rajoy se benefició “indiciariamente” de la caja b del PP, según el responsable de la UDEF.
– Por otro lado producen hechos graves como la aprobación por el Senado del CETA, al mismo tiempo que el artículo 155; la pérdida de 40.000 millones por el rescate a la banca; el recorte de 20.000 millones de euros en el sistema nacional de ciencia; el asalto a las instituciones del Estado que practica el PP y la dependencia del poder judicial; las cloacas de Interior o el auge de la ultraderecha. Han pasado desapercibidos y no son motivo de debate y decisión al desplazarse el foco del interés informativo a la cuestión catalana.
El problema se produce más por no dejar decidir democráticamente a Cataluña que porque España se rompa. Esta ha sido la secuencia: se dinamita en 2010 con el recurso del PP al Tribunal Constitucional el proyecto de Estatut aprobado en las instituciones españolas y catalanas y en referéndum; se niega toda posibilidad de consulta acordada aunque lo pidan dos de cada tres personas en Cataluña y una mayoría del 57% en todo el Estado; se actúa el 1 de octubre de forma autoritaria con el recurso de la fuerza pública; se proclama la república independiente sin estar suficientemente madura y con el nivel de apoyo necesario; se aprueba y aplica el artículo 155 suprimiendo la autonomía de Cataluña y empiezan las detenciones y encarcelamientos.
... sigue leyendo el artículo completo en www.cuartopoder.es

miércoles, 15 de noviembre de 2017

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprueba el Proyecto de LEMES sin negociación ni acuerdo (CC.OO)

La FREM CC.OO. publica este comunicado con fecha 7 de noviembre


El Proyecto de Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior (LEMES) fue aprobado ayer, 7 de noviembre, por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid (CM). Nota de Prensa de CCOO ( 8/11/2017 ).
 
Desde el mes de septiembre CCOO puso en marcha un proceso participativo de análisis y reflexión sobre el borrador de Anteproyecto que nos fue presentado en septiembre.  Fruto de ese proceso, con el conjunto de la comunidad universitaria y con nuestra afiliación, se ha elaborado el documento de valoración y aportaciones de CCOO al borrador del Anteproyecto de la Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior. Nuestro documento de valoración ha sido presentado y registrado a la Comunidad de Madrid (CM) con fecha 7 de noviembre.
 
El proyecto, aunque presenta cambios en relación a la versión anterior, mantiene una regulación que desde luego consideramos inasumible pues:
- No existe un análisis ni un planteamiento de propuestas en relación al sistema universitario madrileño

- No se aporta un estudio de presupuestos y evolución de la financiación,

- No contiene un avance de memoria económica alguna,

- No se documenta el estado actual y evolución de las plantillas de PAS y PDI, así como tampoco el porcentaje de precariedad y de puestos no cubiertos en las mismas,

- No figura un mapa actual de titulaciones, evolución del número de estudiantes, empleabilidad, tasa de abandono, dotación de becas, evolución de los precios públicos, colaboración con centros de investigación, etc. 

- Se presenta con el objetivo de impulsar "la competitividad nacional e internacional de las universidades, en gran parte mediante la puesta en marcha de un nuevo sistema de financiación basado en criterios que promueven la excelencia", cuando la realidad es que responde a una concepción "parcial" de lo que debería ser la excelencia, concepto que hoy en día sirve para justificar casi cualquier cosa.

- Se facilita aún más el aumento de las Universidades privadas al flexibilizar los criterios para su creación y reconocimiento y rebajar los requisitos de calidad para estas. 

- Falta de definición de lo que se entiende por servicio público universitario. No se concreta cuáles serían los servicios mínimos de calidad regulada que debería ofertar cualquier institución que pretenda denominarse "universidad". 

- Se mantiene la pretensión de la CM de "dirigir y diseñar según su criterio" el mapa madrileño de titulaciones. 

