Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Infantil (BOE 2-2-2022)
Blog de Marea Verde Madrid. Por una Educación Pública de calidad de tod@s, para tod@s y con tod@s.
viernes, 4 de febrero de 2022
¿No puede ser de otra manera? (Manuel Menor)
El reconocimiento por parte de la Conferencia Episcopal de un error en las inmatriculaciones que han hecho desde 1998 se queda corto.
Desde los tiempos de Manuel Fraga, es decir desde la Ley 14/1966, de 18 de marzo de 1966 –con sus múltiples maneras de limitar la libertad de expresión- empezó a hacerse muletilla habitual de la supuesta normalidad en muchos asuntos, para no reconocer que la solución establecida era evidentemente corta. “-Como no puede ser de otra manera…”. casi siempre vino a querer decir que había sido más fácil dejarlo todo como estaba y dejarse ir con la rutina establecida.
Acuerdos
La reciente conversación, acuerdo o pacto entre el presidente del Gobierno y el de la Conferencia Episcopal, es de esos hechos mediáticos. Pero sus fotografías, subidas gráficamente a las redes sociales y difundidas en los medios convencionales, parecen destinadas a que le demos la vuelta a la reiterativa expresión de Fraga y preguntemos: ¿Es que no puede ser de otra manera? Y si no, ¿por qué no puede serlo? Esta es la cuestión que han dejado pendiente los dos jefes, en este momento, de dos instituciones principales. En lo que ha saltado a los medios, da la impresión de que, después del reconocimiento de un “error” –casi mil veces repetido- en la puesta a su nombre de propiedades que no le pertenecían, el asunto quedaba zanjado para la CEE, mientras el jefe de Gobierno se daba por enterado y estaba contento por la fluidez cooperadora entre ambas instituciones. En realidad, habría actuado como una especie de confesor laico decidido a no ser rigorista al haber advertido algún pesar en el penitente y se hubiera contentado con la devolución de unos bienes erróneamente puestos a nombre de la Iglesia. El gesto le daría fama e incluso puede que animara a algunos otros a pasar por su confesionario en la Moncloa.
Nada que objetar al respecto, salvo que esos bienes no son del presidente del Gobierno ni de su partido, quedan pendientes muchos otros y no hay información fiable de qué piense hacer al respecto como presidente y, por tanto, responsable de que este episodio tenga la consistencia que corresponde a un Estado democrático. En efecto, no basta con disculparse; la lesión del derecho de propiedad, la injuria in specie que conlleva la acción inmatriculadora indebida y la restitución propiamente tal no se saldan tan simplemente, al menos eso decía el libro de Teología Moral del P. Arregui in illo tempore, que no contradice el artículo 348 del Código de Derecho Civil. Por otra parte, la disculpa del “bien común”, a que se ha referido el presidente de la CEE, no pasa de excusa que llueve sobre mojado; las confesiones religiosas la ponen siempre por medio para justificar sus actividades. Adicionalmente, en el caso de la Iglesia Católica, en los muchos siglos que lleva en esto ha dejado abundante documentación –desde la ´poca constantiniana, sobre todo- de la que se puede tirar con facilidad para mostrar exactamente lo contrario y que, ante un posible conflicto de intereses (confusamente temporales y espirituales), no ha dudado en defender, preferentemente, su interés particular en el lado más temporal, aunque el pretexto narrativo que haya empleado más tarde haya sido el de su noble misión espiritual o, incluso, “martirial”. La Historia de Europa, y la de España en particular, tienen múltiples acontecimientos –dramáticos muchos de ellos- en que se puede ver esta confrontación del “bien común”. Muchos “cristianos de base” han sido testigos, a menudo, de estas predilecciones, sobre todo desde mediados de los años sesenta.
Presente-Pasado
La relación de la Iglesia con el “bien común” suscita múltiples interrogantes. Cuantos creyentes tienen años suficientes para haber vivido los años anteriores a 1975, saben cómo era de parcial y se movía hábilmente pro domo sua. Metidos en aclarar la relación que tuvo en aquellos años, la jerarquía católica tal vez debiera poner en conocimiento de los ciudadanos lo jugosos que fueron diversos pactos y Convenios con aquel Estado Nuevo en 1941 y 1948 –años de mucha hambre en este país, en que se hicieron con un gran patrimonio de seminarios y templos, entre otros bienes-, o cómo el Concordato de 1953 repitió otro de 1851 en el que, entre tranquilidades con las desamortizaciones que venía teniendo desde Carlos III , quedó en manos de la Iglesia la “libertad de enseñanza” y condicionó la que iba a ser la primera ley general de enseñanza de los españoles, la Ley Moyano de 1857. Más cerca en ese largo pasado, desde la Ley Hipotecaria de 1948 tuvieron tiempo de inmatricular a su nombre otros cerca de 100.000 bienes que no han entrado en esta lista del acuerdo de hace tres días. Queda pendiente, después de este gesto último, saber qué pasa con la Mezquita de Córdoba y otros bienes del Patrimonio cultural de todos –no reconocidos en ese “error” contable- , y si multitud de bienes que no son lugares de culto, por pertenecer a la Iglesia, seguirán sin pagar IBI.
