viernes, 31 de julio de 2020

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Conclusiones de la Asamblea del 29-6-2020 "Plan de Acción para una vuelta segura a las aulas”

¡Vuelve la Marea Verde! Movilización por una #Vuelta segura, de tod@s y para tod@s (Nota de prensa 1-07-2020)



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miércoles, 15 de julio de 2020

Nota de prensa de la Plataforma Instituto La Garena Ya



Precariedad en el campus: 32 de las 48 universidades públicas presenciales tienen más profesores temporales de los que permite la ley (Daniel Sánchez Caballero para ELDIARIO.ES)

ELDIARIO.ES publica esta noticia

Un estudio del Observatorio del Sistema Universitario catalán explica que la crisis disparó la contratación de profesores asociados, llevando a las plantillas universitarias a tener un 47% de temporales cuando la ley fija el tope en el 40%

Precariedad en las universidades españolas. La crisis que empezó en 2008 –o más concretamente las decisiones políticas que se tomaron– menguó las plantillas de profesorado universitario hasta llevarlas directamente a la ilegalidad. El estudio Profesorado asociado: ¿experiencia profesional o precarización?, del Observatorio del Sistema Universitario catalán (OSU), calcula que en el conjunto de los campus hay un 47% de profesorado con un contrato temporal, cuando la LOMLOU estableció en 2015 que el personal docente e investigador (PDI) con una vinculación no permanente no puede superar el 40%.


En concreto, 32 de las 48 universidades públicas españolas (el 66%) superaban en el curso 2018-2019 este límite legal. Desde el OSU explican que para llegar a esta situación ha influido mucho, entre otras razones, "el elevado número de efectivos de profesorado asociado y su crecimiento reciente". La figura del profesor asociado se incluyó en la ley pensando en un experto en alguna materia concreta, con un trabajo propio que, con carácter puntual, ofreciera su conocimiento en la universidad. Por eso contempla pocas horas de docencia (tres de clase más tres de tutorías semanales o seis y seis) y poco sueldo (300 o 600 euros al mes, respectivamente): no estaba concebida para ser el modo de subsistencia de nadie.

Sin embargo, con la recesión el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero prohibió de facto a las universidades realizar concursos para contratar profesores titulares limitando la tasa de reposición del personal. Mariano Rajoy completó la maniobra recortando la financiación de los campus hasta un 25%. Pero las universidades tenían que seguir dando clases, necesitaban reponer sus bajas y cubrir necesidades. Y encontraron en esta figura, la del asociado, la válvula de escape (algunas con más entusiasmo que otras). Catalunya es el ejemplo paradigmático de esta situación: fue la comunidad autónoma que más recortó la financiación de las universidades (un 34%) y ahora es la que más profesores asociados tiene (la hora de docencia del profesorado asociado es sensiblemente más barata que la de cualquier otra figura).

Se creó de esta manera todo un cuerpo de profesionales precarios, dando clase a cinco euros la hora como único sustento. Hoy en día hay 25.081 profesores asociados (no todos son falsos asociados, como se conoce a estos docentes), uno de cada cuatro docentes en los campus.

"Se está utilizando la figura para fines para los que no estaba pensada. Se están usando para cubrir necesidades docentes ordinarias, imparten asignaturas troncales. La expansión del profesorado asociado supone una precarización del profesorado español", ha valorado Alfonso Herranz, uno de los autores del informe junto a Vera Sacristán y con la colaboración de Albert Corominas y Albert Sánchez-Gelabert, todos ellos miembros del OSU.

El actual ministro de Universidades, Manuel Castells, es consciente del problema. El primer día que compareció en el Congreso afirmó que "la precariedad en la universidad española es un escándalo" y prometió que eliminaría la figura del asociado. Para ello pretende realizar un estatuto del PDI, texto que está en su fase incipiente y será presentado en septiembre.
Diferencias entre regiones, universidades y áreas de conocimiento

La situación no ha sido siempre así, explican desde el OSU. De hecho, en el curso 2009-2010, fecha de inicio del estudio, el porcentaje era ligeramente inferior al actual. Había entonces poco más de un 23% de asociados. Pero cuando llegó la crisis, como buenos precarios fueron los primeros en caer. "Los efectos de la crisis se hicieron notar con mucha mayor dureza sobre este colectivo, debido a la mayor facilidad para rescindir sus contratos", reza el informe. Cayeron hasta el 20,9% en el curso 2012-13.

