"LOMCE y trabas del Gobierno a la igualdad" (Carmen Heredero de Pedro)

Hemos leído este artículo en la revista TRABAJADORA, Nº 47, publicada por CC.OO. 

"¿Putabrón?" "¿Zangolomierda?"... 17 catedráticos buscan adjetivo que refleje cómo es Wert (Humor de rokambol.com/)

ROKAMBOL NEWS.COM: Los filólogos no encuentran un calificativo suficientemente grosero para Wert

Los diecisiete catedráticos que aún siguen reunidos en una sala anexa de la Real Academia Española de la Lengua cumplirán hoy siete meses desde que se embarcaron en la colosal tarea de encontrar un adjetivo que pudiera reflejar con precisión la figura del ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Wert.

“Cuando parece que ya lo tienes, el mostrenco este vuelve a arremeter y tenemos que sentarnos de nuevo”, declara uno de los filólogos. La mayoría de los integrantes de la comisión, formada en un principio por cuarenta y cinco especialistas en filología hispánica, han abandonado el equipo con el convencimiento de que el idioma español no es suficientemente rico para insultar al ministro. Palabras antiguas como mamarracho, chisgarabís o zote se descartaron inmediatamente “por ser demasiado elegantes para una rata”, puntualiza otro de los miembros de la comisión.

Al parecer, los trabajos van ahora encaminados a la construcción de una palabra nueva que sea capaz de trasladar el sentimiento de la mayoría de los estudiantes españoles y del profesorado. Según el portavoz de la comisión, el 8 de marzo de este año, a las siete de la tarde, se dió por bueno el calificativo “Putabrón”, que llegó a cumplir su función durante catorce horas, hasta que se vino abajo con la publicación de las nuevas tasas universitarias.

Ahora mismo, los filólogos se hallan divididos entre los desesperados que abogan por recurrir al clásico “hijo de puta” de toda la vida, y los que siguen insistiendo en encontrar un nuevo término, como “zangolomierda”, un insulto sintético compuesto ayer a última hora de la tarde y que mezcla el adjetivo zangolotino con el popular sustantivo que hace referencia a aquella persona de escasos valores.

Si no se llega a un acuerdo, la comisión podría recurrir a un pacto in extremis y aprobar “zangolomierda de la gran puta” para calificar la figura del ministro de Educación, aunque tres de los filólogos ya han advertido de que el insulto se quedará corto en cuanto Wert vuelva a parpadear.

La Universidad pública española ha sufrido un recorte de 5.976 empleos en un año

PÚBLICO.ES: CCOO calcula que en un año se han 'recortado' casi 4.500 docentes e investigadores universitarios

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras ha calculado un descenso de 5.976 empleos en las universidades públicas en un año al comparar los datos de enero de 2012 y enero de 2013 del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

En un comunicado, el sindicato precisa que se han perdido 4.321 docentes e investigadores (PDI) y 1.655 miembros de personal de administración y servicios (PAS), lo que atribuye a una "salvaje política de recortes".

En enero de 2012, los empleados públicos de las universidades eran 154.881 en total, de los que 100.511 pertenecían al grupo de PDI y 54.370 eran PAS, según CCOO, que se basa en los boletines que publica el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Un año después eran 148.905 empleados públicos universitarios: 96.190 de PDI y 52.715 de PAS. El sindicato aclara que el PDI incluye personal contratado a tiempo completo y parcial.

Esta reducción de personal coincide, asegura CCOO, con un incremento del 24,3 % del alumnado que se presentó a la selectividad entre 2008 y 2011. No obstante, la disminución del personal y el aumento del alumnado presentan "fuertes diferencias" por comunidades autónomas y universidades. "Los problemas más urgentes de los campus siguen siendo su insuficiente financiación y las nefastas políticas de ajuste de personal impuestas en las leyes de presupuestos estatal y autonómicas", dice el sindicato.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid "asfixia" a las universidades públicas, según el rector de la UCM

PÚBLICO.ES: El rector de la Complutense: "Las universidades están rescatando al Gobierno de Madrid"

El rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM),José Carrillo, ha advertido este miércoles de que las universidades públicas "no pueden soportar un recorte más", y ha acusado al Gobierno de la Comunidad de "asfixiar" presupuestariamente a estas instituciones al aplicar unareducción del 20% cuando el presupuesto regional ha menguado en un 12%. "Si alguien está rescatando a alguien, son las universidades públicas a la Comunidad de Madrid", ha asegurado Carrillo en los cursos de verano de la UCM en San Lorenzo de El Escorial.

