Save the Children publica un informe en el que señala el programa bilingüe, el peso de la concertada o el decreto de libre elección de centro como medidas que apoyan la segregación de las rentas más bajas.
La Comunidad de Madrid es la región de la Unión Europea, solo detrás de Hungría, que tiene un índice mayor de segregación escolar. Segregación socioeconómica. Es un dato conocido tras el último informe PISA. Save the Children ha buceado entre algunas de las causas de esta situación.
La ONG ha publicado esta mañana un informe de 80 páginas, Mézclate conmigo. Anexo Comunidad de Madrid, en las que desgrana las tres causas principales de esta segregación. Por una parte, el apoyo a la educación concertada y el paralelo “abandono” de la educación pública. Tras esta, el desarrollo del programa bilingüe que, además, ha supuesto no solo diferencias importantes entre la concertada y la pública, sino que ha supuesto un aumento de la segregación dentro msimo del sistema público. Por último, el decreto de libertad de elección de centro. Este texto legal desplegó algunas políticas, como la zona única de escolarización o el cambio en las baremaciones que han dado lugar a una vuelta de tuerca más.
Pero empecemos por el principio. Según el índice Gorard, utilizado por la OCDE para determinar el nivel de segregación, la Comunidad de Madrid está en el 0,36. Esto, explica Save the Children, supone que, si hubiera que hacer políticas activas para evitar la segregación, habría que cambiar de centro educativo al 36% del alumnado madrileño. Este porcentaje ha crecido en la región desde el 25% de 2009 hasta el actual, de 2015 (con datos PISA, que este año volveremos a conocer en su edición de 2018).
Centros gueto
El 20% de los centros madrileños son centros gueto, el doble que la media española. Es decir, en 2 de cada 10 colegios e institutos, más de la mitad de su alumnado se encuentra en situaciones de gran vulnerabilidad socioeconómica. A este porcentaje hay que sumar los centros con concentración, es decir, aquellos que tienen entre un 26 y un 50% de alumnado vulnerable. Esto significa que el 40% de los centros educativos madrileños tienen concentración.
Pero las dificultades no se quedan ahí, sino que suman y suman. Casi el 80% de los centros gueto son públicos. Acogen en un 75% de los casos al alumnado de perfil socioeconómico más pobre. En el 40% de los centros gueto, además de estos índices de pobreza hay que sumar el alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a alguna discapacidad.
Estos centros, además de acoger a alumnado vulnerable y a mucho del alumnado con necesidades, desarrollan pocas o ninguna actividad extraescolar (son en la mayor parte de los casos las familias las que sufragan estas actividades y no son pocos los centros de estas características los que ni siquiera tienen una AMPA). Son centros en los que su profesorado sigue, en menor medida, programas de formación permanente y, además, tienen alumnado con mayores problemas de convivencia.
El 80% del alumnado más pobre acude a centros con concentración (8 puntos más que la media española). Es más, el 40% de los más pobres estudia en centros gueto, es decir, el doble de lo que ocurre en el resto del Estado.
Una situación que se desarrolla desde 1996
Este fue el año en el que comenzó a desarrollarse de verdad la escuela concertada en la Comunidad. Según la ONG, este desarrollo ha supuesto el crecimiento de la doble red y correlaciona con la segregación socioeconómica y se centra en las diferencias entre la pública y la privada concertada.
Esto es así porque las familias con mayor poder adquisitivo prefieren que sus hijos se eduquen en centros concertados. A esto se suma las cuotas, que funcionan como elemento disuasorio para las madres y padres en situaciones más precarias.
Otra ventaja de la concertada frente a la pública es el hecho de la escolarización desde los 0 hasta los 18 años sin que exista cambio de centro educativo en el paso de primaria a secundaria. Y a esto se suma la política del Gobierno regional ofertando centros concertados en vez de privados en según qué zonas de la región. Es más que conocida la creación de ensanches de las poblaciones en las que no se proyectan centros educativos públicos, o se hace años después de la aparición de los privados concertados.