En este territorio de un pasado que sigue vivo en este presente, en esta conversación amistosa nada parece que se haya hablado tampoco de los bienes que afectan al sistema educativo. En todos los años que abarca la presencia oficial del nacionalcatolicismo, las sucesivas leyes educativas desde 1938, 1945, 1953, 1957, 1965 o 1970, recrecieron su patrimonio escolar mediante continuadas subvenciones a sus colegios; el pretexto de “su función social” los libraba de impuestos y les facilitaba créditos de todo tipo. ¿Era por el “bien común” escolar? ¿Qué patrimonio escolar –y urbano- extrajeron las diversas asociaciones, instituciones y agrupaciones religiosas dependientes de la jurisdicción eclesiástica de toda esa amplísima normativa monotemática y, en algunos momentos casi monopolística? ¿Qué beneficio ha sacado con esa “función social” la enseñanza pública, la de todos?
¿Y el futuro?
Está muy bien que el presidente del Gobierno, “como no debe ser de otra manera”, se haya sentido a gusto en la sede de la CEE testimoniando unas “cordiales relaciones” con la Iglesia: nadie desea otra cosa. Pero debiera explicar con claridad la postura de su partido respecto a los Acuerdos con el Vaticano suscritos entre 1976 y 1979. Sin remitirnos a los cambios de postura que desde aquellas fechas ha sostenido, y sin mencionar cómo la LODE, la LOGSE y la LOE los han confirmado, o cómo aumentaron sus beneficios con Zapatero a través del IRPF, desde 2013 viene dando un recital de adaptaciones semánticas respecto a estos Acuerdos, incluso con la LOMLOE no se entiende el apoyo de miles de millones de euros anuales a esos colegios, concertados desde 1985, y a la presencia “fundamental” de la Religión en el sistema escolar. El “bien común” agradecería que la autoridad de un Gobierno -se dicente como mínimo socialdemócrata-, explicara por qué, en nombre de un supuesto “aconfesionalismo”, una confesión particular ha de nutrirse de los presupuestos de un Estado democrático, teniendo en cuenta que es habitual que su ética confesional discrepe de la de muchos ciudadanos, a los que limita su libertad de conciencia. Todo indica, por demás, que esta institución, al reconocer una “pillería” con estas inmatriculaciones “erróneas” no muestra propósito de la enmienda, como exige una verdadera contricción, ni tampoco el viejo principio romano: res clamat domino suo.
Manolo Menor
Madrid, 26.01.2022
miércoles, 2 de febrero de 2022
Comunicado de CONFAPA MADRID apoyando la movilización del 3 de febrero frente a la Ley Maestra.
Estimad@s compañer@s:
De nuevo desde CONFAPA MADRID os necesitamos en esta concentración contra la “Ley Maestra” convocada por MAREA VERDE MADRID, una ley que no es otra cosa que una apuesta descarada por seguir desmantelando la educación pública en esta comunidad. Será este jueves 3 de febrero a las 17,30 h en la Asamblea de Madrid.
La Comunidad de Madrid no ofrece igualdad de oportunidades porque no existen todos los centros públicos necesarios, es la que menos invierte en Educación Pública y ha privatizado la mayor parte de la Formación Profesional. Por lo tanto, no garantiza a las familias plazas en centros públicos para quienes las quieran o necesiten. Además, promueve la construcción y habilitación de centros escolares privados en concierto para que las familias se vean todavía más abocadas a llevar a sus hijas e hijos a este tipo de centros, en contra de su voluntad y sin poder ejercer la tan cacareada y engañosa “libertad de elección educativa”.
Por todo esto os esperamos el jueves, el gobierno de la Comunidad de Madrid tiene que darse cuenta, que a las familias no se las puede seguir engañando sobre la educación.
En Madrid, a 31 de enero de 2022
Fdo.: Junta Directiva
CONFAPA MADRDID
domingo, 30 de enero de 2022
Manifiesto "Contra la Ley maestra de libertad de elección educativa” (Asamblea Marea Verde Madrid. 30-1-2022)
La “Ley maestra de libertad de elección educativa” no es más que otro intento del gobierno de la Comunidad de Madrid de acabar con la Educación Pública. Contradice los avances incorporados por la nueva Ley de Educación a nivel estatal (LOMLOE) en muy diferentes aspectos, especialmente en los relacionados con la equidad e inclusión de alumnado y familias, la cesión de suelo público a empresas privadas para la construcción de centros educativos privados-concertados y la publicación de rankings de centros con los resultados de pruebas académicas.
La ley se justifica en manipulaciones y no debería aparecer en su título la hermosa palabra “maestra” que nombra a una persona que comparte su conocimiento y transmite sus valores educativos de forma honesta y veraz. En lugar de llamarla “Ley maestra de libertad de elección educativa” deberíamos llamarla “Ley de la Segregación”.
Esta ley, manipulando el término “libertad educativa”, promueve la enseñanza en centros privados sostenidos con fondos públicos (concertados). Estos centros tienen otros intereses ajenos a los educativos, no son centros públicos exentos de lucro y de ideario. Por lo tanto, no son una alternativa a los centros públicos atendidos por profesorado funcionarial.
Con esta ley educativa madrileña no se garantiza la igualdad, sino todo lo contrario, se segrega al alumnado, subvencionando con dinero público una educación en centros privados que pueden pagar solamente determinadas familias, sin transparencia en el reparto de los fondos.
La Comunidad de Madrid no ofrece igualdad de oportunidades porque no existen todos los centros públicos necesarios, es la que menos invierte en Educación Pública y ha privatizado la mayor parte de la Formación Profesional. Por lo tanto, no garantiza a las familias plazas en centros públicos para quienes las quieran o necesiten. Además, promueve la construcción y habilitación de centros escolares privados en concierto para que las familias se vean todavía más abocadas a llevar a sus hijas e hijos a este tipo de centros, en contra de su voluntad y sin poder ejercer la tan cacareada y engañosa “libertad de elección educativa”.
