Nos confirman que la comparecencia será el Miércoles 27 de junio a las 12:00.
Tod@s al ayuntamiento de MADRID a defender el instituto en Rejas ¡YA! y aprovechemos para denunciar la política de la Consejería de Educación en la Comunidad de MADRID en infraestructuras educativas.
Acude con tu AMPA, Plataforma, AV, etc. y aprovecha para visibilizar la problemática de tu zona.
Por favor acudir con pancartas y camisetas verdes. Llenemos los balcones con nuestras demandas para que de una vez por todas la Consejeria de Educación ponga remedios.
En el archivo adjunto encontrarás el comunicado con el que la Federación de MRP de Madrid quiere contestar el informe sobre el programa bilingüe presentado por el Consejero de Educación en al asamblea . Agradecemos máxima difusión.
Estudiar un grado universitario en Catalunya llega a costar casi tres veces más que en Galicia. En la primera comunidad autónoma el crédito supone 33,52 euros y en la segunda, 11,89 euros. Teniendo en cuenta que cada curso consta de 60 créditos, de media el alumno que cursa una especialidad en un campus catalán paga 2.011 euros frente a los 713 euros que abona el estudiante de una universidad gallega.
Madrid (24,6 euros por crédito) y Castilla y León (23,3 euros) son las regiones que siguen a los catalanes en la lista de los precios más elevados en el curso 2017/2018. Por su parte, Canarias (14 euros), Cantabria (13 euros) y Andalucía (12,6 euros) son las regiones que acompañan a Galicia entre los grados más económicos.
"La decisión de estudiar en una universidad o en otra no debería estar marcada por el coste económico de la matrícula, solo se deberían tener cuenta motivos académicos", apunta Carles López, presidente de la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE), sobre la influencia de estos precios en la selección del centro educativo.
Desde la Conferencia de Rectores de las Universidades Españoles (CRUE) consideran que "no hay justificación para que esa disparidad sea tan elevada". A nivel internacional, y analizando datos del curso 2016/2017, solo Irlanda, Reino Unido, Holanda e Italia tienen precios públicos más elevados que España, según el informe La Universidad Española en Cifras.
Uno de los autores de este análisis, José Antonio Pérez, explica que esta diferencia de precios "afecta a la igualdad de oportunidades". "Hay comunidades, como en Valencia o Castilla La Mancha, en las que el esfuerzo de las familias es de un 6% en su renta familiar. Por su parte en el País Vasco, que es una comunidad rica, el esfuerzo es inferior al 3%", responde Pérez.
Según los datos incorporados a una respuesta parlamentaria al diputado socialista Miguel Ángel Heredia, de media el crédito universitario en el curso 2017/2018 es más caro en la Comunidad Valenciana (18,96) que en Castilla-La Mancha (15,81) y que en el País Vasco (16,88). De acuerdo a estas cifras, el precio medio del crédito es de 18,02 euros. Por encima de la media nacional, además de Catalunya, Madrid, Castilla y León, Comunitat Valenciana se sitúan La Rioja (19,77), Navarra (19,66) y Aragón (18,74).
Real Decreto promovido por el PP
Tanto los gobiernos autonómicos como el Ejecutivo central tienen responsabilidad en estos precios. El Real Decreto 14/2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, promovido por el exministro José Ignacio Wert, permitió a las comunidades que subieran los precios de las tasas universitarias hasta el máximo del 25% del coste real de los estudios para compensar, en parte, la caída de la financiación pública de los centros.
"Cuando llegó la crisis los gobiernos regionales sustituyeron subvención por precio, como querían recortar en universidades subieron los precios públicos, ha sido el caso de Catalunya, Madrid y la Comunitat Valenciana", subraya Pérez.
Este portavoz de la CRUE coincide con el presidente de CANAE al concluir que "gran parte de la responsabilidad [de determinar los precios] es de las comunidades autónomas". Aún así, le recuerdan al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez que todavía tiene la capacidad de limitar la horquilla el curso que viene llevando una propuesta a la Conferencia General de Política Universitaria, formada por universidades y comunidades autónomas. eldiario.es ha preguntado sobre este tema al recién creado Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, pero desde su departamento de prensa aseguran que todavía no han tenido tiempo para valorar este asunto.
