El TSJ de Madrid decidirá si la Universidad Carlos III se ahorró puestos de trabajo encargando sus labores a 570 becarios

Artículo de Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es

• La universidad defiende en el juicio el carácter formativo de sus becas mientras la Inspección de Trabajo y los estudiantes sostienen que su labor era imprescindible para el centro, que restringió servicios y contrató personal tras echar a los becarios

16/06/2020

¿Qué se considera un trabajador para una empresa o administración? Cuando un becario de universidad aprende las competencias propias de su puesto, la beca, formativamente, ¿sigue teniendo sentido? ¿Es cuadrar una caja y cerrar una oficina labor de un becario? ¿Son estructurales unos empleados si, al dejar de estar, el servicio que atendían se ve forzado a restringir sus horarios?

Estas cuestiones y otras similares tienen que resolver las magistradas de la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que este miércoles han asistido a la primera y única sesión del juicio de la Inspección de Trabajo contra la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) por el supuesto uso fraudulento de becarios como empleados estructurales.

Por la sala han pasado a declarar exbecarios, funcionarios de la universidad y de la inspección, según han relatado fuentes presentes en el juicio, cerrado al público general por motivos sanitarios. Estudiantes como Adrián han relatado a las juezas cómo en sus oficinas había más becarios que trabajadores, cómo él mismo formó a su sucesor o que su oficina tuvo que contratar a una empleada laboral y restringir su horario de atención al público cuando él se marchó.

Sus defensas han tratado de probar que existe la relación laboral; los letrados de la UC3M apuntaban el carácter formativo de las becas. Un funcionario de la universidad ha dado la razón a los estudiantes; el director de una biblioteca, a la Carlos III. La inspectora que levantó el acta a la universidad se ha ratificado en la relación laboral entre los estudiantes y la UC3M.

Javier Galán, abogado de CNT-AIT en representación de algunos exbecarios, explica que la línea de argumentación de los estudiantes para probar la relación laboral es que han estado realizando "un trabajo completamente necesario e imprescindible para la universidad. El 99% de los becarios, según la inspectora, estaba en lo que se denominan 'servicios' de la Carlos III. No existía formación".

La defensa de la Carlos III, contratada al bufete especializado en falsos autónomos Sagardoy por 80.000 euros pese a que el centro tiene servicio jurídico propio, ha basado su argumentación en que el plan Bolonia, que rige en los campus, introduce una nueva forma de dar clase e impartir conocimientos, según ha contado el letrado Galán (este diario ha contactado con el bufete, que no ha contestado la petición). Ya no se trata de que los alumnos tengan conocimientos, sino las famosas competencias. Y aquí, según este razonamiento, entran estas becas, que ofrecen formación en competencias transversales como trabajar en equipo, relacionarse con otros, etc. destinadas a la "empleabilidad".

570 becarios en cuatro años

La Inspección de Trabajo denunció a la Universidad Carlos III de Madrid, diseminada por varios municipios al sur de la capital, por el uso fraudulento de hasta 570 becarios en cuatro años. El organismo de control laboral, que visitó los campus en el último trimestres de 2019, cree que el centro utilizó estas becas para cubrir puestos de trabajo estructurales que deberían estar atendidos por empleados.

Estas becas son las llamadas extracurriculares, sin relación con los estudios que cursa un alumno y se suelen desarrollar en centros de las universidades, como bibliotecas, las aulas de informática o los servicios de atención a estudiantes o profesores, por ejemplo. Existen (o existían, al menos) en casi todos los campus. Se calcula que hay unos 7.000 estudiantes cursándolas en España. La denuncia de la Inspección de Trabajo se enmarca en una campaña del organismo público contra el uso fraudulento de becarios en las universidades españolas como espacio especialmente sensible a estas prácticas. Se esperan más sentencias en los próximos meses.

De momento, la Inspección pide 1,5 millones de euros a la Carlos III en concepto de costes salariales con carácter retroactivo. La UC3M clausuró su programa de becas extracurriculares tras las visitas de las inspectoras y despidió a los becarios mientras se aclara la cuestión, aunque defiende que actuó bajo la legalidad vigente.

Los estudiantes reaccionaron demandando a la universidad a través de CCOO y CNT por despido injustificado y exigiendo las diferencias salariales entre lo que ellos cobraban y lo que ganan los funcionarios que están en los puestos con los que Trabajo les asimila a ellos. También solicitan la indemnización por despido. RUGE, la organización juvenil de UGT, calcula que la Carlos III se ha ahorrado 8.000 euros al año por cada puesto de trabajo que ocupaba un estudiante.

Los estudiantes tienen dos precedentes bastante recientes y contradictorios a los que mirar. El juicio contra la UC3M no es el primero que sufre una universidad por utilizar becarios como empleados. En el lado negativo (para los estudiantes y Trabajo), la UAM, también en Madrid, tuvo el suyo propio el año pasado y lo ganó. En el positivo, otro exbecario de la UC3M denunció por su cuenta a la universidad cuando le despidieron y ganó, juicio recurrido que está a la espera de la resolución de esta causa general.

Cinco becarios, un trabajador

A las puertas del juzgado, Laura, Jorge y Adrián esperaban para entrar a declarar en el juicio como testigos. Finalmente solo lo ha hecho Adrián porque la defensa de la universidad ha considerado que eran testigos con intereses porque eran becarios en el momento de la inspección.

"Yo trabajaba en el Centro de Orientación". Jorge explica lo que la jueza no oirá. "Llevábamos la gestión del gimnasio, hacíamos el tour de bienvenida a los nuevos alumnos... Éramos cinco becarios y un funcionario. Cuando nos echaron, tuvieron que meter a otra persona y redujeron los horarios de atención".

El caso de Adrián, que sí ha tenido la oportunidad de declarar en la sesión, es similar. Él es el estudiante que ya le ha ganado un juicio a la UC3M. Pasó cinco años también en el Centro de Orientación hasta que cumplió las horas máximas que permite la universidad, 1.800 en total. "Esa es la cantidad de horas anuales de un trabajador a tiempo completo, parece excesivo si de lo que se trata es de formar", opina el abogado Galán.

Adrián ha explicado que como en su puesto solo había un funcionario, los estudiantes tenían llaves de la oficina y cerraban por la tarde, además de hacer caja o cerrar la oficina. Tampoco recibió formación alguna. "En mi caso, las dos primeras veces me dijeron cuál era mi puesto y qué vendíamos. En las siguientes ya no me contaron nada y en las últimas era yo el que hacía esa formación a otros becarios", ha contado. En su caso concreto, cuando le echaron contrataron a una laboral para sustituirle.

Oídas las partes y presentadas las pruebas, las partes tienen ahora diez días para entregar sus conclusiones (esta parte debería haberse hecho in situ, pero la universidad presentó el lunes a última hora algunas pruebas que las defensas no han podido estudiar a tiempo). A partir de ahí, las juezas decidirán. En el precedente de macrojuicio de la UAM, la jueza apenas tardó una semana en despachar el caso.