Por otro lado, trata de anular dos aspectos aprobados en la LOMLOE para frenar la segregación: no financiar con dinero público centros que separan al alumnado por sexo, y en este caso la “Ley maestra de libertad de elección educativa” contraviene la ley de rango superior apoyándolos económicamente; y, en segundo lugar, en contra de la escolarización de cercanía que propone la LOMLOE, la “Ley maestra de libertad de elección educativa” defiende el distrito único, que favorece la creación de centros gueto frente a centros de élite o de privilegio.
Esta ley miente también diciendo que avala y garantiza el derecho a recibir enseñanzas en castellano. En Madrid, desgraciadamente la mayoría de los centros son “bilingües” y muchas familias se ven obligadas a escolarizar en ellos a sus hijos e hijas. Esto está generando y agravando las dificultades en algunos aprendizajes y en la resolución de problemas de convivencia, pues se obliga a hacer las tutorías en inglés y eso precisamente dificulta aún más el abordar los conflictos relacionados con lo personal y con el respeto a la diversidad.
Otra cuestión de máxima gravedad es que esta ley es un claro ataque a la inclusión educativa, manipulando el término “inclusión” utilizándolo a su antojo, pues supone un ataque directo a los avances que promueve la LOMLOE. En lugar de crear más plazas públicas en centros públicos ordinarios para alumnado con necesidades educativas especiales, propone una variedad de itinerarios segregadores y excluyentes. En vez de dotar a los centros de medios personales y materiales para favorecer la inclusión real de todo el alumnado en centros ordinarios compartiendo el espacio educativo, promueve más segregación y menos inclusión.
Para garantizar una inclusión educativa efectiva se han de reducir las ratios, aspecto crucial para atender de manera individualizada al alumnado no solo con necesidades específicas de apoyo educativo, y que esta ley no contempla. Y se han de evaluar no solo las barreras físicas, sino las actitudinales, las culturales y de aprendizaje, para superarlas o al menos paliarlas, haciendo diagnósticos de la situación con todo el alumnado.
Se deberían establecer los mecanismos para una escolarización equilibrada del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo en todos los centros sostenidos con fondos públicos, y garantizar plazas públicas para este alumnado en su entorno próximo, evitando tener que desplazarse en busca de los recursos personales y materiales que precise.
La “Ley maestra de libertad de elección educativa” dice que defiende la educación especial, como si la LOMLOE prohibiera o eliminara los centros de educación especial, algo que no es cierto; sino que propone una mayor inclusión educativa en los centros ordinarios, dotándolos, eso sí, de los recursos necesarios.
Por otra parte, la LOMLOE recupera la participación decisoria de las familias en los centros educativos, mientras la Comunidad de Madrid con esta ley no promueve nada en este sentido, considerando a las familias solo sujetos susceptibles de ser meramente informados de la educación de sus hijos e hijas, obviedad innecesaria teniendo en cuenta el marco y aplicación del derecho en materia de infancia.
Cuando la Comunidad de Madrid dice que apuesta por el esfuerzo frente a la premisa de que la LOMLOE promueve la titulación y la promoción con suspensos, falta a la verdad. En nuestra Comunidad se puede promocionar en la ESO hasta con 5 suspensos, algo que no permiten otras comunidades. Además, llama la atención que no se reclame el mismo esfuerzo para algunos de sus dirigentes que parecen haber obtenido precisamente sin él sus titulaciones, o de forma irregular como pasó con la señora Cifuentes, a quien nuestra presidenta, a pesar de la situación bochornosa que vivimos, concedió la medalla de oro de la Comunidad.
La Educación es ante todo un derecho de todas las personas y las administraciones públicas han de posibilitar las condiciones necesarias para su ejercicio más allá de las circunstancias personales y socioeconómicas, velando por la equidad y la igualdad de oportunidades. Esto solo es posible con un verdadero compromiso con la atención a la diversidad, que exige mayores recursos de apoyo a los centros y el fortalecimiento de los servicios públicos de Orientación. El gobierno de Ayuso y Ossorio no está interesado en la calidad de la educación para todos y todas cuando crea una ley que apuesta por la segregación y la educación privada-concertada, desmantelando progresivamente la Escuela Pública.
Rechazamos esta mal llamada “Ley maestra de libertad de elección educativa” porque es una ley que no aborda los problemas de la educación madrileña y promueve desigualdad social con la separación del alumnado en clases sociales o a través de etiquetas diagnósticas. Porque es segregadora por no atender las necesidades educativas de muchas personas o abandonarlas en un contexto como el madrileño, a la cabeza en materia de segregación y exclusión social como señala el propio relator de la ONU.
Por todo lo expuesto, Asamblea Marea Verde Madrid pedimos a los grupos parlamentarios de la oposición de la Asamblea de Madrid que insten al Ministerio de Educación a que recurra la “Ley maestra de libertad de elección educativa” ante los tribunales.
La comunidad educativa madrileña no se merece estos gestores que no se interesan por la Educación, sino por el negocio y la especulación, derivando permanentemente fondos públicos hacia la iniciativa privada. Su estilo autoritario además impide cualquier debate o propuesta que provenga de otros grupos parlamentarios fuera de su bloque ideológico o de organizaciones sociales como sindicatos, asociaciones y colectivos. Ni la escucha ni el concepto de participación tienen cabida en su actitud de ordeno y mando.
A pesar de todo esto y precisamente por eso y con mayor empeño, continuaremos luchando para conseguir avances en el derecho a una Educación Pública de calidad de todas y todos, para todos y todas, sin excepciones ni exclusiones.