Así subió el precio de los créditos universitarios desde 2011
Evolución del precio de los créditos en primera matrícula por comunidad autónoma en estudios de 1º y 2º Ciclo en el curso 2011-12 y en Grado en 2017-18
CCOO contra la supresión de un ciclo de Artes Gráficas en el IES La Paloma
La supresión de un ciclo de Artes Gráficas en el IES la Paloma es una muestra elocuente de la insuficiente oferta pública de FP en la Comunidad de Madrid para el próximo curso 2018-19.
Desde la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid denunciamos la actuación unilateral de la Dirección General de FP cuando ha decidido cerrar, antes de abrirse el periodo de admisión, un ciclo de “Impresión Gráfica” de grado medio en el IES La Paloma.
Este es un ciclo que ha venido contando todos los cursos con alumnado para cubrir matrícula (31 alumnos y alumnas a inicio de curso 2017-2018), que cuenta con alta valoración por parte de las empresas en que el alumnado hace las prácticas y que tiene previsión de matriculación para completar el grupo.
De forma añadida, por los propios datos que se han presentado en el Consejo Regional de FP con un estudio realizado por el Servicio Regional de Empleo, los titulados de la Familia Profesional de Artes Gráficas tienen una buena tasa de inserción laboral con algo más del 50 por ciento y lo hacen con contrataciones que tienen una calidad de entre las mejores, con cerca de un 38 por ciento de titulados empleados con contrato indefinido o mayor a doce meses (todo ello tras pasar un año de finalización de sus estudios).
Hay que tener en cuenta que la demanda de escolarización y las ratios de las unidades son muy similares en todos los centros que ofertan este ciclo. También en los centros concertados según la información que ha podido recabar CCOO.
Por otra parte, desde la dirección del centro se nos ha informado de que la Consejería argumenta que al ampliar la oferta de nuevos ciclos en el centro con la incorporación de tres nuevos profesores, es preciso recortar tres cupos de los existentes. Este argumento no se sustenta porque se firmó, el 9 de enero de este mismo año, un Acuerdo Sectorial que recoge la incorporación de 2.800 cupos en el periodo de vigencia del Acuerdo.
Entonces, ¿qué puede justificar el cierre de este grupo? Los datos de este ciclo son incontestables y muestran que se trata de una decisión política que lo que busca es derivar alumnado a la enseñanza concertada que ofrece este ciclo. Esta decisión, además, incumple los acuerdos tomados por el Consejo General de la FP.
CCOO exige que se mantenga el ciclo de FP mencionado en IES La Paloma y anuncia una próxima reunión con los empresarios del sector para presentar una propuesta justificada al presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido.
De los límites y
ambiciones del nuevo Gobierno –entre lo posible y lo deseable- habló Isabel
Celáa en una entrevista a Eldiario.es.
Pueden estar ahí no pocas
de las pautas que, con realismo, pretende su proyecto educativo, la otra
competencia de la portavoz gubernamental. Ante todo, qué hacer con la LOMCE. Desmontarla
“por partes”, dando prioridad a los aspectos que, desde 2013, han acentuado la
desigualdad, parece un buen objetivo siempre que “a medio y largo plazo”
–cuestión aleatoria en este momento- culmine en una más justa estructura
educativa que resulte difícil de remover a la primera de cambio. El pasado ha
sido pródigo en enconadas alternancias
estériles.