Y con las mismas volvieron. A partir de ese año, su número empezó a repuntar de manera estable, hasta alcanzar el actual 25,2% de las plantillas. "La recuperación de la contratación de profesorado en las universidades públicas españolas entre 2014-15 y 2018-19 ha tenido lugar, en buena medida, a través de la contratación de profesorado asociado, mientras el resto del profesorado se mantenía prácticamente estancado", afirman los autores del estudio. Dicho de otra manera: el proceso "sería indicativo de un proceso gradual de sustitución de profesorado permanente a tiempo completo por profesorado asociado, con contrato temporal a tiempo parcial".

Todo esto ha sucedido en paralelo a la implantación en las universidades españolas del conocido como Plan Bolonia, la creación de un espacio europeo de educación superior que desembarcó en el Gobierno firmó en 2007 y que desembarcó en los campus en el curso 2008-09 entre protestas de los estudiantes por la mercantilización de la Universidad que le achacaban a Bolonia.

El OSU especifica que la situación difiere mucho entre comunidades, entre campus y entre áreas de conocimiento incluso. Con carácter general, aunque hay excepciones, las autonomías que más temporalidad tienen y por tanto más asociados contratan son las más ricas. Así, Catalunya (con un 44,2% de asociados en sus plantillas), Navarra (41,4%) e Illes Baleares (35,6%) lideran la clasificación de comunidades con más profesores de este tipo contratado. No están solas, otras nueve comunidades (Aragón, Cantabria, las dos Castillas, la Comunidad Valenciana, La Rioja, Murcia y Euskadi) también incumplían el límite de profesorado temporal.

En el otro extremo, Extremadura, Andalucía y Galicia destacan por el bajo coste de esta figura. Solo estas tres, junto a Canarias y Asturias, cumplen y tienen menos de cuatro temporales por cada diez empleados docentes. Mención especial merece el País Vasco, que pese a incumplir la normativa respecto a los temporales, no lo hace por haber contratado muchos asociados: apenas cuenta con un 8,5% de ellos.

Por centros, el comportamiento ha sido bastante desigual. Mientras algunas universidades han incrementado notablemente sus asociados, otras los han disminuido también en gran proporción. Así, en el curso 2018-2019 las que más asociados tenían eran la Rovira i Virgili (58,7% de asociados, casi seis de cada diez), la Pompeu Fabra (49,5%), la Jaume I de Castellón (47,5%), la de Lleida (43,9%) y la Universidad de Barcelona (43,9%).

Enfrente, la Universidad de Jaén (5,5%), la UNED (8,4%), la Universidad del País Vasco/EHU (7,3%), la de Cádiz (8,8%) y la de Almería (9,3%) son las que menos asociados tienen, y además cuatro de ellas, excepto la del País Vasco, redujeron su número durante la casi década que duró la crisis. Entre las cinco que más asociados tienen en sus plantillas, solo la Pompeu siguió este mismo camino: el resto incrementaron sus temporales en porcentajes de dos dígitos.

Por último, explican desde el OSU, la presencia de asociados se da mayoritariamente en las ciencias sociales y jurídicas, donde suponen un 32% del total de profesores. En otras áreas, como Ciencias o Ciencias de la Salud, está en el 9% y el 20%, respectivamente. La situación, explica Herranz, es tal que en algunos departamentos de algunas universidades –que no ha citado, pero ha hablado de las facultades de Educación– alcanza hasta el 80% del profesorado. "Es difícil justificar que el 80% de las necesidades de fuerza docente de un departamento se tenga que cubrir con este profesorado tan especial", sostiene.
Las consecuencias

Desde el OSU explican además que la situación ha derivado hasta tal punto que actualmente la figura del asociado se ha convertido en una puerta de acceso a la Universidad, desvirtuando completamente su espíritu. "La estructura por edades del profesorado asociado, mucho más joven que la del resto, indicaría que esta figura no se está utilizando para contratar especialistas de reconocida competencia para que aporten sus conocimientos y experiencias profesionales, sino que se ha convertido en muchos casos en una etapa temprana y precaria de la carrera académica ordinaria".

