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Desde la Confederación de FAPAS y AMPAS de la Comunidad de Madrid (CONFAPA MADRID) pedimos que en las elecciones autonómicas del 4 de mayo de 2021 las votaciones se hagan en espacios municipales acondicionados para ellos como pueden ser los polideportivos, los centros culturales o de ocio y que se evite el uso de los centros educativos.
Las familias de los alumnos llevamos todo el curso sin acceder a los colegios, en la mayoría de los centros se han suspendido los desayunos y las extraescolares. No ha habido fiestas ni celebraciones y nuestras hijas e hijos solo se relacionan con los alumnos que están dentro de su grupo de convivencia estable y se les toma la temperatura antes de poder acceder a su centro. Todo ello para lograr un entorno lo más seguro posible dentro de la terrible pandemia que padecemos.
En las elecciones del 4 de mayo de 2021 podrán acceder lícita y legalmente a ejercer su derecho al voto personas con episodios activos de COVID-19, y esos mismos espacios serán usados pocas horas después por el alumnado de los centros, y les recordamos que en educación infantil ni siquiera se usan mascarillas.
Queremos unos centros educativos seguros, y por ello solicitamos que la Junta Electoral busque otros espacios alternativos más seguros y adecuados a la situación actual para las votaciones del próximo 4 de mayo.
La candidata del PP a las elecciones del próximo 4 de mayo, Isabel Díaz Ayuso, ha convocado este martes a la prensa en un centro educativo concertado de Alcobendas de la Comunidad de Madrid. Allí ha acudido con la vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, y ha hecho un recorrido por el colegio mientras era vitoreada por los alumnos en la hora del recreo. A ese paseo no ha podido acompañarla la prensa, que ha tenido que esperar en una sala hasta su llegada para presentar su programa electoral en materia de Educación. La medida estrella: el currículo incluirá contenidos obligatorios en ESO de Constitución y Democracia.
El paseo de Ayuso en este centro concertado se produce menos de dos meses después de que su Gobierno impidiera que la ministra de Igualdad, Irene Montero, participara en una actividad con motivo del Día de la mujer el 8 de marzo en un instituto público. Entonces, desde el equipo de la aún presidenta argumentaron que no iban a permitir el "adoctrinamiento" en las aulas madrileñas. A la ministra la había invitado el colegio y un grupo de alumnas para hablar de igualdad, la materia del Ministerio, el 8M pero el encuentro no se pudo producir por imposición del Ejecutivo regional que lo prohibió.
Ayuso ha defendido que "hay una serie de diferencias" entre su visita y la que pretendía Montero el 8 de marzo. "Yo no he entrado en ningún aula ni les he estado hablando de política, como decía ella que pretendía hacer con el feminismo. En segundo lugar, es el propio colegio el que nos ha ofrecido las instalaciones, no hemos sido nosotros los que nos hemos acercado sin avisar. Hay que tener en cuenta que tenemos el informe favorable de las medidas Covid y finalmente soy la responsable de los colegios y los estoy visitando con o sin campaña", ha justificado la candidata del PP.
La candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, en un colegio concertado, junto a Ana Pastor.
Sin embargo, en el caso de Montero, fueron las alumnas las que organizaron la reunión: "Estamos muy enfurecidas. Nos han arrebatado un encuentro que era nuestro. Los protagonistas no eran la política o la ideología, sino el feminismo. Y cómo nosotras, chicas del barrio de San Blas y de un instituto público, llevamos día a día el feminismo y la igualdad a nuestras aulas", lamentaron las alumnas. Constitución y Democracia en el currículo
Ayuso ha explicado que se incorporarán contenidos obligatorios en ESO de Constitución y Democracia en el desarrollo de los nuevos currículos, para "resaltar los valores democráticos". Desde el partido han explicado que, actualmente, la Constitución española está incluida, tanto en los planes de estudio y currículos de Bachillerato, como de Educación Primaria y Secundaria.
El sistema educativo la contempla como parte del desarrollo integral de los alumnos y de la formación en valores, incluyendo un enfoque integral en todas las etapas del sistema educativo. El objetivo es, de cara a aplicar la nueva Ley educativa, reforzar estos contenidos.
Ayuso ha asegurado que también ofrecerá incentivos económicos a los docentes implicados en la transformación digital de los centros educativos, donde se aspira a conseguir la digitalización global, tal y como recoge su programa electoral en materia de educación.
Un informe de Save the Children y Esade asegura que "las políticas educativas juegan un papel esencial en la segregación escolar" y señalan los elementos que caracterizan las políticas educativas madrileñas; España es el tercer país más segregador entre los desarrollados pese a que hay regiones, como Catalunya, que la han reducido en los últimos años
Si Madrid fuera un país, solo Turquía segregaría más a su alumnado en función de su origen socioeconómico. Dicho de otra manera: la región que preside Isabel Díaz Ayuso separa (o agrupa) a su alumnado según su clase social más que ninguna otra en toda España y está entre las que más lo hacen de todo el mundo desarrollado, según el estudio elaborado por Save the Children y Esade. El informe, titulado Diversidad y libertad, reducir la segregación escolar respetando la capacidad de elección de centro, deja una pista de las posibles razones tras este dato: "Las políticas educativas juegan un papel esencial en la segregación escolar".
Esta afirmación cobra todo el sentido cuando se piensa en Madrid y se cotejan sus políticas con los elementos que, según este informe, influyen en aumentar la segregación: financiación de los centros, las cuotas de la escuela concertada, los baremos para elegir colegio o instituto, la matrícula viva o la zonificación escolar son algunos de los elementos que se señalan como decisorios. Y de ahí las grandes diferencias entre comunidades autónomas que señala el informe, elaborado a partir de datos de los exámenes internacionales PISA y TIMSS.
A España como conjunto no le va mucho mejor, en parte por los datos madrileños, que tiran de la media hacia arriba. El país es el tercero de la OCDE que más segrega, superado solo por Lituania y Turquía, añade el texto. En el otro extremo de Madrid destacan, por su menor segregación, La Rioja y Cantabria, con cifras que se quedan en la mitad de las madrileñas. También sobresale el trabajo de regiones como estas dos mencionadas o Catalunya y Asturias, que han conseguido reducir su segregación desde 2015. En Madrid, la tierra de la libertad de elección, ha subido tanto en Primaria como en Secundaria. Los pobres están cada vez más con otros pobres y los ricos, cada vez más con otros ricos.
Esta segregación no es anecdótica, dicen los autores del informe, sino que "se ha convertido en un problema cada vez mayor para la calidad, equidad y libertad de educación en España". Tampoco ha caído del cielo o simplemente se da de manera más o menos natural, por ejemplo por el mero hecho de que la distribución geográfica de la población ya la agrupa por nivel socioeconómico (barrios pudientes, barrios humildes).
El texto, elaborado por Álvaro Ferrer, especialista en equidad educativa de Save the Children, y Lucas Gortazar, director de Investigación de Esade EcPol, no se limita a describir la situación. También defienden los autores que la capacidad de elegir centro debe estar incluida en el concepto "libertad educativa", si bien añaden que para ello esa posibilidad de elección debe ser real y no sostenerse solo sobre el papel como ahora, y proponen ocho medidas para que sea posible. Algunas de ellas son: aumentar la discriminación positiva a grupos socioeconómicos en la admisión; abordar la matriculación del alumnado que se incorpora durante el curso; dotar a los centros [concertados] de financiación suficiente y control para evitar el pago de cuotas; y mejorar la oferta escolar de centros públicos, entre otras.
