Prosiguen privatizaciones de escuelas públicas, como la que acaba de llevar a cabo la Comunidad de Madrid con cinco escuelas infantiles.
En la conversación democrática sobre el sistema escolar persisten “culturas” políticas que pretenden asentar como “natural” para los ciudadanos comunes el deterioro de la igualdad de trato. Todos los derechohabientes a una educación digna sufren, de este modo, que la universalidad y libertad de que habla el art. 27CE78 siga siendo una utopía política, parecido a como era distopía, en 1945, su mención en el Fuero de los Españoles.
La utopía de la igualdad
Aquellas generaciones de posguerra, además de carencia de puestos escolares, sufrieron formas pedagógicas obsoletas y burocráticas―respaldadas por el CSIC y las Universidades― y la imposición de unos currículos, explícitos y ocultos, cuya vigilada traducción en libros de texto debían recitar.
De entonces acá, si bien el derecho a la escolaridad ha logrado solemnizarse en la CE78, igualmente es verdad que el miedo a cambios profundos respecto a imposiciones colonizadoras, como el conservadurismo y el neoliberalismo, han impedido una educación equitativamente digna y de provecho para todos y todas. Vistos en perspectiva los ochenta años últimos, tan históricos son visibles cambios habidos, como algunas corrientes estructurales que, desde que La Gaceta hizo pública la primera Ley general de la Educación en 1857, apenas han sido modificadas.
Dada la relevancia que tienen en la enseñanza española, la gestión política es la causante central de que la educación existente no tenga el potencial que los ilustrados le atribuyeron. La documentación de cómo se procuró que no alcanzara de verdad a todos es confirmada por cuantos han padecido esa limitación. Lo relevante, en todo caso, es que esa tendencia prosigue, como atestigua esta noticia privatizadora de las escuelas infantiles en Madrid, donde se deja fuera al 78 % de cuantos piden una escuela pública.
Es una decisión más de las muchas que, favorables a la supuesta “libertad de elección de centro”, fortalecen descaradamente el negocio privado a cuenta de una educación universal, digna, gratuita y equitativa. Potencia la ideologizada voluntad de que crezca el 60 % de los niños de la ciudad de Madrid que ya van a centros privados o concertados. Pese al servicio que los profesionales de la enseñanza pública prestaron con motivo de la covid-19, su trabajo pierde miles de plazas, igual que en Sanidad, y su accesibilidad a las clases medias proletarizadas y a las populares se deteriora. Es decir, desde 1978 no se transformó a fondo el sistema educativo, sino que se dualizó más. Quienes mejor lo saben de son cuantos, obligados por la privatización creciente de la educación como bien público, siguen teniendo que conformar su “libertad” de elegir a lo que su capacidad de consumo permita.
Como resultado, 46 años después de la CE78, subsisten múltiples maneras en que el sistema educativo enseña discriminación y desigualdad. Gran parte del lenguaje mixtificado que se emplea para hablar de estos asuntos conduce, sin embargo, a la banalidad de la distracción nominalista y al debate pedagógico estéril. Esta equívoca distancia entre las palabras y cosas educativas la conocen cuantos docentes han visto que las novedosas terminologías tecnocráticas no han mejorado las condiciones reales en que ejercitan su noble trabajo.
Son muchos los que han vivido la efectividad real de las nueve leyes orgánicas democráticas, y a ellos se añaden muchos supervivientes de la fiebre normativa padecida entre 1936 y 1970, que confiaban en que los hitos de la educación franquista no prosiguieran en las regresiones posteriores al artc. 27 de la CE78 y los Acuerdos con la Santa Sede. La restrictiva interpretación concordante de ambos documentos coarta la enseñanza y dificulta decir, en rigor, que se haya alcanzado “una educación desde y para la vida en común”.
A sabiendas del perjuicio, nunca se actualizó el pacto educativo constitucional; ha predominado, en cambio, la voluntad de cosificar lo que ya el artc. 366 de la Constitución de Cádiz pretendía se enseñara a todos. La carencia de recursos pronto quedaría certificada en el artc. 1.7 de la Ley de Bases de 1857 (dos meses antes de la Ley Moyano), sin que se coartasen los privilegios de la enseñanza confesional y privada.
