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sábado, 27 de julio de 2019
Firma para aumentar el número de líneas y hacer crecer el CEIP Bravo Murillo (Peñagrande)
CHANGE.ORG: Aumentar el número de líneas y hacer crecer el CEIP Bravo Murillo (Peñagrande)
Desde la Asociación de Familias de Alumnas y Alumnos del CEIP Bravo Murillo hemos realizado el siguiente escrito con el objetivo de que nuestro cole salga de la situación en la que se ve limitado por la persistencia en mantenerlo como centro de línea 1 y con algunos cursos que ya han alcanzado la ratio provocando el rechazo de solicitudes de plazas. Para ello, solicitamos el apoyo de toda la comunidad educativa de la Comunidad de Madrid para instar a la Consejería de Educación a través de este documento a que aumente línea y, con ello, la oferta de plazas públicas en el barrio de Peñagrande. En el enlace está el escrito que vamos a dirigir acompañado de las firmas que obtengamos. Gracias a tod@s
Escrito dirigido a la DAT Madrid Capital
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"Escuelas de segunda oportunidad" (Julio Rogero para EL DIARIO DE LA EDUCACIÓN)
ELDIARIODELAEDUCACION.COM publica este artículo de Julio Rogero
Es nuestra responsabilidad que se conozca todo lo bueno que tiene la escuela de titularidad pública, difundiendo sus éxitos y no solo mostrando sus carencias, que reconocemos que son muchas, así como reivindicar más recursos y los mejores profesionales para este alumnado.
“La disolución de las fronteras entre lo público y lo privado alimentan una corrupción impune que envilece a las sociedades y pervierte la política en su papel de insustituible instrumento de acción ciudadana y de organización y funcionamiento de la sociedad en función de las necesidades de las personas” (Manifiesto de ATTAC-ESPAÑA (2013)
Hace unos días apareció en el Diari de la Educació la sorprendente noticia de que “Barcelona pone en marcha una escuela de segunda oportunidad. La primera de estas características de titularidad pública de todo el Estado. La gestión se ha adjudicado a Salesianos San Jordi y la Fundación El Llindar”. La noticias señala que las “escuelas de segunda oportunidad son escuela situadas en los márgenes, como sus alumnos, normalmente adolescentes que han dejado colgado sus estudios prematuramente y a los que algunas entidades sociales intentan dar una alternativa”.
Esas son algunas de las características de esas escuelas que recogen alumnado de fracaso y abandono escolar en riesgo de exclusión social. A raíz de la lectura de esta noticia, surgen muchas preguntas desde le asombro. La primera es: ¿Cuál es la novedad? ¿No había y hay en Cataluña centros públicos que han intentado e intentan dar respuestas de nuevas o segundas oportunidades al alumnado que ha abandonado o estaba a punto de abandonar el sistema educativo?, ¿por qué se ignora y silencia que hay muchas escuelas de segunda oportunidad que son públicas y que desde hace mucho tiempo, cuando empezaron los programas de “garantía social” (de desafortunado nombre), dan una magnífica respuesta alternativa a la que les dio de forma inadecuada la escuela ordinaria?
La segunda pregunta que surge es: ¿Cómo denominamos “de titularidad pública” a lo que es gestionado y puesto en manos privadas? ¿Es una confusión intencionada? ¿Dónde queda lo público, en facilitar el negocio de las entidades privadas? ¿Por qué no se ponen en manos de profesionales públicos bien preparados y comprometidos con este alumnado que, sin ninguna duda, hay muchos en Cataluña? No acabo de entender esta iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona, que creía que tenía una opción clara por la educación pública y el derecho de todos a la educación, y no por poner en manos del mercado a personas en situaciones tan sensibles. Si es la escuela de titularidad pública la que ha segregado a este alumnado, es la escuela pública la que debe darles respuestas de segunda oportunidad para que lleguen al éxito educativo y profesional.
Tenemos escuelas de titularidad pública de segunda oportunidad, aunque no se llamen así, que son modélicas en muchos sitios. Conozco directamente estas escuelas de la Comunidad de Madrid, las Unidades de Formación e Inserción Laboral (UFIL), en las que trabajé mis últimos diez años de docencia, y los resultados de su labor inclusiva son sobradamente conocidos desde hace ya 30 años. Es verdad que son escuelas silenciadas porque están en los márgenes y en las afueras del sistema educativo, como lo está su alumnado, y uno tiene la sensación de que son “no-lugares” vergonzantes de un sistema que sigue expulsando a muchas personas del derecho a la educación.