Lo demás es aclaratorio de lo principal. Y es que la LOMCE
sintetizó gran parte de las aspiraciones de los sectores más reacios a que el
sistema educativo se modernizara en profundidad y fuera capaz de adoptar las
mejores prácticas en beneficio igualitario de todos los españoles. La libertad
y la universalidad del derecho a la educación que reconoce el artículo 27 de la
CE han tenido en esta ley su interpretación más parcial. Deseable, por tanto, es
que se revise a fondo ese articulado, de modo que se compatibilicen ambos
derechos y se blinde su ejercicio sin demérito para la enseñanza pública; y posible
es ir dando pasos significativos en esa dirección “sin prisa pero sin pausa”,
con fórmulas concretas que frenen el deterioro sufrido. Lo intolerable es que
la educación siga siendo el primer escalón para privilegiar modélicamente a
grupos que aumenten, con dinero público, la brecha social a medida que crece
como negocio y forma demostrativa de la diferencia. Solo será excelente si
cumple como sistema de cohesión social y unidad moral de convivencia.
En las palabras de la ministra se trasluce, además, una relevante atención
a la Formación profesional. Su experiencia en el País Vasco podrá serle de gran
utilidad para que esa vía educativa alcance, al fin, en el imaginario colectivo
reconocimiento suficiente. Más allá del ampliado nombre de su Ministerio, será
crucial una mejor redefinición de la segunda etapa de ESO de modo que no
resulte tan tempranamente discriminatoria como está siendo. Desde la reforma
primera en la LOGSE –y desde las precedentes en los años sesenta y setenta de
Lora Tamayo y Villar Palasí-, la definición polivalente de ese final de la
Secundaria Obligatoria se ha convertido en clave para la calidad del sistema educativo.
En todo este tiempo, el discurso –social y político- acerca de la educación,
siempre ha estado viciado por razones más o menos relacionadas con esa etapa. Recuérdense
aquellos estigmas de “bajada del nivel” o de “egebeización del sistema” que tanto
sirvieron de excusa para frenar los intentos democratizadores. Pero como exponente
de fallos y progresos, ahí siguen los tercosdatos del muy azacaneado “fracaso
y abandono escolar” existente, el gran reto a superar sin puertas falsas
más allá de los compromisos con EUROPA-2020.
¿Qué eje vertebrador?
Sin desmerecer de tan principales asuntos, en las respuestas de
Celáa aparecen conexos otros de gran valor. Veremos si una vez más, y hasta
dónde, son instrumentados para vender lo posible como sustituto de lo
necesario, esa historia cansina que, desde 1812, en la Constitución de Cádiz, no
cesa. En ella entran la Religión o las religiones y la ideologización –cuestión
bastante más amplia que la que pretende ceñirse a su presencia en el currículum-;el papel de la privada y de los colegios
concertados en el sistema, que tanto alienta una de las libertades menos
libres: la de la elección de centro; y, con un alcance mayor del que cabe
intuir en la entrevista, la formación del profesorado, ese intangible tan
manoseado como desatendido, y la participación democrática en la gestión
modernizadora de las aulas, uno de los mejores signos del valor que se les
asigna.
Si en medio de tanto avatar impredecible como el de la política
actual –“de urgencia”-, la ministra y su equipo pueden mantenerse
consecuentescon que “la enseñanza
pública es el eje vertebrador del sistema” y no la criada de servicio, ya será
positivo. Será digno y justo, equitativo
y saludable.
Encierro indefinido. Los delegados sindicales de CCOO de Madrid permanecen desde este mediodía en la Escuela de Marginación de Entrevías. Son más de 30 y prometen no salir hasta que el consejero de Educación, Rafael Van Grieken, se reúna con ellos con un compromiso firme de aumentar el cupo de profesores, como estaba comprometido en el acuerdo sectorial firmado hace ahora un año.
Según CCOO, "solo se ha cumplido lo que no implica un aumento del presupuesto". "No estamos dispuestos a que empiece este curso que viene y sigamos igual", apunta Silvia Casado, presidenta de la Junta de Personal de Madrid Capital de CCOO. Con ella están los cuatro presidentes de las Direcciones de Área Territorial, de las que dependen el funcionamiento de todos los colegios e institutos públicos de la región.
"La Comunidad tiene una situación económica aceptable y se puede cumplir el acuerdo. El problema es que el modelo de escuela del PP no es este. Con este acuerdo íbamos a empezar a recuperar algo de lo que se empezó a destruir con la consejera Lucía Figar (de la etapa de Esperanza Aguirre), pero ni eso", añade.