Volver a empezar
La situación en este plano apenas ha cambiado, cuando sí lo han hecho las urgencias que el momento actual plantea a una escuela recortada. Aristóteles ya decía que, en la POLIS, la enseñanza tenía que ser “pública” (La Política, 8,1), y el artículo 13 de la Constitución gaditana dejó abierto el objetivo hacia la “felicidad de la Nación”. Han pasado 212 años y, cuando tanto ha evolucionado el sentido del ser y sentirse “nación”, queda mucho para que tenga cumplimiento la democratización objetiva del derecho a la educación.
Lo más grave es que la globalización productiva y el vivir en la Tierra pasan hoy necesariamente por la sostenibilidad del medio y los recursos, mientras los problemas y conflictos de convivencia que generan los cambios de paradigma repercuten tanto en las potencialidades de la escuela.
En esta patria, la única verdadera que queda, repercute la sensibilidad ciudadana mostrada en el voto, en los debates parlamentarios, y en decisiones como esta de Ayuso, que podía hacer suya tanto negacionista devoto de las políticas de progreso infinito y competitivo. Ello complica la solución de las carencias del sistema escolar, cuando, además, están al alcance de cualquier crío enseñanzas envolventes, muy persuasivas por su apariencia divertida.
Desde que las generaciones de posguerra fueron por primera vez a una escuela, sus reconocibles avances no permiten olvidar los estancamientos que la frenan, ni que le sobran los más desfavorecidos en la campana de Gauss. Por eso su hipotecado sistema tiende a obviar que hay institutos y escuelas que nadie quiere porque considera “chungos”.
Pero no por olvidar, con ignorancia culpable, que el “fracaso escolar” no desaparecerá por ensalmo, dejarán de existir las lacras del desarraigo escolar y socil. Sin un cambio democratizador profundo, no dejará de ser contradictoria la discriminación institucionalizada entre enseñanza “pública” y “privada”, con un creciente semianalfabetismo cargado de problemas.
Sea como fuere el futuro, sin consciencia de lo urgente que es subsanar las grietas de la educación española, la enseñanza de todos y para todos seguirá siendo una quimera. La distancia para que sea como debe ser crecerá, y a cuantos crean en el valor de la escuela pública, les costará más “volver a empezar”, como decía Lars Gustafsson en La muerte de un apiculto.
La situación en este plano apenas ha cambiado, cuando sí lo han hecho las urgencias que el momento actual plantea a una escuela recortada. Aristóteles ya decía que, en la POLIS, la enseñanza tenía que ser “pública” (La Política, 8,1), y el artículo 13 de la Constitución gaditana dejó abierto el objetivo hacia la “felicidad de la Nación”. Han pasado 212 años y, cuando tanto ha evolucionado el sentido del ser y sentirse “nación”, queda mucho para que tenga cumplimiento la democratización objetiva del derecho a la educación.
Lo más grave es que la globalización productiva y el vivir en la Tierra pasan hoy necesariamente por la sostenibilidad del medio y los recursos, mientras los problemas y conflictos de convivencia que generan los cambios de paradigma repercuten tanto en las potencialidades de la escuela.
En esta patria, la única verdadera que queda, repercute la sensibilidad ciudadana mostrada en el voto, en los debates parlamentarios, y en decisiones como esta de Ayuso, que podía hacer suya tanto negacionista devoto de las políticas de progreso infinito y competitivo. Ello complica la solución de las carencias del sistema escolar, cuando, además, están al alcance de cualquier crío enseñanzas envolventes, muy persuasivas por su apariencia divertida.
Desde que las generaciones de posguerra fueron por primera vez a una escuela, sus reconocibles avances no permiten olvidar los estancamientos que la frenan, ni que le sobran los más desfavorecidos en la campana de Gauss. Por eso su hipotecado sistema tiende a obviar que hay institutos y escuelas que nadie quiere porque considera “chungos”.
Pero no por olvidar, con ignorancia culpable, que el “fracaso escolar” no desaparecerá por ensalmo, dejarán de existir las lacras del desarraigo escolar y socil. Sin un cambio democratizador profundo, no dejará de ser contradictoria la discriminación institucionalizada entre enseñanza “pública” y “privada”, con un creciente semianalfabetismo cargado de problemas.
Sea como fuere el futuro, sin consciencia de lo urgente que es subsanar las grietas de la educación española, la enseñanza de todos y para todos seguirá siendo una quimera. La distancia para que sea como debe ser crecerá, y a cuantos crean en el valor de la escuela pública, les costará más “volver a empezar”, como decía Lars Gustafsson en La muerte de un apiculto.
Manuel Menor
14/06/2024
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