
Si quieres enviar convocatorias, propuestas concretas o noticias, pedir información, contarnos qué has hecho en tu centro..., escríbenos a accionesmareaverde@gmail.com
Síguenos en twitter: @VenaMareaVerde, en facebook: Ven a marea verde. Y en nuestro nuevo canal de telegram: https://telegram.me/mareaverdemadrid
Consulta también el blog ¡Matricúlate en la Pública! Síguenos en @VenalaPublica y en facebook: Matricúlate en la Pública-Ven a la Pública
Reproducimos esta noticia de ELDIARIO.ES
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acaba de anunciar que se suspenden las clases presenciales en todos los centros educativos de la región hasta el lunes 18 de enero. "Suspendemos todas las clases presenciales en la Comunidad de Madrid hasta el lunes 18, serán telemáticas desde este miércoles 13", ha informado la presidenta madrileña en su cuenta de Twitter. "Es necesario arreglar desperfectos y garantizar una vuelta segura a las aulas tras el temporal de nieve y frío", ha añadido Ayuso en su cuenta de Twitter.
Reproducimos este artículo publicado en ELDIARIO.ES
Semipresencialidad, ratios bajas, digitalización, lagunas formativas, falta de disciplina, mucho trabajo y, ya hacia el final, buena disposición. Aunque la pandemia todo lo marca, el primer trimestre del segundo curso escolar más raro que se ha vivido en los colegios –el primero fue el pasado, cierre incluido– concluye con luces y sombras, con un balance positivo general pese a todo y algunas lecciones aprendidas. O más bien confirmadas, porque ha sido la evidencia empírica de lo que siempre dicen los profesores: más vale una ratio baja en clase que mil leyes educativas.
Los centros escolares han escapado al temor que atenazó el inicio del curso en septiembre: no se han producido grandes ni numerosos brotes de COVID-19. No ha habido cierre masivo de aulas ante la propagación de la enfermedad. La pandemia ha traído a los centros, eso sí, en estos tres meses lo peor y lo mejor de la educación, según valoran docentes, familias y estudiantes. En el apartado negativo, siempre hablando desde un punto de vista estrictamente educativo, todas las personas consultadas para realizar este artículo destacan la semipresencialidad, esa fórmula elegida en la mayoría de las comunidades autónomas (algunas resistieron la tentación) para lograr la obligatoria distancia entre alumnos, ante la imposibilidad –o falta de voluntad– de contratar los docentes y/o habilitar los espacios necesarios para separar a los alumnos sin mandarlos a casa un día sí y otro no.
"Lo que teóricamente fue un éxito el curso pasado con la educación a distancia, en realidad es un fracaso bastante grande. Los alumnos no solo no tienen la formación suficiente y aún así han pasado el curso, es que hasta los alumnos buenos tienen la carencia de no haber aprendido ciertas cosas e incluso se han relajado con la idea de que les iban a aprobar", explica Javier Igual, profesor de Lengua en Secundaria.
A la vez, se da la circunstancia de que las medidas de seguridad sobrevenidas han hecho posible la principal reivindicación de la comunidad educativa: clases con menos alumnos, que han permitido una atención más individualizada y recuperar al menos parte de lo perdido el final del curso pasado. "Al bajar las ratios se ha podido manejar el desarrollo pedagógico en las clases de manera más efectiva y se ha podido atender la individualidad de cada estudiante. Esto ha permitido avanzar bien por el trimestre y resolver problemas que se pudieran arrastrar del curso pasado", valora Óscar Martín Centeno, director del colegio Santo Domingo, en Algete (Madrid) y presidente del Consejo de Directores de Madrid en un discurso que se repite en todos los ámbitos.
"La valoración del trimestre es muy positiva", opina Toni González, director del IES Pare Vitòria, en Alcoy (Alicante), y presidente electo de Fedadi, la Federación de Asociaciones de Directivos de Centros Educativos Públicos. "Después del confinamiento había una necesidad de realizar sesiones presenciales, de tener contacto social entre los alumnos, entre el profesorado también. Esto era básico", explica.