La Carlos III de Madrid ofrece créditos a sus estudiantes a cambio de labores por las que antes pagaban a becarios (Daniel Sánchez Caballero y Nando Ochando en eldiario.es)

Artículo de Daniel Sánchez Caballero y Nando Ochando publicado en eldiario.es

• El cierre del sistema de becas tras recibir un acta de la Inspección de Trabajo por utilizar a becarios como trabajadores empieza a afectar al campus

• CCOO demanda a la Universidad Carlos III por el despido colectivo de sus becarios tras destaparse su situación irregular

02/02/2020

Serían trabajadores, como asegura la Inspección de Trabajo, o no, según defiende la Universidad Carlos III, pero la UC3M está notando el cierre del programa de becas extracurriculares (las que no están relacionadas con los estudios). Reducción de horarios de atención a la comunidad universitaria, ralentización de los servicios e incluso la supresión de alguna prestación menor son algunas de las consecuencias que ya están sufriendo los campus.

A principios de año y tras varias visitas a los diferentes campus del centro, la Inspección de Trabajo dictaminó que la UC3M lleva al menos cuatro años utilizando las becas extracurriculares que da a estudiantes para hacer labores estructurales que, según la inspección, debería realizar personal laboral. El organismo impuso un pago de 1,5 millones de euros a la universidad y cambió motu proprio el grupo de cotización a la Seguridad Social de los (supuestos) becarios y becarias. La demanda afecta a casi 600 estudiantes, cerca de 300 estaban en activo en el momento de las visitas de la inspección.

La universidad se afana en buscar soluciones a esta ausencia sobrevenida de 270 personas en labores sobre todo administrativas (los becarios ejercían junto a los funcionarios en servicios de atención a estudiantes, profesores, bibliotecas, el servicio informático, etc.). La última ocurrencia de la universidad ha sorprendido a empleados y estudiantes. Esta semana, el departamento de Centro de Orientación de Estudiantes de la UC3M –el mismo que gestionaba las (¿falsas?) becas– ha enviado un email a todos los estudiantes en el que busca voluntarios y voluntarias para hacer la labor que hasta ahora hacían cobrando por horas los becarios en eventos como la Feria de Educación Aula o a las jornadas de puertas abiertas de la universidad.

¿Trabajar por tres créditos?
A cambio de esta labor, la universidad ofrece tres créditos optativos. Los créditos ECTS son el estándar con el que se mide el trabajo en la Universidad. Cada uno equivale a entre 25 y 30 de trabajo. Una asignatura estándar otorga seis créditos y un grado de cuatro años tiene 240 créditos. Por si los tres créditos parecen insuficientes, la universidad añade que "esta experiencia puede mejorar tus habilidades transversales".

"Es una oferta rara", comentan fuentes sindicales del centro, dado que los créditos optativos deberían provenir de una asignatura, no de pasar un día enseñando las virtudes de estudiar en la UC3M a estudiantes de Secundaria. Este diario ha preguntado a la universidad por esta oferta y por cómo está afectando la ausencia de estudiantes en las tareas administrativas, pero no ha obtenido respuesta.

"A los que estáis pensando en ser voluntarios, os recomiendo que no vayáis a Aula", escribía en Twitter Ricardo Ruiz, exbecario de la universidad y con experiencia en ese evento. "Hay momentos en los que no das abasto de la cantidad de gente que hay. Solo merece la pena ir si se cobra, porque es un trabajo", asegura.

La reacción de la universidad ante el varapalo de la Inspección fue cerrar el programa de becas extracurriculares con carácter inmediato. Se acabaron los becarios. Y para no ser trabajadores su ausencia se está notando por todo el campus, según explican empleados del centro y los propios estudiantes.

Ha sido ahora, al dar comienzo el segundo cuatrimestre académico hace apenas una semana, cuando los servicios que antes disponían de becarios se han visto afectados. Las plazas ocupadas anteriormente por estudiantes no han sido sustituidas desde inicio de año por empleados regulares después de la resolución de Inspección de Trabajo.

En la mayoría de los casos es el Personal de Administración y Servicios (PAS) quien está asumiendo las labores de las que antes se hacían cargo los estudiantes acogidos a las becas extracurriculares en cuestión. A pesar del mayor volumen de trabajo "se intenta no dejar de dar servicio", comenta una de las funcionarias consultadas, "para no perjudicar al usuario".

Gran cantidad de departamentos en la UC3M han estado echando mano de este tipo de becas durante los últimos años y ahora han tenido que redistribuir tareas entre los miembros del equipo contratado. Es el caso de la biblioteca, donde se originó este conflicto laboral con una estudiante. Las funcionarias han asumido las tareas de las que se ocupaban los becarios y han tenido que suprimir algunos servicios de apoyo a la investigación. El escaneo de documentos y la edición de material audiovisual de la biblioteca se ha convertido en "autoservicio" y ahora los investigadores tienen dos opciones: o lo hacen ellos o esperan a que alguien tenga un rato. "No dicen que ya no lo hagan, pero tampoco cuándo lo harán", explica un profesor.

El servicio de audiovisuales, encargado de instalar micrófonos y de la asistencia en las salas multimedia, ha suprimido su servicio por la tarde. En informática, que tenía más becarios que funcionarios, eran los estudiantes quienes acudían en primera instancia a arreglar problemas técnicos, labor que ya no podrán hacer.

La Delegación de Estudiantes ha tenido que interrumpir su atención al estudiante, que dependía de un alumno becado. A raíz de esto, el alquiler de taquillas gestionado por los representantes del alumnado se ha suspendido temporalmente, igual que otras gestiones, como resolución de dudas académicas y administrativas, de las que antes dependía el alumno con beca. "Estas tareas se repartirán entre los y las delegadas como buenamente podamos hasta que la universidad ofrezca una solución", aseguran desde la Delegación de Estudiantes.

De momento, y dado que la UC3M está en opacidad informativa (este diario ha escrito tres veces pidiendo información, ninguna de ellas ha obtenido respuesta), todo son incógnitas de cara al futuro. La actuación del centro, cerrando el programa de becas extracurriculares, apunta a la no conformidad con el acta de Trabajo, por lo que lo más probable es que la situación acabe en un juzgado.

La UC3M no está sola en esta situación. La Inspección de Trabajo ha detectado que los campus son terreno sembrado para los falsos becarios –según su interpretación– y ha aumentado las visitas a las universidades. La Pompeu Fabra de Barcelona (UPF), la Politècnica de Barcelona (UPC) o la Autónoma de Madrid (UAM) han sufrido la visita de los inspectores.

La UAM fue denunciada antes del pasado verano y emprendió la vía judicial. En aquel caso, una juez de primera instancia dio la razón a la universidad: sus becarios no son trabajadores y el programa cumple con la normativa vigente. El caso está a la espera de que Trabajo y las defensas de los becarios presenten sus anunciados recursos. De la resolución de este caso y del de la UC3M puede depender todo el sistema de becas extracurriculares de la universidad. En 2013, último año del que hay datos completos en el Ministerio de Universidades, había 7.000 estudiantes ocupando una de estas becas en toda España.

El sistema de prácticas en la universidad, pendiente del fallo de una jueza sobre becarios utilizados como trabajadores en la Autónoma de Madrid (Daniel Sánchez Caballero en eldiariodelaeducacion.com)

Artículo de Daniel Sánchez Caballero en eldiariodelaeducacion.com

La Seguridad Social acusa a la UAM de utilizar a 284 becarios como empleados que realizan labores estructurales y exige que cotice por ellos como trabajadores.

El juicio que podría cambiar la manera en la que las universidades ofrecen prácticas a sus estudiantes ha quedado visto para sentencia. La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) ha demandado a la Universidad Autónoma de Madrid por utilizar a 284 estudiantes becarios como trabajadores sin cotizar por ello. La universidad niega el carácter laboral de esa relación, aunque automáticamente clausuró el programa a la espera de la resolución judicial.