El informe analiza la segregación en la escuela a partir de dos variables, la etapa escolar y el origen del alumnado. Y concluye que es mayor en Primaria que en Secundaria y que se da más por clase social que por origen geográfico. Casi huelga decir que Madrid lidera la segregación socioeconómica tanto en Primaria como en Secundaria, aunque queda a mitad de tabla en la que mide las diferencias por lugar de nacimiento del alumno (inmigrantes versus nacidos en el país).
En Primaria y en función del nivel socioeconómico, Madrid segrega al nivel de Lituania y por encima de España como conjunto, pero también de Francia, Chile o Portugal. Por encima solo está Turquía en todo el mundo desarrollado. El índice de Gorard en este caso, que mide la "uniformidad" del sistema, arroja un resultado de casi 0.35 para la región dirigida por Díaz Ayuso. Dicho de otra manera, el 35% de los alumnos que pertenecen al 25% más pobre de la sociedad (se ha elegido esta medida como podía haber sido cualquier otra) tendrían que cambiar de centro para que la representatividad de este colectivo concreto fuera la misma en los colegios que en la sociedad. El dato ha subido (empeorado) desde 2015, cuando estaba en 0,30.
España como país presenta un dato algo mejor, con una segregación de 0,32. Sin embargo, no le sirve mucho para bajar en esta clasificación. Nuestro país es el tercero que más segrega en Primaria, a un nivel similar al de los vecinos franceses, pero más alto que Portugal, por ejemplo, o Italia. Con los países nórdicos, en los puestos de honor de la tabla, es difícil compararse (ver gráfico).Segregación en Primaria en España y en Madrid.
En Secundaria, la estadística deja a España prácticamente en la media de la OCDE, rozando un índice de Gorard del 0,30. También a Madrid. En este caso, destacan los autores del informe, llama más la atención la amplia diferencia entre regiones, con Madrid y el País Vasco a la cabeza (correlación o causalidad, son las dos regiones que más escuela concertada tienen) y La Rioja y Cantabria a la cola. En esta etapa sobresale, al contrario que en Primaria, que la media nacional ha bajado en los últimos años (menos segregación), impulsada por la caída de Catalunya, Asturias, Canarias, Cantabria y La Rioja (ver gráfico). Como sucede en Primaria, la segregación no aumenta en función de la nacionalidad de origen del alumnado (a nivel nacional, sí ocurre en autonomías como Andalucía o Euskadi). No es, parecen apuntar esto datos, la nacionalidad; es el dinero.Segregación en Secundaria. "Más allá de la estructura residencial"
¿Por qué se da esta segregación? ¿Cuánta culpa tiene la existencia de la red concertada, como a menudo se señala? ¿Y la mera división de los municipios en barrios más o menos acomodados? "Distintos estudios muestran que más allá de la estructura residencial de ciudades y regiones y de la doble red pública-concertada, las políticas educativas juegan un papel esencial en la segregación escolar", responde el informe.
Ferrer explica que lo primero es que el debate público está pervertido. "Creemos que en el debate que se está teniendo sobre la libertad hay que compatibilizar dos ideas: se habla de la libertad de elección de centro, un derecho reconocido, pero también debe hablarse de la libertad que da a niños y niñas tener las mismas posibilidades de elegir qué van a hacer con su vida", argumenta. Libertad de elección de centro, sí, dicen Ferrer y Gortazar. Libertad de elegir uno mismo y que la vida no elija por uno porque no ha tenido las mismas oportunidades debido a que el sistema educativo, teórico garante de ello, no ejerce, también.
Y el problema, continúa este experto, es que muchas familias realmente no eligen. "Las familias con menor nivel socioeconómico o de origen extranjero tienen menos acceso a información, porque tienen menos red social", arranca Ferrer. "Las familias autóctonas o de nivel socioeconómico más alto recurren a amigos o conocidos, también tienen menos preocupaciones en su vida como para poder dedicarle más tiempo a conocer sus centros, etc.", continúa. Además, "las familias de nivel socioeconómico más bajo priorizan la cercanía porque la lejanía tiene un coste en transporte y en conciliación. También las cuotas que se cobran en la mayoría de los centros concertados [y algunos públicos], que impiden que sean accesibles para todas las familias". La discriminación positiva suma
Llegados a este punto, los autores del informe proponen soluciones que, en su opinión, servirían para simultáneamente "reducir la segregación escolar y respetar (e, incluso, para las más vulnerables, ampliar) la capacidad de elección de las familias". Según explica Ferrer, todas estas medidas se han probado ya en algún sitio (de España o fuera) con éxito. En cualquier caso, añade, se ofrece una batería de medidas y se anima a las administraciones a "experimentar".
La primera propuesta y quizá la más llamativa es "aumentar la discriminación positiva a grupos socioeconómicos en los baremos de admisión". España, y esto es una cuestión algo particular, no apuesta estrictamente por la zonificación escolar, explica el informe. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, hay un distrito único en toda la región. Pero, como se ha explicado anteriormente, no todas las familias tienen la misma capacidad de elección real. "En la medida en que las familias con menor nivel socioeconómico se benefician menos de la elección, tiene sentido discriminarlos positivamente en la admisión y no premiar a familias de renta alta, como se hace en algunas comunidades", escriben los investigadores.
Ferrer explica el caso de la Comunidad de Madrid. El Decreto de Libertad de Elección de 2013 introdujo un cambio en los baremos de admisión al reducir el peso de la renta como criterio e introducir el punto extra por ser familiar de antiguo alumno, junto a otro punto a discreción de la dirección del centro. "Ese fue el factor que contribuyó al aumento de la segregación por nivel socioeconómico y origen migrante y no la introducción del distrito único", aseguran los autores. Para remediarlo proponen aumentar el peso de los criterios socioeconómicos y eliminar el punto extra por antiguos alumnos o los discrecionales, que algunos centros han utilizado para favorecer a las rentas más altas. La 'matrícula viva'
Una tercera propuesta atañe a la financiación de los centros, explica Ferrer. "Tanto en términos de abordar la correcta financiación de la escuela concertada como una financiación más aplicada a la situación del alumnado", sostiene. Respecto a lo primero, opinan los autores, una ajustada financiación de la escuela concertada supondría que se dejarían de cobrar las cuotas, excluyentes, y en cualquier caso se vigilaría que así fuera. Las cuotas también suelen resultar en que la infrafinanciación se convierte en sobrefinanciación, permitiendo a estos centros un aumento de recursos que se destina "a mejoras de la calidad o la diferenciación de la misma oferta escolar en un contexto de casi-mercado educativo".
Respecto a la financiación, el informe sostiene que una escuela pública con una financiación por centro más dirigida y menos generalista es capaz de reducir la segregación. "En el Reino Unido se da más recursos a los centros con más alumnado vulnerable en la escuela pública. Se ha reducido la segregación gracias a esta financiación más equitativa", ilustra Ferrer.
Además de estas, los autores proponen implementar en los centros sistemas de dobles listas de espera que discriminen por nivel socioeconómico y adjudiquen plazas en función de las vacantes; organizar (mejorar) la oferta escolar del sistema público para que sea más atractivo (comedores, aula matinal, jornada compacta); sustituir el actual mecanismo de asignación de plazas; e impulsar la red de oficinas de escolarización, información y acompañamiento para que todas las familias tengan las mismas condiciones a la hora de elegir su centro.