Además, recurrir a estos profesores ha tenido consecuencias también para la Universidad, no solo para ellos individualmente en forma de precariedad. Herranz explica, basándose en estudios internacionales previos, que los asociados no investigan –no tienen horas dedicadas para ello, como sí tienen los permanentes–, de manera que "se reduce la capacidad investigadora de las universidades y, con ella, su capacidad de transferencia de conocimiento al conjunto de la sociedad". También "se debilita el vínculo del PID con la institución, lo que puede empeorar la gobernanza universitaria" y "se pone en peligro la libertad académica del profesorado al aumentar su vulnerabilidad laboral" y se "empeora el aprendizaje del estudiantado".

Comunicado principio de curso 2020-2021 de la Plataforma Regional por la Escuela Pública




Puedes descargarlo aquí

La Comunidad de Madrid lleva años cediendo suelo público a colegios concertados saltándose la ley (Daniel Sánchez Caballero para ELDIARIO.ES)

ELDIARIO.ES publica esta información

Diferentes gobiernos del PP en la región cedieron al menos 45 propiedades a unas 40 instituciones educativas vinculadas a conciertos. Algunas antes de que existieran los centros, una práctica que la ley prohibía

La Comunidad de Madrid se ha pasado años cediendo suelo público para la construcción de colegios concertados mediante procedimientos al margen de la ley. Un listado de las cesiones de suelo público realizadas por el Gobierno regional y hoy en día activas, solicitado por un ciudadano al Consejo de Transparencia, desvela que la Comunidad ha aportado terrenos para la construcción de centros privados que después se concertarían, una práctica que entonces estaba prohibida por la legislación y que la LOMCE legalizó después. En la actualidad, el Gobierno regional tiene 249 propiedades diversas cedidas a instituciones o particulares privados actualmente.

Así, desde que la Comunidad de Madrid se hizo con las competencias educativas en 1999 y hasta 2013, año en que la llamada ley Wert adoptó la normativa a las prácticas que venía realizando la Comunidad, el Ejecutivo regional cedió al menos 45 edificios, terrenos o complejos a instituciones privadas para construir o ampliar colegios o escuelas concertadas. En concreto, 39 entradas incluyen el epígrafe "escuela concertada". No todas las concesiones fueron a parar a proyectos no empezados (hubo cesiones para ampliar instalaciones de colegios ya existentes), pero este diario ha localizado varios centros en los que la fecha de concesión del terreno es anterior o coincide con la fecha de constitución de la sociedad que explota el colegio, según se observa cruzando las fechas de concesión que aparecen en el propio documento facilitado por la Comunidad de Madrid y los registros de creación de las compañías o incluso la información que ofrecen los mismos colegios sobre su fundación.

Además de ser una de las grandes apuestas de los Gobiernos de la Comunidad de Madrid desde que Esperanza Aguirre accediera al poder, la escuela concertada era una de las formas que eligió Francisco Granados para hacer negocios precisamente en esas fechas. El que fuera mano derecha de Aguirre entre 2003 y 2011 cobraba, según han desvelado investigaciones judiciales, mordidas de entre 900.000 euros y 1,2 millones a cambio de ceder suelo público para realizar colegios concertados en varios municipios de la región. En ese periodo se levantaron 90 colegios concertados en Madrid.

Ceder suelo para conciertos a colegios que no existían no estaba permitido hasta 2013. Antes de la reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOE) que realizó José Ignacio Wert, para solicitar un concierto educativo había que tener previamente un colegio que ya estuviese funcionado. Lo específicaba la ley en su artículo 116 punto 1: "Los centros privados que ofrezcan enseñanzas declaradas gratuitas (...) podrán acogerse al régimen de conciertos en los términos legalmente establecidos".

Los juristas Juan José Guardia y Luis Manent escribían en 2015: "Al no admitir la legislación básica [preLOMCE] el otorgamiento directo de conciertos (...), las CCAA carecían de margen para concertar automáticamente las solicitudes de los concesionarios de suelo público. A estos efectos era irrelevante que en la licitación se hubieran valorado los aspectos educativos del proyecto (...)".