El juzgado nº 7 de lo Social de Madrid ha celebrado este martes la vista tras la que tendrá que decidir si los 284 becarios que realizaban prácticas extracurriculares (no vinculantes para sus grados) en distintos servicios de la Universidad Autónoma de Madrid son trabajadores o no.

Los estudiantes, técnicamente codemandados, pero que en realidad están en el lado de la Seguridad Social, son los clásicos becarios de la universidad: ejercían en las diferentes bibliotecas del campus, en los servicios de atención al estudiante, el servicio de Cartografía o gestionando las ayudas económicas a distintos programas.

La Seguridad Social mantiene que estos 284 estudiantes son trabajadores. Que cubrían puestos estructurales en la universidad necesarios para su funcionamiento diario y que no han obtenido ningún rédito formativo con estas prácticas. En definitiva, que la institución echaba mano de becarios para ahorrar en trabajadores.

Junto a la decena de abogados que defienden a los estudiantes, estos han explicado que sin su labor muchos de los servicios en los que estos ejercen no podrían mantenerse en toda su amplitud (de hecho, tanto la universidad como los exbecarios han ratificado que se han cerrado servicios, como los de atención al estudiante, y reducido el horario de otros, como las bibliotecas, tras la clausura del programa de becas), que realizaban exactamente las mismas labores que sus compañeros funcionarios, que muchos centros había tantos trabajadores como becarios y que no tenían en su inmensa mayoría relación alguna con los estudios que cursaban.

Los abogados de la universidad han defendido que sí hay formación, en este caso la genérica que contemplan todos los planes de estudio (trabajar en equipo, aprender el uso de TICs, etc.), y que la denuncia de los inspectores de Trabajo es demasiado genérica porque solo refieren tres casos en el acta levantada y 48 entrevistas en total, cuando su propio funcionamiento les obliga a hablar con cada uno de los afectados.

De fondo, a la espera del fallo de la jueza, está todo el sistema de prácticas que las universidades pueden ofrecer a sus estudiantes, el rol que pueden ejercer y el alcance de las mismas. La UAM clausuró su programa de prácticas nada más levantarse el acta por parte de la Inspección de Trabajo, pero es la única universidad (pública, al menos) que lo ha hecho. Las demás mantienen el programa.

En lo particular, los 284 becarios afectados podrían recibir una compensación económica de la universidad si la jueza da la razón a la Seguridad Social (la diferencia entre los 300 euros que recibían por su labor y lo que les correspondiera si les declara trabajadores, unos miles de euros según cada caso) y, de propina, la incorporación a su vida laboral de los meses que hayan trabajado.

Cabe aclarar que este juicio afecta a las llamadas prácticas extracurriculares, aquellas en principio no vinculadas directamente con los planes de estudio que curse cada estudiante. Estas en cuestión, a diferencia de las curriculares, no son obligatorias.

¿A quién benefician más las prácticas?

«¿Las prácticas redundaban en el beneficio del estudiante y su formación o en beneficio de la universidad?», se ha preguntado durante la sesión Ismael Sánchez, abogado de medio centenar de los estudiantes. No era retórica la cuestión, los letrados de la Seguridad Social y los de los becarios, de la mano en el caso, tenían su respuesta clara.

«Las prácticas, curriculares o extracurriculares, no pueden desvincularse de la formación previa», ha sostenido Concepción Valdés Tejera, abogada de la Tesorería de la Seguridad Social. La letrada ha defendido que «la actividad [que realizaban los estudiantes], fundamentalmente de carácter administrativo y desconectada de la formación, no redunda en la adquisición de competencias» que establece el Real Decreto 592/2014 que regula este tipo de prácticas. «Se han cubierto puestos de trabajo», ha asegurado.

Diego Redondo, letrado de la defensa de varios estudiantes, ha ahondado en este argumento: «No tenían flexibilidad horaria, muchos fichaban, algunos tenían que recuperar horas, eran servicios estructurales y en ocasiones hay estudiantes que fueron contratados laboralmente durante las vacaciones para realizar la misma labor que hacían durante la beca. Al caer las becas, se ha contratado personal [para hacer estas funciones], eso determina una relación laboral». Algunos testimonios de exbecarios durante la vista le han dado la razón.

Los abogados de la Universidad Autónoma, del bufete Sagardoy (el mismo que está defendiendo a Deliveroo en un caso que en el fondo es similar: el uso por parte de grandes empresas de personal externo para labores propias), han defendido que «la generalidad del acta impide que tenga presunción de veracidad».

La UAM también ha defendido que las prácticas, al ser extracurriculares y no parte del plan de estudios, no tienen por qué necesariamente ir ligadas a la formación específica de cada estudiante y que sí ofrecen una formación generalista también presente en los planes de estudio de cualquier asignatura, como trabajar en equipo, implementar la capacidad de emprendimiento, la autonomía, conocer le mercado laboral o formarse en el uso de las TIC (tecnologías de la información y la comunicación).

Competencias genéricas o específicas

A este respecto, una de las claves para dirimir si la relación UAM-becarios era laboral o no, el Real Decreto, que regula las prácticas en la Universidad, sí alude al carácter formativo de las mismas, exige un plan formativo que en la mayoría de los casos de la UAM no existía o no recibieron los estudiantes y, en cuanto a las alegaciones de la universidad, explica que «los objetivos se establecerán considerando las competencias básicas, genéricas y/o específicas que debe adquirir el estudiante».

A ese «y/o» se aferra la universidad para defender la validez de sus prácticas. La TGSS y los abogados de las defensas sostienen que estas prácticas «claramente» deben contener formación específica y que no era el caso.

Los abogados de la universidad han criticado que los tres inspectores de trabajo que visitaron el centro en dos ocasiones no se hayan entrevistado con todos los becarios pese a que un folleto interno de la Seguridad Social explique que así ha de hacerse en demandas colectivas. El inspector de Trabajo que ha comparecido en la sesión ha explicado que hicieron sondeos al 73% de los becarios y se entrevistaron con 48 de ellos, con lo que consideraron que disponían de material más que suficiente para levantar el acta.

Durante la sesión se ha escuchado también a algunos de los estudiantes demandados. Una de ellas trabajaba en la biblioteca de Humanidades siendo estudiante de Derecho. Otra, en la Oficina de Prácticas Curriculares de la Facultad de Económicas cuando estudiaba Gestión Aeronaútica y el tercero realizaba gestiones relacionadas con proyectos de investigación en la Escuela Politécnica (este último fue contratado tras la beca para realizar la misma función durante dos meses) siendo estudiante de un máster en Arqueología y Patrimonio.

Entre los tres que han declarado, además de muchos otros presentes como público en una sala pequeña pero llena, han pintado un panorama en el que realizaban si no las mismas casi iguales labores que los funcionarios presentes en sus destinos, que en ocasiones no tenían siquiera supervisión o que trabajan solos y que en ningún caso (entre esos tres) tenían relación alguna con sus estudios.

También ha pasado por la sala de vistas uno de los tres inspectores de trabajo que realizó las visitas y levantó el acta, Miguel Ángel Ibáñez. El empleado del Ministerio ha sostenido que «las formaciones eran de escasa entidad, apenas 20 o 40 minutos en ocasiones», que la universidad «requería de los becarios no para mantener el servicio en sí, pero sí para mantenerlo tantas horas abierto» y que «el programa formativo es básico para una beca».