Asamblea Marea Verde Madrid
30 de enero de 2022
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sábado, 29 de enero de 2022
Conclusiones de la asamblea de Marea Verde del 11 de enero de 2022
Asamblea telemática en zoom. Hora: 18:00 h.
Propuesta de Orden del día:
1. Informaciones. Situación actual.
2. Estabilización del empleo interino.
3. Calendario de movilizaciones.
4. Varios.
Asistencia: 40 personas
1. Informaciones. Situación actual.
Intervienen desde Parla. Se ha comenzado a construir el instituto, pero lo que han empezado es insuficiente. Se ha publicado la licitación de la 2ª fase para 2025. La 1ª fase, para 2023. Situación desbordada. Más barracones y masificación en el IES Humanejos. Agradecen a Marea Verde Madrid la manifestación.
Plataforma de Vallecas. Intervienen para comentar sobre el arranque de curso. Inciden en que es necesaria la bajada de ratios. Están recogiendo información sobre la situación de los centros.
Las compañeras de Asamblea Marea Verde informan de la reunión a la que asistieron el 13 de diciembre en la Asamblea de Madrid.
La reunión, convocada por Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos, tenía por objeto hacer una campaña unitaria frente a la Ley Maestra de estos partidos políticos de la Asamblea en conjunción con todos los colectivos, organizaciones de familias, estudiantes y sindicales, asociaciones, AMPA, plataformas, Asamblea Marea Verde…en defensa de la Educación Pública.
Se acordó crear un grupo de wasap con l@s asistentes para trabajar una propuesta de documento conjunto y volver a tener otra reunión a principios de enero para planificar la campaña.
El lunes 10 de enero la Plataforma Regional por la Escuela Pública convocó a los tres partidos políticos a una reunión a la que asistieron los diputados portavoces de la Comisión de Educación de la Asamblea de Madrid de Más Madrid y de Unidas Podemos (la portavoz del PSOE excusó su asistencia) y, por parte de la Plataforma Regional, la presidenta de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, la Secretaria General de Enseñanza de UGT Madrid, el responsable de Enseñanza Pública de UGT Madrid y la Secretaria General de la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid. Los representantes de la Plataforma Regional informan de que van a hacer la campaña solos.
Hay varias intervenciones que expresan el malestar y la tristeza por la decisión de la Plataforma Regional. Pese a ello, Asamblea Marea Verde seguimos apostando por la unidad.
Asimismo, una compañera también informa de que el 13 de diciembre se celebró el juicio por el trato que recibieron delegadas y delegados de CCOO y una delegada de UGT en Santa Hortensia en 2013 al mantener una reunión permanente para mejorar las condiciones del profesorado interino. La Consejería de Educación, dirigida entonces por Lucía Figar, impidió que l@s sindicalistas les pasaran comida y prácticamente no les dejaban salir de la sala de reuniones.
Asamblea Marea Verde y numerosas organizaciones y colectivos apoyamos activamente e hicimos un seguimiento de la situación de nuestr@s compañer@s.
En los siguientes enlaces se dio información sobre esta reunión permanente:
Se interviene para indicar que es necesario potenciar la escuela pública que puede quedarse como residual. Se indica que es necesario esfuerzo sindical y que debe ir acompañada de una salida unitaria. Se tiene que producir una resignificación del concepto escuela pública. Importancia capital sanidad y educación.
Se informa de que de momento según las sustituciones realizadas por Ares hay pocas bajas de docentes y muchas de alumnado. También se rechaza la actitud de la plataforma regional. Se interpela a los sindicatos que están allí también en pos a la unidad.
Se sigue incidiendo en el tema de la división y se propone el ir pensando en una nueva manifestación.
Un portavoz de La Educación Pública ofrece a la asamblea la realización y producción de un vídeo sobre la Ley Maestra, como ya hicieron con el vídeo de la bajada de ratios. Propone realizar una campaña con este apoyo audiovisual por redes contra la Ley Maestra junto con una recogida de firmas que es aprobada por la asamblea. Asimismo, a petición de una compañera, enviará a la comisión los dos vídeos de UPLA, realizados también por la Educación Pública.
Se acuerda también crear un grupo de trabajo para este fin junto con un comunicado sobre las consecuencias de la Ley Maestra.
Se pide información sobre el desarrollo de los currículos en la LOMLOE.
STEM da explicación sobre la Plataforma Regional y se le agradece.
2. Estabilización del empleo interino.
Hay varias posturas en el debate. Se recuerdan las asambleas monográficas de hace unos años en Asamblea Marea Verde y cuyas conclusiones están publicadas en el blog:
Acceso mediante concurso. Proceso de estabilización era posible. Hay muchos flecos en el RD y en su aplicación en las comunidades autónomas. Explica su punto de vista. Hay cosas donde se mejora. STEM.
Docentes por la Justicia. Quieren dar su punto de vista ya que no se ven representados.
Transmitir la directiva ya. El sistema de oposición no tiene nada que ver con el trabajo. Estabilización ya.
Interinos sin experiencia no pueden acceder por muy bien que lo hagan. Precariedad. Falta de igualdad de oportunidades.
CCOO explica su postura. Experiencia que pese más en la Pública. Recuperar formación. Subir experiencia al 40 %.
El debate continua dando por sentado que la solución pasa por sacar todas las plazas, bajada de ratios y volver a los 18 periodos lectivos.
3. Calendario de movilizaciones y acuerdos
Una compañera informa de que CONFAPA ha comunicado en la Comisión que no pueden asistir a la asamblea y que ya conocemos su postura por la Carta que han enviado al consejero de Educación y que se ha publicado en el blog de Marea Verde:
Se acuerda sacar comunicado sobre la vuelta a las aulas en enero.
