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sábado, 22 de diciembre de 2018

La educación pública está en peligro (Foro de Sevilla en El Diario de la Educación)

Artículo del Foro de Sevilla publicado en eldiariodelaeducacion.com

Queremos escuchar a todos los políticos decir que la educación pública en nuestro país está blindada y no corre ningún peligro. Porque todos los niños y niñas tienen el mismo derecho a disfrutar de una escuela con la misma calidad y plural.

La modernización conservadora que plantea la derecha quiere que se rompa el derecho a la educación y se convierta en un derecho de mejor escuela para las familias de clase media y alta, y que continúe la reproducción social más fuerte que nunca. Estamos entre los cuatro países europeos que tienen una mayor oferta de plazas en centros privados a través del régimen de conciertos que se creó con la LODE en el año 1985. En concreto España ocupa el tercer lugar de Europa en escuela privada-concertada en primaria (con un 28,5%) y el cuarto lugar en educación secundaria (con un 30,7%) (Eurydice, 2015).

Desde el curso 1990-1991 hasta el curso 2010-2011 (20 años después) las unidades escolares han aumentado un 30,4% en centros públicos y un 45% en centros privados, lo que muestra que, aunque la privada-concertada naciera con la vocación de ser un complemento de la pública, habría ido creciendo en toda España y sobre todo en las comunidades gobernadas por ejecutivos de tendencias conservadora-liberal (PP y nacionalistas).

Dos hechos han sucedido recientemente que nos vuelven a poner en alerta acerca del peligro que corre la educación pública en nuestro país. Se pretende reforzar y acelerar un proceso de desmantelamiento nuevamente y generar una gran desconfianza de todo lo que es público.

Uno es el Decreto que prepara Ángel Garrido, presidente de la Comunidad de Madrid, para que los centros privados puedan acceder al sistema de conciertos en las enseñanzas no obligatorias, en bachillerato y Formación Profesional. Que sirve para afianzar y asegurar las políticas de esta Comunidad que ya ofrecían ayudas a las familias que matriculan a sus hijos en las escuelas privadas.

No podemos olvidar que el aumento de la privatización de la educación secundaria ocurrió cuando se amplia con la Logse en dos años la etapa y se reducen las ratios, recurriendo a un periodo transitorio para la ampliación y adecuación de conciertos a estas enseñanzas.

El segundo hecho, la prioridad del PP para negociar con Ciudadanos el gobierno de Andalucía con la rebaja fiscal y el impulso a la educación concertada. Expresado como “el blindaje de los padres para elegir la educación que quieran para sus hijos”. Tema en el que será fácil llegar a acuerdos por la similitud programática en estos temas.

Esto no es algo nuevo porque el PP en las comunidades que ha gobernado ha creado nueva normativa para modificar el espíritu de la LODE cambiando la ampliación de las zonas de influencia, la inclusión de la proximidad al lugar de trabajo, la reducción relativa del peso de la renta familiar o la posibilidad de que los centros contemplen criterios propios de admisión.

La elección de los centros, que siempre ha sido una obstinación de la derecha, es otro de los elementos clave para avivar la competencia y para ello nada mejor que hacer públicos rankings de centros educativos, que ordenan los resultados de las evaluaciones y ofrecen información a las familias. Como ya se ha hecho también en comunidades autónomas donde ha gobernado el PP. Todo ello conduce a la creación de centros de diferente categoría y a una mayor desigualdad. Se realiza una selección del alumnado, excluyendo los centros privado-concertados a aquellos que pertenecen a los entornos socio-económicos desfavorecidos y, especialmente, a los inmigrantes.

Los centros concertados, sin embargo, no muestran una mayor eficiencia en sus resultados, como informa PISA. La escuela privada-concertada, contrariamente a los criterios de rentabilidad y eficacia con los que se propaga, no ofrece una mejor calidad de aprendizaje y, por supuesto, no ofrece equidad. Las políticas de gestión empresarial y privatizadoras conseguirán centros con desiguales estándares de aprendizaje, en los que la libertad de elección sirve para clasificar en segmentos sociales.

En servicios o bienes que deben tener la misma calidad y proporcionar los mismos derechos básicos para todo el mundo, como es la educación, se genera una creciente diferenciación entre centros que tendrá como resultado una segregación del alumnado que contribuye a la desigualdad de nuestro sistema educativo.

La segregación escolar por nivel socioeconómico conduce a una segmentación del sistema educativo en el que existe una clara diferenciación entre la experiencia escolar a la que acceden la mayoría y la que está reservada a las élites. En España el índice de inclusión social del alumnado, que refleja que en la escuela conviven alumnos y alumnas plurales y diversos, ha pasado de 74 puntos en 2012 a 69 en 2015, ocupando la antepenúltima posición de los países de la OCDE en Europa y la quinta por la cola de toda la OCDE (Rogero, 2017). España segrega por la distribución del territorio (con un sur más pobre), la educación privada (tercer país en Europa con un 32%), clasificación interna en los centros de secundaria por niveles educativos, programas de bilingüismo y de bachillerato de excelencia, que son nuevas formas de ‘apartheid’ dentro de las mismas escuelas y, finalmente, con políticas de elección de centro.

Hemos de evitar dar poder al mercado y a la libre competencia sin ningún tipo de control o regulación por parte del Estado olvidando que el mercado codicioso nunca se preocupará del bienestar común. La educación necesita ser pública para garantizar la formación de una ciudadanía plural con objetivos sociales, bienestar común y cumpliendo el derecho a la educación de nuestra Constitución.