Ya solo queda que la jueza dicte sentencia. La batalla se prevé larga sea cual sea el sentido del fallo. Los abogados de los estudiantes, enfrentados a la universidad, han explicado a este diario que recurrirán si es necesario y la UAM ya lo ha hecho en algún caso paralelo en el que alguno de estos estudiantes ha denunciado a la universidad por su cuenta y ganado. Además, los abogados están contratados para llevar el proceso hasta el Supremo, si hiciera falta. Hay varios de estos procesos individuales abiertos, que se han paralizado ahora a la espera de este fallo tras la demanda colectiva.

La inspección de Trabajo ya ha traído consecuencias

El juicio que se ha celebrado este martes puede poner en cuestión todo el sistema de becarios de la Universidad española, según fuentes jurídicas y de la universidad. La inspección de la Seguridad Social sobre el uso que la Universidad Autónoma de Madrid realiza de los becarios dio pie a toda una campaña en los campus, que ha tenido continuación en varios campus, entre ellos los de la Universidad Pompeu Fabra y la Politècnica de Catalunya.

El Ministerio de Trabajo confirmó a este diario que la campaña se está llevando a cabo, y aunque detectó que la universidad es un sector en el que se dan casos de fraude de empleo de estudiantes como trabajadores, matiza que no existe «una incidencia particularmente alta» de falsos becarios respecto a otros ámbitos laborales.

Pero la situación llevó al Gobierno a actuar. A la espera del resultado del juicio celebrado este martes, ya ha habido consecuencias, aunque aún no se han implementado. El pasado 29 de diciembre, el Gobierno aprobó una norma por la que todos los becarios universitarios, sean de prácticas curriculares o extracurriculares, deberán cotizar a la Seguridad Social. Y asunto resuelto. No del todo en realidad, porque ante el revuelo montado en universidades y empresas ante la ambigüedad del decreto que ponía en marcha estas prácticas (¿quién iba a pagar esa cotización, universidad o empresa de destino?) la norma ha quedado en suspenso de momento.

Esta noticia ha sido publicada en eldiario.es

El Gobierno estudia bonificar la cotización de los becarios y que la Seguridad Social realice las gestiones administrativas (Daniel Sánchez Caballero en eldiario.es)

Artículo de Daniel Sánchez Caballero en eldiario.es

• El Ejecutivo quiere que todos los estudiantes de FP y Universidad que realicen prácticas académicas externas, curriculares o no, coticen a la Seguridad Social

• La CRUE, algunos empresarios y casi toda la oposición política advierten de que esta medida podría echar para atrás a muchas compañías y retraer de esta manera la oferta de prácticas para los estudiantes

• Trabajo estudia ahora bonificar las cotizaciones y que la Seguridad Social se haga cargo de las gestiones administrativas, dos de los principales escollos para implementar la medida

El Gobierno está dispuesto a poner de su parte en su pretensión de que todos los becarios de FP y la Universidad coticen a la Seguridad Social. Tras una reunión este miércoles entre los ministerios de Trabajo (impulsor de la medida), Universidades (afectado) y la CRUE (Conferencia de Rectores de Universidades Españolas), el Ejecutivo se ha mostrado dispuesto a bonificar la cotización para que no tenga coste ni para la empresa de destino del alumno (se calculaba en unos 50 euros por mes de práctica por ser un contrato de formación) ni para la administración educativa que lo acoge.

La Seguridad Social, por su parte, "ha manifestado su disposición" a realizar las gestiones administrativas necesarias para el alta de los becarios, según han informado la CRUE y el Ministerio de Universidades tras la cita.

Estos son dos de los principales principales problemas que los organismos afectados habían señalado a la hora de aplicar la disposición adicional quinta del Real Decreto 28/2018, que establece la citada obligatoriedad de que todos los estudiantes que realicen prácticas académicas externas coticen a la Seguridad Social a falta del desarrollo normativo que especifique quién debe pagar la cotización, si el empresario o la administración educativa ("sería un problema para los dos", admitió ayer el Ministerio de Educación) o si se bonifica el pago.

Según le comunicaron los rectores al Gobierno y opinaron también distintos responsables de centros de FP, estas dos circunstancias, el coste económico y el engorro administrativo de gestionar las altas, podían hacer que algunas empresas se echaran para atrás en su colaboración con las universidades e institutos de FP., poniendo en peligro

La intención del Gobierno con esta norma es que todos los alumnos de FP de grado Medio o grado Superior y todos los estudiantes universitarios que realizan prácticas (los becarios) sean dados de alta en la Seguridad Social. Será de aplicación para todas las prácticas, sean curriculares (y por tanto obligatorias para titular, como sucede en Magisterio) o extracurriculares, remuneradas o no. La medida afectaría a unos 720.000 becarios y un número indeterminado de universitarios (el número total de matriculados supera el millón, pero no todos realizan prácticas cada año). Solo para los de FP la recaudación estimada sería de unos 100 millones de euros al año.

Actualmente, con carácter general, las becas no remuneradas no cotizan a la seguridad social. Son las becas remuneradas las que sí cotizan, pero no lo hacen todas por igual. Si estas prácticas académicas externas son curriculares, esto es, parte de los estudios y por tanto obligatorias para obtener el título, como Magisterio, están bonificadas al 100%. Si son extracurriculares, o sea voluntarias y fuera de los planes de estudios, se paga la cotización.

La medida, impulsada por el Ministerio de Trabajo, no parece haber caído demasiado bien tampoco en el Ministerio de Educación. La ministra del ramo, Isabel Celaá, echó ayer balones fuera durante una comparecencia ad hoc en el Congreso. Celaá vino a explicar que era cosa de Trabajo, que ella no podía ofrecer más información acerca de quién iba a pagar las cotizaciones y que, si la cotización suponía un problema para la oferta de prácticas, "mostraría en contra".

Casi toda la oposición se mostró en contra de esta medida, excepto Unidos Podemos, que la ve necesaria para fortalecer la seguridad y cobertura de los becarios en centros ajenos. El PP y Ciudadanos acusaron al Ejecutivo de tener afán recaudatorio (que Trabajo niega ahora con su propuesta de estudiar bonificar las cotizaciones) y de querer maquillar las (decrecientes) cifras de afiliación a la Seguridad Social. ERC, PNV y el PDeCat no rechazaron la medida per se, pero sí advirtieron de ese posible efecto colateral de la bajada de oferta de prácticas.

Trabajo ha anunciado que tendrá listo un primer desarrollo de la normativa que especificará los pormenores de la norma y a finales de febrero habrá otra reunión.

Las prácticas en embajadas y consulados: un coto cerrado para estudiantes con recursos

Fuente: Alba Camazón para Eldiario.es

• El Gobierno que ha aumentado un 70% las becas no remuneradas tampoco se hace cargo del coste de los visados ni del seguro médico.
• El único apoyo económico para los estudiantes proviene de la UE y depende de la concesión de la beca Erasmus + Prácticas

 
Cada experiencia es diferente, como cada alumno que ha pasado varios meses en una embajada o consulado con un contrato de prácticas. Sin embargo, muchos de estos jóvenes coinciden en que acceder a estas plazas cuando el Estado no cubre ningún gasto es tarea imposible. Desde 2013, Exteriores ha aumentado en más de 70% las becas sin remunerar.

Trabajar para el Estado con un contrato de prácticas no remuneradas puede salir muy caro. Prohibitivo si la plaza está a miles de kilómetros de España. Desde 400 euros al mes que pagaba José Ignacio en Túnez, hasta los mil euros que prevé Victoria gastarse en La Habana. Puede incluso resultar más costoso si el destino está en Estados Unidos o Japón. Unos alumnos han tenido que ahorrar y otros han necesitado la ayuda de sus padres para costearse la vida en el extranjero.