El máximo responsable de la UCM ha hecho estas declaraciones un día después de la reunión de los rectores de las universidades públicas madrileñas con el presidente regional, Ignacio González, y a la que también acudieron la consejera de Educación, Lucía Figar, y el consejero de Economía y Hacienda, Enrique Ossorio.

Según Carrillo, los rectores plantearon en la reunión sus "discrepancias" con la subida de las tasas universitarias aprobada por el Gobierno regional y con "la redacción del decreto" por dar a entender que los rectores tienen competencia en la fijación de precios públicos, "cosa que no es cierto", ha puntualizado Carrillo, porque "quien tiene esa competencia" es la Comunidad de Madrid

Los rectores, además, manifestaron su "oposición" a los recortes "consiguientes a esa subida de precios", ha vaticinado Carrillo, que van a suponer "un año más, una restricción importante", en palabras del rector de la Complutense.

"Pusimos de manifiesto que en un tiempo que la Comunidad de Madrid ha bajado un 12% su presupuesto, el de las universidades públicas se ha reducido más de un 20% y entendemos que las universidades públicas ya han pagado con creces la política de recortes y no podemos soportar un recorte más", ha proclamado tajante Carrillo.

El rector de la Complutense, en un tono claramente crítico, ha afirmado que la Comunidad de Madrid "está asfixiando en efecto" a la universidad pública, ilustrando sus palabras con las cifras presupuestarias de su universidad. "La Complutense ha visto reducir su presupuesto en los dos últimos años en casi 80 millones de euros, lo que supone más del 15% del presupuestos", ha explicado.

"La Complutense no se hunde"

A preguntas de los periodistas, Carrillo ha asegurado que la Universidad Complutense, a pesar de sus problemas financieros, "no se hunde" y está "saliendo a flote" tras cerrar el último ejercicio con un superávit de "casi 26 millones" y ganar cuatro sentencias a la Comunidad de Madrid por valor de 100 millones, "de los que 40 se van a emplear en reducir la deuda", según Carrillo.

"No es un secreto que la Complutense tenía una situación difícil hace dos años, con un desequilibrio presupuestario y una deuda importante de 150 millones", ha admitido el rector. "Pero en este momento hemos reequilibriado el presupuesto y hemos conseguido gracias a nuestros esfuerzos y gestiones entrar en el Plan de Pago a Proveedores, un crédito del ICO a diez años que la Comunidad de Madrid no va a pagar, va a pagar la Complutense", ha subrayado.

Lista de participantes en el procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros que han solicitado puestos de carácter voluntario

RESOLUCIÓN DE 17 DE JULIO DE 2013, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

RECURSOS HUMANOS, POR LA QUE SE ORDENA LA EXPOSICIÓN DE LA

LISTA DE PARTICIPANTES EN EL PROCEDIMIENTO SELECTIVO PARA 

INGRESO EN EL CUERPO DE MAESTROS, CONVOCADO POR RESOLUCIÓN 

DE 9 DE MAYO DE 2013, QUE HAN SOLICITADO PUESTOS DE CARÁCTER 

VOLUNTARIO.

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DVoluntarios_248411.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352826275522&ssbinary=true

El Ayuntamiento de Fuenlabrada se equivoca de estrategia. Los recursos públicos, para la FP Pública, no para las empresas

SER MADRID SUR.COM: Fuenlabrada rebajará los impuestos a las empresas que participen en FP dual

La intención del Gobierno local es dar uso al antiguo colegio Julio Verne y, a la vez, aumentar la oferta de formación laboral. Para la parte práctica necesita la colaboración de las empresas locales, por lo que ha contactado con firmas de sectores como la alimentación o automoción. Han mantenido un encuentro con el alcalde y han podido tomar nota de las rebajas fiscales que el Ayuntamiento ofrece a las empresas que se integren en este proyecto de Formación Profesional Dual.

La parte teórica se desarrollaría en el colegio Julio Verne, mientras que las prácticas consistirían en el trabajo en las industrias a jornada completa como becarios percibiendo un salario de 300 euros mensuales con alta en la Seguridad Social. A la espera de la respuesta de los empresarios, tanto el alcalde como la responsable regional de Formación Dual de la Comunidad han valorado positivamente este encuentro.