El mercado nunca se preocupará de una oferta de calidad y adecuada para todos porque su objetivo es el negocio y la rentabilidad económica y hemos de preservar y continuar luchando por una educación pública de calidad porque si no se convierte en subsidiaria de la privada y profundiza la brecha social.

Carmen Rodríguez, Javier Marrero, Rodrigo J. García y Francisco Imbernón. 
Comisión Permanente del Foro de Sevilla.

viernes, 5 de octubre de 2018

Estrenamos una campaña para reconocer la labor de los docentes madrileños (Comunidad de Madrid)

Fuente: comunidad.madrid/noticias/2018/10/02/

2 de octubre de 2018

La Comunidad pondrá en marcha este mes de octubre una campaña de comunicación institucional de sensibilización acerca de la función social del docente, bajo el lema ‘Si tuviera superpoderes sería maestro’. Esta iniciativa del Ejecutivo regional supondrá una inversión total de cerca de un millón de euros y tiene el objetivo de concienciar a la sociedad de la importancia de la labor de los maestros y los profesores, así como aumentar el prestigio y el reconocimiento de su trabajo en la Comunidad de Madrid.

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy una dotación de 900.000 euros para difundir la campaña durante alrededor de cuatro semanas en prensa nacional y local, todas las emisoras de radio, televisión, cines, internet, redes sociales y cartelería exterior. La creatividad consta de spots de diferentes duraciones adaptadas para los distintos medios, cuñas radiofónicas, gráficas en diversos formatos y versiones para los soportes digitales. Asimismo se hará llegar a todos los centros educativos de la región de cartelería con la campaña para que esté muy presente entre la comunidad educativa madrileña.

El lanzamiento de esta campaña coincide con el Día Mundial de los Docentes, que se celebra anualmente el 5 de octubre, y trata de rendir un reconocimiento a los miles de maestros y profesores madrileños –alrededor de 100.000 en todo el sistema educativo madrileño-, que hacen posible cada día que nuestro sistema educativo sea el mejor de España. Así, la estrategia creativa se centra en empoderar a los profesores dando valor a su importante labor formativa con el lema ‘Si tuviera súper poderes sería maestro. Los profesores de la Comunidad de Madrid, trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor’.

Con esta acción, el Ejecutivo de Ángel Garrido busca transmitir a alumnos, padres y profesores el carácter esencial del docente en la educación y transmitir a la sociedad que los profesores prestan un servicio público que exige, no solamente conocimientos profundos y competencias específicas, adquiridos y mantenidos mediante estudios continuos, sino también un sentido de la responsabilidad personal y colectiva que los docentes asumen para la educación y el bienestar de los alumnos bajo su cargo.

Asimismo, con esta campaña, la Comunidad de Madrid pretende fomentar la colaboración y la comunicación entre las familias y los docentes y transmitir la importancia de la buena convivencia en los centros haciendo hincapié en el respeto y consideración que sus profesores merecen. El Gobierno madrileño considera fundamental dar a conocer el trabajo diario de los profesores y no solo en lo que se refiere al aula sino su labor relacionada fuera de ese ámbito, en el propio centro de trabajo, las reuniones, la preparación de actividades y su formación continua.

Más información y carteles en www.comunidad.madrid/noticias/2018/10/02/

Vídeo "Si tuviera superpoderes, sería maestro"

Fuente: www.youtube.com

La Comunidad de Madrid lanza una campaña de comunicación institucional de sensibilización acerca de la función social del docente, bajo el lema ‘Si tuviera superpoderes sería maestro’. Esta iniciativa del Ejecutivo regional tiene el objetivo de concienciar a la sociedad de la importancia de la labor de los maestros y los profesores, así como aumentar el prestigio y el reconocimiento de su trabajo en la Comunidad de Madrid.


Publicado el 2 de octubre de 2018 en YouTube por la Comunidad de Madrid

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¡Garrido, Van Grieken, firmad el convenio para la licitación del Instituto en Rejas! El Ayuntamiento de Madrid ya ha hecho su parte

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Paracuellos Educación de Calidad (@ParacuellosXEP) ha tuiteado:

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lunes, 1 de octubre de 2018

El PCM denuncia el inicio de curso caótico del consejero reprobado

Un año más, iniciamos el curso escolar instalados en el caos. El calendario se adelanta arbitrariamente, pero falta profesorado en los centros para recibir al alumnado. Faltan colegios e institutos públicos en numerosos distritos y municipios de Madrid. Las obras de las nefastas construcciones por fases amenazan la seguridad de nuestr@s hij@s. Faltan plazas escolares públicas en las distintas enseñanzas, sobre todo en la FP pública, la Educación Infantil y en el bachillerato de Artes. No se reducen las ratios, ni las horas lectivas, ni aumenta el profesorado, porque no se cumple la tasa de reposición ni lo firmado en el Acuerdo sectorial, con lo que el profesorado está saturado y precarizado: demasiad@s compañer@s con medias jornadas y compartiendo centros. El pésimo nuevo programa informático Raíces desespera a administrativ@s y equipos directivos. La masificación de las aulas es sistemática en los municipios del sur. El proceso de escolarización es opaco y tramposo en favor de la privada concertada, generando en la Pública centros masificados y centros gueto. En Vallecas y Moratalaz la DAT ha dado instrucciones de ampliar ratios en Infantil Y Primaria. Hay colas de familias de madrugada en el SAE, lo que anuncia conflictos en la escolarización por una falta absoluta de planificación. Mayor masificación mientras se ningunea profesorado de apoyo en estos centros.
No nos cansamos de denunciar que este caos es un caos programado. Es la voluntad política del  gobierno del PP en la Comunidad de Madrid. Cada año se repite la misma historia, porque es justamente esto lo que el gobierno pretende: la profecía autocumplida. Quieren convencernos de  que lo Público no funciona, encargándose ellos mismos de gestionarlo pésimamente para que lo creamos y nos llevemos los hij@s a la escuela privada concertada.  Y si aún así perseveramos en elegir la Pública, el maltrato a nuestros derechos es constante cada inicio escolar y sostenido a lo largo de los cursos.
El presupuesto para la Pública no deja de bajar, mientras destinan cada vez más partidas a la escuela privada concertada. El consejero Van Grieken, reprobado por la Asamblea de Madrid -que por estar reprobado, en un sistema parlamentario sano, debería haber dimitido hace tiempo- ha experimentado este mes la indignación de muchas comunidades educativas, de Getafe a Valdebebas,  entre otras muchas, pero, instalado en su habitual hipocresía, anuncia los cheques-bachillerato para concertar una etapa no obligatoria, es decir, para regalar dinero de tod@s a sus amigos de la privada. La Consejería que él dirige no dota a los centros públicos de las plazas que demanda la comunidad educativa, para derivar alumnado a los centros privados y garantizarles el negocio. Se sigue favoreciendo la construcción de centros privados en suelo público, a los que se promete el concierto por anticipado, mientras los centros públicos ven paralizadas sus obras o eternizadas en fases para multiplicar los negocios de algunos y estimular nuestro desapego. No lo van a conseguir.
La ministra Celaá anuncia la derogación del decreto de medidas urgentes de Wert que llevamos sufriendo y denunciando desde el 2012. El decreto que instauró  los recortes, el aumento de las ratios, la disminución del profesorado, etc. pero deja a las Comunidades Autónomas la responsabilidad de su desarrollo, de manera que l@s madrileñ@s quedamos al albur de un  gobierno del PP que lo tiene claro: no lo va a ejecutar en absoluto.
El gobierno de Ángel Garrido lo afirma -sin complejos, dicen; con desfachatez impropia de servidores públicos, decimos nosotr@s-: Su apuesta es el negocio de la escuela privada concertada y así lo han trasladado, no sólo en sede parlamentaria, sino a través de los ayuntamientos y juntas de distrito en forma de mociones en defensa de su modelo privatizador. El PCM, a través de su participación en Izquierda Unida, en Ahora Madrid y otras convergencias municipales, mostrará de manera inequívoca su apoyo a la Escuela Pública en esos debates y en cuantos tengan lugar. Lo afirmamos rotundamente: La escuela privada concertada es un robo de dinero público y un sistema segregador, clasista y elitista que impide la igualdad de oportunidades de l@s madrileñ@s. El derecho a una educación de calidad es innegociable y se debe garantizar en la Escuela Pública.
Por eso el Partido Comunista de Madrid se solidariza con todas las comunidades educativas que se organizan contra los recortes y las privatizaciones de la Escuela Pública y saluda su capacidad de movilización, imprescindible en estos momentos, porque sólo así se consiguen las justas reivindicaciones que exigimos. Felicitamos al CEIP Uruguay de Latina, que ha conseguido ver ampliada la línea de Infantil, y al CEIP Alejandro Rubio de Guadalix, por desenmascarar el fiasco pedagógico del programa de bilingüismo de la CAM.
El PCM  trabaja positivamente para el encuentro de todas las luchas, caminando hacia la gran movilización unitaria de octubre. Por eso, el 24 de octubre el PCM estará en la Plaza Mayor de Madrid con la Marea Verde y el 27 de octubre participará en la manifestación estatal bajo el lema Si nos movemos, lo cambiamos todo.
Tod@s junt@s, en la lucha social cotidiana y en la gran cita de octubre, además de en la convergencia política que construimos en Hacer Madrid, estamos abriendo el camino que nos va a llevar a desalojar al PP del gobierno de la Comunidad de Madrid. Se lo debemos a nuestra Escuela Pública.
Fuente: pcmadrid.org

sábado, 22 de septiembre de 2018

Cheques Bachillerato: La amenaza de la enseñanza concertada planea sobre el Bachillerato (Silvia Casado en Cuartopoder)