Se propone volver a hacer la campaña de la bajada de ratios y reivindicar que salgan todas plazas en las oposiciones y los 18 periodos lectivos para el profesorado en todas las etapas no universitarias.
Para la próxima asamblea se propone hablar sobre la gratuidad de la Educación Pública en todas las etapas, incluida la FP de Grado Superior y la Universidad, y ver la posibilidad de realizar una campaña sobre ello.
4. Varios
Próxima asamblea: martes 8 de febrero de 2022 con el siguiente orden del día:
1- Informaciones. Situación actual.
2- Gratuidad de la Educación Pública.
3- Movilizaciones.
4- Varios
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jueves, 27 de enero de 2022
3-2-2022: Concentración “Contra la Ley Maestra” (17:30 h., en la en la Avda. Pablo Neruda 142 -frente a la Asamblea de Madrid). Convoca: Asamblea Marea Verde Madrid
📢 Ya está confirmada
la Concentración
“Contra la #LeyMaestra”
por Delegación de Gobierno 📢
¡Recuerda llevar mascarilla y mantener la distancia de seguridad!
- Presupuestos 2022 de Educación en la Comunidad de Madrid.
- Vídeo de Asamblea Marea Verde Madrid:
- Vídeo de Yo Estudié en la Pública:
Bajad las ratios. #BajadLasRatios (vídeo de Yo estudié en la pública)
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Los institutos urgen a tomar medidas ante la emergencia de salud mental que atraviesa el alumnado (Sarah Babiker para elsaltodiario.com)
Artículo de Sarah Babiker para elsaltodiario.com
La comunidad educativa señala la alta incidencia de conductas autolesivas por parte del alumnado madrileño, y exige medios para hacer frente a la crisis de salud mental que se vive en los centros.
20 de enero de 2022
“Estoy muy preocupada, en este curso he visto algo que nunca había vivido”. Quien habla es una profesora de filosofía de un instituto de la periferia sur de Madrid. Y ese algo que nunca había visto son numerosos expedientes de prevención del sucidio, en su caso, tiene cuatro alumnos con expedientes de este tipo abierto. “Hemos tenido una reunión especial para abordar ese tema y cómo actuar con determinados supuestos, la primera sensación es de sorpresa”.
La preocupación por la salud mental del alumnado madrileño, la sorpresa ante la escalada de las conductas autolesivas e intentos de suicidio, y las reuniones para afrontar esta situación se extienden por toda la Comunidad de Madrid, y es que las cifras son contundentes: “Solo en el primer trimestre de este curso hay el mismo número de protocolos por intento de suicidio abiertos que en todo el curso pasado”, confirma Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Madrid. Se trataría solo de “la punta del iceberg de otra serie de problemas que son como una espiral, las conductas de autolesión que han aumentado exponencialmente”. Así lo denuncian en un comunicado que el sindicato hizo público el pasado lunes, y en el que urge a la Comunidad de Madrid a poner los medios para atajar lo que consideran “una emergencia absoluta”.
Un panorama que, comenta la sindicalista, se complejiza con chavales que acuden a las redes para buscar información sobre cómo suicidarse o forman redes con pares que se encuentran en la misma situación de vulnerabilidad. La prevención en este caso es fundamental, y en especial el rol de los centros educativos para la identificación de alumnado en riesgo. Pero no resulta fácil: “estas situaciones se detectan a través del tutor y luego el equipo de orientación, pero antes de la pandemia ya estaba todo muy tocado porque, con los recortes, el profesorado tiene más horario lectivo y menos tiempo para atender al alumnado en tutoría”.
“Solo en el primer trimestre de este curso hay el mismo número de protocolos por intento de suicidio abiertos que en todo el curso pasado”
Un alumnado más necesitado de atención y acompañamiento que nunca, y un tiempo limitado y sobrecargado de tareas generan una situación de agobio en un profesorado que teme que alguno de estos intentos de sucidio, alguna de estas situaciones de malestar emocional, acabe resolviéndose de forma fatal, apunta Galvín. Ante este miedo real, la Asociación de directores de secundaria y FP de Madrid (Adimad) ha dado la voz de alarma.
Esteban Álvarez, presidente de Adimad critica que se deje a los centros solos y sin recursos ante una emergencia que les está desbordando, cuando ni siquiera hay un protocolo unívoco para todos: “Lo que hay es una guía, recomendaciones y cada centro tiene que hacer su propio protocolo”, apunta. El problema fundamental se centra, para este director, en una cuestión de recursos materiales y humanos, y en particular, en la ausencia de psicólogos escolares. “En estas condiciones es difícil hacer un seguimiento real, un seguimiento serio y eficaz de los casos”. Es sobre el equipo de orientación que recae la adaptación de la guía, un equipo, recuerda el director, donde es más común que haya pedagogos, e incluso en los casos en que están integrados por psicólogos, estos no pueden practicar psicología clínica.
Y además, recuerda Álvarez, son demasiados pocos, algo que pasa en todo el Estado pero particularmente en Madrid, donde hay un orientador por cada 800 alumnos, frente al orientador por cada 300 alumnos que propone la Unión Europea. La falta de recursos convierte a los protocolos en “un trámite burocrático”. ¿Por qué? Porque sin personal lo necesario en estos casos, que es básicamente no dejar a los chicos solos en ningún momento, “implica un trabajo tremendo que con la masificación de alumnado que hay, pues es muy difícil de seguir”.
