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Las decisiones adoptadas por Lucía Figar vuelven a estar en el punto de mira. CCOO ha denunciado lo que considera un nuevo intento de la consejera de Educación madrileña de “intimidar a los docentes”, ya que ha decidido recurrir a las nuevas tecnologías para controlar si los profesores faltan al trabajo o se retrasan. Concretamente, se ha decidido instalar sistemas de videovigilancia en los centros públicos y se obligará a los maestros a 'fichar' usando su huella dactilar.
El sindicato ha denunciado en una nota los nuevos sistemas de “control” que se van a poner en marcha gracias a la Orden 2112/2014, publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) a finales de septiembre y que ya está en vigor. En este documento se concreta la creación de ficheros de alumnos de carácter personal en los centros educativos, así como la instalación de cámaras de videovigilancia tanto en la Dirección de Área Territorial de Madrid-Capital como en los colegios e institutos públicos. Además, se especifica un nuevo método de control horario de los docentes: tendrán que usar su huella dactilar para registrar cuándo llegan y se van del centro.
Para CCOO esta medida es un “nuevo atentado contra los derechos del profesorado”, por lo que ha decidido recurrir la Orden y denunciar el caso ante la Agencia de Protección de Datos, ante la Secretaría General Técnica y ante las diferentes Direcciones de Área Territorial de Madrid.
Estas medidas, dice la organización sindical, “no están justificadas” y “suponen un grave atentado a la intimidad” de los profesores. Explica CCOO que, por ejemplo, el control de asistencia de los docentes “no cumple los criterios de idoneidad y necesidad” ya que “durante el periodo lectivo el alumnado advierte de forma evidente la ausencia del profesorado”. Además, recuerda que ya existen “los partes correspondientes para controlar la asistencia en todo el horario”.
Asimismo, remarca que esta medida tampoco cumple “el criterio de proporcionalidad, ya que existen otras medidas menos intrusivas como la firma en la entrada y salida del horario laboral, procedimiento que ya existe en la actualidad”, y por tanto no es necesario un control mediante huella dactilar.
Es por ello que el sindicato considera esta iniciativa de Figar como “un intento más de intimidar al profesorado”, ya que no sólo se pide el acceso con huella dactilar, sino que se posibilita que se grabe imágenes y conversaciones “a través de mecanismos de vigilancia”.
CCOO considera estas medidas “vejatorias y desproporcionadas” y afirma que son una muestra más de la “falta de confianza y respeto” de la Administración educativa de Madrid hacía sus trabajadores. El sindicato señala que esta situación está “completamente injustificada” ya que el de los docentes es un colectivo que “realiza su labor con diligencia y vocación diariamente”.
El sindicato ha denunciado en una nota los nuevos sistemas de “control” que se van a poner en marcha gracias a la Orden 2112/2014, publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) a finales de septiembre y que ya está en vigor. En este documento se concreta la creación de ficheros de alumnos de carácter personal en los centros educativos, así como la instalación de cámaras de videovigilancia tanto en la Dirección de Área Territorial de Madrid-Capital como en los colegios e institutos públicos. Además, se especifica un nuevo método de control horario de los docentes: tendrán que usar su huella dactilar para registrar cuándo llegan y se van del centro.
Para CCOO esta medida es un “nuevo atentado contra los derechos del profesorado”, por lo que ha decidido recurrir la Orden y denunciar el caso ante la Agencia de Protección de Datos, ante la Secretaría General Técnica y ante las diferentes Direcciones de Área Territorial de Madrid.
Estas medidas, dice la organización sindical, “no están justificadas” y “suponen un grave atentado a la intimidad” de los profesores. Explica CCOO que, por ejemplo, el control de asistencia de los docentes “no cumple los criterios de idoneidad y necesidad” ya que “durante el periodo lectivo el alumnado advierte de forma evidente la ausencia del profesorado”. Además, recuerda que ya existen “los partes correspondientes para controlar la asistencia en todo el horario”.