Artículo de nuestra compañera Silvia Casado en CUARTOPODER.ES

  • Se trata del proyecto ideológico de convertir todo lo público en mercancía. Es la continuación de las políticas de cesión de suelo público a colegios concertados
  • Aquí lo que está en juego no es la libertad de elección de los padres sino todo lo contrario; la escuela pública se construyó, ante todo, para proteger a los niños del totalitarismo familiar, para abrir una puerta al libre pensamiento
El pasado viernes 14 de septiembre, Ángel Garrido durante el debate del Estado de la Región, anunciaba la gran traca final de sus políticas neoliberales: la concertación del bachillerato a través de los famosos “cheques-bachillerato”.
Tras quince años del golpe de estado en Madrid conocido como el tamayazo, que arrebató el futuro gobierno de coalición del PSOE e IU, el mapa de la escuela pública madrileña ha quedado como si nos hubiera caído una bomba encima. Han sido quince años de políticas contra la enseñanza estatal, aplicadas por los gobiernos de Esperanza Aguirre (aristócrata y política, presidenta de la CAM entre el 2004 y 2012), Ignacio González (presidente entre 2012-15, imputado por el caso Lezo) y Cifuentes (presidenta dimitida por el caso del máster), en los que el presupuesto de la Escuela Pública ha ido disminuyendo al tiempo que aumentaba el de la privada-concertada.
Según los datos ofrecidos por la Comunidad de Madrid, la privada y concertada entre el curso 2007/2008 al curso 2017/18 ha matriculado casi al 80% (77,7%) del nuevo alumnado.
Así pues, la escuela concertada y privada ha aumentado en Madrid 3,5 veces más que la escuela pública en la última década.
Desde que Esperanza Aguirre en el curso 2010/11 nos aplicara la doctrina del shock, los recortes no han dejado de azotar a toda la comunidad educativa de la Escuela Pública: docentes, alumnos y familias. El cierre de unidades escolares cada curso, la reducción de plantillas ordinarias y de atención a la diversidad, el aumento de ratios y de horarios lectivos, y un largo etcétera han sido la tónica de la política educativa del PP. En resumen: un maltrato a un alto porcentaje de la sociedad madrileña, a todas esas familias que elegimos la enseñanza pública y también pagamos impuestos, y que sin embargo, hemos visto cómo han descendido los recursos de los centros escolares de nuestras hijas e hijos usurpados por las políticas neoliberales y parasitarias de las arcas públicas hacia los negocios privados de sus amigos. Hemos pagado, en resumen, con nuestros impuestos una subcontrata a empresas privadas, lo mismo que ocurre de forma habitual con los comedores o los servicios de limpieza, pero, lo que es mucho más grave, respecto del entero sistema de enseñanza.
Así las cosas, el sucesor de Cristina Cifuentes, en un discurso patético y paternalista, anunciaba su proyecto de subvencionar los estudios de bachillerato en centros concertados a cargo de las arcas públicas. Garrido explicó que el gobierno de la CAM “cree que hay que trabajar por la Educación y que hay que hacerlo atendiendo a un criterio social”. “Serán 3000 plazas educativas sostenidas con fondos públicos que irán destinadas a las familias de los entornos más desfavorecidos y de menor renta”. Hay que tener mucha cara para expresar las cosas así, para presentar lo que no es más que una aportación de dinero público a un negocio privado como una medida educativa de apoyo a las “familias de entornos desfavorecidos”.
Se trata del proyecto ideológico de convertir todo lo público en mercancía. Es la continuación de las políticas de cesión de suelo público a colegios concertados, que José Ignacio Wert incorporó a la LOMCE a través de una enmienda del PP (que en Madrid es conocida como la “enmienda Granados” en referencia a la Operación Púnica por la que fueron investigados varios colegios concertados de la región).
La otra mentira y justificación ideológica es la de la “libertad de elección de centro”. En las últimas semanas, en los plenos de diferentes ayuntamientos madrileños, el Partido Popular ha presentado mociones en apoyo a la escuela privada-concertada. En la página web del PP de Alcalá de Henares, podemos leer que “los populares complutenses llevarán una moción al Pleno de mañana para debatir la libertad de elección de las familias en el tipo de enseñanza que quieren para sus hijos, recogida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Constitución Española”.
Asombra contemplar este maquillaje por el que la expansión de los negocios de la patronal de la enseñanza -que desde hace ya tiempo insisten en que ellos no son subsidarios, sino complementarios- se presentan como un bien universal basado en los principios de los derechos humanos y constitucionales. Habría que comenzar, como explica Fernández Liria en Escuela o Barbarie, por negar la mayor: aquí lo que está en juego no es la libertad de elección de los padres sino todo lo contrario; la escuela pública se construyó, ante todo, para proteger a los niños del totalitarismo familiar, para abrir una puerta al libre pensamiento en unos niños que, en sus ambientes familiares, pueden estar sometidos a una dictadura ideológica asfixiante y castradora. Nadie tiene por qué asumir como un destino el haber nacido en una familia del Opus, de testigos de Jehová, de integristas islámicos o hippies contraculturales. Contra lo que se suele decir, la escuela pública no adoctrina, en primer lugar porque hay en ella tanta diversidad que aunque quisiera, no podría; y en segundo lugar, porque los profesores son funcionarios con libertad de cátedra, que no tienen por qué ceder a ninguna presión gubernamental. Se olvida a menudo que para eso se inventó el funcionariado: para apuntalar la división de poderes e impedir injerencias gubernamentales en la enseñanza o la justicia. Son dos virtudes que por definición no puede tener la enseñanza privada o concertada, donde la diversidad puede ser cribada ideológicamente y los profesores pueden ser despedidos por no encajar con el ideario doctrinal del centro. La enseñanza privada no es un bastión de los principios de la Ilustración, sino una lacra medieval y totalitaria incrustada en los principios del Estado de Derecho. Se habla mucho del gran éxito educativo de Finlandia, obviando el hecho de que ahí la enseñanza privada y concertada es prácticamente inexistente.
Que al Partido Popular, en el contexto de la Educación (no voy a entrar en otros), el bien común, los derechos humanos, los criterios sociales y los entornos desfavorecidos de los que tanto hablan les importan menos que nada, lo sabe cualquier docente que trabaje en cualquier barrio obrero de Madrid (y se me ocurren bastantes). Lo sabemos muy bien miles de docentes que hemos trabajado ahí en la última década, y que estamos a la espera de que el gobierno de Garrido cumpla con la dotación de profesores firmado en el Acuerdo Sectorial de enero del 2018 con los agentes sindicales. Ni cumplen con el cupo de profesores, ni con nada del Acuerdo que implique dotación económica. Este incumplimiento nos llevó a los delegados sindicales de CCOO al encierro del pasado mes de junio en la Escuela de Marginación de San Carlos Borromeo.
Si a la agresión sistemática del Partido Popular a la Escuela Pública, le sumamos ahora la entrega de 8 millones de euros en cheque-bachillerato a los centros concertados, los docentes madrileños podemos darnos por muertos y felicitar a los premiados. No solamente va a suponer un grave ataque a la igualdad de oportunidades y a la equidad social, sino que además, dejaremos de nuevo que nos vampiricen el dinero público para sus intereses privados. Veremos aumentar el cierre de aulas en centros públicos (incluso con alta demanda de alumnado), como ya viene ocurriendo desde hace una década, pero ahora en progresión geométrica. Y por supuesto, veremos en el paro a nuestros compañeros interinos y el incumplimiento de cualquier acuerdo para potenciar el empleo público.
Antes de entrar en la cárcel, cuando todavía era ministro de Economía, Rodrigo Rato resumió bien el programa del PP: había que “hacer más con menos”. Se impone la lógica de la subcontrata de empresas privadas porque dicen que salen más baratas, como si, tratándose nada menos que del derecho a la educación de la población, esto fuera un argumento solvente. Ahora, los madrileños vamos a regalar 8 millones de euros a la patronal de la escuela privada y concertada.
Pasada la crisis económica del 2008 el nuevo mantra del PP para justificar su falta de presupuestos en la pública ha sido repetir una y otra vez que no todo se soluciona con dinero y que los recursos no son infinitos. En este mismo capítulo es donde se añade, cómo no, la supuesta falta de formación del profesorado como mal endémico de nuestra escuela. Todo un abanico de calumnias y sarcasmos que algunos medios de comunicación no han cesado de airear. La respuesta, por parte de la comunidad educativa, tiene que ser contundente. Basta ya de negocios y de mentiras.
Sobre todo, es necesario que la respuesta al anuncio de la concertación del bachillerato sea tajante, porque con ello se traspasa una línea roja que, hasta el momento, nadie se había atrevido a cruzar. Como venimos diciendo en otros ámbitos: ninguna agresión sin respuesta. El Partido Popular busca dejarlo “todo atado y bien atado”, y están nerviosos porque saben que en las elecciones de mayo los ciudadanos de esta región les vamos a echar de las instituciones. Y esta vez no van a tener posibilidad de ningún tamayazo.
Hay momentos y oportunidades de urgencia política e histórica. Estemos a la altura, en la calle y en las urnas.
Silvia Casado Arenas es profesora de secundaria y autora del libro ‘¿Qué fue la guerra civil? Nuestra historia explicada a los jóvenes‘ junto a Carlos Fernández Liria.

