domingo, 12 de mayo de 2019

La asignatura de religión tiene un coste para el Estado de 700 millones anuales (Redacción - Diario de la Educación)

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Hace unos días se presentó la campaña Por una Escuela Pública y Laica: Religión fuera de la Escuela, impulsada por esta ONG con el apoyo de decenas de organizaciones sindicales y sociales de todo el Estado, y con la que se quería volver a pedir a los partidos que luchen por la “plena laicidad del sistema educativo”. En la rueda de prensa de presentación de esta campaña se dio esta cifra, resultado de sumar las cantidades que aportan las diferentes administraciones públicas.

Según Francisco Delgado, responsable de educación de Europa Laica, la campaña pretende que los partidos políticos se comprometan a conseguir la plena laicidad del sistema, lo que implica “sacar la religión confesional de la enseñanza de forma inmediata” y “no financiar con dinero público el adoctrinamiento religioso en ningún centro escolar “. Además, plantea “potenciar la red pública de enseñanza, evitando, de forma progresiva desviar fondos públicos hacia intereses privados” y derogar los Acuerdos con la Santa Sede por “ser la base legal de los privilegios que continúa reclamando la Iglesia, especialmente dentro del ámbito educativo “.

En este sentido, los representantes de Europa Laica critican que el compromiso de derogación de estos acuerdos haya desaparecido de los programas electorales para los comicios del 28A del PSOE y de Unidas Podemos, cuando ambos partidos llevaban esta demanda en las anteriores elecciones y votaron a favor de una proposición no de ley en este sentido en el Congreso. Como ha explicado el profesor Jaume Trilla en algún artículo publicado en este diario -y en su reciente libro La moda reaccionaría en educación-, estos acuerdos obligan al Estado a que todos los planes de estudio de todos los centros de educación infantil, primaria y secundaria (Bachillerato y Formación Profesional) incluyan la enseñanza de la religión católica “en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales”.


Sobre la pérdida de puestos de trabajo de los profesores de religión -en el caso de que se lograra la laicidad del sistema educativo-, Alberto Carrillo, del sindicato de docentes STES, afirmó en la rueda de prensa que “son trabajadores del arzobispado que imparten catequesis en las aulas, cuando deberían hacerlo en los templos”.

La campaña cuenta también con el apoyo de CEAPA y la FELGTB, así como de los Cristianos y Cristianas de Base. Su representante, José María Ramírez, defendió una educación en la que no se prive al alumno de tener un pensamiento crítico en vez de que se le adoctrine como sucede en los colegios religiosos, según manifestó.

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