Dice la noticia que: “En España se creó hace tres años la Red Española de Escuelas de Segunda Oportunidad, de la cual forman parte 39 centros, todos ellos nacidos de la iniciativa privada, de las cuales 7 están situadas en Cataluña. Las administraciones han reconocido el valor de esta escuela, las han reconocido y subvencionado, pero por primera vez una administración pública ha decidido crear una”. Lo que no dice la noticia es que las UFIL, como centros públicos, formaron parte de la red europea de escuelas de segunda oportunidad, donde fueron un referente importante de las acciones de inclusión social que se estaban llevando a cabo con este colectivo.
Es peligroso publicitar como positiva la penetración de lo privado en lo público, con el apoyo de instituciones como el Ayuntamiento de Barcelona. No es este el papel que deben jugar las administraciones públicas que, como en este caso, parecen no fiarse de sus profesionales de la educación y ponen un programa tan importante en manos de entidades sociales privadas de las que podemos dudar que puedan dar mejor respuesta que los servidores públicos. La noticia nos llena de sonrojo a muchas personas que luchamos por una escuela pública de todos, para todos y con todos.
Me parece bien que la Administración reconozca a estas escuelas. Lo que no es comprensible es magnificar un hecho, sin duda importante, como el de la noticia, cuando se silencian las realidades positivas, consolidadas y esperanzadoras de la escuela pública. Quizás sea que no somos capaces de hacer visibles los valores y éxitos de nuestra escuela. Quizá es que la escuela privada sabe vender, en el mercado educativo y propagandístico, como buenas sus virtudes e, incluso, sus defectos y errores. Es nuestra responsabilidad que se conozca todo lo bueno que tiene la escuela de titularidad pública, difundiendo sus éxitos y no solo mostrando sus carencias, que reconocemos que son muchas, así como reivindicar más recursos y los mejores profesionales para este alumnado.
Docentes en el punto de mira (Pablo Gutiérrez del Álamo para ELDIARIODELAEDUCACION.COM)
Reproducimos este artículo publicado hace unos días en EL DIARIO DE LA EDUCACIÓN
El señalamiento del colectivo docente está volviéndose una práctica relativamente habitual en los últimos años. Ya empezó en Madrid en los años de Esperanza Aguirre, pero tras lo ocurrido en Cataluña tras el 1-O y con la aparición en escena de VOX, los señalamientos han ido en aumento.
El señalamiento del colectivo docente está volviéndose una práctica relativamente habitual en los últimos años. Ya empezó en Madrid en los años de Esperanza Aguirre, pero tras lo ocurrido en Cataluña tras el 1-O y con la aparición en escena de VOX, los señalamientos han ido en aumento.
Primero vinieron es un conocido poema atribuido a Bertolt Brech que en realidad es de un pastor protestante alemán, –Martin Niemöller. Tata de la persecución nazi de diferentes colectivos tras el ascenso de Hitler al poder en Alemania. Comunistas, judíos, sindicalistas… «Luego vinieron por mí, y no quedaba nadie para hablar por mí». Así termina.
Tal vez sea excesivo para el contexto español actual, comparado con la Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial, pero de alguna manera recuerda a lo que se vive desde hace años en España.
Con los gobiernos de Esperanza Aguirre, cuando Lucía Figar era consejera de Educación en la Comunidad de Madrid, durante las protestas de la Marea Verde provocadas por los recortes presupuestarios y de personal en la escuela pública de la región, se hizo campaña desde la propia Administración educativa para desacreditar al profesorado en su conjunto. Un ejemplo fue el uso de los resultados de algunos de los exámenes de las oposiciones. La idea parecía clara, dejar en mal lugar al colectivo por los errores de algunos.
Tiempo después llegó el 1 de octubre en Cataluña y el referéndum organizado en la Comunidad y que el Gobierno de Rajoy intentó eliminar del mapa a base de Policías Nacionales y Guardias Civiles enviados para neutralizarlo. Tras todo lo ocurrido en dicha jornada vinieron las denuncias contra docentes catalanes por adoctrinamiento en favor de la independencia y contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El pasado viernes 12 se conocía el archivo de la causa contra tres docentes del Institut La Pau, de Sant Andreu de la Barca, por presuntas humillaciones a los hijos de algunos guardias civiles matriculados en el centro. Otros seis profesores del centro ya habían visto la causa contra ellos archivada hace más de un año.
