viernes, 10 de enero de 2020

El alumno aplicado (Pau Rodríguez para eldiario.es). El sistema educativo portugués

Artículo de Pau Rodríguez publicado en eldiario.es el 6 de enero de 2020:
  • El sistema educativo portugués progresa como pocos en Europa y presenta medidas modélicas como las extraescolares gratuitas o la mayor libertad de los centros para decidir el currículum
  • En 2004, Portugal presentaba una tasa de abandono temprano del 39%. La ha reducido hasta el 11,8%. En el mismo periodo, España ha pasado del 32% al 18%
  • El Gobierno ha retirado la subvención a 49 centros privados sin grandes polémicas. Solo se financian escuelas privadas donde no hay oferta pública
Si la OCDE fuera el aula de una escuela, Finlandia y Singapur serían los alumnos que siempre sacan sobresalientes. Pero el orgullo de los maestros sería otro, el pupilo que más ha progresado desde que comenzaron las clases. El que llegó con serias dificultades y ahora va camino de ser un referente para sus compañeros. Ese es Portugal, un país inmerso en una revolución escolar tan silenciosa y constante como imperfecta y cuestionada. Como lo es siempre la educación.

Desde que se publicase el primer informe PISA el año 2000, los estudiantes portugueses no han parado de superarse en matemáticas, ciencia y lengua hasta 2018, cuando por primera vez los resultados han menguado -sin que la OCDE lo vea motivo de preocupación, más bien una estabilización-. Esta mejora no ha situado a Portugal a la cabeza de los países punteros en educación, pero sí les ha valido el calificativo de estrella emergente. Y no es solo por estos indicadores, que son al fin y al cabo un diagnóstico. Portugal ha reducido como pocos su tasa de abandono escolar y ha iniciado una serie de medidas que han atraído el foco de expertos y académicos. Entre ellas, dar mayor libertad a los colegios para decidir el currículum y eliminar la subvención a buena parte de los colegios concertados.

Para entender lo que ha ocurrido en las escuelas de este país, como en otros sectores, hay que retroceder a 1974. La Revolución puso fin a la dictadura y se abrió un período fundacional también para la educación, reflejado en la Constitución aprobada dos años después, "con un énfasis en la ciudadanía y la participación democrática que no se puede obviar de cara al desarrollo del sistema educativo", sostiene Diana Sousa, profesora del UCL Institute of Education de Londres.

La llegada de la democracia supuso no sólo dejar de menospreciar la educación, sino sentar las bases para atacar la analfabetización o la pobreza infantil en un país que partía de elevados niveles de exclusión. A día de hoy, el nivel educativo de las madres, a menudo un mejor predictor de los resultados de los hijos que su propio desempeño en clase, está todavía lejos de países como España. De los alumnos que se sometieron al test de PISA de 2015, hasta el 50% tenían madres sin estudios secundarios, mientras que en España eran la mitad, alrededor del 25%, y en el grueso de países europeos está por debajo de 10%.

João Costa, actual secretario de Estado de Educación, señala las que para él son algunas de las medidas que explican el progreso de los escolares a lo largo de estos años. La creación de una red pública de preescolar, su valorado Plan Nacional de Lectura –con la creación de bibliotecas escolares y programas familiares– o la inversión en la formación del profesorado están entre las que más destaca. "La mayoría de docentes tienen un máster o posgrado", explica, y detalla que durante los primeros años de ejercicio tienen un tutor que les supervisa. Portugal dedica además el 4,8% del PIB a educación, un porcentaje cerca de la media europea y superior al 4,3% español.

El sistema educativo portugués ofrece a sus alumnos oportunidades por ahora impensables en España. Una de las más llamativas, y desde hace años, son actividades extraescolares gratuitas para todos los escolares. "Para muchos es la primera vez que tienen la oportunidad de aprender a tocar un instrumento o practicar disciplinas artísticas que solo estarían al alcance de los más privilegiados", sostiene Costa. "Esto no es ningún detalle", añade para argumentar que esto puede ofrecer a los alumnos más rezagados o rebotados una nueva forma de relacionarse con el aprendizaje que, a la postre, prevenga el abandono.

El éxito de reducir el abandono
Nadie como el país luso ha reducido la tasa de abandono escolar temprano en los últimos 15 años. En 2004, el 39% de los jóvenes había dejado los estudios con o sin el equivalente a la ESO española, un porcentaje que ha caído hasta el 11,8%, según datos del Eurostat. Esto le deja cerca del 10,6% de media de la Unión Europea, a diferencia de España, que en el mismo periodo ha pasado del 32% al 18%.

El abandono educativo temprano, según convienen los expertos, cae con las crisis económicas porque no hay empleo fácil que llame la atención de los jóvenes, pero no es esta la única explicación. Una que diferencia a España de Portugal es que en este país se ha extendido la escolarización obligatoria hasta los 18 años. Uno puede escoger a los 15 años si opta por seguir una vía más académica o una más técnica, algo parecido a la Formación Profesional española pero sin la opción de dejar los estudios hasta la mayoría de edad.