¿Hay alguna de estas medidas más importantes, con mejores resultados que las otras? "El problema de la segregación es muy complejo", responde Ferrer. "Por eso ofrecemos varias soluciones y animamos a las administraciones a experimentar, a probar y ver cuáles funcionan mejor. Pero todas han sido implementadas en algún sitio, de España o el extranjero, y está demostrado que funcionan", cierra.
Las plataformas educativas online han estallado al calor de la pandemia, los confinamientos y los alumnos en cuarentena. EducaMadrid es la plataforma pública de la Comunidad de Madrid que da soporte a las videoconferencias y a las comunicaciones centro-alumno, al tiempo que aloja aulas virtuales y contenidos educativos digitales de docentes y centros, entre otras cosas.
Según denuncian los docentes esta plataforma ha sido un erial por el abandono institucional al que ha sido sometida durante años. Caídas continuas del sistema por falta de potencia en los servidores, incidencias técnicas que no son resueltas por falta de personal, usabilidad contraintuitiva… pero la pandemia lo puso todo patas arriba llevando a EducaMadrid a ser la cuarta plataforma más usada en toda España.
Para algunos la solución pasa por un incremento de la inversión para disponer de una plataforma 100% pública, mientras que para otros la solución pasa por la privatización y delegar esta obligación del gobierno autonómico en empresas privadas como Microsoft, Google y el Grupo Planeta. Aula Planeta y OdiloTid
Entre abril y junio de 2020 la Comunidad de Madrid anunció que dentro de los contenidos de EducaMadrid se había incluido Aula Planeta de forma gratuita. Hasta ahí todo correcto, afirma Enrique García, de la asociación de docentes por la educación pública —ADEPEM—, aunque muchos profesores no la utilizaron dado que “los contenidos eran páginas de libros estáticas y con algunas actividades embutidas, sin más”.
La sorpresa llegó el 25 agosto, pero se materializó el 16 septiembre cuando el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid firmó la adjudicación ‘a dedo’, mediante la figura de la “declaración de emergencia” y por valor de 14,54 millones de euros, un contrato con Editorial Planeta e Informática El Corte Inglés. Esta adquisición, que se encuentra recurrida ante el TSMJ por la Asociación de Editores de Libros y Material de Enseñanza —ANELE—, permite el uso de esta herramienta a través de EducaMadrid únicamente por un periodo de dos años y solamente para las asignaturas troncales entre quinto curso de educación primaria y segundo curso de bachillerato. El 16 septiembre el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid firmó la adjudicación ‘a dedo’, mediante la figura de la “declaración de emergencia” y por valor de 14,54 millones de euros, de un contrato con Editorial Planeta e Informática El Corte Inglés
Según denuncia García, existe un retraso deliberado del contrato de emergencia, dado que para poder hacerlo por esta vía no puede hacerse con menos de un mes de antelación. Para E.C, funcionaria de educación de la Comunidad Autónoma de Madrid —CAM— esta adjudicación por la vía de emergencia no tiene ningún sentido, ya que Aula Planeta aterriza entre los meses de octubre y noviembre “cuando los alumnos ya tenían sus libros de texto y los docentes sus programaciones desarrolladas”.
También ADIMAD —Asociación de Directores de Institutos Públicos de Madrid— denunció este gasto, ya que a su juicio era innecesario y existen otras prioridades: “Con 15 millones da para contratar 394 maestros todo el curso o 374 profesores de secundaria o 427 enfermeros o 16.666 equipos informáticos incluyendo conexiones y licencias, o 19.700 becas de comedor”, manifestaban.
Al mismo tiempo que se concedía el contrato al Grupo Planeta e Informática El Corte Inglés se concedió otro segundo contrato, por la misma vía, a la empresa Odilo por el acceso a una biblioteca de libros digitales y con un coste de 2,55 millones de euros. Según denuncia García, MadRead supone no ya una duplicidad, sino una triplicidad, ya que existe un servicio muy similar en el Ministerio de Educación bajo el nombre de Ebiblio y en la propia Comunidad de Madrid bajo el nombre BiblioMad.
E.C. destaca que pese al incremento de inversión en la mejora de los servidores y el aula virtual de EducaMadrid el gasto en Aula Planeta y MadRead —Odilo Tid— sigue siendo injustificable y “podría haberse dedicado a mejorar un servicio aún deficitario”, máxime teniendo en cuenta que para dicha implementación los trabajadores de EducaMadrid deben crear e instalar los ‘Plugins’ y el mantenimiento ‘en caliente’ —es decir, durante los horarios lectivos o de uso—. También destaca la subdivisión en dos direcciones generales que ha sufrido EducaMadrid desde la llegada de Isabel Díaz Ayuso al gobierno autonómico; que ha pasado de depender de la ya extinta “Dirección general de becas y ayudas a la educación” a depender de la “Dirección general de infraestructuras” —para todo lo relacionado con servidores y desarrollo de programación— y de la “Dirección general de bilingüismo y calidad educativa” —para todo lo relacionado con los contenidos—.
Esta subdivisión, a juicio de E.C., es la que está provocando gran parte de los problemas; ya que a la DG de infraestructuras le falta presupuesto y las decisiones adoptadas por la DG de bilingüismo y calidad de enseñanza no tiene en cuenta los requisitos necesarios para su implantación en EducaMadrid ni las necesidades de los docentes “Educamadrid ha recibido en varias fases —en año y medio— unos 2 millones de euros, mientras que entre Aula Planeta, El Corte Inglés y Smile and Learn han recibido cerca de 20 millones de euros para cosas que no se están utilizando o se están utilizando muy poco”. Microsoft Teams
Otro de los puntos calientes de la gestión del gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha sido el convenio establecido con Microsoft para el uso de su herramienta de videoconferencias Microsoft Teams.
Todo comenzó con el sobrevenido estado de alarma y el confinamiento total decretado el 14 de Marzo de 2020. El país entero se paralizó y las calles se vaciaron, pero en Madrid las aulas ya se encontraban vacías desde tres días antes. Empezó entonces una carrera contrarreloj en todos los niveles de la administración para recuperar la actividad lectiva en este panorama tan novedoso hasta entonces y, en cierto modo, apocalíptico.
A bombo y platillo el 20 de Marzo la Comunidad de Madrid, de la mano de sus máximos dirigentes y a través de redes sociales, anunció que se podía usar Microsoft para poder retomar el curso académico.
Un día antes de este anuncio todos los docentes y alumnos fueron dados de alta en la plataforma, sin más aviso previo que otro tweet de Isabel Díaz Ayuso en el que adelantaba el inicio de las negociaciones con la multinacional. Según explica Ofelia Tejerina Rodríguez —abogada especializada en protección de datos, doctora en Derecho Constitucional, presidenta de la asociación de internautas y profesora de Derecho en la Universidad Pontificia Comillas ICADE—, deben ser los propios usuarios los que consientan y autoricen expresamente la información que figurará en sus perfiles, siempre y cuando los términos y condiciones que deben aceptarse estén en un lenguaje correcto y accesible para menores. Además; hace distinción entre mayores de 14 años y menores de 14 años, siendo en este último caso los padres o quien ostente su patria potestad quienes deben aceptar dichos términos de uso. Correo electrónico recibido el 19 de marzo de 2020 por un docente dándole de alta en Microsoft Teams
Esto no se hizo así, y fue la propia Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid quien les dio de alta y creó dichos perfiles sin el conocimiento previo de docentes y alumnos. Para esta abogada especializada en protección de datos esto supone un hecho de extrema gravedad y duda que el procedimiento empleado pueda acogerse a la figura legal de “interés legítimo” o pueda estar respaldado por el Estado de Alarma, aunque no se atreve a calificarlo como un ilícito.