viernes, 21 de septiembre de 2018

Madrid cierra sin multas los expedientes a 167 colegios concertados por cobros irregulares a las familias (Sofía Pérez Mendoza en eldiario.es)

Artículo de Sofía Pérez Mendoza en eldiario.es
  • La Comunidad de Madrid informa de que se han "subsanado" las irregularidades detectadas en uno de cada tres centros sobre la información y el pago de las actividades extraescolares
  • La "supervisión" de dichas actividades se da por zanjada y no se incluirá en el Plan General de Actuación de la Inspección de este curso, según CCOO 
  • En paralelo, Gobierno está inmerso en una campaña de defensa de la "libertad de elección": ha abierto 190 aulas nuevas y quiere subvencionar el Bachillerato
El Gobierno del PP de la Comunidad de Madrid ha dado carpetazo a los 167 expedientes abiertos a centros concertados de la región tras detectar irregularidades en el cobro a las familias. En todos los casos las indagaciones de la inspección tenían que ver con la gestión de las actividades extraescolares y, en todos los casos, se han cerrado porque los centros "han acreditado que han subsanado estos problemas", aseguran fuentes de la Consejería de Educación a eldiario.es.
La intervención de la inspección se produjo tras comprobarse que los centros no informaban a las familias de que las actividades eran voluntarias y no lucrativas, no reflejaban adecuadamente en la información que se remitía a la Administración la existencia de estas actividades, las ofrecían en bloque, sin desglosar precios y sin posibilidad de elección o incluían conceptos erróneos como servicios complementarios.
Estas actuaciones fueron confirmadas por la exviceconsejera de Organización Escolar María José-Patrón, destituida por el presidente Ángel Garrido cuando tomó posesión de su cargo tras la dimisión de Cristina Cifuentes. Y, según fuentes de la Consejería de Educación, ya no se producen tras el toque de atención de la administración. Los colegios se enfrentaban a multas económicas que oscilan entre el total y el doble de una parte del dinero público reservado a ese concierto que habrían dejado de percibir. Concretamente el reservado en las partidas a "otros gastos": entre 6.900 y 9.200 euros por aula al año, según el nivel educativo. 
La oposición considera que el Gobierno ha cerrado el asunto sin entrar en el fondo de la cuestión: "Las cuotas voluntarias generales que son, en realidad, obligatorias".  "Eso no se ha arreglado y es vox populi", sentencia la portavoz de Educación de Podemos, Beatriz Galiana.  La patronal de la escuela concertada ha reconocido en varias ocasiones, también a eldiario.es , la existencia de estas cuotas con la justificación de que el dinero público que reciben las entidades por cada plaza –los módulos fijados por el Ministerio de Educación– es insuficiente para prestar el servicio.
Todas estas irregularidades, también las detectadas por la inspección, contravienen el articulado de la Lomce, que marca que "en ningún caso podrán los centros públicos o privados concertados percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica, por parte de las familias de los alumnos". Una resolución de la Comunidad de Madrid de 2016 establece las sanciones en caso de incumplimiento. 