El Estado pagaba entre 1.000 y 2.200 euros mensuales a los estudiantes del máster de la Escuela Diplomática hasta 2012, momento en que se suprimió esta ayuda económica y se unificó esta convocatoria con la del resto de universidades. El Gobierno se amparó entonces en "las restricciones presupuestarias", pero algunos de estos exalumnos se quejan: "Ahora se supone que estamos mejor, pero la situación no ha cambiado", asegura Manuel (nombre ficticio), que estuvo en la embajada española en Eslovenia. "Eso no son prácticas, sino un voluntariado", especifica.

Muchos de estos alumnos han podido trabajar en la representación española en el extranjero gracias a un trabajo previo que sí se pagaba y al apoyo económico familiar. "Entre el alojamiento, la comida y el transporte, mis padres me enviaban unos mil euros al mes", asegura Laura, que estuvo cuatro meses en el consulado español en Santo Domingo. A esos 4.000 euros hay que sumar el precio del vuelo transatlántico.

Estos estudiantes reclaman un apoyo económico o incluso laboral por parte de la representación española en el exterior: "Como mínimo podían ayudar a buscar un empleo para la otra media jornada", reclama Manuel.

El Estado ni siquiera paga el visado o un seguro médico, obligatorios para muchos destinos. José Ignacio, que como español podía pasar tres meses en Túnez sin visado, tuvo que solicitar un permiso especial para el último mes. "Por lo menos lo pagó la embajada", explica. Sin embargo, otros exalumnos aseguran correr ellos mismos con esos gastos extra.

Laura tiene esclerosis múltiple, y asegura que fueron sus padres quienes pagaron todas las revisiones y analíticas que necesitó durante sus prácticas en el consulado de Santo Domingo. Ella contrató un seguro básico que le cubría las enfermedades o accidentes nuevos, así que tuvo que pagar también todos los chequeos médicos que necesitó durante esos cuatro meses: "Serían unos cien euros mensuales por el seguro y otros cien que tenía que pagar por las analíticas y revisiones", asevera.

La única financiación viene de la Unión Europea

Solo aquellos alumnos que viajen a un Estado miembro de la Unión Europea (o a Macedonia, Islandia, Liechtenstein, Noruega o Turquía) tienen la posibilidad de recibir financiación. Paula está este verano en el consulado de Lyon: "Yo solicité las prácticas solo en países de la UE para poder agarrarme al convenio de Erasmus + Prácticas. La universidad me lo concedió sin problemas y me dan una ayuda de 400 euros al mes". Con esta aportación, Paula afronta la mitad de los gastos: el alojamiento y el transporte.

La beca Erasmus + Prácticas no se puede presentar hasta que el MAEC seleccione al alumno para una de sus instituciones en el exterior. Ni siquiera las universidades pueden garantizar que el alumno reciba la beca, puesto que depende de la disponibilidad presupuestaria. Por lo tanto, un estudiante puede irse de prácticas a un país europeo y no percibir ayuda alguna.

Muchos de estos jóvenes comparan la actitud del Gobierno español con la de otros países de nuestro entorno. En Francia, por ejemplo, los alumnos que pasan más de dos meses en una institución nacional en el extranjero reciben una ayuda económica de 400 euros.

Los alumnos consultados coinciden en la importancia personal y profesional de estas prácticas, pero se muestran descontentos con el gasto que les supuso. José Ignacio estuvo en la embajada en Libia, desplazada a Túnez por la guerra, y asegura que no habría podido ir si no hubiera ahorrado su sueldo del verano anterior. Joaquín pudo irse a la embajada española en Buenos Aires porque sus padres viven allí: "Solo familias con recursos muy altos se pueden costear el lujo de hacer unas prácticas que pueden suponer casi 5.500 euros en total. Es una injusticia".

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IU denuncia la precarización de la función docente sustituyendo profesorado por becarios “low cost”

Área Federal de Educación de Izquierda Unida nos envía esta nota de prensa

IU denuncia la última ocurrencia de Wert para sustituir al profesorado por becarios a bajo coste. Es indignante la falta de formación educativa de este Ministro que propone suplir su recorte de 30.000 profesores y profesoras en el sistema educativo con becarios precarios "en centros con especiales dificultades". La atención a la diversidad necesita justamente el profesorado más formado, con más práctica y experiencia educativa, no estudiantes “low cost” con sueldos mileuristas. En realidad esta propuesta del Ministerio trata de sustituir a interinos despedidos, reconociendo así que hace falta más profesorado.

El Ministerio de Educación destina 22 millones de euros a un programa para cubrir con 2.000 becarios y becarias las plazas de profesorado que se han recortado en los centros durante la crisis. Quiere usar a estos becarios “low cost” para dar clases de apoyo en centros de primaria con alumnado con necesidades educativas específicas, tras la supresión de 30.000 docentes en los últimos dos años, según los datos oficiales del propio Ministerio de Hacienda.

De esta forma el ministro José Ignacio Wert pretende incorporar becados (contratos en precario) que no tienen la formación necesaria para atender al alumnado con especiales dificultades en los centros, al margen del sistema oficial. Este es un modelo similar al que ya está ensayando el Gobierno del PP de Cantabria y que denomina Becas de Iniciación a la Profesión Docente a razón de 20 horas semanales por 560 euros brutos mensuales, al que dedica 1,2 millones de euros. Parecido al que en Castilla La Mancha el PP, el curso pasado y actual, ha puesto en marcha para alumnado de ESO y Primaria, denominado "abriendo caminos". De esta forma han intentado paliar los recortes en desdobles y apoyos que han suprimido en atención a la diversidad en los centros. Realmente son medidas electoralistas que lo único que pretenden es ganar votos en lugar de atender a las necesidades del sistema educativo.

Interinos y sindicatos están denunciando esta precarización laboral que se presenta demagógicamente como una forma de proporcionar práctica a titulados universitarios para completar su formación, pero que esconde paliar las graves carencias del sistema educativo tras los brutales recortes en personal y recursos para atender a la diversidad aplicados por el PP, supliendo con becarios puestos de trabajo que deben ser cubiertos con profesorado especializado. Es una forma encubierta de explotación por sueldos de miseria que no llegan ni a mileuristas.

En un contexto de pérdida continua de profesores durante los últimos años, invertir 22 millones de euros en contratar a unos 2.000 becarios es un despropósito. No se puede entender que desaparezcan en los presupuestos generales del Estado los programas de educación compensatoria y el profesorado cualificado para impartirla de la casi totalidad de los centros y en vez de aumentar el número de profesorado en la enseñanza pública a través de una amplia oferta de empleo público en todas las comunidades autónomas, contratando becarios en vez del profesorado interino despedido con experiencia y cualificación docente.

Esta profundización en la precarización de la profesión docente no sólo no contribuirá al prestigio profesional del profesorado, sino que es además una bofetada más para los más de 36.000 profesoras y profesores interinos despedidos desde la aplicación del real decreto de medidas urgentes que aplicó el PP. Con la falsa justificación de mejorar el sistema o de dotar de experiencia a titulados no se puede colar por la puerta de atrás a becarios “low cost” y menos cuando desde el inicio de la crisis hay 50.000 profesores y profesoras menos, 25.000 de ellos interinos.

