- "Lo que hace Castells es rescatar el proyecto del PP, cuyo borrador de modificación de la Ley Orgánica de Universidades ya criticara Pablo Iglesias férreamente en 2013"
- "Actualmente, las figuras docentes universitarias laborales las pagan las Comunidades Autónomas, no el Estado. ¿Se ha hablado con ellas para diseñar este nuevo Estatuto?"
- "Esa revolución morada vivida años atrás en las Universidades públicas españolas, en la cual emanó la masa crítica de Podemos, se ha quedado en una revolución retórica"
David Moscoso, Profesor Titular del Departamento de Sociología de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, ex-parlamentario andaluz y ex-coordinador del Grupo Parlamentario de Podemos en Andalucía
Como es sabido, tras el 15 M se gestó Podemos y fue justo en las Universidades donde emergieron buena parte de sus miembros, cargos orgánicos, votantes y representantes públicos. En aquel momento, muchas de las denuncias que se espetaban desde la Universidad eran contra los recortes generalizados del gasto y la externalización masiva de servicios públicos, traduciéndose ello en la precarización de las condiciones laborales en los campus universitarios, especialmente entre quienes no formaban parte del cuerpo de funcionarios, tanto en el sector servicios como entre el personal docente e investigador.
De ahí que el anuncio del Ministro de Universidades Manuel Castells de un nuevo Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI) haya sorprendido a esa masa crítica que impulsó Podemos, por las razones que a continuación se aluden, generando la indignación de las plantillas universitarias y los rectorados por varias razones. En primer lugar, lo que hace Castells es rescatar el proyecto del Partido Popular liderado entonces por el ministro José Ignacio Wert, cuyo borrador de modificación de la Ley Orgánica de Universidades —conocido como “Informe de Sabios”— ya criticara Pablo Iglesias férreamente en 2013, y que supuso la movilización al pleno del alumnado y profesorado universitario de nuestro país. En efecto, el modelo del Partido Popular de Wert que ahora desea rescatar el Ministerio Castells es un modelo propio de la derecha catalana, puesto en marcha a través del CDC a principios de los noventa por iniciativa de Jordi Pujol, cuya mayor plasmación fue la Universidad Oberta de Cataluña. Un modelo característico de las Universidades privadas americanas, en donde la presión sobre el profesorado merma las garantías de sus derechos laborales, pues no es lo mismo ser indefinido que funcionario en términos de seguridad jurídica, administrativa y económica. De ahí que sorprenda el proceso de laboralización que plantea el ministro de Unidas Podemos en lugar de la funcionarización propuesta en un anterior documento por el ministro Pedro Duque. En ese sentido, este es un modelo que se puede esperar de un partido de derechas, pero no de Unidas Podemos.
En segundo lugar, partiendo de la premisa de que la Ley de Universidades necesita una profunda modificación y, en consecuencia, su Estatuto de Personal Docente e Investigador, la mejor forma de hacerlo sería la de un modelo de acceso a los cuerpos laborales y funcionariales docentes consecuente con la realidad. Cierto es que las figuras de Personal Sustituto Interino y Profesor Asociado alcanzan cifras inadmisibles —en torno al 35% de las plantillas universitarias— y que estas figuras están precarizadas y se utilizan como vía anómala de acceso a la Universidad. Pero también es cierto que son justamente el reflejo de años de políticas equívocas de Gobiernos precedentes, que no daban opciones diferentes a las Universidades públicas españolas para la oferta de empleo público con la que garantizar la carga docente de los departamentos. De haber satisfecho esa oferta de empleo necesaria a través de las figuras contractuales contempladas actualmente en el Estatuto que propician un mejor acceso (ayudante, ayudante doctor, colaborador y contratado doctor), la figura de asociado se hubiera circunscrito a lo que debiera ser, es decir, la presencia de expertos profesionales en determinados ámbitos del conocimiento que contribuyen con ello a la docencia universitaria. Pero la perversión ha venido de la mano de la propia administración del Estado, en colaboración con las comunidades autónomas, que han visto en esas figuras las más factibles y baratas para garantizar la enseñanza universitaria, habiéndose producido un aumento exponencial desde la aprobación del decreto de sostenibilidad de los servicios públicos del PP en el año 2012, que limitó la tasa de reposición de empleo público, al tiempo que plantillas de profesorado funcionario iban causando baja por jubilación. En este sentido, hubiera sido más razonable por parte del Ministro Castells sentarse con el titular de Hacienda y Administraciones Públicas y con sus homólogos de las Comunidades Autónomas, para llegar a un acuerdo con el que cambiar las reglas de gasto en cuanto a la contratación de nuevo personal docente e investigador en número suficiente y con la financiación necesaria, en lugar de plantear un cambio tan drástico como inviable del sistema de acceso y contratación de profesorado universitario.