Algunos de los miembros de CCOO encerrados en la Escuela de Entrevías. / CCOO
El acuerdo sectorial incluye un incremento del cupo de 1.200 docentes para recuperar los apoyos y refuerzos, la atención a la diversidad y las 18 horas en Secundaria. A esto hay que sumar un plan de empleo para los próximos años que siga aumentando el cupo hasta un total de 2800 en tres años. Este documento se firmó en junio de 2017 pero su ratificación se demoró hasta enero para, a juicio de CCOO, "no tener que aplicarlo a este curso". Todo ello bajo el liderazgo aún de la expresidenta Cristina Cifuentes.
Ahora las protestas se dirigen a su sucesor en el cargo, Ángel Garrido. "Solo con el aumento de plantilla bajaremos el número de alumnos por clase", argumentan desde CCOO, que denuncian también el cierre de aulas en algunos colegios, especialmente de zonas desfavorecidas. Como lo ocurrido con el aula de tres años del CEIP República de Uruguay. "Hemos conocido casos de institutos con listas de espera de más de una decena de alumnos a los que no quieren abrirse más clases", apunta Casado.
CCOO ha convocado una rueda de prensa este viernes a las 11 frente a la Escuela de Marginación.
La documentación que la jueza Carmen Rodríguez-Medel solicitó a la Rey Juan Carlos sobre el máster de Pablo Casado sitúa al aspirante a presidir el Partido Popular en una delicada situación judicial. La Universidad ha remitido un informe a la magistrada, al que ha tenido acceso elidario.es, en el que asegura que no hay rastro del supuesto tribunal ni del acta de convalidaciones de 18 asignaturas al político del PP.
Tras el análisis de la documentación remitida desde la Universidad, la jueza Rodríguez-Medel se dirigió el pasado viernes al Congreso de los Diputados para que le confirme por escrito la situación de aforado de Pablo Casado. Dicha condición impide que la titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid pueda imputar al político aun teniendo indicios contra él. La magistrada deberá por tanto elevar exposición razonada al Supremo y que sea el Alto Tribunal el que se haga cargo de la investigación en lo referente a Casado.
Esos indicios que valora la jueza aparecen nítidos en la documentación de la Universidad Rey Juan Carlos. Al requerimiento de la magistrada de que le informe sobre “personas que conformaban la comisión de adaptaciones y convalidaciones de la Universidad Rey Juan Carlos el día 3 de febrero de 2009 y, si existiere, acta de dicha reunión”, el centro responde: “No hay constancia documental de la composición de dicho Tribunal”.
Pablo Casado obtuvo el máster de Derecho Autonómico que impartía el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid en el curso 2008-2009. Se trata de la misma Universidad y el mismo centro que sirvieron a Cristina Cifuentes para conseguir su máster con notas falsificadas, aunque la especialización del curso de la expresidenta era en derecho comunitario. La Universidad le convalidó 18 de las 22 asignaturas del máster por su licenciatura en Derecho en una universidad privada.
El propio Casado reconoció, en un encuentro con eldiario.es, que él se limitó a entregar su título a la universidad y que fue el centro el que se encargó de todo, en contra de las instrucciones del propio centro educativo, que establece todo un proceso tasado de solicitud de las convalidaciones por el propio alumno. La Universidad lo confirma ahora por escrito en documentación que ya ha sido incorporada a esta pieza separada del caso Cifuentes. A la pregunta de la jueza por la “solicitud del sr. Casado pidiendo la convalidación de asignaturas”, la Universidad contesta: “No consta en este Vicerrectorado ninguna solicitud por parte del interesado”.