UGT considera que la resolución del TSJM sobre contratación de profesores nativos "no se ajusta a derecho"

EUROPAPRESS.ES: UGT presenta un recurso de súplica ante el TSJM para la admisión de la demanda por la contratación de profesores nativos


La Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT Madrid (FETE-UGT) ha interpuesto un recurso de súplica ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para la admisión a trámite de la demanda por "presunta prevaricación" contra la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y la consejera de Educación, Lucía Figar, por la contratación de profesores nativos para colegios públicos sin pasar por una convocatoria de plazas.

Según ha informado el sindicato en un comunicado, ha llevado a cabo este recurso porque considera que la resolución del TSJM inadmitiendo su demanda "no se ajusta a derecho" dado que estas contrataciones, a juicio del sindicato, "vulneran de manera palpable los preceptos que sobre contrataciones existen en la función pública".

Por otra parte, el sindicato alude en el recurso a "indicios omitidos" por el Alto Tribunal en su Auto "y que son muy importantes" como la "posibilidad que tenía la Administración y que no utilizó de convocar las plazas a través del concurso-oposición y bolsas de trabajo, por lo que no habría circunstancias de urgencia y necesidad".

Otro de los "indicios" a los que alude UGT es que estas contrataciones "han provocado desplazamiento de funcionarios y que no se haya llamado al profesorado interino habilitado y que estos hechos fueron denunciados por la Junta de Personal Docente, órgano amparado constitucionalmente, es decir, la Administración, a sabiendas, vulneró la legislación vigente en cuanto al acceso a la función pública provocando que terceros fueran o bien desplazados o no contratados".

Además de los "indicios", el sindicado ha recordado en el recurso el informe del Ministerio Fiscal, "que exponía con bastante exactitud la línea argumental cuya conclusión no puede ser otra que la de abrir una fase de instrucción al entenderse que existen indicios relevantes de eventual relevancia penal".

Los contratos a los que se hace referencia en la demanda de UGT son contratos "por obra y servicio determinado al amparo del artículo 15.1 del Estatuto de los Trabajadores y al amparo de Acuerdos de colaboración entre diversas entidades y la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid".

Por último, UGT ha señalado que dichos "profesores" deben "reunir unos requisitos en cuanto a su propia formación (Ley Orgánica de Educación) así como que en ningún caso pueden ocupar plazas establecidas o cubiertas por el personal funcionario y por ende no puede aplicárseles el régimen de funcionamiento de los profesores funcionarios, cosa que se ha venido haciendo en estos institutos bilingües".

Adjudicación de destinos a los colectivos de maestros de la Comunidad de Madrid

RESOLUCIÓN DE 23 DE JULIO DE 2013, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

RECURSOS HUMANOS, POR LA QUE SE ORDENA LA EXPOSICIÓN DEL 

LISTADO DE LA ADJUDICACIÓN INFORMÁTICA DEFINITIVA DE DESTINO 

A LOS COLECTIVOS DE MAESTROS: DESPLAZADOS, SUPRIMIDOS, 

CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA O RESOLUCIÓN DE RECURSO, 

REINCORPORADOS PROCEDENTES DE EDUCACIÓN EN EL EXTERIOR, 

EXCEDENCIA POR CUIDADO DE FAMILIARES, PROVISIONALES, 

PENDIENTES DE PRÁCTICAS, COMISIÓN DE SERVICIOS DE CARÁCTER 

HUMANITARIO PARA CENTROS DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y 

REINGRESADOS, PARA EL CURSO ESCOLAR 2013-2014.

http://www.madrid.org/cs/Satellite blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=ContentDisposition&blobheadervalue1=filename%3 Dadjudicacion+definitiva+destinos.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352826504572&ssbinary=true

"Reformando la educación desde el cinismo y la desconfianza" (Enric Prats)

Hemos leído este artículo en INED21.COM

El Consejo de ministros del gobierno español del 17 de mayo certificó la puesta en marcha de una reforma profunda del sistema educativo. No faltan razones para introducir cambios en la educación, no sólo a tenor de los informes internacionales sino también y sobre todo por las voces internas que recomiendan una revisión a fondo del modelo escolar actual. Pero el camino adoptado por el gobierno español no es el más adecuado y volvemos a perder una nueva oportunidad para situar a España entre los países más modernizados en educación.