Pero no terminan aquí los problemas para Microsoft y la Consejería, ya que ha pasado más de un año desde que se anunciara la colaboración de ambas partes, hasta que se ha plasmado en convenio con sus cláusulas y las condiciones se han hecho públicas.
Para Tejerina debería haberse hecho público muchísimo antes, ya que según establece la Ley de Contratos Públicos hay que cumplir con unos requisitos mínimos de transparencia, claridad y detalle; pero matiza que al no ser un contrato sino un convenio al menos sí se debe cumplir la ley de transparencia, especialmente en lo relativo a la protección de datos por tratarse de un derecho fundamental “y cuando hablamos de menores debería estar aún más claro”. Tejerina aclara que el hecho de que no se haya hecho público no implica que se hayan inclumplido las normas, pero “a diferencia de los ciudadanos, que pueden hacer todo lo que la ley no les prohíba explícitamente, las administraciones públicas sólo pueden hacer aquello que la ley les permita”.
Conocer los detalles de este convenio en materia de protección de datos fue uno de los objetivos de Enrique García, que a fecha 29 de mayo de 2020 registró una solicitud tanto para poder acceder al convenio entre la Comunidad de Madrid con Microsoft, como para conocer cuáles eran los datos que la Consejería había cedido a Microsoft para dicho fin.
Como cabía esperar, esta demanda no logró su objetivo, teniendo que recurrir al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de España —CTBG—, quien reconoció la obligación de la Consejería a facilitarle dicha información. Es entonces cuando por primera vez le es comunicado que se trata de “un acuerdo verbal” justificado por “la situación sanitaria excepcional” y dado el “carácter de emergencia” previsto en artículo 37 de la ley de contratos públicos. Junto a esta explicación se adjunta un enlace a los términos de uso generales de los “servicios en línea” de Microsoft. El 30 de marzo de 2021 es publicado el convenio entre la CAM y Microsoft, un año y diez días después de lo que debería haberse realizado
Tras la firma escrita, como obliga RGPD, el 8 de marzo 2021, el 30 de marzo de 2021, es publicado el convenio entre la CAM y Microsoft, un año y diez días después de lo que debería haberse realizado. Según la abogada Ofelia Tejerina, dicho convenio debería haberse publicado ante la primera consulta y considera injustificable que se haya tardado más de un año en publicar.
Tampoco terminan en este punto las polémicas en torno a esta plataforma que se encuentra implantada en un amplio número de comunidades autónomas, pues una de las funcionalidades que permite Microsoft Teams es la búsqueda de cualquier alumno o docente de su comunidad autónoma independientemente del centro educativo al que pertenezcan. Al realizar búsquedas con nombres o apellidos aleatorios en la plataforma, hemos llegado a obtener más de cinco páginas de resultados para el apellido Martínez.
En estas búsquedas aparecen los perfiles diferenciando entre “profesorado” o “alumnado” junto a su nombre y apellidos completos, dirección de correo, el número de teléfono del centro al que pertenece y la posibilidad de chatear con ellos desde la plataforma o iniciar una videollamada con ellos. Captura de pantalla de la información que aparece en una de las búsquedas realizadas por IK Press.
Tejerina explica que los datos de los alumnos deberían ser “compartimentos estancos por centros” para que no se pueda acceder a los datos de los menores y docentes desde cualquier punto de la comunidad autónoma “es algo que debería haber hecho Microsoft”. Asimismo; considera que se está vulnerando el principio de proporcionalidad, idoneidad y calidad “no es necesario que los datos de los niños estén compartidos entre centros” —y remarca que “para recibir ese servicio yo no necesito conocer los datos de terceros y terceros no tienen que conocer que yo estoy dada de alta ahí, me parece muy grave y debe ponerse en conocimiento de la Agencia de Protección de Datos”.
Tanto para E.C. como para Enrique García esto supone un hecho gravísimo por los mismos motivos que alega Tejerina, pero añaden que supone además un riesgo para la propia integridad tanto de menores como de docentes.
En primer lugar esto abre una nueva ventana al ciberacoso al permitir el acceso a las herramientas básicas de comunicación de los menores, pero también al abuso sexual de menores al permitir que adultos sin ningún tipo de relación con los mismos puedan localizarlos tan fácilmente e iniciar un chat con ellos.
En segundo lugar, E.C. explica que ya se han producido casos de acoso al personal docente por parte de padres o alumnos. Al tener estos acceso al correo electrónico de los docentes les han presionado para rectificar las calificaciones de sus hijos, llegando al extremo de producirse este acoso a docentes sin ninguna relación con dichos alumnos por la mera coincidencia del nombre de pila o algún apellido.
Y, nuevamente, este tampoco es el último problema con la aplicación de la multinacional estadounidense.
Desde un primer momento E.C. señala e insiste en que esta herramienta sólo puede ser empleada con carácter educativo y que bajo ningún concepto puede emplearse para labores de evaluación o enviar a través de ella calificaciones, notas de exámenes o actas de evaluación. Sin embargo E.C. tiene constancia de que así fue de abril a agosto de 2020, ya que cualquier usuario de la comunidad educativa madrileña introduciendo en el buscador la palabra “acta” podía acceder a todos aquellos documentos que se habían enviado internamente entre profesores, claustros… “si ponías en el buscador de Teams ‘acta’ te encontrabas actas de evaluación de alumnos, o el acta de un certificado de un alumno con necesidades educativas especiales, y eso está recogido en un informe que se llama Análisis de seguridad y privacidad de Microsoft Teams en la Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid: se creó una brecha de seguridad enorme. Microsoft no puede tener esa información”.
Para añadir más leña al fuego, y al margen del contrato por 14,5 millones con el Grupo Planeta, encontramos OneSpace. Se trata de una alianza fraguada en 2019 entre el Grupo Planeta y Microsoft para el lanzamiento de un plugin de la herramienta educativa de la editorial en Microsoft Teams. Todo parece normal hasta que una diapositiva en la página oficial de OneSpace —Aula Planeta— aparece en pantalla “Monitoriza el desarrollo de las competencias básicas de los alumnos”. One space, la alianza entre Grupo Planeta y Microsoft.
Cuando le explicamos esta funcionalidad, que la propia plataforma promociona, a la abogada Ofelia Tejerina lo primero que comenta es “a mí la palabra monitorizar ya me escandaliza” y prosigue explicando que el reglamento de protección de datos tiene una prohibición expresa para la creación de perfiles y la toma de decisiones automatizada en base a dichos perfiles. Tejerina se cuestiona “¿Esa monitorización qué va a dar? ¿Datos anonimizados y perfiles estadísticos generales o una calificación de esos trabajos?” “¿Cómo lo va a utilizar Teams y cómo va a informar a los centros y docentes de qué se está utilizando, qué implicaciones legales tiene, hasta dónde se puede llegar...?” y lanza una advertencia a Microsoft “si yo fuera Teams me cuidaría ‘muy mucho’ de evitar que se convierta en un perfilado automatizado de menores para la toma de decisiones. Estamos hablando de datos muy sensibles, en mi opinión, contradice el reglamento de protección de datos”. Por último, explica que los datos personales y académicos de los alumnos deben estar en un servidor único y califica la posibilidad de que cualquiera de estos datos sean alojados en los servidores de Google o Microsoft como “una salvajada”.