A partir de 2012, a las diferencias entre las dos redes hay que sumar la que aparece dentro del sector público educativo. El programa bilingüe de la Comunidad de Madrid no separa a su alumnado en primaria según su conocimiento del inglés, pero sí lo hace cuando chicas y chicos llegan a la secundaria. Quienes han pasado su escolarización en el programa y llegan al instituto han de pasar una prueba que los separa entre los alumnos de sección y los de programa. Los primeros dominan más el idioma que los segundos. Aquí vuelve cambia la segregación entre quienes más saben y quienes menos. Al tiempo que deja fuera a todo aquel que no ha pasado por la enseñanza bilingüe, es decir, la mitad del alumnado.
Los centros educativos madrileños son autónomos en su decisión de sumarse al bilingüismo, lo que para la ONG supone que la presión de las familias para que sus hijas e hijos no se queden atrás, hace que se tome esta decisión por parte de los equipos directivos. Y en este sentido, son los colegios e institutos de rentas mayores los más preocupados en sumarse al bilingüismo, mientras que aquellos centros de rentas más bajas no suelen hacerlo.
De hecho, el informe recoge que las familias en situaciones más vulnerables prefieren abandonar los centros bilingües cuando pasan a serlo. Principalmente porque no tienen herramientas para apoyar a niñas y niños en este aprendizaje de las materias en un idioma extranjero.
Y, por último, el decreto de libre elección de centro. En él se instituyó la zona única de escolarización, una de las medidas más conocidas. Según recoge el informe de Save the Children, esta medida no ha supuesto un aumento de la movilidad del alumnado. Al menos no el de rentas menores. El de mayores sí se ha movido más en relación a su lugar de residencia, pero tampoco en un alto porcentaje.
Lo que sí ha supuesto cambios importantes tras el decreto son las puntuaciones de baremación. Mientras que antes de este decreto había puntos por la situación económica de las familias y esta se basaba en el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), tras el cambio de legislación, los poco puntos que se dan se basan en la Renta Mínima de Inserción (RMI), que cubre a menos población que el primer índice. Según el informe esto aumenta las posibilidades de que las familias de rentas no tan bajas ocupen plazas públicas y concertadas, concentrándose y aumentando la segregación.
Además, el decreto, al fijar la zona única, supuso la disminución de la puntuación por la cercanía del centro al hogar familiar al tiempo que daba a los centros un punto que daban a discreción.
El 20% de los centros madrileños son centros gueto, el doble que la media española. Es decir, en 2 de cada 10 colegios e institutos, más de la mitad de su alumnado se encuentra en situaciones de gran vulnerabilidad socioeconómica. A este porcentaje hay que sumar los centros con concentración, es decir, aquellos que tienen entre un 26 y un 50% de alumnado vulnerable. Esto significa que el 40% de los centros educativos madrileños tienen concentración.
Pero las dificultades no se quedan ahí, sino que suman y suman. Casi el 80% de los centros gueto son públicos. Acogen en un 75% de los casos al alumnado de perfil socioeconómico más pobre. En el 40% de los centros gueto, además de estos índices de pobreza hay que sumar el alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a alguna discapacidad.
Estos centros, además de acoger a alumnado vulnerable y a mucho del alumnado con necesidades, desarrollan pocas o ninguna actividad extraescolar (son en la mayor parte de los casos las familias las que sufragan estas actividades y no son pocos los centros de estas características los que ni siquiera tienen una AMPA). Son centros en los que su profesorado sigue, en menor medida, programas de formación permanente y, además, tienen alumnado con mayores problemas de convivencia.
El 80% del alumnado más pobre acude a centros con concentración (8 puntos más que la media española). Es más, el 40% de los más pobres estudia en centros gueto, es decir, el doble de lo que ocurre en el resto del Estado.
Una situación que se desarrolla desde 1996
Este fue el año en el que comenzó a desarrollarse de verdad la escuela concertada en la Comunidad. Según la ONG, este desarrollo ha supuesto el crecimiento de la doble red y correlaciona con la segregación socioeconómica y se centra en las diferencias entre la pública y la privada concertada.
Esto es así porque las familias con mayor poder adquisitivo prefieren que sus hijos se eduquen en centros concertados. A esto se suma las cuotas, que funcionan como elemento disuasorio para las madres y padres en situaciones más precarias.