El liderazgo visible de la reforma ha recaído en el ministro de Educación, José Ignacio Wert, conocido polemista antes de ministro, sociólogo de profesión en la rama demoscópica y uno de los autores más voraces de la FAES, fundación que no ha cesado de evacuar documentos en contra del sistema educativo vigente en los últimos años. Este liderazgo, sin embargo, no tiene que hacer olvidar que la actual propuesta de ley arranca de una ley frustrada, aprobada el 2002 bajo la anterior mayoría absoluta del Partido Popular, que sería derogada en la primera reunión del consejo de ministros de la posterior era socialista. La propuesta de ley usa el mismo argumentario que la del 2002, el de la necesidad de mejorar la calidad de la educación centrada en el esfuerzo individual, mediante la creación de sucesivos obstáculos a superar, y olvidando las recomendaciones internaciones que sugieren la necesidad de apoyar el esfuerzo colectivo.

La ley arranca con una declaración de intenciones repleta de incongruencias y medias verdades, asumiendo como motivación principal la reducción del fracaso escolar, el aumento del rendimiento académico y el combate contra el paro juvenil. Declaraciones recientes de dirigentes populistas han insistido en este último argumento, defendiendo de manera impávida que el actual sistema educativo es la causa del nivel de paro juvenil, argumentos que llenan la página creada para difundir lo impresentable: laverdaddelaeducacion.es. Olvidan, estas declaraciones, que la desocupación laboral actual de los jóvenes y el abandono prematuro de la educación formal es consecuencia de la política del ladrillo, que con elevados sueldos expulsaba del sistema a los alumnos menos motivados. Ahora  pagamos las dos consecuencias.

Cuando nos comparamos con los países vecinos, el sistema educativo español queda en la posición que le corresponde si tenemos en cuenta dos variables. Por un lado, venimos de donde venimos y conviene recordar que en los 80 el fracaso escolar rozaba el 40%, cuando la escolarización obligatoria sólo llegaba a los 14 años, después de cuatro décadas anteriores de penurias educativas. Por otro lado, los niveles de inversión económica en educación no han llegado nunca al de los otros países. La herencia, por lo tanto, era muy complicada y el Partido Popular no se ha caracterizado, durante el tiempo que ha estado en la oposición, por favorecer la consolidación de un sistema educativo moderno y capaz de afrontar retos, centrando su tarea opositora en aspectos meramente ideológicos y ciertamente marginales de la educación, como la objeción de Educación para la ciudadanía. Más bien, de la mano de la jerarquía católica, ha insistido exclusivamente en recuperar soluciones del pasado para un sistema que tendría que pensar más en el futuro.

Pero los despropósitos de la ley se pueden identificar en cuatro aspectos sustanciales, sin olvidar otros muchos que también merecerían una atención especial.

En primer lugar, la reforma ataca de raíz al modelo de escuela democrática y anula de cuajo la participación de las familias y de los alumnos, pero también del mismo profesorado, en el “control y gestión” de los centros educativos, como reconocía el maltrecho artículo 27.7 de la Constitución de 1978. El consejo escolar, como órgano de gobernanza de las escuelas, queda completamente desfigurado con el traspaso de sus competencias a la dirección de los centros, que será nombrada por la administración y terminará por asumir un poder considerable en las escuelas. Las insuficiencias del modelo actual quedaban patentes en todas las elecciones de padres y alumnos, como también la inoperatividad real de los consejos, transformados en la práctica en meros órganos decorativos. Pero en lugar de impulsar estos órganos y profundizar en el modelo democrático de escuela, la ley opta por vaciarlos de contenido y anular de hecho sus competencias.

En segundo término, la propuesta de ley altera de manera notable el difícil equilibrio competencial derivado del estado de las autonomías que se había logrado con las primeras leyes educativas democráticas, cuando la arquitectura curricular se guiaba por un principio de subsidiariedad basado en la mutua confianza: el gobierno central fijaba unos conocimientos mínimos y los autonómicos los ampliaban y desarrollaban. En el nuevo sistema, la ley inventa una clasificación inédita a escala europea y distingue entre materias troncales, específicas y de configuración autonómica. Las dos primeras quedan reservadas al gobierno central, quien decidirá y evaluará, por ejemplo, contenidos de historia o de geografía comunes para todos los alumnos españoles, con independencia de su residencia y tradición propia. El despropósito es monumental cuando interfiere en el modelo lingüístico, que en el caso de Cataluña se ha demostrado decisivo para garantizar buenos niveles en el dominio de las dos lenguas y asegurar la cohesión social, algo que se ha demostrado concluyente en los últimos años con la llegada de fuertes contingentes migratorios. La intromisión roza la legalidad cuando se inclina a favor de una opción lingüística que, además, promueve la segregación escolar, una virtud que el modelo de escuela catalana había sabido preservar.