El curso empezó despacio, recuerdan hoy los profesores. El confinamiento dejó a los estudiantes sin clases presenciales durante seis meses y el impacto sobre el alumnado, en una doble vertiente, había que recuperarlo. "La mayoría de los centros, por no decir prácticamente todos, priorizaron el trabajo emocional con el alumnado. El impacto emocional de la vuelta fue importante", explica Mari Carmen Morillas, portavoz de la asociación de AMPAs de la escuela pública Ceapa. Por otra, se rompieron rutinas de estudio, se dejaron conocimientos por el camino y en la mente del alumnado se instaló una suerte de certeza de que se había levantado la mano y mal se tenía que dar para no pasar. "Los alumnos son conscientes de que no trabajaron lo suficiente durante el confinamiento, algunos porque no quisieron, y luego también vieron que les valió con lo que hicieron. Saben que no lo están haciendo bien, pero como no tenía consecuencias... Son muy conscientes de esto", explica Cristina Alquézar, profesora de francés en un instituto aragonés.
El pensamiento es compartido, con mayor o menor nivel de coincidencia. "Creo que les hicimos poco favor con la fórmula de que pasara todo el que hubiera hecho algo positivo en la primera evaluación", cuenta Javier Igual. "Hay carencias importantes. En mis grupos al menos, y lo he contrastado con otros profesores y hablado en las juntas de evaluación". La situación tampoco es la misma para todos los alumnos, explica Martín, que tiene la ventaja de dirigir un centro que abarca todo el ciclo obligatorio y lo ve a diario. "En Primaria es más relativo al desarrollo competencial del alumnado; en Secundaria, al contenido. Cualquier estudiante si le pone esfuerzo se va a poner al día con rapidez. En Infantil, 1º y 2º de Primaria hay que estar pendiente de cuestiones muy personales y afectivas, se nota. El contenido se acaba recuperando. Hay que tener en cuenta que la educación es progresiva y lo que no das un momento lo das al siguiente. Pero la parte competencial, emocional, tiene una labor más importante de la que se piensa", expone este director.
Así que buena parte del trimestre se ha dedicado a corregir carencias arrastradas. "Sí hemos detectado que ese hábito de estudio por parte del alumnado, al estar dos meses de confinamiento, a un porcentaje no muy grande del alumnado le ha costado recuperarlo. Pero este trimestre ya lo hemos hecho", asegura el director González. La profesora Alquézar coincide. "Ahora los veo agobiados, se han dado cuenta de que se tienen que poner las pilas y ya se trabaja normal".
A ello han ayudado unas clases reducidas, en las que está siendo posible trabajar mejor y atender a cada alumno. "Tener menos alumnos en clase cunde mucho más, con dos clases compensas las cuatro semipresenciales. Se nota mucho, aunque solo sea porque no estén sentados de a dos y no te pasas media clase pidiendo silencio", cuenta Igual. Martín pone voz a (casi) todos los profesores cuando afirma que "ha tenido que venir una pandemia para darnos cuentas de que una de las cuestiones más básicas es reducir las ratios". Los estudiantes también lo han percibido: "En clase la reducción se nota mucho. La atención más individualizada que recibimos al ser menos es muy positiva", asegura Andrea González, presidenta de la asociación nacional Canae.
También hay coincidencia en que la semipresencialidad tiene que durar lo menos posible. El alumnado que la ha sufrido, en alguna comunidad como Murcia, incluso en las etapas obligatorias, ha tenido dificultades para adquirir el ritmo en los estudios, y además esta modalidad aumenta la desigualdad entre los estudiantes. "La presencialidad es la única manera de garantizar la igualdad de oportunidades entre el alumnado. Se ha notado, ya no solo por las carencias del curso pasado, sino por esa atención que desaparecía cuando les tocaba quedarse en casa", asegura Mari Carmen Morillas, de Ceapa. Es lo que algunos profesores vienen definiendo como la sensación de que todos los días son viernes porque al día siguiente es festivo. Y ya se sabe que los viernes se trabaja menos.
Los estudiantes también creen que el modelo falla. "Vemos muchas deficiencias en las clases semipresenciales", se arranca González, de Canae. "Dar una clase online no es trasladar lo que antes dábamos de manera presencial con una cámara de por medio. Eso no funciona y los estudiantes lo tenemos más que claro. Lo que más ha fallado ha sido no tanto cómo se ha aplicado el modelo sino la filosofía del modelo en sí".