Otra ventaja de la concertada frente a la pública es el hecho de la escolarización desde los 0 hasta los 18 años sin que exista cambio de centro educativo en el paso de primaria a secundaria. Y a esto se suma la política del Gobierno regional ofertando centros concertados en vez de privados en según qué zonas de la región. Es más que conocida la creación de ensanches de las poblaciones en las que no se proyectan centros educativos públicos, o se hace años después de la aparición de los privados concertados.
A partir de 2012, a las diferencias entre las dos redes hay que sumar la que aparece dentro del sector público educativo. El programa bilingüe de la Comunidad de Madrid no separa a su alumnado en primaria según su conocimiento del inglés, pero sí lo hace cuando chicas y chicos llegan a la secundaria. Quienes han pasado su escolarización en el programa y llegan al instituto han de pasar una prueba que los separa entre los alumnos de sección y los de programa. Los primeros dominan más el idioma que los segundos. Aquí vuelve cambia la segregación entre quienes más saben y quienes menos. Al tiempo que deja fuera a todo aquel que no ha pasado por la enseñanza bilingüe, es decir, la mitad del alumnado.
Los centros educativos madrileños son autónomos en su decisión de sumarse al bilingüismo, lo que para la ONG supone que la presión de las familias para que sus hijas e hijos no se queden atrás, hace que se tome esta decisión por parte de los equipos directivos. Y en este sentido, son los colegios e institutos de rentas mayores los más preocupados en sumarse al bilingüismo, mientras que aquellos centros de rentas más bajas no suelen hacerlo.
De hecho, el informe recoge que las familias en situaciones más vulnerables prefieren abandonar los centros bilingües cuando pasan a serlo. Principalmente porque no tienen herramientas para apoyar a niñas y niños en este aprendizaje de las materias en un idioma extranjero.
Y, por último, el decreto de libre elección de centro. En él se instituyó la zona única de escolarización, una de las medidas más conocidas. Según recoge el informe de Save the Children, esta medida no ha supuesto un aumento de la movilidad del alumnado. Al menos no el de rentas menores. El de mayores sí se ha movido más en relación a su lugar de residencia, pero tampoco en un alto porcentaje.
Lo que sí ha supuesto cambios importantes tras el decreto son las puntuaciones de baremación. Mientras que antes de este decreto había puntos por la situación económica de las familias y esta se basaba en el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), tras el cambio de legislación, los poco puntos que se dan se basan en la Renta Mínima de Inserción (RMI), que cubre a menos población que el primer índice. Según el informe esto aumenta las posibilidades de que las familias de rentas no tan bajas ocupen plazas públicas y concertadas, concentrándose y aumentando la segregación.
Además, el decreto, al fijar la zona única, supuso la disminución de la puntuación por la cercanía del centro al hogar familiar al tiempo que daba a los centros un punto que daban a discreción.
Soluciones
El informe dedica buena parte de sus páginas a la búsqueda de soluciones a las diferentes situaciones. Empezando por las políticas de planificación de la Administración.
Los primero, realizar un análisis de la composición de los centros educativos para saber cuál es y poder aplicar políticas ad hoc. También, jugar con la adscripción de los colegios a los institutos para fomentar la mezcla entre chicas y chicos de diferente origen socioeconómico, a lo que se podría sumar un replanteamiento de la jornada escolar (en la pública preferentemente intensiva, frente a la partida de la privada concertada) lo que podría ayudar a la conciliación de la vida familiar con la escolar y disminuir una diferencia grande entre las dos redes
A esto se suma que debería replantearse el sistema bilingüe y que fuera la Comunidad de Madrid la que plantease una planificación de su crecimiento (en vez de dejarlo al albur de los centros). Además, la ONG sugiere la posibilidad de que en secundaria no se separe al alumnado por niveles de conocimiento de inglés. y se facilitasen apoyos a los centros educativos.
Save the Children también propone cambios relacionados, por ejemplo, con las políticas que afectan a la admisión de alumnos en los centros. En un primer momento, con la creación de un programa piloto que estableciese porcentajes mínimos y máximos de alumnado según su nivel de renta en la doble red. La ONG asegura que un programa parecido se puso en marcha en Flandes (Bélgica), una de las regiones con más centros privados de Europa, y, al tiempo, se redujo la segregación intercentros.
