MareaVerde: Medidas urgentes para el anteproyecto de Ley orgánica de modificación de la LOMCE (Propuestas de Redes por una Nueva Política Educativa)

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sábado, 17 de noviembre de 2018

Medidas urgentes para el anteproyecto de Ley orgánica de modificación de la LOMCE (Propuestas de Redes por una Nueva Política Educativa)

MEDIDAS URGENTES PARA EL PRÓXIMO CURSO PARA EL

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN

DE LA ACTUAL LEY DE EDUCACIÓN,

SIN RENUNCIAR A SU FUTURA DEROGACIÓN

Ante la Consulta pública abierta por el Ministerio de Educación y Formación Profesional sobre el anteproyecto de Ley orgánica de modificación de la actual Ley de Educación, LOMCE, “Redes por una Nueva Política Educativa” propone un acuerdo que evite el aumento del fracaso escolar y restituya la democracia y la equidad en el sistema educativo desde sus inicios. Se trata de una serie de medidas urgentes que ya enviamos el día nueve de julio y que volvemos a remitir agregando alguna más, para el próximo curso.

Esto es una contribución inicial que hace Redes, sin menoscabo de futuras sugerencias y aportaciones que hagamos durante los periodos de preparación de la misma por parte del ejecutivo o, en su caso del periodo legislativo.

Además, queremos resaltar la necesidad de recuperar y mejorar en un futuro próximo, pero sin tardanza, los niveles de inversión económica en la educación pública, necesarios para revertir los efectos de los recortes. Asimismo, insistimos en la necesidad de construir una nueva Ley de Educación consensuada por las fuerzas políticas, sociales y con la comunidad educativa, que parta del “Documento de Bases para una nueva ley de educación” y que asegure la calidad educativa en la educación pública en un marco de estabilidad normativa e incremento presupuestario, y que potencie desde el nacimiento una escuela para la vida, laica, inclusiva, coeducativa, democrática y respetuosa con las lenguas propias territoriales.

Por ello solicitamos que se incluya en primer lugar en el anteproyecto de Ley Orgánica, que es una norma transitoria y provisional que subsana los quebrantos de la LOMCE y soluciona de manera urgente los perjuicios que está causando en el sistema educativo, pero el objetivo final es la elaboración de una ley educativa consensuada con la comunidad escolar.

Destacamos en color aquellas propuestas que coinciden con las realizadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional en su memoria justificativa.

1. Frenar el aumento del fracaso escolar, la segregación temprana y la expulsión del alumnado de los centros.

Invertir en la universalización del primer ciclo de la Educación Infantil para que pueda ser, además, público y gratuito en todo el Estado.

Evitar la doble vía en el cuarto curso de la ESO, que impide para muchos estudiantes la posibilidad de cursar bachillerato.

Recuperar la diversificación curricular (prolongación del PMAR) en cuarto de la ESO con la posibilidad de titulación.

Posibilitar la titulación de quienes sigan o hayan seguido los programas de formación profesional básica.

Derecho a la educación de los/as jóvenes con diversidad funcional, aunque hayan cumplido veintiún años, para que no queden fuera del sistema educativo.

Eliminar las Evaluaciones finales de etapa de la LOMCE y los rankings, especialmente la nueva prueba de evaluación de Bachillerato que se está utilizando para el acceso a la Universidad.

Supresión de las subidas de tasas universitarias, realizadas a partir de 2012 y modificación de la política de becas con el aumento de las mismas.

Paralización del 3+2 en las universidades.

Aumentar con carácter inmediato los recursos humanos y materiales de los equipos de atención temprana, orientación y específicos así como los departamentos de orientación de los Institutos para hacer real la Educación Inclusiva.

Frenar los currículos estandarizados y volver temporalmente a los de la LOE.

Supresión del derecho a la elección de centro por parte de las familias, que tiene que regularse mediante criterios que no supongan, en ningún caso, la segregación. por nivel académico, género, etnia o religioso. Eliminar la reserva de un 20% de la puntuación de admisión al criterio de rendimiento académico.

Eliminación de la especialización curricular de los institutos de enseñanza secundaria en función del proyecto educativo (art. 121) y que los recursos que reciban estos centros dependan de éstos proyectos y de la Rendición de cuentas (art. 122).

2. Restituir la democracia en los centros escolares

Eliminar el modelo de nombramiento de directores y directoras LOMCE y las atribuciones de los equipos directivos que imponen materiales escolares a los claustros.

Restituir las competencias de los consejos escolares.

3. Apuesta por la equidad

Apuesta por la Educación de titularidad y gestión pública. La privada-concertada ha de ser subsidiaria de la pública, mientras se consolida la supresión progresiva de los conciertos, que debe concretarse en una norma legal antes de acabar la presenta legislatura.

Prohibir que haya una red de centros infantiles considerada asistencial de segunda y otra educativa de primera, exigiendo que todos los que acogen regularmente a niños y niñas de cero a seis años cumplan unos requisitos mínimos de centros y de currículo fijados en un Real Decreto para todo el Estado.

Volver a establecer la obligatoriedad existente en la LOGSE de impartir el 1º ciclo completo de Educación Infantil para obtener la autorización administrativa.

No más recortes en la escuela pública y reversión de los que se han hecho.

No a la supresión de líneas en los centros educativos públicos para favorecer la educación privada-concertada.

No más recortes en universidades públicas y reversión de los que se han hecho.

Detener la privatización y revertir la gestión indirecta de centros de educación infantil que son de titularidad pública.

Paralización de la aplicación del Real Decreto de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros universitarios.

Retirada inmediata de los sistemas de conciertos y convenios de escuelas infantiles y casas de niños a los centros que incumplan las exigencias establecidas.

Apoyo a la universalización de la educación infantil pública y gratuita y a la educación compensatoria.

Restituir los servicios complementarios de comedores, transportes, etc.

Religión fuera del currículum y del horario escolar y como medida urgente y transitoria que sea considerada no evaluable y sin valor académico. Pedimos que se cumpla el mandato aprobado por mayoría parlamentaria el pasado 21 de febrero de proceder a la Denuncia y Derogación de los Acuerdos con el Vaticano que avalan la inclusión obligada de la Religión confesional en todos los currículos.

Pedimos la restitución de los contenidos en los currículos de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, que incluyan la equidad y la igualdad de los sexos y que en ningún caso puede impartirse por profesorado de religión o incluir contenidos religiosos.

Refuerzo de la coeducación y, para ello, promoción de la enseñanza mixta, evitando los centros y las aulas que segregan al alumnado por razón de sexo. Retirada de conciertos a aquellos centros que practiquen una enseñanza diferenciada a partir de la derogación de la LOMCE.

Derogación del RD ley 14/2012 de 20 de abril de Medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo y la restitución de las condiciones laborales del profesorado, con efectos desde la nueva normativa para dar cobertura legal a las administraciones educativas que ya han empezado a revertir parcialmente estos recortes.

Estabilidad laboral e igualdad de derechos laborales del profesorado interino, de educación infantil, de adultos y de educación a distancia y del personal no docente (fisioterapeutas, auxiliares técnicos, educativos, ILSEs, etc.): reconocimiento de su experiencia como criterio preferente, garantizar su estabilidad laboral con una consolidación real de sus puestos de trabajo, y tengan en todo momento las mismas condiciones que sus compañeros/as.

Derogar el RD 4015/2015 de 29 de mayo por el que se modifica el Real Decreto 1312/2007 del 5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios.

Redes por una Nueva Política Educativa

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