El profesorado o los directores no son los únicos que demandan que en los centros educativos existan psicólogos. La FAPA Giner de los Ríos comparte este reclamo, y es que consideran esencial el rol de los institutos para el acompañamiento de los adolescentes, un acompañamiento que muchas familias no pueden encontrar fuera de este ámbito al no poder permitirse acudir a terapia privada, y depender de una red pública saturada que tarda meses en citar a los chicos y chicas. “Estamos reivindicando que se dote a los centros educativos de todos los recursos materiales y humanos necesarios para poder abordar toda la situación y todo lo que conlleva el momento en el que estamos viviendo, en concreto todos los profesionales necesarios y en particular la figura del psicólogo”, explica Mari Carmen Morillas.
No se sienten escuchadas, cuenta la presidenta de la FAPA que se han pedido en el periodo navideño sendas reuniones al Consejero de educación desde la plataforma regional por la escuela pública y desde la propia Giner de los Ríos, y no han conseguido concretarlas: “la democracia exige participación y la comunidad de Madrid no lo practica ni potencia en ningún sentido”, se indigna Morillas.
Tiempos duros para la adolescencia
La emergencia de salud mental no solo se encuentra con el colapso de la sanidad pública, sino que el incremento de la demanda también empieza a saturar a las opciones privadas. El confinamiento ha hecho mella en un colectivo que ha sufrido particularmente el mandato de aislamiento. La psicóloga Mercedes Bermejo, vocal del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, considera que la limitación de las relaciones sociales les ha afectado particularmente “en una etapa vital donde se producen muchos desajustes hormonales, fisiológicos, psicológicos, emocionales, donde hay una mayor inestabilidad emocional, una tormenta emocional, como decimos muchas veces los profesionales de la psicología, que hace que todo esto se agrave”.
La emergencia de salud mental no solo se encuentra con el colapso de la sanidad pública, sino que el incremento de la demanda también empieza a saturar a las opciones privadas. El confinamiento ha hecho mella en un colectivo que ha sufrido particularmente el mandato de aislamiento. La psicóloga Mercedes Bermejo, vocal del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, considera que la limitación de las relaciones sociales les ha afectado particularmente “en una etapa vital donde se producen muchos desajustes hormonales, fisiológicos, psicológicos, emocionales, donde hay una mayor inestabilidad emocional, una tormenta emocional, como decimos muchas veces los profesionales de la psicología, que hace que todo esto se agrave”.
“La pérdida de interacciones sociales ha conducido a muchos adolescentes a desarrollar otros patologías, como trastorno de conducta alimentaria, del estado de ánimo, o problemas de adicciones y consumo”
Bermejo considera que es importante diferenciar cómo puede afectar a un adulto no poder hacer un plan social, frente a lo que supone para un adolescente no vivir la fiesta de graduación o el viaje de fin de curso, “hitos de desarrollo que son muy importantes desde el punto de vista evolutivo: sienten que se les ha ido la vida”. Considera necesario que se entienda lo difícil que ha sido esta etapa para las personas adolescentes y los sacrificios que han tenido que hacer mientras eran juzgadas y criticadas. La pérdida de interacciones sociales ha conducido a muchos a desarrollar otros patologías, como trastorno de conducta alimentaria, del estado de ánimo, o problemas de adicciones y consumo, y es que “desde el punto de vista madurativo, cerebral , no tienen esa madurez para poder autocontrolarse, autorregularse y gestionar mejor todo lo que son sus competencias emocionales”.
Cuenta Álvarez que si bien los directores, conociendo la dureza del confinamiento para el alumnado, se temían que no fuera fácil la adaptación durante este curso, “ni en el peor de los casos imaginábamos que el problema iba a ser tan grande y sobre todo tan grave. Está claro que a los chavales emocionalmente esto les afecta, y además aquellos chicos que tienen un alto rendimiento académico, altas expectativas, se han visto todavía más afectados”. Volver a las jornadas completas y a las exigencias académicas previas a la pandemia estaría suponiendo un desafío para muchos estudiantes.
María integra el equipo de orientación de un instituto al Sur de Madrid. Considera que es una afortunada, porque en su caso son dos orientadoras, sin embargo la problemática de salud mental las supera. “Nosotras escuchamos a los chicos, les damos un espacio tranquilo, un espacio seguro donde les vamos a respetar y les vamos a acompañar y tratamos de hacer un seguimiento lo máximo que podemos. Pero claro, cuando tenemos a tantos chicos con esta ansiedad tan generalizada, con estos niveles de depresión, con ideas e intentos de suicidio, nos sentimos totalmente desbordadas”. Desde que empezara el curso, María dedica el 90% al seguimiento de los casos de niños con pensamiento suicidas. Solo el 10% queda para las labores de orientación, teniendo que tirar de su tiempo libre.
Los límites de la respuesta
Si no es fácil ejercer como orientadora ante un panorama así, tampoco es fácil cumplir con los objetivos curriculares. “Tú tienes ahí tu temario y con un panorama así ni temario ni leches, lo que hay que hacer es actuar. Además, cómo van a atender y cómo van a trabajar con esos problemones, te conviertes en una trabajadora social más que en una profesora”, considera la docente de filosofía. “A veces están tan enfrascados en el momento presente que no ven más allá, y verlo todo en negro, todo malas noticias, todo el rato, tiene que acabar afectando. También hay quienes han perdido a sus abuelos, y eso les ha tocado”.