También habría que hacer seguimiento de los procesos de matriculación extraordinaria para que fueran más equilibrados, al tiempo que habría que recuperar las comisiones de escolarización y hacer un seguimiento e investigación del cobre de cuotas ilegales. Este cambio de las políticas de admisión pasaría por la eliminación del punto discrecional del centro y de otros criterios como el del antiguo alumno y la recuperación del IPREM como criterio económico en la baremación.
El informe dedica buena parte de sus páginas a la búsqueda de soluciones a las diferentes situaciones. Empezando por las políticas de planificación de la Administración.
Los primero, realizar un análisis de la composición de los centros educativos para saber cuál es y poder aplicar políticas ad hoc. También, jugar con la adscripción de los colegios a los institutos para fomentar la mezcla entre chicas y chicos de diferente origen socioeconómico, a lo que se podría sumar un replanteamiento de la jornada escolar (en la pública preferentemente intensiva, frente a la partida de la privada concertada) lo que podría ayudar a la conciliación de la vida familiar con la escolar y disminuir una diferencia grande entre las dos redes
A esto se suma que debería replantearse el sistema bilingüe y que fuera la Comunidad de Madrid la que plantease una planificación de su crecimiento (en vez de dejarlo al albur de los centros). Además, la ONG sugiere la posibilidad de que en secundaria no se separe al alumnado por niveles de conocimiento de inglés. y se facilitasen apoyos a los centros educativos.
Save the Children también propone cambios relacionados, por ejemplo, con las políticas que afectan a la admisión de alumnos en los centros. En un primer momento, con la creación de un programa piloto que estableciese porcentajes mínimos y máximos de alumnado según su nivel de renta en la doble red. La ONG asegura que un programa parecido se puso en marcha en Flandes (Bélgica), una de las regiones con más centros privados de Europa, y, al tiempo, se redujo la segregación intercentros.
También habría que hacer seguimiento de los procesos de matriculación extraordinaria para que fueran más equilibrados, al tiempo que habría que recuperar las comisiones de escolarización y hacer un seguimiento e investigación del cobre de cuotas ilegales. Este cambio de las políticas de admisión pasaría por la eliminación del punto discrecional del centro y de otros criterios como el del antiguo alumno y la recuperación del IPREM como criterio económico en la baremación.
Recursos
Entre las soluciones o herramientas de mejora de la situación de segregación socioeconómica en Madrid, Save the Children pone sobre la mesa elementos como el establecimiento de un suelo mínimo de financiación de los centros en función de la composición de su alumnado, recursos adicionales para los que estén infrafinanciados, o el aumento de los recursos en función de los resultados relativos a equidad e inclusión.
También propone un análisis de la financiación de la red concertada para mejorarla eventualmente y, de este modo, evitar que se produzca el cobro de cuotas indebidas a las familias; o la gratuidad del transporte escolar para que las familias de rentas más bajas puedan hacer uso de la zona única de escolarización y puedan, si quieren, llevar a sus hijas e hijos a centros alejados del hogar.
En un sentido parecido, habla de garantizar el desarrollo de actividades extraescolares para todos y que sean gestionadas por la Administración y no por las AMPA que pueden o no existir o tener capacidad para ponerlas en marcha. Y, abundando en las ayudas a las familias, Save the Children propone que se dediquen recursos adicionales que faciliten la jornada escolar partida como ampliar las becas de comedor o el acondicionamiento de los centros para que en los meses peores de invierno y verano las condiciones para el aprendizaje sean las óptimas.
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También propone un análisis de la financiación de la red concertada para mejorarla eventualmente y, de este modo, evitar que se produzca el cobro de cuotas indebidas a las familias; o la gratuidad del transporte escolar para que las familias de rentas más bajas puedan hacer uso de la zona única de escolarización y puedan, si quieren, llevar a sus hijas e hijos a centros alejados del hogar.
En un sentido parecido, habla de garantizar el desarrollo de actividades extraescolares para todos y que sean gestionadas por la Administración y no por las AMPA que pueden o no existir o tener capacidad para ponerlas en marcha. Y, abundando en las ayudas a las familias, Save the Children propone que se dediquen recursos adicionales que faciliten la jornada escolar partida como ampliar las becas de comedor o el acondicionamiento de los centros para que en los meses peores de invierno y verano las condiciones para el aprendizaje sean las óptimas.
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