La profesora Alquézar, que vio cómo su centro pasaba de semipresencial a presencial a mitad del trimestre, explica que este cambio fue como la noche y el día. Por un lado, porque los alumnos, por mucho que se les diga nativos digitales, no lo son y tienen problemas para manejarse con las plataformas o utilizar determinadas herramientas. Por otro, porque buena parte de la educación es comunicación, explica, y eso solo se hace en directo. "La comunicación con los alumnos es real y es mayor. La relación alumno profesor es 100% comunicación. También para ellos", apostilla.
El otro gran problema de la no asistencia diaria a clase aparece en forma de brecha digital o por las carencias de infraestructura digital en muchos centros. "No han llegado todos los dispositivos prometidos por la administración, aunque sí una parte", lamenta Maribel Loranca, responsable de la sección de Educación de UGT. "Luego está el acceso a la conectividad. ¿Para qué le sirve una tablet a una familia si no tiene acceso a internet? El tercer problema es que los centros no están preparados para garantizar esa semipresencialidad, no tienen el suficiente ancho de banda", añade.
González Picornell, el representante de los directores, explica que le han pedido a la administración que mejore este aspecto. "Necesitamos que la educación llegue donde debe de manera adecuada. "También hay ciertas restricciones de ciertas plataformas digitales que por la Ley Orgánica de Protección de Datos no podemos utilizar, y en estos momentos hay que abrir puertas. Las mismas plataformas multinacionales lo pusieron todo gratis en el confinamiento, hay que abrirse porque el alumno está conectado en estas plataformas, es el mundo en el que estamos funcionando. Toda esta parte es mejorable", concluye.
Loranca añade otro elemento: "No ha habido la formación prometida a los docentes. No hay preparación para esta enseñanza a distancia en su totalidad. Este es el gran debe del trimestre". La estudiante González se suma a las peticiones: "Y las familias, la brecha no acaba por darle una tableta a un alumno".
Por último, los profesionales explican que este trimestre han notado una cierta carga extra de trabajo. Los responsables COVID de los centros, normalmente alguien del equipo directivo, han añadido la responsabilidad de controlar los casos sospechosos a su lista habitual de tareas. "Cualquier centro línea dos o tres [dos o tres grupos por curso] tiene casos todos los días. Y eso implica dedicar buena parte de la jornada laboral a esto", explica Martín Centeno. "Muchos centros se han pasado a la jornada continua y aún así están volviendo a casa los directores a las seis de la tarde", añade Francisco García, secretario general de Educación de CCOO. Al director Picornell la llamada telefónica le pilla trabajando en mitad de sus vacaciones.
Los docentes, parecido. "A partir de la presencialidad tengo menos trabajo, pero más que otro año normal porque van goteando alumnos que se hacen PCR, por ejemplo, que es un proceso de varios días y tienes que mandarles tarea a casa y estar encima para asegurar el feedback. Es una tarea extra porque es un trabajo individualizado", explica Alquézar. Su compañero Igual no habla tanto de carga de trabajo como de "tensión". "Siento que estoy mucho menos a gusto en el instituto, y es el mismo centro y tengo grupos similares al curso pasado. Estoy en un estado constante de tensión, no me puedo relajar en ningún momento. No solo por las medidas sanitarias, que añaden tensión, Noto entre el profesorado que estamos más a la que salta cada uno, más a la defensiva quizá", reflexiona. Alquézar se expresa en términos parecidos: "Muchas veces me pregunto por qué estoy tan cansada. No sé si lo arrastro de la semipresencialidad y la tensión que hubo al principio", cuenta.
En cualquier caso, como explicaba González Picornell, la valoración general es positiva y de agradecimiento a la comunidad educativa en su conjunto por la labor realizada. "Los profesores están trabajando como nunca, los alumnos se están portando como nunca también. Incluso los más pequeños están colaborando como nunca", asegura Francisco García, de CCOO. Pero siempre hay peticiones.
Docentes, sindicatos, familias y estudiantes quieren que se acabe con la semipresencialidad cuanto antes. Los profesores serían felices si las ratios se mantuvieran como están. Familias y estudiantes solicitan ser escuchados y participar más de los procesos educativos. "En estos momentos en que el acceso a los centros está más restringido, esto no debe ser la excusa para que algunos, a los que ya no les gustaba mucho la participación de la comunidad educativa, lo aprovechen para poner más trabas", dice Morillas, de Ceapa. "La mayoría de los estudiantes no ha podido contar cómo han vivido estos meses o cómo hemos aprendido o no. Se nos ve como receptores de la educación, pero no como parte del sistema. Sería positivo este feedback, al final es nuestra educación", añade González.