Para E.C. se trata de un despropósito desde el primer momento, ya que todas las funcionalidades que aporta Teams; como el aula virtual, la nube, la posibilidad de gestionar páginas, el almacén del correo electrónico o las videoconferencias; ya existían en la plataforma de EducaMadrid sin necesidad de crear una duplicidad y darle los datos de alumnos y docentes a una multinacional estadounidense. ODEC
Una de las novedades que el SARS-CoV2 nos ha traído es la necesidad de realizar evaluaciones online, y con ellas ha aflorado la picaresca. Con el objetivo de evitar el fraude y el ‘copieteo’ de los alumnos, la Comunidad de Madrid puso en marcha un concurso público para la creación de un sistema de evaluación online con medidas de protección antifraude.
La empresa adjudicataria de este concurso por valor de 824.736 euros —que ya han sido desembolsados pese a no estar implantado— fue ODEC (Centro de Cálculo y Aplicaciones Informáticas, S.A). Entre las numerosas especificaciones técnicas recogidas en el pliego de prescripciones del contrato destaca una sobre todas ellas: Los controles de seguridad. En el propio pliego se especifica que el sistema deberá contar con “Reconocimiento facial mediante técnicas de Inteligencia Artificial, detección de objetos extraños en la imagen del alumno y acciones de teclado sospechosas”. Cuando le explicamos a la abogada Ofelia Tejerina estas especificaciones del programa enseguida se escandaliza y alarma, pareciendo no creer lo está escuchando. Comienza explicando que no es lo mismo la grabación que la identificación biométrica —en este caso identificación facial— y que este tipo de sistemas de identificación implica “ir un paso más allá”.
Esta abogada experta en protección de datos expone que ya solamente con la grabación de la imagen se puede acceder a datos personales especialmente sensibles, como la raza o la incluso la religión, y que por ello goza de especial protección tanto en la ley como en el reglamento de protección de datos, y enfatiza “en menores ni te cuento”. Tejerina considera que el uso de este tipo de mecanismos de autenticación es “desproporcionado y absolutamente innecesario” y cree que su uso en menores es ilegal.
Para su uso abre una única ventana, que es un consentimiento de los padres o tutores legales plenamente informado y libre, para el cual deben ofrecerse alternativas factibles que permitan que los alumnos se examinen por otros medios que no requieran dicho mecanismo, por lo que de existir dichas alternativas este sistema caería por su propio peso.
Tejerina califica estas condiciones recogidas en el pliego antes mencionado como “una barbaridad” que “debe ser puesto en manos de la Agencia Española de Protección de Datos”.
Aquí tenemos el nuevo artículo de nuestro compañero Manuel Menor Currás
Vuelve
en su crudeza “la cuestión social”
La última semana ha
estado llena de incidentes en que se ha podido ver con inquietante realismo la enfermiza
existencia de una lucha social inacabada.
A finalesdel siglo XIX, para evitar el sonrojo que
daba el hacerse cargo de los grandes problemas que planteaba la miseria rampante
a los bien pensantes, se dio en llamar “la
cuestión social” a lo que era producto de condiciones preexistentes antes
de nacer. No se ponía esfuerzo en remediarlas, los males se atribuían a comportamientos
morales de los que las sufrían y todo transcurría como algo “natural”, consustanciala la vida económica. Hasta en la cultura a la
madrileña de la zarzuela hay alguna irónica referencia a tan enconada situación.
Estado Social
De lo mucho que ha llovido desde entonces, cabe destacar que,
hacia 1882, en la Alemania de Bismarck se inició lo que se llamaría el “Estado Social”: un conjunto de instituciones
y leyes que dispusieron detraer de los beneficios que generaba el trabajo, una parte
para resolver los problemas de los salarios de hambre, infraviviendas, enfermedades
y, en particular, la carencia de subsidios de los trabajadores al final de sus
vidas para la vejez; con las primeras leyes disposiciones muchos de los problemas
acuciantes empezaron a solventarse, en beneficio de la paz social. En España, a
los prohombres de la Real Academia de Ciencias Políticas y Morales les pilló
por sorpresa, pero también aquí, se inició –aunque lento- el cambio de la Economía
política hacia una Política económica
con intervencionismo del Estado, como propuso el propio Cánovas del Castillo en
1890. Se trataron de corregir, de ese modo, los excesos de la “libertad” económica pura y dura y, de paso,
la creencia de que con caridad y beneficencia bastaba para atajar la pandemia
de pobreza que su hegemonía generaba, no solo en las áreas urbanas que
dependían de un salario miserable, sino también en las de la España rural –todavía
mayoritarias- por las tan desequilibradas
relaciones que producía entre quienes tenían mucho y los que tan poco tenían
que los pagos por los trabajos eran tan míseros que, en demasiadas ocasiones,
no alcanzaban para subsistir. Lo supieron muy bien los que emigraron a América,
y lo sufrieron todavía mejor los que del Norte bajaban a segar a Castilla todos
los veranos: volvían como negros, que dijo Rosalía.
Durante prácticamente todo el siglo XX, prosigue más de lo mismo;
entre los cambios que en la superficie van trayendo los años, persiste el
problema de fondo, mientras la “libertad democrática” se alimenta de que a
todos les sean accesibles más bienes y servicios. Esta es la idea que fortalece
lo que, desde 1945, se llamó en Europa –no en España, claro- el “Estado de Bienestar”: durante más de
treinta años “gloriosos”, la gente del trabajo tuvo mejores salarios que nunca,
mejores viviendas y sanidad, y sus hijos pudieron acceder a niveles universitarios.
En España, por su particular falta de “libertad”,
estas mejoras llegaron con retraso y a cuentagotas; hubo que esperar a que
entrados los ochenta se notara algo parecido a lo que vivían en Francia, Alemania
o Bélgica, y que nuestros emigrantes por Europa contaban como milagroso cuando
volvían de vacaciones.
Y llegaron los neoliberalismos de Reagan y la Thatcher, la caída
del Muro de Berlín y la descomposición de la antigua Unión Soviética, junto a
historias paralelas como la protagonizada desde 1891 por el papel “caritativo”
de la Iglesia de León XIII, los Papas tradicionalistas, su apoyo a gobiernos
ajenos a una justicia distributiva y, para remate, sus peleas con quienes,
desde dentro de la Iglesia, trataban de vivir la “Teología de la liberación” que predicaban. El caso salvadoreño de
Ellacuría, del obispo Romero, Nacho Martín-Baró y sus compañeros, muertos a
causa de esta “libertad”, es de gran relevancia evangélica, como lo fue el de
cuantos fueron a parar a la cárcel de Zamora desde 1968. E irrenunciable es el
testimonio de cuantos, sindicalistas o ciudadanos honrados, fueron a parar a
Carabanchel y a la cárcel de Burgos produciendo un sonoro clamor de personas
comprometidas con la “libertad de todos”:
como los abogados laboralistas de CCOO muertos en la calle Atocha al inicio de
1977. La CE78, con todos sus defectos, existe gracias a esta gente que arriesgó
todo porque la “libertad” democrática fuese posible.