Wert legalizó esas prácticas (Madrid se ha considerado siempre el laboratorio educativo del PP y, correlación o causalidad, pero la reforma de la ley que hizo el ministro vino a legalizar una práctica muy madrileña que no se acomodaba a la normativa) y a partir de 2014 se incluyó un octavo punto en el artículo 116 de la LOMCE, que regula esta cuestión, que decía: "Las administraciones educativas podrán convocar concursos públicos para la construcción y gestión de centros concertados sobre suelo público dotacional". Un análisis jurídico posterior explicaba: "La cesión combinada de suelo público y acceso a un concierto no ha nacido de una previsión legal, sino que su génesis hay que encontrarla en una práctica administrativa en algunas CCAA, destacadamente la madrileña". Una manera de legalizar lo que se había hecho al margen de las normas durante años.

El ministerio de Educación actual, que dirige Isabel Celaá tiene previsto retirar este punto en la reforma de la LOMCE que se tramita en el Congreso actualmente para volver a dejar la ley como estaba con la redacción original de la LOE, de manera que no se puedan conceder conciertos a centros que no existen.

Este diario ha preguntado a la Comunidad de Madrid, que al cierre de este artículo no había contestado.
Ceder suelo a empresas que aún no existen

Pero en 2004 la LOMCE no existía, lo que no impidió que la Comunidad cediera un complejo a Trinity College San Sebastián de los Reyes el 2 de abril, la fecha exacta en que se fundó la compañía. O que el 10 de noviembre de 2010 pusiese a disposición un edificio para el colegio concertado Humanitas Bilingual School de Torrejón, que se inauguraría oficialmente tres años después, en 2013. El colegio Antavilla, en Villanueva del Pardillo, recibió una concesión el 7 de junio de 2010 y se inauguró ese mismo año. La sociedad Antamira Patrimonio SL recibió la concesión de un edificio para el colegio concertado Antamira, en Paracuellos del Jarama, el 2 de enero de 2009: exactamente cuatro meses y seis días antes de existir, según el Registro Mercantil de Madrid. El colegio fue adquirido en 2018 por el Grupo Educare, que tiene otros seis centros y que en 2016, último año del que aparecen sus cuentas, ganó un millón de euros. Son algunos ejemplos.

Todas estas concesiones se han realizado a 75 años, el máximo que prevé la ley a priori. A priori, porque hay excepciones. El colegio concertado Virgen de la Soledad, propiedad de Soluciones Educativas Integrales Virgen de la Soledad, en Arganda del Rey, recibió un edificio público el 5 de marzo de 2009 del que podrá disfrutar hasta ese mismo día del año 2108, un total de 99 años. Es un caso extremo, pero igual de real que los demás.

Estas prácticas exprimen los límites de la legalidad. La Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP) establece en su artículo 93.3 que el "plazo máximo de duración [de las concesiones], incluidas las prórrogas, no podrá exceder de 75 años". En principio es la norma que rige. Sin embargo, el Real Decreto 1372/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de Entidades Locales, cuando habla de los "bienes de dominio público", especifica en el artículo 79 que "el plazo de duración máximo de las concesiones será de noventa y nueve años, a no ser que por la normativa especial se señale otro menor". En este caso, sin embargo, es un RD, que normativamente está por debajo de una Ley y no puede modificar los máximos que esta impone.

domingo, 12 de julio de 2020

Problemas de la COVID-19 (Manuel Menor)

La COVID-19, un problema de todos

Mientras rebrotan focos de infección, no debieran colársenos pautas sociales igualmente contaminantes de una convivencia digna.

El año de la peste prosigue, el verano le proporciona nuevas ocasiones para que su diario de actividad sea intenso. En este momento, según El País, va por los 103 rebrotes en sitios insospechados, en muchísimos casos con predominancia de encuentros familiares, y con reacciones muy dispares en quienes lo contemplan. Es un año pródigo en  modelos emergentes. 

Un asunto de los otros

Está el que entiende que las normas profilácticas no van con él, son cosa de los otros. “Yo –decía alguien- no estoy porque me hagan las pruebas de Coronavirus para la detección de anticuerpos, frente al Covid-19; no sea que me tengan que confinar”. Es una postura extremadamente individualista para la convivencia con otras personas, pero no parece aislada, dada la amplitud de casos que emergen día a día. Pendiente exclusivamente de sí misma, solo admite como norma el provecho propio; el de los demás le parece sinsentido.