Wert vuelve a precarizar la educación pública contratando profesorado becario en vez del profesorado interino despedido. No podemos aún más el sistema educativo de precariedad y de improvisación. Se ha convertido en una urgencia desterrar estas políticas educativas y al PP para que no pueda acabar definitivamente con la educación pública y uno de los derechos fundamentales de las futuras generaciones.

Frente a este nuevo atentado a la profesión docente y a la calidad educativa, IU plantea la ampliación de plantillas de personal docente y de otros profesionales del ámbito educativo para reducir el número de escolares por grupo y por docente y poder responder a las distintas necesidades del alumnado de todos los centros públicos. Así como el reconocimiento, respeto y apoyo a las condiciones de trabajo del profesorado, estableciendo una regulación acordada con los sindicatos del marco de las condiciones de trabajo de los docentes.

Madrid, 27 de febrero de 2015

Área Federal de Educación

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Con una tasa de paro juvenil del 55,48%, muchos jóvenes se agarran a ser becarios... Y Wert quiere decretar que no coticen por sus prácticas

EL DIARIO.ES: José Ignacio Wert, el 'amigo' de los becarios

"Me he dejado el trabajo final de grado para poder ser becaria un año más", admite Laura Villar, estudiante de Periodismo y Comunicación Audiovisual de la Universidad Carlos III de Madrid. Pronto cumplirá 25 años y lamenta ampliar su formación otro curso, pero cree que es su mejor opción. "No te cogen si no es como becaria; yo tengo un Ciclo de Grado Superior en Realización y no me han llamado de ninguna productora de las decenas en las que eché mi currículo", dice.

El Ministerio de Educación está trabajando en un decreto que prevé modificar las condiciones de los miles de universitarios en prácticas de formación, también denominados becarios, y que llevará al Consejo de Ministros en los próximos meses. De momento, ya ha encontrado el respaldo del Consejo de Estado, según adelantó Infolibre.

Desde la reforma de las pensiones de 2011 aprobada por el Gobierno socialista, las empresas están obligadas a dar de alta en la Seguridad Social a los estudiantes beneficiarios de prácticas remuneradas, "lo que no supone ni 40 euros al mes para los contratantes", afirma Enrique Martín, de Comisiones Obreras.

Sin embargo, la postura del ministro de Educación, José Ignacio Wert, "desde un primer momento, es que las prácticas curriculares no coticen y las extra curriculares sí", afirman fuentes de su cartera. Las prácticas en empresas pueden formar parte de los planes de estudios de las carreras universitarias, ciclos formativos y otros estudios (como una asignatura más de su programa), o pueden ser ajenas a los currículos.

Como Laura, Diego (nombre ficticio) también amplió voluntariamente sus estudios para optar a un puesto de redactor en prácticas, en un periódico nacional. En su caso, suspendió adrede una asignatura. "Lo que supone que después pagas una segunda matrícula, que es mucho más cara", apunta.

Los periodos de prácticas están pensados como una experiencia temporal que contribuya a la formación de los alumnos y a su conexión con el mundo laboral. Sin embargo, la tasa de un55,48% de desempleo juvenil provoca que esta opción sea apurada al máximo por muchos estudiantes ante la falta de oportunidades.  

Qué implica la cotización 

"La cotización de los estudiantes en prácticas se consiguió gracias al acuerdo de sindicatos y empresarios, para ayudar a las carreras de cotización de aquellas personas en situación más precaria", explica Enrique Martín. Desde el sindicato son conscientes de que estos contratos son la vía de empleabilidad de muchos estudiantes a día de hoy y la cotización en la Seguridad Social supone un reconocimiento de su trabajo y derechos: "No tienen derecho a la prestación por desempleo pero sí cuenta de cara a su futura jubilación, y ante casos de invalidez y enfermedad".

El Ministerio ha transmitido a CCOO que su postura se justifica por un "alto coste". "No son ni 40 euros, no es un alto coste. Educación se respalda en la petición de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) de que esta cantidad puede desincentivar el número de empresas ofertantes de plazas de prácticas, pero no nos parece cierto", afirma Martín.

El reponsable sindical recuerda que este coste ni siquiera lo asume sólo la empresa. "Son 34,72 euros al mes a cargo de las empresas y 6,09 a cargo de los becarios", recoge una nota informativa de CCOO. Además, se trata de un gasto deducible, con lo que el coste real para los contratantes se sitúa en torno a los 25 euros al mes, calculan. 

"En mi caso, prefiero cotizar porque, de algún modo, todo lo que hemos trabajado queda reflejado en algún sitio", opina Diego a sus 26 años. Por el momento, es parte del equipo de comunicación de una empresa, gracias a un contrato en prácticas de seis meses, pero antes ha escrito para tres periódicos diferentes de tirada nacional. En total, acumula contratos de este tipo desde 2012, que suman más de un año cotizado. Un periodo significativo para el cálculo de su jubilación, que cada vez requiere más años para cobrar el 100% de la pensión.

En el caso de Laura, sus prácticas en una televisión local en el plan de estudios del ciclo formativo y su trabajo como montadora en una serie de televisión, gracias a la asignatura de prácticas de su carrera, son ajenos a la Seguridad Social porque no recibió por ellos ninguna contraprestación económica.

"No hay obligación para que los becarios cobren, pero si lo hacen, deben cotizar", afirma Enrique Martín. El problema es que no se puede saber el número total de becarios en España ni cuál es el porcentaje de los que cobran y de aquellos que no reciben contraprestación, debido a la inexistencia de un registro oficial. Con todo, el sindicato calcula que hay unos 70.000 jóvenes con contratos de prácticas remunerados. "Creemos que la empresa que paga a sus becarios no va a dejar de hacerlo por 40 euros al mes", dice Martín.

La cotización de los becarios, a pesar de pequeña cuantía que alegan los sindicatos, ya había sido objeto de debate tiempo atrás. Apenas unos meses después de la aprobación de la reforma de las pensiones, el mismo Gobierno dirigido por José Luis Rodríguez Zapatero intentó anular lo aprobado en la ley a través de un decreto. La norma fue más tarde tumbada por el Tribunal Supremo tras una demanda presentada por CCOO. "Excluía de la cotización a aquellos beneficiarios de "unas prácticas externas universitarias", una restricción aún más amplia que la que propone Wert", cuenta Martín. Durante la vigencia del decreto, se redujeron a casi la mitad las 40.000 altas que se habían registrado.

"Los becarios no deben sustituir a un trabajador"

Por otro lado, la cotización supone un modo de control para las empresas. La Seguridad Social tiene constancia de las contrataciones de becarios, que deberían recibir una formación y tener unas condiciones especiales fruto de su condición. "Lo que pasa es que muchas veces, hacemos el trabajo de un empleado más" –critica Diego– "No es que no quiera trabajar tanto, sino que me gustaría que se me reconociese en el sueldo y en el contrato".

"Las prácticas académicas no pueden ser utilizadas por las empresas como un puesto de trabajo más, eso es fraude", recuerda Enrique Martín. Laura y Diego se alegran de haber tenido un primer contacto con sus profesiones a través de las prácticas, pero consideran que debería ser una experiencia temporal. Laura tiene claro que las próximas prácticas que acepte serán remuneradas: "Ya tengo casi 25 años y todavía tengo que pedir dinero a mis padres hasta para salir a tomar algo. Con esta edad y trabajando, te da cosilla".