Libertad “a la madrileña”
Y en esta senda, se nos cruzan ahora quienes invocan la “libertad”
para suprimir cuanto se haya avanzado en la corrección del problema de fondo -la
pobreza y la miseria- desde hace más de 150 años; se nos cuela gente guapa a la
que no se le conoce más gracia que la de cierto descaro populista, típico de
barra de bar y cultura “a la madrileña”.
La ignorancia de que alardean es grave para que alcancen capacidad de decisión
política; su clasismo encubierto reniega de la “libertad democrática” que tanto
ha costado, y en la que sesgadamente predican las clases existen: son los
palanganeros de su parte más excelsa y quieren hacer crecer la distancia entre
unas y otras desde los presupuestos que algunas de estas gentes ya administran;
pretenden, incluso, que se monte una
pelea a muerte entre los más pobres por ver quién se lleva un cacho de pan a la
boca. Subidas al púlpito de la predicación que facilita la democracia, prosiguen
la genealogía del más fuerte sobre el más débil: son una copia, “a la madrileña”, del darwinismo social.
En el espectáculo anarcofascista de esta semana, al no-debate
público para las elecciones madrileñas siguieron: los sobres cifrados de odio en
los buzones de tres políticos de la izquierda, elmal rollo transmitido en un programa de la
Cadena Ser y, como adorno, el prepotente pasodoble neoclasista de dirigentes
del Real Madrid tratando de reducir el fútbol a un asunto de negocio. Más que
signo de madrileñismo progresivo, este conjunto parece el síntoma de una grave
enfermedad; en esta parte del mundo, observada tan solo desde lo sufrido en
este siglo, lo que esté generando la Covid-19,con sus cansancios, es colateral.
A los madrileños y madrileñas toca descifrar, el cuatro de mayo,
las capacidades del capitalismo
neoliberal, y de su lenguaje “a la madrileña”, para hacer olvidar si han
merecido la pena los esfuerzos de quienes vivieron de lleno la pelea por que la
“libertad” fuera beneficiosa para todos; en este momento, lo que se juega es si
ha perdido sentido, si es un atraso su memoria o una pérdida el tiempo cómo se
hayan expuesto. En Madrid, hay tradiciones múltiples; el dilema que sirve de
eslogan a alguna formación política tiene viejo cuño, y en la Puerta de Toledo
luce una lápida que recuerda a quienes, entre el absolutismo fernandino y el
constitucionalismo gaditano, prefirieron gritar: “Vivan las caenas”.
Los 22 años de políticas educativas del PP en la región, la que menos invierte en el sector de toda España, han dado lugar a un modelo muy claro de apuesta por la "libertad de elección" de las familias y la extensión de la red concertada, una propuesta que la oposición tacha de segregadora y de fomentar las desigualdades
Cada elección que pasa en Madrid las partes están más alejadas en su concepción de cómo debería ser el sistema educativo.
Dicen los partidos de izquierdas que en estas elecciones en la Comunidad de Madrid lo que está en juego es básicamente todo el sistema público educativo. Un modelo que actualmente es, argumentan, segregador y excluyente, desigual, que ataca a la escuela pública en favor de la concertada, regala suelo público a empresas privadas y permite a los centros con concierto cobrar cuotas y así elegir a su alumnado, creando de facto una doble red.
La presidenta y candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, insiste en que la amenaza la sufren los derechos y libertades. Los de las familias a la hora de elegir un centro para sus hijos, los de la escuela privada sostenida con fondos públicos para desplegarse por la región. Tan alta es la amenaza, dice Díaz Ayuso, que tras 20 años sin ley educativa propia en Madrid y tras una legislatura en la que apenas ha aprobado una norma en dos años, una de sus últimas acciones al frente del Gobierno de la Comunidad ha sido empezar a tramitar lo que ha llamado la Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa, que "pretende garantizar los pilares de la educación en su territorio que se ven amenazados con la entrada en vigor de la Lomloe". La presidenta también defiende que el sistema debe buscar la excelencia y apuesta por ahondar en el bilingüismo y por extender el cheque infantil y los conciertos al Bachillerato, una etapa postobligatoria.
Los representantes de los directores de centros públicos, sin desmerecer las corrientes de fondo, están preocupados por lo inmediato: por el curso que viene, por que las aulas admitan más alumnos por profesor después de haber visto lo que supone reducir la ratio, por la autonomía de sus centros, por la calidad de todo el sistema y no solo de algunos colegios o institutos. Lo que dicen los números
La Comunidad de Madrid tiene un modelo educativo muy concreto, forjado durante 20 años de políticas del PP desde que se transfirieron las competencias en 1999. Se observa a través del panorama que dibuja la estadística. En la región apenas hay más alumnado en la escuela pública que en la privada y la concertada (un 54,5% en la pública, un 29,5% en la concertada y un 16% en la privada sin concertar), un reparto de estudiantes atípico en España y que solo tiene parangón en el País Vasco, que también tiene su propio modelo particular con las ikastolas. Además, la presencia del sector público va a menos: hace diez años acogía al 60% del alumnado.
Esta situación tiene un reflejo en cómo se divide la tarta del gasto educativo. Madrid presenta también en este apartado un perfil muy particular: es la comunidad que menos dinero destina a la Educación en general (en términos comparados), pero a la vez la segunda que más dinero envía a la educación concertada. Uno de cada cinco euros del presupuesto madrileño van a parar a escuelas privadas sostenidas con fondos públicos, hecho que es consistente con la alta proporción de alumnado en estos centros. Euskadi, la otra región con unas características parecidas, también destina buena parte de su presupuesto a esta partida.
La diferencia entre una comunidad y otra es que Euskadi es la comunidad de España que más gasta por alumno, mientras Madrid es la que menos. Así, la Comunidad destina unos 4.727 euros por alumno y año, prácticamente la mitad que el País Vasco (9.298 euros al año por estudiante). Si se atiende a la inversión total –y esto es una característica compartida con el resto de España– la década pasada fue prácticamente perdida en Madrid: los recortes que se aplicaron tras la crisis de finales de la década de los 2000 no se recuperaron hasta 2019. Ese año, la inversión en Educación fue de 5.595 millones de euros, prácticamente la misma cifra que en 2009 (5.663 millones de euros). La diferencia es que entonces había un millón de alumnos y hoy hay 1,2 millones, por lo que el gasto por alumno sigue siendo más bajo. Si se prefiere el indicador de porcentaje sobre el PIB, Madrid está en un 2,25% de gasto en Educación, cuando la media nacional es del 4,27%.
Y sin embargo, y pese a la curva que ha seguido la inversión en esta década y que se puede apreciar en los gráficos, la escuela concertada ha vivido ajena a esta situación. Su línea de inversión a lo largo de los años solo ha evolucionado en un sentido, hacia arriba. Los 983 millones de euros que se destinaron en 2009 a los centros privados sostenidos con fondos públicos han ido subiendo hasta convertirse en 1.104 millones de euros en 2019, el último año con datos cerrados. En este caso la subida económica es de un 12% y la de alumnado de un 20%.