La cuestión es saber hasta dónde se puede avanzar en soledad, sin interrelaciones con los otros ni con cuanto nos rodea. Esta especie de Robinsones son depredadores y todo les es poco con tal de salir adelante a toda costa. En eso consiste la matriz del emprendimiento, en superar las limitaciones de los otros sin inquietarse en lo que pase: las reglas del egoísmo social son bien conocidas desde Aristóteles, que trató de empeñarse en que la fuerza del individuo estaba en la POLIS, la asociación dialogada con los demás. Hay formas más atenuadas, con diversos grados de hipocresía, para tratar de captar energías de cuantos le rodean a uno sin que se entren mucho o procurando que parezca que es amor lo que les tienen. Entre las plantas, hay muchas formaciones parasitarias, que colonizan a otras y viven a su cuenta: el capitalismo ha encontrado muchas maneras también de desenvolver ese instinto básico.

Mis asuntos

De las formas en que la “nueva normalidad” está mutando, es muy frecuente la que trata de repercutir muchos de los daños que está mostrando haber producid o esta peste en los trabajadores. Al haber pasado a primer plano la rentabilidad del trabajo, y siendo este un bien escaso, quienes tienen oportunidad de darlo a los demás, tratan de sisarles a estos del valor de lo que producen. Hay muchas formas en desarrollo en este momento; dos de ellas son bien claras. La del teletrabajo, sus costes  y tiempos, es de las más socorridas porque, según muchos, esta forma de trabajo on-line ha venido para quedarse y, antes de que se sitúe con más fuerza, mejor establecer su estrechez de normas a conveniencia. Cuál sea el valor de la hora de trabajo, cuáles sean los patrones para el reparto de costes entre los agentes de la producción de un determinado bien, es objeto en este momento de un fuerte debate; y no es baladí que unos digan que mejor en convenio y otros lo dejen al trato individual de cada trabajador con su contratador. Muchos, en plan más duro, ni norma alguna quieren y que se imponga el más fuerte; es decir, lo de siempre y que el pez grande se coma al chico.

Quienes habían pensado que con esto del confinamiento obligatorio durante tanto tiempo, se reblandecerían las maneras egoístas y se impondría la conversión a un mundo más fraterno –o como quiera que quisiera llamarle cada profeta de los de hace tres meses- puede dar gracias al cielo por tanta iluminación como ha tenido: los caminos inmediatos de la historia humana parecen haberse desviado de sus profecías bienpensantes.

Otro sector, más amplio todavía, de fervorosos emprendedores de sí mismos ha encontrado un fértil campo de provecho en las condiciones laborales y temporales de los ERTEs. Horarios y entradas o salidas en este espacio de subsidio para que los puestos de trabajo puedan sostenerse con algo más de elasticidad económica, son  ocasiones magníficas para observar cómo una parte de los empresarios es de solidaria con el reparto justo del erario público. Veremos que, sobre todo entre gente joven, habrá muchos que casi preferirán trabajar sin cobrar, para ver de mantener algún agarradero a un puesto de trabajo casi volátil. Y, por otro lado, algunas de estas medidas no dejan de ser un remedo de mala publicidad, cuando lo que se dice apoyar es casi imposible de ser logrado por la difícil coyuntura en que se pone al prestatario para que presente tal cantidad de papeleo que se le va el beneficio en el intento de conseguir la ayuda prometida.

Vocación
Como el baremo de la dignidad laboral  siempre suele estar en manos ajenas: algún superior, un jefe, un colegio gremial o alguna instancia gubernamental, la “vocación” vuelve a ser un inestable baremo de poder y control. El término hace mucho que pasó a la sociedad civil desde una antepasada preeminencia privilegiada de los eclesiásticos. Desde los años ochenta sabemos, sin embargo, que las profesiones de más prestigio, como  médicos e ingenieros y abogados –ligadas casi siempre a mayores ingresos- son las que tienen más candidatos a ejercerlas por “decisión vocacional”. La distancia de ingresos entre un arquitecto y un maestro era veinte veces superior en aquellos; solo un 7% de maestros quería que sus hijos estudiaran lo mismo que ellos, mientras que entre los arquitectos la proporción subía al 59%. Bien significativo era igualmente que, en 1975, los maestros que habían sido reclutados fuera de Cataluña ascendiera al 40%. 