A veces, las prácticas permiten dar el salto a un puesto más estable. Victoria P. (23 años) consiguió un contrato de trabajo en una empresa tras seis meses como becaria, que convalidó por una asignatura optativa. En su caso, una compañía de logística y transporte le ofreció un puesto temporal de otro semestre en el departamento financiero de la empresa.

Esta estudiante de Administración y Dirección de Empresas también pasó un año más en la universidad de lo previsto en su plan de estudios. "Me quedó una asignatura y tampoco me puse las pilas para sacarla, porque así podía seguir siendo becaria y ampliando mi experiencia en el currículo". Antes había trabajado en una entidad bancaria, con lo que en total suma un año de prácticas en su carrera. Con la reforma que propone Wert, en la Seguridad Social sólo tendrían constancia de la mitad.

En septiembre, Diego se enfrentará de nuevo a la finalización de su periodo de prácticas y no prevé que lo contraten. Sin embargo, va a cerrar su expediente. "No puedo eternizar la carrera para siempre". ¿Alternativas? "Me iré al extranjero a estudiar algún idioma o trabajaré en alguna tienda de ropa o algo similar para poder mantenerme en Madrid y seguir buscando de lo mío", dice. 

#WertDimisión: el peor Ministro de Educación ahora quiere eliminar el derecho de los becarios universitarios a cotizar a la Seguridad Social

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EL BOLETÍN.COM: Nuevo ataque de Wert a los becarios: quiere que dejen de cotizar a la Seguridad Social

José Ignacio Wert parece querer dar un paso más en su política de 'ataques' a los estudiantes. Al menos así lo denuncia CCOO, que afirma que el Ministerio de Educación está intentando sacar adelante un Real Decreto con el que “excluir a una parte de los becarios universitarios del derecho a cotizar” cuando realicen prácticas extracurriculares. En una nota, el sindicato señala que ese es un derecho adquirido en la reforma de la Seguridad Social que se acometió en 2011 y recuerda al ministro que elTribunal Supremo ya 'tumbó' su anterior intento de “limitar este derecho”.

Tal y como indica la organización sindical, el departamento que dirige Wert, “extralimitándose en sus competencias, está impulsando por segunda vez un Real Decreto que afecta a los estudiantes en materia de Seguridad Social”. Con él, dice CCOO, quiere limitar el derecho a cotizar a los universitarios que realizan prácticas en empresas durante sus estudios, a los que comúnmente se conoce como becarios, a pesar de que fue reconocido hace años en la reforma de la Seguridad Social.

CCOO recuerda que el derecho a cotizar de los becarios es una de las medidas incluidas en la reforma de las pensiones de 2011 pactada por sindicatos y empresarios, y que se adoptó “para ayudar a completar las carreras de cotización de un colectivo que generalmente ve retrasada su incorporación al mercado laboral como consecuencia del tiempo dedicado a su formación”.

“Suprimir este derecho significará ahondar más en la precariedad de los más de 1,6 millones de estudiantes universitarios”, ha criticado el sindicato, que carga contra el ministro de Educación por hacer “oídos sordos” a la sentencia del Tribunal Supremo del 28 de junio de 2013, en la que “daba la razón a la demanda interpuesta por CCOO y anulaba la limitación que establecía el RD 1707/2011 para la cotización de las prácticas externas universitarias”.

Tal y como dice la organización sindical, “la consecuencia de esta sentencia fue la de triplicar el número de becarios en alta en la Seguridad Social en apenas unos meses; cifra que no ha dejado de crecer desde entonces y que actualmente se aproxima a los 70.000 jóvenes”, por lo que exige a Wert que “respete este nuevo derecho nacido del acuerdo entre sindicatos y empresarios”.

Prácticas extracurriculares

Según CCOO, en esta ocasión Educación “pretende excluir del derecho a cotización a los estudiantes que realicen prácticas académicas externas curriculares, aunque éstas cumplan los requisitos establecidos en la Ley 27/2011 de reforma de la Seguridad Social pactada por sindicatos y empresarios, lo que puede afectar al derecho de cotización de decenas de miles de estudiantes”.

El Ministerio, denuncia el sindicato, pretende “trasladar la responsabilidad a los rectores universitarios y a injustificados temores sobre el impacto de este nuevo derecho en la oferta de becas curriculares existente”, y afirma que no es “defendible” ninguna objeción sobre el coste de la cotización, ya que “es de tan solo 34,72 euros brutos/mes a cargo de las empresas y de 6,09 euros/mes a cargo de los becarios”. Y “para las empresas además es un gasto deducible, con lo que el coste real para ellas se sitúa en torno a los 25 euros mes”, concluye CCOO.

Las consecuencias del retraso en el pago de las becas a los estudiantes son evidentes, aunque Wert no las vea

EL DIARIO.ES: Wert tampoco cumple con la "excelencia": la beca no llega al universitario sobresaliente sin recursos

Verna Martínez Martín, estudiante de Filosofía de la Universidad de Santiago de Compostela.

"No he podido ir a casa por Semana Santa", dice Verna Martínez al otro lado del teléfono. Con una nota media de 10 y un nivel económico bajo, este estudiante de Filosofía es el ejemplo de aquellos estudiantes que, según el ministro de Educación, José Ignacio Wert, se iban a beneficiar más con el nuevo sistema de becas. A pocos meses de finalizar el curso, sólo ha recibido una parte de la ayuda, inferior a la mitad que la correspondiente al año pasado, lo que le ha obligado a reducir sus gastos para afrontar el día a día. "Este año estoy más apretado", indica.

Para Alejandro, estudiante de tercero de Bellas Artes en la Universidad de Granada, el final de curso también pinta feo. "Desde que empecé la carrera hace tres años me han concedido siempre la cuantía máxima [3.850 euros], pero este curso y a estas alturas aún no sé cuánto me corresponde en total". En su casa entran menos de 400 euros al mes y, aunque son familia numerosa, uno de sus hermanos es mayor de 25 años y ya no pueden beneficiarse de esta condición. "Es muy difícil mantener una buena media [la suya es de 9,2] cuando no puedes contar con todos los recursos que necesitas", reconoce. En su caso, el gasto mensual en materiales asciende a 60 euros al mes.

Mayo está cada día más próximo en el calendario y las fechas de los exámenes y entregas de trabajos se acercan peligrosamente. Sin embargo, muchos alumnos tienen una preocupación añadida, que presiona más incluso que el rendimiento académico: cómo pagar las facturas, el transporte, la comida, el material escolar y una larga lista de gastos cotidianos hasta que reciban el pago de la beca de educación, que este año se ha retrasado más que nunca, según los afectados.

De hecho, el 15 de abril el Ministerio rebasó el plazo para la resolución definitiva de las ayudas, seis meses después de que finalizase el periodo de solicitudes, como marca el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y la propia convocatoria de las becas.

Sin embargo, fuentes de Educación niegan que se hayan producido retrasos. Aseguran que "desde primeros de mes se está pagando la parte variable a todos los alumnos". El ingreso de la ayuda ha llegado, según afirman, "al 95% de los estudiantes becados", un dato que "es incluso mejor que en años anteriores". Además, "aunque aún no hay datos cerrados del número de becados", adelantan que la cifra de alumnos beneficiarios "ha sufrido un aumento considerable".

Pero lo cierto es que los estudiantes afectados por los demoras que el Ministerio desmiente ya han comenzado a organizarse "ante la falta de respuestas en las direcciones de atención al ciudadano del Ministerio". "Los retrasos se han producido por el nuevo sistema de becas que ha implantado el Gobierno", denuncia Almudena Abéjar, portavoz de la Plataforma de Afectados por las Becas.