Hace tres semanas, el programa Skolae, de igualdad y educación afectivo-sexual puesto en marcha por el anterior Ejecutivo navarro, había de acudir a los tribunales ante las denuncias de dos asociaciones de familias católicas por lo que entendían que era un contenido ideológico y polémico.
La pasada semana llegó el nuevo foco. Vox, en la Comunidad de Madrid, quiere conocer los datos personales de quienes han impartido talleres y cursos en centros educativos (y en qué centros) sostenidos con fondos públicos desde 2015. Tal vez sea como dice el líder de Cudadanos en la Comunidad, que el partido de extrema derecha tiene derecho a pedir la información que le parezca pertinente. Aunque desde COGAM, la entidad señalada, se entiende que es una medida de presión y amedrentamiento hacia quienes defienden los derechos fundamentales del colectivo LGTBI+ en las aulas.
Todo ello, además, bajo el paraguas de la legislación que la propia Comunidad de Madrid aprobó cuando estaba gobernada por Cristina Cifuentes. Una legislación a la que el partido de extrema derecha quiere dar carpetazo en todo lo referido a la educación.
El adoctrinamiento se ha convertido en los últimos años en el enemigo de, al parecer, los partidos en la derecha parlamentaria. Adoctrinamiento de todo tipo que, por unas cosas u otras, tiende a hablar y tratar sobre los derechos humanos y las libertades de colectivos vulnerables, personas que se ven acosadas de muy diferentes maneras. No hay que olvidar que en los últimos meses y semanas ha habido un importante repunte de la violencia contra las personas gay, lesbianas y transexuales, principalmente.
Y también todo ello mientras el Estado mantiene, entre las asignaturas del currículo, la Religión. O mientras se fomenta todo tipo de proyectos de emprendimiento en el alumnado de secundaria; un emprendimiento que en no pocos casos defiende postulados de un capitalistmo y un individualismo que podrían considerarse también adoctrinamiento. O un sistema educativo al que no le parece extraño que el Banco de España y la CNMV redacten parte del currículo de Economía. O cuanto las Fuerzas Armadas aparecen y tienen cabida en los colegios o en ferias educativas.
Qué pesados os ponéis, que la ley deja bien claro que no hay que adoctrinar...
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El personal docente, principalmente en la pública, se ha convertido en un objetivo más de las campañas políticas de persecución y estigmatización con una falta de responsabilidad importante que está causando problemas en los centros educativos.
Problemas que tienen que ver con enfrentamientos de algunas familias por lo que entienden que no debe hacerse. Hace unos días una docente madrileña contaba de algunos casos que conocía como, por ejemplo, el de un padre muy enfadado con el profesor de Filosofía de su hijo porque le había suspendido. Este progenitor aseguraba que el suspenso se debía a que el docente era de izquierdas. El alumno, al parecer, no había pasado en ningún examen durante el curso de sacar un 2 de nota.
Algo que hemos visto también con la Memoria Histórica. Otro de los caballos de batalla de ciertos grupos. Entre que los temarios son demasiado extensos y que existe miedo o precaución a tratar algunos asuntos en clase, lo ocurrido durante la guerra civiil y la dictadura de Franco queda fuera de lo que la juventud española aprende (lleva quedando fuera décadas): persecución, purga, decenas de miles de ejecuciones sumarias, represión…
En estos últimos días, Twitter se ha convertido en un contenedor de ejemplos, contrarios, que intentan poner negro sobre blando algunas contradicciones y riesgos que se corren si cualquiera puede decidir qué se trata y qué no en las escuelas.
Próximas reuniones de padres:
- Quiero que le enseñen a mi hijo que la tierra es plana.
- Y yo que no es verdad el cambio climático.
- Y yo que no es cierto el holocausto.
- Y yo que los gays son unos enfermos.
- Y yo...
Anote aquí su nueva y aberrante petición. Gracias.
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“Se rumorea...”
Es otra forma más de ningunear nuestro trabajo y de menospreciar nuestra labor
¿De verdad creen que ser docente es ir al colegio y contar lo primero que se te ocurra? ¿Que no tenemos que cumplir con una normativa y un currículo establecido?
Se cree el ladrón... twitter.com/DebatAlRojoViv…
Díaz Ayuso: "Hay padres preocupados porque se rumorea que en algunos colegios hay colectivos que hablan a sus hijos de temas que ellos no quieren". 