Publicamos este reportaje de ELDIARIO.ES
Ha tenido que desatarse una pandemia para que quedara al descubierto lo que algunos ya venían advirtiendo desde hace tiempo: España es un país de grandes desigualdades socioeconómicas. Y, en el campo de la Educación, ha tenido que ser la escuela pública la que diera la voz de alarma: nuestro sistema educativo, la mejor herramienta –en teoría– de compensación social, no está llegando a todos.
El cierre de los centros educativos en marzo llevó a los periódicos y telediarios casos como el de la familia de Fali, vecina de un barrio humilde del sur de Madrid: cinco miembros conviviendo en 30 metros cuadrados y con un solo punto de acceso al mundo virtual; un móvil que padre e hijo usan por turnos para cumplir con sus respectivas obligaciones. En el caso del pequeño, este dispositivo se convirtió durante el estado de alarma en su única ventana a la educación.
Esta brecha digital no es anecdótica, sino un síntoma más de la brecha social que sigue dejando atrás a los estudiantes que más recursos y atención merecen. La familia de Fali, además, pertenece a la etnia gitana, una minoría especialmente vulnerable en el que el 79% de los hogares no tiene ordenador en casa y el 89% sufre pobreza infantil, según el Secretariado Gitano. Para Guadalupe Jover, profesora de Secundaria en un instituto de la sierra oeste de Madrid, es precisamente esta brecha social contra la que la escuela pública debería ser el más potente mecanismo corrector.
"Cuando hablamos de escuela pública, hablamos principalmente de justicia social y de cohesión social. Entendemos la justicia social como el mecanismo fundamental de reparación de desigualdades. La escuela pública debe favorecer las políticas de equidad, dar más a quien menos tiene. Cuando nos referimos a la cohesión social, hablamos de que cada aula debería ser un reflejo de la heterogeneidad social. Del origen geográfico y cultural, de las creencias religiosas o no... Y eso, hoy, no se da", argumenta.
Para entender la situación actual, hay que remontarse al menos a 2009 y, sobre todo, al 2012, cuando el Gobierno de Rajoy aprobó el Real Decreto 14/2012 que imponía unos recortes sin precedentes en nuestra democracia. Ese año, al calor de la crisis que empezó en 2008, la escuela pública recibió un golpe del que todavía no se ha repuesto. En 2020, cuando por fin estaba el sistema empezando a reparar aquel estropicio diez años después, asumiendo una larga década perdida, ha llegado el coronavirus y se ha hecho evidente para la población en general –quienes trabajan dentro del campo de la Educación ya lo tenían claro– que los recortes no salen gratis.
"La caída de las becas, las ratios, el desmantelamiento de las plantillas y los departamentos de orientación, que proveen de orientación psicológica, pero también median entre niños, han dejado a los más vulnerables desatendidos", explica la profesora Jover. "Se ha ido procediendo a la voladura de todo lo relacionado con las políticas de equidad".
España, a diferencia de otros países de su entorno, decidió afrontar la gran recesión de la década de 2010 recortando en servicios públicos. Se quitaron fondos a la sanidad y a la educación pública en toda su extensión, desde Infantil hasta la Universidad. El gasto total en Educación todavía no se ha recuperado: pasó de un máximo histórico en 2009 de 53.895 millones de euros a 44.789 millones en 2014, una caída del 16,9%. El pasado curso, la partida fue de 50.807 millones, aún por debajo de la que había en 2008, según datos oficiales del Ministerio de Educación.
El descenso en los fondos se tradujo, entre otras cosas, en un empeoramiento de las condiciones laborales de los docentes. Los profesores, esos privilegiados, pagaron su parte de la crisis. Como colectivo, se calcula que desaparecieron unas 30.000 plazas. Los profesionales de refuerzo y apoyo educativo se llevaron el peor golpe: Pedagogos Terapeutas (PT) y especialistas en Audición y Lenguaje (AL) desaparecieron de los centros. A nivel individual, todos los docentes sufrieron recortes salariales (desapareció la paga extra y se congelaron los salarios) y hubo un empeoramiento generalizado de sus condiciones laborales. Los interinos perdieron derechos adquiridos, como que se les pagaran las vacaciones de verano. Los trabajadores con medias jornadas –con sus medios salarios– casi se duplicaron, pasando del 5% al 9%. Además, puesto que había menos profesores para el mismo alumnado, a los docentes se les aumentaron las horas lectivas.