El sistema de becas que ha impuesto este curso el ministro Wert divide el importe económico en una parte fija (las tasas de la matrícula, un máximo de 1.500 euros ligados a la residencia y a la renta del solicitante, y una beca básica de 200 euros) y otra variable, que se distribuye con el dinero restante tras la asignación de esta primera parte.

Mientras que el curso pasado en torno a febrero muchos estudiantes habían ingresado la totalidad de la beca, este curso por las mismas fechas se asignaron solo las partes fijas de la subvención, es decir, menos dinero. Entre los más afectados, los que viven fuera de casa y tienen que hacer frente a los recibos del alquiler, y los que sufrieron algún error en la asignación, como Almudena, que tras no recibir nada en la parte fija, alegó y todavía sigue esperando los 1.500 euros que le ha reconocido el Ministerio.

"Vivo con los 3.000 euros en concepto de residencia y renta y otra ayuda de 30 euros para hacer la compra semanal que me dio mi universidad. El año pasado, en febrero me habían ingresado el total, de más de 6.000 euros", cuenta Verna Martínez, que cursa segundo del Grado de Filosofía en la Universidad de Santiago de Compostela. Intenta mantener su 10 de media, aunque cree que "este curso bajará un poco la nota". Solicitó la beca, como cada año, porque la situación económica de su familia es difícil. "Somos tres hermanos y mis padres no tienen trabajo. Estamos en el umbral más bajo de renta que marca la convocatoria del Ministerio", explica.

A la espera de la cuantía variable

Además, a la reducción del dinero disponible de los estudiantes se suma la incertidumbre de cuánto les corresponderá en la parte variable. "La incertidumbre es total. El año pasado podías calcular más o menos cuánto te darían en función de tu nivel de renta, pero ahora con la nueva fórmula para la cuantía variable no puedes saber qué te corresponde", indica Martínez. 

La fórmula matemática de cálculo de la cuantía variable –que tiene en cuenta la renta y las calificaciones de los estudiantes– ha sido objeto de muchas críticas por su complejidad y opacidad. "El cálculo se obtiene de variables como la nota media y la renta del conjunto de becados que el Ministerio no ha hecho públicas", critica Almudena Abéjar.

Por otro lado, el cálculo está centralizado por el Ministerio, por lo que las universidades deben enviar toda la información de los requisitos académicos y económicos de los estudiantes, "lo que alarga el proceso y amplía el margen de error", alerta Luis Rodríguez, vicerrector de la Universidad de Oviedo y miembro de la comisión sectorial de estudiantes (RUNAE) de la Confederación de Rectores de Universidades Españolas.

Raúl Gutiérrez, estudiante de Medicina.

Después de la tardanza, no siempre el importe de la variable supone una buena noticia para los beneficiarios. Raúl Gutiérrez se trasladó el curso pasado desde Los Navalucillos (Toledo) a Madrid para estudiar Medicina en la Universidad Complutense de Madrid. Entonces, además de la Beca de Excelencia de la Comunidad de Madrid gracias a un 9,5 de media en el acceso a la Universidad, recibió 3.336 euros de beca de movilidad.

Este año, sólo le ha correspondido la beca de la matrícula y 1.124 euros de la parte variable. "La situación de mi casa no es ruinosa pero es peor que la del año pasado. Mis padres trabajan, pero mi madre tiene media jornada y a mi padre este año le han bajado 150 euros del sueldo", expone.

Según los casos que llegan a la Plataforma de Afectados por las Becas, "los estudiantes más perjudicados son los que más recibían en las convocatorias anteriores, con motivo de la movilidad y aspectos concretos que se tenían en cuenta y que ahora tienen menos peso", apunta Almudena Abéjar. A la vista de las cantidades recibidas que los estudiantes han comunicado a la plataforma, "calculamos una reducción de un 20% de media en las asignaciones", dice Abéjar.

En el curso 2012-2013, la cuantía media de las becas concedidas a universitarios se redujo un 2,16% respecto al anterior, lo que representa el primer descenso en 15 años, según los datos de una respuesta escrita del Gobierno al diputado socialista Miguel Ángel Heredia de los que se hizo eco la agencia Efe.

Gastos reducidos al mínimo

El ministro de Educación ha repetido en muchas ocasiones que el nuevo sistema de becas beneficiaría más a los alumnos con menos recursos y mejores notas. Pero las ayudas repartidas hasta el momento hacen pensar a Verna Martínez que no será así. "La gente dice que las cuantías variables máximas que se han repartido son de algo más de 2.000 euros, así que en mi caso no llegaría a la cantidad que recibí el año pasado", afirma. Almudena Abéjar afirma que no se ha topado aún con ningún caso que alcance los 6.000 euros de años anteriores. 

Raúl Gutiérrez, con casi un 8 de media, ha tenido que adaptar sus gastos ante la reducción de la ayuda. Su hermano también estudia en Madrid, así que ya no pueden permitirse tan frecuentemente los 26 euros que cuesta el transporte a su pueblo y apenas sale. "Si lo hago es a un bar un par de horas y a lo barato", apunta. Las comidas en la cafetería han dado paso al tuppery agradece que este año no haya tenido que comprar apenas libros, "porque los de Medicina son muy caros, el atlas de Anatomía del año pasado me costaba unos 80 euros cada tomo", aunque sí ha tenido que imprimir muchos apuntes.

Alejandro, estudiante de Bellas Artes, sigue esperando su beca.

Alejandro ha empezado a cambiar el autobús por la bicicleta para ahorrarse los dos euros que cuesta cada trayecto hasta la facultad. "La situación es verdaderamente angustiosa. Intento reciclar todo el material que puedo, como los lienzos de otros años. Si tengo que comprar algo, miro en un montón de tiendas, comparo y termino comprando siempre lo más barato", explica. A pesar de las dificultades, este alumno lo tiene claro: "Las carencias no me van a quitar la ilusión ni las ganas de labrarme mi futuro". 

Para Gutiérrez, "lo más increíble es que de un año a otro, con el mismo patrimonio y menos renta, haya pasado de ser pobre a ser rico, al menos según los umbrales de la beca. Me parece una tomadura de pelo brutal". Además, critica que las decisiones del Ministerio son "políticas": "La única explicación que encuentro es que quieran quitar a muchos estudiantes de la universidad y tenernos como trabajadores baratos en puestos que no exijan tanta cualificación".

Desde la Plataforma de Afectados por las Becas, explica Béjar, han subido a su página un modelo de escrito para denunciar ante el Ministerio de Educación el " silencio administrativo en el que ha incurrido al excederse en los seis meses que marca la ley". "Las becas se están resolviendo fuera de plazo así que abrimos la vía para dejar constancia de esta irregularidad y que los afectados puedan incluso reclamar responsabilidades por los perjuicios ocasionados", añade. Verna aún no ha escrito la reclamación, pero asegura que lo hará. "Quiero que quede constancia del retraso, aunque no sé si servirá de algo. Es un parche menor".

Para este martes está previsto que la Plataforma de Afectados por las Becas y el Sindicato de Estudiantes hagan pública una carta que van a entregar al ministro Wert para transmitirle la "situación insostenible" en la que se encuentran muchos alumnos y alumnas que aún desconocen el importe total de su beca. En rueda de prensa anunciarán también diversas acciones de protesta y movilizaciones convocadas para los próximos días.