Una medida "cosmética" para los sindicatos

El Ejecutivo ha dado por zanjado el asunto y no incluirá esta supervisión de las actividades extraescolares en el Plan General de Actuación de la Inspección Educativa de este curso. Al menos así consta en el borrador, según informa Comisiones Obreras a eldiario.es. El plan correspondiente al curso pasado incluía una referencia explícita a estas actuaciones de "supervisión de actividades complementarias y extraescolares y de servicios complementarios en centros privados sostenidos con fondos públicos", para continuarlas y completarlas, un punto que según el sindicato la Consejería ya ha informado que va a eliminar. 
"Es evidente que esta medida de supervisión ha sido meramente cosmética, habida cuenta, además, que el Plan General de Actuación de la Inspección del curso actual, según el conocimiento que tenemos de su borrador, ha suprimido tal actuación", explica la secretaria general de Educación de CCOO Madrid, Isabel Galvín. 

190 aulas concertadas nuevas este curso

El Gobierno de Ángel Garrido ha iniciado una campaña para reforzar la "libertad de elección" de las familias como respuesta a lo que, asegura el PP, es un ataque del Ejecutivo del PSOE de Pedro Sánchez a este modelo educativo. Si Madrid era 2014 era la cuarta comunidad autónoma –solo por detrás de Euskadi, Navarra y Baleares–  que dedicaba más presupuesto público a este modelo educativo (943 millones de euros, uno de cada cinco euros del gasto total), la cifra ha escalado en cuatro años hasta los  1.028 millones (9% más) con la apertura de 190 aulas para este curso, según datos ofrecidos por la Consejería de Educación. Todas, justifican fuentes de este departamento, se ubican en centros que ya tienen concierto educativo y son "para dar respuesta al crecimiento vegetativo".  
Durante el verano, Garrido se reunió con los representantes de la escuela concertada en un encuentro que se saldó con dos compromisos: un nuevo decreto de regulación específico para estos centros y la financiación a cargo de las arcas públicas de equipos de orientación educativa para Primaria. Además, ha prometido, si continúa como presidente de la Comunidad de Madrid (y para eso primero tiene que ser candidato, algo que no está decidido en el PP), subvencionar a cargo de las arcas públicas los estudios de Bachillerato en centros privados que no tengan concierto a 3.000 alumnos y alumnas. Ocho de millones de euros para este proyecto piloto, muy mal recibido por PSOE y Podemos y los defensores de la escuela pública. 
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viernes, 14 de septiembre de 2018

Garrido redobla su apuesta por la concertada y anuncia un cheque para subvencionar Bachillerato en centros privados (ELDIARIO.ES)

Artículo publicado en eldiario.es/madrid
  • El presidente de la Comunidad de Madrid anuncia un cheque-bachillerato para pagar esta etapa educativa en centros concertados, donde no es gratuita 
  • El Ejecutivo prevé un desembolso de ocho millones de euros en estos cheques para 3.000 familias, a falta de concretar las cuantías y las condiciones de acceso
  • La medida entraría en vigor en septiembre de 2019, así que queda condicionada a unos presupuestos bloqueados y a la victoria del PP en las elecciones
El PP en Madrid redobla su apuesta por la concertada. El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha anunciado este viernes un nuevo cheque-bachillerato para subvencionar a cargo de las arcas públicas los estudios a los alumnos que cursen esta etapa educativa en centros concertados donde estos dos años no son gratuitos.

Esta medida ha sido adelantada por el presidente regional durante su turno de réplica a la oposición en la segunda sesión del Debate del Estado de la Región que se celebra esta semana en la Asamblea de Madrid. "Mi Gobierno cree que hay que trabajar por la Educación y que hay que hacerlo atendiendo a un criterio social. Creemos que debe ser así", ha sostenido.

La medida no se aplicará hasta el curso próximo, el 2019/2020, y beneficiará según sus planes a 3.000 alumnos y alumnas, "especialmente los de familias con rentas más bajas". De manera que primero serán las elecciones autonómicas y el anuncio puede quedar en nada si el PP no gana. También quedaría en aire si finalmente no hay presupuestos para 2019 porque el coste estaría consignado en estas cuentas, de momento bloqueadas por las exigencias de Ciudadanos.