La peculiaridad de la respuesta española a la crisis es que mientras el sistema público sufría los recortes, las escuelas concertadas apenas los notaron. Si entre 2008 y 2018 el sistema público ha perdido un 5,8% de financiación, los centros de "iniciativa social" –ese término amable que engloba a empresarios e Iglesia, dueña de dos tercios de los colegios de gestión privada que reciben fondos del Estado– rebotaron tras un pequeño descenso inicial, para acabar ganado un 11,6% de fondos.
Si la escuela pública es –debería ser– equidad y justicia social, la concertada y la privada representan, en la mayoría de los casos y con nobles excepciones, la segregación. Los estudios más recientes sobre esta cuestión apuntan todos una tendencia inequívoca. De acuerdo con el informe Diferencias Educativas Regionales 2000-2016, de la Fundación BBVA y el Instituto Ivie de investigaciones educativas, el reparto de alumnos sigue en España una lógica muy clara en función de la titularidad de los centros. Hay una escuela para ricos y otra para pobres: los públicos asumen "casi en exclusiva" la formación de estudiantes que provienen de entornos socioeconómicos menos favorables; mientras que los privados, tengan o no concierto, apenas reciben al alumnado de extracción humilde. En cifras: la escuela pública tiene un 60% de estudiantes de entornos medios y un 33% con pocos recursos. En la privada estos datos son el 27,1% y el 7,5%, respectivamente, con un 65,4% de alumnado privilegiado.
Frente a este escenario general donde se repiten ciertos patrones en la distribución de los estudiantes según su origen socioeconómico, cabe también apuntar que, en la España de las autonomías, las realidades educativas difieren por comunidades. Así, cuanto más rica es una región, más escuela concertada tiene: País Vasco, Madrid, Navarra y Catalunya son, por ese orden, las que más porcentaje de alumnos tienen en la concertada y más porcentaje de su gasto educativo público dedican a estos centros.
¿Por qué es esta una cuestión crucial en lo tocante a las desigualdades educativas? Porque los entornos influyen de manera decisiva en el aprendizaje de los alumnos y alumnas. "Son claramente relevantes para sus resultados educativos, tanto en término de competencias alcanzadas como del ritmo de avance de los estudios", escriben los investigadores de la Fundación BBVA y el Instituto Ivie. Los círculos viciosos.
En Orcasitas, al sur de Madrid, Fali y su familia son el reflejo de las consecuencias de estas dinámicas. Al cerrar los colegios por la pandemia, la falta de recursos de la familia mostró su lado más implacable. Cuando la tarea empezó a llegar en forma de enlaces y adjuntos en correos electrónicos, el niño, que comparte el único móvil familiar con el padre, se empezó a quedar atrás; la situación se ha visto subsanada, en parte, por la dedicación y compromiso del cuerpo docente que lo atiende este curso. Los profesores han realizado jornadas interminables, con disponibilidad 24/7 para llegar a todos sus alumnos y tratar de minimizar el impacto del confinamiento entre los más vulnerables.
"No tenemos internet en casa y no me llegaban los emails. Conseguí contactar con la maestra para que me los mandara por Whatsapp, utilizando el móvil con los datos de prepago", cuenta la madre de la familia. "Y así hemos estado. Todos los otros chicos tenían tabletas o impresoras, según contaban las madres en el grupo. Y da mucha impotencia ver que tu hijo no cuenta con esos medios, que no está al nivel de los demás, y te preguntas por qué la vida te ha golpeado así".
El de la familia de Fali puede parecer quizá un caso extremo en el que se junta todo: una familia con muy pocos recursos, perteneciente a una minoría étnica cuya plena inclusión en el sistema educativo nacional sigue pendiente, y vecina de la Comunidad de Madrid, una de las regiones que más ha apostado y ha favorecido a la escuela concertada de toda España. (Esperanza Aguirre, la presidenta regional que puso en marcha el sistema que hoy rige en la comunidad, argumentaría para defender su apuesta por la concertada que el artículo 27 de la Constitución ampara la libre elección de las familias a la hora de elegir la educación de sus hijos).