El Real Decreto de 56/2005 regula las titulaciones oficiales de postgrado a nivel estatal. A partir de este Real Decreto, la Universidad Rey Juan Carlos se dotó de unas instrucciones que incluyen en su punto primero que sea una Comisión de Estudios de Postgrado (CEP), creada por acuerdo del Consejo de Gobierno, quien examine las convalidaciones a través una subcomisión compuesta por el responsable del máster, que actuará como secretario, y que figuren como vocales “representantes de las áreas de conocimiento que imparten la docencia en el Máster”.
La norma reclama igualmente que sea el alumno quien solicite esa convalidación para cada asignatura que pretenda no cursar. También tiene que aportar en virtud de qué titulación de origen pueden conmutarse esas asignaturas, así como el programa de estudios y el contenido de las materias para que la universidad compruebe que pueden darse por superadas. La normativa indica que se respetará la calificación de origen y que para realizar la nota media también se tomará la calificación numérica de la asignatura de origen. El propio Casado recurrió al Real Decreto y a la normativa vigente en el año de su máster a eldiario.es durante la citada reunión con sus periodistas. Nada de lo que recoge el Real Decreto se cumplió en su caso.
Documentación de la Rey Juan Carlos remitida al juzgado
El Vicerrectorado aprovecha la pregunta sobre la consolidación de las asignaturas para aportar a la jueza otro dato clave. “En la aplicación informática de la universidad aparece como fecha de solicitud el 3/02/09, fecha en la que se graban en la aplicación los reconocimientos de las asignaturas”. O lo que es lo mismo, las convalidaciones de las asignaturas no pasaron ningún trámite ni análisis. Alguien solicitó las mismas el 3 de febrero de 2009 y ese mismo día quedaron superadas esas 18 asignaturas para el entonces secretario general de Nuevas Generaciones, diputado en la Asamblea de Madrid y protegido de Esperanza Aguirre y José María Aznar.
Las 18 convalidaciones a Casado por el Instituto de Derecho Público de la Rey Juan Carlos pretenden justificarse con el título de Derecho que el vicesecretario de Comunicación del PP obtuvo en el Cardenal Cisneros, objeto en este momento de una investigación interna de la Universidad Complutense, a la que está adscrita dicho centro. Casado procedía de una doble licenciatura en Derecho y ADE que comenzó a cursar en ICADE. El político obtuvo el título de Derecho aprobando el 70% de las asignaturas en dos años mientras ejercía de asesor en la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid. El Cardenal Cisneros le convalidó siete asignaturas. Casado obtuvo así el título de Derecho en dos años, en los que aprobó las asignaturas más duras.
Con todos los indicios sobre las irregularidades del máster, la jueza Rodríguez-Medel redactará previsiblemente una exposición razonada que elevará al Tribunal Supremo. Una sala de admisión decidirá si son suficientes para abrir una investigación al político, previo informe de la Fiscalía del Alto Tribunal. En caso de que acepte que hay indicios para abrir una causa, el Supremo nombrará a un magistrado instructor que tomará declaración a Casado en calidad de investigado.
Pablo Casado anunció el pasado lunes que aspira a liderar el Partido Popular tras la renuncia de Mariano Rajoy. A las pocas horas de su anunció trascendió que la jueza aprecia indicios contra él en la pieza separada que investiga su máster y que había preguntado al Congreso por su condición de aforado. La providencia que recoge esto último había sido dictada por la magistrada Rodríguez-Medel el viernes anterior.
En la misma, la magistrada acuerda citar en calidad de investigados a tres personas. Entre ellas, el vicerrector de la época, Fernando Suárez, quien después se convirtió en rector y abandonó por el escándalo de los plagios. Suárez está imputado porque su firma aparece en las supuestas convalidaciones, según fuentes jurídicas. El segundo imputado es el director del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde, uno de los hombres del PP en la Universidad Rey Juan Carlos e investigado en el caso Cifuentes. Casado reconoce que fue la persona con la que se entrevistó para cursar su máster.
La jueza también ha descubierto la posible implicación de la profesora Alicia López de los Mozos, presunta colaboradora en el engaño del máster de Cifuentes e imputada junto a su mentor. López de los Mozos ha pasado a estar imputada igualmente en la pieza separada del máster de Casado.