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«Los contenidos de diversidad afectivo-sexual que llevamos a los centros escolares son obligatorios y están establecidos como contenido transversal en la LOMCE», afirmaba el pasado viernes en un comunicado la asociación COGAM, cuyos talleres quiere escrutar VOX.
«Solo podemos entender la petición en el día de ayer, 11 de julio de 2019, de VOX como una persecución política de todo colectivo que no piense como ellos o no les siga el juego», continúa el comunicado, en el que COGAM declara que: «Instamos a la Fiscalía a actuar ya de oficio ante esta tropelía que se está cometiendo contra nuestro colectivo y no entendemos cómo Ciudadanos y PP pueden sentarse en la misma mesa siendo cómplices de esta actuación lamentable, el incremento de agresiones o delitos de odio hacia las personas de nuestros colectivos será su responsabilidad».
Unas agresiones, además, que tienen un importante lugar de expresión en las aulas y centros educativos, a pesar de la falta de datos oficiales sobre el acoso LGTBIfóbiso (y de acoso en general). Unas aulas «inseguras», como escribía Ana Ojea en este periódico a finales del mes de junio.
El señalamiento de colectivos que trabajan sobre los derechos humanos, así como sobre el personal docente acaba dejando una cierta sensación de que en los centros educativos ocurren cosas que no deberían pasar. Dejan un halo de sospecha que, durante este fin de semana, también en redes sociales, se intentaba combatir con los hastag #YoAdoctrino y #ApuntaMiNombreVox. El primero, rescatado de una campaña precisamente tras el 1 de octubre en Cataluña.
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Quien ha adoctrinado en la escuela han sido la Iglesia y los franquistas. Nunca lo he hecho. Si hablamos de enseñar a pensar, acompañar al alumnado en su desarrollo personal, académico y moral, que sean solidarios, críticos y comprometidos en la mejora de su sociedad #YoAdoctrino
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El coste de estudiar en la universidad pública ha subido 12 veces más que los salarios (Daniel Sánchez Caballero para EL DIARIO)
Reproducimos esta noticia de ELDIARIO.ES
El precio de la universidad pública ha subido 12 veces más de lo que lo han hecho los salarios desde que empezó la crisis. En concreto, desde que el Gobierno de Mariano Rajoy abrió la puerta a la subida de las tasas universitarias en 2012, que hasta ese momento se habían mantenido ajenas a los recortes.
Desde ese fatídica —para la universidad— primavera de 2012, el precio de estudiar un grado ha subido un 29,2% de media en España, con grandes diferencias regionales. Rajoy permitió a los gobiernos de las comunidades autónomas subir los precios dentro de una horquilla (hasta un máximo teórico del 25% del coste real de los estudios) y las comunidades abrazaron con más o menos entusiasmo la posibilidad que les brindó el Gobierno.
En un extremo, Catalunya y Madrid más que duplicaron los precios (ver gráfico). En otro, ejecutivos como el popular de Galicia o el socialista de Andalucía decidieron no tocarlos. El resultado: en un solo curso, el coste de estudiar un grado en Catalunya pasó a triplicar al de hacerlo en Galicia, cuando hasta entonces era relativamente similar (un 15%, la de 13,1 euros el crédito a 11,3). La situación se mantiene prácticamente igual. Hoy en día, la Generalitat catalana cobra (vía universidades, pero los precios los pone el Govern) 2.010 euros por un curso completo, mientras en Galicia el mismo curso costaría 760 euros.
A partir del curso 2015-2016, algunas regiones bajaron un poco los precios. Todavía hoy siguen en ello (Castilla y León ha anunciado una rebaja del 20%, por ejemplo). Pero todas las que los subieron siguen con costes superiores a los que tenían antes de la crisis. En cifras absolutas, eso significa que estudiar un curso completo de una carrera en España pasó de costar, de media, 816 euros en el curso 2011-12 a 1.050 euros este 2018-19, aunque ha habido cursos anteriores más caros.
La maniobra de la subida de precios tenía una explicación. Las comunidades autónomas necesitaban ingresos para sus universidades porque ellas mismas habían recortado sensiblemente su financiación, proveniente de los presupuestos de las comunidades autónomas.
En 2011, los presupuestos de los campus de los 50 centros públicos que existen en España sumaban 9.900 millones de euros, según datos del ministerio. Solo un año después se habían perdido casi 700 de esos millones de euros (y teniendo en cuenta el incremento de la recaudación por tasas de matrículas) para dejar el gasto universitario en 9.230 millones de euros, una caída del 6,8%. Hoy está en 8.939 millones de euros anuales, una caída del 9,8%. Y llegó a estar peor, con caídas de hasta el 13%.