Enrique Díez, profesor de la Universidad de Castilla y León y responsable de Educación de IU, cree que donde dicen "libertad" se refieren a "beneficio". "Lo privado siempre introduce un elemento fundamental: piensa en el beneficio de quien invierte. Nadie invierte en un centro educativo si no quiere un beneficio. La Iglesia, que tiene el 63% de lo concertado, dice que no hace negocio. Yo digo: no hace negocio económico, hace negocio ideológico".
Si alguien sabe de beneficio económico en la educación son las universidades privadas. Solo entre 23 de ellas, de las 37 existentes actualmente, ganaron 1.700 millones de euros en el curso 2018-2019, con una rentabilidad media del 9,4%. La educación superior no ha sido ajena al proceso privatizador del sector vivido en España, que se ha dado casi en paralelo al de las etapas obligatorias.
En los últimos meses, el sector universitario privado español ha vivido el desembarco de fondos de inversión internacionales, que han adquirido los campus madrileños de la Universidad Europea o la Alfonso X El Sabio por 1.100 y 770 millones de euros, respetivamente. La educación obligatoria también ha vivido este proceso con la compra de algunos privados, ejemplificados en el caso de los colegios Laude: adquiridos entre 2006 y 2014 por los fondos Dinamia y N+1, fueron revendidos a International School Partnership ese año por entre 35 y 45 millones de euros, según se publicó en prensa. A día de hoy, Colegios Laude S. L. Tiene una facturación anual de 46,8 millones de euros y un resultado de explotación de 3,6 millones.
Históricamente, en el país habían existido cuatro centros privados universitarios: Deusto, la Pontificia de Comillas, la Pontifica de Salamanca y la Universidad de Navarra. Hasta que llegó la LOU del PP en 2001 y empezaron a multiplicarse. A principios de los 90, apenas surgieron unos pocos nuevos. En 1995 eran siete; para 2004, habían aumentado hasta 22. Diez años más tarde, pasaron a ser 33. La aprobación por parte del Gobierno de Aznar de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) incluyó dos decretos que regulaban, por primera vez, los requisitos que debían tener los centros privados de nueva creación. Con un marco legal que los igualaba a las universidades públicas en su capacidad de expedir títulos superiores, estos empezaron a proliferar.
Paso a paso, el sistema fue impulsando a la privada. La reforma del espacio europeo de educación superior (el plan Bolonia), que se implantó en España en 2007, dotó a los másteres de una importancia casi similar a los grados. Además, entre 2008 y 2015 la crisis se llevó por delante el 20% de los ingresos totales de las universidades, según el Observatorio del Sistema Universitario catalán. Para compensar esta caída de la financiación estatal, se subieron las tasas públicas un 31% de media, de modo que los precios, al menos para las familias, se acercaron a los de las universidades privadas.
En paralelo a este proceso, el ministro José Ignacio Wert cambió el sistema de becas: introdujo los requisitos académicos a la hora de obtener una ayuda, rebajó la cuantía de los importes que se concedían y estableció un umbral máximo de renta para obtener una beca íntegra tan bajo (una familia de cuatro miembros con ingresos superiores a 13.909 euros anuales quedaría fuera) que muchos estudiantes se quedaron sin ayuda o, habiéndola conseguido, tuvieron que devolverla porque no conseguían cumplir con las notas mínimas exigidas. El resultado fue que decenas de miles de jóvenes (los rectores calcularon que unos 40.000) tuvieron que dejar sus estudios.
Muchos expertos explican estos movimientos rebobinando hasta 1989. A finales del siglo pasado, tras ocho años de Ronald Reagan y diez de Margaret Thatcher, el mundo vivió un cambio de paradigma. El lobby empresarial europeo publicó entonces el informe Educación y Competencia en Europa, que incluía la siguiente afirmación: "La educación y la formación (…) se consideran inversiones estratégicas vitales para el éxito futuro empresarial".