Pero no en todos los indicadores aparece Madrid a la cola. Correlación o causalidad, la estadística que sitúa a la región como la que menos dinero público invierte en su sistema educativo se complementa con la del gasto de las familias en educación. Y ahí Madrid arrasa. Las familias madrileñas son las que más fondos propios dedican al futuro de sus hijos, con 1.640 euros al año. La media nacional es de 1.045 euros por curso.
Los detractores del modelo madrileño esgrimen otro elemento que, explican, favorece a la escuela concertada: la cesión de parcelas de suelo público para la construcción de colegios concertados, una práctica que lleva ejecutando el Gobierno regional desde que tiene las competencias y que ha favorecido al menos a 39 centros, que han visto cómo se les adjudicaba suelo público a cambio de casi nada y con un concierto ya garantizado (una práctica que era ilegal hasta que el exministro Wert la regularizó en la Lomce). De escuela concertada y libertad de elección
El Gobierno regional defiende y apoya a la escuela privada sostenida con fondos públicos como garante único posible de la libertad de las familias para escoger modelo educativo, la que parece la principal preocupación de Ayuso a tenor de sus declaraciones públicas. Tanta es su preocupación por el tema que el Ejecutivo está tramitando una ley para consolidar su modelo de cesión de suelo y garantizar la elección de centro por parte de las familias: "Otro de los puntos fundamentales de la Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa será la defensa de la educación concertada. La normativa va a garantizar las plazas suficientes en enseñanzas declaradas obligatorias y gratuitas, teniendo en cuenta la oferta de los centros públicos y privados concertados e incluyendo el concepto de demanda social", describe la Comunidad.
Para ello, el Gobierno regional también apuesta por la extensión del cheque escolar infantil y la concertación del Bachillerato. El primer programa consiste en entregar a las familias cien euros mensuales para que paguen un centro de educación infantil privado. El segundo, en ampliar los conciertos educativos a una etapa postobligatoria "para evitar que el alumnado se tenga que cambiar de centro". En los últimos dos años y mientras esto llega, Ayuso ha financiado también a través de cheque el Bachillerato en centros privados a cientos de alumnos.
Esteban Álvarez, presidente de Adimad (la asociación de directores de institutos públicos de Madrid), no entiende que la prioridad del Gobierno sea aprobar esta ley cuando ni siquiera tiene una que regule el sector en general. "El sistema se rige con un reglamento orgánico de 1996, obsoleto y no adaptado a la legislación vigente. Lo que tiene que hacer Madrid es lo que han hecho casi todas las comunidades, que es ejercer sus competencias y regular de una vez por todas el funcionamiento de los centros educativos y del sistema educativo, no una ley que responde a planteamientos ideológicos", opina.
El problema que ven los defensores de la pública con la concertada es que pese a financiarse con fondos públicos no juega bajo las mismas reglas, afirman. Si los centros públicos son elegidos por las familias, los centros privados con concierto eligen a sus familias bajo el mecanismo de imponer cuotas supuestamente voluntarias, pero obligatorias de facto, como comprueba anualmente la asociación de colegios privados CICAE –que lamenta que la concertada hace trampas por cobrar a la vez de familias y administración– en un informe sobre la cuestión. Madrid es, junto a Catalunya, la región que pide unas cuotas más altas, con una media de casi cien euros al mes. Esa barrera económica deja fuera de estos centros a las familias más humildes, denuncian asociaciones tan dispares como la asociación de colegios privados o la de AMPAs de la escuela pública Ceapa. "¿Dónde está la libertad de elección de las familias que quieren ir a centros públicos en los nuevos distritos pero no pueden porque no hay"?, se pregunta Isabel Galvín, responsable de Educación en Madrid de CCOO. La desigualdad
Muy resumidamente, el informe viene a decir que las decisiones tomadas por los diferentes gobiernos madrileños, como el distrito único que impulsó Esperanza Aguirre, han generado escuelas de ricos y escuelas de pobres en las que el alumnado no se mezcla. Casi uno de cada dos estudiantes tendría que cambiar de centro, asegura este informe, para que el reparto fuera equitativo a nivel socioeconómico. La situación en la región, sostienen los autores, excede la "inevitable" segregación residencial que se da por el mero hecho de que hay barrios o municipios más ricos que otros.
Esta distribución del alumnado provoca disfunciones como que por ejemplo el sistema público acoja a una mayoría de los alumnos extranjeros, por encima de lo que le correspondería, y mientras los inmigrantes están infrarrepresentados en la concertada.
Entre unas y otras el resultado son "unas desigualdades tremendas entre municipios, entre el norte y el sur, entre Parla y San Sebastián de los Reyes, por ejemplo", explica Galvín. Un estudio del PSOE pone cifras a esta desigualdad: la tasa de idoneidad, que mide cuántos alumnos están en el curso que por edad les correspondería, es del 62% en la zona este frente al 80,5% en la oeste y de un 83% en el distrito de Moncloa-Aravaca frente al 51,6% de Vallecas. En Bachillerato, sostiene el análisis socialista, un 86% del alumnado de la zona norte de Madrid promociona frente al 75% de la zona sur. Bilingüismo y excelencia
El fomento del bilingüismo y los bachilleratos de excelencia son otros dos elementos que enfrentan a unos y otros. La Comunidad de Madrid lleva años impulsando la creación de una red de centros bilingües, públicos o concertados, y un bachillerato específico para los alumnos con mejores resultados en busca de la excelencia educativa. El problema que ven desde los sindicatos y la principal asociación de familias de la escuela pública, la FAPA Giner de los Ríos, a este modelo es que ahonda en la desigualdad entre los centros que lo practican y los que no e incluso entre el alumnado de un mismo centro: hay institutos en los que algunas clases tienen un sistema bilingüe y otras no.
La intención de Ayuso es ahondar en el bilingüismo por la vía de extenderlo hacia abajo. El PP quiere que empiece desde el segundo ciclo de Infantil (entre 3 y 6 años) "y progresivamente" en el primero también (0-3 años). A cambio, se va a "reformular la carga lectiva en inglés en Secundaria para garantizar la calidad educativa y la correcta impartición de todas las asignaturas", en lo que puede interpretarse como la admisión (quizá involuntaria) de una de las principales quejas respecto al modelo bilingüe madrileño: todo lo que gana el alumnado en aprender inglés lo pierde en los contenidos de las materias por impartirse en inglés. El presente
En el muy corto plazo lo que más preocupa a los profesionales de la educación es el curso que viene. La organización de este año académico ya fue un poco caótica, cuenta Álvarez, de Adimad, y la poca información que hay respecto al siguiente no parece muy halagüeña. "Somos la comunidad que más tarde y peor organizó el curso. Una semana antes de organizarlo se modificó toda la estructura. Y de la coyuntura que nos viene no ha planificado nada para el curso próximo mientras otras como Galicia, la Comunidad Valenciana o Andalucía ya están elaborando planes de refuerzo para el próximo curso", explica en relación a las medidas para luchar contra la pandemia. Madrid también fue la única comunidad que despidió a mitad de curso a más de mil de los profesores de refuerzo que había contratado por la COVID.
Óscar Martín Centeno, representante de los colegios de Primara de la región como presidente del Consejo de Directores, coincide con la preocupación de su colega y explica que hay "muchos interrogantes para septiembre. Necesitamos tener toda la información al respecto cuanto antes mejor, y sobre todo lo que nos interesa es que independientemente de la situación podamos tener una respuesta ágil", sostiene.