Para poder acompañar de mejor manera al alumnado, el profesorado necesitaría de algo básico, recuerda Galvín: más tiempo y menos alumnos. Bajada de ratios, bajada de horas lectivas, a parte de la presencia del psicólogo escolar, serían fundamentales para avanzar hacia una mejor detección y seguimiento. Los actores lo tienen claro y así han intentado trasladárselo a la Consejería, pero “el director general de secundaria no tiene interlocución ninguna con nosotros, no nos ha convocado a ninguna reunión desde que está. Y luego en la mesa sectorial este tema todavía no se ha tratado”. Espera que al menos en el marco de la ley de Defensa del Menor presentada por el gobierno, la propuesta de crear la figura de defensor de los menores, sea ocupada por un profesor técnico de servicios a la comunidad (PTSC), una figura que consideran fundamental para paliar esta situación. “Además, tienen que dotar de psicólogos y ampliar los departamentos de orientación. Vamos a hacer mucha, mucha, mucha fuerza. Vienen fondos europeos para el tema de refuerzo de la orientación por lo que habría posibilidad económicamente de subsanar este tema”.
Si no es fácil ejercer como orientadora ante un panorama así, tampoco es fácil cumplir con los objetivos curriculares. “Tú tienes ahí tu temario y con un panorama así ni temario ni leches, lo que hay que hacer es actuar. Además, cómo van a atender y cómo van a trabajar con esos problemones, te conviertes en una trabajadora social más que en una profesora”, considera la docente de filosofía. “A veces están tan enfrascados en el momento presente que no ven más allá, y verlo todo en negro, todo malas noticias, todo el rato, tiene que acabar afectando. También hay quienes han perdido a sus abuelos, y eso les ha tocado”.
Para poder acompañar de mejor manera al alumnado, el profesorado necesitaría de algo básico, recuerda Galvín: más tiempo y menos alumnos. Bajada de ratios, bajada de horas lectivas, a parte de la presencia del psicólogo escolar, serían fundamentales para avanzar hacia una mejor detección y seguimiento. Los actores lo tienen claro y así han intentado trasladárselo a la Consejería, pero “el director general de secundaria no tiene interlocución ninguna con nosotros, no nos ha convocado a ninguna reunión desde que está. Y luego en la mesa sectorial este tema todavía no se ha tratado”. Espera que al menos en el marco de la ley de Defensa del Menor presentada por el gobierno, la propuesta de crear la figura de defensor de los menores, sea ocupada por un profesor técnico de servicios a la comunidad (PTSC), una figura que consideran fundamental para paliar esta situación. “Además, tienen que dotar de psicólogos y ampliar los departamentos de orientación. Vamos a hacer mucha, mucha, mucha fuerza. Vienen fondos europeos para el tema de refuerzo de la orientación por lo que habría posibilidad económicamente de subsanar este tema”.
“En otros ámbitos se han tomado medidas, los ERTE, los fondos europeos, la gente ha teletrabajado... ¿Qué medidas se han tomado para cuidar la salud emocional, para cuidar la educación y la evolución de estos chavales?”
Hasta ahora ha habido, no obstante, algunas iniciativas para formar y apoyar a los cuerpos docentes: por un lado, señala Bermejo, se han dado algunas formaciones importantes. Un ejemplo fueron unas jornadas de formación en prevención al suicidio en las que participaron más de 600 centros. “Así se ha formado a los docentes en diferentes temáticas en relación con las autolesiones, el suicidio, los problemas de salud mental, o cómo gestionar de cara a la familia cuando hay crisis o dificultades en el aula”, explica Bermejo. La psicóloga destaca que entre la Consejería y el Colegio hay una amplia colaboración. A María las jornadas le parecieron interesantes, si bien considera que la formación no era suficiente, pues al ser muy abierta, no profundizaba. “Nosotras andamos buscando información entre nosotras, coordinándonos con otras compañeras en otros centros y formando una red de apoyo”.
Por otro lado, se valora la labor del psicólogo educativo Jose Antonio Luengo y el Equipo de apoyo contra el acoso escolar que encabeza en el ámbito de la Comunidad de Madrid, que ahora está centrando su labor en la prevención del suicidio. “Hacen un trabajo magnífico y todos lo reconocen, pero son tres y no llegan a todas partes”, explica Galvín. “Necesitamos o bien un psicólogo escolar en cada centro educativo, o bien un equipo de psicólogos suficientemente amplio como para poder desplazarse por centros y asesorarnos”, apunta Álvarez, quien también tiene cierta fe en la creación del defensor del menor, siempre que sea una figura nueva, y no otro rol a cubrir por la misma saturada plantilla escolar. “No se le puede pedir a un orientador o al director que ya está sobresaturado de trabajo, que además se encargue de más funciones”.
Y es que la falta de tiempo y el desborde, pueden tener consecuencias fatales cuando no se detectan casos de riesgo, “casos donde los niños tienen una gran sonrisa y sin embargo tiene un gran tormento interior, si nosotros no somos capaces de verlo, no seremos capaces de atenderlo de la mejor manera”, apunta María.
Es hora pues, de pensar en los adolescentes, insiste Álvarez, “en otros ámbitos se han tomado medidas, los ERTE, los fondos europeos, la gente ha teletrabajado... Para los alumnos ¿qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho para nuestros chavales, que son el futuro? ¿Qué medidas se han tomado para cuidar la salud emocional, para cuidar la educación y la evolución de estos chavales?”.
jueves, 20 de enero de 2022
¿Vale todo? (Manuel Menor)
En lo que hacemos y decimos no todo vale
La ética colectiva, el sentido social de
la propiedad o la protección de los menores no pueden ser cuestionados sin oscurecer
la convivencia.