Los grandes grupos de presión recogieron el guante y se pusieron en marcha. En 1998, Glenn R. Jones, presidente de Coca-Cola, comentaría tras un encuentro mundial de la Global Alliance for Transnational Education: "Desde el punto de vista del empresario, la enseñanza constituye uno de los mercados más vastos y de mayor crecimiento".
Especialmente clarificador resulta un escrito de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), un ente hoy convertido en referente sobre políticas educativas para los Gobiernos gracias a su examen PISA. En 1996 la OCDE ya era consciente de la dualidad del nuevo mercado laboral que estaba gestándose: las empresas no iban a necesitar tantos trabajadores con formación. Pero entendió también que esta no era una idea fácil de vender, así que uno de sus analistas, Chistian Morrison, sugirió: "Si se les disminuyen los gastos de funcionamiento a las escuelas y universidades, hay que procurar que no se disminuya la cantidad de servicio, aún a riesgo de que la calidad baje (…). Sería peligroso restringir el número de alumnos matriculados. Las familias reaccionarán violentamente si no se matricula a sus hijos, pero no lo harán frente a una bajada gradual de la calidad de la enseñanza y la escuela puede progresiva y puntualmente obtener una contribución económica de las familias o suprimir alguna actividad. Esto se hace primero en una escuela, luego en otra, pero no en la de al lado, de manera que se evita el descontento generalizado de la población".
Justamente debido a la implantación del estado de alarma para atajar la primera ola de la pandemia, la presencia de grandes multinacionales en el sector educativo a todos los niveles se ha acelerado y se ha hecho aún más tangible. Google, Microsoft o HP han entrado en casi todas las aulas al hacerse virtuales como un remedio urgente al cierre de los centros educativos sobrevenido en marzo. Llamativo es, de nuevo, el caso de Madrid. La plataforma de la Consejería que debía articular la enseñanza a distancia, EducaMadrid, se colapsó prácticamente el primer día del confinamiento en primavera, dejando a los centros sin alternativas reales: o acudían al mercado (Google Suite ha estado entre las favoritas) o no había manera de dar clase a distancia. Esta cuestión trae aparejada un debate sobre la privacidad y la gestión de datos aún incipiente. Hasta ahora, las plataformas de las grandes tecnológicas se han utilizado como herramienta complementaria para la docencia, el uso masivo quizá obligue a prestar más atención a lo que se está haciendo.
17 AMPAS de los colegios públicos del distrito de Latina escriben una carta abierta a Ayuso y Almeida sobre el abandono de la educación pública ante el nuevo coronavirus
Las asociaciones de madres, padres y familias de 17 colegios públicos del Distrito de Latina (Madrid) hemos escrito una carta abierta a los responsables políticos de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid manifestando nuestra preocupación por la situación que vive la educación pública ante la segunda ola del nuevo coronavirus. Como familias de niñas y niños escolarizados en colegios públicos, hemos identificado las carencias de los colegios de nuestras hijas e hijos, y pedimos a los/as responsables públicos del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid lo siguiente:
El texto íntegro, en el que detallamos nuestro análisis y reflexión, puede consularse en las RRSS de todas las asociaciones firmantes.
Firmado: Las AMPAS de los Colegios de Educación Infantil y Primaria:
CEIP Amadeo Vives, CEIP
Antonio Machado, CEIP Bartolomé Cossío, CEIP Bolivia, CEIP Ciudad de Badajoz,
CEIP Costa Rica, CEIP Ermita del Santo, CEIP Francisco Arranz, CEIP Gonzalo
Fernández De Córdoba, CEIP Hernán Cortés, CEIP Jovellanos, CEIP La Latina, CEIP
Parque Aluche, CEIP Perú (Carabanchel), CEIP República del Uruguay, CEIP
Alcalde de Móstoles, CEIP Nuestra Señora de Lucero.
Entradas relacionadas:
Reproducimos este reportaje de ELDIARIODELAEDUCACION.COM
El formato semipresencial está asestando un duro golpe a la equidad educativa. La atención online al alumno varía enormemente según sea su hogar y el centro al que acude. Miles de estudiantes siguen sin poder sacar provecho alguno del aprendizaje remoto, que en condiciones ideales ya ofrece numerosas dudas. El alejamiento del aula podría suponer para muchos chavales su condena definitiva al fracaso. Analizamos el caso de Madrid.
Publicamos esta información de ELDIARIODELAEDUCACION.COM