- Se amenaza la autonomía universitaria, su organización y funcionamiento, con el consiguiente impacto para  los derechos y deberes de sus plantillas. 

- La asunción de las directrices del gobierno autonómico supondrá el "premio" de una financiación adicional. Para realizar este control se plantea potenciar a la Fundación Madrimasd como una superestructura de acreditación y certificación, a pesar de no ser una agencia pública. 

- Mayor control administrativo e institucional por parte de la CM derivado de la modificación de las competencias de los Consejos sociales y del incremento de las posibilidades de control al  Consejo Universitario de la CM, cuya composición se modifica.

- Se plantea un modelo de financiación condicionado a la corresponsabilidad de las universidades en la obtención de recursos para su financiación. 

- Se mantiene la remisión de ciertas materias a futuros desarrollos reglamentarios, lo que podría llegar a modificar de forma relevante la aplicación real de la futura Ley. Y en dicho proceso de "reelaboración" vía reglamento no se contempla la presencia activa de la comunidad universitaria. 

- Se renuncia a reflejar el conjunto de las figuras del PDI existentes en las Universidades Públicas, centrándose en la única figura que interesa a la Consejería: el Profesor Visitante Distinguido. 

- La preocupación de la CM en relación al PDI no es favorecer al colectivo y dar respuesta a sus necesidades, sino potenciar atraer a nuevos profesores e investigadores de prestigio, tanto de dentro como de fuera de España. Para ello, se flexibilizarán y agilizarán los mecanismos de selección. Frente a esta modelo parcial y limitado CCOO defiende que la CM debe impulsar un programa de estabilización y promoción del PDI que desarrolle una carrera académica y permita eliminar la precariedad en el PDI, antes que crear nuevas figuras o favorecer la promoción de determinados investigadores. El prestigio de una institución no se mide sólo por los "excelentes", sino por la calidad de conjunto de la actividad universitaria. 

- Se mantiene la escisión entre investigación y docencia, en detrimento de la segunda. 

- En relación al PAS, el nuevo documento refleja unos planteamientos claramente intervencionistas en cuestiones como la estructura de las plantillas, el acceso al empleo público, la carrera profesional, la especialización y las condiciones laborales y retributivas del PAS. 

Desde CCOO entendemos que este  Anteproyecto de LEMES necesita recoger nuestras demandas entre las que, como más significativas, señalamos:

- La ley debe ir acompañada de una financiación específica, independiente y cuantificable de compromisos generales de financiación del sistema público universitario. 

- Concretar cuáles serían los servicios mínimos de calidad regulada que debería ofertar cualquier institución que pretenda denominarse "universidad y con los mismos niveles de exigencia para la universidad pública que para la privada. 

- El diseño del mapa madrileño de titulaciones debe ser el resultado del consenso y no de la imposición de criterios previos por parte de la CM, en muchos casos de sesgo puramente económico o empresarial. 

- Resulta imprescindible una financiación suficiente y estable que garantice la prestación de un servicio público de enseñanza superior de calidad. 

- No se puede apostar por un modelo de financiación de un servicio público en el que la propia institución, en este caso las universidades públicas, se deba encargar de buscar recursos propios para cubrir la prestación debida. 

- COO defiende que la CM debe impulsar un programa de estabilización y promoción del PDI que desarrolle una carrera académica y permita eliminar la precariedad en el PDI, antes que crear nuevas figuras innecesarias que desregulen aún más al colectivo. Los complementos retributivos del PDI deberían ser consolidables y financiados por la CM. 
 
El Proyecto  de Ley será remitido en breve a la Asamblea de Madrid.
Una vez que la CM ha dejado pasar la oportunidad que le exigimos de establecer un proceso de diálogo y negociación con la comunidad universitaria, en el que se pudiesen detectar problemas y aportar soluciones, desde CCOO planteamos una propuesta de reforma completa del Proyecto de la Ley del EMES.

Toda la información a través del enlace a Comisiones Informa nº 40