El fin y los medios
Se ha podido ver a propósito del protagonismo del tenis en los días previos al torneo de Australia. Hemos podido hacernos una idea del desajuste que puede haber entre tener gran popularidad, fama y dinero, con los comportamientos que corresponde observar al común de los mortales. En general, salvo los muy forofos del raro patriotismo de este chico servio de nacimiento, y monegasco para lo que le conviene, a la gente de a pie le ha gustado la reacción del Gobierno australiano disponiendo que estaba obligado, como cualquiera que quisiera moverse libremente por el país, a cumplir las normas protectoras frente al coronavirus. Lo curioso, llamativo y provocador vino a continuación a cuenta del alcalde de Madrid quien, aprovechando el boom suscitado en la prensa por el servio-monegasco, ha intentado llevar el agua a su molino sin objeción moral alguna; a fin de hacer crecer la “libertad a la madrileña”, le vendría bien la presencia de este tenista en un evento abrileño para atraer la atención mundial. Desde la Edad Media, era vox populi, a partir del comportamiento de algunos frailes con sus campesinos a la hora de cobrar las rentas del feudo, que “todo era bueno para el convento”. Esta consigna es la que, igualmente, parecen haber adoptado algunos irresponsables al cuestionar, partidistamente, cómo se esté gestionando la protección de menores al margen de si se hace bien o mal.
En otro lance no menos glorioso, ya no con motivo de las granjas y sus tamaños, producciones y problemas ambientales –que todavía nos hará ver más fotografías de prometedores representantes públicos ante una vaca-, sino tras otra cuestión de importancia como la vivienda, se ha vuelto a ver, después del informe supuestamente “neutral” del Consejo General del Poder Judicial, como algunos de estos políticos volvieron a mencionar que se atentaba contra la propiedad privada. Invocar el “sesgo ideológico” para referirse como un absoluto sacralizado a la privacidad de los bienes, es regresar directamente al siglo XIX, a antes de la primera ley de expropiación, primer gran atentado de los tiempos contemporáneos contra la intangibilidad que entonces revestía este constructo, como preceptuaba la Economía clásica. Da la impresión, al oírlo o leerlo –sin meterse en los intríngulis de la semántica que en estos asuntos suelen esgrimir algunos ilustres representantes del ámbito judicial-, que les gustaría retrotraer hacia la primera mitad de ese siglo la evolución democrática; no les importaría dejar atrás las primeras leyes e instituciones sociales –las que dieron fuerza al Estado Social-, como garantía y motor de estas políticas cívicas; tampoco las de más tarde, después de 1945, que configuraron en Europa el Estado de Bienestar, que tanta protección proporcionó a las clases asalariadas en general. Es decir, cuando sentencian y tratan de sentar doctrina, pastorean a un amplio sector de votantes para que presione a sus representantes en el Congreso de Diputados y traten de imponer un criterio contrario a lo que ha sido el avance social de los europeos, y de los españoles en particular. Parece que les encante tener un Estado disminuido como no sea para extraer de él jugosas ganancias.
Función social de la propiedad
Ni siquiera en la Edad Media, en pleno siglo XIII, tendrían cabida algunos de estos eminentes instigadores de la vida política. Ni Santo Tomás de Aquino se lo hubiera tolerado; en su tesis sobre el “uso de las cosas” (Summa Theologiae. IIª. IIae,. Q. 32, a.6) decía que “a nadie se manda socorrer a los demás con lo necesario para sus usos personales o de los suyos; ni siquiera a dar a otro lo que él mismo necesita “, pero cuando se ha atendido suficientemente a la necesidad y al decoro, es un deber socorrer a los indigentes con lo que sobra…, son estos deberes de justicia”.
Para enmendar su afán, debieran rememorar que, cuando el káiser Guillermo I anunció el 17 de noviembre de 1881 el pionero programa alemán “de seguridad social” –que enseguida tuvo eco en los demás países europeos- se trataba de grantizar no solamente “el bien positivo de los obreros”, sino, ante todo, el orden social colectivo”; no era una cuestión estrictamente de clase, sino provechosa para todos, que el Estado se implicara –en detrimento de la absolutización de las ganancias privadas- en la asistencia sanitaria, accidentes laborales, innvalidez y pensiones: la paz y “seguridad social” iba en ello. Este proteccionismo frente a los peligros del mercado autorregulador, incluso tuvo eco en Cánovas del Castillo ideológicamente más avanzado que muchos de los que, proclamándose herederos suyos, hablan alto en instituciones actuales. Alguna vez más ha aparecido en esta columna esto que dijo en la inauguración del curso 1890-91, del Ateneo madrileño: “El sentimiento de la caridad y sus similares no son ya suficientes por sí solos para atender las exigencias del día. Necesítase, por lo menos, una organización supletoria de la iniciativa individual que emane de los grandes poderes sociales”. Cánovas venía a consensuar la necesidad de que la Política económica estuviera atenta a lo que hay más allá de la propiedad individual ayudando a generarla.
Quienes hayan leído el Informe FOESSA-22, recién publicado, tienen a mano una acreditada encuesta realizada entre siete mil familias con necesidades, muy bien conocidas por el trato que con ellas tienen los asistentes sociales de Cáritas. Una lectura cuidadosa hará ver ver hasta qué punto estas voces ruidosas que exaltan el egoísmo individual tienen algo meritorio que decir para que cuidemos el imprescindible egoísmo colectivo. De cómo seamos capaces de atender a los que más lo necesitan, más dependerá que merezca la pena el supuesto pacto común que representa la CE78, la cual tiene, por cierto, entre sus derechos ciudadanos los propios de un Estado Social, y en el art. 33.2 dejó establecido que atendiéramos “la función social” del derecho de propiedad.
Madrid, 19.01.2022
Manolo Menor
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