La operación se completaba: muchos gobiernos regionales habían (y han) trasladado parte de la financiación de la universidad a las familias.
En el mismo periodo en el que las universidades han subido su coste un 30%, los salarios se incrementaron un 2,5%. Las nóminas se mantuvieron básicamente planas en ese periodo: de 1.841 euros mensuales han pasado a 1.888 euros. Todas las cifras son medias estatales y provienen de fuentes oficiales: las de la Universidad del Ministerio de Educación y las salariales de la EPA (Encuenta de Población Activa) que elabora el INE (Instituto Nacional de Estadística).
De los 9,85 de Galicia a los 124,2 de Catalunya
Galicia es la comunidad autónoma en la que más barato es ir a la universidad y donde se encuentra el crédito más barato: por 9,85 euros el crédito se puede cursar un grado de mínima experimentalidad, como Humanidades o Ciencias Sociales, de manera que una asignatura habitual de seis créditos costaría 59,1 euros y un curso estándar de 60 créditos no llega a los 600 euros. La media gallega está en 11,9 euros.
En el otro extremo, el crédito más caro de todo el territorio lo tiene que pagar quien se tenga que matricular por cuarta vez en Catalunya en una carrera de experimentalidad máxima (Biotecnología, por ejemplo). El precio del crédito en este caso serán 124,2 euros, con lo que esa asignatura sola de seis créditos costaría 745,2, más que un curso entero —en primera matrícula, eso sí— en Galicia.
Sin embargo, no es Catalunya la comunidad que más penaliza la repetición de asignatura. Ese máximo recargo corresponde a las Islas Baleares. Porcentualmente, la universidad insular es la que más sube el precio de los créditos a la hora de volver a matricularse en asignaturas suspensas: aplica una subida del 122% en la segunda, un 381% en la tercera y un 566,6% en la cuarta matrícula respecto a la primera.
Estas cifras no son del todo anómalas (ver gráfico) respecto a las demás comunidades, pero sí destacan ligeramente. Entre las regiones que menos penalizan repetir destacan Canarias, Castilla y León, Cataluña (aunque estas dos últimas están entre las más caras de España en términos absolutos), Aragón, Asturias, Galicia y Euskadi, que incrementan el precio del crédito repetido sensiblemente menos que las demás.
Algunas consecuencias
Las consecuencias de la caída de la financiación se han dejado notar en las universidades. Sin fondos y con tremendas limitaciones para contratar por la prohibición sucesiva de Zapatero primero y Rajoy después de sustituir las bajas, sus plantillas docentes se han ido precarizando.
La única posibilidad que tenían para contratar era básicamente la figura del profesor asociado, que ya suponen un cuarto de los docentes (son tantos como los titulares, el núcleo de profesores de las universidades) y que imparten habitualmente tres o seis horas semanales de clase más otras tantas de tutoría por 300 ó 600 euros al mes. Para contextualizar: una hora de docencia equivale, entre preparar las clases y corregir trabajos y exámenes, a cinco de trabajo.
Otra consecuencia muy señalada en su momento fue una supuesta pérdida de alumnado en las universidades por la imposibilidad de pagar las matrículas. Las cifras respaldarían este argumento... pero no del todo.
En 2011, el año anterior a los recortes, había 1.572.617 universitarios en España. Y la cifra venía subiendo de años anteriores. El año siguiente se invirtió la tendencia y pasó a haber 1.548.534 (un 1,5% menos). Pero el principal grupo de personas en edad de ir a la matrícula, los que tienen entre 18 y 24 años, también eran menos (un 2,8%, en este caso), por lo que la causalidad no es obvia.
También es cierto, sin embargo, que ya el año anterior a las subidas de precios la cohorte de población universitaria estaba en retroceso (había perdido un 2,3% de población), pero el número de universitarios subía (un 2,8%).
En conjunto, la universidad empezó a perder estudiantes el verano que se aplicaron las subidas de tasas y la tendencia continuó, en paralelo a un menor grupo de posibles 'clientes', hasta el curso 2015-16. Ese año, en el que algunas regiones empezaron a deshacer tímidamente las subidas de precios, el número de universitarios dejó de caer (hubo mil más) hasta hoy, cuando ha recuperado el nivel que tenía el año anterior a los recortes. Y la población de 18 a 24 años sigue en caída.
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