Según analizaban Martín-Moreno y Amando de Miguel en 1982, en cuestiones de “vocación” quedaba clara, ante todo, una profunda relación entre herencia cultural y prestigio profesional; que el éxito en la profesión no era tanto fruto de la capacidad técnica objetiva de cada cual sino de su entorno familiar, con el añadido de que el emparentamiento con el poder fáctico viene determinado no tanto por el mérito sino por este otro tipo de factores. Al ritmo que va la “nueva normalidad”, el uso del término “vocación” se va a extender bastante más allá de las profesiones que otrora se consideraban especialmente dignas; cuantos estén dispuestos a hacer de siervos de los demás por casi nada es que tienen especial “vocación”; como decía el viejo cuento de La Camisa del hombre feliz, si los que tienen camisa lo pasan mal, los descamisados no deberían sino estar contentos si tienen algo de trabajo, en lo que sea y como sea.

Oigo a algún candidato de las elecciones de este domingo en Euskadi y Galicia repetir que estamos controlando la situación, que vamos bien y que le daremos pronto la vuelta a los efectos de esta pandemia; la memoria me trae a Dickens (Tiempos difíciles, 1854) y Disraeli (Sybil, 1845), con la sensación de que lo que escribieron prosigue y que, cuando contaban lo que estaban viendo sobre la extrema pobreza o la perplejidad que les producía ver en una misma ciudad dos ciudades que se daban la espalda, podrían estar hablando del presente.

TEMAS: COVID-19.- Rebrotes.- Reprofesionalización.- Vocación profesional.- ERTEs

Manuel Menor Currás

Madrid, 12.07.2020

Resolución por la que se dictan las instrucciones sobre medidas organizativas y de prevención para centros educativos en el curso 2020-21 en la Comunidad de Madrid

Puedes consultar íntegra la
RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LAS VICECONSEJERÍAS DE POLÍTICA EDUCATIVA Y DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES SOBRE MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE A COVID-19 PARA CENTROS EDUCATIVOS EN EL CURSO 2020-2021




Aspectos generales para la organización del curso 2020-2021.

La Consejería de Educación y Juventud, mediante las presentes instrucciones, planifica el curso 2020-2021 a partir de los siguientes criterios generales:

1. Se parte del principio general de mantener la actividad lectiva presencial en todas las enseñanzas, niveles y etapas educativas durante el curso 2020-2021, siempre que la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19 lo permita.

2. Se adoptarán medidas para que los centros, en caso de disponer de ellos, puedan ofrecer en condiciones de seguridad sanitaria los servicios complementarios de transporte y comedor escolar. Igualmente, se procederá, en el caso de otros servicios que los centros vienen ofertando, tales como acogida temprana y actividades extraescolares.

3. Se prevén, en función de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19, cuatro posibles escenarios, a partir de los cuales la Consejería de Educación y Juventud ha elaborado los planes de contingencia que corresponden a cada uno de ellos, necesarios para que los centros docentes puedan hacer frente a las eventualidades que se produzcan en el curso 2020-2021. Estos cuatro escenarios son:

a. Escenario I. Escenario extraordinario de higiene. Salvo evolución negativa de la crisis sanitaria, es el escenario que se establece para el inicio del curso escolar 2020-2021, como consecuencia del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

b. Escenario II. Escenario de presencialidad parcial. Este escenario se plantea para el caso de un empeoramiento de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19, sin que se llegue a decretar el confinamiento y la suspensión de toda actividad educativa presencial.

c. Escenario III. Escenario de confinamiento y suspensión de la actividad educativa presencial, debido a un empeoramiento grave de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19.

d. Escenario IV. Escenario sin problemas de COVID-19. Este escenario se plantea para la vuelta a la normalidad por la desaparición de los riesgos de COVID-19.

La Consejería de Educación y Juventud determinará el escenario que corresponde en cada momento del curso 2020-2021 de común acuerdo con las indicaciones de la autoridad sanitaria. Los planes de contingencia de aplicación en cada uno de ellos se recogen en el anexo I de estas instrucciones.