En tercer lugar, la reforma eleva el tono doctrinal de la legislación educativa con la eliminación de la asignatura de Educación para la ciudadanía, y la reinstauración  obligatoria de la Religión, sustituible por una de valores culturales o éticos. No es un cambio menor tampoco en cantidad puesto que aquella sólo tenía presencia en tres cursos de la educación obligatoria, mientras que la religión será obligatoria durante los diez años que forman la etapa primaria y la secundaria básica. El adoctrinamiento de la ley aparece también en la formulación curricular de las materias consideradas “troncales”, como en la historia o la geografía, que serán diseñadas totalmente por la administración central y formarán parte de las evaluaciones externas que darán acceso a la titulación final de etapa, como veremos a continuación. La españolización definitiva empieza también por aquí. En cualquier caso, la educación vuelve a ser utilizada como un espacio de debate ideológico, aprovechado por la jerarquía eclesiástica, que incluso ha llegado a defender la cientificidad de los contenidos religiosos.

En cuarto lugar, como mencionábamos, la propuesta de ley introduce un mecanismo perverso de logro de objetivos, con una certificación externa de los conocimientos logrados durante la educación obligatoria (al final de la ESO) y otra al final del bachillerato, las conocidas reválidas. La evaluación externa es empleada en muchos países europeos para identificar los aspectos a mejorar del sistema y también para dar información a las familias sobre los procesos que llevan a cabo sus hijos, pero pocos países usan estos datos para validar y, todavía menos, para permitir el acceso a estudios posteriores. Para rematar el tema, en declaraciones recientes, el mismo ministro Wert ha considerado que las reválidas permitirán “aumentar la tensión entre docentes y alumnos”, una muestra del sentido real que tienen este tipo de pruebas en la mentalidad de los promotores de la reforma, una especie de mecanismo de poder para afianzar un modelo de liderazgo autoritario ciertamente poco adecuado en los tiempos que corren. El esfuerzo individual no se potencia con más obstáculos sino con acciones que extraigan lo mejor de cada cual, un objetivo que las pruebas estandarizadas, a nivel “nacional”, nunca podrán lograr.

Pero además del fondo de la cuestión, el proceso se ha llevado con unas formas de hacer política que tendrían que ser evitadas en temas de gran trascendencia, en cuestiones de estado, como es la educación. Lejos de buscar consensos y arbitrar soluciones compartidas por el máximo número de agentes, el equipo ministerial ha tirado por el camino de en medio y ha preferido el ataque directo. La comunidad educativa se ha pronunciado por medio de multitud de actos y sobre todo con una muestra importante de fuerza en la calle en más de una ocasión en el último año y medio, que acompañaban las quejas por los recortes. Todo ello no puede hacer olvidar que, como se acaba de conocer, España ha retrocedido el 0,5% en la inversión en PIB en el primer cuatrimestre de 2013, a diferencia de la media de la OCDE que ha crecido un 0.4%.

En resumen, la desconfianza del ministro hacia los profesionales de la educación, con la introducción de mecanismos de control sobre la tarea del profesorado, y el  cinismo mostrado a lo largo de todo el proceso, con la tergiversación de datos y la ocultación de información para defender sus posiciones, han impedido la realización de un debate necesario y honesto sobre el sistema educativo. Las medidas que se irán adoptando con su despliegue pondrán en evidencia el montón de despropósitos pedagógicos de la ley, que pondrá la escuela en el sentido contrario de lo que se viene postulando en los foros internacionales. Un retroceso de más de cuarenta años, que nos situará justo antes de una ley franquista, la de 1970, más adaptada a su realidad que la actual.

Enric Prats Gil es Profesor de Pedagogía Internacional (Universidad de Barcelona). Pertenece al EDUMORAL-GREM, grupo de investigación en educación moral. 

Orden que regula las listas extraordinarias para maestros de la Comunidad de Madrid

CC.OO. nos remite la ORDEN POR LA QUE SE  REGULAN LAS BASES PARA LA FORMACIÓN DE LISTAS EXTRAORDINARIAS DE ASPIRANTES PARA CUBRIR  PUESTOS DOCENTES  EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD EN ESPECIALIDADES DEL CUERPO DE MAESTROS que puedes consultar aquí