Asimismo, remarca que esta medida tampoco cumple “el criterio de proporcionalidad, ya que existen otras medidas menos intrusivas como la firma en la entrada y salida del horario laboral, procedimiento que ya existe en la actualidad”, y por tanto no es necesario un control mediante huella dactilar.
Es por ello que el sindicato considera esta iniciativa de Figar como “un intento más de intimidar al profesorado”, ya que no sólo se pide el acceso con huella dactilar, sino que se posibilita que se grabe imágenes y conversaciones “a través de mecanismos de vigilancia”.
CCOO considera estas medidas “vejatorias y desproporcionadas” y afirma que son una muestra más de la “falta de confianza y respeto” de la Administración educativa de Madrid hacía sus trabajadores. El sindicato señala que esta situación está “completamente injustificada” ya que el de los docentes es un colectivo que “realiza su labor con diligencia y vocación diariamente”.
ESTRELLA DIGITAL.ES: El Gran Hermano de Lucía Figar en los centros educativos públicos
Cámaras de video vigilancia, grabación de conversaciones y control de asistencia por huella dactilar son las nuevas medidas que la Consejería de Educación ha implantado en 25 centros educativos de la región. Así consta en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, donde se publicó el pasado 22 de septiembre la Orden 2112/2014. Comisiones Obreras considera que la orden impulsada por el departamento que dirige Lucía Figar significa un “atentado contra los derechos del profesorado” y por eso ha decidido denunciar la situación ante la Agencia de protección de Datos, a la Secretaría General Técnica y a las Direcciones de Área Territorial de Madrid y así lo ha hecho constar en un comunicado.
El sindicato explica que tanto la instalación de cámaras de seguridad como el control horario a través de huella dactilar suponen un “grave atentado a la intimidad” y alega que no están justificadas según la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal. Respecto al nuevo sistema de inspección de asistencia creen que no cumple con los criterios de idoneidad y necesidad puesto que durante el periodo lectivo, el propio alumnado advierte “de forma evidente” la ausencia del profesorado, además de que ya existen los partes correspondientes para controlar la asistencia en todo el horario. De hecho, argumenta que son posibles otras medidas menos intrusivas como por ejemplo la firma a la entrada y salida del horario laboral, que es el que existe en la actualidad. La organización también cree que está nueva medida pretende “crear un alarma” en relación con el trabajo de los docentes.
Sobre la instalación de cámaras, CC.OO denuncia que se trata de “un intentó más de intimidar al profesorado posibilitando que se grabe no solo imagen sino también conversaciones” a través de mecanismos de vigilancia. “La video vigilancia es una cosa y llenar los centros de cámaras y controlar lo que dicen los docentes, otra muy diferente”, señala. Además, asegura que varios de los profesores que han denunciado esta situación han sido expedientados. “Algunos tienen expedientes abiertos por denunciar recortes y otro tipo de cosas, nunca llegan a nada, pero son medidas para intimidar a los facultativos”, añade. En definitiva, el sindicato afirma que la orden es “vejatoria”, “desproporcionada” y que muestra a su vez la falta de confianza y respeto de Figar hacia sus trabajadores. “Es una situación completamente injustificada hacia un personal docente que realiza su labor con diligencia y vocación diariamente”, remata. Por otro lado se acogen a la justicia para demostrar que se incumplen los artículos 6.1 y 11.1 y 2 e la Ley.Además, el sindicato denuncia que la medida supone un coste “que no está justificado” y que el gasto “debería dedicarse a las necesidades graves del sistema educativo que se han generado con los drásticos recortes de los últimos cursos”.
Además, critica el “coste económico” que supondrá poner en marcha estas medidas, dinero que a juicio del sindicato debería dedicarse a las “necesidades graves del sistema educativo que se han generado con los drásticos recortes de los últimos cursos”.