Los centros han de tener preparada con antelación la organización derivada de cada escenario, de modo que se permita su inmediata aplicación en caso de entrar en un determinado escenario. Esta planificación de la organización para cada escenario se incluirá en la Programación General Anual.

La manifestación "Vallekas por lo Público" del 9 de julio, en imágenes




"La ratio" (Pedro Polo)

Reproducimos este escrito:

La Marea Verde de Madrid ya ha convocado movilizaciones para el comienzo del curso 2020- 2021.

Concretamente han convocado una manifestación para el sábado 5 de septiembre, entre otras razones porque se considera "imprescindible para una vuelta segura a las aulas, además de las correspondientes medidas de seguridad e higiene en los centros educativos públicos, el descenso de las ratios, el aumento de cupos, la disminución de los períodos lectivos, la estabilidad y el aumento de las plantillas de los centros con la contratación de docentes y de otros profesionales en unas condiciones dignas".

El asunto de la bajada de la ratio es una reivindicación que venimos reclamando desde hace más de 20 años desde las Plataformas por la Escuela Pública, en las que tomé parte activa durante años.
Incluso llegué a tener una llamada de atención por parte del equipo directivo del colegio donde actualmente sigo ejerciendo, por expresar en un escrito, dirigido a las familias, mi rechazo por la masificación de las aulas.

Y, también recuerdo que, tras la amonestación y participación en la subsiguiente huelga, el equipo directivo me “recompensó” con una ampliación de ratio. Inicié el curso con 28 alumnas y alumnos en un aula de 3 años. Lo justificaron con que al pedir ampliación de ratio evitábamos que pudieran
matricularnos más alumnado a lo largo del curso. Supongo que si este escrito llega a manos (o a la vista u oídos) del actual equipo directivo, volveré a ser amonestado. Y les haré el mismo caso que les
hice entonces. O sea, reafirmarme en mis convicciones.

Al margen de las razones sanitarias, de la incidencia de la pandemia y el peligro de contagio, que, evidentemente, es mayor cuanta más masificada están las aulas, la reivindicación de la bajada de la ratio tiene principalmente razones puramente pedagógicas.

En un aula de 25 (o más) alumnado, se está vulnerando sistemáticamente el Derecho Fundamental a la Educación. Un derecho que algunos consideran que es exclusivo de las familias y otros consideran que es obligación del Estado, pero que, ante todo, es un Derecho de la Infancia.

Porque, con aulas masificadas, es imposible atender adecuadamente a la diversidad del alumnado.
Porque, con aulas masificadas, es imposible programar atendiendo adecuadamente a las inteligencias múltiples para que todo el alumnado tenga las mismas oportunidades de acceso al conocimiento.
Porque, con aulas masificadas, es imposible conformar una educación inclusiva, que atienda adecuadamente al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
Porque, con aulas masificadas, es imposible realizar una observación individualizada a todo el alumnado, para que el seguimiento sea global, continuo y formativo.
Porque, con aulas masificadas, es muy difícil detectar a tiempo posibles dificultades de aprendizaje, para tomar las medidas adecuadas para subsanarlas.
Porque, con aulas masificadas, se imposibilita que el profesorado pueda investigar y desarrollar mejoras metodológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Porque, en definitiva, con aulas masificadas, es imposible prevenir y evitar el fracaso y el abandono escolar.

Y sí, por añadidura, en el actual contexto sanitario:
En las aulas masificadas es imposible mantener distancias de seguridad.
En las aulas masificadas es imposible mantener una adecuada higiene preventiva.
En las aulas masificadas es imposible generar una efectiva concienciación sanitaria.
En las aulas masificadas es imposible evitar contagios masivos.

Por eso, considero que la cuestión de la bajada de ratio, no debería dejarse al libre albedrío de los gobiernos autonómicos, sino que debería ser un requisito prescriptivo en una nueva Ley de Educación estatal, más paidocéntrica, más solidaria, más inclusiva, más preventiva, más segura.

Pedro Polo, maestro de Educación Infantil.

Enlace a la noticia de la convocatoria de manifestación:

https://www.madridiario.es/marea-verde-convoca-manifestacion-para-el-5-de-
septiembre

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