El Ejecutivo de Ángel Garrido estima que la puesta en marcha de este cheque-bachillerato costará alrededor de 8 millones de euros aunque todos los detalles se desarrollarán con posterioridad en una convocatoria en la que se establecerán y concretarán todos los detalles, así como la cuantía y las condiciones de acceso a estas ayudas, según el Gobierno.

De salir finalmente adelante, la medida supondrá, según ha detallado el Ejecutivo regional, que inicialmente el 15% de los estudiantes madrileños matriculados en centros concertados donde el Bachillerato no es gratuito contará ya el próximo curso con esta ayuda.

"Serán por tanto 3.000 plazas educativas sostenidas con fondos públicos que irán destinadas a las familias de los entornos más desfavorecidos y de menor renta", ha desgranado el presidente autonómico. Asimismo, ha puesto el foco en que esta medida va destinada a los madrileños que afrontan "una situación difícil cuando su hijo pasa de la educación Secundaria, que es obligatoria y por tanto gratuita, al Bachillerato".


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martes, 7 de agosto de 2018

El PP se lanza a blindar la educación concertada tras los planes anunciados por el Gobierno de Sánchez (Sofía Pérez Mendoza en ELDIARIO.ES)

Artículo de Sofía Pérez Mendoza publicado en eldiario.es

  • El Gobierno de la Comunidad de Madrid vuelve a aumentar el presupuesto hasta los 1.028 millones con la apertura de 190 aulas nuevas en septiembre
  • La intención de la ministra de Educación de cambiar la ley para no considerar la "demanda social" para dar nuevas plazas indigna a los defensores del modelo
  • El presidente regional Ángel Garrido reunió de urgencia a representantes de la concertada para mostrar su desacuerdo y financiará la orientación escolar

Los gobiernos del PP se revuelven ante los planes del Gobierno de Pedro Sánchez con la educación concertada. El Ejecutivo solo ha anunciado una medida, eliminar el artículo de la Lomce que condiciona la existencia de aulas concertadas a la "demanda social", pero eso ha sido suficiente para despertar una rápida reacción en el Gobierno de la Comunidad de Madrid –el núcleo central de la oposición al Ejecutivo socialista– y la "alarma" entre las  familias. Tanto, que la ministra de Educación, Isabel Celaá, ha tenido que salir al paso de la polémica para aclarar que es falso que el Ejecutivo vaya a eliminar los conciertos educativos. 
Inmediatamente el presidente regional Ángel Garrido convocó a iniciativa propia a asociaciones de padres y madres, sindicatos y agrupaciones vinculadas a la escuela concertada. Su objetivo, según recibieron algunas de ellas, era tranquilizarles y manifestarles "el contraste de las política de Madrid con las declaraciones del Gobierno". "Nos reiteraron su apuesta por la libertad de elección", cuenta un portavoz de Escuelas Católicas de Madrid a eldiario.es. 
La reunión se saldó con dos compromisos: un nuevo decreto de regulación específico para la escuela concertada y la financiación a cargos de las arcas públicas de equipos de orientación educativa para Primaria. Hasta ahora los equipos que trabajan en centros públicos atendían también a los concertados pero a partir de este curso –el primer año solo se implantará en 140 centros y los siguientes en todos progresivamente– los centros recibirán una cuantía específica para gestionarlo. 
El grupo promotor de la Iniciativa Legislativa de los Ayuntamientos de la región por la educación inclusiva interpretan este anuncio como "una privatización del servicio" en estos centros que abrirá la puerta a que hagan informes de necesidades educativas especiales sin control administrativo público. Con estos diagnósticos, los colegios concertados reclaman a la Consejería de Educación apoyos educativos en función del número de alumnos y alumnas con necesidades. "Se perderá el control que requiere la dotación de recursos públicos", dice un comunicado de la ILA. 
CCOO advierte de que "el PP se comprometió en la Comisión de Educación del 20 de diciembre a no privatizar estos servicios". "Rechazamos este paso porque ya tuvo consecuencias en Aragón, donde se produjo un aumento exponencial y desproporcionado del alumnado de necesidades educativas especiales en busca de atraer más recursos a los centros concertados", explica Isabel Galvín, secretaria general de Educación de CCOO Madrid. 
Del decreto prometido por Ángel Garrido ha trascendido aún poco. Fuentes de la Consejería de Educación avanzan que se exigirán al menos dos años de experiencia a los centros privados que quieran pedir el concierto y se adelantará el plazo para solicitarlo de enero a diciembre.
Escuelas Católicas vaticina, en declaraciones a eldiario.es, que el Gobierno regional quiere vestir de decreto la orden de 2016 que regulaba las actividades complementarias de estos colegios. Estas actividades se han sometido a la investigación de la inspección educativa tras la apertura de más de un centenar de expedientes que acreditaban incumplimientos legales en 167 centros. Entre los detectados, la oferta de servicios en bloque de pago obligatorio o algunas fallas en la rendición de cuentas con la Consejería que los financia. 
Los conciertos educativos ya están regulados, grosso modo, en un decreto nacional del año 1985. La propuesta de Garrido pasa por crear uno específico para la Comunidad de Madrid, más allá de las órdenes e instrucciones (de menor rango) que ya existen. El dinero que aporta la administración por cada plaza escolar queda establecido cada año en los Presupuestos Generales del Estado, aunque los gobiernos regionales pueden introducir complementos. Lo que no es posible es que esos módulos marcados en el ámbito nacional se reduzcan.
Los gestores de las escuelas concertadas han reivindicado históricamente la actualización de esas cifras con el argumento de que las cantidades no son suficientes para cubrir los gastos. Esta cuestión también se puso sobre la mesa en la reunión con el presidente de la Comunidad de Madrid, que no se comprometió expresamente a un aumento, según fuentes presentes en el encuentro. 
La Comunidad de Madrid tiene una proporción de escuela concertada disparada respecto a la proporción de otras regiones. En 2014 era la cuarta comunidad autónoma –solo por detrás de Euskadi, Navarra y Baleares–    que dedica más presupuesto público a este modelo educativo: fueron 943 millones de euros. Uno de cada cinco euros del gasto total en educación (20%). La media está en un 14,7%.
Cuatro años más tarde, el presupuesto ha escalado hasta los 1.028 millones, un 9% más, según datos ofrecidos por la Consejería de Educación. El Gobierno de Ángel Garrido abrirá en septiembre 190 aulas nuevas, aunque todas en centros que ya tienen concierto educativo. "Son para dar respuesta al crecimiento vegetativo", apuntan fuentes de la cartera dirigida por Rafael Van Grieken. 
Las clases concertadas no han dejado de crecer desde que Cristina Cifuentes llegó a la Puerta del Sol en 2015. La expresidenta prometió que no concedería conciertos a nuevos centros pero su gestión ha continuado inflando la implantación de este modelo. 283 nuevas en 2015, 229 en 2016, 191 en 2017 y 190 este curso que viene. En total, la región cuenta con 15.680 aulas con concierto. 
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miércoles, 25 de julio de 2018