Razón por la cual lo que se plantean los rectores ante la iniciativa del ministro de Universidades es quién va a pagar esas nuevas figuras contractuales que plantea el borrador del nuevo Estatuto de PDI. Actualmente, las figuras docentes universitarias laborales las pagan las Comunidades Autónomas, no el Estado. ¿Se ha hablado con ellas para diseñar este nuevo Estatuto? Si ya resulta difícil pagar los salarios del profesorado interino, de dónde se va a sacar la financiación para asumir estas nuevas fórmulas de contratación. En países como Canadá, Finlandia, Suecia, Dinamarca o Austria, la inversión pública en materia de Universidades oscila entre el 1,5 y 1,7% de su PIB, el doble de lo que se invierte en España, que gira en torno al 0,9% de su PIB. En consecuencia, de dónde se va a obtener la financiación para hacer viable el nuevo modelo que plantea Castells. ¿Qué salarios tiene previsto asignar a las nuevas figuras contractuales? Porque si se crean unas figuras inviables en términos de oferta de empleo público, que no se encuentren en consonancia con la voluntad de los responsables autonómicos en materia de Universidad y la financiación pública autonómica para tal fin, la nueva realidad del Estatuto previsto por Castells se materializará en una saturación de la docencia entre las plantillas ya existentes, redundando en mayores dificultades de estas plantillas para ofrecer docencia de calidad e investigación científica, con el consiguiente perjuicio, a su vez, para la propia generación de riqueza a través de la investigación, la innovación y desarrollo en España.
En tercer lugar, en relación a la internacionalización, el documento señala las bajas cifras de profesorado extranjero en las Universidades españolas, pero no repara en que el salario de un profesor doctor en nuestro país, en cualquiera de las categorías laborales o funcionariales, es muy inferior al salario de sus homólogos en la mayoría de las universidades del centro y norte de Europa. La pregunta que debemos hacernos es si esa baja presencia de profesorado universitario extranjero en España no puede deberse al bajo salario con el que se retribuye en nuestro país al profesorado universitario, además de la escasa inversión pública en investigación. En España un profesor titular tiene un sueldo base aproximado de 31.500 euros al año, incluyendo las pagas extras, mientras que en Alemania el sueldo base de esta misma figura supera los 50.000 euros al año y en Inglaterra los 65.000 euros. De forma extraordinaria, en Universidades como Harvard un profesor a tiempo completo gana 175.000 euros al año. En ese contexto, deberíamos preguntarnos si creemos que será exitoso diseñar un cambio de estatuto para favorecer la internacionalización sin los resortes de financiación necesarios para ello. Además, en países como los antes mencionados la inversión pública en I+D+i oscila en torno al 3% de su PIB, más del doble que en España, siendo nuestro país muy poco atractivo para investigadores punteros y con experiencia. En consecuencia, hemos de preguntarnos si estamos preparados para competir en internacionalización con los salarios más bajos y con la menor inversión pública en materia de universidades e investigación y desarrollo.
Por lo demás, hubiera sido deseable que el ministro de Unidas Podemos aludiera en su borrador al irresuelto problema de la carrera funcionarial en la Universidad, una carrera que garantice la promoción sin necesidad de concurrir permanentemente a nuevos procesos de oposición para acceder a figuras contractuales mejor remuneradas y más estables. Actualmente, la mayoría de quienes deseen acceder al cuerpo de funcionarios docentes de Universidad deben concurrir mediante convocatorias de empleo de profesorado al menos a unas cuatro figuras laborales, algo que hace infinita e inverosímil la carrera académica. Tampoco se aborda en el borrador de Castells la necesidad de ofrecer mecanismos de movilidad estable entre Universidades públicas, algo igualmente necesario para el intercambio de experiencias y aprendizajes y la conciliación familiar, y que sin embargo impide el vigente Estatuto de Personal Docente e Investigador.
En suma, esa revolución morada vivida años atrás en las Universidades públicas españolas, en la cual emanó la masa crítica de Podemos, se ha quedado en una revolución retórica, pues proyectos de modificación de la Ley Orgánica de Universidades como el que propone en este momento el ministro de Unidas Podemos no hace sino poner en jaque a nuestras universidades como servicio público. En efecto, plantea Castells un modelo de contratación que, lejos de mejorar las garantías jurídicas, administrativas y económicas, del personal docente y universitario, supone nuevas dificultades e incertidumbres y, además, lo hace de forma poco consecuente con las condiciones de financiación de la que dispone el sistema público de investigación y universitario de nuestro país, así como la realidad del reparto de competencias administrativas autonómicas.
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