La polémica de las reválidas
A estas alturas, tanto el gobierno portugués como los académicos consultados quitan hierro al peso de los resultados PISA, puesto que mide solo tres ramas del conocimiento y empuja a los ránkings entre países. Pero lo cierto es que los malos resultados obtenidos por Portugal en el primer examen, el año 2000, encendieron todas sus alarmas, más aún en un contexto de integración europea en el que el país aparecía instalado el furgón de cola. La reacción del ejecutivo fue aumentar las horas de matemáticas y lengua –con clases de refuerzo para los más rezagados– e introducir una de las medidas que más controversia ha generado desde su instalación: las reválidas.

Su discutida implantación demuestra que Portugal, como España, no es ajena al debate pedagógico asociado a las inclinaciones políticas de los partidos. Así como existe una seria discusión sobre el currículum, los gobiernos de derechas han defendido los exámenes externos para pasar de curso y los de izquierdas, como el actual, los han reducido. Llegó a haber cuatro cursos en los que los alumnos tenían que superar una prueba estatal para aprobar el año. Ahora sólo queda una al final de la ESO. "Si preguntas a alguien de derechas te dirá que ayudan a centrarse en los resultados y a que los profesores se responsabilicen más de ello, mientras que para un socialista son el mal y la esencia de la desigualdad, una presión innecesaria. Mi opinión es que no están conectados con el aprendizaje, y que por otro lado, si un alumno aprende bien no hay que tenerles miedo", razona Isabel Flores, secretaria general del Instituto Para as Políticas Públicas e Sociais.

Otro gran terreno de batalla es el del currículum, hasta el punto que el gobierno portugués, en manos del socialista António Costa, ha puesto en marcha ahora una asignatura que sonará a los profesores españoles: Educación para la Ciudadanía. Pero la gran innovación de su administración en este ámbito tiene que ver con la mayor autonomía y flexibilidad que han dado a los colegios para que puedan decidir ellos una parte de los contenidos, concretamente el 25%. Los centros pueden usar este porcentaje de las clases para hacer proyectos, fusionar asignaturas, trabajar aspectos relacionados con su entorno más cercano… Para Costa, esta ha sido también una forma de poner fin a la "sobrecarga de contenidos", a los currículums tradicionalmente inabarcables que ahora quedan reducidos a unas bases.

Aun así, Flores le ve todavía inconvenientes. Al ser voluntario para los colegios, "los que aprovechan la autonomía son los que ya usaban estrategias pedagógicas alternativas, mientras que los que se agarran a la tradición son los que siempre han opuesto resistencia". João Maroco, profesor asociado de ISPA Insituto Universitario, advierte también que todavía es pronto para evaluar esta política y que habría que supervisarla bien. "Esto puede llevar a los profesores a la tentación de abandonar las partes del currículum más difíciles", avisa.

Mucho menos llamativa, aunque en España ocasionaría un auténtico terremoto, es la retirada de las subvenciones a los colegios concertados. El predominio de los centros públicos, que escolarizan a cerca del 90% del alumnado –en España es el 68%–, hace que la decisión del Gobierno de no renovar conciertos a los colegios privados haya salido adelante sin demasiado rechazo. Son de entrada 49 colegios los que dejarán de recibir dinero público. "El principio es muy simple: la financiación de escuelas privadas sólo está permitida en áreas donde no hay oferta pública", explica el secretario de Estado.

Sin triunfalismos
Tras casi 20 años de mejora ininterrumpida de los resultados educativos –al menos según PISA– lo curioso es que no hay ningún experto consultado que enarbole un discurso triunfalista, algo por otra parte común en el terreno educativo. El primero en ser prudente es el propio Gobierno. "Seguimos muy lejos de los mejores países y tenemos graves problemas de asimetrías cuando se tiene en cuenta el contexto social y económico del alumnado", reconoce Costa.

Portugal sigue siendo a día de hoy un país en el que las desigualdades pasan factura al alumnado. De nuevo en PISA, el porcentaje de variación del resultado de los estudiantes en 2015 era, en ciencias, de 15 puntos en función de su procedencia social, cuando la media de la OCDE es de 12,9 puntos. Y la repetición de curso, cuestionada por su poca utilidad, sigue siendo una lacra tanto en Portugal como en España: el 31% que acaba la ESO habiendo repetido algún curso, un volumen sin comparación en toda Europa (a excepción de Bélgica).

Pero si hay una cuestión que ha puesto patas arriba el sistema escolar en los años recientes es el salario de profesorado, que no olvida la dura crisis por la que pasó el país y los recortes sufridos en condiciones laborales. La reivindicación del plus de antigüedad que les retiraron durante el período de austeridad costaría 635 millones de euros al Estado, un montante que el Gobierno no cree que pueda asumir ahora y que ha desatado una oleada de protestas de los docentes.

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