El gobierno del PP de Madrid sufragará la incorporación de orientadores en la etapa de Infantil y Primaria en los centros de Educación concertada

En diciembre de 2017 ya advertimos, mediante estos comunicados, de la intención del Gobierno del PP de privatizar el Servicio de Orientación Educativa  

cuando el grupo parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid apoyó la Enmienda del PP a sus propios presupuestos 2018 para privatizar la Orientación en centros privado-concertados

El 18 de julio de 2018 el "presidente Garrido ha anunciado que el Gobierno regional sufragará la incorporación de orientadores en la etapa de Infantil y Primaria en los centros de Educación concertada, como así venía ocurriendo en la etapa de Secundaria" (Garrido defiende la libertad de las familias para elegir la educación que quieren para sus hijos).


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Garrido defiende la libertad de las familias para elegir la educación que quieren para sus hijos

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha mostrado su apuesta irrenunciable por la libertad de elección de las familias para elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, en un sistema como el madrileño donde conviven y se complementan perfectamente la enseñanza pública, la concertada y la privada.

18 julio 2018

En ese sentido, Garrido ha subrayado que el 93,6 % de las familias madrileñas ha conseguido el colegio elegido en primera opción de cara al próximo curso escolar 2018/19. Este porcentaje, que marca la libertad educativa en la región, se ha incrementado progresivamente a lo largo de estos últimos años y se sitúa actualmente 13 puntos por encima respecto al curso 2006/07 (80,5 %).

Así lo ha destacado el presidente regional tras la reunión que ha mantenido con los representantes de las principales asociaciones, confederaciones y sindicatos de la educación concertada madrileña. Garrido les ha mostrado el apoyo del Ejecutivo autonómico ante los recientes anuncios legislativos del Gobierno presidido por Pedro Sánchez en relación con la enseñanza concertada: “Estamos decididos a apoyar –ha dicho- un modelo educativo amparado por la Constitución, que hace posible la existencia de una oferta diversa y adecuada a la demanda de las familias madrileñas”.

La diversidad y riqueza de la oferta educativa en la Comunidad (en el curso 2017/18 el 54,2 % de los alumnos se matricularon en centros públicos, el 30,2 % en centros concertados y el 15,6 % centros privados) contribuye decisivamente a la calidad de la educación madrileña, avalada por los resultados de los informes internacionales de referencia -PISA, PIRLS O TIMMS- que sitúan a la educación madrileña a la cabeza tanto en España como a nivel internacional.

Más orientadores y una nueva regulación

Tras esta reunión, el presidente Garrido ha anunciado que el Gobierno regional sufragará la incorporación de orientadores en la etapa de Infantil y Primaria en los centros de Educación concertada, como así venía ocurriendo en la etapa de Secundaria. Se trata de una importante medida que, sin duda, va a suponer una mejora en la atención educativa para los alumnos de estos centros, que representan al 30 % del total en la región.

Esta incorporación del servicio de Orientación a la etapa de Primaria es cada vez más demandado para la identificación y valoración de las necesidades específicas de apoyo educativo de los alumnos. Asimismo, es un elemento esencial para el asesoramiento y puesta en práctica de las adaptaciones curriculares y de la respuesta educativa que precisan los alumnos.

La puesta en marcha de esta medida potenciará y mejorará también el servicio de orientación en los centros públicos puesto que los equipos de la red pública atenderán a estos colegios en exclusiva. Anteriormente, cuando la concertada no contaba con orientadores propios, estos equipos prestaban servicio tanto en la pública como la concertada. 

El presidente Garrido también ha adelantado que el Gobierno regional trabaja actualmente en un nuevo decreto para regular el ordenamiento de todos los centros concertados madrileños.

Fuente: www.comunidad.madrid/noticias/2018/07/18/

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