Y lo único que saben los directores de cara al próximo curso no trae buenas noticias. Según la planificación que ha hecho el actual Gobierno para septiembre, los centros educativos volverán a las ratios de alumno por aula prepandemia. Este curso, para poder mantener la distancia de seguridad por la COVID, Madrid desdobló sus aulas. Cada clase pasó a tener la mitad de alumnos cumpliendo, de rebote, la principal reivindicación del profesorado, y a los docentes se les abrió el cielo. "La reducción de ratios va ligada a la calidad de la enseñanza y la mejora de los resultados", asegura Álvarez. Pero la "libertad" da para lo que da y no parece que sea para pagar más profesores el próximo curso (tampoco es que necesariamente se pueda esperar esta medida del resto de partidos: el PSOE renunció a regular las ratios por ley en la Lomloe).
La información disponible de este curso confirma la afirmación de Álvarez de cómo mejora el rendimiento con pocos alumnos en clase. En 1º y 2º de la ESO más del 90% del alumnado va a superar el curso, según apuntan los datos de los dos primeros trimestres en disposición de Adimad. Nunca se ha dado este resultado. Los directores tienen claro que se debe a la reducción de ratios, que permite un trabajo más individualizado con los alumnos. Adimad le pone cifras: "Tres profesores más en diez grupos equivalen a un 25% de aprobados", ejemplifica Álvarez. Si esta relación es lineal, es difícil pensar en otra medida que por sí sola tenga tanto impacto en la educación. Y no es solo cuestión de Secundaria. En Primaria se ha visto algo parecido. "En estos meses hemos podido observar que incluso con todos los condicionantes, que han sido enormes, la ratio ha implicado que han mejorado los rendimientos académicos de los estudiantes", confirma Martín Centeno. La falta de recursos
La falta de recursos económicos y materiales en la comunidad toman una forma muy concreta en todo lo que está alrededor de la educación, especialmente el apoyo al alumnado más vulnerable, como que tiene necesidades especiales, etc. Ruth López, madre de dos hijos, le pone cara y ojos en un caso entre tantos, pero que ejemplifica bien la situación. Cuando el más pequeño de sus hijos tenía alrededor de dos años la familia detectó que "algo no iba bien". El pequeño no adquiría lenguaje y se observaba un cierto retraso madurativo.
Tras pasar por un psicólogo y un centro especializado, los expertos dictaminaron que Mikel necesitaba atención temprana con un logopeda y estimulación. La familia pidió dos centros. Y se pusieron a esperar. Hasta hoy. Casi cuatro años después, Mikel sigue sin recibir una plaza pública para la atención que necesita y ya nunca la recibirá porque los seis años es la edad máxima con la que un pequeño puede recibir esta ayuda.
"Cuando vimos que no nos iban a dar la plaza nos dijo la neuróloga que si nos lo podíamos permitir fuéramos a lo privado", explica López. "Y eso hicimos, con un gran esfuerzo porque hablamos de 500 o 600 euros al mes. Y afortunadamente lo pudimos hacer, pero una piensa en las familias que no...", no concluye la frase. "Es un tema muy gordo, la diferencia entre recibir esta atención temprana o no puede ser que un niño aprenda a hablar o no".
Financiación, reparto del alumnado, bilingüismo, conciertos en Bachillerato, quién sabe si algún día en infantil, libertad de elegir o de ser elegido. Si en algo coinciden las partes es en las diferencias que las separan. Mucho está en juego para la Educación en las elecciones.
🔴🔴¡No al cierre de aulas en el colegio Cardenal Herrera Oria!🔴🔴
El colegio Cardenal Herrera Oria , perderá sendas aulas en los cursos de 3 y 4 años de Educación Infantil 1️⃣2️⃣3️⃣, lo que convertirá al colegio progresivamente en un centro de línea 2 . Mientras que los colegios privado-concertados de ese mismo área aumentan sus líneas, el CEIP Cardenal Herrera Oria ve reducida su oferta de plazas por una decisión de la Comunidad de Madrid injustificada, en un claro ataque a la libertad de elección de las familias a la hora de elegir Educación Pública al tratarse de uno de los colegios con más alumnado y más solicitados de nuestra zona ‼️.
La excusa argumentada por la Consejería de Educación es que durante el curso pasado hubo un descenso significativo en el número de matrículas para el nivel de 3 años . Sin duda, esto se explica por la situación excepcional de pandemia , pues al no ser una etapa obligatoria, muchas familias optaron por no matricular todavía a sus hijas e hijos . Sin embargo, este año, en el que muchas de esas familias querrán escolarizar a los niños y niñas en el CEIP Cardenal Herrera Oria, no podrán hacerlo por el cierre de una línea que no responde a la demanda demográfica de la zona ni a una bajada de ratios que favorece entornos más seguros mientras dure la pandemia 🦠.
Esta situación provoca, en la práctica, un nuevo intento de perjudicar a la Educación Pública en nuestro vecindario, desplazando al alumnado de nuestro barrio a otros centros en zonas alejadas del distrito o en centros privados-concertados adyacentes 🧾.
A esto se le suma que durante el curso 2021/2022 seguiremos teniendo que llevar a cabo protocolos frente a la pandemia de la COVID19 , con lo que ⚠️ medidas como esta atentan contra la seguridad de nuestras familias ⚠️ al aumentar la ratio por línea.
🟢 Por todo ello, exigimos a la Consejería de Educación que se revoque la decisión de suprimir las dos unidades, en el primer y segundo curso del segundo ciclo de infantil (3 y 4 años) en el colegio Cardenal Herrera Oria para el curso 2021/2022 ‼️, respetando así la libertad de elección de nuestro vecindario para elegir Educación Pública de calidad puesto que no existen argumentos reales de peso que acrediten tal decisión.
La sección de educación del Ateneo de Madrid organiza el segundo acto de un ciclo que ha llamado LO PÚBLICO, GARANTÍA DE LIBERTAD. Queremos mostrar ante la sociedad que la escuela pública forma parte de esta idea o principio. El acto está programado para el próximo 26 de abril a las 7 de la tarde. Será una conferencia a cargo del Psicólogo y Orientador Educativo Agustín Alcocer. J
El ciclo tiene tres actos y forma parte del programa que hemos diseñado para de este curso.
El primer acto ya lo celebramos en el mes de marzo con la inestimable colaboración de Jesús Rogero, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, que tuvo a la amabilidad de grabar un video que puedes encontrar en este enlace https://www.youtube.com/watch?v=oBalyGQJYyA&t=9s y de participar posteriormente en un conversatorio en el Ateneo. El tema ha suscitado gran interés y en este momento las visualizaciones superan las 800 visitas.
Cerraremos el ciclo en el mes de mayo con la presentación y publicación de un MANIFIESTOCONSENSUADO con diferentes organizaciones sociales que defienden la idea de que LO PUBLICO ES GARANTÍA DE LIBERTAD.
que se revoque la decisión de suprimir las dos unidades, en el primer y segundo curso del segundo ciclo de infantil (3 y 4 años) en el colegio Cardenal Herrera Oria para el curso 2021/2022 ‼️, respetando así la libertad de elección 
de nuestro vecindario para elegir Educación Pública de calidad 
puesto que no existen argumentos reales de peso que acrediten tal decisión.
